Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2018-00061-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2018-00061-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2018-00061-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D.C., Cuatro (4) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado 50001-23-33-000-2018-00061-02 (3509-2025)1
Demandante Alvaro Peñuela Delgado
Demandada Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema Bonificación por compensación (Decreto 610 de
1998)
Decisión Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada,
en contra de la sentencia del Veintinueve (29) de Septiembre de Dos Mil
Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
– Sala Transitoria, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda2.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda3.
1.1. Pretensiones.
1. El señor Alvaro Peñuela Delgado, por conducto de apoderado judicial,
promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra
la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
con el propósito que se declare la nulidad del acto ficto o presunto generado
por el silencio frente a la reclamación administrativa radicada el Trece (13) de
Febrero de Dos Mil Diecisiete (2017), en la que solicitó el reajuste y pago de
1 Expediente digital
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=500012333000
201800061021100103
2 Expediente digital – Samai – índice No. 046
3 Expediente digital – Samai – cuaderno no asociado - índice No. 03
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Interno: 3509-2025
Demandante: Alvaro Peñuela Delgado
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
la diferencia dejada de pagar por concepto de la bonificación contenida en el
Decreto 610 de 1998.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se condene a la Nación –
Rama Judicial, a pagar la diferencia existente entre el valor que se le pagó por
concepto de bonificación por compensación, y, el 80% del total de ingresos
que percibe un magistrado de la Alta Corte, como lo dispone el Decreto 610
de 1998, por el período comprendido entre el Cinco (5) de Agosto de Dos Mil
Ocho (2008) al Veintiséis (26) de enero de Dos Mil Doce (2012), tiempo
durante el cual, estuvo retirado de la entidad demandada, pero, por sentencia
judicial se ordenó su reintegro sin solución de continuidad al cargo que
desempeñaba, como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de
Villavicencio; asimismo, requirió que el valor a condenar sea ajustado con el
IPC, y se le paguen los intereses moratorios respectivos.
3. Finalmente, solicitó ordenar el cumplimiento de la sentencia, en los
términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, y, condenar en costas a las entidades
demandadas.
1.2. Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
4. El demandante señala que, se desempeñó como magistrado del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Villavicencio – Meta, y, por medio de la
Resolución PSAR07-607 del Diecinueve (19) de Diciembre de Dos Mil Siete
(2007), la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura resolvió
retirarlo del servicio, bajo el argumento que, la Caja Nacional de Previsión
Social le reconoció pensión de vejez, razón por la cual, laboró desde el
Primero (1) de Abril de Mil Novecientos Ochenta y Dos, hasta el Cuatro (4) de
Agosto de Dos Mil Ocho (2008).
5. Precisa que, con ocasión de la anterior situación presentó dos (2)
demandas: una en la que solicitó su reintegro, y, otra el reconocimiento de la
bonificación por compensación establecida en el Decreto 610 de 1998,
correspondiente al período 1999–2008.
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Interno: 3509-2025
Demandante: Alvaro Peñuela Delgado
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
6. El Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Meta, por medio
de sentencia adiada Veintiocho (28) de Septiembre de Dos Mil Doce (2012),
ordenó su reintegro al cargo sin solución de continuidad, al considerar
irregular el retiro. Decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo
del Meta en segunda instancia.
7. Sostiene que, no se le pagó la bonificación por compensación entre el
Cinco (5) de Agosto de Dos Mil Ocho (2008) y el Veintiséis (26) de Enero de
Dos Mil Doce (2012).
8. Precisa que, aunque la administración le reconoció el 70% de lo devengado
por un magistrado de alta corte según el Decreto 4040 de 2004, este fue
anulado por el Consejo de Estado, por ello, cobró vigencia el Decreto 610 de
1998, razón por la cual, debe reajustarse la bonificación por compensación
tomando como base lo devengado por los congresistas, en razón a la
equivalencia entre estos dos cargos, por el periodo antes mencionado.
9. Resalta que, acudió ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
para solicitar el reconocimiento y pago del derecho reclamado; sin embargo,
la accionada no emitió respuesta, por lo que, el Treinta (30) de Mayo de Dos
Mil Diecisiete (2017) presentó una nueva insistencia.
10. Informa que, la administración le respondió por correo electrónico el
Treinta y Uno (31) de Mayo de Dos Mil Diecisiete (2017), en el que, le informó
que le había contestado el oficio inicial mediante correo físico a través de la
empresa 4/72 el Nueve (9) de mayo de Dos Mil Diecisiete (2017), ante lo cual,
advirtió que, nunca fue notificado de dicha respuesta por correo físico.
11. Resalta que, en la respuesta a la que hace alusión la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, señaló que, dado que existía una
sentencia de unificación jurisprudencial sobre el derecho reclamado, era
necesario remitir la solicitud a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para
que emitiera concepto, antes de pronunciarse de fondo.
12. Alega que, hasta la fecha no se ha dado respuesta de fondo, por tanto,
se ha configurado el silencio administrativo negativo, conforme al artículo 83
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Demandante: Alvaro Peñuela Delgado
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).
1.3. Normas violadas y concepto de violación.
13. El demandante, señaló como vulneradas las disposiciones contenidas en
los artículos 2, 25, 29 y 53 de la Constitución Política, Ley 4 de 1992 y Decreto
610 de 1998.
14. Sostuvo que, el acto administrativo demandado, desconoce el marco
constitucional y legal que regula la remuneración de los magistrados de
Tribunal, al negar el reconocimiento de la bonificación por compensación, en
los términos previstos en el Decreto 610 de 1998.
15. Así, considera que, los derechos adquiridos fueron desprotegidos por la
entidad demandada, toda vez que, su derecho a recibir el salario legal fue
desconocido, proceder que resulta contrario a las obligaciones que le impone
la Constitución Política.
