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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2010-02045-02

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2010-02045-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. MODIFICAR el ordinal «SEGUNDO» de la sentencia del dos (2) de mayo de dos mil veintidós (2022), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, el cual quedará así: SEGUNDO: Aplicar la prescripción desde el 1° de enero de 1999 hasta el 2 de diciembre de 2004, salvo los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, respecto de los cuales no opera la prescripción. SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal «CUARTO» de la sentencia del dos (2) de mayo de dos mil veintidós (2022), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, el cual quedará así: CUARTO: En consecuencia, de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL- RAMA JUDICIAL a reconocer y pagar la diferencia salarial entre los valores pagados con incidencia en la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998 y lo que en realidad corresponde, teniendo en cuenta que la liquidación de la citada prestación debe atender al 80% de lo percibido por los magistrados de Alta Corte que debe ser igual a lo que por todo concepto perciben los congresistas de la República, con inclusión del auxilio de cesantías, a partir del 3 de diciembre de 2004, por prescripción. Condénese a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a reliquidar y trasladar al fondo de pensiones correspondiente, los aportes al Sistema General de Seguridad Social en pensiones que resulten procedentes con ocasión de la reliquidación de la bonificación por compensación en los términos ordenados por todo el tiempo en que Jorge Edmundo Jaramillo Villarreal ha percibido la citada bonificación, sin aplicar el fenómeno de la prescripción sobre dichos aportes. El cumplimiento de la sentencia estará condicionado a no superar el tope establecido por el Gobierno nacional en el Decreto 610 de 1998, a que solo se reconocerá la diferencia entre lo pagado y lo que en realidad correspondía, 28 Número Interno: 3676-2022 Demandante: Jorge Edmundo Jaramillo Villareal […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-31-000-2010-02045-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 76001-23-31-000-2010-02045-02 (3676-2022)1
Demandante: Jorge Edmundo Jaramillo Villareal
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Bonificación por compensación – incidencia del
artículo 15 de la Ley 4ª de 1992.
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del dos (2) de mayo de dos mil veintidós (2022), proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2.

1.1. Pretensiones.

1. El señor Jorge Edmundo Jaramillo Villareal, por intermedio de apoderado

judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho y solicitó la nulidad de las Resoluciones Nos.
2690 del veintisiete (27) de mayo de dos mil diez (2010) y 3591 del nueve (9)
de agosto del mismo año, mediante las cuales, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, negó la reliquidación y pago de su remuneración

1
Expediente híbrido.
2
Folios 66 a 89.

2

Número Interno: 3676-2022
Demandante: Jorge Edmundo Jaramillo Villareal
Demandados: Nación – Rama Judicial

laboral y prestaciones sociales, conforme a la base real de los ingresos de los
magistrados de Altas Cortes y congresistas.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió: i) la liquidación y pago de la

remuneración de carácter laboral y prestaciones sociales a que tiene derecho,
como magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, incluyendo
todos los factores que el ordenamiento dispone para calcular la base de tal
liquidación, considerando los ingresos totales de los magistrados de Altas
Cortes y de los senadores de la República y representantes a la Cámara,
según lo previsto en la Ley 4ª de 1992, el Decreto 10 de 1993 y el Decreto
4040 de 2004; ii) que dicha liquidación se efectúe a partir del primero (1º) de
enero de dos mil cuatro (2004), teniendo en consideración que, de
conformidad con el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, los magistrados de las
Altas Cortes deben recibir una remuneración equivalente a la que, por todo
concepto, perciben los senadores de la República y los representantes a la
Cámara. Para determinar dicha equivalencia, deberá incluirse expresamente
el valor de las cesantías dentro de la remuneración de los miembros del
Congreso de la República y tener en cuenta los ingresos anuales y totales de
los magistrados de las Altas Cortes; iii) ajustar los valores resultantes de
conformidad con el Código Contencioso Administrativo y cancelar los intereses
legales previstos en dicha codificación; iv) disponer el pago de las sumas
adeudadas, con efectos retroactivos desde el primero (1º) de enero de mil
novecientos noventa y nueve (1999), así como, respecto de los pagos de la
remuneración que en adelante se efectúen; y v) los descuentos
correspondientes y su traslado a la Caja Nacional de Previsión o a la entidad
que haga sus veces, para efectos de la correcta liquidación de la pensión.

1.1.2 Hechos

3. El señor Jorge Edmundo Jaramillo Villareal señaló que, se encuentra
vinculado a la Rama Judicial desempeñando el cargo de magistrado del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, desde el primero (1º)
de octubre de dos mil uno (2001) y hasta la fecha de presentación de la

3

Número Interno: 3676-2022
Demandante: Jorge Edmundo Jaramillo Villareal
Demandados: Nación – Rama Judicial

demanda3.

4. Expuso que, el salario y las prestaciones que se le reconocieron no
corresponden a lo que la normatividad legal estipula, toda vez que, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, liquidó indebidamente la base salarial al
excluir de los ingresos de los congresistas y magistrados de Altas Cortes el
factor de las cesantías, reduciendo ilegalmente el porcentaje del setenta por
ciento (70%) de la remuneración que legalmente le correspondía percibir.

5. Señaló que, el tres (3) de febrero de dos mil diez (2010) y el veintinueve (29)

de julio siguiente, presentó ante la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, solicitudes encaminadas a la reliquidación y pago de las diferencias
causadas en su remuneración salarial y prestacional, teniendo como base para
ello, el ingreso total de los magistrados de Altas Cortes y congresistas,
observando que, para la liquidación deben incluirse las cesantías.

6. Indicó que, mediante las Resoluciones Nos. 2690 del veintisiete (27) de

mayo de dos mil diez (2010) y 3591 del nueve (9) de agosto del mismo año, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, negó las solicitudes de
reliquidación y pago de las diferencias salariales y prestacionales reclamadas.

1.3. Concepto de violación.

7. La parte actora invocó como normas desconocidas las siguientes:

7.1. Constitucionales: artículos 13, 25, 29, 53, 122 a 131 y 150,

numerales 11 y 19, literal e) de la Constitución Política.

7.2. Legales y reglamentarias: artículos 1º, 2º y 15 de la Ley 4ª de

1992; artículos 11, 19, 125, 127 y 128 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, Ley 270 de 1996; Decreto Ley 3135 de
1968; Decreto 1950 de 1973; Decreto 10 de 1993; Decreto 4040 de
2004; artículo 85 del Código Contencioso Administrativo y artículos

3
13 de diciembre de 2010.

4

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Demandante: Jorge Edmundo Jaramillo Villareal
Demandados: Nación – Rama Judicial

127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo.

8. Señaló que, con fundamento en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, el

Decreto 10 de 1993 y el Decreto 4040 de 2004, tenía derecho a percibir una
asignación salarial y prestacional equivalente al setenta por ciento (70%) de la
totalidad de los ingresos devengados por los magistrados de las Altas Cortes.
Explicó que, al estar equiparados por ley los ingresos de dichos magistrados
con los percibidos por los miembros del Congreso de la República, la base de
liquidación debía incorporar la totalidad de los factores permanentes de los
congresistas, incluidas sus cesantías, por lo que, su exclusión por parte de la
Administración generó una disminución ilegal e injustificada en sus
remuneraciones y prestaciones laborales.

