Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2019-00091-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2019-00091-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2019-00091-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 19001-23-33-000-2019-00091-02 (5452-2024)
Demandante: María Alejandra Paz Restrepo
Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1
Tema: Prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 14 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. María Alejandra Paz Restrepo presentó demanda2 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en
orden a que se declarara la nulidad del acto ficto negativo producto del silencio de
la DEAJ frente a la petición presentada el 17 de mayo de 2018, mediante la cual
solicitó el reconocimiento «del 30% de su salario mensual que fue erróneamente pagado
1 En adelante DEAJ.
2 La demanda fue radicada el 6 de marzo de 2019.
3 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 19001-23-33-000-2019-00091-02 (5452-2024)
Demandante: María Alejandra Paz Restrepo
como prima especial de servicios y por lo tanto se dejó de pagar; así como la reliquidación
y cancelación de todas las prestaciones sociales que fueron liquidadas sobre el 70% de su
salario mensual, y no sobre la totalidad del mismo, incluyendo, además, la prima especial
de servicios» (sic).
2. Asimismo, solicitó que se inaplicaran los artículos 8 de los decretos 874 de 2012,
1024 de 2013 y 194 de 2014; y 2 de los decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013
de 2017 y 337 de 2018 porque «conservaron la prima especial de servicios como una
figura comprendida en el sueldo básico y desprovista de carácter salarial, y se limitó a fijar
el incremento anual a los beneficios y figuras salariales de los empleados de la Rama
Judicial, lo que, (…) contraria la Constitución, la Ley 4 de 1992 y la jurisprudencia del
Consejo de Estado que ha interpretado y previsto que la prima especial de servicios es un
incremento remuneratorio y debe ser tenido en cuenta para liquidar todas las prestaciones
sociales a las que tenga derecho el respectivo empleado» (sic).
3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento y pago del 30% del salario básico mensual desde el 1
de marzo de 2012 hasta el 1 de septiembre de 2016, toda vez que este fue
fraccionado en un 70% como salario y un 30% por concepto de prima especial de
servicios; ii) la reliquidación de las prestaciones sociales y de los aportes a la
seguridad social «sobre el 100% del sueldo básico, más la prima especial de servicios
equivalente al 30% del sueldo básico mensual causadas desde el 1 de marzo de 2012 hasta
el 1 de septiembre 2016, que fueron indebidamente liquidados sobre el 70% del salario
básico mensual de mi representada, y no sobre el 130%, por cuanto el 30% de su salario
le fue cancelado indebidamente bajo el concepto de prima especial de servicios, cuando
esta debió reconocerse en un 30% adicional al sueldo básico para un total de un 130 %,
por cuanto éste último concepto, según el Consejo de Estado, tiene naturaleza
salarial»(sic); iii) la indexación de las sumas reconocidas de acuerdo con el índice
de precios al consumidor (IPC); iv) el pago de los intereses moratorios a partir de la
ejecutoria del fallo; v) el cumplimiento de la sentencia dentro de los 30 días
siguientes a su ejecutoria; y vi) la condena en costas a la demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
4. Como hechos relevantes señaló los siguientes:
4.1. María Alejandra Paz Restrepo prestó sus servicios a la Rama Judicial desde el
1º de marzo de 2012 hasta el 1º de septiembre de 2016 en el cargo de juez del
circuito administrativo de Popayán en el «régimen de acogidos».
4.2. El
17 de mayo de 2018 solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Popayán4 el pago del 30% del salario básico mensual
4 En adelante DESAJ.
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Demandante: María Alejandra Paz Restrepo
que le fue reconocido bajo el concepto de prima especial de servicios y la
reliquidación de las prestaciones sociales y de los aportes a la seguridad social, los
cuales fueron liquidados únicamente con base al 70% del salario básico mensual,
en razón a que el 30% restante fue reconocido a título de prima especial de servicios
«sin carácter salarial».
4.3. La anterior petición no fue resuelta, pues transcurrieron « más de tres meses desde
la radicación de la petición en la DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
JUDICIAL, sin que se h[ubiese] notificado decisión que la resuelv[ier]a». En
consecuencia, de conformidad con el artículo 83 del CPACA, se configuró el silencio
administrativo negativo.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. Como tales, señaló los artículos 1, 2, 6, 23, 25, 53 y 121 de la Constitución Política;
y 1, 2, 10 y 14 de la Ley 4 de 1992; y los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969;
así como la sentencia de «unificación» proferida por el Consejo de Estado el 4 de
agosto de 2010 y otros precedentes que han considerado a la prima especial como
factor salarial.
6. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente5:
6.1. La Ley 4 de 1992 ordenó crear una prima especial adicional al salario básico.
Sin embargo, los decretos 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015
y 245 de 2016 expedidos por el gobierno nacional, desconocieron el precedente
jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado, en especial la sentencia del 4 de
agosto de 2010, según la cual la prima especial de servicios tiene carácter salarial.
Además, «desde el sentido etimológico de la palabra “prima” se ha entendido esta figura
como un incremento salarial o pago adicional al sueldo básico» (sic).
6.2. En consecuencia, la prima especial de servicios correspondía a un incremento
adicional del salario básico y no a una porción de este, razón por la cual los decretos
mencionados desconocieron el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 al establecer que el
30% del salario básico constituía una prima sin carácter salarial. Como resultado de
ello, el ingreso mensual se pagó sobre el 70% y se destinó el porcentaje restante,
esto es el 30% del salario como prima especial sin carácter salarial, lo que implicó
que las prestaciones sociales se liquidaran sobre una base inferior al 100% del
salario y que la referida prima no se reconociera como un adicional a la
remuneración mensual.
