Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00224-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00224-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2018-00224-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Doce (12) de Marzo Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 66001233300020180022402 (6401-2022)
Demandante : Paola Andrea Gartner Henao
Demandada : Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial Seccional de
Risaralda
Medio de : Nulidad y restablecimiento del derecho
control
Tema : Prima Especial de Servicios
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
contra la sentencia del veintidós (22) de julio dos mil veintidós (2022), proferido
por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
1. Demanda1.
1.1. Pretensiones.
1. Paola Andrea Gartner Henao, por intermedio de apoderada judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de solicitar la nulidad de
los actos administrativos contenidos en la Resoluciones DESAJP17-253 del 15
de marzo de 2017 y DESAJCLR17-1617 del 24 de mayo de 2017 y el acto
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Índice 00029 expediente Samai Tribunal
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Demandante: Paola Andrea Gartner Henao
Demandada: Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
administrativo por medio del cual se configuró el silencio administrativo negativo
con ocasión de los recursos interpuestos contra los actos anteriores, mediante
los cuales, negaron las solicitudes de liquidar y pagar “la prima especial de servicios
tomando todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente devengados por
los Magistrados de las Altas Cortes.”
2. Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del
derecho, solicito: (i) reliquidar y pagar “la diferencia salarial adeudada por concepto de
la prima especial de servicios regulada en el artículo 15 de la Ley 4a de 1992 y el artículo 1° del
Decreto 10 de 1993, tomando en cuenta todos los ingresos laborales totales anuales de carácter
permanente devengados por los Magistrados de las Altas Cortes”; (ii) indexación de la
condena, (iii) el pago de intereses y (iv) condenar en costas.
Hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda.
3. La actora se desempeñó en el cargo de Magistrada del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, desde el Dos (2) de diciembre de Dos Mil Trece (2013) hasta
el Ocho (8) de diciembre del Dos Mil Quince (2015), y en el Tribunal
Administrativo de Risaralda, desde el Nueve (9) de diciembre de Dos Mil Quince
(2015), cargo que desempeña al momento de la presentación de la demanda.
4. Mediante escrito del 23 de febrero y 14 de marzo de 2017, solicitó el
reconocimiento y pago de la “prima especial de servicios” y la entidad mediante actos
administrativos contenidos en las Resoluciones DESAJPE 17 253 del 15 de
marzo de 2017, proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de Pereira y DESAJCLR-1617 del 24 de mayo de 2017, expedida por la
Dirección Ejecutiva de Administración de Cali, negaron las peticiones elevadas
por la actora. Contra estas decisiones interpuso recurso de alzada en escritos
del 27 de marzo y el 12 de junio, ambas del 2017; sin embargo, la entidad no
emitió respuesta alguna, guardando silencio frente a los recursos interpuestos.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
5. La actora señala que, los actos demandados vulneran la Constitución Política
en los artículos: 1, 2, 13, 53 y 58; Ley 4ª de 1992 artículo 2 y 15; Código
Sustantivo del Trabajo, artículo 127 - Decreto 10 de 1993, artículos 1 y 2;
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Decreto 610 de 1998, artículos 1,2 y 3 - Ley 1437 de 2011, artículos 10, 102,
189 y 269.
6. Como concepto de violación, indicó de manera precisa que:
«El derecho a la prima especial de servicios es un derecho adquirido por mi
mandante desde que se expidió el Decreto 610 de 1998 y dispuso que
gradualmente devengaría a partir del ano de 1999, el equivalente al 60%; 70%
y 80% de los ingresos laborales que por todo concepto devenguen los
Magistrados de Alta Corte, quienes por disposición del artículo 15 de la Ley 4a
de 1992: “…tendrán una prima especial de servicios... que sumada a los demás
ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por le≫ miembros
del Congreso, sin que en ningún caso los supere...”
Este es el fundamento legal del derecho que se reclama, y como derecho
adquirido es protegido por nuestra legislación colombiana y los convenios de la
OIT ratificados por Colombia que señalan: “El derecho adquirido es aquel que
se entiende incorporado al patrimonio de la Persona, por cuanto se ha
perfeccionado durante la vigencia de una Ley”.
Corolario de lo expuesto es que, por efectos de comunicabilidad legal, a mi
mandante como beneficiario del Decreto 610 de 1998, se le debe reconocer en
la proporción allí determinada la diferencia salarial adeudada por concepto de
prima especial de servicios, teniendo en cuenta para su liquidación todos los
factores totales anuales de carácter permanente que devengan los
Congresistas, sin que haya razón legal para excluir de estos factores el auxilio
de cesantía.»
2. Contestación de la demanda- Nación - Rama Judicial2.
7. Se opuso a las pretensiones de la demanda, señalando que, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial ha aplicado conforme a derecho las normas
que regulan el régimen salarial y prestacional del sector público, en estricto
cumplimiento de la Constitución Política. De acuerdo a las competencias
existentes entre el legislador y el ejecutivo para su regulación, específicamente
en el numeral 19 del artículo 159 ibidem. Por ello, afirma que la liquidación del
salario del accionante se hizo ajustándose al ordenamiento jurídico legal
vigente.
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Índice 00029 expediente Samai.
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8. Finalmente, propone la excepción de prescripción trienal.