9. Resaltó que, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial incurrió en

falsa motivación y vulneración del debido proceso, al negar la reliquidación
solicitada, escudándose en que los fallos del Consejo de Estado sobre la
materia solo producían efectos inter partes y sosteniendo de forma
incongruente que la prima especial carecía de carácter salarial para tales
efectos. Enfatizó que, no pretendía la ejecución de una sentencia ajena sino
la aplicación de la reiterada línea jurisprudencial de la jurisdicción contencioso
administrativo, la cual prohíbe a la entidad empleadora suprimir factores o
restar valores a la base de cálculo fijada en el ordenamiento legal y
reglamentario.

2. Contestación de la demanda.

10. La parte demandada4, por medio de apoderada judicial, se opuso a todas

las pretensiones de la demanda, al sostener que, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, liquidó y pagó oportunamente los salarios y
prestaciones de sus servidores con estricto apego al ordenamiento jurídico
superior. Asimismo, explicó que, la prima especial de servicios de los
magistrados de Altas Cortes, consagrada en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992
y reglamentada por el Decreto 10 de 1993, no tiene carácter salarial y fue

4
Folios 210 a 214.

5

Número Interno: 3676-2022
Demandante: Jorge Edmundo Jaramillo Villareal
Demandados: Nación – Rama Judicial

concebida únicamente respecto de los ingresos permanentes de los
congresistas, dentro de los cuales no se incluyen las cesantías por ser una
prestación social sujeta a un régimen legal independiente, de conformidad con
el artículo 16 de la citada ley; razón por la cual, resultaba improcedente
incorporar dicho factor al computar la base porcentual de la remuneración y de
la bonificación reclamada por el demandante.

11. Sostuvo que, las decisiones del Consejo de Estado que ordenaron incluir

las cesantías en favor de otros funcionarios solo producen efectos inter partes
a la luz del artículo 175 del Decreto 01 de 1984, por lo que, la Administración
carece de competencia para hacerlas extensivas a situaciones no debatidas
en dichos fallos. Enfatizó además que, la Dirección Seccional y Ejecutiva está
sometida al principio de legalidad y carece de facultades para inaplicar los
actos administrativos o ejercer la excepción de ilegalidad, prerrogativa
atribuida de manera exclusiva a los jueces dentro de los procesos judiciales.

12. Propuso las siguientes excepciones que denominó, «inexistencia para
demandar»; «prescripción de los derechos laborales»; y «la innominada».

3. La sentencia de primera instancia.

13. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida

el dos (2) de mayo de dos mil veintidós (2022)5, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, sin condena en costas, de la siguiente manera:

PRIMERO: Estese a lo resuelto en la sentencia de Unificación Jurisprudencial
proferida el dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciséis (2016), por la Sección
Segunda, Sala de Conjueces del Honorable Consejo de Estado, dentro del expediente
Nº 0845-15

SEGUNDO: Aplicar la prescripción desde el 1 de enero de 1999 hasta el 2 de
diciembre de 2004 y conceder la reliquidación de lo solicitado, desde el 03 de
diciembre de 2004, hasta la fecha en caso que se encuentre vinculado a la Rama
Judicial, de conformidad a lo resuelto en la sentencia de julio de dos mil dieciocho
(2018), Radicación número: 68001-23-31-000-2009-00797-02(2946-16) y a lo
solicitado por la parte actora.

TERCERO: DECLARESE la nulidad de oficios Nos. 2690 del 27 de mayo de 2010 y
3591 del 9 de agosto de 2010, por medio de los cuales el director ejecutivo de
administración judicial resolvió en forma desfavorable las antes por el demandante

5
Samai, Tribunal de origen, visualizar expediente; archivo « 8_8_SENTENCIA».

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Número Interno: 3676-2022
Demandante: Jorge Edmundo Jaramillo Villareal
Demandados: Nación – Rama Judicial

sobre el ajuste de su remuneración mensual, mediante las cuales se negó la solicitud
de reliquidación, al Dr. JORGE JARAMILLO VILLAREAL.

CUARTO: En consecuencia, de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
SE ORDENA a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL-
RAMA JUDICIAL a Reliquidar el salario del demandante en forma retroactiva
conforme a la parte motiva de la presente demanda, y de conformidad con lo previsto
en el DECRETO 610 DE 1998.

QUINTO: ORDENAR a la demandada a indexar las sumas de dinero re liquidadas,
mes a mes, conforme a lo resuelto en la SENTENCIA DE UNIFICACION que motiva
la presente sentencia, y, siguiendo lo dispuesto en el inciso final del artículo 187 del
C.P.A.C.A.

SEXTO: ORDENAR a la entidad demandada el cumplimiento a esta providencia con
observancia a lo dispuesto en el artículo 177 del C.C.A.

OCTAVO: NO CONDENAR en costas, conforme a la parte motiva de la presente
providencia.
(…) (sic)

14. Como sustento de su decisión, luego de valorar las pruebas allegadas al

proceso, la Sala encontró acreditado que, el señor Jorge Edmundo Jaramillo
Villareal, se desempeñaba como servidor de la Rama Judicial y que, mediante
los actos administrativos demandados, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, negó la solicitud de reliquidación de su remuneración,
con fundamento en el régimen salarial previsto en el Decreto 610 de 1998.
Asimismo, tuvo en cuenta que, el demandante presentó reclamación
administrativa el tres (3) de febrero de dos mil diez (2010), así como, la
sentencia de unificación proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de
Estado el dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciséis (2016) y el precedente
posterior sobre la exigibilidad de la bonificación por compensación tras la
nulidad del Decreto 4040 de 2004.

15. Sostuvo que, de conformidad con la sentencia de unificación y la nueva

posición jurisprudencial acogida en la providencia, al demandante le asistía el
derecho a la reliquidación de su remuneración conforme al régimen previsto
en el Decreto 610 de 1998. No obstante, precisó que, el reconocimiento de las
diferencias salariales se encontraba sometido al fenómeno de la prescripción,
por lo que, atendiendo a que la coexistencia del Decreto 610 de 1998 y el
Decreto 4040 de 2004, generó una situación de incertidumbre sobre el régimen
aplicable, solo resultaban exigibles las diferencias correspondientes a partir
del tres (3) de diciembre de dos mil cuatro (2004), fecha desde la cual el actor

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Demandante: Jorge Edmundo Jaramillo Villareal
Demandados: Nación – Rama Judicial

se hizo acreedor a la aplicación del Decreto 610 de 1998.

16. En ese sentido, concluyó que, debía aplicarse la prescripción respecto de

las acreencias causadas entre el primero (1º) de enero de mil novecientos
noventa y nueve (1999) y el dos (2) de diciembre de dos mil cuatro (2004), y
reconocerse la reliquidación de la remuneración del demandante a partir del
tres (3) de diciembre de dos mil cuatro (2004), de conformidad con lo previsto
en el Decreto 610 de 1998 y en los precedentes jurisprudenciales citados. En
consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y,
a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial reliquidar retroactivamente el salario del señor
Jaramillo Villareal, así como indexar las sumas resultantes mes a mes.

4. El recurso de apelación

17. La entidad demandada interpuso recurso de apelación, al considerar que,

en el presente asunto se configuró la excepción de cosa juzgada, con
fundamento en el proceso ejecutivo promovido por el demandante bajo el
radicado 76001-23-33-000-2019-00290-00, dentro del cual se presentó, con
corte al veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiuno (2021), una liquidación
por concepto de bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de
1998, correspondiente a los períodos comprendidos entre 2001 y 2004 y entre
enero de 2005 y enero de 2012, por un valor total de cuatrocientos ochenta y
dos millones cuatrocientos treinta y tres mil trescientos setenta y ocho pesos
($482.433.378), incluidos capital, indexación e intereses. En consecuencia,
sostuvo que, no era procedente efectuar un nuevo reconocimiento de tales
conceptos en el presente proceso y solicitó la revocatoria de la decisión y la
consecuente negativa de las pretensiones.

