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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01386-02

Fecha
13 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01386-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Adicionar los ordinales 1°, 3° y 5° de la sentencia proferida el 26 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por Luz Marina Medina Agudelo contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, los cuales quedarán así: PRIMERO: Declárase la Nulidad Parcial de la Resolución DESAJMR 16 – 8422, proferida el 28 de diciembre de 2016 y notificada el 17 de enero de 2017, proferida por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia, así como del 24 Radicado: 05001-23-33-000-2017-01386-02 (4944-2023) Demandante: Luz Marina Medina Agudelo acto administrativo ficto negativo producto de la falta de respuesta a los recursos interpuestos. TERCERO: Por concepto de restablecimiento del derecho, CONDENÉSE a la RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA ADMINISTRATIVA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar a la señora LUZ MARINA MEDINA AGUDELO, sus prestaciones sociales, laborales, el reconocimiento y pago de las diferencias salariales existentes entre lo liquidado hasta ahora por la Administración, con el 70% de su salario básico y la liquidación que resulte teniendo como base el 100% de su salario básico, incluyendo el 30% de este, que la misma administración ha tomado para darle el título de prima especial sin carácter salarial y el reconocimiento y pago de esta, como adición o agregado a la asignación básica, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, sin que en ningún caso se supere los topes máximos fijados por el gobierno nacional, atendiendo el cargo correspondiente. Asimismo, la entidad deberá tener en cuenta los pagos que se hubieren realizado con ocasión de la entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021. El cumplimiento de la sentencia estará sujeto a que no se hayan efectuado pagos previos por iguales conceptos a los aquí reconocidos. Asimismo, la entidad demandada deberá realizar los pagos de aportes a pensión en favor de Luz Marina Medina Agudelo sobre el 100% de su salario, sin fraccionamiento […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2017-01386-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

13 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., trece (13) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01386-02 (4944-2023)
Demandante: Luz Marina Medina Agudelo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1

Tema: Prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 26 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala de Conjueces, mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Luz Marina Medina Agudelo presentó demanda2 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución DESAJMR16- 8422 del 28 de diciembre de
2016, mediante la cual la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

1 En adelante DEAJ.
2 La demanda fue presentada el 3 de mayo de 2017.
3 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01386-02 (4944-2023)
Demandante: Luz Marina Medina Agudelo

de Medellín4 negó el reconocimiento de la prima especial de servicios del 30%, la
reliquidación de las prestaciones sociales con el 100% del salario y el reajuste de
los aportes a la seguridad social, y del acto ficto o presunto originado por la omisión
de la decisión frente a los recursos interpuestos contra la anterior decisión.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios como
incremento remuneratorio y no como una disminución del salario hasta tanto «funja
como juez de la Republica»; ii) la diferencia de la reliquidación de las prestaciones
sociales tales como vacaciones, primas de vacaciones, de navidad y de servicios,
bonificación por servidos prestados, cesantías y sus intereses, entre otros,
comoquiera que 30% del salario devengado había sido considerado como prima
especial sin carácter salarial, con lo cual se le «disminuyó el valor de la remuneración
mensual y despojo de efectos salariales dicho porcentaje lo que también disminuyó el monto
de las prestaciones sociales» (sic); iii) el reajuste de los aportes a seguridad social iv)
la indexación y/o intereses moratorios de las sumas reclamadas; y v) la condena en
costas a la demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes señaló los siguientes:

3.1. Luz Marina Medina Agudelo presta sus servicios a la Rama Judicial desde el 2
de junio de 1987 en el cargo de secretaria municipal en propiedad y se ha
desempeñado como juez en varias oportunidades.

3.2. Es servidora acogida «al nuevo régimen salarial vigente desde 1993, el cual trae
consigo, unas prestaciones especiales diferentes a las del anterior régimen, entre ellas, la
denominada prima especial sin carácter salarial equivalente al 30%, ordenada conforme al
parámetro indicado en la ley marco, articulo 14 de la Ley 4 de 1992» (sic).

3.3. El «25 de julio de 2016»5 solicitó a la DESAJ de Medellín el pago de la prima
especial de servicio prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la reliquidación
de las prestaciones sociales con el 100% del salario y el reajuste de los aportes a
la seguridad social.

3.4. Mediante la Resolución DESAJMR16- 8422 del 28 de diciembre de 2016, la
DESAJ de Medellín negó la petición anterior.

3.5. La anterior decisión fue objeto de recursos; sin embargo, «transcurrieron más de

4 En adelante DESAJ de Medellín.
5 Según lo manifestado en la demanda; sin embargo, en la Resolución DESAJMR16-8422 del 28 de

diciembre se indicó que la petición fue radicada el 26 de octubre de 2016.

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Demandante: Luz Marina Medina Agudelo

dos meses desde la fecha de interposición de los recursos de reposición y apelación, se
concluye que operó el silencio administrative conforme al artículo 86 de la Ley 1437 de 2011
y, por lo tanto, quedó agotada de esa manera la vía gubernativa» (sic).

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, señaló los artículos 53 de la Constitución Política; 2 y 14 de la Ley 4ª
de 1992.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente6:

5.1. La interpretación adoptada por la entidad demandada respecto de las
disposiciones que regulan la prima especial contrarió los principios constitucionales
y mínimos fundamentales, en particular el derecho al trabajo, a una remuneración
mínima vital y móvil (progresividad) y el principio de favorabilidad. En efecto, la
prima de servicios se creó como una retribución adicional; sin embargo, la
interpretación aplicada ha implicado un alcance regresivo, al reducir la base de la
liquidación de las prestaciones sociales y de los aportes a seguridad social. Lo
anterior, comoquiera que se despojó el carácter salarial del 30% de la asignación
básica para denominarlo prima, lo que conllevó a que tales prestaciones fueran
liquidadas sobre el 70% de salario.

5.2. Porconsiguiente, se le desconocieron sus derechos adquiridos al no
reconocerse «la prima especial de servicios del 30% y la reliquidación de las prestaciones
sociales, toda vez que continúa la reducción de la base salarial al 70%, la desmejora de las
prestaciones sociales y del salario al no reconocer la prima especial de servicios» (sic).