3. Sentencia de primera instancia3.
9. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo Risaralda, con sentencia del
veintidós (22) de julio dos mil veintidós (2022), accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, así:
«1. DECLÁRASE la nulidad del oficio DESAJP17-253 del 15 de marzo de 2017, mediante la
cual se manifestó la imposibilidad de: “...acceder a lo solicitado en su comunicación
fundamentada en la ya mencionada sentencia del Consejo de Estado...’" en relación con la
solicitud de liquidar y pagar la prima especial de servicios tomando todos los ingresos laborales
totales anuales de carácter permanente devengados por los Magistrados de las Altas Cortes,
quienes a su vez para el cálculo y pago de la remuneración mensual dependen de lo que
devengan los congresistas.
2. DECLÁRASE la nulidad del oficio DESAJCLR17-1617 del 24 de mayo de 2017, mediante la
cual se manifestó no acceder a la solicitud de liquidar y pagar la prima especial de servicios
tomando todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente devengados por
los Magistrados de las Altas Cortes, quienes a su vez para el cálculo y pago de la remuneración
mensual dependen de lo que devengan los congresistas.
3. DECLÁRASE la nulidad del acto ficto o presunto mediante el cual se configuró el silencio
administrativo negativo en contra de sendos recursos de apelación presentados contra los
actos administrativos que negaron las solicitudes de pago de prima especial de la señora Paola
Andrea Gartner Henao.
4. CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la Nación – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial a reliquidar y pagar, a favor de Paola Andrea Gartner Henao con cédula
de ciudadanía 42.133.008, para el periodo en el que laboró como Magistrada del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Valle del Cauca entre el 15 de marzo de 2014 al 08 de diciembre
de 2015, y entre el 09 de diciembre de 2015 y a la fecha de la vinculación vigente mientras se
dieren las condiciones desfavorables laboralmente; y en su condición de Magistrada del
Tribunal Superior de Risaralda; la diferencia salarial adeudada por concepto de la prima
especial de servicios regulada en el artículo 15 de la Ley 4a de 1992 y el artículo 1° del Decreto
10 de 1993, tomando en cuenta todos los ingresos laborales totales anuales de carácter
permanente devengados por los Magistrados de las Altas Cortes, quienes a su vez, para el
cálculo y pago de la remuneración mensual dependen de lo que devengan los congresistas.
5. CONDENAR al reconocimiento y pago de la indexación de las anteriores sumas de dinero,
desde la causación hasta el pago efectivo.
6. ORDENAR dar cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en los artículos 189 y
192 del CPACA.
7. DECLAR (sic) probada parcialmente la excepción de prescripción trienal propuesta por la
apoderada de la parte actora respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 15 de
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Índice 00036 expediente Samai, Tribunal.
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marzo de 2014, período en el que la demandante se desempeñó como Magistrada del Tribunal
Superior de Distrito de Valle del Cauca.
8. CONDENAR en costas a Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a favor de
Paola Andrea Gartner Henao con cédula de ciudadanía 42.133.008. Liquídense por
Secretaría.» (sic)
10. Para llegar a la anterior conclusión, el Tribunal determinó:
11. Precisó que, lo solicitado por la demandante corresponde a un valor faltante de
la prima especial a la que tiene derecho por el desempeño como magistrada,
conforme lo dispone el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 y los artículos 1 y 2 del
Decreto 10 de 1993. Aunque la parte demandada señala que, la prima especial
no tiene carácter salarial, tal argumento no desconoce lo planteado por la
demandante, quien nunca cuestionó su naturaleza salarial, sino la diferencia
mensual adeudada que no ha sido reconocida ni pagada.
12. Que en virtud del principio de congruencia, el objeto principal del litigio es el
pago de la diferencia salarial pendiente por concepto de la prima especial de
servicios, regulada en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 y el artículo 1° del
Decreto 10 de 1993. Para este cálculo, se deben considerar todos los ingresos
laborales anuales totales y permanentes de los Magistrados de las Altas Cortes,
quienes ajustan su remuneración mensual en función de lo que ganan los
congresistas.
13. Establece que, no existen dudas respecto a la interpretación del artículo 15 de
la Ley 4 de 1992 junto con los artículos 1 y 2 del Decreto 10 de 1993,
especialmente en la incidencia respecto del porcentaje sobre el cual debe
pagarse la prima especial. Se distingue que, conforme al Decreto 610 de 1998,
la prima especial para un magistrado debe pagarse sobre el 80% de los ingresos
totales devengados por un Magistrado de Alta Corte, que a su vez recibe una
remuneración equivalente a la de un Congresista.
14. Concluyó que, la demandante tiene razón y, por ello, declara la nulidad de las
resoluciones N° DESAJPE17-253 (15 de marzo de 2017) expedida por la
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Dirección Ejecutiva de Pereira y N° DESAJCLR17-1617 (24 de mayo de 2017)
expedida por la Dirección Ejecutiva de Cali, ambas relacionadas con la
resolución de derechos de petición y como restablecimiento del derecho, se
ordenó la reliquidación y pago a favor de la demandante de la prima especial
establecida en el artículo 15 de la Ley 4, reglada por el Decreto 10 de 1993,
aplicando los porcentajes del Decreto 610 de 1998, en concordancia con la
sentencia de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado.
