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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2014-00254-02

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2014-00254-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, Sala de Conjueces, el 14 de febrero de 2019, adicionada a través de providencia del 7 de febrero de 2024, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en este proveído. Segundo: Adicionar y modificar el numeral cuarto de la parte resolutiva de la anterior sentencia, que quedará así: Cuarto: En consecuencia, condénese a la Nación, Procuraduría General de la Nación a reconocer y pagar desde el 1 de septiembre de 2011 al 26 de enero de 2012, en su condición de procurador judicial II, código 3 PJ-EC, en la Procuraduría 88 Judicial II Penal de Cúcuta, al señor Luis Andrés Madariaga Suárez las diferencias adeudadas por concepto de la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998, teniendo en cuenta el 80 % de los ingresos totales anuales de los magistrados de altas cortes, bajo el entendido que a estos últimos se les deben incluir los ingresos laborales percibidos por los miembros del Congreso, conforme lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992. La Nación, Procuraduría General de la Nación debe reliquidar y pagar los aportes hechos al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en favor del señor Luis Andrés Madariaga Suárez desde el 1 de septiembre de 2011 hasta el 26 de enero de 2012, con ocasión de las diferencias surgidas a causa del reajuste ordenado a título de bonificación por compensación. En ningún caso las sumas de dinero que se reconozcan podrán exceder el tope salarial fijado por el Gobierno nacional. Lo reconocido será procedente siempre y cuando la suma a pagar por concepto de la reliquidación ordenada no se haya cancelado por la entidad accionada previamente. Tercero: Revocar el numeral séptimo de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, por medio del cual se condenó en costas a la entidad accionada, de conformidad con las razones expuestas en precedencia. Cuarto: Sin condena en costas en las dos instancias. Quinto: Reconocer personería a la abogada Sandra Patricia Duarte Hernández, […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2014-00254-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado 54001-23-33-
000-2014-00252-00 (2653-2020)1
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

Tema: bonificación por compensación establecida en el Decreto 610 de 1998.
Subtema 1: prescripción. Subtema 2: carácter salarial de la prima especial de
servicios para efectos pensionales.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver los
recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, Sala de
Conjueces, el 14 de febrero de 2019, adicionada en providencia del 7 de febrero de
2024, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El accionante, en calidad de procurador judicial II, solicitó el reconocimiento de la
bonificación judicial prevista en el Decreto 610 de 1998, y la reliquidación y pago de
las prestaciones sociales con inclusión de la prima especial de servicios (art. 14 de la
Ley 4 de 1992) y de la bonificación por compensación como factor salarial.

El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en cuanto ordenó
el reconocimiento de la bonificación por compensación equivalente al 80 %, y la
reliquidación y pago de las prestaciones sociales, con la inclusión de la prima especial
como factor salarial.

La Subsección modificará la decisión al definir que el demandante tiene derecho a la
bonificación por compensación, pero no a la reliquidación de las prestaciones sociales

1 Expediente híbrido.

1

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

con la inclusión de la prima especial, por cuanto esta no tiene carácter salarial.
También se adicionará para efectos de ordenar la reliquidación de los aportes al
sistema general de pensiones, dadas las diferencias dejadas de pagar por la
bonificación por compensación.

2. Antecedentes

2.1. La demanda dentro del proceso 54001-23-33-000-2014-00254-02

1. El señor Luis Andrés Madariaga Suárez, mediante apoderado judicial, presentó
demanda el 14 de agosto de 20142, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Procuraduría General de la Nación, con
las siguientes pretensiones3:

2. Se declare la nulidad del Oficio SG No. 2214 del 27 de mayo de 2014, mediante
el cual la Procuraduría General de la Nación negó la reliquidación y pago retroactivo e
indexado, junto con los intereses moratorios y sanciones, de las prestaciones sociales
—primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonificación, y las demás
a las que haya lugar—, sobre el 100 % del salario, esto es, con inclusión de la prima
especial de servicios y la bonificación por compensación como factor salarial.

3. A título de restablecimiento del derecho, la parte accionante solicitó que se
ordene a la Nación, Procuraduría General de la Nación tener en cuenta, como factor
salarial, la prima especial de servicios y la bonificación por compensación y que, como
consecuencia de ello, se le condene a reconocer y pagar a su favor, lo siguiente:

• La reliquidación y pago retroactivo e indexado, junto con los intereses
moratorios, de las prestaciones sociales —prima de navidad, vacaciones,
cesantías, intereses de las cesantías, bonificación, y las demás a las que haya
lugar—, sobre el 100 % de su salario, sin que se descuente lo correspondiente a
la prima especial y a la bonificación por compensación, desde el 1 de septiembre
de 2011 hasta la fecha de la sentencia.

• La sanción por mora en el pago de las cesantías, establecida en el parágrafo
del artículo 2 de la Ley 244 de 1995, subrogado por el artículo 5 de la Ley 1071
de 2006, correspondientes a las anualidades 2011 a 2013, cada una a partir del
15 de febrero del año siguiente, hasta la fecha de efectividad del pago.

4. Pidió que se inapliquen por inconstitucionalidad las expresiones que establecen
que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial, contenidas en los decretos
54 de 1993; 107 de 1994; 26 de 1995; 2025 de 1995; 35 de 1996; 56 de 1997; 67 de
1998; 37 de 1999; 2734 de 2000; 1482 de 2001; 2730 de 2001; 683 de 2003; 3548 de

2
Expediente físico, rad. 54001-23-33-000-2014-00254-01, cuaderno manifestación de impedimento, fol. 23.
3 Expediente físico, rad. 54001-23-33-000-2014-00254-01, cuaderno manifestación de impedimento, fols. 3 a 23.

2

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

2008; 726 de 2009; 1391 de 2010; 1043 de 2011; 841 de 2012; y 1016 de 2013; así
como en los que en adelante expida el Gobierno nacional relacionados con el régimen
salarial de los servidores de la Procuraduría General de la Nación.

5. Solicitó que se inapliquen por inconstitucionalidad las expresiones que disponen
que la bonificación por compensación solo constituye factor salarial para efecto del
ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y el Sistema General de
Seguridad Social en Salud o que dicho emolumento solo tiene carácter salarial para
efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, contenidas
en los decretos 610 de 1998; 944 de 2005; 401 de 2006; 630 de 2007; 670 de 2008;
735 de 2009; 1400 de 2010; 4051 de 2011; 877 de 2012; y 1102 de 2012; asimismo,
los que en adelante expida el Gobierno nacional relacionados con el régimen salarial
de los servidores de la Procuraduría General de la Nación.

6. Adicionalmente, pidió que se condene al pago de intereses, de conformidad con
el artículo 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA); que los valores reconocidos se actualicen de
acuerdo con el ordenamiento jurídico; se apliquen las normas relativas al precedente
judicial; y se condene en costas procesales y agencias en derecho.

2.1.1. Hechos

7. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

8. El accionante se vinculó al servicio de la Procuraduría General de la Nación, al
cargo de procurador judicial II, código 3 PJ, grado EC, en la Procuraduría 88 Judicial
II Penal de Cúcuta, desde el 1 de septiembre de 2011 a la fecha de presentación de la
demanda, según se indicó.

9. Durante el tiempo en el que laboró para la entidad, esta liquidó las prestaciones
sociales sin incluir como factor salarial, por un lado, el 30 % correspondiente a la prima
especial, como factor salarial y, por otro, la bonificación por compensación prevista en
el Decreto 610 de 1998.

10. El 5 de mayo de 2014, el demandante solicitó a la entidad accionada el
reconocimiento y pago retroactivo e indexado, junto con los intereses moratorios, de
las prestaciones sociales —primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías,
bonificaciones y demás a las que hubiera lugar—, sobre el 100 % de su salario
mensual, esto es, con inclusión de la prima especial de servicios y la bonificación por
compensación como salario. Sin embargo, mediante el Oficio SG No. 2214 del 27 de
mayo de 2014 se negó su reclamación.

3

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

11. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

• De la Constitución Política, los artículos 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 55, 58, 150 —
numeral 19, literal e)—, 228, 277 —numerales 1 y 7— y 280.
• Ley 22 de 1967.
• De la Ley 4 de 1992, los artículos 1, 2, 10, 14, 15 y 16.
• De la Ley 244 de 1995, el artículo 2 —parágrafo—.
• De la Ley 270 de 1996, el artículo 152 —numeral 7—.
• De la Ley 1071 de 2006, el artículo 5 —parágrafo—.
• De la Ley 1437 de 2011, el artículo 10.
• El Acto Legislativo 03 de 2002.
• De la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 26.
• Convenios 95, 100 y 111 de la OIT.
• Decreto 717 de 1978, el artículo 12.
• Decreto 610 de 1998.

12. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que el acto
administrativo acusado desconoció y vulneró la situación jurídica del demandante, por
cuanto desmejoró sus derechos laborales y prestacionales.

13. Adujo que la Procuraduría General de la Nación liquidó y pagó las prestaciones
sociales sin tener en cuenta la prima especial y la bonificación por compensación, pese
a que tales emolumentos hacen parte del salario por tratarse de conceptos que se
recibían mensualmente como contraprestación de los servicios prestados. Ello quiere
decir que la entidad vulneró el derecho del accionante a recibir de forma íntegra,
completa y oportuna sus acreencias laborales y prestacionales.

14. Agregó que la actuación de la autoridad demandada implica desconocer la
rectificación jurisprudencial4, por medio de la cual, el Consejo de Estado precisó que
la prima especial constituía factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales.

15. Indicó que en sentencia del 14 de febrero de 20025, esta corporación definió
que la prima especial de servicios tiene carácter salarial y, en consecuencia, declaró
nulo el artículo 7 del Decreto 38 de 1999, respecto a los funcionarios de la Fiscalía
General de la Nación. De manera que a la misma conclusión debe llegarse en el caso
concreto, pues de lo contrario se vulneraría el derecho a la igualdad.

4 Citó: Consejo de Estado, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07);

sentencia del 4 de agosto de 2010, exp. 25000-23-25-000-2005-05159-01 (0230-08); y sentencia del 14 de
diciembre de 2011, exp. 11001-03-25-000-2005-00244-01.
5 Citó: Consejo de Estado, sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 11001-03-25-000-1999-0031-00 (197-99).

4

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

16. Sostuvo que la exclusión de la prima especial y de la bonificación por
compensación en la liquidación de las cesantías daba lugar al pago de la sanción
moratoria establecida en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 de 1995, subrogado
por el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

2.1.3. Contestación de la demanda

17. La entidad accionada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones
de «falta de legitimación por pasiva e indebida escogencia del medio de control»6.