1.2. Contestación de la demanda

6. La DEAJ se pronunció en los siguientes términos7:

6.1. Si bien la sentencia proferida el 29 de abril de 20148 declaró la nulidad de los
artículos de los decretos anuales salariales de la Rama Judicial correspondientes a
los años 1993 a 2007, mediante los cuales se disponía que el 30% de la asignación
básica de los cargos allí enlistados, entre ellos, el del juez de la República, se
consideraba como prima sin carácter salarial, por cuanto en realidad se había

6 Samai, índice 2, expediente digital, «ED_EXPEDIENTE_05001233300020170138(.rar) NroActua

2», carpeta 05001233300020170138600 EXPEDIENTE, documento
001ExpedienteDigitalizado.PDF, páginas 6 a 24.
7 Samai, índice 2, expediente digital, «ED_EXPEDIENTE_05001233300020170138(.rar) NroActua

2», carpeta 05001233300020170138600 EXPEDIENTE, documento
001ExpedienteDigitalizado.PDF, páginas 133 a 156.
8 Por la Sala de lo Contencioso Administrative del Consejo de Estado, sección segunda, Sala de

Conjueces, radicado 11001-0-25-000-2007-00087-00, Interno 1686-07

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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01386-02 (4944-2023)
Demandante: Luz Marina Medina Agudelo

sustraído ese porcentaje del sueldo básico mensual y, en consecuencia, también se
habían disminuido las prestaciones sociales, para concluir que tal reconocimiento
debía hacerse como una retribución adicional equivalente al 30% del salario, lo
cierto es que permaneció incólume la naturaleza no salarial de esa prima.

6.2. Además, el fallo anterior fue proferido en el trámite del medio de control de
nulidad, y «en ese contexto se reitera que toda erogación (…) debe contar con un título
constitutivo de gasto. Pero en estos casos no nos encontramos frente a una sentencia de
nulidad y restablecimiento del derecho, que desde luego constituiría un título legítimo de
gasto, porque es un crédito judicialmente reconocido (…). Respecto a las sentencias de
simple nulidad, en principio podemos decir que no son título constitutivo de gasto» (sic)9.
Asimismo, sus efectos «rigen hacia el future o ex- nunc, con el objeto de generar certeza
y seguridad jurídica dentro del sistema toda vez que la sentencia con efecto normativo, erga
omnes, solo tiene consecuencias posteriores restableciendo el derecho hacia futuro. pues
no es posible producir efectos retroactivos ya que no es de carácter particular» (sic).

6.3. La prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no
tiene carácter salarial y por lo tanto su porcentaje no podía ser tenido en cuenta
para la liquidación de las prestaciones sociales, aunque si lo sea para calcular el
ingreso base de cotización al Sistema de Seguridad Social. Criterio reafirmado por
la Corte Constitucional en la sentencia C-279 de 1996 y que constituye cosa juzgada
constitucional.

6.4. El gobierno nacional anualmente ha expedido los decretos que fijan la escala
salarial vigente para cada año en la Rama Judicial, y ha dispuesto que el 30% de la
remuneración mensual de determinados funcionarios públicos se considere prima
especial, sin carácter salarial, lo que no contradice los mandatos constitucionales,
en la medida en la que se encuentra facultado para establecer que determinadas
prestaciones sociales se liquiden sin integrar el salario.

6.5. La entidad aplicó las normas vigentes sin lugar a interpretación ni a su
inaplicación, razón por la cual no es dable acceder a las pretensiones de la
demandante.

6.6. con fundamento en lo anterior, propuso las siguientes excepciones de fondo i)
ausencia de causa petendi - inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no
debido; ii) legalidad de los actos acusados; iii) prescripción; e iv) innominada.

1.3. La sentencia apelada

9 Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en oficio de fecha 30 de diciembre de 2014, a través del

director general de Presupuesto Público Nacional, Fernando Jiménez Rodríguez

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Demandante: Luz Marina Medina Agudelo

7. mediante sentencia del 26 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala de Conjueces, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. En tal sentido, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: Declárase la Nulidad Parcial de la Resolución DESAJMR 16 – 8422,
proferida el 28 de diciembre de 2016 y notificada el 17 de enero de 2017, que confirma
la decisión inicial proferida por la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Medellín – Antioquia.

SEGUNDO: Se concede parcialmente la pretensión por lo que, para el restablecimiento
del derecho, mientras funja como Juez de la República, se computará el tiempo desde
la fecha en que se presentó la demanda y tres años atrás.

TERCERO: Por concepto de restablecimiento del derecho, CONDENÉSE a RAMA
JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA ADMINISTRATIVA -
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar a la señora LUZ
MARINA MEDINA AGUDELO, sus prestaciones sociales, laborales, el reconocimiento y
pago de las diferencias salariales existentes entre lo liquidado hasta ahora por la
Administración, con el 70% de su salario básico y la liquidación que resulte teniendo
como base 100% de su salario básico, incluyendo el 30% de este, que la misma
Administración ha tomado para darle el título de Prima Especial sin carácter salarial y el
reconocimiento y pago de esta, como adición o agregado a la asignación básica, prevista
en el Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENÉSE a RAMA JUDICIAL -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA ADMINISTRATIVA - DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a ajustar y actualizar los valores
reclamados de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el
reconocimiento de intereses, de conformidad con los Artículos 187, 189 y 192 del Código
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

QUINTO: Se declara de Oficio la Prescripción trienal de todos los rubros incluidos en las
anteriores condenas, se contabilizará la misma fecha de la presentación de la demanda,
es decir, el 17 de mayo de 2017 y hasta tres años atrás, de conformidad con el Decreto
3135 de 1998 y 1848 de 1969.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones debido a estar afectadas por el fenómeno de
la prescripción.

SÉPTIMO: A esta Sentencia se le dará cumplimiento en los términos señalados por los
Artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

OCTAVO: NOTIFÍQUESE esta Sentencia a las partes de conformidad con el Artículo
203 del C.P.A.C.A.» (sic).

8. Para tal efecto, expuso lo siguiente10:

10 Samai, índice 2, expediente digital, «ED_EXPEDIENTE_05001233300020170138(.rar) NroActua

2», carpeta 05001233300020170138600 EXPEDIENTE, documento 003SENTENCIA LUZ MARINA
MEDINA AGUDELO RDO 2017 - 01386 PRIMA ESPECIALconmifirma (1)

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Demandante: Luz Marina Medina Agudelo

8.1. «El actor pretende que se ordene a la demandada pagar la prima especial de servicios
consistente en un sobresueldo equivalente al 30% de la asignación básica, [sin embargo],
este operador jurídico no lo puede hacer porque tal decisión es competencia exclusiva del
Gobierno y mediante decisión judicial no se puede sustituirlo o suplirlo en sus funciones,
además de que ya se ha consumado el fenómeno de la prescripción de los derechos
laborales. La fijación salarial y prestacional de los empleados públicos corresponde al
Gobierno. Como lo que pretende el demandante es que mediante decisión judicial se
restablezca el carácter salarial del 30% de la asignación básica los períodos anteriormente
mencionados, hasta la fecha de presentación de la demanda, tampoco ello es posible pero
sólo porque igualmente ha operado el fenómeno prescriptivo de las prestaciones
económicas. El actor presentó la demanda el día 17 de mayo de 2017. Las exigibilidades
de los derechos subjetivos desconocidos por la demandada nacían con los actos de
liquidación de prestaciones mismos expedidos desde 1993- que negaban el carácter
salarial al 30% de la asignación básica y no con la Sentencia de nulidad del 29 de abril de
2014» (sic).