5 Índice 2 de Samai, actuación expediente digital, archivo
«5ED_EXPEDIENTE_19001230000520190009(.zip) NroActua 2», carpeta Cuaderno principal,
documento «018ED_C01Principal_03DEMANDAPDF».
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6.3. Con fundamento en lo anterior, los artículos 8 de los decretos 874 de 2012, 1024
de 2013 y 194 de 2014, así como el 2 de los decretos 1257 de 2015 y 245 de 2016,
debieron inaplicarse al ser contrarios a la Constitución Política, a la Ley 4ª de 1992
y al principio de progresividad de los derechos laborales. El alcance otorgado a tales
disposiciones despojó a la prima de su naturaleza salarial, pese a constituir un pago
habitual del trabajador, y desmejoró la remuneración y las prestaciones sociales de
los servidores de la Rama Judicial.
1.2. Contestación de la demanda
7. La DEAJ se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en lo
siguiente6:
7.1. La prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no
tenía carácter salarial. No obstante, la sentencia del 2 de septiembre de 20197
dispuso que, en aplicación de los decretos anuales salariales, la administración de
forma equivocada había tomado el 30% del salario básico como prima especial de
servicio, lo que había ocasionado que las prestaciones sociales se liquidaran con el
70% de la remuneración mensual y no con el 100%. Por lo anterior, los beneficiarios
de la aludida prima tenían derecho a la reliquidación de sus prestaciones sociales
con el 100% del salario básico mensual, así como al reconocimiento del 30%
adicional al 100% del salario básico por concepto de prima especial sin carácter
salarial, sin que la remuneración superara los límites fijados anualmente por el
gobierno nacional.
7.2. De conformidad con la sentencia mencionada y con el auto de aclaración del 7
de octubre de 2019, era claro que la prima especial constituía un incremento
adicional al salario básico, pero sin carácter salarial, salvo para efectos pensionales.
7.3. No obstante, «en el caso de los funcionarios que están en servicio activo, como ocurre
con el aquí demandante» (sic), existía una imposibilidad presupuestal para reconocer
esas acreencias laborales ya que esto era contrario al artículo 71 del Decreto 111
de 1996 que compiló el artículo 86 de la Ley 38 de 1989 y el artículo 2.8.3.2.1 del
Decreto 1068 de 2015.
7.4. Cualquier reconocimiento económico derivado de la sentencia del Consejo de
Estado requería de apropiación presupuestal previa por parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, la cual no fue autorizada, por lo que no podía efectuar
6 Índice 2 de Samai, actuación expediente digital, archivo
«5ED_EXPEDIENTE_19001230000520190009(.zip) NroActua 2», carpeta Cuaderno principal,
documento «9_RECEPCIONMEMORIAL_CONTESTACION201900».
7 «radicado No. 2016-00041-02, el H. Consejo de Estado, Sala Plena de Conjueces de la Sección
Segunda, dictó Sentencia de Unificación SUJ-016-CE-S2-2019»
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pagos sin tal respaldo. En esa medida, se debía integrar el litis consorcio necesario
con la Nación, Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y Departamento
Administrativo de la Función Pública8.
7.5. LaRama Judicial carecía de competencia para fijar el régimen salarial y
prestacional de sus servidores, toda vez que esa facultad le correspondía al
gobierno nacional. Por consiguiente, se limitó a aplicar los decretos salariales
vigentes.
7.6. La demandante radicó la reclamación administrativa el 17 de mayo de 2018. Por
consiguiente, las sumas causadas con anterioridad al 17 de mayo de 2015
prescribieron, de conformidad con los «Decreto[s] 3135 de 1998 y 1848 de 1969».
7.7. Con fundamento en lo anterior, propuso las siguientes excepciones i) « de la
imposibilidad material y presupuestal de reconocer las pretensiones de la demandante»; ii)
«integración del litis consorcio necesario»; iii) ausencia de causa petendi; iv)
prescripción; y v) innominada.
1.3. La sentencia apelada
8. Mediante sentencia del 14 de junio de 2024 el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En tal sentido,
ordenó lo siguiente:
«PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucionales los artículos 8 del Decreto 874 de
2012, 8 del Decreto 1024 de 2013 y 8 del Decreto 194 de 2014. En su lugar, se dispone
aplicar al sub lite el artículo 53 de la Constitución Política, conforme con lo explicado en
la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto ficto o presunto producto del silencio
administrativo negativo frente a la petición elevada el 17 de mayo de 2018 y configurado
el 17 de agosto de 2018.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la parte demandada
a reconocer y pagar en favor de la señora María Alejandra Paz Restrepo identificada con
C.C. No. 25.280.801, la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, liquidándola como un incremento del 30% respecto del 100% del salario
básico, a partir del 1 de marzo de 2012 hasta el 1 de septiembre de 2016, en todo caso
según los tiempos de servicio prestados por la parte demandante como Juez de la
República, sin que supere el tope fijado anualmente por el Gobierno Nacional.
La parte demandada también deberá reliquidar y pagar las prestaciones sociales y
salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de
vacaciones, bonificación por servicios prestados y demás emolumentos percibidos) de
la señora María Alejandra Paz Restrepo identificada con C.C. No. 25.280.801, a partir
8 El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó la excepción de integración del litis consorte en
auto del 18 de agosto de 2023.
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del 1 de marzo de 2012 hasta el 1 de septiembre de 2016, teniendo en cuenta para tal
efecto una base de liquidación del 100% de la remuneración básica mensual, incluyendo
el 30% descontado erróneamente a título de prima especial.
La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y
cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2012 hasta el 1
de septiembre de 2016 arroje valores en favor de la parte demandante, sin pasar por alto
que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera expresa
que la prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una suma
adicional a la asignación básica.