18. Adujo que los decretos cuya inaplicación se solicita, rigen al demandante toda
vez que se vinculó al servicio como procurador judicial II el 1 de septiembre de 2011.
Aquellos fueron proferidos por el Gobierno nacional en desarrollo de las normas
generales, establecidas en la Ley 4 de 1992, que en el artículo 4 creó la prima especial
de servicios.

19. Subrayó que la prima especial de servicios y la bonificación por compensación,
por mandato expreso del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y del Decreto 610 de 1998,
respectivamente, no tienen carácter salarial. Además, así lo disponen los decretos
salariales anuales, que no han sido derogados, anulados o sustituidos.

20. Afirmó que la competencia general en materia salarial y prestacional para los
servidores del Estado está a cargo del Gobierno nacional, por mandato constitucional.
Por tal razón le es prohibido a cualquier autoridad administrativa, como la Procuraduría
General de la Nación, efectuar reconocimientos laborales distintos a los establecidos
por el Gobierno.

21. Alegó que, durante su vinculación laboral, al demandante en calidad de
procurador judicial II le fueron pagados todos los emolumentos y prestaciones sociales
que el Gobierno nacional dispuso; por lo que no podría reconocerse la sanción por
mora en el pago de las cesantías reclamadas. Enfatizó que el accionante no realizó
ningún reparo frente a las cesantías que oportunamente se le pagaban año a año,
razón por la cual quedaron en firme.

22. Sostuvo que como se cuestionan los decretos que han establecido el régimen
prestacional de los procuradores judiciales II, el medio de control que se debía
presentar era el de nulidad simple y no el de nulidad y restablecimiento del derecho,
por tratarse de actos administrativos de carácter general. En consecuencia, la
demanda es inepta y el demandado no podía ser la Procuraduría General de la Nación.

6
Expediente físico, rad. 54001-23-33-000-2014-00254-01, cuaderno manifestación de impedimento, fols. 157 a
170.

5

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

2.2. La demanda dentro del proceso 54001-23-33-000-2014-00252-00

23. El señor Luis Andrés Madariaga Suárez, mediante apoderado judicial, presentó
demanda el 14 de agosto de 20147, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Procuraduría General de la Nación, con
las siguientes pretensiones8:

24. Se declare la nulidad del Oficio SG No. 2214 del 27 de mayo de 2014, mediante
el cual la Procuraduría General de la Nación negó el reconocimiento y pago de la
bonificación por compensación, equivalente al 80 % de lo que devengue por todo
concepto salarial un magistrado de alta corte, de conformidad con el Decreto 610 de
1998.

25. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que con fundamento en el
Decreto 610 de 1998, se ordene reconocer el reajuste de su remuneración equivalente
al 80 % de lo que por todo concepto perciben los magistrados de altas cortes, desde
el 1 de septiembre de 2011 y hasta el día en que se profiera el fallo. Asimismo, que se
reliquiden los salarios y las prestaciones sociales tomando como factor la diferencia
existente por el no reconocimiento y pago del 10 % que se reclama.

26. Pidió que se condene a la accionada al pago retroactivo de las diferencias entre
lo que ha percibido y lo que debió recibir como remuneración, de manera indexada y
con los respectivos intereses moratorios, teniendo en cuenta que los ingresos totales
anuales de los magistrados de altas cortes, que se toma como referencia para liquidar
el 80 % de los magistrados de tribunal y los procuradores judiciales II, en aplicación
del Decreto 610 de 1998 debe coincidir con los ingresos totales anuales de los
congresistas de la República, conforme con los artículos 15 y 16 de la Ley 4 de 1992.

27. Requirió que se ordene a la entidad demandada a que las sumas reconocidas
se paguen de manera actualizada; que efectúe el pago de intereses de acuerdo con el
artículo 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA); y se le condene en costas y agencias en
derecho.

2.2.1. Hechos

28. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

29. El accionante prestó sus servicios a la Procuraduría General de la Nación,
vinculado al cargo de procurador judicial II, código 3 PJ, grado EC, en la Procuraduría
88 Judicial II Penal de Cúcuta, del 1 de septiembre de 2011 a la fecha de presentación
de la demanda, según se señaló.

7
Expediente físico, rad. 54001-23-33-000-2014-00254-00, tercer cuaderno, fols. 16.
8 Expediente físico, rad. 54001-23-33-000-2014-00254-00, tercer cuaderno, fols. 2 a 16.

6

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

30. Durante la vinculación del demandante, la entidad le reconoció la bonificación
de gestión judicial del Decreto 4040 de 2004, equivalente al 70 % del valor total
devengado anualmente por un magistrado de alta corte, a diferencia de otros
trabajadores que con las mismas funciones percibieron el 80 %. La norma en mención
fue declarada nula por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, en la sentencia
del 14 de diciembre de 20119. Por lo tanto, la entidad debe pagar la bonificación por
compensación del Decreto 610 de 1998 que iguale el 80 % de lo devengado
anualmente por un magistrado de alta corte.

31. El 5 de mayo de 2014, el accionante solicitó el pago de la bonificación por
compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, equivalente al 80 % de los ingresos
que por todo concepto perciben los magistrados de altas cortes; además de la
diferencia entre lo que se recibió y lo que debía devengarse por concepto de la referida
bonificación. Lo anterior, teniendo en cuenta para su liquidación el reconocimiento y
pago de todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente
devengados por los congresistas (artículos 15 y 16 de la Ley 4 de 1992). Sin embargo,
estas peticiones fueron negadas a través del Oficio SG No. 2214 del 27 de mayo de
2014.

2.2.2. Normas violadas y concepto de violación

32. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

• De la Constitución Política, los artículos 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 55, 58, 150 —
numeral 19, literal e)—, 228, 277—numerales 1 y 7— y 280.
• Ley 22 de 1967.
• Ley 10 de 1987.
• Ley 63 de 1988.
• De la Ley 4 de 1992, los artículos 1, 2, 15 y 16.
• De la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 26.
• Convenios 95, 100 y 111 de la OIT.
• Decreto 610 de 1998.

33. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que el Decreto
4040 de 2004 fue anulado por el Consejo de Estado, en la sentencia del 14 de
diciembre de 2011; decisión que tiene efectos retroactivos. Por ello, el Decreto 610 de
1998 volvió a ser aplicable.

34. Indicó que el acto administrativo demandado está viciado de nulidad por
desconocer que la ley fija expresamente la asignación salarial de los funcionarios de
la Procuraduría General de la Nación. Igualmente, aseveró que se desconocen los
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora.

7

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

derechos al debido proceso, al trabajo en condiciones dignas y justas, y a una
remuneración mínima vital y móvil.

35. Afirmó que el accionante tiene derecho al pago del 80 % de los ingresos
mensuales recibidos por los magistrados de alta corte, que deben ser iguales a los de
los congresistas, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.

2.2.3. Contestación de la demanda

36. La entidad accionada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones
de «falta de legitimación por pasiva e indebida escogencia del medio de control»10.

37. Afirmó que la Procuraduría General de la Nación no tiene la facultad
constitucional ni legal para definir el régimen salarial o prestacional de los funcionarios
vinculados a su planta de personal, pues el encargado de ello es el Gobierno nacional,
conforme lo ordenan la Constitución Política y la Ley 4 de 1992.

38. Adujo que los decretos correspondientes a la época en la que el accionante
prestó servicios a la entidad, fueron proferidos por el Gobierno nacional en desarrollo
de las normas generales, establecidas en la Ley 4 de 1992.

39. Manifestó que desde la fecha en la que el demandante ingresó al cargo de
procurador judicial II y hasta el 26 de enero de 2012 la entidad le reconoció y pagó la
bonificación por gestión judicial, de manera que se igualaron sus ingresos al 70 % de
lo percibido anualmente por los magistrados de altas cortes. A partir de entonces se le
ha reconocido y pagado la bonificación por compensación, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 1102 de 2012, por lo que sus ingresos han sido igualados al
80 % de los recibidos para la misma época por los magistrados de altas cortes.

40. Afirmó que en el concepto de violación se cuestionaron los decretos que han
establecido el régimen salarial de los procuradores judiciales II, por ende, el medio de
control que se debía presentar era el de nulidad simple y no el de nulidad y
restablecimiento del derecho. En consecuencia, la demanda es inepta y el demandado
no podía ser la Procuraduría General de la Nación.

2.3. Sentencia de primera instancia

41. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, Sala de Conjueces, mediante
sentencia del 14 de febrero de 2019, adicionada a través de providencia del 7 de
febrero de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó
en costas. Así, ordenó lo siguiente11:

10
Expediente físico, rad. 54001-23-33-000-2014-00252-00, tercer cuaderno, fols. 122 a 125.
11 Expediente físico, rad. 54001-23-33-000-2014-00254-02, cuaderno principal, fols. 255 a 270 y 329 a 330.

8

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

Segundo: Inaplicar parcialmente los decretos (sic) artículo 6 del Decreto 57 de 1993; 9
y 10 del Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto 26 de 1995; 10, 12 y 14 del Decreto
35 de 1996; 9, 11 y 13 del Decreto 56 de 1997; 9, 11 y 13 del Decreto 67 de 1998; 9, 11
y 13 del Decreto 37 de 1999; 9, 11 y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9 del Decreto 2739
de 2000; 7 del Decreto 2740 de 2000; 9 del Decreto 1474 del 2001; 9, 11 y 13 del Decreto
1482 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 2730 de 2001; 8, 10 y 12 del Decreto 683 de 2003;
8, 10 y 12 del Decreto 3548 de 2003; 8, 10 y 12 del Decreto 4169 de 2004; 8, 10 y 12
del Decreto 933 de 2005; 8, 10 y 12 del Decreto 392 de 2006; 8, 10 y 12 del Decreto 621
de 2007 por ser contrarios a la juricidad, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la
decisión.

Tercero: Declarar la nulidad parcial del acto administrativo contenido en el Oficio SG
No. 002214 del 27 de mayo de 2014, suscrito por la Secretaría General de la
Procuraduría General de la Nación, en relación con: 1) Negar el reconocimiento y pago
de las diferencias salariales resultantes de aplicar el Decreto 610 de 1998. 2) La no
inclusión de la prima especial de servicios como factor salarial para la liquidación de las
prestaciones sociales reconocidas al actor durante su vinculación con la entidad.

