Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-31-000-2010-00348-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-31-000-2010-00348-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-31-000-2010-00348-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-31-000-2010-00348-02 (4142-2016)
Demandante: Ramiro Pinzón Asela
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1
Tema: Bonificación por compensación. Cosa juzgada. Incidencia del
artículo 15 de la Ley 4ª de 1992
Sentencia segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el 29 de febrero de 2016 por el Tribunal Administrativo de
Santander, Sala de Conjueces, mediante la cual se accedió a las pretensiones de
la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Ramiro Pinzón Asela presentó demanda2 en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad de las siguientes
resoluciones: i) 2377 del 24 de julio de 2009, por medio de la cual la Dirección
1 En lo que sigue DEAJ.
2 La demanda fue presentada el 19 de mayo de 2010. Folios 101 vuelto y 103.
3 En lo que sigue CCA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 68001-23-31-000-2010-00348-02 (4142-2016)
Demandante: Ramiro Pinzón Asela
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial4 de Bucaramanga le negó el
reconocimiento de las diferencias salariales generadas por la liquidación de la
bonificación por compensación en los términos del Decreto 610 de 1998 adicionado
por el Decreto 1239 de ese año, respecto de los tiempos laborados como
magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander; y ii) 4173 del 17 de noviembre de 2009, a través de la cual la DEAJ
confirmó el anterior acto administrativo al resolver un recurso de apelación
interpuesto en su contra.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento de las diferencias salariales por concepto de la
bonificación por compensación según lo establecido en el Decreto 610 de 1998, en
su calidad de magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander
desde «el año 2001 hasta el 31 de julio de 2006», equivalente al 80% de lo que por todo
concepto devengan los magistrados de altas cortes, quienes deben recibir una
remuneración igual al total de los ingresos de los congresistas, en virtud del artículo
15 de la Ley 4ª de 1992; ii) el pago los intereses a los que haya lugar; iii) la
indexación de las sumas que resultaren de lo que llegare a resolverse conforme con
el artículo 178 del CCA y; iv) el cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 176 y 177 ibidem.
3. De forma subsidiaria, presentó similares pretensiones, pero con base en el
Decreto 4040 de 2004, relativo a la bonificación de gestión judicial con
reconocimiento del derecho en un 70%, desde «el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de
julio de 2006», pero teniendo en cuenta que ese porcentaje obedece a lo que por
todo concepto devengan los magistrados de las altas cortes, quienes, a su vez,
deben recibir un salario o remuneración igual a los ingresos que por todo concepto
tiene un congresista.
1.1.2. Fundamentos fácticos
4. Como hechos se señalaron los siguientes:
4.1. Ramiro Pinzón Asela fue magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria,
Seccional Santander entre el 16 de agosto de 2004 y el 30 de julio de 20065.
4.2. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 de la Ley 4ª de 1992 y 1 y 2
del Decreto 10 de 1993, presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra los actos administrativos proferidos por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por los cuales le negaron el reconocimiento y pago de las
4 En adelante DESAJ.
5 Esta información se extrae luego de revisado el material probatorio aportado.
2
Radicado: 68001-23-31-000-2010-00348-02 (4142-2016)
Demandante: Ramiro Pinzón Asela
diferencias salariales adeudadas por concepto de la prima especial de servicios a
partir del 1 de mayo de 1997, teniendo en cuenta para su liquidación los ingresos
totales anuales permanentes percibidos por los congresistas, incluidas las
cesantías.
4.3. Mediante sentencia del 24 de noviembre de 2006, la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia
que accedió a las pretensiones de la demanda6.
4.4. Comoquiera que se acogió a lo dispuesto en el Decreto 4040 de 2004 en su
calidad de magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura, se benefició de la
bonificación de gestión judicial con carácter permanente, la cual, sumada a la
asignación básica y demás ingresos laborales, debía equivaler al 70 % de la
remuneración total percibida por un magistrado de alta corte. Sin embargo, de
acuerdo con lo señalado en las sentencias que inaplicaron el Decreto 4040 de 2004
y, en su lugar, consideraron el Decreto 610 de 1998, relativo a la bonificación por
compensación, debió percibir este emolumento en cuantía equivalente al 80% de la
remuneración total percibida por un magistrado de alta corte, las que, a su vez,
debían corresponder a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales
percibidos por los congresistas. Lo anterior, con fundamento en las consideraciones
que tuvo el Consejo de Estado al reconocer el derecho a la reliquidación de la prima
especial de servicios.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. Como tales, se señalaron los artículos 2, 4, 13, 53 y 113 de la Constitución Política;
15 de la Ley 4ª de 1992; 14 del Código Sustantivo del Trabajo 7; 1 y 2 del Decreto
10 de 1993; 1 del Decreto 610 de 1998; y 1 del Decreto 4040 de 2004.
6. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 8:
6.1. El artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 estableció una prima especial de servicios
para los magistrados de las altas cortes, con el propósito de equiparar sus ingresos
totales a los de los congresistas. Este derecho ha sido de carácter irrenunciable, no
podía desmejorarse y frente a la cual debía aplicarse el principio de favorabilidad en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho.
6.2. Por su parte, los Decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004 establecieron en favor
de los magistrados de los tribunales, fiscales delegados ante los tribunales,
6 La cual correspondió al proceso con radicado 2004-05209-02.
7 En adelante CST.
8 Folios 91 a 95.
3
Radicado: 68001-23-31-000-2010-00348-02 (4142-2016)
Demandante: Ramiro Pinzón Asela
procuradores judiciales II y demás funcionarios de rango equivalente, 2
bonificaciones permanentes: la bonificación por compensación y la bonificación de
gestión judicial, que representan el 80% y el 70%, respectivamente, del valor que
perciben los magistrados de las altas cortes, quienes según el artículo 15 de la Ley
4ª de 1992, deben recibir un salario igual al total de ingresos laborales permanentes
de los congresistas, lo cual servía de referencia para calcular estas bonificaciones.
6.3. Lo anterior, evidenciaba la intención del legislador de evitar toda discriminación
entre los altos cargos de las ramas legislativa y judicial, por un lado, los congresistas
y, por otro, los magistrados de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la
Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura.
6.4. Asimismo, se buscó establecer parámetros de equidad y justicia entre personas
que ejercen funciones equivalentes dentro del aparato estatal, desde la perspectiva
del poder público.
1.2. Contestación de la demanda
7. La DEAJ se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación9:
7.1. El Decreto 610 de 1998 creó la bonificación por compensación, que junto con la
asignación básica y otros ingresos laborales igualó en un porcentaje creciente la
remuneración de los magistrados de altas cortes. En el año 1999 era del 60%, en el
2000 alcanzó el 70% y en el 2001 llegó al 80% de lo que devengaban estos
magistrados.
7.2. ElDecreto 4040 de 2004 instituyó la bonificación de gestión judicial, cuya
finalidad fue alcanzar un nivel retributivo equivalente al 70% de lo que ganan los
magistrados de altas cortes. Para acceder a ella, el funcionario debía firmar un
contrato de transacción o desistir de una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que reclamara el régimen salarial anterior. Ese requisito generó disparidad
entre funcionarios del mismo nivel según su fecha de vinculación.