16. Señaló que, su derecho al trabajo en condiciones dignas y justas también
fue vulnerado, en razón a que, la administración en lugar de resarcir el daño
causado con su indebido retiro, procedió a liquidar los emolumentos salariales
correspondientes al periodo en el que estuvo desvinculado, en indebida forma,
pues, no efectuó su pago correctamente.
17. Por lo anterior, señala que, también se vulnera su derecho al debido
proceso por hecho de no pagarle la asignación que le corresponde, sino, de
manera arbitraria se le pagó un valor inferior bajo el fundamento de una norma
que el H. Consejo de Estado anuló.
18. Sostiene que, con el acto ficto negativo se desconocen los principios
laborales, consagrados en el artículo 53 constitucional, especialmente, la
favorabilidad, la irrenunciabilidad de beneficios laborales y la remuneración
proporcional a la cantidad, y, calidad del trabajo, al impedir el reconocimiento
pleno de los derechos salariales reclamados y sus efectos económicos
derivados.
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Demandante: Alvaro Peñuela Delgado
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
1.4. Contestación de la demanda4.
19. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, por conducto de apoderada judicial, se opuso a las pretensiones de
la demanda, y solicitó su rechazo, al sostener que, la entidad actuó conforme
a la normativa salarial vigente y aplicable al caso concreto, razón por la cual,
el acto administrativo demandado se encuentra amparado por la presunción
de legalidad.
20. Señaló que, la administración no tiene la facultad de inaplicar una norma
jurídica de contenido general como era el Decreto 4040 del 2004, que en su
momento gozaba de plena vigencia y ataba a la administración a su
cumplimiento, siendo legalmente imposible realizar el pago de manera distinta
a como lo hizo esta entidad.
21. Afirma que, el demandante presentó acción de tutela con radicado N°
50001221400020080004400 con el fin que, se le reconociera y pagara la
bonificación judicial establecida en el Decreto 4040 de 2004 de los periodos
comprendidos entre el Primero (1) de Enero de Dos Mil Veintiuno (2001) al
Veintitrés (23) de abril de Dos Mil Ocho (2008). Acción constitucional que, fue
fallada a su favor por parte del Tribunal Superior - Sala de Conjueces, el Diez
(10) de Abril de Dos Mil Ocho (2008) y en cumplimiento de esta, expidió la
Resolución 2460 de Veintisiete (27) de Mayo de Dos Mil Ocho (2008), por
medio de la cual, ordenó el pago al demandante por la suma de Doscientos
dos millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos treinta y nueve pesos
($202.155.939.00).
22. Sostiene que, impugnó el fallo de tutela, el cual, fue resuelto por la H.
Corte Suprema de Justicia, el Ocho (8) de Agosto de Dos Mil Ocho (2008), tal
como consta en el aplicativo Justicia XXI, en el sentido de revocar
íntegramente la sentencia proferida por el tribunal.
4 Expediente digital – Samai – índice No. 017
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Demandante: Alvaro Peñuela Delgado
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
23. Informa que, en razón a la anterior decisión, profirió la Resolución 2438
del Veintiuno (21) de Mayo de Dos Mil Nueve (2009), por medio de la cual,
ordenó el reintegro de las sumas pagadas al señor Alvaro Peñuela Delgado,
sin que haya cumplido con dicha obligación.
24. Aduce que, en el presente caso, operó la prescripción trienal, toda vez
que, en tratándose de servidores vinculados antes de la entrada en vigencia
del Decreto 1102 de 2012, el término de la misma se contabiliza a partir de la
fecha en que quedó ejecutoriada la providencia que declaró la nulidad del
Decreto 4040 de 2004, es decir, Veintiséis (26) de Enero de Dos Mil Doce
(2012).
25. A tono con lo anterior, precisa que, en el sub lite, la reclamación fue
realizada ante la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Villavicencio, el Trece (13) de Febrero de Dos Mil Diecisiete (2017),
interrumpiendo la prescripción en los términos del Art. 151 del C.P.T, razón
por la cual, la reliquidación y reajuste no puede ser reconocido, toda vez que,
el demandante laboró hasta el Veintiséis (26) de Enero de Dos Mil Doce
(2012), en tal sentido, los derechos reclamados prescribieron debido a que,
en esa vigencia se retiró de la Rama Judicial.
1.5. Sentencia de primera instancia5.
26. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Transitoria, mediante
sentencia del Veintinueve (29) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025),
dispuso:
«PRIMERO: Declarar la existencia del acto ficto negativo por la falta de
respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a la petición
presentada por el señor Álvaro Peñuela Delgado el 13 de febrero de 2017 y, en
consecuencia, declárese su nulidad.
SEGUNDO: Declarar probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho propuesta por la parte demandada respecto de la diferencia existente
entre el valor que se le canceló por concepto de Bonificación por compensación
en el tiempo comprendido entre el 5 de agosto de 2008 y el 26 de enero de
2012 y el 80% de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
Magistrados de Altas Cortes que es igual a lo que por todo concepto devengan
5 Expediente digital – Samai – índice No. 46.
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Demandante: Alvaro Peñuela Delgado
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
los Congresistas dentro de lo cual se deben tener en cuenta las cesantías
percibidas por estos, de conformidad con el Decreto 610 de 1998.
TERCERO: Declarar la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de
seguridad social en pensiones que se deben realizar en favor de la parte
demandante, entre el 5 de agosto de 2008 al 26 de enero de 2012, en todo
caso, siempre y cuando que las cotizaciones realizadas durante este periodo
no hayan superado el 80% de los ingresos laborales que por todo concepto
perciben los Magistrados de Altas Cortes que es igual a lo que por todo
concepto devengan los Congresistas dentro de lo cual se deben tener en
cuenta las cesantías percibidas por estos. También deberán realizarse los
aportes al sistema de seguridad social en salud por el periodo declarado
imprescriptible en atención a lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 204 de
la Ley 100 de 1993, en cuanto dispone que la base de cotización al Sistema de
Seguridad Social en Salud debe ser igual a la contemplada en el Sistema
General de Pensiones. En atención al reconocimiento del derecho ordenado,
la entidad demandada y la parte demandante deben realizar los aportes al
sistema de seguridad social integral en los porcentajes ordenados por la ley a
cada uno; con dicha finalidad se faculta a la demandada para efectuar los
respectivos descuentos de ley a la demandante o en caso de que no sea
posible la deducción reportarlos a la entidad administradora correspondiente.