Cuarto: En consecuencia, condénese a la Nación, Procuraduría General de la Nación
a: 1) Reconocer y pagar desde el 1 de septiembre de 2011 al 1 de septiembre de 2016,
fecha en que ejerció el cargo de procurador judicial II, código 3 PJ-EC, en la Procuraduría
88 Judicial II Penal de Cúcuta, al actor Sr. Luis Andrés Madariaga Suárez la bonificación
por compensación, contenida en el Decreto 610 de 1998, teniendo en cuenta el 80 % de
los ingresos totales anuales de los magistrados de altas cortes, bajo el entendido que a
estos últimos se les deben incluir los ingresos laborales percibidos por los miembros del
Congreso, conforme lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992; 2) Efectuar
reliquidación de la totalidad de las primas recibidas por el doctor Luis Andrés Madariaga
Suárez (…) en su condición de procurador judicial II, código 3 PJ-EC, en la Procuraduría
88 Judicial II Penal de Cúcuta, como es el caso de las prestaciones sociales, incluyendo
la prima especial de servicios como factor salarial dentro de la liquidación de cada una
de las prestaciones sociales a que tiene derecho, desde su vinculación el 1 de
septiembre de 2011 al 1 de septiembre de 2016.

Quinto: Niéguense las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva.

[…]

Séptimo: Condénese en costas a la parte demandada Nación, Procuraduría General
de la Nación. Fíjense como agencias en derecho en primera instancia la suma de dos
millones de pesos ($2.000.000). Por secretaría, efectúese el trámite previsto en el
artículo 366 del CGP.

42. Afirmó que como el demandante ostentó el cargo de procurador judicial II es
beneficiario de la bonificación por compensación, razón por la cual se le debe otorgar
el 80 % de los ingresos que devengan los magistrados de altas cortes y para calcular
estos se deben considerar todos los ingresos laborales percibidos por los miembros

9

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

del Congreso (artículo 15 de la Ley 4 de 1992). Esto, de acuerdo con la sentencia
dictada el 18 de mayo de 201612 por esta corporación.

43. Indicó que a partir de la sentencia proferida el 29 de abril de 201413 por el Consejo
de Estado, el porcentaje del 30 % que corresponde a la prima especial de servicios
adquirió un carácter salarial. No obstante, revisados los documentos que obran en el
expediente, se evidenció que la entidad accionada no incluyó en la liquidación de las
prestaciones sociales del accionante dicho emolumento, que constituye salario. Por
ende, se inaplicarían de manera parcial los decretos expedidos por el Gobierno
nacional hasta la fecha y se declararía la nulidad parcial del acto acusado.

44. Indicó que de acuerdo con el artículo 2 de Decreto 610 de 1998, la bonificación
por compensación constituye factor salarial para efectos del reconocimiento de las
pensiones de vejez, jubilación e invalidez. Por consiguiente, no tiene carácter salarial
para la liquidación y pago de las prestaciones sociales.

45. Sostuvo que no operó la prescripción del derecho a la reliquidación de las
prestaciones sociales con la inclusión de la prima especial como factor salarial, toda
vez que el accionante presentó la reclamación administrativa mientras se encontraba
vinculado al servicio.

46. Definió que condenaría en costas a la parte vencida, de conformidad con el
artículo 188 del CPACA, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, su duración y
que «las diversas actuaciones desplegadas por el apoderado de la entidad demandada
estuvieron encaminadas a ejercer en debida forma el derecho de acceso a la justicia
sin entorpecer la actuación procesal». Aclaró que mediante el Acuerdo 1887 de 2003,
el Consejo Superior de la Judicatura fijó que la condena en asuntos como el presente
será hasta el 20 % del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia
de primera instancia.

2.4. Recursos de apelación

2.4.1. Parte accionante

47. Se aclara que el recurso de apelación se interpuso el 25 de febrero de 2019, esto
es, antes de que se complementara la sentencia de primera instancia, como se
precisará más adelante. A través de este medio de impugnación la peticionara
argumentó lo siguiente14:

48. Precisó que recurre el literal 1.° del numeral cuarto de la sentencia dictada por el
Tribunal, en la medida en que este no se pronunció sobre la incidencia del artículo 15

12
Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, exp. 25000-23-25-000-2010-00246-02.
13
Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, exp. 11001-03-25-000-2007-0087-00.
14 Expediente físico, rad. 54001-23-33-000-2014-00254-02, cuaderno principal, fols. 276 a 280.

10

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

de la Ley 4 de 1992 para la correcta liquidación de la bonificación por compensación.
Ello, pese a que dicho aspecto se solicitó en sede administrativa y en la demanda.

49. Afirmó que la sentencia del 18 de mayo de 201615, proferida por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda, consideró que la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992 tiene incidencia en la determinación de la bonificación
por compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos al Decreto
610 de 1998, pues este «previó la nivelación salarial al 60 %, 70 % y 80 % “… de lo
que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo
de Estado”, para los años 1998, 1999, 2000 y siguientes, respectivamente».

50. Solicitó que el 80 % de la bonificación por compensación de que trata el Decreto
610 de 1998, se determine con base en el ingreso total anual de los magistrados de
altas cortes, el cual debe coincidir con los ingresos totales anuales de carácter
permanente de los congresistas de la República, en virtud de lo ordenado en el artículo
15 de la Ley 4 de 1992.

2.4.2. La entidad accionada

51. Pidió que se revoque el fallo de primera instancia. Alegó que no es cierta la
afirmación referente a que la Procuraduría General de la Nación ha liquidado las
prestaciones sociales del accionante excluyendo la prima especial como factor salarial;
ni tampoco que se haya tenido en cuenta solo el 70 % de la asignación básica para el
efecto. Esto, en tanto no solo se tuvo en cuenta el 100 % de la asignación básica, sino
también el 100 % de los gastos de representación16.

52. Precisó que la prima especial de servicios devengada por los procuradores
judiciales II no corresponde a un porcentaje que únicamente se extrae del salario
básico como ocurre con algunos casos de la Fiscalía General de la Nación o de la
Rama Judicial, en tanto su remuneración salarial está compuesta por la asignación
básica, gastos de representación, prima especial y bonificación por compensación.

53. Sostuvo que el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 expresamente reguló que la prima
especial de servicios no tiene carácter salarial para efectos de liquidar las prestaciones
sociales de sus beneficiarios, lo cual también se ha previsto en los decretos salariales
desde el año 2009 en adelante, sin que estos se hayan revocado, derogado, anulado
o sustituido.

15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, Rad. 25000-23-
25-000-2010-00246-02(0845-15).
16
Expediente físico, rad. 54001-23-33-000-2014-00254-02, cuaderno principal, fols. 281 a 294.
• Se aclara que el recurso de apelación se interpuso el 26 de febrero de 2019, esto es, antes del auto de adición de
la sentencia de primera instancia.

11

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

54. Manifestó, en cuanto a la diferencia reclamada de la «bonificación de gestión
judicial», que como el demandante se vinculó al servicio el 1 de septiembre de 2011 le
era aplicable el régimen establecido en el Decreto 4040 de 2004 que disponía
claramente un porcentaje del 70 %. Una vez anulado este se profirió el Decreto 1102
de 2012, que a partir del 27 de enero de 2012 estableció el aumento del 80 %, de
manera que así se liquidó y pagó al accionante.

55. Precisó que para el momento en que se realizaron los pagos al demandante, la
posibilidad de una remuneración que ascendiera al 80 % de lo que correspondiera a
los magistrados de altas cortes era una simple expectativa y no un derecho cierto e
indiscutible.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

56. Mediante auto del 11 de diciembre de 2020, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por las partes demandante y demandada, de conformidad con el artículo
247 de la Ley 1437 de 201117.

57. Por medio de auto del 29 de abril de 2021, los magistrados entonces integrantes
de esta Subsección presentaron manifestación de impedimento, con sustento en el
numeral 1 del artículo 141 del CGP, esto es, tener interés directo en el proceso, porque
fueron beneficiarios de la prima especial en condición de funcionarios de la Rama
Judicial18.

58. A través de auto del 9 de septiembre de 2021, la Subsección A de la Sección
Segunda de esta corporación declaró fundado el impedimento. A su vez, los
magistrados que conformaban esa Sala se manifestaron impedidos para conocer el
asunto, por la causal prevista en el numeral 1 del artículo 141 del CGP19.

59. Mediante auto del 19 de enero de 2022, se corrió traslado a las partes por el
término de 10 días para presentar alegatos finales, y luego de vencido este, al
Ministerio Público para rendir concepto20.

60. En auto del 5 de septiembre de 2023, el conjuez ponente del proceso ordenó la
devolución del expediente al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, Sala de
Conjueces para que resolviera la solicitud de adición o sentencia complementaria
presentada por la parte demandante, sobre la cual omitió pronunciarse. Cumplido lo
anterior, dispuso que el proceso regresara al despacho21.

17 Samai, índice 03, expediente digital, archivo 4_AUTO ADMITIENDO RECURSO(.DOC).
18
Samai, índice 11, expediente digital, archivo 9_AUTOQUEDECLARA(.DOC).
19 Samai, índice 116, expediente digital, archivo 11_AUTOQUERESUELVE(.DOC).
20
Samai, índice 24, expediente digital, archivo 15_AUTOQUECORRETRASLADOPARAALEGAR(.DOCX).
21
Samai, índice 38, expediente digital, archivo
AUTOQUEREMITEATRIBUNALOJUZGADOPARAQUERESUELVASOLICITUD(.docx).

12

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

61. El 15 de febrero de 2024, la Secretaría de la Sección Segunda de la corporación
informó al despacho sustanciador que se recibió en físico el expediente de la
referencia, proveniente del Tribunal Administrativo de Norte de Santander22.

62. A través de auto del 12 de marzo de 2025 el conjuez ponente del proceso ordenó
devolver el expediente al despacho de la magistrada titular, al que este fue inicialmente
repartido, atendiendo al cambio de composición de la Sección Segunda del Consejo
de Estado23.

63. En este escenario, se estima pertinente precisar que las subsecciones A y B de
la Sección Segunda, en providencias recientes, han declarado infundado el
impedimento manifestado por magistrados de distintos tribunales del país en asuntos
relacionados con el reconocimiento de la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

64. La mayoría de los integrantes de la Sala, en sesión celebrada el 29 de agosto de
2024, decidieron en igual sentido los impedimentos manifestados por los integrantes
de esta, en procesos con supuestos similares al que se analiza en el presente asunto,
por tres razones, a saber10:

(1) Las manifestaciones de impedimento se sustentan en consideraciones
generales que resultan insuficientes para encuadrar el caso particular en el
supuesto descrito en la causal;
(2) no exponen situaciones actuales y concretas que acrediten la configuración
de la causal;
(3) no mencionan el beneficio que sustenta «el interés directo o indirecto en el
proceso» ni precisan cómo la decisión del caso puede resultar útil para los
intereses de quien manifiesta el impedimento.