18. De otro lado, reprochó que la bonificación por compensación fuera
considerada factor salarial para la reliquidación de las prestaciones sociales,
pues, dicho concepto únicamente tiene efectos salariales para el cálculo y
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Asimismo, señaló
que, la sentencia no tuvo en cuenta los aportes que debía efectuar el

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Demandados: Nación – Rama Judicial

demandante al Sistema de Seguridad Social, por cuanto las sumas dinerarias
consideradas a cargo de la Nación – Rama Judicial por dicho concepto no
deben ser pagadas directamente al actor.

5. Trámite de segunda instancia

19. Con auto del cinco (5) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) 6, el

respectivo conjuez ponente, admitió el recurso de apelación contra la
sentencia del dos (2) de mayo de dos mil veintidós (2022), proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Posteriormente, a través de auto
del seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)7, corrió a traslado a las
partes para alegar de conclusión, de conformidad con el inciso 5 del artículo
212 del C.C.A.

20. A través de auto del veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco

(2025)8, la respectiva conjuez ponente, remitió el proceso al presente
despacho, habida cuenta del cambio en la integración de la Sala, conforme al
artículo 116 del CPACA.

21. Por lo anterior, a través de auto del doce (12) de marzo de dos mil veintiséis

(2026)9, el magistrado ponente avocó conocimiento de la presente
controversia.

22. El Ministerio Público, no emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

23. El sub examine fue presentado bajo la vigencia del Código Contencioso

Administrativo, se precisa que, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
• Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación

6
Samai, Tribunal de origen, índice 00059.
7
Folio 343.
8
Índice 00048 Samai
9
Índice 00055 Samai.

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interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 129 del CCA.

2.2 Problema jurídico

24. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

24.1 ¿Dentro del presente proceso, se configuró la cosa juzgada respecto

del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No
2012-00503-00, promovido por el señor Jorge Edmundo Jaramillo Villareal,
en contra de la parte demandada?

24.2 ¿La bonificación por compensación, tiene carácter salarial para
calcular prestaciones distintas a los aportes a pensión?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial – Bonificación por
compensación10

25. El veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998), en

uso de la facultad otorgada por la Ley 4 de 1992, el Gobierno nacional expidió
el Decreto 610 de 199811, a través del cual se creó la bonificación por
compensación a favor de los magistrados de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los
magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte
Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura; a los abogados
auxiliares del Consejo de Estado; a los fiscales y jefes de unidad ante el
Tribunal Nacional; a los fiscales del Tribunal Superior Militar, los fiscales ante
el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de
Distrito12.

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 4 de
junio de 2026, radicado 50001-23-33-000-2018-00061-02 (3509-2025), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
11
Publicado en el Diario Oficial No 43.268, de marzo 30 de 1998, momento a partir del cual empezó a regir.
12
Posteriormente, mediante el Decreto 1239 de 1998 fueron también beneficiarios de la citada bonificación los
secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al secretario
Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura

10

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Demandados: Nación – Rama Judicial

26. La norma estableció que, la citada bonificación se debía pagar de forma

permanente y mensualmente a partir del primero (1º) de enero de mil
novecientos noventa y nueve (1999), la cual, tendría carácter salarial solo para
efectos pensionales, en los mismos términos de la prima especial de servicios
de los magistrados de las Altas Cortes. Adicionalmente, se estableció que
aquella, sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos
laborales actuales, debía corresponder, para el año 1999, al sesenta por ciento
(60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte
Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura; sin embargo, se precisó
que el citado porcentaje tendría un incremento gradual, así para el año 2000
correspondería al setenta por ciento (70%), y para el año 2001 y sucesivos
sería del ochenta por ciento (80%).

27. El citado Decreto 610 de 1998, fue derogado por medio del Decreto 2668

de 1998, generando ello que anualmente se dictaran una serie de decretos
que regularon la bonificación por compensación de los magistrados de
tribunales y otros funcionarios, entre ellos, los decretos 664 del trece (13) de
abril de mil novecientos noventa y nueve (1999), derogado por el Decreto 2738
del veintisiete (27) de diciembre de dos mil (2000), derogado por el Decreto
1476 del diecinueve (19) de julio de dos mil uno (2001), este a su vez derogado
por el Decreto 2726 del diecisiete (17) de diciembre de dos mil uno (2001),
derogado por el Decreto 663 del diez (10) de abril de dos mil dos (2002),
derogado por el Decreto 3570 del once (11) de diciembre de dos mil tres
(2003), a su vez, derogado por el Decreto 4040 de 2004.

28. El Decreto 2668 de 1998, fue demandado en acción de nulidad ante el

Consejo de Estado, y declarado nulo mediante sentencia proferida por la Sala
de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado el veinticinco (25)
de septiembre de dos mil uno (2001), expediente Nº 395-99, con efectos ex
tunc. Ante ello, el Decreto 610 de 1998, recobró su vigencia y debe entenderse
que las normas posteriores al acto anulado perdieron su fuerza ejecutoria y
son inaplicables, entre ellas el Decreto 664 de 1999 y los que se expidieron
con posterioridad y que regularon la bonificación por compensación de los

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Demandados: Nación – Rama Judicial

magistrados de tribunales, partiendo de la base que el Decreto 610 de 1998
había desaparecido del orden jurídico.

29. Luego, el Gobierno nacional expidió el Decreto 4040 de 2004, que creó la

bonificación de gestión judicial, a favor de los mismos funcionarios que eran
beneficiarios de la bonificación por compensación; indicando que la
bonificación creada, sumada a la asignación básica y demás ingresos
laborales no podía superar el setenta por ciento (70%) de lo que por todo
concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes; precisando que,
aquella sería incompatible con la bonificación por compensación; además, se
adujo que los citados funcionarios podían cobijarse por la bonificación de
gestión judicial siempre y cuando cumplieran con alguna de las siguientes
situaciones:

«a). Quienes han iniciado acciones judiciales relacionadas con la
Bonificación por Compensación y desistan de sus pretensiones,
renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente
acciones, en los términos del artículo 342 del Código de Procedimiento
Civil;
b). Los que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos
de transacción para precaver litigios futuros relacionados con la
Bonificación por Compensación».

30. Quienes debían antes del treinta y uno (31) de diciembre de dos mil cuatro

(2004), por escrito manifestar dicha intención ante la entidad empleadora.

31. El Decreto 4040 de 2004, fue declarado nulo por el Consejo de Estado,

Sección Segunda, mediante sentencia expedida por la Sala de Conjueces el
catorce (14) de diciembre de dos mil once (2011), expediente No. 11001-03-
25-000-2005-00244-01, ejecutoriada el veintisiete (27) de enero de dos mil
doce (2012). En esa providencia la Sala de conjueces precisó que, para una
misma categoría de servidores judiciales, con idénticas funciones, horarios,
responsabilidades y requisitos, coexistían dos regímenes vigentes, el Decreto
610 de 1998 que fijaba la asignación mensual en el 80% de lo devengado por

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Demandados: Nación – Rama Judicial

los magistrados de altas cortes, mientras que el Decreto 4040 de 2004 la
establecía en el 70%, con lo cual se materializó un trato diferenciado
injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.

32. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 violó

los derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar
sobre derechos ciertos e indiscutibles.

33. Entonces, en virtud del Decreto 4040 de 2004, y durante el tiempo en que

estuvo aquel vigente, para esos funcionarios hubo una duplicidad de normas,
las cuales otorgaban el derecho al pago de una bonificación; ello generó
diversas acciones judiciales por parte de los beneficiarios de la citada
prestación; así como, dificultades a la hora de determinar la prescripción de
los derechos laborales que en virtud del Decreto 610 de 1998 surgían para sus
beneficiarios.

34. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado en

sentencia del dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciséis (2016) 13 concluyó
que, ante la coexistencia de dos regímenes salariales diferentes no era posible
dar plena aplicación a las disposiciones del Decreto 3135 de 1968 en materia
de prescripción; precisando que la exigibilidad del derecho otorgado por el
Decreto 610 de 1998 surgió a partir de la sentencia que declaró la nulidad del
Decreto 4040 de 2004, es decir, a partir del veintiocho (28) de enero de dos
mil doce (2012) -día siguiente a la ejecutoria del referido fallo-.

35. Luego, esta Corporación, también a través de decisión proferida por la Sala

de Conjueces, esta vez de fecha dos(02) de septiembre de dos mil diecinueve
(2019), precisó otra regla de prescripción, esta vez para los casos de las
reclamaciones de la bonificación por compensación; dicha providencia, fue
aclarada mediante auto del siete (07) de octubre de dos mil diecinueve (2019),
en el cual se indicó que, la prescripción de las acreencias derivadas de dicha
bonificación opera respecto del período comprendido entre el cinco (5) de
octubre de dos mil uno (2001) —fecha en la cual cobró ejecutoria la sentencia

13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, expediente
250002325000201000246-02, C.P. Jorge Iván Acuña Arrieta.

13

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que declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998— y el dos (2) de diciembre
de dos mil cuatro (2004), lapso durante el cual no existió dualidad normativa.

36. En consecuencia, para las acreencias causadas en ese período resulta

aplicable la prescripción trienal prevista en los artículos 41 del Decreto 3135
de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, salvo que el interesado demuestre
que antes del tres (3) de diciembre de dos mil cuatro (2004) interrumpió
oportunamente el término prescriptivo mediante reclamación administrativa o
judicial, caso en el cual la prescripción se retrotrae a la fecha de dicha
interrupción.

37. Finalmente, tras la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el

Gobierno nacional expidió el Decreto 1102 de 201214, retomó el derrotero de
la bonificación por compensación en los términos señalados en su artículo 1°15.

2.3.1 La incidencia de la prima especial de servicios en la bonificación
por compensación.

38. La Ley 4ª de 1992 estableció una prima especial de servicios a favor de los

servidores de la Rama Judicial, la Justicia Penal Militar, la Fiscalía General de
la Nación y los agentes del Ministerio Público. En cuanto a esta prestación,
dispuso:

Artículo 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al
60% del salario básico, sin carácter salarial16 para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,

14
«Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los magistrados de tribunal y otros funcionarios».
15
ARTÍCULO 1°. A partir del 27 de enero de 2012, la Bonificación por Compensación que vienen percibiendo con
carácter permanente los Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del
Tribunal Superior Militar, Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del
Consejo de Estado, Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de
Justicia, Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los
funcionarios vinculados a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera permanente
como agentes del Ministerio Público ante los Magistrados del Tribunal, antes señalados, equivaldrá a un valor que
sumado a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Consejo de Estado, Corte
Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.
La Bonificación por Compensación, pagadera mensualmente, sólo constituye factor salarial para efecto del ingreso
base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los
mismos términos de la Ley 797 de 2003.
16
La constitucionalidad del aparte destacado fue examinada por la Corte Constitucional, que, mediante Sentencia C-
279 del 24 de junio de 1996, con ponencia del magistrado ponente Hugo Palacios Mejía, lo declaró exequible. Más
adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que la prima especial de servicios contemplada para los funcionarios
comprendidos en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 tendría naturaleza salarial, para efectos de la liquidación de la
pensión de jubilación.

14

Número Interno: 3676-2022
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Demandados: Nación – Rama Judicial

incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la
Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Parágrafo. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios
y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo
criterios de equidad.

Artículo 15. Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema
de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de la
Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor
del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil tendrán una prima especial de
servicios, sin carácter salarial17, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los
percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los
supere. El Gobierno podrá fijar la misma prima para los Ministros del Despacho, los
Generales y Almirantes de la Fuerza Pública.

39. En cumplimiento de lo dispuesto en la citada ley, el Gobierno Nacional

expidió el Decreto 10 de 1993, mediante el cual se reglamentó la prima
especial de servicios:

Artículo 1º.- La prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4a. de
1992, será igual a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos por
los miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que tienen derecho a
ella.

Artículo 2º.- Para establecer la prima especial de servicios prevista en el presente Decreto,
se entiende que los ingresos laborales totales anuales percibidos por los Miembros del
Congreso son los de carácter permanente, incluyendo la prima de Navidad.

40. Al respecto, esta Sala ha precisado que, con la creación de esta prima

especial se buscó equiparar los derechos percibidos por los servidores
señalados en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992 a lo que por todo
concepto devengaran los congresistas18.

17
Aparte tachado [sin carácter salarial] declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-
681 del 6 de agosto de 2003, conjuez ponente Ligia Galvis Ortiz. Lo anterior por cuanto la Ley 332 de 1996 que le
otorgó carácter salarial a la prima especial de servicios para los servidores señalados en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992 y otros más, sin tener en cuenta a los previstos en el artículo 15, para quienes se conservó el carácter no
salarial de dicha prima, lo que produjo una inconstitucionalidad sobreviniente. Además, en el fallo se estableció lo
siguiente:
«La presente decisión produce efectos en las cotizaciones y liquidación de las pensiones de jubilación de los
Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del
Consejo de Estado, del Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, el Registrador Nacional del
Estado Civil y el Defensor del Pueblo, servidores contemplados en el artículo 15 de la ley 4a de 1992.
3. La prima especial de servicios constituirá factor de salario solo para la cotización y liquidación de la pensión de
jubilación de acuerdo con las normas nacionales vigentes que regulan el régimen prestacional de los funcionarios
señalados».
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 12 de
febrero de 2026, radicación: 68001-23-31-000-2010-00348-02 (4142-2016), C.P Juan Enrique Bedoya Escobar.

15

Número Interno: 3676-2022
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41. Asimismo, se ha dado por sentado, en procesos en los que se discute el

derecho a la bonificación por compensación, que la prima especial de
servicios, tiene incidencia en la determinación de la bonificación por
compensación, en tanto, el Decreto 610 de 1998 dispuso que, sumada a la
prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales, debía
igualar, en los porcentajes del 60%, 70% y 80%, respectivamente, los ingresos
laborales que por todo concepto percibían los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo
Superior de la Judicatura19.

42. Con fundamento en lo antes expuesto, procede la Sala a decidir el presente

caso.

2.4. Hechos probados.

43. Solicitud radicada el tres (3) de febrero de dos mil diez (2010)20, mediante

la cual, el demandante pidió el reajuste de lo que por todo concepto devengan
los magistrados de Altas Cortes, y señaló que, para la liquidación de la prima
especial de estos, deben incluirse las cesantías de los congresistas.