15. Determinó que, los derechos laborales prescriben a los tres años desde que se
causan, salvo que exista una reclamación extrajudicial que agote la vía
administrativa antes de demandar. En el caso de la demandante, presentó
reclamaciones como Magistrada el 14 de marzo de 2017, por lo que el fenómeno
prescriptivo operó para las mesadas causadas el 15 de marzo de 2014 y con la
reclamación el 23 de febrero de 2017, el fenómeno prescriptivo operó para todas
las mesadas causadas antes del 24 de febrero de 2014, sin embargo, como
quiera que la actora se vinculó como Magistrada del Tribunal Administrativo de
Risaralda a partir de 09 de diciembre de 2015, no opera la prescripción durante
este periodo.
16. Finalmente, con auto del veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022),
la primera instancia corrige el numeral 7º de la parte resolutiva de la sentencia
proferida dentro de la acción de la referencia el 22 de julio de 2022, mediante la
cual, “declara probada parcialmente la excepción de prescripción trienal propuesta por la
entidad demandada Nación –Rama Judicial respecto de las mesadas causadas con
anterioridad al 15 de marzo de 2014, período en el que la demandante se desempeñó como
Magistrada del Tribunal Superior de Distrito de Valle del Cauca 4.”
4. Recurso de apelación5.
17. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, argumentando que la imposibilidad presupuestal de la entidad
para reconocer las diferencias a los magistrados, se fundamenta en el artículo
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Indice 00044 Samai. Tribunal.
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Índice 00002 expediente Samai, archivo zip.
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15 de la Ley 4ª de 1992, que regula una prima especial de servicios sin carácter
salarial para los magistrados de Altas Cortes y otros altos funcionarios, la cual
busca nivelar la remuneración para que, sumada a los demás ingresos
laborales, iguale el ingreso total anual de los miembros del Congreso, sin que
pueda superarlo.
18. Destacó la inviabilidad de la entidad para asumir obligaciones sin respaldo
presupuestal, ya que, hasta la fecha el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
no ha asignado los recursos necesarios para cubrir los mayores valores que se
generarían al conciliar la prima especial de servicios. A pesar de que la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial ha presentado diversas solicitudes para la
asignación de estos recursos adicionales para cubrir las sumas adeudadas por
concepto de la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992,
no se ha logrado obtener el presupuesto requerido y esta falta de asignación
presupuestal imposibilita el reconocimiento de las diferencias salariales.
19. Respecto a la condena en costas a favor de la demandante, señala que, no
existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por
concepto de costas a cargo de la entidad.
5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021.
20. En providencia del Veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023), la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, declaró fundado la
manifestación de impedimento de los Consejeros Juan Enrique Bedoya
Escobar, Cesar Palomino Cortés y Carmelo Perdomo Cuéter, pertenecientes a
la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación6.
21. La Sala de Conjueces con auto del Siete (7) de mayo de Dos Mil Veinticuatro
(2024)7, admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y,
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Indice 00012 expediente Samai
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Índice 00005 expediente Samai
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en virtud del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el
artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, se prescindió de la etapa de alegaciones.
22. Posteriormente, con auto del 10 de marzo de 2025, la Sala de Conjueces, se
refiere a la reconfiguración y reducción del número de integrantes de 24 a 12,
conforme al artículo 115 del CPACA y debido a esta modificación en la
integración de la Sala entre 2023 y 2025, el asunto radicado bajo el número
66001-23-33-000-2018-00224-02, fue reasignado al Consejero Jorge Edison
Portocarrero Banguera8.
23. El 12 de septiembre del presente año, este despacho avoca conocimiento del
presente asunto para fallo9.
24. En este escenario, se estima pertinente precisar que las Subsecciones A y B
de la Sección Segunda, en providencias recientes, han declarado infundado
el impedimento manifestado por magistrados de distintos tribunales del país
en asuntos relacionados con el reconocimiento de acreencias como la que
aquí se estudia.
25. La mayoría de los integrantes de la Sala, en sesión celebrada el 29 de agosto
de 2024, decidieron en igual sentido los impedimentos manifestados por los
integrantes de esta, en procesos con supuestos similares a los que se
analizan en el presente asunto, por tres razones, a saber10:
(i) Las manifestaciones de impedimento se sustentan en consideraciones
generales que resultan insuficientes para encuadrar el caso particular en
el supuesto descrito en la causal;
(ii) no exponen situaciones actuales y concretas que acrediten la
configuración de la causal;
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Indice 00034 expediente Samai
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Indice 00039 expediente Samai
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, expedientes 1774-2024, 5436-
2023 y 1286-2024. En igual sentido, ver autos dictados por la Subsección B, expedientes 4042-2023 y 4079-2023 del
30 de enero de 2025, y 3819-2024 y 5624-2024 del 6 de febrero del mismo año.
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(iii) no mencionan el beneficio que sustenta «el interés directo o indirecto
en el proceso» ni precisan cómo la decisión del caso puede resultar útil
para los intereses de quien manifiesta el impedimento.
26. A partir de las anteriores razones, se estima que las manifestaciones de
impedimento que en su momento se efectuaron y aceptaron, como no hacían
alusión a situaciones actuales y concretas de la cuales se derivara un interés
cierto que afectara la imparcialidad de los funcionarios judiciales, a la luz del
criterio imperante, dejaron de constituir una excepción al deber de estos de
decidir de fondo los asuntos sometidos a su conocimiento para impartir
justicia.