8.2. «Esta sala de Conjueces discrepa de la postura jurídica en el sentido de que “el
momento de la exigibilidad para el conteo de la prescripción en este caso específico, se
reputa sólo hasta la fecha de la ejecutoria de la Sentencia el 09 de Julio de 2014”. Dicha
Sentencia, dictada en ejercicio del medio de control de nulidad pura y simple, sólo confirmó
la invalidez de las disposiciones de unos Decretos gubernamentales, invalidez apreciable y
marcada desde que el Gobierno decidió hacer una interpretación manifiestamente errónea
de la norma –expedida por órgano incompetente, además-, contenida en el Artículo 14 de
la Ley 4ª de 1992. Acorde con lo expuesto, realmente el fenómeno que afecta las
reclamaciones es el de la prescripción extintiva, cuya normación se encuentra en el Artículo
42 del Decreto extraordinario 3135 de 1968. Entre los periodos anteriormente descritos y
hasta la fecha de presentación de la solicitud de reliquidación de prestaciones sociales en
que se tuviera la prima especial como factor salarial, transcurrieron más de tres años y por
lo tanto cualquier derecho que hubiera existido fue cubierto por la prescripción extintiva»
(sic).

8.3. No obstante, no operó el fenómeno prescriptivo de los aportes a la seguridad
social en pensión en torno a la privación del carácter salarial del 30% de la
asignación básica para denominarlo prima especial de servicios en los periodos en
los que desempeñó cargos que le otorgaban el derecho y «hasta la fecha de
presentación de la demanda (17 de Mayo de 2017), para lo cual se ordenará a la parte
demandada realizar las gestiones pertinentes ante el fondo de pensiones que tenga a su
cargo el pago de la prestación del demandante» (sic).

8.4. El actor presentó la demanda el 17 de mayo de 2017, por lo tanto, «solo podría
concederse los tres años anteriores, es decir, máximo hasta el 17 de mayo de 2014, fechas
estas, en las cuales la demandante ostentaba el cargo de JUEZ DOCE PENAL DEL
CIRCUITO DE CONOCIMIENTO DE MEDELLÍN EN ENCARGO. Los periodos anteriores
al 17 de mayo de 2014, en los cuales el actor se haya desempeñado como Juez, para este
Despacho se encuentran afectados del fenómeno jurídico de prescripción» (sic).

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Demandante: Luz Marina Medina Agudelo

1.4. El recurso de apelación

9. Lademandada presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia en los siguientes términos11:

9.1. De conformidad con el Decreto 272 de 2021, con efectos fiscales desde el 1° de
enero de 2021, la entidad ha reconocido a los funcionarios judiciales la reliquidación
de sus prestaciones con base en el 100% del salario básico, y la prima especial de
servicios del 30%.

9.2. En todo caso, aun si se accediera a las pretensiones, la entidad se encuentra en
imposibilidad de reconocer tales acreencias, de conformidad con lo previsto en el
artículo 71 del Decreto 111 de 1996, compilatorio del artículo 86 de la Ley 38 de
1989, ya que no existe asignación presupuestal. En consecuencia, « resulta inviable
asumir obligaciones sin respaldo presupuestal y teniendo en cuenta que a la fecha el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asignado recursos de presupuesto para
cancelar los mayores valores que se generarían para el pago de la prima especial del 30%,
sin carácter salarial, de vigencias anteriores al 01 de enero de 2021» (sic).

9.3. La exigibilidad de la prima especial surgió el 7 de enero de 1993, con la entrada
en vigencia del Decreto 57 de 1993, fecha a partir de la cual los peticionarios podían
haber interrumpido la prescripción trienal. En todo caso, para tal efecto, se debió
computar la prescripción teniendo en cuenta la fecha de presentación de la
reclamación administrativa. En cuanto a los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral, la acción de cobro de cotizaciones atrasadas o dejadas de pagar prescribe
a los 5 años de exigibles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 817 del
Estatuto Tributario.

9.4. La prima especial no tiene carácter salarial, lo cual fue declarado exequible
mediante la sentencia C-279 de 1996. Lo anterior significa que no constituye factor
de salario para la liquidación de las prestaciones sociales, aunque sí para efectos
de calcular el ingreso base de cotización al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones y en salud.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

10. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de

11 Samai, índice 2, expediente digital, «ED_EXPEDIENTE_05001233300020170138(.rar) NroActua

2», carpeta 05001233300020170138600 EXPEDIENTE, documento 006. LUZ MARINA MEDINA
AGUDELO APELA PRIMA presc.pdf.

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Demandante: Luz Marina Medina Agudelo

pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar12.

1.6. El Ministerio Público

11. El procurador delegado no emitió concepto13.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia14, se circunscriben a
establecer:

12.1. ¿si la prima especial de servicios constituye factor salarial para la reliquidación
de las prestaciones sociales?

12.2. ¿si las limitaciones económicas y presupuestales son argumentos válidos para
negar el derecho a la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992?

12.3. ¿si la orden judicial de reconocer la prima especial debió tener en cuenta que
con la expedición del Decreto 272 de 2021, la entidad presuntamente empezó a
pagar dicho factor como una adición o agregado a la remuneración básica
mensual?, y

12.4. ¿a partir de cuándo operó la prescripción trienal sobre las sumas causadas por
el reconocimiento de la prima especial, la reliquidación de las prestaciones sociales

12 Al respecto, ver auto del 30 de abril de 2025, visible a índice 17 de Samai.
13 De conformidad con el acta secretarial del 25 de junio de 2025, visible a índice 21 de Samai.
14 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».

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Demandante: Luz Marina Medina Agudelo

y los aportes a seguridad social?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar

13. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del congreso nacional y de la fuerza pública.

14. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial15 para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero
de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].

15. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de
la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el
régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).

15 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-

96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una
cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».

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Demandante: Luz Marina Medina Agudelo

16. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter
salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los
Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».

17. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la
Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la
opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente,
indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de
las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados
del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores
Delegados de la Procuraduría General de la Nación».

18. Luego, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de 1994,
43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000, 1474
de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de 2006,
618 de 200716, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874 del
2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021, 470
del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó
que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como
Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar17».

19. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de
la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno;
directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de
unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de
Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los
Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se
consideraba prima especial sin carácter salarial.

16 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la

prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 29 de abril del 2014 de
radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
17 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales

no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.

10

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01386-02 (4944-2023)
Demandante: Luz Marina Medina Agudelo

20. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado
como prima.

21. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201918, fijó, entre otras, las siguientes
reglas:

«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

1. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente

2. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.

3. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a
límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.

4. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

5. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.»

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.

Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)

11

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01386-02 (4944-2023)
Demandante: Luz Marina Medina Agudelo

22. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores.

23. Asimismo, el Consejo de Estado, a través de la sentencia del 29 de abril de
201419 declaró la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial,
pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es
la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el
legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el
literal a) del artículo 2° de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían
desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber
mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para
determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad».
[Se resalta].