7.3. El magistrado Ramiro Pinzón Asela optó por una transacción y se acogió al
régimen del Decreto 4040 de 2004 (bonificación de gestión judicial); al hacerlo,
renunció a reclamar la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998. De
acuerdo con el artículo 2483 del Código Civil, esa decisión buscó obtener un
régimen salarial más favorable.
9 Folios 159 a 164.
4
Radicado: 68001-23-31-000-2010-00348-02 (4142-2016)
Demandante: Ramiro Pinzón Asela
7.4. El salario de los magistrados de altas cortes se calcula con base anual. El
Decreto 610 de 1998 exige incluir todos los pagos del año, aplicando el porcentaje
correspondiente al total devengado por los magistrados de esas cortes. Por ello, la
remuneración del magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura debía reflejar esa «anualización» completa.
7.5. La Rama Judicial no contaba con permiso constitucional ni legal para definir el
régimen salarial de sus servidores, esa competencia correspondió al ejecutivo de
conformidad con la Constitución y la Ley 4ª de 1992. Además, la jurisprudencia del
Consejo de Estado reiteró que la Rama Judicial actuó como ejecutora de las normas
salariales, sin tener un interés directo en defender su legitimidad en caso de litigio.
7.6. En consecuencia, la entidad no ha admitido solicitudes sobre la fijación de
salarios y prestaciones, ya que esas funciones corresponden al ejecutivo a través
de normativas como el Decreto 610 de 1998 o el Decreto 4040 de 2004. Los actos
de trámite que resolvieron negativamente las peticiones del demandante se dictaron
conforme con el régimen legal vigente y respetaron el debido proceso, por ello, no
resultaron nulos ni ilegales. Además, los pagos realizados a los magistrados
incluidos en el Decreto 4040 de 2004 y al demandante se ajustaron a derecho.
7.7. Por último, propuso las siguientes excepciones: i) cobro de lo no debido; ii) falta
de objeto para demandar; iii) prescripción de los derechos reclamados; y iv) la
innominada o genérica.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Santander, Sala de Conjueces, en sentencia
proferida el 29 de febrero de 2016 accedió a las pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas a la demandada. En tal sentido, ordenó lo
siguiente10:
«PRIMERO: DECLARAR no prósperas las excepciones de PRESCRIPCIÓN DE LOS
DERECHOS RECLAMADOS, FALTA DE OBJETO PARA DEMANDAR Y COBRO DE
LO NO DEBIDO.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 2377 de 24 de julio de 2009,
expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga.
TERCERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 4173 de 17 de noviembre de
2009, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá.
TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
10 Folios 266 a 273
5
Radicado: 68001-23-31-000-2010-00348-02 (4142-2016)
Demandante: Ramiro Pinzón Asela
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDIICAL –
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reconocer y pagar la diferencia salarial existente entre
los cancelado por concepto de Bonificación por Compensación prevista en el Decreto
610 de 1998 y el monto equivalente le corresponde para el año 1999 el 60%, para el año
2000 el 70% y para los años 2001 y en adelante hasta el 31 de julio de 2006, el 80% de
lo que por todo concepto salarial y prestacional pagado como retribución al trabajo,
devengan los Magistrados de Altas Cortes de Justicia, teniendo en cuenta que estos
últimos funcionarios devengan el 100% de lo percibido por los Congresistas de la
República, al Dr. RAMIRO PINZÓN ASELA en su calidad de Ex Magistrado.
La bonificación por compensación deberá ser pagada en forma mensual y con carácter
permanente de conformidad con los lineamientos señalados en este fallo, es decir,
conforme el 80% de lo devengado por los Congresistas de la República. Haciendo la
advertencia que dicho pago se realizará con los descuentos de las sumas ya canceladas
al demandante por tal concepto.
CUARTO: La suma que resulte de la reliquidación ordenada a título de restablecimiento
del derecho se reajustará en los términos del artículo 178 del Código Contencioso
Administrativo, dando aplicación a la siguiente formula:
R = Rh X índice final
Índice inicial
Según el cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh) que
es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto del reajuste ordenado
desde la fecha en que debió hacerse el pago y hasta la fecha de ejecutoria de la
sentencia, por el guarismo que resulte de dividir el Índice Final de Precios al Consumidor
certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de la sentencia, por el Índice
Inicial. Los intereses devengados se liquidarán conforme los dispone el artículo 177 del
Código Contencioso Administrativo. La parte condenada dará cumplimiento a este fallo,
en los términos del artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, EXPÍDASE copia autentica de la misma con las
respectivas constancias de su notificación, ejecutoriada y de ser la primera copia que
presta merito ejecutivo, a costa de la parte actora, de conformidad con el artículo 115 del
C. de P.C., y ARCHÍVESE las diligencias previas las anotaciones del caso» (sic).
9. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:
9.1. La bonificación por compensación fue establecida mediante el Decreto 610 de
1998, modificado por el Decreto 1239 de igual año, con el propósito de nivelar los
ingresos de los magistrados de tribunal y otros funcionarios, sobre la base del 80%
de los ingresos de los magistrados de altas cortes, quienes, conforme con la Ley 4ª
de 1992 y el Decreto 10 de 1993, tenían derecho a percibir ingresos equivalentes a
los de los congresistas.
9.2. La bonificación se fijó en un 60% en 1999, 70% en 2000 y 80% desde 2001.
Aunque el Decreto 2668 de 1998 derogó estas disposiciones, su posterior nulidad,
6
Radicado: 68001-23-31-000-2010-00348-02 (4142-2016)
Demandante: Ramiro Pinzón Asela
decretada por el Consejo de Estado, restableció la vigencia del Decreto 610 de 1998
manteniéndose incólume el derecho a percibir la bonificación con base en el 80%
de lo devengado por los magistrados de altas cortes.
9.3. La Sala de Conjueces del Consejo de Estado estableció que los ingresos de los
magistrados de altas cortes debían igualar los de los congresistas, y que los
magistrados de tribunal tenían derecho a una bonificación equivalente al 80% de
dichos ingresos. En este sentido, era posible concluir que: i) los magistrados de las
altas cortes tenían derecho a recibir ingresos laborales equiparables a los asignados
a los congresistas; ii) los integrantes de los tribunales accedían a una bonificación
por compensación correspondiente al 80 % de lo percibido por aquellos; en
consecuencia, este beneficio equivalía al mismo porcentaje sobre la remuneración
de los legisladores.
9.4. Comoquiera que el demandante era beneficiario de la bonificación por
compensación, los actos demandados debían ser declarados nulos.
9.5. No prosperaron las excepciones presentadas, en particular la de prescripción
trienal, ya que la seguridad jurídica sobre este derecho solo se consolidó con la
decisión del 4 de mayo de 2009, en la que se definió el alcance normativo de los
artículos 15 de la Ley 4ª de 1992 y 1 a 5 del Decreto 10 de 1993.
9.6. En esa fecha surgió la expectativa legítima respecto de la liquidación de la
bonificación por compensación con base en el 80% de lo devengado por los
magistrados de altas cortes, salario que debe ser igual al percibido por los
congresistas.
1.4. El recurso de apelación
10. La DEAJ apeló la sentencia de primera instancia, con fundamento en los
siguientes argumentos11:
10.1. La prima especial creada por el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 y desarrollada
en el artículo 2 del Decreto 10 de 1993, tuvo como propósito equiparar los ingresos
de los magistrados de altas cortes con los percibidos de forma permanente por los
congresistas, sin modificar las prestaciones sociales ni los conceptos laborales
vigentes antes de la expedición de esa ley. En consecuencia, el artículo 16 de esa
ley y el Decreto 10 de 1993 dejaron claro que la prima especial solo comprendía
ingresos permanentes, sin incluir prestaciones sociales como las cesantías.