2.6. Alegatos de conclusión

2.6.1. La parte demandante

65. Reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Pidió que se
ordene a la entidad accionada reconocer el ajuste de la remuneración del demandante
equivalente al 80 % de la remuneración que percibe por todo concepto salarial un
magistrado de alta corte, que a su vez debe coincidir con los ingresos totales anuales
permanentes de los congresistas, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 4 de
199224.

22 Samai, índice 46, expediente digital.
23
Samai, índice 51, expediente digital, archivo 226_AutoOrdenaRemitirExpediente(.pdf).
24 Samai, índice 29, expediente digital, archivos 16_MemorialWeb_Alegatos(.pdf), 16_MemorialWeb_Alegatos(.pdf)

y 16_MemorialWeb_Alegatos(.pdf).
• Se resalta que el escrito de alegatos de conclusión se presentó el 23 de febrero de 2022, esto es, antes de la
complementación de la sentencia de primera instancia.

13

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

66. Manifestó que el accionante tiene derecho a la reliquidación de sus prestaciones
sociales con la inclusión de la prima especial de servicios y la bonificación por
compensación, teniendo en cuenta que constituyen factor salarial.

67. Afirmó que el Tribunal desconoció la rectificación de la jurisprudencia del Consejo
de Estado que reconoció el carácter salarial a los emolumentos antes mencionados25.

2.6.2. La Nación, Procuraduría General de la Nación

68. Solicitó que se revoque el fallo apelado. Manifestó que el ingreso de los
beneficiarios de la bonificación por compensación no puede superar el 80 % de lo que
por todo concepto devenga un magistrado de alta corte, de manera que no hay lugar
al reconocimiento y pago de suma adicional a lo que la entidad le pagó al accionante
por nómina26.

69. Aclaró que el demandante durante su vinculación a la entidad percibió sus
ingresos de manera ajustada a la ley, en el sentido de que no superan el 80 % de la
remuneración anual que perciben los magistrados de altas cortes, según lo fijado por
el Gobierno nacional.

70. Adujo que «para periodos no prescritos anteriores al 2012, y de encontrarse el
demandante dentro de los supuestos de hecho del Decreto 610 de 1998, esto es, que
se haya desempeñado como procurador judicial II, solamente procedería el
reconocimiento y pago de la diferencia que se dejó de cancelar para poder completar
el 80 % de lo que por todo concepto percibe un magistrado de alta corte».

71. Sostuvo que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no
tiene carácter salarial para efectos de liquidar las prestaciones sociales de sus
beneficiarios. Tal situación fue ratificada por esta corporación en sentencia del 2
septiembre de 201927.

72. Pidió que se analice la prescripción respecto a la bonificación por compensación
de acuerdo con lo dispuesto por el Consejo de Estado en la sentencia del 2 de
septiembre de 2019.

25 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-03-25-000-2007-00098-

00(1831-07); sentencia del 4 de agosto de 2010, exp. 25000232500020050515901(0230-08); y sentencia del 27 de
junio de 2012 exp. 25000-23-25-000-2005-00827-02 (0477-2009).
26 Samai, índice 30, expediente digital, archivo

20_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf).
• Se señala que el escrito de alegatos de conclusión se presentó el 8 de marzo de 2022, esto es, antes del auto de
adición de la sentencia de primera instancia.
27
Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2009, exp.
41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018).

14

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

73. Solicitó que se revoque la condena en costas, toda vez que, de acuerdo con la
jurisprudencia, estas no operan automáticamente, sino solo cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

74. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Cuestión previa

75. Antes de proceder con el análisis de segunda instancia, para la Sala resulta
necesario precisar lo siguiente:

76. La parte accionante en el recurso de apelación interpuesto el 25 de febrero de
2019, solicitó que el 80 % de la bonificación por compensación prevista en el Decreto
610 de 1998, se determine con base en el ingreso total anual de los magistrados de
altas cortes, el cual debe coincidir con los ingresos totales anuales de carácter
permanente de los congresistas de la República, en virtud de lo ordenado en el artículo
15 de la Ley 4 de 1992. Sobre dicho aspecto alegó que no se había pronunciado el
Tribunal en primera instancia28.

77. En la misma fecha, el demandante presentó, también, solicitud de adición de la
sentencia dictada el 14 de febrero de 2019, con argumentos idénticos a los expuestos
en la apelación antes mencionada29.

78. Con ocasión de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en
providencia del 7 de febrero de 2024 complementó el inciso 1.° del numeral cuarto del
fallo proferido el 14 de febrero de 2019, en el sentido de definir que al accionante se le
debía otorgar «el 80 % de los ingresos que devengan los magistrados de altas cortes
y en estos se deben incluir todos los ingresos laborales percibidos por los miembros
del Congreso», de conformidad con el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.

79. Así las cosas, se advierte que el juez de primera instancia en la providencia del
7 de febrero de 202430 accedió a la solicitud de adición del accionante y en los términos
en que lo solicitó, que como se dijo antes, son los mismos argumentos de la apelación,
complementó la sentencia.

28
Expediente físico, rad. 54001-23-33-000-2014-00254-02, cuaderno principal, fols. 276 a 280.
29 Expediente físico, rad. 54001-23-33-000-2014-00254-02, cuaderno principal, fols. 272 a 275.
30 Expediente físico, rad. 54001-23-33-000-2014-00254-02, cuaderno principal, fols. 329 a 330.

15

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

80. Contra dicha decisión no se pronunció ninguna de las partes, aun cuando fueron
notificadas en debida forma. Por consiguiente, como se entiende que sobre ese
aspecto concreto de la sentencia no existe reparo alguno por el demandante ni por la
entidad demandada, no hay razón para estudiar el motivo de inconformidad de la parte
accionante en el recurso de apelación. Ello, en tanto, como quedó visto, este fue
resuelto por el Tribunal en la providencia que adicionó la sentencia proferida el 14 de
febrero de 2019, accediendo a lo pretendido por el señor Madariaga Suárez.

3.3. Problemas jurídicos

81. De acuerdo con las consideraciones que anteceden, la Sala procede a resolver
los siguientes problemas jurídicos:

82. ¿El demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las diferencias
causadas por concepto de la bonificación por compensación prevista en el Decreto
610 de 1998, equivalente a un valor que sumado a la asignación básica y demás
ingresos laborales iguale el 80 % de lo que por todo concepto devenguen anualmente
los magistrados de las altas cortes, durante todo el ejercicio del cargo de procurador
judicial o solo hasta que se profirió el Decreto 1102 de 2012?

83. ¿Operó la prescripción del derecho al reconocimiento y pago de la diferencia de
la bonificación por compensación reclamada?

84. ¿El demandante tiene derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales con
inclusión de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992?

85. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes temas:
(1) bonificación por compensación; (1.1.) bonificación por gestión judicial; (1.2.)
prescripción; y (2) carácter salarial de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de
1992, para efectos pensionales.

86. A partir de las anteriores consideraciones: (3) se destacarán los hechos probados
más relevantes, y (4) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverán los
problemas jurídicos formulados.

3.4. Marco normativo y jurisprudencial

3.4.1. Bonificación por compensación

87. La bonificación por compensación fue creada por el Gobierno nacional dentro de
una política de nivelación para los destinatarios de la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pues esta había sido insuficiente y se requería una
nueva política salarial. Por ello, el Gobierno tomó la decisión de fijar los ingresos de

16

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

los magistrados31 de segundo nivel tomando como referencia cierto porcentaje de lo
percibido por los magistrados de alta corte. Esto se realizó a través de un mecanismo
de anclaje, frente a lo devengado por todo concepto, por los magistrados del primer
nivel del artículo 15 de la citada Ley 4 de 1992. Dicho contexto fue explicado por la
Corte Constitucional, en la sentencia C-244 de 201332, en los siguientes términos:

En el año de 1998 se dio otro acontecimiento normativo fundamental en la política
salarial del sector justicia: mediante un Decreto reglamentario de la Ley 4 a, el Decreto
610 de 1998, el Gobierno reaccionó a la protesta organizada de los jueces para
considerar que la prima especial concedida en 1992 al segundo nivel funcional de
funcionarios judiciales (definido en el artículo 14 y que sólo había sido del 30 % de sus
ingresos salariales hasta ese entonces reconocidos) había sido insuficiente y que se
requería una nueva política salarial. Para responder a este reclamo, el Gobierno tomó la
decisión de fijar los ingresos de los magistrados de segundo nivel como un cierto
porcentaje del de los Magistrados de alta Corte (que, a su vez, habían sido igualados a
los de los Congresistas en el artículo 15 de la Ley 4a). Esta fijación o anclaje entre niveles
jerárquicos de la Rama Judicial ya había sido intentado, de hecho, en Leyes de finales
de los ochentas (Ley 10/1987 y Ley 63/88), que, sin embargo, no habían sido
debidamente ejecutadas. El nuevo Decreto 610/98 buscaba crear un mecanismo gradual
de cumplimiento de tales esquemas de anclaje para generar, ahora sí, una política de
"nivelación salarial". Para el año de 1998, el segundo nivel de la jerarquía ganaba el 46
% de los ingresos de los magistrados del primer nivel. Según el Decreto, esto constituía
una "desigualdad económica entre los dos niveles" y, para superarla, propuso un sistema
escalonado de nivelación a tres años en el que en el primero recibirían el 60 % de lo
percibido, por todo concepto, por los Magistrados del primer nivel del artículo 15; para el
segundo y tercer año tales porcentajes serían aumentados al 70 y luego al 80 %. Con
ello se adoptaba un mecanismo de anclaje proporcional del salario idéntico al que ya se
había intentado en la Ley 4 a entre funcionarios del primer nivel y los propios congresistas.
Para ejecutar este nuevo esquema de nivelación salarial, la "prima especial" de la Ley
4a pasó a denominarse "Bonificación por compensación" y se aclaró en el artículo 1º del
Decreto 610 que sólo constituía factor salarial para las pensiones, tal y como ya se había
afirmado en la Ley 332/96.