27. El Ministerio Público presentó concepto, en el cual solicitó confirmar el fallo de
primera instancia.
CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
28. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). La
Sala se pronunciará de los argumentos expuestos por el apelante.
2.2. Problema jurídico
29. En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, le
corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia de la Sala Transitoria del
Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Para el efecto, se analizará si la falta de
disponibilidad presupuestal, puede tenerse como fundamento para negar las
pretensiones de la demanda. Finalmente, deberá establecerse si hay lugar a
condenar en costas.
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Demandante: Paola Andrea Gartner Henao
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30. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial de la prima especial de
servicios establecido en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 y el Decreto 610 de
1998, 2.3. Hechos probados; 2.4. Caso concreto y condena en costas.
2.2.1 Marco normativo y jurisprudencial – Bonificación por compensación.
31. El 26 de marzo de 1998, en uso de la facultad otorgada por la Ley 4 de 1992, el
Gobierno nacional expidió el Decreto 610 de 199811, a través del cual, se creó
la bonificación por compensación a favor de los magistrados de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior
Militar; a los magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte
Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura; a los abogados auxiliares
del Consejo de Estado; a los fiscales y jefes de unidad ante el Tribunal Nacional;
a los fiscales del Tribunal Superior Militar, los fiscales ante el Tribunal de Distrito,
y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito12.
32. La norma estableció que la citada bonificación se debía pagar de forma
permanente y mensualmente a partir del 1 de enero de 1999, la cual tendría
carácter salarial solo para efectos pensionales, en los mismos términos de la
prima especial de servicios de los magistrados de las Altas Cortes.
Adicionalmente, se estableció que aquella, sumada a la prima especial de
servicios y a los demás ingresos laborales actuales, debía corresponder, para
el año 1999, al sesenta por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo
concepto perciben los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de
Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura; sin embargo,
se precisó que el citado porcentaje tendría un incremento gradual, así para el
año 2000 correspondería al setenta por ciento (70%), y para el año 2001 y
sucesivos sería del ochenta por ciento (80%).
11
Publicado en el Diario Oficial No 43.268, de marzo 30 de 1998, momento a partir del cual empezó a regir.
12
Posteriormente, mediante el Decreto 1239 de 1998 fueron también beneficiarios de la citada bonificación los secretarios
Generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al secretario Judicial de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
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33. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por medio del Decreto 2668 de
1998, generando ello que anualmente se dictaran una serie de decretos que
regularon la bonificación por compensación de los magistrados de tribunales y
otros funcionarios, entre ellos, los decretos 664 del 13 de abril de 1999,
derogado por el Decreto 2738 del 27 de diciembre de 2000, derogado por el
Decreto 1476 del 19 de julio de 2001, este a su vez derogado por el Decreto
2726 del 17 de diciembre de 2001, este derogado por el Decreto 663 del 10 de
abril de 2002, este derogado por el Decreto 3570 del 11 de diciembre de 2003,
este a su vez derogado por el Decreto 4040 de 2004.
34. El Decreto 2668 de 1998 fue demandado en acción de nulidad ante el Consejo
de Estado, y declarado nulo mediante sentencia proferida por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre
de 2001, expediente Nº 395-99, con efectos “ex tunc”. Ante ello, el Decreto 610
de 1998 recobró su vigencia y debe entenderse que las normas posteriores al
acto anulado perdieron su fuerza ejecutoria y son inaplicables, entre ellas el
Decreto 664 de 1999 y los que se expidieron con posterioridad y que regularon
la bonificación por compensación de los magistrados de tribunales, partiendo de
la base que el Decreto 610 de 1998 había desaparecido del orden jurídico.
35. Luego, el Gobierno nacional expidió el Decreto 4040 de 2004, que creó la
bonificación de gestión judicial, a favor de los mismos funcionarios que eran
beneficiarios de la bonificación por compensación; indicando que la bonificación
creada, sumada a la asignación básica y demás ingresos laborales no podía
superar el setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto devenguen los
magistrados de las Altas Cortes; precisando que, aquella sería incompatible con
la bonificación por compensación; además, se adujo que los citados funcionarios
podían cobijarse por la bonificación de gestión judicial siempre y cuando
cumplieran con alguna de las siguientes situaciones:
a). Quienes han iniciado acciones judiciales relacionadas con la Bonificación por
Compensación y desistan de sus pretensiones, renunciando expresamente a la
posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los términos del artículo 342 del
Código de Procedimiento Civil;
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b). Los que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de
transacción para precaver litigios futuros relacionados con la Bonificación por
Compensación.
36. Quienes deberían antes del 31 de diciembre de 2004, por escrito manifestar
dicha intención ante la entidad empleadora.
37. El Decreto 4040 de 2004 fue declarado nulo por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, mediante sentencia expedida por la Sala de Conjueces el 14 de
diciembre de 2011, expediente No. 11001-03-25-000-2005-00244-01,
ejecutoriada el 27 de enero de 2012. En esa providencia la Sala de conjueces
precisó que, para una misma categoría de servidores judiciales, con idénticas
funciones, horarios, responsabilidades y requisitos, coexistían dos regímenes
vigentes, el Decreto 610 de 1998 que fijaba la asignación mensual en el 80% de
lo devengado por los magistrados de altas cortes, mientras que el Decreto 4040
de 2004 la establecía en el 70%, con lo cual se materializó un trato diferenciado
injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.
38. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 violó los
derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar sobre
derechos ciertos e indiscutibles.
39. Entonces, en virtud del Decreto 4040 de 2004, y durante el tiempo en que estuvo
aquel vigente, para esos funcionarios hubo una duplicidad de normas, las cuales
otorgaban el derecho al pago de una bonificación; ello generó diversas acciones
judiciales por parte de los beneficiarios de la citada prestación; así como,
dificultades a la hora de determinar la prescripción de los derechos laborales
que en virtud del Decreto 610 de 1998 surgían para sus beneficiarios.
40. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia del 18 de mayo de 201613 concluyó que, ante la coexistencia de dos
regímenes salariales diferentes no era posible dar plena aplicación a las
disposiciones del Decreto 3135 de 1968 en materia de prescripción; precisando
que la exigibilidad del derecho otorgado por el Decreto 610 de 1998 surgió a
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, expediente
250002325000201000246-02, C.P. JORGE IVAN ACUÑA ARRIETA
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Demandada: Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
partir de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, es decir,
a partir del 28 de enero de 2012 -día siguiente a la ejecutoria del referido fallo-.
41. Luego, la misma corporación, también a través de decisión proferida por la Sala
de Conjueces, esta vez de fecha 2 de septiembre de 201914, estableció sobre el
fenómeno jurídico de la prescripción, para los casos de las reclamaciones de la
bonificación por compensación causadas entre el 5 de septiembre de 2001 y el
2 de diciembre de 2004, indicando que durante este tiempo no hubo dualidad
de normas; por tanto, aquí sí operó el fenómeno de la prescripción conforme las
disposiciones de los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969; salvo que se
demuestre en el expediente que antes del 3 de diciembre de 2004 había
interrumpido la prescripción conforme a la ley.
42. Finalmente, tras la declaratoria de nulidad del Decreto Decreto 4040 de 2004, el
Gobierno nacional expidió el Decreto 1102 de 2012 “Por la cual se modifica la
bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros
funcionarios”, el cual en su artículo 1 dispuso:
ARTÍCULO 1°. A partir del 27 de enero de 2012, la Bonificación por Compensación que
vienen percibiendo con carácter permanente los Magistrados de Tribunal, Magistrados de
Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Magistrados
Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de
Estado, Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte
Suprema de Justicia, Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial,
Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte
Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios
vinculados a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera
permanente como agentes del Ministerio Público ante los Magistrados del Tribunal, antes
señalados, equivaldrá a un valor que sumado a la asignación básica y demás ingresos
laborales iguale al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Consejo de Estado, Corte
Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.
La Bonificación por Compensación, pagadera mensualmente, sólo constituye factor salarial
para efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema
General de Seguridad Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, radicado 41001-23-
33-000-2016-00041-02 (2204-2018), C.P. CARMEN ANAVA DE CASTELLANOS
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Interno: 6401-2024
Demandante: Paola Andrea Gartner Henao
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43. Con fundamento en los derroteros trazados por la jurisprudencia del Consejo de
Estado, se procede a decidir el presente caso.
2.3. Hechos probados.
44. A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades del caso objeto
de juzgamiento frente al marco normativo que rige la materia. En ese sentido, y
con base en el material probatorio aportado al plenario y de conformidad con los
hechos constatados por esta Corporación, se destaca:
45. Certificación de la coordinadora de talento humano de la dirección ejecutiva de
administración judicial de Cali, mediante la cual, se relaciona los cargos que ha
desempeñado la demandante en la Rama Judicial, así:
46. Certificación de la coordinadora de talento humano de administración judicial de
Pereira, donde se acredita que, la demandante fungió como Magistrada en ese
distrito judicial en el siguiente periodo:
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Interno: 6401-2024
Demandante: Paola Andrea Gartner Henao
Demandada: Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
47. Certificación de factores salariales expedido por la dirección de administración
judicial, mediante la cual, se establece que, la demandante devengó, la prima
especial y la bonificación por compensación a partir del mes de diciembre de
2013 hasta el año 2015.
48. Informe de acumulados por concepto de bonificación judicial periodos enero de
2016 a diciembre de 2018, expedido por la dirección de administración judicial
de Risaralda.
49. Reclamaciones presentadas por la actora en las direcciones seccionales de
Risaralda y Valle del Cauca de fecha 23 de febrero y 14 de marzo ambas del
2017, mediante las cuales, solicitó el reconocimiento equivalente del 80% de lo
que por todo concepto les fue reconocido a los Magistrados de las Altas Cortes
respecto a lo que devengan los Congresistas.
50. Resoluciones DESAJPE17-253 del 15 de marzo de 2017, expedida por la
dirección ejecutiva de administración de Pereira y DESAJCLR17-1617 del 24 de
mayo de 2017 proferida por la dirección de administración judicial de Cali,
mediante las cuales, se niegan las solicitudes presentadas por la actora y contra
estas decisiones agotó el recurso de apelación, sin embargo, la entidad guardó
silencio.