20
24. A tales conclusiones llegó la Sala de Conjueces luego de considerar que «la
interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los Decretos
43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios
constitucionales, en especial, los de progresividad y favorabilidad. En esas condiciones,
esta Sala entiende que la prima especial a que se refieren dichas normas debe ser un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores señalados
en las mismas, entre ellos, los Magistrados de Tribunal de Distrito Judicial». De acuerdo
con lo anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
corresponde a un valor adicional al salario básico.

2.3. Caso en concreto

19 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
Declaró la nulidad de los siguientes artículos: 9 del Decreto 51 de 1993; 9 y 10 del Decreto 54 de
1993; 6 del Decreto 57 de 1993; 9 del Decreto 104 de 1994; 6 del Decreto 106 de 1994; 9 y 10 del
Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto 26 de 1995; 7 del Decreto 43 de 1995; 9 del Decreto 47
de 1995; 9 del Decreto 34 de 1996; 10, 12 y 14 del Decreto 35 de 1996; 6 del Decreto 36 de 1996; 9
del Decreto 47 de 1997; 9, 11 y 13 del Decreto 56 de 1997; 6 del Decreto 76 de 1997; 6 del Decreto
64 de 1998; 9 del Decreto 65 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 67 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 37
de 1999; 9 del Decreto 43 de 1999; 6 del Decreto 44 de 1999; 9, 11 y 13 del Decreto 2734 de 2000;
9 del Decreto 2739 de 2000; 7 del Decreto 2740 de 2000; 9 del Decreto 1474 de 2001; 7 del Decreto
1475 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 1482 de 2001; 7 del Decreto 2720 de 2001; 9 del Decreto 2724
de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 2730 de 2001; 6 del Decreto 673 de 2002; 9 del Decreto 682 de
2002; 8, 10 y 12 del Decreto 683 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 3548 de 2003; 9 del Decreto 3568
de 2003; 6 del Decreto 3569 de 2003; 8, 10 y 12 del Decreto 4169 de 2004; 9 del Decreto 4171 de
2004; 6 del Decreto 4172 de 2004; 8, 10 y 12 del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005;
6 del Decreto 936 de 2005; 9 del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8, 10 y 12 del
Decreto 392 de 2006; 9 del Decreto 617 de 2007; 6 del Decreto 618 de 2007; 8, 10 y 12 del Decreto
621 de 2007; y 8, 9, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
20 Tal como lo había considerado el Consejo de Estado en la sentencia del 31 de octubre de 2012,

Expediente 2001-0642, conjuez ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz.

12

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01386-02 (4944-2023)
Demandante: Luz Marina Medina Agudelo

2.3.1. Hechos probados

25. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

25.1. Luz Marina Medina Agudelo presta sus servicios a la Rama Judicial desde el 2
de junio de 1987 en el cargo de secretaria municipal en propiedad y se ha
desempeñado como juez en los siguientes periodos21:

Cargo Desde Hasta
Juez Once Penal Municipal 20 de diciembre de 1995 31 de diciembre de 1995
de Medellin
Juez Once Penal Municipal 1° de enero de 1996 10 de enero de 1996
de Medellin
Juez Once Penal Municipal 3 de marzo de 1997 30 de abril de 1997
de Medellin
Juez Primero Penal 30 de abril de 1998 8 de mayo de 1998
Municipal
Juez Décimo Penal 8 de junio de 1998 20 de septiembre de 1998
Municipal de Medellin
Juez Décimo Penal 8 de agosto de 2001 14 de agosto de 2001
Municipal de Medellin
Juez Décimo Penal 4 de enero de 2002 28 de febrero de 2002
Municipal de Medellin
Juez Quince Penal Municipal 1° de febrero de 2007 4 de marzo de 2007
de Medellin
Juez Veintiséis Penal 12 de julio de 2007 20 de agosto de 2007
Municipal de Control de
Garantías de Medellin
Juez Treinta y Cinco Penal 22 de agosto de 2007 31 de agosto de 2007
Municipal de Control de
Garantías de Medellin
Juez Once Penal Municipal 17 de octubre de 2007 5 de noviembre de 2007
de Control de Garantías de
Medellin
Juez Treinta y Siete Penal 6 de noviembre de 2007 19 de diciembre de 2007
Municipal de Conocimiento
de Medellin
Juez Décimo Penal 20 de diciembre de 2007 31 de marzo de 2008
Municipal de Control de
Garantías de Medellin

21 Según consta en el certificado del 20 de marzo de 2019 emitido por la Oficina de Administración

Documental de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia. Samai,
índice 2, expediente digital, «ED_EXPEDIENTE_05001233300020170138(.rar) NroActua 2»,
carpeta 05001233300020170138600 EXPEDIENTE, documento 001ExpedienteDigitalizado.PDF,
páginas 172 a 177.

13

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01386-02 (4944-2023)
Demandante: Luz Marina Medina Agudelo

Juez Treinta y Cinco Penal 1° de mayo de 2008 31 de agosto de 2008
Municipal de Control de
Garantías de Medellin
Juez Primero Promiscuo 2 de marzo de 2009 3 de abril de 2009
Municipal de Caldas
Juez Primero Penal del 26 de junio de 2009 3 de julio de 2009
Circuito de Conocimiento de
Medellin
Juez Primero Promiscuo 20 de agosto de 2009 30 de agosto de 2009
Municipal de Control de
Garantías de Armenia
Juez Segundo Penal 5 de noviembre de 2009 13 de noviembre de 2009
Municipal de Control de
Garantías de Medellin
Juez Dieciséis Penal 26 de noviembre de 2008 18 de diciembre de 2009
Municipal de Control de
Garantías de Medellin
Juez Veinticinco Penal 1° de marzo de 2010 11 de diciembre de 2011
Municipal de Control de
Garantías de Medellin
Juez Treinta Penal Municipal 6 de febrero de 2012 4 de junio de 2012
de Control de Garantías de
Medellin
Juez Veintiséis Penal 14 de junio de 2012 15 de agosto de 2012
Municipal de Control de
Garantías de Medellin
Juez Quince Penal del 1° de marzo de 2013 31 de marzo de 2013
Circuito de Conocimiento de
Medellin
Juez Quinto Penal Municipal 24 de abril de 2013 28 de abril de 2013
de Control de Garantías de
Medellin
Juez Veinticinco Penal del 6 de mayo de 2013 30 de mayo de 2013
Circuito con Función de
Conocimiento de Medellin
Juez Tercero Penal del 18 de julio de 2013 25 de julio de 2013
Circuito de Bello
Juez Sexto Penal del Circuito 30 de agosto de 2013 3 de septiembre de 2013
de Conocimiento de Medellin
Juez Doce Penal del Circuito 4 de octubre de 2013 9 de octubre de 2013
de Conocimiento de Medellin
Juez Veintitrés Penal del 27 de enero de 2014 5 de febrero de 2014
Circuito de Conocimiento de
Medellin
Juez Veintitrés Penal del 10 de febrero de 2014 14 de febrero de 2014
Circuito de Conocimiento de
Medellin
Juez Veintisiete Penal del 3 de marzo de 2014 19 de marzo de 2014
Circuito de Medellin