10.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no podía establecer
11 Folios 279 a 283.
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Radicado: 68001-23-31-000-2010-00348-02 (4142-2016)
Demandante: Ramiro Pinzón Asela
equivalencias entre prestaciones sociales no permanentes, como las cesantías de
los congresistas, y las reconocidas a los magistrados de altas cortes, ni ordenar el
pago de diferencias por concepto de prima especial. En virtud de que dicha prima
no tenía carácter salarial, no podía integrar las prestaciones sociales, incluyendo las
cesantías, y debía limitarse a la asignación básica y los gastos de representación,
sin incorporar el valor de la prima especial de servicios.
10.3. Incluir las cesantías en el cálculo de la prima especial habría implicado una
equiparación indirecta con las cesantías de los congresistas, lo cual contradecía el
artículo 16 de la Ley 4ª de 1992, que preservaba inalteradas las prestaciones
sociales de los magistrados de altas cortes. Esta prohibición también estaba
prevista en el artículo 15, que excluyó expresamente la prima especial de servicios
del salario base para calcular dichas prestaciones.
10.4. La prima especial de servicios otorgada a los magistrados de altas cortes para
equiparar sus ingresos con los de los congresistas no tuvo carácter salarial. Por
tanto, no procedía incluirla en la base de liquidación de la bonificación reconocida a
los magistrados de tribunal ni a los magistrados auxiliares de altas cortes.
10.5. La Rama Judicial no estaba facultada para aceptar la petición formulada por la
parte actora, pues es la administración judicial la encargada de administrar y
ejecutar los recursos asignados por la ley, dentro de los cuales se incluían los
salarios y prestaciones de los servidores judiciales. Estos montos habían sido
definidos por el ejecutivo mediante la normativa establecida en los decretos 610 de
1998 y 4040 de 2004.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
11. Las partes no se pronunciaron en la instancia procesal, pese a haber sido
notificados en debida forma12.
1.6. Concepto del Ministerio Público
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto13.
2. Consideraciones
2.1. Cuestión previa
12 Según informe secretarial del 11 de febrero de 2019. Folio 312.
13 Ibidem.
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Radicado: 68001-23-31-000-2010-00348-02 (4142-2016)
Demandante: Ramiro Pinzón Asela
13. Durante el trámite del proceso la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de
esta Corporación advirtió la existencia de un asunto que tramitó en segunda
instancia con el radicado 68001-23-31-000-2010-00506-02 y en primera 68001-23-
31-000-2010-00506-0014, conocido por el Tribunal Administrativo de Santander,
Sala de Conjueces. Dicho asunto fue decidido mediante sentencias del 3 de
noviembre de 2010 y del 13 de septiembre de 2016, respectivamente, en las que,
al parecer, se resolvió sobre iguales pretensiones a las analizadas en esta
oportunidad.
14. De acuerdo con lo anterior y, comoquiera que la figura jurídica de la cosa juzgada
puede analizarse de oficio15, la Sala procederá a determinar si se configuró este
fenómeno jurídico.
15. Así las cosas, los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia
son los siguientes:
2.2. Problemas jurídicos
16. Se circunscriben a determinar ¿si entre el asunto objeto de estudio y el que fue
objeto de litigio en el expediente con radicado 68001-23-31-000-2010-00506-00
(02), conocido en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Santander y en
segunda por esta Corporación, existe identidad de objeto, de causa y de partes y,
como consecuencia, hay lugar a declarar la cosa juzgada?
17. En caso de que la respuesta sea negativa, se deberá establecer ¿si Ramiro
Pinzón Asela tiene derecho al reconocimiento y pago de la diferencia salarial
respecto de lo efectivamente pagado y lo dejado de percibir, en virtud de la
bonificación por compensación equivalente al 80% de la remuneración que perciba
por todo concepto salarial un magistrado de alta corte que debe coincidir con los
ingresos totales anuales permanentes de los congresistas de la República, prevista
en el Decreto 610 de 1998, modificado por el Decreto 1239 de 1998 respecto de los
tiempos laborados como magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional
de la Judicatura de Santander, entre el 16 de agosto de 2004 y el 30 de julio 2006?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
14 Allegado por Tribunal Administrativo de Santander (índice 41 Samai), en virtud de lo solicitado en
auto del 22 de noviembre de 2022 (folio 313).
15 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA que señala que «[e]n la sentencia
se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones
de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus». Además, el artículo 182A. 3 de
esa misma norma señala: «3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre
probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de
legitimación en la causa y la prescripción extintiva».
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Radicado: 68001-23-31-000-2010-00348-02 (4142-2016)
Demandante: Ramiro Pinzón Asela
2.3.1. En torno a la cosa juzgada
18. La cosa juzgada es una institución jurídica que le impide al juez pronunciarse
sobre el fondo de un asunto cuando advierte que frente al objeto del litigio planteado
se ha proferido previamente una decisión judicial, la cual, además tiene como
efectos procesales la «inmutabilidad y definitividad de la decisión» y como efectos
sustanciales la de dar «certeza a la relación jurídica objeto de litigio»16.
19. Esto es, se trata de una institución jurídico-procesal «mediante la cual se otorga a
las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de
inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición
expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y
alcanzar un estado de seguridad jurídica. De esta definición se derivan dos consecuencias
importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento
constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre
determinación, y en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un
valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es
decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad,
volver a entablar el mismo litigio17».
20. En el ordenamiento jurídico colombiano actual, esta figura jurídica se encuentra
prevista en el artículo 303 del Código General del Proceso, según el cual «la
sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada
siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa
que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes». En igual sentido
prevé el artículo 189 del CPACA según el cual la sentencia que declare la nulidad
de un acto administrativo en un proceso «tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes».
21. De acuerdo con la disposición del estatuto procesal civil, para que se configure,
el juez debe verificar necesariamente la existencia de tres elementos, estos son: i)
identidad de objeto; ii) identidad de causa; e iii) identidad jurídica de partes. Estos
elementos han sido definidos por la jurisprudencia constitucional en los siguientes
términos18:
«- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre
lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias
cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos
elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.
16 Sentencia C-100 de 2019.
17 Sentencia C-774 de 2001.
18 Sentencia C-774 de 2001.
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Radicado: 68001-23-31-000-2010-00348-02 (4142-2016)
Demandante: Ramiro Pinzón Asela
• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la decisión
que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como
sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos
elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el
juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar
sobre la nueva causa.
• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa
juzgada».
22. Asimismo, es pertinente resaltar que el referido artículo 303, de manera expresa,
solo establece como excepción a la cosa juzgada el recurso extraordinario de
revisión. En ese sentido señala que «[l]a cosa juzgada no se opone al recurso
extraordinario de revisión».
23. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la institución jurídico procesal de la
cosa juzgada conlleva para el funcionario judicial la prohibición de emitir
pronunciamiento sobre aquellos asuntos que previamente han sido objeto de una
decisión judicial de fondo.