44. Resolución No. 2690 del veintisiete (27) de mayo de dos mil diez (2010)21,

por medio de la cual, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó la
solicitud presentada el tres (3) de febrero de dos mil diez (2010).

45. Escrito del veintinueve (29) de julio de dos mil diez (2010), radicado el tres

(3) de agosto de dos mil diez (2010)22, a través del cual, el actor solicitó a la
entidad demandada, el reajuste de su remuneración, en los mismos términos
planteados en la petición del tres (3) de febrero de dos mil diez (2010) 23.

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 12 de
marzo de 2026, radicación 66001233300020180022402 (6401-2024), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
20
Folio 23, según los antecedentes de la Resolución No. 2690 del 27 de mayo de 2010, por medio de la cual la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial resuelve el derecho de petición.
21
Folios 23 a 27.
22
Folio 16, según los antecedentes de la Resolución No. 3591 del 9 de agosto de 2010, por medio de la cual la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial resuelve el derecho de petición.
23
Folio 16, según los antecedentes de la Resolución No. 3591 del 9 de agosto de 2010, por medio de la cual la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial resuelve el derecho de petición.

16

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46. Resolución No. 3591 del nueve (9) de agosto de dos mil diez (2010)24, por

medio de la cual, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó la
petición presentada el tres (3) de agosto de dos mil diez (2010).

47. Certificación expedida el dieciocho (18) de agosto de dos mil diez (2010)25,

por la coordinadora de Recurso Humano de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cali, en la que consta el tiempo de servicios del
demandante a la Rama Judicial en el cargo de magistrado de la Sala Civil del
Tribunal Superior de Cali desde el primero (1°) de octubre de dos mil uno
(2001) hasta el treinta y uno (31) de julio de dos mil diez (2010).

48. Liquidación de las remuneraciones de los congresistas, magistrados de

Altas Cortes y Tribunales de los años 2004 a 201026.

49. El cuatro (4) de octubre de dos mil diez (2010), el demandante presentó

solicitud de conciliación extrajudicial, la cual, fue declarada fallida el veintitrés
(23) de noviembre del mismo año, por parte de la Procuraduría 166 Judicial II
para asuntos administrativos, quien expidió la constancia de agotamiento del
requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo27.

2.5. Caso concreto.

50. Para resolver el caso concreto, la Sala considera que, deben efectuarse las

siguientes precisiones, a efectos de la cabal comprensión de la controversia
que se suscita en el presente asunto.

51. En el sub lite, el demandante pidió la liquidación y pago de la remuneración

de carácter laboral y prestaciones sociales como magistrado del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali, con inclusión de todos los factores que,
el ordenamiento dispone para calcular la base de tal liquidación, considerando

24
Folios 16 a 19.
25
Folios 30 a 39.
26
Folios 40 a 55.
27
Folios 58 a 59.

17

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los ingresos totales de los magistrados de Altas Cortes y de los senadores de
la República y representantes a la Cámara, según lo previsto en la Ley 4ª de
1992, el Decreto 10 de 1993 y el Decreto 4040 de 2004. Asimismo, que dicha
liquidación se efectúe a partir del primero (1º) de enero de dos mil cuatro
(2004), en aplicación de la equivalencia remuneratoria prevista en el artículo
15 de la Ley 4ª de 1992, incluyendo las cesantías y los ingresos anuales y
totales de los magistrados de las Altas Cortes.

52. El Tribunal de primera instancia, accedió parcialmente a las pretensiones

de la demanda, decretando la nulidad de los actos acusados, y ordenando
reliquidar retroactivamente el salario del señor Jaramillo Villareal, de
conformidad con lo previsto en el Decreto 610 de 1998, a partir del tres (3) de
diciembre de dos mil cuatro (2004), por prescripción.

53. Por su parte, en el proceso con radicado No. 2012-00503-00, el Tribunal

mediante sentencia del diecisiete (17) de abril de dos mil diecisiete (2017),
ordenó reconocer y pagar al demandante las diferencias existentes en su
remuneración, en los términos establecidos en el Decreto 610 de 1998, es
decir, le reconoció al actor el derecho a percibir una diferencia del 80%.

54. En ese sentido, a diferencia del proceso con radicado No. 2012-00503-00,

en el presente asunto no se discute la diferencia del 10%, sino la incidencia
que tiene el salario de los congresistas sobre el salario devengado por el señor
Jorge Edmundo Jaramillo Villarreal, en calidad de magistrado de la Sala Civil
del Tribunal Superior de Cali.

55. Bajo este presupuesto, la Sala precisa que, si bien la demanda se
circunscribió inicialmente a la incidencia salarial derivada del Decreto 4040 de
2004, actualmente existe una decisión judicial que reconoció al actor, la
diferencia prevista en el Decreto 610 de 1998, por concepto de bonificación
por compensación.

56. En consecuencia, aunque en principio el análisis recaía sobre la incidencia

prevista en el Decreto 4040 de 2004, ante el reconocimiento judicial

18

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previamente expuesto, considera la Sala que, el análisis en el sub judice
corresponde establecer, si el demandante tiene derecho a la incidencia que
tienen los ingresos laborales totales anuales recibidos por los miembros del
Congreso y los que devenga el señor Jorge Edmundo Jaramillo Villarreal, en
calidad de magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali.

57. En primer término, la Sala analizará el reparo formulado por la entidad

demandada, consistente en que se configuró la cosa juzgada, con fundamento
en el proceso ejecutivo promovido por el demandante, bajo el radicado No.
76001-23-33-000-2019-00290-00, dentro del cual se presentó, con corte al
veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiuno (2021), una liquidación por
concepto de bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998.
Para efectos de determinar el alcance de la cosa juzgada alegada, la Sala
examinará la sentencia que sirve de fundamento al título ejecutivo, proferida
dentro del proceso con radicado No. 2012-00503-00, toda vez que, es en dicha
providencia donde se encuentran definidas las pretensiones, el objeto de la
controversia y el alcance del derecho reconocido al demandante, elementos
necesarios para establecer si existe identidad de objeto y de causa con el
asunto que ahora se decide.

58. En ese sentido, el artículo 303 de la Ley 1564 de 2012, consagra la cosa

juzgada, siempre que se configure identidad de partes, identidad de objeto e
identidad de causa.

59. En cuanto a la finalidad de la figura de la cosa juzgada, la Sala Plena de la

Corporación, señaló que, la misma tiene por objeto «impedir que entre las mismas
partes se promueva un proceso con base en los mismos hechos y con idénticas pretensiones
de otro proceso que ya ha sido decidido de fondo, con la finalidad de que dicha providencia
lleve inmerso un carácter inmutable o definitivo que garantice la seguridad jurídica e impida
que la controversia se perpetúe»28.

60. Ahora bien, para efectos de establecer si en el presente asunto se configura

el fenómeno de la cosa juzgada, se realizará un cuadro comparativo entre los dos

28
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 13 de febrero de 2024. Exp. 11001-03-
15-000-2022-06769-01. M.P. Milton Chaves García.