14

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01386-02 (4944-2023)
Demandante: Luz Marina Medina Agudelo

Juez Doce Penal del Circuito 2 de abril de 2014 30 de mayo de 2014
de Conocimiento de Medellin
Juez Segundo Penal 14 de julio de 2014 30 de agosto de 2015
Municipal de Control de
Garantías de Itagüí
Juez Treinta Penal Municipal 14 de septiembre de 2015 5 de octubre de 2015
de Medellin
Juez Primero Penal 13 de octubre de 2015 3 de noviembre de 2015
Municipal de Conocimiento
de Itagüí
Juez Veintisiete Penal 17 de noviembre de 2015 8 de diciembre de 2015
Municipal de Control de
Garantías de Medellin
Juez Veintiséis Penal 28 de diciembre de 2015 18 de enero de 2016
Municipal de Control de
Garantías de Medellin
Juez Primero Penal 25 de abril de 2016 16 de mayo de 2016
Municipal de conocimiento
de Bello
Juez Dieciséis Penal 24 de junio de 2016 3 de julio de 2016
Municipal de Control de
Garantías de Medellin
Juez Dieciséis Penal 6 de julio de 2016 3 de agosto de 2016
Municipal de Control de
Garantías de Medellin
Juez Dieciséis Penal 10 de agosto de 2016 6 de septiembre de 2016
Municipal de Control de
Garantías de Medellin
Juez Doce Penal Municipal 26 de septiembre de 2016 20 de octubre de 2016
de Control de Garantías de
Medellin
Juez Treinta Penal Municipal 9 de diciembre de 2016 21 de enero de 2016
de Control de Garantías de
Medellin
Juez Veinticinco Penal 10 de mayo de 2017 16 de mayo de 2017
Municipal de Control de
Garantías de Medellin
Juez noveno del Circuito de 19 de julio de 2017 4 de agosto de 2017
Medellín
Juez Segundo Penal 22 de agosto de 2017 12 de septiembre de 2017
Municipal de Control de
Garantías de Itagüí
Juez Segundo Penal 1° de marzo de 2018 30 de abril de 2018
Municipal de Control de
Garantías de Itagüí
Juez Treinta Penal Municipal 23 de julio de 2018 13 de agosto de 2018
de Control de Garantías de
Medellin

15

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01386-02 (4944-2023)
Demandante: Luz Marina Medina Agudelo

Juez Treinta Penal Municipal 28 de noviembre de 2018 30 de noviembre de 2018
de Control de Garantías de
Medellin

25.2. La demandante solicitó a la DESAJ de Medellín el pago de la prima especial de
servicio prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la reliquidación de las
prestaciones sociales con el 100% del salario y el reajuste de los aportes a la
seguridad social22.

25.3. Mediante la Resolución DESAJMR16- 8422 del 28 de diciembre de 2016, la
DESAJ de Medellín negó la petición anterior con fundamento en que: i) por expreso
mandato legal, la prima especial de servicio no tiene carácter salarial, situación
reiterada en los distintos decretos salariales aplicables a los servidores de la Rama
Judicial, es decir, no constituye factor salarial para la liquidación y pago de las
prestaciones sociales; ii) los fallos proferidos por el Consejo de Estado en
conocimiento de la acción de simple nulidad, mediante los cuales se declaró la
nulidad de las disposiciones relativas a la prestación que se hacía alusión en los
decretos salariales anuales tienen efectos hacia el futuro, «lo que implica que no se
genere ningún gasto para el erario público hacia atrás, sino que restablece el derecho hacia
futuro por lo que es pertinente señalar, que esos fallos per se no son títulos constitutivos de
gasto» (sic); y iii) la entidad ha aplicado los decretos comoquiera que está sometida
al imperio de la ley23.

25.4. El 20 de enero de 2017, Luz Marina Medina Agudelo interpuso el recurso de
reposición y, en subsidio, el de apelación contra la anterior decisión; sin embargo,
no obra prueba en el expediente de que se hubiesen resuelto.

25.5. LaDirección Seccional de Administración Judicial de Antioquia – Chocó
especificó los salarios devengados por la demandante a través de las certificaciones
del 25 de abril de 2017, desde el 2 de junio de 1987 hasta el 31 de diciembre de
199124, del 25 de abril de 2017, desde el 1° de enero de 1993 hasta el 31 de
diciembre de 199925, del 30 de abril de 2010, desde el 1° de enero de 2000 hasta el

22 Reclamación sin fecha de radicación, no obstante, en la Resolución DESAJMR16- 8422 del 28 de

diciembre de 2016 se manifiesta que esta fue presentada el 26 de octubre de 2016. Samai, índice 2,
expediente digital, «ED_EXPEDIENTE_05001233300020170138(.rar) NroActua 2», carpeta
05001233300020170138600 EXPEDIENTE, documento 001ExpedienteDigitalizado.PDF, páginas
25 a 30.
23 Samai, índice 2, expediente digital, «ED_EXPEDIENTE_05001233300020170138(.rar) NroActua

2», carpeta 05001233300020170138600 EXPEDIENTE, documento
001ExpedienteDigitalizado.PDF, páginas 31 a 42.
24 Samai, índice 2, expediente digital, «ED_EXPEDIENTE_05001233300020170138(.rar) NroActua

2», carpeta 05001233300020170138600 EXPEDIENTE, documento
001ExpedienteDigitalizado.PDF, páginas 53 a 55.
25 Samai, índice 2, expediente digital, «ED_EXPEDIENTE_05001233300020170138(.rar) NroActua

2», carpeta 05001233300020170138600 EXPEDIENTE, documento
001ExpedienteDigitalizado.PDF, páginas 56 a 59.

16

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01386-02 (4944-2023)
Demandante: Luz Marina Medina Agudelo

28 de febrero de 201026, 25 de abril de 2017, desde el 1° de enero de 2011 hasta el
25 de abril de 201727.

2.3.2. Análisis sustancial del caso concreto

26. A efectos de abordar los problemas jurídicos planteados, se advierte que, los
argumentos de la sentencia recurrida no resultan del todo claros, en tanto se
observa una contradicción en su fundamentación, toda vez que, en primer lugar,
señala que el demandante había solicitado el pago de la prima especial equivalente
al 30% del salario y la reliquidación de las prestaciones sociales derivada de
haberse despojado ese porcentaje del 100% del salario y que, ello, no era
procedente, porque la fijación de régimen salarial y prestacional es competencia del
gobierno nacional y no puede ser sustituida por el operador judicial; y,
posteriormente, reconoce tanto la prima como la reliquidación de las prestaciones,
y como consecuencia aplica la prescripción trienal.