2.4. Caso en concreto
24. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
24.1. Según la constancia del 4 de mayo de 201519, expedida por la coordinadora del
Área de Talento Humano de la DESAJ de Bucaramanga Ramiro Pinzón Asela:
i) laboró como magistrado de la sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander, desde el 16 de agosto de 2004 hasta el 30 de julio 2006;
ii) se le pagó la bonificación de gestión judicial del 70% de lo que por todo concepto
devenga un magistrado de alta corte hasta el 31 de julio de 2006; y iii) suscribió
contrato de transacción con la seccional en los siguientes términos:
«RAMIRO PINZON ASELA, identificado con cedula de ciudadanía número 17.176.241,
Exmagistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander, por medio del presente escrito me permito manifestar mi voluntad de
acogerme al régimen de Bonificación por Gestión Judicial contemplado en el Decreto
4040 de diciembre 04 de 2004.
Igualmente, manifiesto que renuncio expresamente a la posibilidad de iniciar
nuevamente acciones en los términos del artículo 342 del Código de Procedimiento
Civil».
24.2. El 1 de julio de 2009, solicitó a la DESAJ de Santander la reliquidación y pago
de las diferencias salariales adeudadas, con base en la bonificación por
19 Folio 259.
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Radicado: 68001-23-31-000-2010-00348-02 (4142-2016)
Demandante: Ramiro Pinzón Asela
compensación equivalente al 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de altas cortes quienes deben recibir un salario igual a
los ingresos de lo que por todo concepto perciba un congresista, de conformidad
con el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, desde el año 2001 en adelante20. Indicó que
la liquidación de los magistrados de altas cortes no se hizo como correspondía
desde el año 1993 cuando entró a regir dicho cuerpo normativo, lo cual incidía en la
liquidación de los ingresos mensuales que debían percibir los magistrados de los
Tribunales Superiores del Distrito Judicial y de los Consejos Seccionales de la
Judicatura. Sustentó la petición en la sentencia del 4 de mayo de 2009 proferida por
la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado21.
24.3. Mediante la Resolución 2377 del 24 de julio de 200922, la DESAJ de
Bucaramanga negó la anterior petición, con fundamento en que el demandante
mediante contrato de transacción del 9 de diciembre de 2004 se acogió al régimen
salarial del Decreto 4040 de 2004 y recibió los pagos correspondientes por concepto
de bonificación de gestión judicial y no era beneficiario de sentencia ejecutoriada en
la que se ordenó el pago de la bonificación por compensación en los términos del
Decreto 610 de 1998.
24.4. Inconforme con la anterior decisión, el 20 de julio de 2009 interpuso recurso de
apelación en su contra, porque debía existir equivalencia entre los ingresos
laborales totales anuales de carácter permanente entre los congresistas y los
magistrados de altas cortes que incluye la cesantía reconocida a los congresistas y
comoquiera que no se había liquidado con dicho emolumento, existía desigualdad
entre estos funcionarios23.
24.5. Por medio de la Resolución 4173 del 17 de noviembre de 2009 24, expedida por
la DESAJ, se confirmó la Resolución 2377 del 24 de julio de 2009. Al respecto, se
señaló que no era viable modificar el monto de la prima especial de servicios de
magistrados de altas cortes y, por lo tanto, la bonificación de gestión judicial ya se
había liquidado conforme con la normativa vigente.
24.6. El demandante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la DEAJ el 15 de abril de 2010, con el fin de obtener el reconocimiento y pago
de la bonificación por compensación conforme con el Decreto 610 de 199825.
20 Folios 3 a 8.
21 De radicado 2004-05209-02.
22 Folios 12 a 21.
23 Folios 22 a.38
24 Folios 30 a 36.
25 Índice 41 de aplicativo Samai, páginas 1 a 36 del archivo PDF parte I.
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Demandante: Ramiro Pinzón Asela
24.7. Mediante sentencia del 10 de junio de 201426 proferida en primera instancia por
el Tribunal Administrativo de Santander, Sala de Conjueces, dentro del proceso con
radicado 68001-23-31-000-2010-00506-00, se declaró i) la ineficacia del contrato de
transacción celebrado entre las partes; y ii) la nulidad del acto ficto o presunto por
medio del cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial resolvió el recurso
de apelación contra la Resolución 2231 de 2008 por medio de la cual negó el
reconocimiento y pago de los derechos demandados.
24.7.1. A título de restablecimiento del derecho i) condenó a la entidad a reconocer y
pagar la diferencia salarial existente entre el 70% pagado y el 80% de lo que por
todo concepto salarial y prestacional devengan los magistrados de altas cortes a
Ramiro Pinzón Asela en calidad de magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
de Bucaramanga entre el 16 de agosto de 2004 y el 31 de julio de 200627, de
conformidad con el Decreto 610 de 1998; y ii) ordenó la indexación de la suma
resultante de la liquidación ordenada a título de restablecimiento del derecho en los
términos del artículo 178 del CCA con los respectivos intereses conforme con los
artículos 176 y 177 ibidem.
24.7.2. Accedió «[…] a las pretensiones de la demanda, ordenando el reconocimiento y
pago de las diferencias salariales de lo que el Dr. RAMIRO PINZÓN ACELA percibió por
concepto de Bonificación por Gestión Judicial del 70% y el 80% correspondiente a
Bonificación por Compensación, empero no desde el primero de Enero de dos mil uno
(2001) como lo solicita el demandante, sino desde el dieciséis (16) de agosto de dos mil
cuatro (2004) hasta el treinta y uno (31) de julio de dos mil seis (2006), conforme se
encuentra acreditado en el expediente, que el demandante ostentó la calidad de Magistrado
de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander;
conforme lo prevé el Decreto 610 de 1998» (sic).
24.8. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 13 de septiembre de 2016 confirmó la decisión del 10 de junio de
201428.
2.5. Análisis sustancial del caso concreto en relación con la cosa juzgada
26 Índice 41 de aplicativo Samai, páginas 381 a 399 del archivo PDF parte II.
27 Textualmente refirió: CUARTO: Como consecuencias de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reconocer y pagar la
diferencia salarial existente entre el 70% cancelado y el 80% de lo que, por todo concepto salarial y
prestacional pagado con retribución al trabajo, devengan los Magistrados de Altas Cortes de Justicia,
al Dr. RAMIRO PINZÓN ASELA en su calidad de Ex Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
de Bucaramanga, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia, a partir
del dieciséis (16) de agosto de dos mil cuatro (2004) hasta el treinta y uno (31) de julio de dos mil
seis (2006).
28 Índice 41 de aplicativo samai, página 477 a 493 del archivo PDF parte II.
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Demandante: Ramiro Pinzón Asela
25. En atención a que lo que se pretende es que se reconozca el derecho a la
bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998 liquidada sobre
la base de lo que por todo concepto devengan los magistrados de alta corte,
quienes, a su vez, deben recibir un salario igual a los ingresos que por todo concepto
devenga un congresista; procede la Sala a verificar si en efecto se encuentran
acreditados los elementos constitutivos de la cosa juzgada respecto del asunto
objeto de estudio.