19

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Demandados: Nación – Rama Judicial

procesos:

Proceso rad No. 76001-23-31-000-2010- Proceso rad No. 2012-00503-00
02045-02 (3676-2022)
Proceso objeto de decisión

Sujetos procesales

Demandante: Jorge Edmundo Jaramillo Demandante: Jorge Edmundo Jaramillo
Villareal Villareal

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Demandado: Nación, Rama Judicial, DEAJ
Superior de la Judicatura, DEAJ

Actos administrativos demandados

Resoluciones No. 2690 del veintisiete (27) de Resoluciones No. 2584 del veintitrés (23) de
mayo de dos mil diez (2010) y 3591 del nueve septiembre de dos mil once (2011) y 3245 del
(9) de agosto del mismo año. veinticinco (25) de junio de dos mil doce
(2012).
Pretensiones

«PRIMERA: Que sean declaradas nulas, en «PRIMERA: Que se Declare la Inaplicación
todas sus partes, las resoluciones Nos. 2690 por Inconstitucional e ilegal del Decreto
del 27 de mayo de 2010, 3591 del 9 de mayo 4040 del 3 de Diciembre de 2004, mediante
de 2010, en consecuencia que se ordene a el cual el Gobierno Nacional creó una
la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE bonificación por Gestión Judicial, para
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL- RAMA Magistrados de Tribunales entre otros
JUDICIAL la liquidación y pago de la funcionarios, entre ellos el ocupado por mi
remuneración de carácter laboral del mandante el Dr. JORGE EDMUNDO
demandante, con todas las prestaciones JARAMILLO VILLAREAL, mayor de edad
sociales de ley, a que tiene derecho como y vecino de Cali, identificado con la C. C.
magistrado del Tribunal Superior Del Distrito Nro. 10.530.232 de Popayán (C.),
Judicial de Cali, incluyendo todos los factores Magistrado de la Sala Civil del Tribunal
que el ordenamiento dispone para calcular la Superior del Distrito Judicial de Cali, con
base de tal liquidación, considerando los domicilio procesal ubicado en la Cra. 4a.
ingresos totales de los magistrados de altas No. 12-04 Palacio Nacional, Of. 406,
cortes y de los senadores de la República y Telf.8890692, bonificación cuyo monto es
Representantes a la Cámara, y según lo inferior al que legalmente le corresponde
previsto en la ley 4 de 1922, el Decreto 10 de según lo consagrado en el Decreto 610 de
1993 y el decreto 4040 de 2004. 1998.

SEGUNDA: Que tal liquidación se disponga SEGUNDA: Que se declare la Nulidad de
desde el 1° de enero de 2004, fecha en que las resoluciones No. 2584 del 23 de
entro a producir sus efectos el decreto 4040 Septiembre de 2011 de la Dirección
de 2004, que estableció para los magistrados Seccional Ejecutiva de Administración
de los tribunales superiores de distrito Judicial de Cali-Valle del Cauca - y la 3245
judicial, los Tribunales Contencioso del 25 de Junio de 2012 de la Dirección
Administrativo y otros funcionarios de igual Ejecutiva de Administración Judicial
categoría, una remuneración equivalente al Nacional en virtud de las cuales se resolvió
70% del ingreso anual y total que devenguen negar en primera y segunda instancia
los magistrados de altas cortes. respectivamente la petición del Derecho del
Dr. JORGE EDMUNDO JARAMILLO
Que en la liquidación se tenga en cuenta que VILLAREAL, como Magistrado de la Sala
los magistrados de altas cortes de Civil del Tribunal Superior del Distrito
conformidad con la Ley 4ª de 1992 (Art. 15) Judicial de Cali, al reconocimiento y pago

20

Número Interno: 3676-2022
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reciben la misma remuneración o ingreso salarial y prestacional total equivalente al
laboral que por todo concepto tienen los 80% del total de lo devengado por los
senadores de la República y los Magistrados de las Altas Cortes (Corte
Representantes a la Cámara. Constitucional, Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado, y Consejo Superior de
TERCERA: Que para la anterior liquidación la Judicatura) ordenando efectuar la
se incluya expresamente en la remuneración correcta liquidación de la remuneración
de los miembros del congreso de la laboral que impone legalmente la Ley 10 de
República el valor de las cesantías, 1987, la 63 de 1988 y el Decreto 610 de
asimismo hace parte del cómputo los 1998 en concordancia con la Ley 4a. de
ingresos anuales y totales de los 1992, a que tiene derecho, en la que habrán
magistrados de la Corte Constitucional, de tenerse en cuenta los ingresos totales
Corte Suprema de Justicia, Consejo de de los Magistrados de las Altas Cortes que
Estado y Consejo Superior de la Judicatura. son los mismos de los congresistas de la
República de Colombia al tenor de las
CUARTO: Que los valores resultantes de la citadas normas.
liquidación referida se ajusten según los
términos del Código Contencioso TERCERA: Como consecuencia de las
Administrativo y se cancelen los intereses anteriores declaraciones, a título de
previstos en esta codificación. Restablecimiento del Derecho al Dr.
JORGE EDMUNDO JARAMILLO
QUINTO: Que al disponer la cancelación de VILLAREAL, SE CONDENE a LA NACIÓN,
las sumas debidas, con los efectos RAMA JUDICIAL —CONSEJO SUPERIOR
retroactivos previsto en la ley, desde el 1° de DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN
enero de 1999, y en los pagos de la EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
remuneración que en adelante se realice en JUDICIAL, a través de su Representante
cumplimiento de la ley y lo decretado en la Legal el Director Ejecutivo de
sentencia respectiva, se ordene los Administración Judicial Nacional, Dr.
descuentos y traslados a la caja Nacional de CARLOS ENRIQUE MASMELA
Previsión o a la entidad que haga sus veces GONZALEZ o quien ejerza sus funciones,
para los efectos de la correcta liquidación de ordenándole efectuar el Ajuste,
la pensión». (sic) Reliquidación y pago de todas las
diferencias Salariales y prestacionales
adeudadas al Demandante Dr. JORGE
EDMUNDO JARAMILLO VILLAREAL,
efectuando conforme lo establece el
Decreto 610 de 1998, desde el 1 de
Octubre de 2001 hasta el 26 de Enero de
2012, la respectiva liquidación e incluyendo
en ella todos los factores que el
ordenamiento legal dispone para calcular la
citada liquidación, considerando todos los
ingresos totales de los magistrados de las
Altas Cortes y el de los Senadores de la
República y Representantes a la Cámara
de Representantes conforme lo estipula la
Ley 4 de 1992, el Decreto 10 de 1993 y lo
establecido en el Decreto 610 de 1998 -
Salarios, Vacaciones, todas las primas,
incluida la especial de que trata la Ley 4 de
1992 en su artículo 15, cesantías,
bonificaciones de ley, etc.-, con sus
respectivas indexaciones e intereses
conforme lo prevé el Art. 178 del C. C. A. y
176, 177 y concordantes del C. C. A.,
exceptuando de las pretensiones todos los
valores que le hubieren sido cancelados
por los señalados conceptos en algún
periodo

CUARTA.- Que al disponer la liquidación,

21

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ajuste y pago de las sumas debidas al
Demandante JORGE EDMUNDO
JARAMILLO VILLAREAL, desde el desde
el 1 de Octubre de 2001, se ordenen los
descuentos y traslados al Fondo de
Pensiones PORVENIR- o a la entidad que
haga sus veces para efectos de los
correctos aportes con fines a la exacta
liquidación a futuro de la respectiva
Pensión de Jubilación a que tenga derecho
el Dr. JORGE EDMUNDO JARAMILLO
VILLAREAL.