27. Por su parte, la DEAJ cuestionó la decisión porque: i) aunque la prima especial
es un valor adicional al salario básico, sólo tiene incidencia como factor salarial para
efectos pensionales; en consecuencia, al no tener carácter salarial, no constituye
factor de salario para la liquidación y pago de las prestaciones sociales; ii) a partir
del mes de abril de 2021 se procedería con el pago por nómina mensual de la prima
especial del 30%, como valor adicional a la asignación básica; iii) sin embargo,
resultaba presupuestalmente inviable pagar las obligaciones anteriores al 1º de
enero de 2021, toda vez que no contaba con la apropiación presupuestal por parte
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que le permitiera cubrir el
reconocimiento de las acreencias laborales reclamadas; y iv) se debió computar la
prescripción teniendo en cuenta la fecha de presentación de la reclamación
administrativa. En cuanto a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, la
acción de cobro de cotizaciones atrasadas o dejadas de pagar prescribe a los 5
años de exigibles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 817 del Estatuto
Tributario.

28. En torno al primer problema jurídico según el cual la prima especial de servicios
constituye factor salarial únicamente para efectos pensionales, se precisa que, en
efecto, tal y como se explicó en el marco normativo, la prima especial de servicios
del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 tiene naturaleza salarial
solamente para efectos de la pensión de jubilación, como lo prevé expresamente la

26 Samai, índice 2, expediente digital, «ED_EXPEDIENTE_05001233300020170138(.rar) NroActua

2», carpeta 05001233300020170138600 EXPEDIENTE, documento
001ExpedienteDigitalizado.PDF, páginas 60 a 71.
27 Samai, índice 2, expediente digital, «ED_EXPEDIENTE_05001233300020170138(.rar) NroActua

2», carpeta 05001233300020170138600 EXPEDIENTE, documento
001ExpedienteDigitalizado.PDF, páginas 72 a 98.

17

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01386-02 (4944-2023)
Demandante: Luz Marina Medina Agudelo

Ley 332 de 1996 que la incluyó exclusivamente en el IBL para dicho fin, sin extender
sus efectos a otras prestaciones sociales.

29. En el mismo sentido, la sentencia del 2 de septiembre de 2019 proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado precisó que la prima especial de servicios
únicamente puede considerarse como factor salarial para efectos pensionales, de
tal manera que su reconocimiento en otros ámbitos implicaría desconocer el marco
legal y exceder la voluntad del legislador.

30. Sin embargo, los reparos formulados en torno a la improcedencia de incluir la
prima especial de servicios como factor salarial para la liquidación de las
prestaciones sociales carecen de pertinencia, toda vez que tales conceptos no
fueron objeto de reconocimiento en la decisión judicial y las órdenes del a quo se
ajustaron a la tesis normativa y jurisprudencial previamente expuesta.

31. Lo anterior es así, en la medida en que la errada interpretación de la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 conllevó a que se fraccionara
el salario de sus beneficiarios y se tomara el 70% de la remuneración como
asignación básica mensual y el 30% restante como prima especial de servicios, lo
que, sumado, dio como resultado el 100% de los ingresos laborales, no obstante,
según fue considerado en la jurisprudencia expuesta en el marco normativo, lo
correcto era que la prima especial correspondiera a un valor adicional al salario
básico y factor salarial solo para efectos pensionales. Luego, la demandante tenía
derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario
básico, esto es, con la inclusión del 30% que le había sido reconocido a título de
prima especial, y esa fue la orden impartida por el tribunal en la primera parte del
ordinal 3° al condenar a la demandada a «reliquidar a la señora LUZ MARINA MEDINA
AGUDELO, sus prestaciones sociales, laborales, el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales existentes entre lo liquidado hasta ahora por la Administración, con el
70% de su salario básico y la liquidación que resulte teniendo como base 100% de su salario
básico, incluyendo el 30% de este, que la misma Administración ha tomado para darle el
título de Prima Especial sin carácter salarial» (sic).

32. De manera que, una cosa es que a la demandante se le haya deducido el 30%
del salario con lo que se le quitó a este porcentaje los efectos salariales a la
remuneración mensual, lo cual tuvo un impacto en la liquidación de las prestaciones
sociales, y otra distinta es que el 30% adicional al salario básico que, también se le
reconoció a título de prima especial, tuviese carácter salarial, lo que como se señaló
con en el marco normativo no era procedente, salvo para efectos pensionales, y que
se advierte coincide con la orden dispuesta por el a quo en la última parte del ordinal
2° que alude «el reconocimiento y pago de esta [referencia que remite a la prima especial
sin carácter salarial indicada en la primera parte del ordinal], como adición o agregado a la
asignación básica, prevista en el Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992» (sic).

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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01386-02 (4944-2023)
Demandante: Luz Marina Medina Agudelo

33. Ahora bien, pese a que lo decidido por el a quo corresponde a la reliquidación y
pago de las prestaciones sociales con el 100% de la asignación básica, es decir,
con la inclusión del 30% que había sido descontado por concepto de prima especial,
lo cierto es que ese 30% que fue pagado como prima especial si bien no tiene
carácter salarial, sí incide en la base de liquidación de las cotizaciones al sistema
pensional, conforme lo dispone la Ley 332 de 1996; sin embargo, ello, se abordará
al momento de resolver el cuarto problema jurídico por estar relacionado.

34. En conclusión, si bien es cierto la prima especial de servicios no constituye factor
salarial para la reliquidación de las prestaciones sociales, lo cierto es que tal alcance
no fue el reconocido en la sentencia de primera instancia; por lo tanto, se desestima
el argumento expuesto en el recurso de apelación sobre el particular.

35. En relación con el segundo problema jurídico que hace referencia al argumento
de la entidad para negar el derecho con sustento en la imposibilidad económica y
presupuestal para reconocer las diferencias reclamadas, la Sala destaca que, de
conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 334 de la Constitución
ninguna autoridad puede invocar la sostenibilidad fiscal para limitar, afectar o negar
la protección de los derechos fundamentales.

36. En concordancia con lo señalado por la Corte Constitucional28, esta situación no
es una justificación que valide el incumplimiento de las obligaciones laborales y
prestacionales por parte de las entidades públicas, en consecuencia, carece de
sustento legal y jurisprudencial para afectar el derecho reclamado; por lo tanto, le
corresponde a la administración reconocer y pagar los derechos causados a pesar
de las dificultades financieras que se pudieran presentar, para lo cual deberá «cre[ar]
una partida presupuestal, si no existiere, o […] reali[zar] las operaciones necesarias para
obtener los fondos, bajo el entendido de que los créditos laborales vinculados al mínimo
vital, gozan de prelación constitucional».