2.4. Caso concreto
51. Previo a resolver la inconformidad presentada por la entidad apelante, contra la
sentencia del treinta (30) de junio de dos mil veintitrés (2023), proferida por la
Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Risaralda, relativa a la
imposibilidad presupuestal para el pago de la condena impuesta; la Sala
encuentra que, la parte resolutiva de la sentencia incurrió en un error, al disponer
el reconocimiento y pago a la demandante, de la prima especial de servicios
consagrada en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
52. La conclusión de la Sala parte del concepto de violación, señalado por el
extremo procesal activo en el escrito de demanda, según el cual:
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Interno: 6401-2024
Demandante: Paola Andrea Gartner Henao
Demandada: Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
«El derecho a la prima especial de servicios es un derecho adquirido por mi
mandante desde que se expidió el Decreto 610 de 1998 y dispuso que
gradualmente devengaría a partir del ano de 1999, el equivalente al 60%; 70%
y 80% de los ingresos laborales que por todo concepto devenguen los
Magistrados de Alta Corte, quienes por disposición del artículo 15 de la Ley 4a
de 1992: “…tendrán una prima especial de servicios... que sumada a los demás
ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros
del Congreso, sin que en ningún caso los supere...”
Este es el fundamento legal del derecho que se reclama, y como derecho
adquirido es protegido por nuestra legislación colombiana y los convenios de la
OIT ratificados por Colombia que señalan: “El derecho adquirido es aquel que
se entiende incorporado al patrimonio de la Persona, por cuanto se ha
perfeccionado durante la vigencia de una Ley”.
Corolario de lo expuesto es que, por efectos de comunicabilidad legal, a mi
mandante como beneficiario del Decreto 610 de 1998, se le debe reconocer en
la proporción allí determinada la diferencia salarial adeudada por concepto de
prima especial de servicios, teniendo en cuenta para su liquidación todos los
factores totales anuales de carácter permanente que devengan los
Congresistas, sin que haya razón legal para excluir de estos factores el auxilio
de cesantía.»
53. A partir del planteamiento de la parte demandante, es claro para esta Sala que,
aunque las pretensiones solicitan la prima especial de servicios contenida en el
artículo 15 de la Ley 4 de 1992, lo cierto es que, el requerimiento de la demanda,
es el pago de las diferencias adeudadas por concepto de bonificación por
compensación, en el equivalente al 80% de la totalidad de lo devengado por los
magistrados de las altas cortes, «teniendo en cuenta que estos últimos
funcionarios devengan el 100% de lo percibido por los Congresistas de la
República».
54. Respecto a este petitum, la decisión de primera instancia, fue incisiva al
considerar lo siguiente:
«Así las cosas, no quedan dudas respecto de la interpretación y objetivos del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992 junto con lo reglado en los artículos 1 y 2 del
Decreto 10 de 1993, y la clara incidencia que tiene respecto el porcentaje sobre el
cual debe ser pagada la prima especial, pues se distingue lo contenido en el
Decreto 610 de 1998, citado varias veces por la demandante en su líbelo
introductor, concluyendo que la prima especial debe ser pagada, para Magistrado
de Tribunal Superior de Distrito Judicial sobre el 80% de los ingresos totales
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Demandante: Paola Andrea Gartner Henao
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devengado por Magistrado de Alta Corte, quien a su vez devenga lo mismo que
un Congresista.»
55. Al respecto, esta Sala de decisión ha dado por sentado, en procesos en los que
se discute el derecho a la bonificación por compensación, que la prima especial
de servicios, tiene incidencia en la determinación de la bonificación por
compensación, en tanto, el Decreto 610 de 1998 dispuso que, sumada a la prima
especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales, debía igualar,
en los porcentajes del 60%, 70% y 80%, respectivamente, los ingresos laborales
que por todo concepto percibían los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la
Judicatura.
56. En este escenario, es claro para la Sala que lo discutido en el presente asunto,
es la debida liquidación de la bonificación por compensación, comoquiera que
la demandante fungió como Magistrada de los Tribunales Administrativos del
Valle del Cauca y Risaralda, por lo que es esta prestación a la que tiene derecho
y no así, la prima especial de servicios contenida en el artículo 15 de la Ley 4
de 1992, pese a la incidencia que esta disposición puede tener frente a la
bonificación por compensación de la demandante.
57. La Sala precisa que, el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, equiparó los ingresos
laborales de los magistrados de altas cortes, con los percibidos en su totalidad
por los miembros del congreso; disposición a partir de la cual, el Gobierno
nacional profirió el Decreto 10 de 1993, que dispuso que dicha prima debía
corresponder a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos
por los miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que tienen
derecho a ella. Además, entre los magistrados de alta corte y congresistas debe
existir igual remuneración por expresa disposición legal.
58. Del marco normativo relacionado, es palmaria la incidencia en la reliquidación de
la bonificación por compensación reclamada, máxime cuando, en el concepto de
violación, de manera categórica se alude a la inclusión de la prima especial de
servicios, teniendo en cuenta las cesantías percibidas por los miembros de
Congreso de la República.