CUARTO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de PRESCRIPCIÓN de los
valores reconocidos con anterioridad al 17 de mayo de 2015, de acuerdo a lo expuesto
en la parte considerativa de esta providencia.
QUINTO: ORDENAR a la entidad demandada el cumplimiento de la sentencia en los
términos de los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011, aplicando la siguiente
fórmula de actualización:
R= Rh Índice Final
Índice Inicial
La entidad demandada debe realizar los aportes al sistema de seguridad social con base
en el 100% del salario básico, además, queda facultada para realizar los respectivos
descuentos de ley.
SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SÉPTIMO: Condenar en costas de primera instancia a la parte demandada, en los
términos indicados en la parte motiva de esta providencia.
OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia, sin que se haya interpuesto el recurso de
apelación, ORDENESE la devolución de los gastos si fueron consignados por el
demandante y ARCHIVESE el expediente, previas las anotaciones de rigor.» (sic).
9. Para tal efecto, expuso lo siguiente:9
9.1. La prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no tiene carácter
salarial, pues únicamente incide en las cotizaciones al sistema de seguridad social
en pensiones y en salud con la entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021. Por lo
tanto, no era procedente reconocer tal emolumento con carácter salarial.
9.2. Con fundamento en lo previsto en el artículo 53 de la Constitución Política y lo
establecido por el Consejo de Estado en la sentencia del 2 de septiembre de 2019,
la prima especial de servicios debió considerarse como un incremento del salario
básico y, por lo tanto, sus beneficiarios tenían derecho al reconocimiento de las
diferencias que surgieran ante un pago indebido y a la reliquidación de las
9 Índice 2 de Samai, actuación expediente digital, archivo
«5ED_EXPEDIENTE_19001230000520190009(.zip) NroActua 2», carpeta Cuaderno principal,
documento «043Sentencia 1ª.i_20190009100Sentencia».
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prestaciones sociales sobre el 100% de la asignación básica, esto es, con inclusión
del 30% excluido por concepto de prima especial. Lo contario, vulneró los principios
de progresividad, favorabilidad, equidad, y el principio relacionado con una
remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo.
9.3. La negativa, aún por medio del silencio administrativo, evidenció la aplicación de
los decretos anuales salariales frente a los que la demandante solicitó su
inaplicación, razón por la que correspondía «aplicar la excepción de
inconstitucionalidad respecto de los artículos 8 del Decreto 874 de 2012, 8 del Decreto 1024
de 2013 y 8 del Decreto 194 de 2014, en tanto reprodujeron la disposición declarada nula
por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado a través de la sentencia del 29 de abril de
2014, que conlleva a interpretar de manera errada que del 100% salario, el 30% debe
considerarse prima especial y el 70% restante salario.» (sic). Sin embargo, el artículo 8
del Decreto194 de 2014 conservó su vigencia hasta la expedición del Decreto 272
de 2021, razón por la que los decretos salariales posteriores no reprodujeron la
disposición declarada nula ni la modificaron o derogaron.
9.4. La demandante i) ingresó a laborar como juez de la República a partir del 1 de
marzo de 2012; ii) mantuvo el vínculo laboral en distintos juzgados hasta el 1 de
septiembre de 2016; iii) radicó la reclamación administrativa el 17 de mayo de 2018;
y iv) presentó la demanda el 6 de marzo de 2019. Por consiguiente, tenía derecho
a la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como un
incremento del 30% respecto del 100% del salario básico y a la reliquidación de las
prestaciones sociales con el 100% de la remuneración mensual, « sin pasar por alto
que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera expresa que
la prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una suma adicional a
la asignación básica y, atendiendo estrictamente los periodos en que fungió como Juez de
la República» (sic).
9.5. Sin embargo, comoquiera que la reclamación administrativa se presentó el 17
de mayo de 2018, es decir, cuando habían transcurrido más de 3 años «desde su
vinculación como juez (1 de marzo de 2012)», prescribieron las sumas anteriores al
17 de mayo de 2015.
9.6. De conformidad con la regla prevista en el artículo 365.1 del Código General del
Proceso, desde el punto de vista objetivo valorativo, era procedente la condena en
costas a la parte demandada, en atención a que las pretensiones de la demanda
prosperaron parcialmente y que el asunto es de aquellos de pleno derecho. « Previa
aplicación del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, se reconoce a título de agencias en derecho, el uno por ciento (1%) de lo tasado
en la estimación razonada de la cuantía, esto es, la suma de $999.429,29» (sic).
1.4. Los recursos de apelación
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10. La DEAJ presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia en los siguientes términos10:
10.1. De conformidad con la sentencia del 2 de septiembre de 2019, los jueces de la
República tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias generadas
por la reliquidación de sus prestaciones sociales y laborales con base en el 100%
del salario básico mensual, y un 30% adicional, calculado sobre el 100% de la
asignación básica, por concepto de la prima especial de servicios sin carácter
salarial, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
10.2. En virtud de tal sentencia y del Decreto 272 de 2021, con efectos fiscales desde
el 1 de enero de 2021, la entidad ha reconocido a los funcionarios judiciales la
reliquidación de sus prestaciones con base en el 100% del salario básico, y la prima
especial de servicios del 30% a partir del mes de abril de ese año; « sin embargo,
resulta presupuestalmente inviable presentar fórmula conciliatoria para las obligaciones
anteriores al 1 de enero de 2021, toda vez que a la fecha no se cuenta con la apropiación
presupuestal por parte del Ministerio Hacienda y Crédito Público que permita cubrir el
reconocimiento de dichas acreencias laborales.» (sic). De modo que se desconocería
la prohibición del artículo 71 del Decreto 111 de 1996 que compiló el artículo 86 de
la Ley 38 de 1989 y el artículo 2.8.3.2.1 del Decreto 1068 de 2015.