La liquidación ordenada únicamente comprende efectos fiscales para las
cotizaciones en salud y pensión.
CUARTO: Indexar las sumas que resulten a favor del demandante aplicando la
fórmula señalada en la parte motiva de esta sentencia.
QUINTO: Ordenar a la entidad demandada el cumplimiento de la sentencia en
los términos de los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011.
SEXTO: Sin condena en costas en la instancia.
SÉPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, sin que se haya interpuesto el
recurso de apelación, ordénese la devolución de los gastos si fueron
consignados por el demandante y archívese el expediente, previas las
anotaciones de rigor.»
27. El Tribunal, luego de exponer el marco normativo y jurisprudencial de la
bonificación por compensación; de la prescripción extintiva y resaltar los
hechos probados con las pruebas existentes en el expediente, pasó a efectuar
el análisis del caso concreto, donde resaltó que, encontró acreditado que, por
medio de la sentencia del Diez (10) de Noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016),
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, al demandante le fue
reconocida «la diferencia entre las sumas efectivamente canceladas a partir
del Primero (1) de enero de Dos Mil Uno (2001) y el 80% que desde esa fecha
han devengado los Congresistas, hasta el Cuatro (4) de agosto de Dos Mil
Ocho (2008), último día que laboró como Magistrado».
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Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
28. Además, advirtió que, si bien no existe prueba que demuestre que el
demandante se reintegró al servicio de la Rama Judicial a partir del Cinco (5)
de Agosto de Dos Mil Ocho (2008) y hasta el Veintiséis (26) de Enero de Dos
Mil Doce (2012), también es cierto que, las partes coinciden en que, la última
vinculación de este con el poder judicial finalizó en la fecha establecida en los
hechos y pretensiones de la demanda.
29. Por lo anterior, al analizar la bonificación por compensación, resaltó que,
el Decreto 4040 de 2004, fue declarado nulo a través de la sentencia del
Catorce (14) de Diciembre de Dos Mil Once (2011) con efectos ex tunc, motivo
por el cual, debía «entenderse que, jamás nació a la vida jurídica», y, en
consecuencia, para efectos del reconocimiento del derecho debe acudirse a
la normatividad que regía de manera previa contenida en el Decreto 610 de
1998, por tratarse del reglamento vigente con anterioridad a la expedición del
Decreto 4040 de 2004.
30. En tal razón, encontró acreditado que, la liquidación de la bonificación
reclamada por el demandante se efectuó con el 70% de lo que, por todo
concepto devenguen los magistrados de Altas Cortes, señalada en el Decreto
4040 de 2004, cuando al momento de desaparecer de la vida jurídica la norma
referida debió hacerse el respectivo reajuste hasta alcanzar el techo del 80%,
conforme con lo previsto en el Decreto 610 de 1998.
31. Por lo antes considerado, concluyó que, era procedente acceder a la
pretensión de nulidad del acto administrativo demandado por infracción del
Decreto 610 de 1998, norma en que debió fundarse, y por contera, de los
artículos 13, 25, 53 y 58 de la Constitución Política.
32. En consecuencia, afirmó que, el demandante tiene derecho al
reconocimiento y pago de la bonificación por compensación en un porcentaje
que lo lleve a igualar el 80% de lo que devenga un magistrado de Alta Corte
porque, solo se le pagó hasta un 70%, lo que, hace necesario ordenar la
reliquidación del rubro.
33. Establecida la existencia del derecho reclamado, pasó a analizar el
fenómeno jurídico de la prescripción, y, con fundamento en el marco normativo
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Demandante: Alvaro Peñuela Delgado
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que la regula y la jurisprudencia del H. Consejo de Estado6, concluyó que, el
demandante elevó su solicitud de reliquidación de la bonificación por
compensación el Trece (13) de Febrero de Dos Mil Diecisiete (2017), esto es,
más de 4 años después de la ejecutoria del fallo que declaró la nulidad del
Decreto 4040 de 2004, la cual, se materializó el Veintisiete (27) de enero de
Dos Mil Doce (2012), a partir de la cual, debe predicarse la exigibilidad del
derecho, y, adicional a ello, las partes dieron por sentado que el demandante
se retiró del servicio el Veintiséis (26) de Enero de Dos Mil Doce (2012),
razones por las cuales, operó la prescripción respecto de las diferencias
causadas entre el Cinco (5) de Agosto de Dos Mil Ocho (2008) al Veintiséis
(26) de Enero de Dos Mil Doce (2012).
34. Seguidamente, coligió que, era procedente declarar la imprescriptibilidad
de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones y a favor de la
parte demandante, por el periodo comprendido entre el Cinco (5) de Agosto
de Dos Mil Ocho (2008) al Veintiséis (26) de Enero de Dos Mil Doce (2012),
en todo caso, siempre y cuando que las cotizaciones realizadas durante este
periodo no hayan superado el 80% de los ingresos laborales, que por todo
concepto perciben los magistrados de Altas Cortes, que es igual a lo que, por
todo concepto devengan los congresistas, dentro de lo cual, se deben tener
en cuenta las cesantías percibidas por estos.
35. De igual forma, dispuso realizar los aportes al sistema de seguridad social
en salud, por el periodo declarado imprescriptible en atención a lo previsto en
el parágrafo 1° del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, por cuanto dispone
que, la base de cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud debe ser
igual de la contemplada en el Sistema General de Pensiones.