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Interno: 6401-2024
Demandante: Paola Andrea Gartner Henao
Demandada: Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
59. Sobre este punto, la Sala de Conjueces del Consejo de Estado en sentencia de
Dieciocho (18) de mayo de Dos Mil Dieciséis (2016), abordó ampliamente la
discusión, dilucidando lo siguiente:
«Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han
sido consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la
jurisprudencia del Consejo de Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene
plena razón de ser pues se trata de una erogación que realiza el empleador
anualmente a favor de su trabajador y que se causa por cada día de trabajo del
empleado.
De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe
ser tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios
de los funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes
tienen derecho a percibir una suma equivalente a lo que por todo concepto
devengan los congresistas.
Este régimen tiene una clara incidencia en la determinación de la bonificación
por compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos al
Decreto 610 de 1998 pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del
Decreto 10 de 1993, previó la nivelación salarial al 60%, 70% y 80% “… de lo
que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado” (subraya fuera del texto), para los años 1998, 1999, 2000
y siguientes, respectivamente.
En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo
es un ingreso laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado
en atención a lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 del
6 de agosto de 2003, habría que señalarse que no existen razones para que se
haga abstracción de la misma, o de cualquiera de los factores que se tienen en
cuenta para su liquidación, al momento de fijar el monto a cancelar por concepto
de bonificación por compensación a favor de los servidores mencionados en el
artículo 2º del Decreto 610 de 1998.
Habiendo señalado que el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido
de manera permanente por los jueces de mayor jerarquía de todas las
jurisdicciones, es evidente que resultaría violatorio del principio de igualdad que
surge del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia el señalar que esta
prestación social carece de tal naturaleza únicamente con el propósito de
disminuir la base de liquidación de la bonificación por compensación de la que
son acreedores los funcionarios mencionados en el artículo 2º del Decreto 610
de 1998.
En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los pagos
que el Estado debe realizar a los Congresistas por concepto de cesantías
puede calcularse la diferencia total entre lo que ellos perciben y la asignación
de los Magistrados de las Altas Cortes para, así, determinar el valor de la prima
especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos.
Teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo es un ingreso
laboral que perciben los Magistrados de las Altas Cortes, sino que además “…
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Demandante: Paola Andrea Gartner Henao
Demandada: Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
constituirá factor de salario solo para la cotización y liquidación de la pensión
de jubilación de acuerdo con las normas nacionales vigentes que regulan el
régimen prestacional de los funcionarios señalados”, y que el Decreto 610 de
1998 garantiza que sus beneficiarios perciban un porcentaje del total de
ingresos laborales devengados por estos funcionarios, también se debe
concluir que es necesario que el monto percibido por los Magistrados de las
Altas Cortes por este concepto, y que haya sido liquidado teniendo en cuenta
las cesantías percibidas por los Congresistas, debe ser un factor para
determinar el valor de la bonificación por compensación a la que tiene derecho
el actor.»
60. De acuerdo con lo anterior, la inclusión de las cesantías para la liquidación de
la prima especial de servicios, a efectos de la determinación del monto de la
bonificación por compensación, está debidamente zanjado, y, por lo tanto, al
constituir las cesantías, un ingreso permanente, debe tenerse en cuenta para la
liquidación requerida.
61. En consecuencia, el monto de la bonificación por compensación, corresponde a
la diferencia entre los ingresos anuales de magistrado de alta corte y los
ingresos anuales para este caso, de magistrado de tribunal, el cual, se calcula
al tomar todos los conceptos que componen los ingresos totales anuales de los
primeros, incluido el auxilio de las cesantías.
62. Siendo así las cosas, y con base en las facultades de saneamiento, dispuestas
en el artículo 207 de la Ley 1437 de 2011, de las cuales es titular el juez de lo
contencioso administrativo, para ejercer el control de legalidad en cada etapa
del proceso, y a efectos de atemperar la parte resolutiva de la sentencia con el
petitum de la demanda y la resolución en el caso concreto, esta Sala de decisión,
de manera oficiosa, revocará el ordinal cuarto de la parte resolutiva de primera
instancia, para en su lugar disponer que, la Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, debe reconocer y pagar la diferencia
existente entre los valores pagados por concepto de bonificación por
compensación, prevista en el Decreto 610 de 1998 y lo que en realidad
corresponde, teniendo en cuenta que la liquidación de la prestación, debe
atender a lo percibido por los magistrados de alta corte, que debe ser igual a lo
que por todo concepto perciben los congresistas de la República, con inclusión
del auxilio de cesantías, a partir del 15 de marzo de 2014, por prescripción.
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Interno: 6401-2024
Demandante: Paola Andrea Gartner Henao
Demandada: Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
63. Comoquiera que la reliquidación aquí ordenada, tiene incidencia en los aportes
al sistema de seguridad social en pensiones, se dispondrá su pago, por
su característica de ser derechos irrenunciables e imprescriptibles.
64. Adicionalmente, se dispondrá que, el cumplimiento de la presente condena no
debe superar el tope establecido por el gobierno nacional en el Decreto 610 de
1998, adicional a que la entidad demandada no haya realizado otro pago por los
mismos conceptos ordenados en la presente providencia, situación que, en todo
caso, debe ser verificada por la Rama Judicial.
65. Dilucidado lo anterior, procederá la Sala a resolver la inconformidad planteada
por la entidad demandada, que alega la falta de apropiación presupuestal para
el pago de las diferencias salariales y prestacionales, como fundamento para
denegar las pretensiones de la demanda.