QUINTA.- Se condene a LA NACIÓN,
RAMA JUDICIAL — CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA-
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, al Pago de
las Costas correspondientes». (sic)

Fallos de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Valle del La Sala de Conjueces del Tribunal
Cauca, resolvió, en sentencia de 2 de mayo Administrativo del Valle del Cauca, resolvió,
de 2022, lo siguiente: en sentencia de 17 de abril de 2017, lo
siguiente:
«l PRIMERO: Estese a lo resuelto en la
sentencia de Unificación Jurisprudencial «1°) DECLARAR no probadas las
proferida el dieciocho (18) de mayo de dos excepciones
mil dieciséis (2016), por la Sección Segunda, formuladas.
Sala de Conjueces del Honorable Consejo 2°) DECLARAR Parcialmente probada la
de Estado, dentro del expediente Nº 0845-15 Prescripción en lo referente al periodo
comprendido entre el 1 de octubre de 2001
SEGUNDO: Aplicar la prescripción desde el y el 3 de diciembre de 2004.
1 de enero de 1999 hasta el 2 de diciembre 3°) DECLARAR la Nulidad de los Actos
de 2004 y conceder la reliquidación de lo Administrativos demandados, resolución No
solicitado, desde el 03 de diciembre de 2004, 2584 y 3245 de 2012, en lo referente a la
hasta la fecha en caso que se encuentre negativa de reconocer y pagar la
vinculado a la Rama Judicial, de conformidad remuneración y demás emolumentos
a lo resuelto en la sentencia de julio de dos laborales en los términos del decreto 610 de
mil dieciocho (2018), Radicación número: 1998.
68001-23-31-000-2009-00797-02(2946-16) 4°) Como consecuencia de las anteriores
y a lo solicitado por la parte declaraciones, y a título de
actora. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:
ORDENAR que la entidad demandada.-
TERCERO: DECLARESE la nulidad de Reconozca y pague la diferencias existente
oficios Nos. 2690 del 27 de mayo de 2010 y en la remuneración por el periodo
3591 del 9 de agosto de 2010, por medio de comprendido en cada uno de los meses
los cuales el director ejecutivo de desde el 4 de diciembre de 2004 y el 26 de
administración judicial resolvió en forma enero de 2012, en los termino y porcentajes
desfavorable las peticiones presentantes por fijado en el decreto 610 de 1998,
el demandante sobre el ajuste de su debidamente indexados.
remuneración mensual, mediante las cuales 5°).- Ejecutoriado el presente fallo, por la
se negó la solicitud de reliquidación, al Dr. Secretaría y a costa de la parte Actora,
JORGE JARAMILLO VILLAREAL. expídase COPIA AUTENTICADA de esta
Sentencia, haciendo constar de ser
CUARTO: En consecuencia, de lo anterior, a PRIMERA COPIA QUE PRESTA MERITO
título de restablecimiento del derecho, SE EJECUTIVO, y constancia de su Ejecutoria.
ORDENA a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 6°) CONDENAR EN COSTAS, las que se

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ADMINISTRACIÓN JUDICIAL- RAMA liquidaran por secretaría siguiendo el
JUDICIAL a Reliquidar el salario del precedente del consejo de estado». (sic)
demandante en forma retroactiva conforme a
la parte motiva de la presente demanda, y de
conformidad con lo previsto en el DECRETO
610 DE 1998.

QUINTO: ORDENAR a la demandada a
indexar las sumas de dinero reliquidadas,
mes a mes, conforme a lo resuelto en la
SENTENCIA DE UNIFICACION que motiva
la presente sentencia, y, siguiendo lo
dispuesto en el inciso final del artículo 187
del C.P.A.C.A.

SEXTO: ORDENAR a la entidad demandada
el cumplimiento a esta providencia con
observancia a lo dispuesto en el artículo 177
del C.C.A.

OCTAVO: NO CONDENAR en costas,
conforme a la parte motiva de la presente
providencia.

NOVENO: En firme esta decisión, hágase
entrega a la parte demandante de los
remanentes por gastos del proceso». (sic)

61. Identidad de partes: en ambos procesos interviene como demandante el

señor Jorge Edmundo Jaramillo Villareal y como demandada, la Nación, Rama
Judicial, DEAJ, por lo cual, se cumple con el requisito de identidad.

62. Identidad de causa: En el primer proceso, objeto de decisión, se solicitó la

liquidación y pago de la remuneración y prestaciones sociales de ley, a que
tiene derecho como magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali, desde el primero (1º) de enero de dos mil cuatro (2004), incluyendo todos
los factores que el ordenamiento dispone para calcular la base de tal
liquidación, considerando los ingresos totales de los magistrados de las Altas
Cortes y de los congresistas, e incluyendo expresamente las cesantías, de
conformidad con la Ley 4ª de 1992, el Decreto 10 de 1993 y el Decreto 4040 de
2004.

63. En el proceso con radicado No. 2012-00503-00, se solicitó la inaplicación

del Decreto 4040 de 2004, el ajuste, reliquidación y pago de todas las
diferencias salariales y prestacionales adeudadas, desde el primero (1º) de
octubre de dos mil uno (2001) hasta el veintiséis (26) de enero de dos mil doce

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(2012), conforme al Decreto 610 de 1998, buscando una remuneración salarial
y prestacional equivalente al 80 % de lo devengado por los magistrados de las
Altas Cortes, considerando los ingresos totales de estos y de los congresistas
e incluyendo todos los factores previstos para la liquidación, entre ellos salarios,
vacaciones, todas las primas, incluida la prima especial del artículo 15 de la Ley
4ª de 1992, cesantías y bonificaciones de ley, con las respectivas indexaciones
e intereses, exceptuando los valores ya cancelados; asimismo, se solicitaron
los correspondientes descuentos y traslados al fondo de pensiones y la
condena en costas.

64. Ahora bien, para establecer el alcance de la cosa juzgada alegada, resulta

pertinente precisar el litigio que fue objeto de decisión en el proceso con
radicado No. 2012-00503-00. En dicho asunto, se discutió el derecho del
demandante al reconocimiento de la bonificación por compensación conforme
al Decreto 610 de 1998 y al pago de las diferencias de remuneración derivadas
de su aplicación. Mediante sentencia del diecisiete (17) de abril de dos mil
diecisiete (2017), el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca concluyó que,
el demandante tenía derecho a dicha bonificación y ordenó reconocer y pagar
las diferencias existentes en su remuneración, correspondientes al período no
prescrito, en los términos establecidos en el citado decreto. En ese sentido, la
sentencia no resolvió de manera específica la cuestión que se plantea en el
presente proceso, esto es, la incidencia de la prima especial de servicios en la
determinación de la cuantía de dicha bonificación.

65. En ese sentido, no se configura la identidad de causa, pues, en el proceso

con radicado No. 2012-00503-00 la controversia estuvo encaminada a
determinar el derecho del demandante al reconocimiento y pago de las
diferencias derivadas de dicha bonificación, en los términos del Decreto 610 de
1998, mientras que, en el presente asunto, la controversia se contrae a
establecer la incidencia de la prima especial de servicios en la determinación
de la cuantía de la bonificación por compensación.

66. Identidad de objeto: Si bien es cierto que, entre el proceso objeto de

estudio y el que fue objeto de litigio en el expediente con radicado No. 2012-

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00503-00, existe identidad de partes y que en este último se solicitó el
reconocimiento y pago de las diferencias derivadas de la bonificación por
compensación, haciendo referencia, entre otros factores, a la prima especial de
servicios, lo cierto es que la sentencia proferida en dicho asunto no resolvió
específicamente la incidencia de dicha prima en la determinación de la cuantía
de la bonificación por compensación, cuestión que constituye el objeto de la
controversia en el presente proceso. Por tanto, no se configura la identidad de
objeto exigida para predicar la existencia de cosa juzgada.