88. En consecuencia, el presidente de la República, en desarrollo de las normas
generales de la Ley 4 de 1992, profirió el Decreto 610 de 199833, que creó la
bonificación por compensación, así:

ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del presente
decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a
la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta
por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los

31 Y autoridades equivalentes.
32 M.P. Diego López Medina. En esta providencia, la Corte Constitucional se estuvo a lo resuelto en la sentencia C-

681 de 2003, que declaró inexequible la expresión "sin carácter salarial", contenida en el artículo 15 de la Ley 4 de
1992, pero sólo para efectos de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación.
33 Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.

Los Decreto 610 y 1239 de 1998 fueron derogados por el Decreto 2668 de 1998, sin embargo, este último fue
declarado nulo por el Consejo de Estado, en sentencia de la Sección Segunda del 25 de septiembre de 2001,
ejecutoriada el 5 de octubre de 2001, exp. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, actor: Pablo Julio Cáceres Corrales.

17

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional
y Consejo Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación sólo constituirá
factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los
Magistrados de las Altas Cortes.

89. El reconocimiento de esta bonificación se extendió para los secretarios generales
de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al
secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a través del Decreto 1239 de
199834 dictado por el presidente de la República.

90. En este orden de ideas, la bonificación por compensación tiene las características
que a continuación se enuncian:

a) Carácter permanente;

b) solo constituye factor salarial para efectos pensionales en los mismos términos
que la prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes;

c) desde el Decreto 1102 de 2012 constituye base de cotización para los aportes
a salud;

d) los beneficiarios son los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los Magistrados
Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo
Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los
Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de
Fiscalía ante Tribunal de Distrito; los secretarios generales de la Corte Suprema
de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al secretario Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura;

e) se paga mensualmente;

f) con efectos fiscales desde el 1 de enero de 1999;

g) inicialmente correspondía al 60 % de los ingresos laborales que por todo
concepto perciben los magistrados de alta corte (1999). Para la vigencia fiscal
siguiente aumentó al 70 % (2000);

h) en la tercera vigencia fiscal aumentó al 80 % (2001), de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los magistrados de alta corte;

34 Por el cual se adiciona el Decreto número 610 del 26 de marzo de 1998.

18

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

i) la bonificación «sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos
laborales actuales» debe igualar el 80 % de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de alta corte.

91. Ahora bien, la sentencia del 18 de mayo de 201635, dictada por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda, consideró que la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992 «tiene clara incidencia en la determinación de la
bonificación por compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos
al Decreto 610 de 1998, pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del Decreto
10 de 1993, previó la nivelación salarial al 60 %, 70 % y 80 % “… de lo que por todo
concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la
Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado”
(subraya fuera del texto), para los años 1998, 1999, 2000 y siguientes,
respectivamente».

92. A renglón seguido, señaló que las cesantías de los magistrados de alta corte
también son un emolumento que se incluye en «todo lo devengado», comoquiera que
«el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente por los
jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que resultaría
violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política
de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza únicamente
con el propósito de disminuir la base de liquidación de la bonificación por
compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados en el artículo
2º del Decreto 610 de 1998».

93. En la misma línea, señaló que para calcular la diferencia entre lo devengado por
los congresistas y lo percibido por los magistrados de alta corte, se debían tener en
cuenta las cesantías de los parlamentarios, «para, así, determinar el valor de la prima
especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos [magistrados de alta corte]».

94. A modo de conclusión, cabe precisar entonces que el valor de la bonificación por
compensación «es el resultado de la diferencia entre lo proyectado como ingresos
anuales que “por todo concepto” reciban los magistrados de Alta Corte y los
ingresos anuales de magistrado de Tribunal y demás cargos equivalentes, para fijar el
ingreso laboral de éstos últimos en un 80 % a partir del año 2001»36.

95. Con posterioridad, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, en la sentencia
del 2 de septiembre de 201937, reiteró que la bonificación por compensación hace parte
de un sistema de anclaje diseñado de forma escalonada, tal como lo explicó la Corte

35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, Rad. 25000-23-

25-000-2010-00246-02(0845-15).
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 8 de octubre de 2024, Rad. 25000-23-

42-000-2015-05188-02 (3217-2022), M.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
37
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, Rad. 41001-
23-33-000-2016-00041-02(2204-18). Aclarada en auto del 7 de octubre de 2019.

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Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

Constitucional en la sentencia C-244 de 2013. La referida providencia también señaló
que, en virtud de Decreto 610 de 1998, los ingresos laborales de sus destinatarios, a
partir del año 2001, serían iguales al ochenta por ciento (80 %) de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte. Ciertamente, resaltó
que «el 80% de la bonificación por compensación para los magistrados y cargos
homologados es un límite que no puede ser superado con el reconocimiento de la
prima especial de servicios y de ningún otro beneficio económico laboral».

96. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por el Decreto 2668 de 1998, en
consecuencia, cada año el Gobierno Nacional expidió los decretos para regular la
bonificación por compensación38. En efecto, el Gobierno nacional dictó los Decretos
664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001, 663 de 2002 y 3570 de
2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por
ejemplo, para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los
siguientes montos: $2.030.717 (1999), 2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410
(2002) y 2.491.911 (2003).

97. Ahora bien, el Decreto 2668 de 1998 fue anulado por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001, expediente
395-99, con efectos «ex tunc». Por consiguiente, volvió a ser aplicable el Decreto 610
de 1998.

3.4.1.1. Bonificación de gestión judicial

98. El Decreto 4040 de 200439, en el artículo 1, creó la bonificación de gestión judicial;
determinó que era incompatible con la bonificación por compensación, y que el valor
correspondía a un porcentaje del 70 % del valor integrado por la asignación básica y
los demás ingresos laborales de lo que por todo concepto devengaran los magistrados
de las altas cortes, cuyos destinatarios eran los funcionarios de la Rama Judicial, la
Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa.

99. La norma indicaba que la bonificación solo era factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y era parte integral del
ingreso base de liquidación debiendo cotizarse mensualmente sobre lo devengado.

100. Los destinatarios eran los magistrados de Tribunal y Consejo
Seccional, magistrados auxiliares de las altas cortes, abogados asistentes y abogados
auxiliares del Consejo de Estado, fiscales delegados ante Tribunales de Distrito,
fiscales auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, directores ejecutivos seccionales
de Administración Judicial, y secretarios generales de la Corte Suprema de Justicia,

38
En efecto, el Gobierno nacional expidió los Decretos 664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001,
663 de 2002 y 3570 de 2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por ejemplo,
para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los siguientes montos: $2.030.717 (1999),
2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003).
39 Por el cual se crea una Bonificación de Gestión Judicial para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.

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Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura. Igualmente, tenían quienes ingresaron, con posterioridad a la
publicación de este decreto, a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en
los que actúen de manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los
magistrados de Tribunal a que se refiere el presente artículo.

101. En el artículo 2 se indicó que los destinatarios «podrán optar al reconocimiento y
pago de la Bonificación de Gestión Judicial, […] siempre y cuando se encuentren en
una de las siguientes situaciones: a) Quienes han iniciado acciones judiciales
relacionadas con la Bonificación por Compensación y desistan de sus pretensiones,
renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los
términos del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil; b) Los que no han
efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para precaver
litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación».

102. Sin embargo, la Sección Segunda, Sala de Conjueces, en sentencia del 14 de
diciembre de 201140 declaró la nulidad del citado Decreto 4040 de 2004, en atención
a que para tener derecho a la bonificación de gestión judicial, los destinatarios debían
desistir de las demandas para obtener el pago de la bonificación por compensación
del Decreto 610 de 1998 o celebrar contratos de transacción. Se estimó que el Decreto
4040 de 2004 otorgó validez a la transacción sobre el pago de la bonificación por
compensación del 80 %, pese a que los derechos laborales no pueden ser objeto de
negociación por las partes, dada su naturaleza de derecho adquirido y porque se violó
el principio de progresividad. Insistió entonces en que constitucionalmente está
prohibido renunciar a los derechos adquiridos o transar sobre derechos ciertos e
indiscutibles.

103. La Sala de conjueces precisó que para una misma categoría de servidores
judiciales, con idénticas funciones, horarios, responsabilidades y requisitos, coexistían
dos regímenes vigentes, el Decreto 610 de 1998 que fijaba la asignación mensual en
el 80 % de lo devengado por los magistrados de altas cortes, mientras que el Decreto
4040 de 2004 la establecía en el 70 %, con lo cual se materializó un trato diferenciado
injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.

104. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 violó los
derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar sobre
derechos ciertos e indiscutibles.

105. Luego de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el presidente de
la República dictó el Decreto 1102 de 201241, según el cual a partir del 27 de enero de

40
Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora.
41 Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.

21

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

2012, la bonificación por compensación que venían percibiendo los beneficiarios 42
equivaldrá a un valor que sumado a la asignación básica y demás ingresos laborales
iguale el 80 % de lo que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados de
las altas cortes, con la connotación de ser «factor salarial para efecto del ingreso base
de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad
Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003».

106. El artículo segundo del referido Decreto 1102 de 2012 indicó que «como
consecuencia de la declaratoria de nulidad del decreto 4040 de 2004, los servidores
que venían percibiendo la Bonificación de Gestión Judicial percibirán, a partir de la
fecha de ejecutoria de dicha sentencia, la bonificación por compensación en los
mismos términos y condiciones señaladas para su reconocimiento en el artículo 1.° del
presente decreto».

3.4.1.2. Sobre la prescripción

107. La Sección Segunda analizó el tema de la prescripción de los derechos laborales
en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020 dictada por la Sección
Segunda43, en la cual se identificaron los elementos de la citada figura, así: «i) […] se
predica de manera general respecto aquellos de contenido patrimonial, con excepción
de aquellos en los que el legislador ha establecido que de acuerdo con su naturaleza
no pueden extinguirse, verbigracia, el derecho a la pensión, dado que solo son objeto
de ella, las mesadas pensionales no reclamadas oportunamente; ii) la inactividad
prolongada del titular, denota que no tiene interés en el servicio o la prestación debida,
salvo que sea forzada por encontrarse imposibilitado para actuar; y iii) el transcurso
del tiempo, que de manera concreta será el plazo legal dentro del cual se debe exigir
el cumplimiento de la obligación, so pena de que se extinga».

108. En el citado fallo, la Sección Segunda explicó que el término de prescripción
empieza a correr desde cuando la obligación es exigible, y adujo que el efecto es la
«extinción de la pretensión y del derecho subjetivo mismo, que se producen en razón
de la sentencia judicial que acoge la correspondiente excepción propuesta por el
demandado o la declaratoria de oficio por el juez».