26. En efecto, se tiene que:
Proceso 68001-23-31-000-2010-00506-02 68001-23-31-000-2010-00348-02
Demandante: Ramiro Pinzón Asela Demandante: Ramiro Pinzón Asela
Partes
Demandado: Nación, Consejo Superior Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección
de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Ejecutiva de Administración Juridicial
Administración Judicial
«Primera.- Que se INAPLIQUE por «a) Principales
ilegal en el caso de mis poderdantes
Magistrado de la SALA PRIMERA.- Que es NULO el acto administrativo
JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA definitivo contenido en la Resolución No. 2377 de 24 de
DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA julio de 2009, expedida por el Director Ejecutivo
JUDICATURA DE SANTANDER, Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga,
Doctor, RAMIRO PINZÓN ASELA, el Dr. JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO, por medio
Decreto 4040 de 2004 expedido por el del cual se negó el reconocimiento y pago al Ex
Presidente de la República, Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de
relacionado con la denominada Santander, Dr. RAMIRO PINZON ASELA, de las
Bonificación por Gestión Judicial, por diferencias salariales que se le adeudan por concepto
los motivos que se expondrán en los de lo dispuesto en el Decreto 610 de 1998 relacionado
hechos de la demanda. con la denominada Bonificación por Compensación,
teniendo en cuenta que de acuerdo a esa preceptiva
Segunda.- Que como consecuencia de legal, le corresponde para todo el año 2001 hasta el 31
la anterior declaración, es NULO el de Julio de 2006, el 80% de lo que por todo concepto
acto administrativo contenido en la devengan los Magistrados de las Altas Cortes de
Resolución 2231 de 05 de Noviembre Justicia, quienes a su vez, de conformidad con lo
de 2008, expedida por el Director dispuesto en el artículo 15 de la Ley 4º. de 1992,
Pretensiones
Ejecutivo Seccional de Administración deben recibir un salario o remuneración mensual
judicial de Bucaramanga. notificada en igual a los ingresos que por todo concepto devenga
forma personal, al Ex Magistrado Dr. un Congresista, y desde el año 1993 en que entró a
RAMIRO PINZON ASELA, por medio regir la mencionada ley 4ª. de 1992 los Magistrados de
del cual se le niega a mi poderdante en las Altas Cortes no lo están recibiendo, pues sus
cita, el reconocimiento y pago, por ingresos mensuales son ostensiblemente
nómina, en su orden, desde el 1º de inferiores al de los Congresistas, repercutiendo esa
Enero de 2001 y el 31 de julio de 2006 situación de manera directa con los ingresos
(fecha esta última en que se retiró del mensuales que deben devengar los Magistrados de
servicio); el valor correspondiente al los Tribunales Superiores de Distrito Judicial,
80% de lo que por todo concepto Tribunales Administrativos, Magistrados de los
han venido devengado los Consejos Seccionales de la Judicatura; Fiscales
Magistrados de las Altas Cortes de Delegados ante Tribunal y Procuradores Judiciales II,
Justicia (Corte Constitucional, Corte con funciones de carácter permanente ante Tribunal,
Suprema de Justicia y Consejo de quienes como se dijo, tienen derecho a devengar
Estado), por concepto de "Bonificación conforme al Decreto 610 de 1998, para el año 2001 y
por Compensación" en forma en adelante, el 80% de lo que por todo concepto
permanente, tal y como lo establece el devengan los Magistrados de las Altas Cortes de
Decreto 610 de 26 de marzo de 1998, Justicia (Corte Constitucional. Corte Suprema de
adicionado por el Decreto 1239 de 2 de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la
julio de 1998. Judicatura). Este derecho que se reclama por vía
judicial tiene su fundamento y apoyo jurídico en lo
ordenado en la sentencia de 04 de mayo de 2009, la
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Radicado: 68001-23-31-000-2010-00348-02 (4142-2016)
Demandante: Ramiro Pinzón Asela
Tercera.- Que como consecuencia de cual se encuentra debidamente ejecutoriada y en firme,
la primera declaración atrás expuesta, proferida en segunda instancia por la Sección Segunda
es NULO el acto ficto o presunto, – Sala de Conjueces del H. Consejo de Estado, Mag.
proveniente del silencio negativo de la Ponente Dr. LUIS FERNANDO VELANDIA
administración, al no resolver, ni RODRIGUEZ, Rad. 2004-05209- 02. siendo
notificar a mis poderdantes o al suscrito demandante en esa acción de nulidad y
apoderado, decisión alguna dentro del restablecimiento, el Ex Consejero de Estado Dr.
término establecido en el art. 60 del NICOLAS PAJARO PEÑARANDA.
C.C.A., respecto del recurso de
apelación oportunamente interpuesto SEGUNDA.- Que es NULO el acto administrativo
contra la Resolución No. 2231 de 05 de contenido en la Resolución No. 4173 de 17 de
Noviembre de 2008 proferida por el Noviembre de 2009, expedida por el Director Ejecutivo
Director Ejecutivo Seccional de de Administración Judicial, Dr. CARLOS ARIEL
Administración Judicial de USEDA GOMEZ notificada personalmente al suscrito
Bucaramanga. apoderado del Ex Magistrado aquí demandante, el 18
de Diciembre de 2009, por medio de la cual se confirmó
Cuarta. Que a título de por vía de apelación la decisión contenida en la
restablecimiento del derecho, y como Resolución 2377 de 24 de julio de 2009, por medio del
consecuencia de la nulidad de los cual se dio respuesta negativa al derecho de petición
actos administrativos atrás por el cual el mencionado Magistrado de Tribunal
expresados, se ordene a la Nación- solicitó por medio del suscrito apoderado el
Consejo Superior de la Judicatura - reconocimiento y pago de las diferencias salariales
Dirección Ejecutiva de Administración adeudadas, relacionadas en la pretensión primera de
Judicial, que efectúe el pago de su esta demanda.
remuneración periódica o salario
correspondiente al 80% de lo que por TERCERA.- Que a título de Restablecimiento del
todo concepto perciben los Derecho y como consecuencia de la nulidad de los
Magistrados de las Altas Cortes de actos administrativos atrás expresados, se ordene a la
Justicia, en cumplimiento de los NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA
Decretos 610 de marzo 26 de 1998 y JUDICATURA- DIRECCION EJECUTIVA DE
1239 de 2 de julio de 1998, y así ADMINISTRACION JUDICIAL, que reconozca, liquide
mismo, se proceda a reconocer, y pague al Ex Magistrado del Consejo Seccional de la
liquidar y pagar debidamente Judicatura, doctor RAMIRO PINZON ASELA, las
actualizadas, y de manera retroactiva, diferencias salariales a el adeudadas por concepto de
las diferencias salariales entre el 70% Bonificación por compensación, teniendo en cuenta
y el 80%, de lo que por todo concepto que de conformidad con los Decretos Nacionales 610
devengan los Magistrados de las Altas de 1988, le corresponde para el año 2001 y en adelante
Cortes de Justicia, existente, entre el 1º hasta el 31 de Julio de 2006, el 80% de lo que por todo
de enero de 2001 y el 31 de julio de concepto devengan los Magistrados de las Altas Cortes
2006, deduciendo de dicho porcentaje de Justicia, quienes a su vez, de conformidad con lo
del 80%, lo pagado por concepto de la dispuesto en el artículo 15 de la Ley 4ª. de 1992,
Bonificación por Gestión Judicial deben recibir un salario o remuneración mensual
prevista en el ilegal Decreto 4040 de igual a los ingresos que por todo concepto devenga
2000. un Congresista.