37. En consecuencia, la alegada imposibilidad económica y presupuestal de la
entidad no constituye una razón válida para justificar la negativa del derecho
reconocido a la demandante, pues las limitaciones financieras no exoneran a la
administración del cumplimiento de sus obligaciones laborales y prestacionales.

38. Para dar respuesta al tercer problema jurídico se tiene que la entidad señaló que
«de conformidad con el Decreto 272 de 2021, “Por el cual se establece la prima especial
de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992”, con efectos fiscales a partir del 1 de enero
de 2021, es preciso anotar, que a partir del mes de abril de 2021 se procederá el pago por
nómina mensual de la prima especial del 30%, como valor adicional a la asignación básica»;
sin embargo, en el proceso no obra prueba que acredite tal aseveración.

28 Ver sentencias SU-995 de 1999 y SU-484 de 2008.

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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01386-02 (4944-2023)
Demandante: Luz Marina Medina Agudelo

39. Ahora bien, aunque tampoco hay certeza de que a la fecha de este
pronunciamiento la demandante aún se encuentre vinculada a la Rama Judicial y
en qué cargo se desempeña, si es posible afirmar que al 20 de marzo de 2019 [fecha
de expedición del certificado emitido por la Oficina de Administración Documental
de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia] había
ejercido como juez en varias oportunidades sin que se le hubiese reconocido las
acreencias laborales reclamadas en esta oportunidad.

40. Lo anterior es así, en la medida en que, luego de contrastar los decretos anuales
que fijaron la asignación básica salarial para los servidores públicos de la Rama
Judicial y los certificados de salarios expedidos por la Dirección Administrativa de
División de Tesorería se encontró que la asignación mensual de Luz Marina Media
Agudelo sí fue fraccionada en forma indebida.

41. Ello se evidencia en la medida en que, por ejemplo, para el año 2011 el salario
básico establecido en el Decreto 1039 de 2011 para los jueces municipales fue de
$4.235.707. Sin embargo, durante ese año a la demandante se le pagó por concepto
de sueldo básico la suma de $3.258.236, es decir, una cifra inferior a la establecida
en la norma y, por su parte, a título de prima especial de servicios se le pagó
$977.471. Al sumar los anteriores valores se advierte que el resultado es igual al
fijado en el citado decreto como asignación básica. Luego, la demandante tiene
derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario
básico y a la prima especial de servicio, sin carácter salarial, por los periodos en los
que desempeñe el cargo que le otorga el derecho.

42. En todo caso, se considera necesario adicionar el ordinal 4° de la sentencia del
26 de mayo de 2023, para señalar que la entidad deberá tener en cuenta los pagos
que se hubieren realizado con ocasión de la entrada en vigencia del Decreto 272 de
2021, así como que, el cumplimiento de la sentencia estará sujeto a que no se hayan
efectuado pagos previos por iguales conceptos a los aquí reconocidos.

43. Asimismo, se incluirá que la prima especial de servicios y las demás prestaciones
percibidas no pueden superar los topes establecidos por el gobierno nacional.

48. En cuanto al momento a partir de cuando operó la prescripción de los derechos
reconocidos en el presente asunto, el tribunal en el ordinal 5° señaló «[s]e declara de
Oficio la Prescripción trienal de todos los rubros incluidos en las anteriores condenas, se
contabilizará la misma la fecha de la presentación de la demanda, es decir, el 17 de mayo
de 2017 y hasta tres años atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de
1969» (sic); por su parte, para tal efecto, esta corporación ha señalado que se debe
tener en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta 3 años atrás, de conformidad
con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01386-02 (4944-2023)
Demandante: Luz Marina Medina Agudelo

49. Es decir, según la orden del tribunal la demanda fue presentada el 17 de mayo
de 2017, por lo que, los derechos causados con anterioridad al 17 de mayo de 2014
prescribieron; sin embargo, de conformidad con la tesis aplicada por el Consejo de
Estado y las disposiciones antes señaladas, se debió tener en cuenta la fecha de
presentación de la reclamación administrativa, esto es el 26 de octubre de 2016
[según la Resolución DESAJMR16- 8422 del 28 de diciembre de igual año], fecha
que interrumpiría por una sola vez el término de prescripción. Con fundamento en
lo anterior, el fenómeno de prescripción operaría sobre los derechos causados con
anterioridad al 26 de octubre de 2013.

50. A pesar de lo expuesto, comoquiera que ello daría lugar a la modificación de la
orden proferida por el a quo en el ordinal 5° y al ser la demandada apelante único
en este asunto no hay lugar a ello con el ánimo de no desmejorar su situación en
virtud del principio de la non reformatio in pejus.

51. Sobre el particular, el inciso 2° del artículo 187 del CPACA prevé:

«ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia tiene que ser
motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un
análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios
estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con
brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra
que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior
estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no
reformatio in pejus.
(…)».

52. Así pues, aunque es deber del juez decidir sobre todas las excepciones que
encuentre probadas, pese a que ellas no hayan sido propuestas por las partes, de
lo que se infiere que es posible declarar la prescripción de un derecho de oficio por
el juez de lo contenciosos administrativo, la referida norma indicó que ello era sin
perjuicio de la non reformatio in pejus, es decir, no es posible desmejorar la situación
de la entidad demandada como apelante único. Razón por la que no hay lugar a
modificar el ordinal 5° en lo referente.

53. En lo que corresponde a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral,
según la entidad demandada, como consecuencia de que la acción de cobro de
cotizaciones atrasadas o dejadas de pagar prescribe a los 5 años de exigibles, estos
también prescribieron.

54. No obstante, para esta Sala este argumento no es de recibo porque, si bien el
artículo 817 del Estatuto Tributario establece que el cobro de las obligaciones

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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01386-02 (4944-2023)
Demandante: Luz Marina Medina Agudelo

fiscales prescribe en el término de 5 años, lo cierto es que esta disposición tiene
como sujeto activo a la entidad encargada de ejercer la acción de cobro, sin que ello
pueda interpretarse, en el caso particular, en perjuicio del afiliado al Sistema de
Seguridad Social.

55. Además, por ser la seguridad social un derecho irrenunciable29 e
imprescriptible30, la prescripción opera con excepción de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones por ser imprescriptibles. Con base en lo
anterior, se encuentra necesario adicionar los ordinales 3° y 5° en los siguientes
términos:

56. En cuanto al ordinal 3°, para señalar que la entidad demandada deberá realizar
los pagos de aportes a pensión en favor de Luz Marina Medina Agudelo sobre el
100% de su salario, sin fraccionamiento alguno por la inclusión errada de la prima
de servicios como parte de aquel, más el 30% que corresponde a la prima especial
de servicios, por los periodos en los que ejerció el cargo de juez que le otorgó el
derecho a la prima, pues esta constituye factor salarial para el pago de los aludidos
aportes. En esas condiciones, tal pago se entiende por todo el periodo de
vinculación al cargo que otorga este emolumento, salvo sus interrupciones, toda vez
que como se advirtió ejerció el cargo de juez de forma discontinua.