36. A su vez, resaltó que, en atención al reconocimiento del derecho ordenado,
la entidad demandada y la parte demandante deben realizar los aportes al
sistema de seguridad social integral en los porcentajes ordenados por la ley a
cada uno; con dicha finalidad facultó a la demandada para efectuar los
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena
de Conjueces, sentencia del 02 de septiembre de 2019, C.P. Carmen Anaya De Castellanos
(Conjuez), Rad. No. 41001-23 33-000-2016-00041-02(2204-18), Actor: Joaquín Vega Pérez.
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Interno: 3509-2025
Demandante: Alvaro Peñuela Delgado
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
respectivos descuentos de ley al demandante, o en caso de que no sea
posible la deducción reportarlos a la entidad administradora correspondiente.
1.6. Recurso de apelación7.
37. La Nación – Rama Judicial, por conducto de su apoderada judicial,
interpuso recurso de apelación, contra la sentencia proferida el Veintinueve
(29) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), al considerar que, se
encuentra en imposibilidad material y presupuestal de reconocer las
pretensiones de la demanda, pues, aquellos no integran el presupuesto de la
entidad y desbordan su capacidad financiera.
38. Afirma que, la motivación de la sentencia de primera instancia, es a todas
luces violatoria de los preceptos constitucionales y legales, pues, en ella, se
indica que, se debía reliquidar la pensión de jubilación, con la prima especial
del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como factor salarial, aspecto que no fue
solicitado específicamente en las pretensiones de la demanda, menos aún en
sede administrativa.
39. Alega que, con la decisión del A-quo se desconocen sus derechos del
debido proceso, defensa y contradicción, pues, no tuvo oportunidad de
pronunciarse sobre la incidencia de la prima especial como factor salarial para
la liquidación de la pensión de jubilación durante toda la relación laboral de la
parte actora, así como también, para los aportes a seguridad social en salud
según lo ordenado en la sentencia objeto de alzada.
40. Colige que, la decisión del A-quo, se ha rebasado la relación jurídico
procesal trabada en la litis, toda vez que, era la parte actora la que, tenía la
carga procesal de plantear en sede administrativa y en las pretensiones de la
demanda, las acciones constitucionales y legales en lo que, respecta a los
aportes a pensión y reliquidación de la pensión de jubilación, acción que no
se realizó.
7 Expediente digital – Samai – índice No. 051
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Demandante: Alvaro Peñuela Delgado
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1.7. Trámite de segunda instancia
41. A través de auto del Dieciséis (16) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026)8,
el conjuez ponente admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, y, en virtud del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021,
que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, se prescindió de la etapa
de alegaciones.
1.7.1. Concepto del Ministerio Público.
42. El Ministerio Público, no presentó concepto dentro del presente asunto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
43. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo9, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso10, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico
44. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:
8 Expediente digital –Sistema Samai, gestión otros despachos - índice 004.
9 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación,
así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los
tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
10 El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el
recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón
de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.
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Interno: 3509-2025
Demandante: Alvaro Peñuela Delgado
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
i) ¿La imposibilidad presupuestal de la entidad demandada configura
óbice para ordenar el pago y reconocimiento de los aportes al
sistema de seguridad social integral, como consecuencia de la
diferencia existente entre el valor que se le pagó por concepto de
bonificación por compensación en el tiempo comprendido entre el
Cinco (5) de Agosto de Dos Mil Ocho (2008) y el Veintiséis (26) de
Enero de Dos Mil Doce (2012), en cumplimiento de lo establecido
en el Decreto 610 de 1998?
ii) ¿El A-quo, desconoció el principio de congruencia, y, con ello la
decisión se torna extra petita?
45. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial, 2.2. Hechos
probados; 2.3. Caso concreto y 2.4. Condena en costas.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial – Bonificación por compensación
46. El Veintiséis (26) de Marzo de Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998), en
uso de la facultad otorgada por la Ley 4 de 1992, el Gobierno nacional expidió
el Decreto 610 de 199811,, a través del cual, se creó la bonificación por
compensación a favor de los magistrados de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los
magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte
Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura; a los abogados
auxiliares del Consejo de Estado; a los fiscales y jefes de unidad ante el
Tribunal Nacional; a los fiscales del Tribunal Superior Militar, los fiscales ante
el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de
Distrito12.
11 Publicado en el Diario Oficial No 43.268, de marzo 30 de 1998, momento a partir del cual
empezó a regir.
12 Posteriormente, mediante el Decreto 1239 de 1998 fueron también beneficiarios de la citada
bonificación los secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado,
la Corte Constitucional y al secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura
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Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
47. La norma estableció que, la citada bonificación se debía pagar de forma
permanente y mensualmente a partir del 1° de enero de 1999, la cual, tendría
carácter salarial solo para efectos pensionales, en los mismos términos de la
prima especial de servicios de los magistrados de las Altas Cortes.
Adicionalmente, se estableció que, aquella, sumada a la prima especial de
servicios y a los demás ingresos laborales actuales, debía corresponder, para
el año 1999, al sesenta por ciento (60%) de los ingresos laborales que por
todo concepto perciben los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura;
sin embargo, se precisó que, el citado porcentaje tendría un incremento
gradual, así para el año 2000 correspondería al setenta por ciento (70%), y
para el año 2001 y sucesivos sería del ochenta por ciento (80%).