Quinta.- Que como consecuencia de CUARTA.- Que como consecuencia de las anteriores
las anteriores declaraciones, se declaraciones, se condene a la Nación - Consejo
condene a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Superior de la Judicatura Dirección Administración Judicial, a pagar al Magistrado
Ejecutiva de Administración Judicial, a accionante atrás citado, al tiempo de la ejecutoria de la
pagar al accionante Doctor RAMIRO sentencia que ponga fin al proceso, los intereses en la
PINZON ASELA, al tiempo de forma y términos expresados en el artículo 177 del
vencimiento de la ejecutoria de la C.C.A.
sentencia que ponga fin al proceso, la
suma total, que corresponde a los QUINTA.- Las condenas respectivas a favor del Ex
conceptos expresados en la pretensión Magistrado aquí demandante, serán actualizadas o
Cuarta anterior, y en el acápite de indexadas de conformidad con lo previsto en el artículo
cuantía del presente libelo 178 del C.C.A.. desde término definitivo a la presente
demandatorio. acción judicial.
Sexta.- Que igualmente como SEXTA.- Que a la providencia de mérito favorable, la
consecuencia de la nulidad solicitada entidad pública demandada le dé cumplimiento en los
en la pretensión segunda de esta términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A
demanda, a título de restablecimiento
del derecho, se condene a la Nación b. Subsidiarias
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Demandante: Ramiro Pinzón Asela
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración En caso remoto de que llegare a considerar el Tribunal
Judicial, a pagar al Ex Magistrado Administrativo de conocimiento de la presente acción
Doctor RAMIRO PINZON ASELA, el judicial, que no procede el reconocimiento y pago de
valor de los intereses en la forma y las pretensiones principales atrás citadas
términos expresados en el artículo 177 puntualizadas, pido se decreten las siguientes
del C.C.A. pretensiones subsidiarias o consecuenciales:
Séptima- Las condenas respectivas PRIMERA.- Que es NULO el acto administrativo
proferidas a favor del Magistrado definitivo contenido en la Resolución No. 2377 de 24 de
Doctor RAMIRO PINZON ASELA, julio de 2009, expedida por el Director Ejecutivo
serán actualizadas o indexadas de Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga,
conformidad con lo previsto en el Dr. JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO, por medio
artículo 178 del C.C.A., con el índice de del cual se negó el reconocimiento y pago al Ex
precios al consumidor, desde la fecha Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de
en que se hicieron exigibles (1º de Santander RAMIRO PINZON ASELA, de las
Enero de 2001, hasta la fecha de su diferencias salariales a él adeudadas por concepto de
retiro del servicio (31) de julio de 2006). bonificación por Gestión Judicial de que trata el Decreto
4040 de 2004, teniendo en cuenta que le corresponde
Octava.- Que a la providencia de a partir del 1º de Enero de 1999 hasta el 31 de Julio de
mérito favorable, la entidad pública 2006, el 70% de lo que por todo concepto devengan los
demandada le de cumplimiento en los Magistrados de las Altas Cortes de Justicia, quienes a
términos de los artículos 176 y 177 del su vez, de conformidad con lo dispuesto en el
C.C.A. artículo 15 de la Ley 4ª. De 1992, deben recibir un
salario o remuneración igual a los ingresos que por
todo concepto tiene un congresista, y desde el año
1993 en que entró a regir la mencionada ley 4ª de 1992
no lo están recibiendo, repercutiendo esa situación de
manera directa con los ingresos mensuales que debe
devengar el Ex Magistrado del Consejo Seccional de la
Judicatura aquí demandante, quien, como se dijo, debe
devengar por concepto de bonificación por gestión
judicial, desde el 1º de enero de 1999 hasta el 31 de
julio de 2006, el 70% de lo que por todo concepto
devengan dichos Magistrados de las Altas Cortes de
Justicia (Corte Constitucional, Corte Suprema de
Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la
Judicatura).
SEGUNDA.- Que es NULO el acto administrativo
contenido en la Resolución No. 4173 de 17 de
Noviembre de 2009, expedida por el Director Ejecutivo
de Administración Judicial, Dr. CARLOS ARIEL
USEDA GOMEZ notificada personalmente al suscrito
apoderado del Ex Magistrado aquí demandante, el 18
de Diciembre de 2009, por la cual se confirmó por vía
de apelación la decisión contenida en la Resolución
2377 de 24 de julio de 2009, por medio de la cual se
dio respuesta negativa al derecho de petición
presentado por el mencionado Ex Magistrado del
Consejo Seccional de la Judicatura,, en el que se
solicita el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales adeudadas, relacionadas en la pretensión
primera de esta demanda.
TERCERA. Que a título de Restablecimiento del
Derecho y como consecuencia de la nulidad de los
actos administrativos atrás expresados, se ordene a la
Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, que reconozca,
liquide y pague al Ex Magistrado del Consejo Seccional
de la Judicatura, Doctor RAMIRO PINZON ASELA, las
diferencias salariales a el adeudadas por concepto de
Bonificación por Gestión Judicial, teniendo en cuenta
que de conformidad con el Decreto Nacional 4040 de
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Radicado: 68001-23-31-000-2010-00348-02 (4142-2016)
Demandante: Ramiro Pinzón Asela
2004, le corresponde a partir del 1º de Enero de 1999
hasta el 31 de Julio de 2006, el 70% de lo que por todo
concepto devengan los Magistrados de las Altas Cortes
de Justicia, quienes a su vez, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 15 de la Ley 4ª. de 1992,
deben recibir un salario igual a los ingresos que por
todo concepto tiene un congresista.
CUARTA.- Que como consecuencia de las anteriores
declaraciones, se condene a la Nación - Consejo
Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, a pagar al Magistrado
accionante atrás citado, al tiempo de la ejecutoria de la
sentencia que ponga fin al proceso, los intereses en la
forma y términos expresados en el artículo 177 del
C.C.A.
QUINTA.- Las condenas respectivas a favor del Ex
Magistrado aquí demandante, serán actualizadas o
indexadas de conformidad con lo previsto en el artículo
178 del C.C.A.. desde término definitivo a la presente
acción judicial.
SEXTA.- Que a la providencia de mérito favorable, la
entidad pública demandada le dé cumplimiento en los
términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A»
1) Ramiro Pinzón Asela laboró como 1) Los artículos 15 de la Ley 4ª de 1992 y; 1 y 2 del
magistrado de la Sala Judicial Decreto 10 de 1993 prevén la prima especial de
Disciplinaria Seccional Santander servicios dirigida a los magistrados de altas cortes que
desde el 1 de enero de 2001 al 31 de sumada a los demás ingresos laborales igualen a los
enero de 2006. percibidos en su totalidad por los congresistas; esta
será igual a la diferencia entre los ingresos laborales
2) Se acogió al régimen salarial totales anuales (son los de carácter permanente con la
prevista en el Decreto 4040 de 2004, inclusión de la prima de navidad) recibidos por dichos
por lo tanto, su remuneración salarial congresistas.
no fue liquidada conforme con el
Decreto 610 de 1998 equivalente al 2) Con fundamento en esas disposiciones normativas
80% de lo que por todo concepto en un caso similar se presentó una demanda de nulidad
salarial perciben los magistrados de y restablecimiento del derecho contra los actos
altas cortes, por lo tanto, desde el 1 de administrativos proferidos por la Dirección Ejecutiva de
enero de 2001 al 31 de julio de 2006 se Administración Judicial negó el reconocimiento y pago
Fundamentos fácticos
le liquidó su remuneración con un de las diferencias salariales adeudadas por concepto
porcentaje del 70% de lo que por todo de prima especial de servicios a partir del 1 de mayo de
concepto devengan los magistrados de 1997 teniendo en cuenta en la liquidación los
altas cortes. ingresos totales anuales de carácter permanente
devengados por los congresistas con la inclusión
3) Dado el cargo de magistrado que de las cesantías.
ostenta, es beneficiario de la
bonificación por compensación la cual 3) Mediante sentencia del 24 de noviembre de 2006 la
tiene carácter permanente y es Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo
irrenunciable, por lo que, al no de Estado confirmó la decisión de primera instancia
liquidársele como corresponde, se que accedió a las pretensiones de la demanda.
vulneran los derechos fundamentales a
la igualdad, al trabajo en condiciones 4) Lo referenciado guarda relación con los funcionarios
dignas y justas entre otros. beneficiarios del Decreto 4040 de 2004 y que se
acogieron a ese régimen como ocurrió con Ramiro
Pinzón Asela en su calidad de magistrado del Consejo
Seccional de la Judicatura; por lo que tiene derecho al
reconocimiento y pago de la bonificación de gestión
judicial con carácter permanente que sumada a la
asignación básica y demás ingresos laborales iguale en
un 70% de lo que por todo concepto devenga el
magistrado de alta corte.