10.3. Además, el gobierno nacional expide anualmente los decretos que fijan las
escalas salariales que regirán durante su vigencia, razón por la cual este es quien
direcciona a la entidad respecto de reconocimiento de salarios, primas y
bonificaciones bajo el amparo del principio de legalidad.
11. María Alejandra Paz Restrepo presentó recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia con fundamento en que11:
11.1. El tribunal de instancia debió inaplicar el artículo 2 de los decretos 1257 de 2015
y 245 de 2016 porque así se solicitó en la demanda. En cambio, indicó que tales
decretos «no reprodujeron la disposición declarada nula por el Consejo de Estado ni
modificaron o derogaron el contenido del artículo 8 del Decreto 194 de 2014, sino que tan
solo mantuvieron vigente este artículo hasta el año 2021» (sic).
11.2. Apesar de que los decretos expedidos para los años 2015 y 2016 solo
actualizaron los valores contenidos en el artículo 8 del Decreto 194 de 2014, sin
modificar o derogar esta disposición, sí incidieron en el pago de la prima especial
10 Índice 2 de Samai, actuación expediente digital, archivo
«5ED_EXPEDIENTE_19001230000520190009(.zip) NroActua 2», carpeta Cuaderno principal,
documento «046Recepción recur_APELACION201900091MA».
11 Índice 2 de Samai, actuación expediente digital, archivo
«5ED_EXPEDIENTE_19001230000520190009(.zip) NroActua 2», carpeta Cuaderno principal,
documento «051_MemorialWeb_RecursoExp201900091Re».
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que se pagó a partir de una indebida interpretación del artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, lo que hace procedente su inaplicación.
11.3. La prescripción trienal no era aplicable a su caso pese al criterio dispuesto en
el fallo del 2 de septiembre de 2019, porque el derecho se hizo exigible a partir de
la decisión judicial que reconoció la procedencia del pago de la prima especial de
servicios y la reliquidación de las prestaciones sociales. Así, la jurisprudencia ha
avalado la aplicación de la prescripción desde que se expide la providencia que
hace la declaración. En el presente asunto, solo podía contabilizarse la prescripción
a partir de la sentencia del 2 de septiembre de 2019, que se convalidó con la
decisión apelada en la cual se inaplicaron los actos generales, por la aplicación del
principio de confianza legítima.
11.4. Durante su vinculación en la Rama Judicial tuvo la confianza legitima que le
pagaban lo correcto por desempeñar el cargo de juez y, en todo caso, los fallos
judiciales anteriores a la decisión del año 2019 establecían que la prescripción solo
se computaba desde la expedición de la sentencia que anuló los actos generales.
Esta postura fue reiterada por el Consejo de Estado en varias decisiones judiciales.
11.5. La declaración de la prescripción implicaba permitir que la administración se
beneficiara de su propia culpa, esto es de la interpretación errada que durante años
realizó de la Ley 4ª de 1992.
11.6. Los principios de progresividad y no regresividad de los derechos laborales
derivaban en que no pudiera coexistir una interpretación restrictiva como la aplicada
en este caso con respecto a la prescripción trienal.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
12. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar12.
1.6. El Ministerio Público
13. El procurador delegado solicitó confirmar la sentencia de primera instancia por
estar acorde con los parámetros interpretativos y jurisprudenciales aplicables al
reconocimiento y liquidación de la prima especial de servicios. De acuerdo con la
situación fáctica y jurídica de la demandante, quien, por haberse desempeñado
como juez del circuito administrativo, tenía derecho a percibir tal prima como una
suma adicional al salario fijado por el gobierno nacional. En consecuencia, al
12 Al respecto, ver auto del 29 de noviembre de 2024, visible a índice 4 de Samai.
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sustraérsele tal concepto de la asignación básica, en lugar de reconocerse como un
emolumento adicional, se le ocasionó un perjuicio y un detrimento en su
remuneración y en las prestaciones sociales, pese a que constituía un beneficio
para mejorar sus «condiciones laborales y de vida»13.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia14, se circunscriben a
establecer:
13.1. ¿si las limitaciones económicas y presupuestales son argumentos válidos para
negar el derecho a la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992?
13.2. ¿si el tribunal debió inaplicar el artículo 2 de los decretos 1257 de 2015 y 245
de 2016 por ser una pretensión de la demanda?
13.3. ¿si la demandada podía justificar, con fundamento en el principio de legalidad,
la liquidación de la asignación básica y las prestaciones sociales con el 70% del
salario, en aplicación de los decretos salariales anuales expedidos por el gobierno
nacional que fraccionaron la remuneración al considerar el 30% como prima
especial de servicios?
13.4. ¿si era improcedente aplicar la prescripción extintiva de carácter trienal en el
presente caso?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
13 Índice 8 de Samai.
14 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
10
Radicado: 19001-23-33-000-2019-00091-02 (5452-2024)
Demandante: María Alejandra Paz Restrepo
2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
14. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del congreso nacional y de la fuerza pública.
15. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:
«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial15 para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero
de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].
16. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de
la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el
régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).
17. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter
salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los
Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los
15 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-
96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una
cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».
11
Radicado: 19001-23-33-000-2019-00091-02 (5452-2024)
Demandante: María Alejandra Paz Restrepo
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».
18. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la
Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la
opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente,
indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de
las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados
del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores
Delegados de la Procuraduría General de la Nación».
19. Luego, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de 1994,
43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000, 1474
de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de 2006,
618 de 200716, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874 del
2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021, 470
del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó
que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como
Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar17».
20. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de
la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno;
directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de
unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de
Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los
Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se
consideraba prima especial sin carácter salarial.
21. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
16 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la
prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 29 de abril del 2014 de
radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
17 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales
no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.
12
Radicado: 19001-23-33-000-2019-00091-02 (5452-2024)
Demandante: María Alejandra Paz Restrepo
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado
como prima.
22. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201918, fijó, entre otras, las siguientes
reglas:
«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
1. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente
2. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario
básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido
a título de prima especial.
3. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a
límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.
4. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
5. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.»
23. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)
13
Radicado: 19001-23-33-000-2019-00091-02 (5452-2024)
Demandante: María Alejandra Paz Restrepo
detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de
septiembre de 201919.
24. Asimismo, el Consejo de Estado, a través de la sentencia del 29 de abril de
201420 declaró la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial,
pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es
la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el
legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el
literal a) del artículo 2° de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían
desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber
mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para
determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad».
[Se resalta].
21
25. A tales conclusiones llegó la Sala de Conjueces luego de considerar que «la
interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los Decretos
43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios
constitucionales, en especial, los de progresividad y favorabilidad. En esas condiciones,
esta Sala entiende que la prima especial a que se refieren dichas normas debe ser un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores señalados
en las mismas, entre ellos, los Magistrados de Tribunal de Distrito Judicial». De acuerdo
con lo anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
corresponde a un valor adicional al salario básico.
2.2.2. La prescripción del derecho a la prima especial de servicios y la
imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social en pensión
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-
2016-00041-02(2204-2018).
20 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
Declaró la nulidad de los siguientes artículos: 9 del Decreto 51 de 1993; 9 y 10 del Decreto 54 de
1993; 6 del Decreto 57 de 1993; 9 del Decreto 104 de 1994; 6 del Decreto 106 de 1994; 9 y 10 del
Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto 26 de 1995; 7 del Decreto 43 de 1995; 9 del Decreto 47
de 1995; 9 del Decreto 34 de 1996; 10, 12 y 14 del Decreto 35 de 1996; 6 del Decreto 36 de 1996; 9
del Decreto 47 de 1997; 9, 11 y 13 del Decreto 56 de 1997; 6 del Decreto 76 de 1997; 6 del Decreto
64 de 1998; 9 del Decreto 65 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 67 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 37
de 1999; 9 del Decreto 43 de 1999; 6 del Decreto 44 de 1999; 9, 11 y 13 del Decreto 2734 de 2000;
9 del Decreto 2739 de 2000; 7 del Decreto 2740 de 2000; 9 del Decreto 1474 de 2001; 7 del Decreto
1475 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 1482 de 2001; 7 del Decreto 2720 de 2001; 9 del Decreto 2724
de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 2730 de 2001; 6 del Decreto 673 de 2002; 9 del Decreto 682 de
2002; 8, 10 y 12 del Decreto 683 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 3548 de 2003; 9 del Decreto 3568
de 2003; 6 del Decreto 3569 de 2003; 8, 10 y 12 del Decreto 4169 de 2004; 9 del Decreto 4171 de
2004; 6 del Decreto 4172 de 2004; 8, 10 y 12 del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005;
6 del Decreto 936 de 2005; 9 del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8, 10 y 12 del
Decreto 392 de 2006; 9 del Decreto 617 de 2007; 6 del Decreto 618 de 2007; 8, 10 y 12 del Decreto
621 de 2007; y 8, 9, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
21 Tal como lo había considerado el Consejo de Estado en la sentencia del 31 de octubre de 2012,
Expediente 2001-0642, conjuez ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz.
14
Radicado: 19001-23-33-000-2019-00091-02 (5452-2024)
Demandante: María Alejandra Paz Restrepo
26. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue
reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
27. En la sentencia del 2 de septiembre de 201922, el Consejo de Estado determinó
que en materia de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha
de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado
Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho.
28. Para establecer lo anterior la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado consideró que la exigibilidad de los derechos salariales surgidos
a partir del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se predica del «momento de la entrada en
vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó
primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993».
29. Lo anterior obedece a que los salarios de los servidores judiciales beneficiarios
de la citada prestación se actualizan anualmente con los decretos salariales
expedidos por el gobierno nacional que establece la escala salarial que regirá para
la respectiva anualidad, de modo que no es la fecha de ejecutoria de la sentencia
del 29 de abril de 2014 que declaró la nulidad de los decretos salariales la que
determina el punto de partida para el cómputo de la prescripción.
30. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho
fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior23 como con los
principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad,
progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del sistema de
seguridad social en pensiones.
31. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez).
23 «ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley».
15
Radicado: 19001-23-33-000-2019-00091-02 (5452-2024)
Demandante: María Alejandra Paz Restrepo
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo
de vejez del trabajador.
32. Así, en palabras de esta Sección en sentencia CE-SUJ2-0524 «no aplica el
fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición
periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la
igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales». Lo anterior obedece a
que los aportes pensionales se relacionan en mayor medida con el deber del
empleador de cumplir con sus obligaciones frente al sistema parafiscal.
2.3. Caso en concreto
2.3.1. Hechos probados
33. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
33.1. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán, a
través de la certificación del 19 de abril de 2018, especificó los salarios devengados
por la demandante del 1° de marzo al 31 de diciembre de 2012; del 1° de enero al
31 de diciembre de 2013; del 1° de enero al 2 de febrero de 2014; del 3 de febrero
al 31 de julio de 2014; del 6 de agosto al 31 de diciembre de 2014; del 1° de enero
al 3 de noviembre de 2015; del 4 al 30 de noviembre de 2015; del 1° al 31 de
diciembre de 2015; y del 1° de enero al 1° de septiembre de 201625.