66. Frente al reproche de la entidad apelante, debe indicarse que, este argumento
no tiene ánimo de prosperidad, por cuanto, tal circunstancia no es justificación para
que no se reconozcan los derechos salariales y prestacionales de sus
trabajadores, en tanto no puede trasladarse a este extremo de la relación laboral,
las deficiencias presupuestales de las entidades. Ello es así, porque el salario
hace parte del derecho fundamental al trabajo, el cual, está ligado al derecho
fundamental al mínimo vital; y estos deben ser garantizados por el Estado.
67. Sobre este particular, ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional que, la
situación económica del empleador, no justifica el incumplimiento al deber legal y
constitucional de retribuir en debida forma y oportunamente el trabajo que ofrecen
sus trabajadores15. En ese sentido, el Tribunal Constitucional también ha señalado
que, el desorden administrativo, las deficiencias presupuestales o económicas no
eximen al empleador público de responder por sus acreencias laborales16.
15
«La situación económica del empleador, sea este público o privado, los argumentos económicos, presupuestales o
financieros no justifican el incumplimiento del deber legal y constitucional de pagar oportunamente los salarios de los
trabajadores. No obstante, si la deudora es una entidad pública, la orden del juez de tutela deberá ser que, en un término
razonable fijado por el juez, se cree una partida presupuestal, si no existiere, o se realicen los trámites correspondientes
para obtener los fondos, bajo el entendido de que los créditos laborales vinculados al mínimo vital, gozan de prelación
constitucional» Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-995 de 1999. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz.
16 «En esta línea, entonces, el desorden administrativo o los indebidos manejos de los recursos públicos no son ni podrían
ser óbice para impedir el pago puntual de los salarios y prestaciones de los empleados que se encuentran al servicio de la
administración. Es más, el que la situación económica, presupuestal o financiera de un empleador público o privado no sea
producto de su negligencia o desidia, tampoco lo exime de responder por la protección y respeto de los derechos mínimos
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Interno: 6401-2024
Demandante: Paola Andrea Gartner Henao
Demandada: Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
68. Esta posición ha sido adoptada por esta Sala; lo que conduce a que, no prospere
este planteamiento del recurso de alzada.
2.5. Condena en costas.
69. De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido
del criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la
procedencia o no de la condena en costas, ya que, para ello debe examinar la
actuación procesal de la parte vencida, debe tener certeza de su causación y
que la conducta desplegada adolece de temeridad y mala fe, no basta el simple
hecho de las resultas del proceso.
70. En el caso concreto, la primera instancia condenó en costas a la demandada,
sin embargo, revisado su proceder a lo largo de la actuación, no se evidencia
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, por
lo que, se revocará la decisión y no se condenará en costas en ambas
instancias.
71. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del veintidós (22) de julio
dos mil veintidós (2022), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo Risaralda, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
y fundamentales de sus empleados. La intencionalidad de quien incurre en el desconocimiento de un derecho fundamental,
no puede tenerse como elemento relevante para definir la procedencia o improcedencia del amparo impetrado. Si existe
vulneración, amenaza o desconocimiento de un derecho fundamental, así debe declararlo el juez, pues lo que se busca es
la defensa de estos derechos y no la definición de responsabilidades, pues ni es su objeto y existen vías judiciales
apropiadas para el efecto». Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-484 de 2008. Magistrado Ponente: Jaime
Araújo Rentería.
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SEGUNDO: REVOCAR el ordinal cuarto (4) de la sentencia del veintidós (22) de
julio dos mil veintidós (2022), en los términos dispuestos en la sentencia proferida
por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo Risaralda y en su lugar
disponer que quedará así:
«4. CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la Nación –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a reliquidar y pagar, a favor de
Paola Andrea Gartner Henao identificada con cédula de ciudadanía
42.133.008, para el periodo en el que laboró como Magistrada del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, entre el 15 de marzo de 2014, al 08 de
diciembre de 2015, y entre el 09 de diciembre de 2015 y a la fecha de la
vinculación vigente, mientras se dieren las condiciones desfavorables
laboralmente; y en su condición de Magistrada del Tribunal Administrativo de
Risaralda, a reconocer y pagar la diferencia existente entre los valores
pagados por concepto de bonificación por compensación, prevista en el
Decreto 610 de 1998 y lo que en realidad corresponde tomando en cuenta
para la liquidación, todos los ingresos laborales totales anuales de carácter
permanente devengados por los Magistrados de las Altas Cortes, quienes a
su vez, para el cálculo y pago de la remuneración mensual, dependen de lo
que devengan los congresistas.
La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial deberá efectuar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad
Social en pensión, por la diferencia existente entre lo percibido y lo que debió
devengar por concepto de bonificación por compensación, en el
periodo reconocido.
La presente condena no debe superar el tope establecido por el gobierno
nacional en el Decreto 610 de 1998. Adicionalmente, estará supeditada a que
la entidad demandada no haya realizado otro pago por los mismos conceptos
ordenados en la presente providencia, lo cual, deberá ser verificado por la
Nación - Rama Judicial.»
TERCERO.- Sin condena en costas en ambas instancias.
CUARTO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Interno: 6401-2024
Demandante: Paola Andrea Gartner Henao
Demandada: Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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