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Radicado: 68001-23-31-000-2010-00348-02 (4142-2016)
Demandante: Ramiro Pinzón Asela
5) Existen sentencias de tutela y de nulidad y
restablecimiento del derecho que han inaplicado el
Decreto 4040 de 2004 y, en su lugar, tienen en cuenta
el Decreto 610 de 1998 relativo a la bonificación por
compensación que reconoce ese mismo derecho en un
80%.
6) Al no percibir la misma remuneración que en el caso
en referencia se vulnera el derecho de igualdad y; los
principios de favorabilidad y proporcionalidad entre
otros, que incide de forma directa en el reconocimiento
de las bonificaciones de gestión judicial y
compensación que para los beneficiarios debe ser igual
a la diferencia entre los ingresos laborales totales
anuales recibidos por los congresistas.
27. Nótese que en el proceso tramitado con el radicado 68001-23-31-000-2010-
00506-00 (02), el Tribunal Administrativo de Santander, Sala de Conjueces,
mediante fallo del 10 de junio de 2014 accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por Ramiro Pinzón Asela contra la DEAJ y ordenó «reconocer y pagar la
diferencia salarial existente entre el 70% cancelado y el 80% de lo que, por todo concepto
salarial y prestacional pagado con retribución al trabajo, devengan los Magistrados de
Altas Cortes de Justicia, al Dr. RAMIRO PINZÓN ASELA en su calidad de Ex Magistrado
de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Bucaramanga, conforme con las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia, a partir del dieciséis (16) de agosto de dos
mil cuatro (2004) hasta el treinta y uno (31) de julio de dos mil seis (2006)». La decisión
fue confirmada por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante sentencia del 13 de septiembre de 2016.
28. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Santander, Sala de Conjueces, en el
proceso de la referencia, profirió sentencia el 29 de febrero de 2016 mediante la
cual accedió a las pretensiones de la demanda contra DEAJ, con el fin de obtener
el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación «el monto equivalente
le corresponde para el año 1999 el 60%, para el año 2000 el 70% y para los años 2001 y
en adelante hasta el 31 de julio de 2006, el 80% de lo que por todo concepto salarial y
prestacional pagado como retribución al trabajo, devengan los Magistrados de Altas Cortes
de Justicia, teniendo en cuenta que estos últimos funcionarios devengan el 100% de
lo percibido por los Congresistas de la República, al Dr. RAMIRO PINZÓN ASELA en
su calidad de Ex Magistrado. La bonificación por compensación deberá ser pagada en
forma mensual y con carácter permanente de conformidad con los lineamientos señalados
en este fallo, es decir, conforme el 80% de lo devengado por los Congresistas de la
República. Haciendo la advertencia que dicho pago se realizará con los descuentos de las
sumas ya canceladas al demandante por tal concepto».
29. Así las cosas, al comparar el presente proceso con el tramitado y fallado por el
Tribunal Administrativo de Santander, Sala de Conjueces, con el radicado 68001-
23-31-000-2010-00506-00 (02) concluye la Sala que no operó el fenómeno de la
cosa juzgada, toda vez que, aunque se acreditan de manera concurrente los
elementos de identidad de partes, no ocurre igual con el objeto y la causa, conforme
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Radicado: 68001-23-31-000-2010-00348-02 (4142-2016)
Demandante: Ramiro Pinzón Asela
se expone a continuación:
30. Identidad de partes: en ambos procesos interviene como demandante Ramiro
Pinzón Asela y como demandada la DEAJ, por lo cual se cumple con el requisito de
identidad subjetiva.
31. Identidad de causa: la causa petendi, entendida como los fundamentos fácticos
y jurídicos en los que se sustenta la demanda, no coincide en ambos procesos. En
efecto, en ambas oportunidades se solicitó el reconocimiento de la bonificación por
compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, con base en los mismos hechos.
En el primer proceso, el demandante alegó haber prestado sus servicios como
magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de julio de 2006; mientras que en el
presente proceso se afirma que el vínculo laboral se desarrolló entre el 16 de agosto
de 2004 y el 31 de julio de 2006. Sin embargo, en ambos expedientes obran
certificaciones que fijan el inicio del vínculo el 16 de agosto de 2004, fecha que,
como se señaló en la sentencia del 10 de junio de 2014, delimita efectivamente el
periodo reclamado.
32. Sin embargo, aunque el lapso alegado en este proceso se encuentra plenamente
subsumido dentro del primero, no se configura la identidad de causa porque lo
solicitado en esta oportunidad es que la bonificación por compensación que se pide
sea reconocida, tenga en consideración que debe obedecer al 80 % de lo que por
todo concepto devengan los magistrados de las altas cortes, quienes, a su vez,
deben recibir un salario o remuneración mensual igual a los ingresos que por todo
concepto devenga un congresista.
33. Identidad de objeto: como se indicó, ambos procesos versan sobre el
reconocimiento y pago de la bonificación por compensación establecida en el
Decreto 610 de 1998. Sin embargo, la diferencia entre uno y otro radica en que, en
el primer expediente, se solicita el reconocimiento de dicha bonificación equivalente
al 80% del total de las asignaciones percibidas por un magistrado de alta corte;
mientras que, en el segundo, se sostiene que dicha asignación debe equipararse
con la remuneración percibida por un congresista de la República.
34. Así las cosas, si bien entre el asunto objeto de estudio y el que fue objeto de
litigio en el expediente con radicado 68001-23-31-000-2010-00506-00 (02),
conocido en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Santander y en
segunda por esta Corporación, existe identidad de partes, frente a la pretensión del
reconocimiento de la bonificación por compensación del 80% de lo que por todo
concepto devenga un magistrado de alta corte, en todo caso, esta no subsume la
encaminada a que en la liquidación se tenga en cuenta que ese salario debe
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Radicado: 68001-23-31-000-2010-00348-02 (4142-2016)
Demandante: Ramiro Pinzón Asela
coincidir con lo devengado por el congresista de la república y, en esos términos,
se estudiará de fondo el asunto.
2.6. Marco normativo y jurisprudencial
2.6.1. La bonificación por compensación
35. El artículo 13 de la Constitución Política en desarrollo del derecho a la igualdad,
señaló que todas las personas recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación y que el Estado deberá promover las condiciones para que
la igualdad sea real y efectiva, así como adoptar las medidas necesarias para su
defensa.