109. En el campo de lo contencioso-administrativo, la prescripción protege el
patrimonio público, el interés general, la seguridad jurídica, al impedir que se
reconozcan derechos reclamados de forma tardía. Así pues, el juez «como director del
proceso, [tiene la obligación] de analizar de manera oficiosa si en el asunto sometido

42 Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,

Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado,
Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Directores
Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo
de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios
vinculados a la Procuraduría General de la Nación.
43
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ-SII-022-2020, exp. 08001-23-33-000-2013-00666-01
(0833-2016).

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Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

a su conocimiento ha operado o no este fenómeno extintivo, sin perjuicio, claro está,
de la no reformatio in pejus (art. 187 del CPACA). De manera que la prescripción
extintiva puede invocarse por vía de excepción o declararse de oficio»44.

110. Ahora bien, cabe destacar que el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 regula la
prescripción al indicar que:

Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en
tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple
reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo
por un lapso igual.

111. Este precepto fue reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, que en el artículo
102 señala:

Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y
en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la
respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado
oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.

112. Sobre este aspecto, en el fallo del 15 de mayo de 2016, la Sala de Conjueces
abordó el estudio de la prescripción del derecho al pago de la bonificación por
compensación. Para el efecto, sostuvo que el derecho debe ser exigible, pero que para
los destinatarios «existía la disyuntiva», entre el Decreto 610 de 1998 y el Decreto
4040 de 2004, de modo que «resultaba imposible referirse a la exigibilidad del
derecho». En este contexto, la providencia determinó que «solo puede hablarse de
exigibilidad de la bonificación por compensación, a partir de la fecha de ejecutoria del
fallo que declaró la nulidad del Decreto 4040, es decir el 28 de enero de 2012», cuando
quedó ejecutoriada la sentencia del 14 de diciembre de 201145, que declaró la nulidad
del Decreto 4040 de 2004.

113. No obstante, en el fallo del 2 de septiembre de 201946, la Sala de Conjueces
abordó nuevamente el tema del derecho al pago de la bonificación por compensación
para lo cual precisó que la sentencia de 2016 «no fijó ninguna regla respecto de la
prescripción del derecho a percibir la bonificación por compensación de que trata el
Decreto 610 de 1998 antes de la expedición del Decreto 4040 de 2004», por ello,
consideró que previo al Decreto 4040 de 2004 «el único régimen vigente respecto de
la bonificación por compensación era el Decreto 610 de 1998 y el derecho era
plenamente exigible».

44
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de 2023, exp.
080012333000201200200-02 (2459-2014).
45
Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora.
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).

23

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
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114. Adujo que del «período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que anuló
el Decreto 2668 de 199847 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, procede
decretar la prescripción. Durante este lapso no hubo dualidad de normas y, por lo tanto,
los beneficiarios de que trata el artículo 2° del Decreto 610 de 1998 tenían la
oportunidad de interrumpirla». En consecuencia, el fallo estableció que por regla
general operó la prescripción del derecho al pago de la bonificación por compensación
entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, salvo que la persona
demuestre que reclamó antes de esta última fecha.

115. Nótese que el auto del 7 de octubre de 2019, que aclaró la providencia del 2 de
septiembre de 2019, expuso las siguientes consideraciones sobre la prescripción:

no existe prescripción de la bonificación por compensación entre el 2 de diciembre de
2004 y el 27 de enero de 2012 -vigencia del Decreto 4040 de 2004- porque durante dicho
periodo, como es ampliamente conocido, hubo coexistencia de regímenes. Al salir de la
vida jurídica, el 27 de enero de 2012 dicho decreto, los destinatarios podían efectuar
reclamaciones hasta el 27 de enero de 2015, sin que los afectara la prescripción; por
fuera de ese término hacia atrás, se cuenta la prescripción desde el 3 de diciembre de
2004 -fecha de entrada en vigencia del D. 4040- hasta el 5 de octubre de 2001 -fecha en
la que cobró ejecutoria la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998-,
con la excepción de quienes hayan interrumpido la prescripción por haber presentado
reclamación durante el tiempo que no hubo coexistencia de regímenes -5 de octubre de
2001 al 2 de diciembre de 2004.

116. En síntesis, acorde con las providencias previamente citadas de la Sala de
Conjueces, se extrae que:

a) Entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004 operó por regla
general la prescripción de la bonificación por compensación, si no se interpuso
reclamación;
b) entre el 3 de diciembre de 2004 (fecha de vigencia del Decreto 4040 de 2004)
y el 28 de enero de 2012 no operó la prescripción, pues el derecho no era exigible
dada la coexistencia de los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004;
c) a partir del 28 de enero de 2012, empezó a correr el término de prescripción
trienal sin excepciones.

117. Ahora bien, esta Subsección precisa que la prescripción se interrumpe con la
reclamación administrativa ante la administración, por el término de tres años. Esta
interrupción solo es efectiva si se acude a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo en el mismo plazo; sin perjuicio de los términos para interponer el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 164 del CPACA).

47
Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, sentencia del 25 de septiembre
de 2001.

24

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
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Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

3.4.2. Carácter salarial de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
para efectos pensionales

118. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30 % ni superior
al 60 % del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales
superiores y contencioso—administrativos, los agentes del Ministerio Público
delegados ante la Rama Judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del
Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con
efectos a partir del 1 de enero de 1993.

119. El Gobierno nacional, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley
4 de 1992, expidió el Decreto 54 de 1993 por medio del cual fijó el régimen salarial y
prestacional aplicable a los servidores de la Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo y en el artículo 10 estableció una prima especial en los
siguientes términos48:

ARTICULO 10. Los Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial
tendrán derecho a una prima especial equivalente al treinta por ciento (30 %) del salario
básico. Esta prima es incompatible con la prima especial de que tratan los artículos 4 a
9 inclusive, del presente decreto.

120. El referido artículo 14 de la Ley 4 de 1992 fue objeto de revisión por parte de la
Corte Constitucional, en la sentencia C-279 de 1996. Dicha autoridad declaró la
exequibilidad de la expresión «sin carácter salarial», al considerar que no existía
«ningún motivo fundado en los preceptos constitucionales que rigen la materia […] que
impida al legislador disponer que determinada prestación social o indemnización se
liquide sin consideración al monto total del salario del trabajador»49. Lo anterior, en la
medida en que «el legislador conserva una cierta libertad para establecer, qu[é]
componentes constituyen, o no salario, así como la de definir y desarrollar el concepto
de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución»50.

121. Posteriormente, la Ley 4 de 1992 fue modificada por la Ley 332 de 1996, en el
sentido de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el
artículo 14 de dicha ley (1) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de
la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (2) se
aplicaría, con las mismas limitaciones, a los magistrados auxiliares y abogados
asistentes de las altas cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la
Judicatura, magistrados del Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal
Disciplinario y los procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación.

48 «Por el cual se dictan normas sobre régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la
Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo y se dictan otras disposiciones».
49
Corte Constitucional, sentencia C-279 de 1996.
50 Ibidem.

25

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

122. Esta última norma también fue objeto de revisión51, en la sentencia C-444 de
1997; oportunidad en la que, la Corte Constitucional reiteró y reafirmó la potestad del
legislador para establecer «las sumas de dinero que habitualmente puede percibir el
empleado, pero que no se tendrán en cuenta para efectos de liquidar determinadas
prestaciones sociales, o que no se tendrán como salario»52.

123. A su vez, esta corporación, en diferentes providencias, ha estudiado la naturaleza
de la prima especial. Así, en la sentencia del 12 de septiembre de 2018 53 indicó que,
«[e]n cuanto a las prestaciones sociales, [el mencionado concepto] no [era] un factor
salarial, de manera que [no debía] ser sumada ni excluida para establecer la base
sobre la cual se van a liquidar las prestaciones sociales», y precisó que estas deberían
«ser liquidadas sólo sobre la base del 100 % del salario básico mensual» 54. De igual
forma, en el fallo del 2 de septiembre de 201955 explicó que la prima especial «solo
constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación»56.

3.5. Hechos probados relevantes

124. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

125. El señor Luis Andrés Madariaga Suárez desempeñó el cargo de procurador
judicial II, código 3 PJ, grado EC, al servicio de la Procuraduría Judicial Penal de
Cúcuta, desde el 1 de septiembre de 2011 hasta el 1 de septiembre de 201657.

126. La División de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación certificó,
el 4 de abril de 2018, la remuneración del accionante para los años 2011 a 2016.
Además, indicó lo siguiente58:

A partir del 1 de enero de 2012 y hasta el 26 de enero del mismo mes, el valor de la
bonificación judicial es de $8.853.107 y desde el 27 de enero en adelante, de
conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1102 del 24 de mayo 2012, se denomina
bonificación por compensación y corresponde a una suma de $11.469.226 mensuales
para nivelar el salario de los procuradores judiciales II al 80 % de los ingresos
devengados en el año por los magistrados de las altas cortes.

51 Corte Constitucional, sentencia C-444 de 1997.
52 Ibidem.
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 12 de septiembre

de 2018, exp. 73001-23-33-000-2012-00183-02 (3546-2015).
54 Ibidem.
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de

2019, exp. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018).
56
Ibidem.
57 Según acta de posesión 01195 del 1 de septiembre de 2011, y la certificación del 5 de abril de 2018 expedida

por el jefe de la División de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación, vistas en el expediente físico,
rad. 54001-23-33-000-2014-00254-02, cuaderno principal, fols. 218, 220.
58 Expediente físico, rad. 54001-23-33-000-2014-00254-02, cuaderno principal, fol. 215.

26

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

127. La División de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación certificó
el 4 de abril de 2018 el valor de la bonificación por compensación por el periodo del 1
de septiembre de 2011 al 31 de marzo de 2018, de acuerdo con las certificaciones
anuales expedidas por la División Administrativa de la Rama Judicial59.

128. El 5 de mayo de 2014, el demandante solicitó a la Procuraduría General de la
Nación el reconocimiento de la bonificación por compensación, liquidada en el 80 %
de los ingresos que por todo concepto perciben los magistrados de las altas cortes, en
los términos de los decretos 610 y 1239 de 1998. Tal ingreso debería coincidir con los
ingresos laborales totales anuales devengados por los congresistas60.

129. En la misma fecha, el accionante solicitó a la entidad accionada, la reliquidación
y pago retroactivo e indexado, con los respectivos intereses moratorios, y las
sanciones establecidas en la ley, de todas las prestaciones sociales —primas,
vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y demás a las que hubiera lugar—,
sobre el 100 % del salario, esto es, con inclusión de la prima especial de servicios y
de la bonificación por compensación, como factor salarial61.