48. El citado Decreto 610 de 1998, fue derogado por medio del Decreto 2668
de 1998, generando ello que anualmente se dictaran una serie de decretos
que regularon la bonificación por compensación de los magistrados de
tribunales y otros funcionarios, entre ellos, los decretos 664 del Trece (13) de
Abril de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999), derogado por el Decreto
2738 del Veintisiete (27) de Diciembre de Dos mil (2000), derogado por el
Decreto 1476 del Diecinueve (19) de Julio de Dos Mil Uno (2001), este a su
vez derogado por el Decreto 2726 del Diecisiete (17) de Diciembre de Dos Mil
Uno (2001), derogado por el Decreto 663 del Diez (10) de Abril de Dos Mil Dos
(2002), derogado por el Decreto 3570 del Once (11) de Diciembre de Dos Mil
Tres (2003), a su vez, derogado por el Decreto 4040 de 2004.
49. El Decreto 2668 de 1998, fue demandado en acción de nulidad ante el
Consejo de Estado, y declarado nulo mediante sentencia proferida por la Sala
de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado el Veinticinco
(25) de Septiembre de Dos Mil Uno (2001), expediente Nº 395-99, con efectos
ex tunc. Ante ello, el Decreto 610 de 1998, recobró su vigencia y debe
entenderse que las normas posteriores al acto anulado perdieron su fuerza
ejecutoria y son inaplicables, entre ellas el Decreto 664 de 1999 y los que se
expidieron con posterioridad y que regularon la bonificación por compensación
de los magistrados de tribunales, partiendo de la base que el Decreto 610 de
1998 había desaparecido del orden jurídico.
14
Interno: 3509-2025
Demandante: Alvaro Peñuela Delgado
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
50. Luego, el Gobierno nacional expidió el Decreto 4040 de 2004, que creó la
bonificación de gestión judicial, a favor de los mismos funcionarios que eran
beneficiarios de la bonificación por compensación; indicando que la
bonificación creada, sumada a la asignación básica y demás ingresos
laborales no podía superar el setenta por ciento (70%) de lo que por todo
concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes; precisando que,
aquella sería incompatible con la bonificación por compensación; además, se
adujo que, los citados funcionarios podía cobijarse por la bonificación de
gestión judicial siempre y cuando cumplieran con alguna de las siguientes
situaciones:
«a). Quienes han iniciado acciones judiciales relacionadas con la
Bonificación por Compensación y desistan de sus pretensiones,
renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente
acciones, en los términos del artículo 342 del Código de Procedimiento
Civil;
b). Los que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos
de transacción para precaver litigios futuros relacionados con la
Bonificación por Compensación».
51. Quienes debería, antes del Treinta y Uno (31) de Diciembre de Dos Mil
Cuatro (2004), por escrito manifestar dicha intención ante la entidad
empleadora.
52. El Decreto 4040 de 2004, fue declarado nulo por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, mediante sentencia expedida por la Sala de Conjueces el
Catorce (14) de Diciembre de Dos Mil Once (2011), expediente No. 11001-03-
25-000-2005-00244-01, ejecutoriada el Veintisiete (27) de Enero de Dos Mil
Doce (2012). En esa providencia la Sala de conjueces precisó que, para una
misma categoría de servidores judiciales, con idénticas funciones, horarios,
responsabilidades y requisitos, coexistían dos regímenes vigentes, el Decreto
610 de 1998 que fijaba la asignación mensual en el 80% de lo devengado por
los magistrados de altas cortes, mientras que, el Decreto 4040 de 2004 la
15
Interno: 3509-2025
Demandante: Alvaro Peñuela Delgado
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
establecía en el 70%, con lo cual se materializó un trato diferenciado
injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.
53. En este orden de ideas, se estableció que, el Decreto 4040 de 2004 violó
los derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar
sobre derechos ciertos e indiscutibles.
54. Entonces, en virtud del Decreto 4040 de 2004, y durante el tiempo en que
estuvo aquel vigente, para esos funcionarios hubo una duplicidad de normas,
las cuales otorgaban el derecho al pago de una bonificación; ello, generó
diversas acciones judiciales por parte de los beneficiarios de la citada
prestación; así como, dificultades a la hora de determinar la prescripción de
los derechos laborales que en virtud del Decreto 610 de 1998 surgían para
sus beneficiarios.
55. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia del Dieciocho (18) de Mayo de Dos Mil Dos Mil Dieciséis (2016)13
concluyó que, ante la coexistencia de dos regímenes salariales diferentes no
era posible dar plena aplicación a las disposiciones del Decreto 3135 de 1968
en materia de prescripción; precisando que, la exigibilidad del derecho
otorgado por el Decreto 610 de 1998 surgió a partir de la sentencia que
declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, es decir, a partir del Veintiocho
(28) de enero de Dos Mil Doce (2012) -día siguiente a la ejecutoria del referido
fallo-.
56. Luego, esta Corporación, también a través de decisión proferida por la
Sala de Conjueces, de fecha Dos (02) de Septiembre de Dos Mil Diecinueve
(2019)10, precisó otra regla de prescripción, esta vez para los casos de las
reclamaciones de la bonificación por compensación; dicha providencia, fue
aclarada mediante auto del Siete (07) de Octubre de Dos Mil Diecinueve
(2019), en el cual, se indicó que, la prescripción de las acreencias derivadas
de dicha bonificación opera respecto del período comprendido entre el Cinco
(5) de Octubre de Dos Mil Uno (2001) —fecha en la cual cobró ejecutoria la
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de
2016, expediente 250002325000201000246-02, C.P. Jorge Iván Acuña Arrieta.
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Interno: 3509-2025
Demandante: Alvaro Peñuela Delgado
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
sentencia que declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998— y el Dos (2) de
Diciembre de Dos Mil Cuatro (2004), lapso durante el cual no existió dualidad
normativa.
57. En consecuencia, para las acreencias causadas en ese período resulta
aplicable la prescripción trienal prevista en los artículos 41 del Decreto 3135
de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, salvo que el interesado demuestre
que antes del Tres (3) de Diciembre de Dos Mil Cuatro (2004) interrumpió
oportunamente el término prescriptivo mediante reclamación administrativa o
judicial, caso en el cual, la prescripción se retrotrae a la fecha de dicha
interrupción.