33.2. El 17 de mayo de 2018, la demandante solicitó a la DESAJ de Popayán: i)
inaplicar por inconstitucionales e ilegales los decretos 874 de 2012, 1024 de 2013,
194 de 2014, 1257 de 2015 y 245 de 2016; ii) el pago del 30% del salario básico
mensual, el cual había sido descontado para denominarlo prima especial; iii) la
reliquidación de la prima especial de servicios del 30% y el pago la diferencia entre
lo recibido y lo que debió percibir; y iv) la reliquidación de las prestaciones sociales
con el 100% del salario, todo lo anterior «desde el 1° de marzo de 2012 hasta el 1° de
septiembre de 2016»26.
2.3.2. Análisis sustancial del caso concreto
24 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01
(0088-2015)
25 Índice 2 de Samai, actuación expediente digital, archivo
«5ED_EXPEDIENTE_19001230000520190009(.zip) NroActua 2», carpeta Cuaderno principal,
documento «021ED_C01PrincipalOFICIOSOLICITUDPDF», páginas 15 a 37.
26 Índice 2 de Samai, actuación expediente digital, archivo
«5ED_EXPEDIENTE_19001230000520190009(.zip) NroActua 2», carpeta Cuaderno principal,
documento «021ED_C01PrincipalOFICIOSOLICITUDPDF», páginas 1 a 12.
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Radicado: 19001-23-33-000-2019-00091-02 (5452-2024)
Demandante: María Alejandra Paz Restrepo
34. A efectos de abordar los problemas jurídicos planteados, se advierte que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad del acto administrativo
ficto negativo derivado de la ausencia de respuesta a la petición presentada el 17
de mayo de 2018 y, a título de restablecimiento del derecho, condenó a la DEAJ a
reconocer y pagar a la demandante i) la prima especial de servicios como adicional
al salario básico mensual y ii) las prestaciones sociales sobre el 100% del salario
básico mensual. Finalmente, declaró la prescripción de los periodos causados con
anterioridad al 17 de mayo de 2015.
35. La DEAJ cuestionó la anterior decisión, porque se encontraba en imposibilidad
presupuestal para pagar los mayores valores que se generarían al reliquidar el
derecho reclamado y, por lo tanto, no podía presentar fórmula conciliatoria para el
pago de los reajustes de los jueces activos por la falta de apropiación presupuestal
por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; toda vez que de hacerlo
desconocería la prohibición del artículo 71 del Decreto 111 de 1996 que compiló el
artículo 86 de la Ley 38 de 1989 y el artículo 2.8.3.2.1 del Decreto 1068 de 2015.
36. Por su parte, la demandante alegó que el tribunal había omitido inaplicar los
decretos 1257 de 2015 y 245 de 2016, los cuales incidieron en el pago de la prima
especial, pese a que no modificaron el artículo 8 del Decreto 194 de 2014; y debió
abstenerse de declarar la prescripción, toda vez que el derecho reclamado solo se
hizo exigible a partir del fallo del 2 de septiembre de 2019.
37. En cuanto al argumento de la entidad relativo a la imposibilidad económica y
presupuestal para reconocer las diferencias reclamadas, la Sala destaca que, de
conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 334 de la Constitución,
ninguna autoridad puede invocar la sostenibilidad fiscal para limitar, afectar o negar
la protección de los derechos fundamentales.
38. En concordancia con lo señalado por la Corte Constitucional27, esta situación no
es una justificación que valide el incumplimiento de las obligaciones laborales y
prestacionales por parte de las entidades públicas, por consiguiente, carece de
sustento legal y jurisprudencial para afectar el derecho reclamado; por lo tanto, le
corresponde a la administración reconocer y pagar los derechos causados a pesar
de las dificultades financieras que se pudieran presentar, para lo cual deberá «cre[ar]
una partida presupuestal, si no existiere, o […] reali[zar] las operaciones necesarias para
obtener los fondos, bajo el entendido de que los créditos laborales vinculados al mínimo
vital, gozan de prelación constitucional».
39. Porconsiguiente, la alegada imposibilidad económica y presupuestal de la
entidad no constituye una razón válida para justificar la negativa del derecho
27 Ver sentencias SU-995 de 1999 y SU-484 de 2008.
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Radicado: 19001-23-33-000-2019-00091-02 (5452-2024)
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reconocido a la demandante, pues las limitaciones financieras no exoneran a la
administración del cumplimiento de sus obligaciones laborales y prestacionales28.
40. En similar sentido se pronunció el a quo al señalar que, de acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional29, «la falta de presupuesto no puede
condicionar la legalidad de los actos administrativos acusados y el reconocimiento del
derecho acá reclamado tanto en sede administrativa como judicial. Para efectos del
reconocimiento aludido, basta con que la parte demandante cumpla con las condiciones
que la ley y la jurisprudencia exigen, tal y como sucede en el caso concreto. Asunto diferente
es el tema relacionado con la disponibilidad presupuestal, cuyo estudio deberá analizarse
en el momento del pago de la sentencia judicial» (sic). Además, indicó que una
interpretación en sentido contrario vulneraría los derechos de la demandante «a una
vida en condiciones dignas con un mínimo de bienestar individual y familiar, bajo una
excusa de índole presupuestal inválida, rechazada por la jurisprudencia constitucional»
(sic).