130. Mediante el Oficio SG No. 2214 del 27 de mayo de 2014, la entidad demandada
negó lo peticionado, bajo el argumento de que procedió al pago de la bonificación por
compensación de conformidad con lo establecido en el Decreto 1102 de 2012, a partir
del 27 de enero de 2012; no obstante, como en dicha normativa nada se dispuso sobre
los pagos retroactivos que pretende el peticionario, este quedaría sujeto a las
directrices que expidiera la Dirección General del Presupuesto Público Nacional. A su
vez, señaló que la prima especial de servicios y la bonificación por compensación no
constituían factor salarial para la liquidación y pago de las prestaciones sociales62.

3.6. Caso concreto

131. En el asunto bajo análisis, el accionante solicitó el reconocimiento y pago de la
bonificación por compensación que iguale el 80 % de lo devengado por los
magistrados de alta corte, con la inclusión de los ingresos anuales de los congresistas.
Asimismo, el pago retroactivo de las diferencias entre lo que ha percibido y lo que
debió recibir como remuneración, de manera indexada y con los respectivos intereses
moratorios, teniendo en cuenta que los ingresos totales anuales de los magistrados de
altas cortes, que se toman como referencia para liquidar el 80 % de los magistrados
de tribunal y los procuradores judiciales II, en aplicación del Decreto 610 de 1998,
deben coincidir con los ingresos totales anuales de los congresistas de la República,
conforme con los artículos 15 y 16 de la Ley 4 de 1992.

59 Expediente físico, rad. 54001-23-33-000-2014-00254-02, cuaderno principal, fol. 216.
60
Expediente físico, rad. 54001-23-33-000-2014-00254-00, tercer cuaderno, fol. 17.
61
Expediente físico, rad. 54001-23-33-000-2014-00254-01, cuaderno manifestación de impedimento, fols. 27 a 34.
62 Expediente físico, rad. 54001-23-33-000-2014-00254-01, cuaderno manifestación de impedimento, fols. 36 a 48.

27

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

132. Adicionalmente, pidió la reliquidación de sus prestaciones sociales con la
inclusión de la prima especial de servicios (art. 14 de la Ley 4 de 1993) y la bonificación
por compensación, con carácter salarial.

133. El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y ordenó el
reconocimiento de la bonificación por compensación desde el 1 de septiembre de 2011
hasta el 1 de septiembre de 2016, teniendo en cuenta el 80 % de los ingresos totales
anuales de los magistrados de las altas cortes incluyendo todos los ingresos laborales
devengados por los congresistas, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 4 de
1992. Además, ordenó la reliquidación de las prestaciones sociales con la inclusión de
la prima especial de servicios como factor salarial, por el mismo periodo.

3.6.1. De las diferencias adeudadas por concepto de la bonificación por
compensación

134. En síntesis, la parte demandada apeló la sentencia de primera instancia respecto
al reconocimiento de la bonificación por compensación a favor del accionante porque
considera que no tiene derecho a las diferencias que reclama, toda vez que le era
aplicable el Decreto 4040 de 2004, que disponía un porcentaje del 70 %. Además,
sostuvo que con ocasión al Decreto 1102 de 2012 a partir del 27 de enero de esa
anualidad se liquidó y pago al accionante el aumento del 80 %.

135. Aclarado lo anterior, la Sala procederá a definir si el demandante tiene derecho
al reconocimiento de las diferencias causadas por concepto de la bonificación por
compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, equivalente a un valor que sumado
a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale el 80 % de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de las altas cortes, durante la
totalidad de su vinculación como procurador judicial, o solo hasta que se profirió el
Decreto 1102 de 2012.

136. Según se probó en el expediente, el señor Luis Andrés Madariaga Suárez ejerció
el cargo de procurador judicial II, desde el 1 de septiembre de 2011 hasta el 1 de
septiembre de 2016; es decir que para el momento en el que ingresó al servicio, de
acuerdo con lo expuesto en el marco normativo y jurisprudencial de esta providencia,
se encontraba vigente el Decreto 4040 de 2004, el cual creó la bonificación por gestión
judicial y que en efecto se le pagó, acorde con el certificado de salarios aportado al
plenario y lo reconocieron las partes accionante y accionada en el escrito de la
demanda y en la contestación a esta, respectivamente.

137. Sobre el particular, se reitera que conforme se señaló en precedencia, la Sección
Segunda, Sala de Conjueces, en sentencia del 14 de diciembre de 2011 63, declaró la
nulidad del mencionado decreto, dado el trato diferenciado entre servidores en

63
Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora.

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Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

igualdad de condiciones; puesto que en este se fijó como monto a alcanzar el 70 % de
lo devengado por los magistrados de altas cortes; mientras que en el Decreto 610 de
1998 se había establecido el 80 %.

138. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, se expidió el Decreto 1102 de
64
2012 , el cual dispuso que, a partir del 27 de enero de 2012, la bonificación por
compensación que venían percibiendo los beneficiarios equivaldría a un valor que
sumado a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale el 80 % de lo que
por todo concepto devengaran los magistrados de alta corte. Asimismo, se indicó que
«los servidores que venían percibiendo la Bonificación de Gestión Judicial percibirán,
a partir de la fecha de ejecutoria de dicha sentencia, la bonificación por compensación
en los mismos términos y condiciones señaladas para su reconocimiento en el artículo
1.° del presente decreto».

139. Con ocasión de lo anterior, según se evidenció en el certificado salarial allegado
al expediente y relacionado en el acápite de hechos probados de esta sentencia, la
Procuraduría General de la Nación desde el 27 de enero de 2012 y hasta el retiro del
servicio, reconoció y pagó al accionante la bonificación por compensación establecida
en el citado Decreto 1102 de 2012, en los términos dispuestos en esa misma norma.

140. Así las cosas, resulta claro que el accionante en calidad de procurador judicial II
tiene derecho al reconocimiento y pago de las diferencias causadas entre lo
devengado por concepto de la bonificación de gestión judicial y de la bonificación por
compensación, a partir del 1 de septiembre de 2011 y hasta el 26 de enero de 2012,
día anterior aquel en el que comenzó a percibir la bonificación creada en el Decreto
1102 de 2012.

141. Lo anterior, toda vez que como el derecho discutido en el presente proceso está
regulado en el Decreto 610 de 1998, la liquidación debe realizarse hasta alcanzar el
tope del 80 %, acorde a lo alegado en el recurso de apelación; lo cual conlleva que se
efectúe el cálculo correcto de la bonificación por compensación, durante el periodo
comprendido del 1 de septiembre de 2011 al 26 de enero de 2012.

142. Al respecto, se destaca que de acuerdo con el Decreto 610 de 1998, la bonificación
por compensación «sumada a la prima especial de servicios» y a los demás ingresos
laborales debe igualar el 80 % de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional
y Consejo Superior de la Judicatura.

143. En tal sentido, cabe anotar que, en sentencia del 18 de mayo de 201665, la Sala
de Conjueces de la Sección Segunda señaló que la prima especial de servicios del

64
Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
65
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, exp. 25000-23-25-000-2010-00246-02, actor: Jorge
Luis Quiroz Alemán y otros.

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Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

artículo 15 de la Ley 4 de 1992, debe observar «para la liquidación de esta todos los
ingresos laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los
congresistas». Por ende, como la discusión sobre la liquidación de la prima especial
de los magistrados de altas cortes se resolvió en la providencia de conjueces de 2016,
en tal sentido habrán de liquidarse las acreencias a las que aquí se accederán, como
en efecto se dispuso en primera instancia, a menos de que se declare la prescripción
del derecho; asunto que se estudiará a continuación.

144. No obstante, en caso de no declararse la configuración de la prescripción del

derecho, habría lugar a modificar el literal 1.° del numeral cuarto de la sentencia
apelada, en tanto en los términos de lo expuesto, el reconocimiento de las diferencias
adeudadas por concepto de la bonificación por compensación se debe limitar hasta el
26 de enero de 2012.

3.6.2. De la prescripción del derecho

145. De acuerdo con las consideraciones expuestas en el numeral 3.3.2.2. de esta
sentencia, en cuanto a la bonificación por compensación deben tenerse en cuenta tres
escenarios: el primero, durante el que estuvo vigente el Decreto 610 de 1998, antes
de que entrara en vigor el Decreto 4040 del 3 de diciembre de 2004; el segundo,
cuando las anteriores normas rigieron simultáneamente; y el tercero, con posterioridad
a la ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto 4040 de 2004, lo que tuvo lugar el
27 de enero de 2012, instante a partir del cual se retornó al monto del 80 % de la
referida bonificación, como lo señalaba el Decreto 610 de 1998 y lo reiteró el Decreto
1102 de 2012.

146. La anterior distinción es relevante, entre otras razones, porque respecto de lo
causado en la época en la que estuvieron vigentes simultáneamente los decretos 610
de 1998 y 4040 de 2004, es decir, del 3 de diciembre de 2004 y el 27 de enero de
2012, la prescripción no operó, pues no había claridad de la exigibilidad del derecho,
a diferencia de lo que ocurre en el escenario previo a la entrada en vigor del Decreto
4040 de 2004, esto es, antes del 3 de diciembre de 2004.

147. Al aplicar las anteriores consideraciones al caso concreto, se tiene que las
diferencias a las que tiene derecho el accionante se generaron del 1 de septiembre de
2011 al 26 de enero de 2012, es decir, durante la dualidad normativa de los decretos
610 de 1998 y 4040 de 2004. Por tal razón, la exigibilidad de las acreencias, conforme
se indicó con anterioridad, tuvo lugar después de la ejecutoria de la sentencia que
anuló la segunda de las normas, esto es, desde el 28 de enero de 2012; instante a
partir del cual debía presentarse la reclamación correspondiente dentro de los 3 años
siguientes para evitar el fenómeno de la prescripción, lo cual ocurrió. Ello, comoquiera
que la petición se radicó el 5 de mayo de 2014 y el plazo para hacerlo fenecía el 28 de
enero de 2015.

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Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

148. En suma, se estima que no se configuró la prescripción del derecho al pago de
las diferencias reclamadas a título de la bonificación por compensación, que se
causaron a favor del señor Luis Andrés Madariaga Suárez, desde el 1 de septiembre
de 2011 hasta el 26 de enero de 2012.

3.6.3. De la reliquidación de las prestaciones sociales con la inclusión de la prima
especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992

149. La parte accionada alegó que contrario a lo señalado por el Tribunal, la prima
especial de servicios no constituye factor salarial para efectos de la liquidación de las
prestaciones sociales.