58. Finalmente, tras la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el
Gobierno nacional expidió el Decreto 1102 de 201214, retomó el derrotero de
la bonificación por compensación en los términos señalados en su artículo 115.
59. Con fundamento en lo antes expuesto, procede la Sala a decidir el
presente caso.
2.4. Hechos probados.
60. De las pruebas allegadas al plenario, se tiene por acreditado que:
• El Trece (13) de Febrero de Dos Mil Diecisiete (2017), el señor Alvaro
Peñuela Delgado, actuando por medio de apoderada judicial, radicó
14 «Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal
y otros funcionarios»
15 ARTÍCULO 1°. A partir del 27 de enero de 2012, la Bonificación por Compensación que
vienen percibiendo con carácter permanente los Magistrados de Tribunal, Magistrados de
Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Magistrados
Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de
Estado, Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte
Suprema de Justicia, Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial,
Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte
Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios
vinculados a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera
permanente como agentes del Ministerio Público ante los Magistrados del Tribunal, antes
señalados, equivaldrá a un valor que sumado a la asignación básica y demás ingresos
laborales iguale al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Consejo de Estado, Corte
Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación,
pagadera mensualmente, sólo constituye factor salarial para efecto del ingreso base de
cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en
Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003.
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Interno: 3509-2025
Demandante: Alvaro Peñuela Delgado
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
ante la División de Asuntos Laboral de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Villavicencio – Meta, reclamación
administrativa, por medio de la cual, solicitó el reconocimiento,
liquidación y pago de los porcentajes establecidos para la bonificación
por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, correspondiente
al 80% de lo que por todo concepto percibe un magistrado de Alta
Corte, teniendo como base para liquidación lo percibido por los
congresistas, por el tiempo comprendido entre el Tres (3) de Agosto de
Dos Mil Ocho (2008) y el Veintiséis (26) de Enero de Dos Mil Doce
(2012)16.
• El Dieciséis (16) de Febrero de Dos Mil Diecisiete (2017), la directora
Administrativa (e) de la División de Asuntos Laboral, por medio del
oficio DEAJRH017-742, remitió al director Seccional de Administración
Judicial de Villavicencio – Meta, la reclamación administrativa antes
mencionada17.
• El Diecisiete (17) de Febrero de Dos Mil Diecisiete (2017), la directora
Administrativa (e) de la División de Asuntos Laboral, informó a la
apoderada de la parte demandante, que había dado traslado de la
reclamación administrativa a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Villavicencio – Meta18.
• El Treinta (30) de Mayo de Dos Mil Diecisiete (2017), la parte
demandante radica ente la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Villavicencio – Meta, “insistencia reclamación administrativa
del Trece (13) de Febrero de Dos Mil Diecisiete (2017)”19.
• El Treinta y Uno (31) de Mayo de Dos mil Diecisiete (2017), por medio
de correo electrónico, se le informó a la apoderada del demandante,
que se le había dado respuesta a la reclamación radicada el Trece (13)
de Febrero de Dos Mil Diecisiete (2017), mediante oficio DESAJVI017-
16 Expediente digital – sistema Samai - gestión otros despachos – índice No. 03, folio 10
17 Expediente digital – sistema Samai - gestión otros despachos – índice No. 03, folio 9
18 Expediente digital – sistema Samai - gestión otros despachos – índice No. 03, folio 10
19 Expediente digital – sistema Samai - gestión otros despachos – índice No. 03, folio 11-12
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Interno: 3509-2025
Demandante: Alvaro Peñuela Delgado
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
1494 del Ocho (8) de Mayo de Dos Mil Diecisiete (2017), la cual, había
sido enviado por correo físico a través de la empresa de servicios
postales 4/72 el día Nueve (9) de Mayo de Dos Mil Diecisiete (2017)20.
• El Ocho (8) de Mayo de Dos Mil Diecisiete (2017), la coordinadora de
área de talento humano dio respuesta a la solicitud de aplicación por
extensión de jurisprudencia de la sentencia de unificación SU 25000-
23-25-000-2010-00246-02 (0845-15), en el sentido de indicar que, la
situación fáctica del demandante se enmarcó dentro de los supuestos
previstos en dicha sentencia, y, no existía demanda en curso por los
mismos conceptos, por tanto, le daría traslado a la Agencia de Defensa
Jurídica del Estado para que emitiera concepto sobre el asunto21.
Solicitud que, siguiendo el hilo conductor del material probatorio,
entiende la Sala, corresponde al periodo reclamado en la demanda,
este es, entre el Tres (3) de Agosto de Dos Mil Ocho (2008) y el
Veintiséis (26) de Enero de Dos Mil Doce (2012). Documento de cuyo
análisis no se desprende respuesta positiva por parte de la accionada
tendiente a pagar las diferencias por concepto de bonificación por
compensación, luego entonces, se observa que, el actor presentó la
demanda de la referencia.
• El Veintisiete (27) de Mayo de Dos Mil Ocho (2008), el Consejo
Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Bogotá, en cumplimiento del fallo de tutela
emitido por el Tribunal Superior de Villavicencio – Meta el Diez (10) de
Abril de Dos Mil Ocho (2008), profirió la Resolución No.2458, por medio
de la cual, dispuso el pago de la bonificación por compensación del
Decreto 610 de 1998, correspondiente a los años 2001 al 2004, así
como, la diferencia por dicha bonificación desde el Primero (1°) de
Enero de Dos Mil Cinco (2005) al Treinta y Uno (31) de Diciembre de
Dos Mil Siete (2007)22.