41. Además, aunque la entidad señaló que, a partir del Decreto 272 de 2021, ha
reconocido a los funcionarios la reliquidación de sus prestaciones con el 100% del
salario básico y la prima especial de servicios equivalente al 30% adicional a este,
y que era presupuestalmente inviable reconocer acreencias laborales anteriores por
falta de apropiación presupuestal, en los términos del artículo 71 del Decreto 111
de 1996 que compiló el artículo 86 de la Ley 38 de 1989 y el artículo 2.8.3.2.1 del
Decreto 1068 de 2015, la Sala advierte que tal argumento parte del supuesto errado
de que la demandante se encontraba en servicio activo, circunstancia que no
corresponde a los hechos de la demanda y de las pruebas allegadas, pues aquella
se retiró el 1° de septiembre de 2016. En todo caso, como se concluyó previamente,
la alegada insuficiencia presupuestal no constituye razón suficiente para negar el
reconocimiento efectuado.
42. En relación con los argumentos expuestos por la demandante respecto de la
inaplicación de los decretos 1257 de 2015 y 245 de 2016, así como a la declaratoria
de la prescripción, la Sala advierte que no tienen vocación de prosperidad por las
siguientes razones:
43. La Corte Constitucional ha manifestado que «la excepción de inconstitucionalidad
es una herramienta que “se usa con el fin de proteger en un caso concreto y con
efecto inter partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la
aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente,
28 En ese sentido, consultar las sentencias del 27 de marzo de dos mil veintiséis, radicado: 25000-
23-42-000-2013-05452-02 (6500-2019); del 4 de junio de 2026, radicado: 50001-23-33-000-2018-
00061-02 (3509-2025); del 13 de abril de 2016, radicado: 05001-23-33-000-2017-01386-02 (4944-
2023), entre otras.
29 Sentencia T-098 de 2004.
18
Radicado: 19001-23-33-000-2019-00091-02 (5452-2024)
Demandante: María Alejandra Paz Restrepo
contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política”» 30, en el caso
particular, no hay lugar a aplicar la citada figura dado que no se requiere su
utilización concreta para evitar la transgresión de garantías iusfundamentales31.
44. Ahora bien, respecto de la inaplicación del artículo 2 de los decretos salariales
proferidos los años 2015 y 2016, la Sala reitera que, de acuerdo con el tribunal, la
vigencia del Decreto 194 de 2014 se extendió hasta que se profirió el Decreto 272
de 2021. De modo que el Decreto 1257 de 2015 y los decretos salariales posteriores
no modificaron el régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial.
45. Además, según la Corte Constitucional la excepción de inconstitucionalidad debe
aplicarse en tres escenarios concretos32:
«(i) La norma es contraria a las [sic] cánones superiores y no se ha producido un
pronunciamiento sobre su constitucionalidad […];
(ii) La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido
objeto de una declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional o de
nulidad por parte del Consejo de Estado, en respuesta a una acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso; o,
(iii) En virtud, de la especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de
la norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento
iusfundamental. En otras palabras, “puede ocurrir también que se esté en presencia de
una norma que, en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no pueda ser
utilizada en un caso concreto sin vulnerar disposiciones constitucionales”» (sic).
46. De conformidad con lo anterior, el caso particular no se encuadra en ninguno de
estos supuestos, pues no se evidencia una incompatibilidad con la Constitución
Política. En efecto, los artículos cuya inaplicación se solicitó se limitaron a ordenar
el reajuste de los beneficios salariales y prestacionales fijados en los decretos
salariales de 2014, sin que se advierta una contradicción manifiesta con la Carta
Política que incida materialmente en el reconocimiento de los derechos de la
demandante.
47. Sibien la demandante afirmó en el recurso de apelación que los decretos
expedidos a partir del año 2015 incidieron en el pago de la prima especial a partir
de una indebida interpretación del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la inaplicación
de tales disposiciones no procede por la titularidad del derecho reclamado, sino por
la contrariedad con disposiciones superiores, circunstancia que no se acreditó en el
caso concreto.
48. En torno al argumento según el cual la autoridad administrativa estaba obligada
30 Corte Constitucional, sentencia SU-109 de 2022.
31 En el mismo sentido ver la sentencia del 24 de julio de 2025, radicación: 19001-23-33-2019-00047-
02 (6930-2024), C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
32 Corte Constitucional, sentencia SU-109 de 2022.
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Radicado: 19001-23-33-000-2019-00091-02 (5452-2024)
Demandante: María Alejandra Paz Restrepo
a aplicar los decretos salariales anuales expedidos por el gobierno nacional, en
virtud del principio de legalidad, si bien ello es cierto, la Sala no puede desconocer
lo señalado en la sentencia del 2 de septiembre de 2019, según la cual tales
decretos no podían modificar el contenido del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. En
efecto, la aplicación de los decretos anuales generó una disminución de los salarios,
al liquidar el 30% como prima especial sin reconocerla como un adicional, razón por
la cual, en esa oportunidad, la Corporación concluyó que esa actuación evidenciaba
una contravención a la Constitución y a la ley marco.
49. En esencia, se precisó que la prima especial de especial de servicios constituía
un incremento adicional a la asignación básica y no una fracción de esta; por lo
tanto, la aplicación de los decretos salariales anuales no justificaba la disminución
de la asignación básica ni la liquidación de las prestaciones sociales sobre el 70%
del salario, en perjuicio de los principios de progresividad del ingreso, de
interpretación más favorable al trabajador, así como de equidad y nivelación salarial.
Con fundamento en lo anterior, este argumento tampoco tiene vocación de
prosperidad.
50. Finalmente, en torno a la prescripción se tiene que, de conformidad con lo
previsto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de
1969 «[l]as acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de
1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la
respectiva obligación se haya hecho exigible». Además, este término puede
interrumpirse con la reclamación administrativa presentada por el trabajador.
51. Con base en tales disposiciones y en lo expuesto en el marco normativo, el
Consejo de Estado, en sentencia del 2 de septiembre de 2019, precisó que, en los
casos de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la
prescripción se cuenta desde el momento en que surgió el derecho, es decir, desde
la entrada en vigencia del decreto que reglamentó primigeniamente la citada ley, a
saber, el 7 de enero de 1993, fecha que entró en vigor el Decreto 57 de 1993 y
sucesivamente de los decretos salariales que comenzaron aplicarla.