57. De acuerdo con lo anterior, para la liquidación de los aportes a seguridad social
en pensiones la entidad demandada debe observar los siguientes extremos: i) del
20 de diciembre de 1995, [fecha a partir de la cual se desempeñó como juez] hasta
la entrada en vigencia de la Ley 332 de 1996, salvo sus interrupciones, teniendo
como base el 100% de la remuneración básica mensual; ii) desde la entrada en
vigor de la anterior norma, esto es desde 28 de diciembre de 1996, comoquiera que
fue a partir de tal fecha que la prima es factor salarial para pensiones, y hasta que
desempeñe el cargo que le otorga la mencionada prima, con fundamento en la
anterior asignación más el 30% correspondiente a la prima especial.

58. Para tal efecto, se advierte que solo debe pagarse al sistema las diferencias
causadas entre lo que pagó y lo que correspondía pagar por concepto de aportes a
seguridad social en pensiones.

29 Constitución Política, artículo 48. En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar

los principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales».
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de

agosto de 2016, radicado: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala
aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención
a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se
causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las
prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».

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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01386-02 (4944-2023)
Demandante: Luz Marina Medina Agudelo

59. En torno al ordinal 5°, para indicar que la prescripción trienal opera con excepción
de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones por ser
imprescriptibles.

60. Finalmente, esta Sala debe precisar que, aunque en el presente asunto la actora
demandó tanto la Resolución DESAJMR16- 8422 del 28 de diciembre de 2016 como
el «acto ficto surgido del silencio administrativo respecto de los recursos de reposición y
apelación», el tribunal en primera instancia solo declaró la nulidad del primero. No
obstante, comoquiera que de conformidad con el inciso primero del artículo 86 del
CPACA, según el cual: «[s]alvo lo dispuesto en el artículo 52 de este Código, transcurrido
un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la interposición de los recursos de
reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá
que la decisión es negativa», para efectos de garantizar una decisión congruente con
lo solicitado y la efectividad del control judicial, se hace necesario modificar el ordinal
1° de la sentencia apelada en el sentido de incluir la nulidad del acto ficto.

2.4. Costas

54. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

55. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

56. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma31.

31En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01386-02 (4944-2023)
Demandante: Luz Marina Medina Agudelo

57. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

58. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.

3. Conclusión

59. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que: i) la decisión del tribunal
se ajustó al marco legal y jurisprudencial que reconoce la prima especial de servicios
como factor salarial únicamente para efectos pensionales, sin incidencia en otras
prestaciones, conforme con la Ley 332 de 1996 y la jurisprudencia del Consejo de
Estado; y no contiene condena alguna que la declare con ese carácter; ii) la
imposibilidad económica y presupuestal invocada por la entidad no constituye
justificación válida para incumplir con las obligaciones laborales y prestacionales,
comoquiera que las limitaciones financieras no exoneran a la administración de
garantizar los derechos reconocidos a la demandante.

60. Sin embargo, la Sala adicionará la sentencia en lo relativo a los reajustes de los
aportes a seguridad social por ser un derecho irrenunciable e imprescriptible.
Además, incluirá la nulidad del acto administrativo ficto negativo producto de la falta
de respuesta a los recursos interpuestos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Adicionar los ordinales 1°, 3° y 5° de la sentencia proferida el 26 de mayo
de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, mediante
la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por Luz
Marina Medina Agudelo contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, los cuales quedarán así:

PRIMERO: Declárase la Nulidad Parcial de la Resolución DESAJMR 16 – 8422,
proferida el 28 de diciembre de 2016 y notificada el 17 de enero de 2017, proferida por
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia, así como del

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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01386-02 (4944-2023)
Demandante: Luz Marina Medina Agudelo

acto administrativo ficto negativo producto de la falta de respuesta a los recursos
interpuestos.

TERCERO: Por concepto de restablecimiento del derecho, CONDENÉSE a la RAMA
JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA ADMINISTRATIVA -
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar a la señora LUZ
MARINA MEDINA AGUDELO, sus prestaciones sociales, laborales, el reconocimiento y
pago de las diferencias salariales existentes entre lo liquidado hasta ahora por la
Administración, con el 70% de su salario básico y la liquidación que resulte teniendo
como base el 100% de su salario básico, incluyendo el 30% de este, que la misma
administración ha tomado para darle el título de prima especial sin carácter salarial y el
reconocimiento y pago de esta, como adición o agregado a la asignación básica, prevista
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, sin que en ningún caso se supere los topes
máximos fijados por el gobierno nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

Asimismo, la entidad deberá tener en cuenta los pagos que se hubieren realizado con
ocasión de la entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021.

El cumplimiento de la sentencia estará sujeto a que no se hayan efectuado pagos previos
por iguales conceptos a los aquí reconocidos.

Asimismo, la entidad demandada deberá realizar los pagos de aportes a pensión en
favor de Luz Marina Medina Agudelo sobre el 100% de su salario, sin fraccionamiento
alguno por la inclusión errada de la prima de servicios como parte de aquel, más el 30%
que corresponde a la prima especial de servicios, por los periodos en los que ejerció el
cargo de juez que le otorgó el derecho a la prima, pues esta constituye factor salarial
para el pago de los aludidos aportes. En esas condiciones, tal pago se entiende por todo
el periodo de vinculación al cargo que otorga este emolumento, salvo sus interrupciones,
toda vez que como se advirtió ejerció el cargo de juez de forma discontinua.
De acuerdo con lo anterior, para la liquidación de los aportes a seguridad social en
pensiones la entidad demandada debe observar los siguientes extremos: i) del 20 de
diciembre de 1995, [fecha a partir de la cual se desempeñó como juez] hasta la entrada
en vigencia de la Ley 332 de 1996, salvo sus interrupciones, teniendo como base el
100% de la remuneración básica mensual; ii) desde la entrada en vigor de la anterior
norma, esto es desde 28 de diciembre de 1996, comoquiera que fue a partir de tal fecha
que la prima es factor salarial para pensiones, y hasta que desempeñe el cargo que le
otorga la mencionada prima, con fundamento en la anterior asignación más el 30%
correspondiente a la prima especial.

Para tal efecto, se advierte que solo debe pagarse al sistema las diferencias causadas
entre lo que pagó y lo que correspondía pagar por concepto de aportes a seguridad
social en pensiones.

QUINTO: Se declara de oficio la prescripción trienal de todos los rubros incluidos en las
anteriores condenas, se contabilizará para la misma la fecha de la presentación de la
demanda, es decir, el 17 de mayo de 2017 y hasta tres años atrás, de conformidad con
el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969, salvo los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones por ser imprescriptibles

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida 26 de mayo de 2023 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces.

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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01386-02 (4944-2023)
Demandante: Luz Marina Medina Agudelo

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

MAG

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