20 Expediente digital – sistema Samai - gestión otros despachos – índice No. 03, folio 13
21 Expediente digital – sistema Samai - gestión otros despachos – índice No. 03, folio 14
22 Expediente digital – sistema Samai - gestión otros despachos – índice No. 17, folio 14-20
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Interno: 3509-2025
Demandante: Alvaro Peñuela Delgado
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
• La información de la sentencia de tutela se extrae de la resolución
antes mencionada, de la cual no es posible obtener las razones bajo
las cuales, se accedió al amparo constitucional, y, aun cuando se
intentó localizar en el portal de la Rama Judicial –tyba-, se observa que,
a nombre del demandante reposa una acción constitucional de tutela,
con radicado 50001400400520250013400, pero, con objeto distinto a
la que hace referencia la resolución de la administración judicial23.
• El Ocho (8) de Agosto de Dos Mil Ocho (2008), la Corte Suprema de
Justicia por medio de sentencia, resolvió revocar el fallo de tutela el
Tribunal Superior de Villavicencio – Meta, y, en virtud del cual, el
Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá, ordenó los anteriores
pagos24. Las razones bajo las cuales, la Corte decidió revocar el fallo
del A-quo, no reposan en la resolución de la cual, se obtuvo la
información y aun cuando también se intentó consultar en la página de
consulta de procesos de la Rama Judicial25, no fue posible acceder a
dicha providencia.
• El Veintiuno (21) de Mayo de Dos Mil Nueve (2009), la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, en cumplimiento del fallo emitido
por la Corte Suprema de Justicia, ordenó al demandante por medio de
la Resolución No. 2438, el reintegro de los dineros pagados en virtud
de la Resolución No. 2458 del Veintisiete (27) de Mayo de Dos Mil Ocho
(2008). Decisión que fue confirmada por medio de la Resolución No.
4223 del Veinte (20) de Noviembre de Dos Mil Nueve (2009)26.
• Diez (10) de noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016), el Tribunal
Administrativo del Meta – Sala de Conjueces, profirió sentencia de
23 Información del Proceso
24 Expediente digital – sistema Samai - gestión otros despachos – índice No. 17, información
que se obtiene del contenido de la Resolución No. 4223 de 20 de noviembre de 2009, visible
en el folio 35.
25 Consulta de Procesos por Nombre o Razón Social- Consejo Superior de la Judicatura
26 Expediente digital – sistema Samai - gestión otros despachos – índice No. 17 – folios 35-
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Interno: 3509-2025
Demandante: Alvaro Peñuela Delgado
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
primera instancia dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho incoado por el señor Álvaro Peñuela
Delgado en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial27, a través de la cual, resolvió:
«(…)
SEGUNDO: ORDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL –
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL liquidar y
pagar por concepto de remuneración laboral al Magistrado ALVARO
PEÑUELA DELGADO la diferencia entre las sumas efectivamente
canceladas a partir del 1° de enero de 2001 y el 80% que desde esa
fecha han devengado los Congresistas, hasta el 04 de agosto de 2008,
último día en que laboró el Magistrado, incluyendo en este cálculo
todos los ingresos laborales y prestaciones sociales, especialmente el
auxilio de cesantía con su respectivo interés que devengan los citados
funcionarios así como los Magistrados de las Altas Cortes.»
• La anterior decisión fue confirmada por el H. Consejo de Estado por
medio de sentencia adiada Treinta y Uno (31) de Julio de Dos Mil
Diecinueve (2019)28
2.5. Caso concreto
61. En el sub examine, tal como lo advirtió el A-quo, los extremos de la litis
son unánimes en tener por cierto que, el demandante prestó sus servicios de
magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio – Meta,
por el tiempo comprendido entre el Tres (3) de Agosto de Dos Mil Ocho (2008)
y el Veintiséis (26) de Enero de Dos Mil Doce (2012).
62. Circunstancias de tiempo y servicio que aduce el actor tuvieron su génesis
en la orden judicial proferida por el Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión del Meta, en sentencia de fecha Veintiocho (28) de Septiembre
de Dos Mil Doce (2012), en la que se ordenó su reintegro al cargo sin solución
de continuidad, al considerar irregular el retiro, decisión que fue confirmada
por el Tribunal Administrativo del Meta en segunda instancia, lo cual, si bien,
no reposan las pruebas que así lo acrediten, lo cierto es, que ello fue aceptado
por el extremo pasivo de la litis, y no constituye argumento de la alzada.
27 Expediente digital – sistema Samai - gestión otros despachos – índice No. 22 folios 17-38
28 Expediente digital – sistema Samai - gestión otros despachos – índice No. 22 folios 5-14
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Interno: 3509-2025
Demandante: Alvaro Peñuela Delgado
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
63. Así, se tiene que, el señor Alvaro Peñuela Delgado, fungió como
magistrado de Tribunal, y, en virtud de ello, presentó reclamación
administrativa ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de
Villavicencio – Meta, en aras de obtener el reconocimiento, liquidación y pago
de los porcentajes establecidos para la bonificación por compensación
prevista en el Decreto 610 de 1998, correspondiente al 80% de lo que, por
todo concepto percibe un magistrado de Alta Corte, teniendo como base para
liquidación lo percibido por los congresistas, por el tiempo comprendido entre
el Tres (3) de Agosto de Dos Mil Ocho (2008) y el Veintiséis (26) de Enero de
Dos Mil Doce (2012)29.
64. Por lo tanto, de acuerdo con lo establecido por la Sala, a la luz de lo
expuesto en el marco normativo y jurisprudencial de la presente providencia,
le asiste pleno derecho al pago de la bonificación por compensación
preceptuada por el Decreto 610 de 1998, motivo por el cual, prima facie, el
análisis efectuado por el Tribunal resulta conforme a derecho.
65. Ahora, comoquiera que, dicho derecho no fue reclamado oportunamente,
el A-quo declaró probada su prescripción y contra esta decisión, no se formuló
reparo alguno por los sujetos procesales, por tanto, no puede ser objeto de
pronunciamiento alguno.
66. Aclarado lo anterior, se pasa a analizar los argumentos de inconformidad
de la entidad demandada formulado en el recurso de apelación, esto es, la
alegada imposibilidad presupuestal para cumplir con las diferencias
reconocidas por el Tribunal.