52. En otras palabras, el derecho se hizo exigible en el momento en que debió
pagarse correctamente, y no desde cuando el Consejo de Estado aclaró la
interpretación jurídica en torno a la prima. Criterio que ha sido el adoptado por esta
corporación.
53. De manera que, aunque para la demandante el derecho se hizo exigible a partir
de las decisiones judiciales que reconocieron el alcance de la prima especial y de
la jurisprudencia que contabiliza la prescripción desde la declaratoria de nulidad de
los actos generales, la Sala debe acoger lo dispuesto en la sentencia del 2 de
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Radicado: 19001-23-33-000-2019-00091-02 (5452-2024)
Demandante: María Alejandra Paz Restrepo
septiembre de 201933, por ser el precedente vigente y el que resulta aplicable a las
decisiones judiciales proferidas desde esa fecha, como esta. De ahí que no pueda
desconocerse el «precedente» para adoptar una interpretación distinta frente a la
constitución y la exigibilidad del derecho, pese a que esta se haya sustentado en el
principio de confianza legítima, porque la Sala de Conjueces no condicionó que los
efectos de esta decisión fueran hacia el futuro.
54. En este orden, la Sala encuentra que no habría lugar a computar la prescripción
desde la inaplicación de los decretos que regularon la prima especial ni a partir de
la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2019, sino como lo hizo el tribunal, esto
es 3 años hacia atrás desde la radicación de la reclamación administrativa.
55. En este caso, María Alejandra Paz Restrepo presentó la reclamación el 17 de
mayo de 2018, por lo tanto, operó la prescripción extintiva respecto de las sumas
causadas antes del 17 de mayo de 2015.
34
56. Pese a lo anterior, por ser la seguridad social un derecho irrenunciable e
35
imprescriptible , la prescripción opera con excepción de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones por ser imprescriptibles. Con base en
ello, se encuentra necesario adicionar el ordinal 9° de la sentencia del 14 de junio
de 2024 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en los siguientes términos:
57. La entidad demandada deberá realizar los pagos de aportes a pensión en favor
de María Alejandra Paz Restrepo sobre el 100% de su salario, sin fraccionamiento
alguno por la inclusión errada de la prima de servicios como parte de aquel, más el
30% que corresponde a la prima especial de servicios, por los periodos en los que
ejerció el cargo de juez que le otorgó el derecho a la prima, pues esta constituye
factor salarial para el pago de los aludidos aportes. En esas condiciones, tal pago
se entiende por todo el periodo de vinculación en el cargo de juez del circuito, esto
es del 1° de marzo de 2012 al 1° de septiembre de 2016.
58. Para tal efecto, se advierte que solo debe pagarse al sistema las diferencias
causadas entre lo que pagó y lo que correspondía pagar por concepto de aportes a
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez).
34 Constitución Política, artículo 48. En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar
los principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales».
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de
agosto de 2016, radicado: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala
aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención
a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se
causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las
prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
21
Radicado: 19001-23-33-000-2019-00091-02 (5452-2024)
Demandante: María Alejandra Paz Restrepo
seguridad social en pensiones.
59. Por todo lo anterior, se confirmará la sentencia del 14 de junio de 2024 y se
adicionará el ordinal 9° con fundamento en la imprescriptibilidad de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
2.4. Costas
60. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
61. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
62. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma36.
63. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
64. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala no condenará en costas en
esta instancia, tampoco se evidenció en el trámite de la primera instancia, razón por
cual también revocará la condena en costas impuesta por el a quo.
3. Conclusión
36En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 19001-23-33-000-2019-00091-02 (5452-2024)
Demandante: María Alejandra Paz Restrepo
65. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la imposibilidad
económica y presupuestal invocada por la entidad no constituye justificación válida
para incumplir con las obligaciones laborales y prestacionales, comoquiera que las
limitaciones financieras no exoneran a la administración de garantizar los derechos
reconocidos a la demandante. Asimismo, no era procedente inaplicar los artículos
2 de los decretos salariales anuales de los años 2015 y 2016 y, en efecto, operó la
prescripción trienal respecto de las sumas reclamadas por la actora antes del 17 de
mayo de 2015, en aplicación de la sentencia del 2 de septiembre de 2019, salvo los
pagos de aportes a pensión que son imprescriptibles.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Adicionar el ordinal 9° de la sentencia proferida el 14 de junio de 2024
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda presentada por María Alejandra Paz Restrepo contra
la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en los
siguientes términos:
Noveno: La entidad demandada deberá realizar los pagos de aportes a pensión en favor
de María Alejandra Paz Restrepo sobre el 100% de su salario, sin fraccionamiento
alguno por la inclusión errada de la prima de servicios como parte de aquel, más el 30%
que corresponde a la prima especial de servicios, por los periodos en los que ejerció el
cargo de juez que le otorgó el derecho a la prima, pues esta constituye factor salarial
para el pago de los aludidos aportes. En esas condiciones, tal pago se entiende por todo
el periodo de vinculación en el cargo de juez del circuito, esto es del 1° de marzo de
2012 al 1° de septiembre de 2016.
Para tal efecto, se advierte que solo debe pagarse al sistema las diferencias causadas
entre lo que pagó y lo que correspondía pagar por concepto de aportes a seguridad
social en pensiones.
Segundo. Revocar la condena en costas de primera instancia.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida.
Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
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Radicado: 19001-23-33-000-2019-00091-02 (5452-2024)
Demandante: María Alejandra Paz Restrepo
Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
24
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