150. Ahora bien, conforme se expuso en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, se tiene que el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 estableció
la prima especial de servicios en un porcentaje «no inferior al 30% ni superior al 60%
del salario básico, sin carácter salarial». Asimismo, tal norma, en virtud de la
modificación introducida por la Ley 332 de 1996, de manera inequívoca indicó que la
prima hará «parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la
pensión de jubilación».

151. Por otro lado, la Sala no pierde de vista que la parte accionante en los alegatos
de conclusión hizo referencia a las sentencias del 4 de agosto de 201066 y del 27 de
junio de 201267, porque estimó que las conclusiones allí establecidas «avalaban» sus
pretensiones, al «rectificar» y reiterar el criterio relativo al carácter salarial de la prima
especial de servicios. En punto, la Sala resalta que, en esas oportunidades, se precisó
que el 30 % correspondiente a la prima especial de servicios que percibían los
funcionarios de la Fiscalía General de la Nación atendía a un sobresueldo, es decir, a
una suma adicional al salario que recibían mensualmente.

152. En la providencia del 4 de agosto de 2010, en particular, se indicó que en los
decretos salariales que fijaron el régimen salarial de los funcionarios de la Fiscalía
General de la Nación se estableció una asignación básica correspondiente al 70 % y
una prima especial del 30 % restante, que no fue tenido en cuenta para la liquidación
de las prestaciones sociales. Por esa razón, se precisó que, en la medida en que el
referido concepto era una suma que se debía pagar de forma adicional al salario, el
monto que se había cancelado como prima especial era el que tenía carácter salarial,
y que por esa razón había lugar a la reliquidación de prestaciones sociales.

153. En esa medida, en la mencionada providencia se corrigió una situación particular
que se presentó frente a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, que
durante el periodo comprendido de 1993 a 1997 y en el año 2000, recibieron el pago

66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010,

exp. 25000-23-25-000-2005-05159-01 (0230-08).
67
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 27 de junio de 2012
exp. 25000-23-25-000-2005-00827-02 (0477-2009).

31

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

de sus prestaciones sociales sobre el 70 % de su salario y no sobre el 100 % como
correspondía, toda vez que el 30 % restante fue cancelado a título de prima especial
sin carácter salarial.

154. En ese mismo contexto se dictó la otra providencia citada por la parte
demandante, de manera tal que las afirmaciones que realizan ellas no pueden
analizarse aisladamente; por ejemplo, desatendiendo el tenor literal de los artículos 14
de la Ley 4 de 1992 y 1 de Ley 332 de 1996, que limitaron el carácter salarial de la
prima especial para efectos pensionales.

155. En todo caso, se reitera que el criterio jurisprudencial vigente en la materia,
contenido en la sentencia del 2 de septiembre de 2019, rad. 41001-23-33-000-2016-
00041-02 (2204-18) CE-SUJ-016-S2-19, consiste en que «[l]a prima especial sólo
constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación».

156. Dicho de otro modo, el hecho de que se haya precisado en las referidas
providencias, que el monto de la prima especial incorrectamente se incluyó como parte
salario, aunque es una acreencia adicional a este sin carácter salarial, no puede
desprenderse que la referida prima tiene naturaleza salarial para todos los efectos,
como lo indicó la parte accionante.

157. Sobre el particular, resulta importante aclarar que lo definido en las sentencias
citadas por el demandante no guardan similitud con las pretensiones de la demanda
de la referencia, ni con lo estudiado por el Tribunal en primera instancia. Esto en la
medida en que en ellas, como quedó visto, se estudió la indebida interpretación del
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, en tanto los beneficiarios de la prima especial de
servicios en algunas entidades recibieron el pago de sus prestaciones sociales sobre
el 70 % de su salario y no sobre el 100 % como correspondía, comoquiera que el 30
% restante fue cancelado a título de prima especial sin carácter salarial; mientras que
el caso objeto de estudio versa sobre el carácter salarial o no de la prima especial.

158. Precisado lo anterior, se concluye que acceder a la reliquidación de las
prestaciones teniendo en cuenta el emolumento en mención no es posible, so pena de
desatender las normas y la jurisprudencia constitucional y contenciosa-administrativa
dictada en la materia. Por consiguiente, se revocará el inciso 2.° del numeral cuarto de
la sentencia de primera instancia.

159. A su vez, se aclara que los principios de progresividad y no regresividad no se
desconocerían en el presente asunto, en la medida en que a la prima especial nunca,
desde su creación, se le ha dado el carácter de factor salarial; por ende, no podría
considerarse que se desmejoran las condiciones laborales del demandante, con negar
la reliquidación de sus prestaciones incluyendo ese concepto.

32

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

3.6.4. Consideraciones adicionales

160. Al ser el derecho a la seguridad social irrenunciable68 e imprescriptible69, se
adicionará la sentencia para disponer que la entidad reliquide y pague los aportes
hechos al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en favor del señor Luis
Andrés Madariaga Suárez, desde el 11 de septiembre de 2011 hasta el 26 de enero
de 2012 por las diferencias dejadas de pagar por la bonificación por compensación.

161. También se adicionará la decisión apelada, en el sentido de aclarar que lo
reconocido con ocasión del proceso de la referencia, será procedente siempre y
cuando la suma a pagar por concepto de la reliquidación ordenada no se haya
cancelado por la entidad accionada previamente. Por lo que concierne a esta hacer la
verificación correspondiente. Asimismo, en cuanto a que lo reconocido por el Tribunal
no podrá exceder los topes fijados por el Gobierno nacional.

162. Por otra parte, se evidencia una renuncia al poder presentada por el abogado
Gustavo Adolfo Dávila Luna, quien dice fungir como apoderado de la entidad
demandada; no obstante, no se aceptará esta, toda vez que no se evidencia
documento alguno en el que la Procuraduría General de la Nación le haya conferido la
facultad de actuar en su representación en este trámite70.

163. Finalmente, se reconocerá personería a la abogada Sandra Patricia Duarte
Hernández, para actuar como apoderada de la Nación, Procuraduría General de la
Nación, en los términos del poder conferido que obra en el expediente71.

3.7. Conclusión de la decisión

164. Se confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia. Si bien se
considera que el accionante tiene derecho al pago de las diferencias adeudadas por
concepto de la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998, se modificará
el inciso 1.° del numeral cuarto de la parte resolutiva, para limitar el extremo final de
dicho reconocimiento al 26 de enero de 2012, debido a que con posterioridad recibió
dicha acreencia en el monto señalado en la anterior norma, ratificado por el Decreto
1102 de 2012.

68 Constitución Política, artículo 48. En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los principios

mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales».
69 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-

01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes
para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues
aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones
sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales».
70 Samai, índice 36, expediente digital, archivo

RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf).
71
Samai, índices 57 y 58, expediente digital, archivos 229_MemorialWeb_Poder-PoderesMagistrados(.pdf),
230_MemorialWeb_Poder-PoderesMagistrados(.pdf).

33

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

165. En consonancia con lo alegado por la entidad demandada, la Sala concluye que
la prima especial solo constituye factor a tener en cuenta para la liquidación de aportes
a pensión. Por esta razón, revocará el inciso 2.° del numeral cuarto de la parte
resolutiva del fallo apelado, en la medida en que no es posible ordenar la reliquidación
de las prestaciones sociales con inclusión del referido concepto, toda vez que, como
se indicó, solo constituye factor salarial para efectos pensionales.

166. Por último, la sentencia impugnada se adicionará en cuanto a ordenar a la
accionada a efectuar el pago de aportes a pensión a partir del 1 de septiembre de 2011
hasta el 26 de enero de 2012, a favor del accionante por las diferencias dejadas de
pagar por la bonificación por compensación. Asimismo, en lo relativo a aclarar que lo
reconocido será procedente siempre y cuando la suma a pagar por concepto de la
reliquidación ordenada no se haya cancelado por la entidad accionada previamente, y
que lo reconocido por el Tribunal no podrá exceder los topes fijados por el Gobierno
nacional.

3.8. Costas

167. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 72 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

168. Bajo el anterior razonamiento, también se considera necesario revocar la
condena en costas impuesta a la parte accionada en el numeral séptimo de la
sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
72 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

FALLA:

Primero: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, Sala de Conjueces, el 14 de febrero de 2019, adicionada a
través de providencia del 7 de febrero de 2024, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en este
proveído.

Segundo: Adicionar y modificar el numeral cuarto de la parte resolutiva de la anterior
sentencia, que quedará así:

Cuarto: En consecuencia, condénese a la Nación, Procuraduría General de la Nación a
reconocer y pagar desde el 1 de septiembre de 2011 al 26 de enero de 2012, en su
condición de procurador judicial II, código 3 PJ-EC, en la Procuraduría 88 Judicial II
Penal de Cúcuta, al señor Luis Andrés Madariaga Suárez las diferencias adeudadas por
concepto de la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998, teniendo en
cuenta el 80 % de los ingresos totales anuales de los magistrados de altas cortes, bajo
el entendido que a estos últimos se les deben incluir los ingresos laborales percibidos
por los miembros del Congreso, conforme lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 4 de
1992.

La Nación, Procuraduría General de la Nación debe reliquidar y pagar los aportes hechos
al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en favor del señor Luis Andrés
Madariaga Suárez desde el 1 de septiembre de 2011 hasta el 26 de enero de 2012, con
ocasión de las diferencias surgidas a causa del reajuste ordenado a título de bonificación
por compensación.

En ningún caso las sumas de dinero que se reconozcan podrán exceder el tope salarial
fijado por el Gobierno nacional.

Lo reconocido será procedente siempre y cuando la suma a pagar por concepto de la
reliquidación ordenada no se haya cancelado por la entidad accionada previamente.

Tercero: Revocar el numeral séptimo de la parte resolutiva de la sentencia impugnada,
por medio del cual se condenó en costas a la entidad accionada, de conformidad con
las razones expuestas en precedencia.

Cuarto: Sin condena en costas en las dos instancias.

Quinto: Reconocer personería a la abogada Sandra Patricia Duarte Hernández,
identificada con la cédula de ciudadanía 51.997.263, portadora de la tarjeta profesional
190.461 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderada de la
Nación, Procuraduría General de la Nación, en los términos del poder conferido que
obra a índices 57 y 58 de Samai.

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Radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado
54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-2020)
Demandante: Luis Andrés Madariaga Suárez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

Sexto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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