67. Frente a ello, la Sala precisa que, tal reparo no tiene vocación de
prosperidad; por cuanto y en tanto que, la tesis jurisprudencial de esta sección
es pacífica en indicar que, la falta de recursos no justifica el desconocimiento
de derechos salariales y prestacionales que integran el derecho fundamental
al trabajo y al mínimo vital, los cuales conllevan inmerso la obligación de
realizar los aportes al sistema de seguridad social integral y que deben ser
garantizados por el Estado respetivamente.
29 Expediente digital – sistema Samai - gestión otros despachos – índice No. 03, folio 10
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Interno: 3509-2025
Demandante: Alvaro Peñuela Delgado
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
68. De tiempo atrás, la Corte Constitucional también, ha sostenido que, la
situación económica del empleador no constituye justificación válida para
incumplir el deber legal y constitucional de retribuir adecuada y oportunamente
el trabajo prestado por sus trabajadores30. En igual sentido, ha reiterado que,
el desorden administrativo, las falencias presupuestales o las dificultades
económicas no exoneran al empleador público del cumplimiento de sus
obligaciones laborales31.
69. En esta línea, frente a este argumento, la Subsección ya ha tenido
oportunidad de pronunciarse, indicando que la imposibilidad presupuestal no
puede conllevar a la negativa del derecho salarial, puesto que, la entidad
demandada tiene el deber de gestionar los recursos necesarios para cumplir
la obligación impuesta en la ley32.
70. Por otra parte, indica el apelante que, el A-quo en el ordinal tercero de la
sentencia objeto de análisis, dispuso condenarla a reconocer la prima especial
referida como carácter salarial teniendo en cuenta para la reliquidación de la
pensión de jubilación o aportes para el sistema de seguridad social en
pensiones y salud durante toda la relación laboral del demandante, razón por
la cual, considera que, la decisión es extra petita e incongruente entre lo
solicitado por la parte actora y lo resuelto.
71. Por lo expuesto, la Sala al efectuar la revisión de dicho ordinal advierte
que, el A-quo dispuso lo siguiente:
30 Cfr: sentencias T-015 de 1995, T-146 de 1996, T-220 de 1998.
31 Cfr. Sentencia T-716/00
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección
B Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del Veintisiete (27) de
Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), Radicado 25000-23-42-000-2013-05452-02 (6500-
20191).
23
Interno: 3509-2025
Demandante: Alvaro Peñuela Delgado
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
72. De la anterior lectura, no se observa que, se desconozca el ordenamiento
jurídico aplicable a la bonificación por compensación, pues, para el cargo de
magistrado de tribunal, ha de recordarse que el Decreto 610 de 1998 previó
que, esta bonificación sumada a la prima especial de servicios y a los demás
ingresos laborales actuales, debía igualar inicialmente al 60% de los ingresos
laborales que por todo concepto percibían los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo
Superior de la Judicatura y que incrementó posteriormente al 70% (para el
año 2000) y el 80% (a partir de 2001).
73. En cuanto al argumento consistente en que, el tribunal dispuso el pago de
la diferencia en un porcentaje que no podía superar el 80% de los ingresos de
los magistrados de alta corte “que es igual a lo que por todo concepto
devengan los congresistas dentro de lo cual se deben tener en cuenta las
cesantías percibidas por estos”, precisa la Sala que, la bonificación por
compensación comporta la vigencia misma de los límites legales establecidos
por el Gobierno Nacional, por cuanto, es claro, debe liquidarse en cuantía
exacta del 80% de lo que por todo concepto percibe un magistrado de Alta
Corte, configurando una garantía de remuneración porcentual y el techo de la
asignación prevista para todos aquellos que la devengan, tal como lo ordenó
el A-quo.
74. Además, la bonificación por compensación posee incidencia salarial para
efectos del ingreso base de cotización para los sistemas de seguridad social
24
Interno: 3509-2025
Demandante: Alvaro Peñuela Delgado
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
en pensiones y salud, circunstancia que, responde a la finalidad
constitucional, de garantizar la adecuada financiación de los sistemas y la
protección efectiva del derecho a la seguridad social, por lo tanto, aun cuando
no sea solicitado por la parte actora, ello, se aplica por ley y en guarda del
principio de solidaridad.
75. Así las cosas, no le asiste razón a la parte apelante cuando considera que
la decisión es extra petita e incongruente entre lo solicitado por la parte actora
y lo resuelto.
76. Finalmente, la Sala no observa que, en la sentencia recurrida se ordenara
reliquidación de pensión de jubilación a favor del demandante, por tanto, dicho
argumento resulta fallido y, por ello, no se abordara a su análisis en segunda
instancia.
77. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que, los argumentos
formulados en el recurso de apelación, no tienen la vocación de desvirtuar, las
consideraciones que sirvieron de fundamento a la decisión adoptada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Transitoria, en tanto y en
cuanto, la providencia apelada, reconoció adecuadamente el derecho
derivado de la bonificación por compensación, delimitó sus efectos respecto
de los aportes para los sistemas de seguridad social en pensiones y salud,
además, definió el alcance del restablecimiento del derecho conforme al
marco normativo y jurisprudencial aplicable tanto a la bonificación en mención
como a los aportes a pensión y salud.
78. Bajo estas premisas, la Sala confirmará en su integridad la sentencia de
primera instancia.
Condena en costas.
79. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus
intereses, es decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo
188 del CPACA, por tanto, no se impondrá condena en costas en esta
instancia.
25
Interno: 3509-2025
Demandante: Alvaro Peñuela Delgado
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
80. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que, en el trámite no se
observa que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala
no condenará en costas a la parte vencida.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el Veintinueve (29) de
Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca – Sala Transitoria, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, conforme a lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente con excusa
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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