67. En ese sentido, al no acreditarse la identidad de objeto ni de causa petendi

entre ambos procesos, la Sala concluye que, no se reúnen los presupuestos
necesarios para declarar la existencia de la cosa juzgada. En consecuencia, el
reparo de apelación no está llamado a prosperar y la Sala procederá al estudio
de fondo de dicha cuestión.

68. Aclarado lo anterior, la Sala analizará el reparo del recurso de alzada,

referente a que la bonificación por compensación no tiene efectos para
reliquidar prestaciones distintas a los aportes al sistema de seguridad social
en pensiones. En ese sentido, el Decreto 610 de 1998, dispuso que, la
bonificación por compensación solo era factor salarial para efectos de
determinar la pensión, limitación cuyo alcance ha sido objeto de distintos
pronunciamientos por parte de esta Corporación29.

69. Ahora bien, debe precisar la Sala que, el A-quo ordenó «Reliquidar el salario
del demandante en forma retroactiva conforme a la parte motiva de la presente demanda, y
de conformidad con lo previsto en el DECRETO 610 DE 1998». Sin embargo, la Sala

advierte que, de conformidad con los decretos expedidos anualmente por el
Gobierno nacional, la remuneración de los magistrados de tribunal está
integrada por la asignación básica y los gastos de representación, cuya
cuantía se establece para cada vigencia. En consecuencia, estos conceptos
no pueden ser modificados con fundamento en lo dispuesto en el Decreto 610
de 1998.

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 13 de
agosto de 2026, radicado 25000-23-42-000-2013-01792-02 (0365-2020), C.P Juan Enrique Bedoya Escobar.

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70. Por su parte, la prima especial de servicios, que, junto a la asignación

básica, más los gastos de representación, devengan los magistrados de
Tribunal, aunque no constituye salario, se entiende que la sentencia de
primera instancia le dio un sentido amplio a la norma, al referirse de manera
general a la reliquidación del salario. Sin embargo, debe precisarse que, este
emolumento se encuentra regulado para los magistrados de tribunal,
específicamente en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y está fijado en el 30%
de la asignación básica, por lo que, su cuantía no depende de lo devengado
por los congresistas y, en consecuencia, tampoco habría lugar a ordenar su
reliquidación.

71. Sin embargo, la equiparación del 80% está establecida específicamente

respecto de la bonificación por compensación, y es en este punto, donde
adquiere incidencia lo devengado por los congresistas, en la medida en que,
constituye el referente para determinar la remuneración de los magistrados de
las Altas Cortes y, con base en esta, establecer el 80% que sirve para liquidar
la bonificación por compensación.

72. En consecuencia, se modificará la orden impartida en primera instancia,

para precisar que, el pago a que haya lugar corresponde a las diferencias
causadas entre lo devengado por el demandante y lo que le correspondía por
concepto de bonificación por compensación, teniendo como referente la
remuneración que por todo concepto perciben los magistrados de las Altas
Cortes, equiparable a los ingresos que por todo concepto perciben los
congresistas, incluidas las cesantías.

73. Asimismo, para efectos del cumplimiento de la condena, deberá tenerse en

cuenta que, la bonificación por compensación, sumada a las demás
prestaciones percibidas, no podrá superar el 80% de lo que, por todo concepto,
devenga un magistrado de Alta Corte, remuneración que, a su vez, es
equiparable a los ingresos de los congresistas.

74. Ahora bien, en la sentencia objeto de apelación, nada se dijo con respecto

a los aportes pensionales. Si bien este aspecto, en estricto sentido, no
constituye un motivo de inconformidad planteado en el recurso de apelación, lo

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cierto es que, le asiste razón a la entidad demandada en cuanto a la necesidad
de ordenar su pago, toda vez que, éstos hacen parte del derecho a la pensión,
el cual, es imprescriptible e irrenunciable30, en ese sentido, la Sala ordenará la
reliquidación de aquellos, sobre el ingreso que debía corresponder al
demandante conforme al régimen previsto en el Decreto 610 de 1998.

75. Igualmente, se precisa que, el cumplimiento de la sentencia estará
condicionado a que la entidad demandada no haya realizado previamente
pagos por los mismos conceptos aquí reconocidos. Asimismo, deberá verificar
la entidad demandada que no se superen los topes salariales fijados por el
Gobierno nacional.

2.6 Condena en costas

76. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la

Sala temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es
decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 171 del C.C.A,
para imponer condena en costas en esta instancia.

2.7 Conclusiones

77. La Sala modificará los ordinales segundo y cuarto de la sentencia de
primera instancia, para: (i) aclarar que, la prescripción de las acreencias no se
extiende a los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones;
(ii) ordenar el reconocimiento y pago de las diferencias por bonificación por
compensación conforme al Decreto 610 de 1998, tomando como referente los
ingresos de los magistrados de las Altas Cortes, equiparables a los de los
congresistas, incluidas las cesantías; (iii) disponer expresamente el reajuste
de los aportes al sistema general de pensiones, respecto de los cuales no
opera el fenómeno de la prescripción; (iv) puntualizar que, el cumplimiento de
la sentencia estará condicionado a que la entidad demandada no haya
realizado previamente pagos por los mismos conceptos aquí reconocidos; y

30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 12 de
febrero de 2026, radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado 54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-
2020), C.P Elizabeth Becerra Cornejo.

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(v) asimismo, que los pagos a realizar no supere el tope establecido por el
Gobierno nacional en el Decreto 610 de 1998. En lo demás, la providencia
apelada será confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal «SEGUNDO» de la sentencia del dos (2) de
mayo de dos mil veintidós (2022), proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
el cual quedará así:

SEGUNDO: Aplicar la prescripción desde el 1° de enero de 1999 hasta el 2 de
diciembre de 2004, salvo los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, respecto de los cuales no opera la prescripción.

SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal «CUARTO» de la sentencia del dos (2) de
mayo de dos mil veintidós (2022), proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
el cual quedará así:

CUARTO: En consecuencia, de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, SE ORDENA a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL- RAMA JUDICIAL a reconocer y pagar la diferencia salarial entre los
valores pagados con incidencia en la bonificación por compensación prevista en
el Decreto 610 de 1998 y lo que en realidad corresponde, teniendo en cuenta que
la liquidación de la citada prestación debe atender al 80% de lo percibido por los
magistrados de Alta Corte que debe ser igual a lo que por todo concepto perciben
los congresistas de la República, con inclusión del auxilio de cesantías, a partir
del 3 de diciembre de 2004, por prescripción.

Condénese a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial a reliquidar y trasladar al fondo de pensiones correspondiente, los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en pensiones que resulten
procedentes con ocasión de la reliquidación de la bonificación por compensación
en los términos ordenados por todo el tiempo en que Jorge Edmundo Jaramillo
Villarreal ha percibido la citada bonificación, sin aplicar el fenómeno de la
prescripción sobre dichos aportes.

El cumplimiento de la sentencia estará condicionado a no superar el tope
establecido por el Gobierno nacional en el Decreto 610 de 1998, a que solo se
reconocerá la diferencia entre lo pagado y lo que en realidad correspondía,

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Demandados: Nación – Rama Judicial

asimismo, deberá verificar la entidad demandada que no haya realizado otro
pago a la parte demandante por los mismos conceptos aquí reconocidos.

TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, el dos (2) de mayo de dos mil veintidós
(2022), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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