36. En esa medida y ante la notoria desigualdad salarial existente entre algunos
grupos de servidores públicos, el gobierno nacional en ejercicio de sus facultades,
especialmente las señaladas en el literal b) del artículo 1 de la Ley 4ª de 1992,
expidió el Decreto 610 de 1998, mediante el cual creó la «[b]onificación por
compensación, con carácter permanente, que sumada a la prima especial de servicios y
a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta por ciento (60%) de los
ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura», la
cual «sólo constituirá factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez,
invalidez y sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los
Magistrados de las Altas Cortes»[se resalta].
37. Lo anterior en consideración a que, para el año fiscal de 1998, la remuneración
de los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, contencioso
administrativo, nacional y superior militar; los magistrados auxiliares de la Corte
Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura;
los abogados auxiliares del Consejo de Estado; los fiscales y jefes de unidad ante
el Tribunal Nacional; los fiscales del Tribunal Superior Militar, los fiscales ante el
tribunal de distrito, y los jefes de unidad de fiscalía ante tribunal de distrito equivalía
al 46%, en comparación con la que percibían los magistrados de las altas cortes.
Por ende, acordó un esquema que gradualmente permitiera superar la desigualdad
económica entre los dos niveles mencionados, iniciando en un 60% para el año
1999, para posteriormente aumentar en un 70% en el año 2000, y finalmente llegar
al 80% en el año 2001, de lo que por todo concepto devengaran anualmente los
magistrados de las altas cortes.
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Demandante: Ramiro Pinzón Asela
38. Asimismo, mediante el Decreto 1239 de 199829, el gobierno nacional extendió los
beneficios a los secretarios generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo
de Estado, la Corte Constitucional y al secretario judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
39. Sin embargo, estas disposiciones fueron derogadas por el Decreto 2668 del 31
de diciembre de 199830, que a la postre dio origen a una serie de decretos que
reglamentaron la bonificación por compensación en forma anual31.
40. No obstante, mediante sentencia proferida por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001 se declaró
nulo el Decreto 266832; situación que generó que los decretos 610 y 1239 de 1998
regresaran al ordenamiento jurídico.
41. Posteriormente, el gobierno nacional mediante el Decreto 4040 de 2004 33 creó
para el mismo grupo de servidores [a que aludía el Decreto 610] la llamada
«Bonificación de Gestión Judicial, con carácter permanente, que sumada a la asignación
básica y demás ingresos laborales iguale al setenta por ciento (70%) de lo que por todo
concepto devenguen los Magistrados de las Altas Cortes, para los funcionarios de la Rama
Judicial, incluida la Fiscalía General de la Nación, y el Ministerio de Defensa Nacional». En
este se estableció, a su vez, su incompatibilidad con la bonificación por
compensación establecida en el Decreto 610 de 199434.
42. Además, en aquel acto se señaló que podrían optar por el reconocimiento y pago
de esta bonificación los servidores señalados en la norma, siempre y cuando se
encontraran en una de las siguientes situaciones:
42.1. Quienes habían iniciado acciones judiciales relacionadas con la bonificación por
compensación y desistieran de sus pretensiones, para lo cual debían renunciar
expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los términos del
artículo 342 del Código de Procedimiento Civil; y
29 «Por el cual se adiciona el Decreto número 610 del 26 de marzo de 1998».
30 «por el cual se derogan los Decretos 610 de marzo 26 de 1998 y 1239 de julio 2 de 1998».
31 Los decretos 664 del 13 de abril de 1999, derogado por el Decreto 2738 del 27 de diciembre de
2000, derogado por el Decreto 1476 del 19 de julio de 2001, derogado por el Decreto 2726 del 17 de
diciembre de 2001, derogado por el Decreto 663 del 10 de abril de 2002, derogado por el Decreto
3570 del 11 de diciembre de 2003.
32 Proferida dentro del proceso con radicado 395-99, conjuez ponente Álvaro Lecompte Luna.
33 «Por el cual se crea una Bonificación de Gestión Judicial para los Magistrados de Tribunal y otros
funcionarios».
34 «Decreto 4040 de 2004, Artículo 2, Parágrafo 2º. La Bonificación de Gestión Judicial tendrá efectos
fiscales a partir del 1º de enero de 2004 y es incompatible con la Bonificación por
Compensación, que hasta la fecha de expedición del presente Decreto se viene reconociendo a los
servidores citados en el presente artículo» [Se resalta].
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42.2. Los que no hubieran efectuado tales reclamaciones y suscribieran contratos de
transacción para precaver litigios futuros relacionados con la bonificación por
compensación.
43. Así las cosas, para este grupo de servidores se crearon dos regímenes, el
primero señalado en el Decreto 610 de 1998 que creó la bonificación por
compensación con carácter permanente, que sumada a la prima especial de
servicios y a los demás ingresos laborales igualaba hasta el 80% de lo que por todo
concepto percibían los magistrados de alta corte; y otro, en el que se concedió una
bonificación de gestión judicial en iguales condiciones pero que solo alcanzaría el
hasta 70% de esos ingresos [tal y como lo señala el Decreto 4040 de 2004].
44. No obstante, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia proferida
el 14 de diciembre de 201135 declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, pues
consideró, entre otras razones, que violaba los principios tutelares de la Constitución
Política de Colombia, en tanto que los destinatarios del Decreto 610 de 1998
adquirieron un derecho que el gobierno nacional no podía suprimir con uno
regresivo, y menos aún a través de una transacción sobre derechos ciertos e
indiscutibles.
45. Al respecto, la Sala de Conjueces advirtió que tal y como se había señalado en
anteriores pronunciamientos36 aquella situación [la de tener dos regímenes para un
mismo grupo de servidores] generaba un trato desigual y discriminatorio. Al
respecto, señaló:
«En tales condiciones, para una misma categoría de servidores que están en un mismo
plano de igualdad, en cuanto en virtud de la soberanía, tienen la facultad de administrar
justicia, ejecutando la misma labor, teniendo el mismo horario, idénticas funciones y
responsabilidades, deben cumplir los mismos requisitos y calidades generales y
específicas para desempeñar el cargo, dos normas aún vigentes, el decreto 610 de 1998
y el decreto 4040 de 2004, establecieron a su vez dos regímenes laborales referentes
al monto de la asignación mensual, que se diferencian en que en el primero, el salario
es del 80% y en el segundo es el 70% de lo devengado por los Magistrados de las Altas
Cortes.
De tal manera, la norma posterior, el decreto 4040 de 2004, creó una desigualdad
manifiesta entre iguales, como son los Magistrados de Tribunales, posibilitando un
trato diferenciado basado en la validez del consentimiento dado para aceptar una
transacción o desistimiento de un derecho irrenunciable.
35 Radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01, NI 10067-2005, demandante: Jairo Hernán Valcárcel,
conjuez ponente: Carlos Arturo Orjuela Góngora.
36 Al efecto citó la sentencia proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con ponencia del conjuez Luis Eduardo Pineda Palomino,
sentencia del 7 de julio de 2011, expediente 2009-00603.
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Radicado: 68001-23-31-000-2010-00348-02 (4142-2016)
Demandante: Ramiro Pinzón Asela
Para la Sala, independientemente de la situación, categoría o status social, político,
económico o intelectual de un trabajador público o privado, está prohibido
constitucionalmente renunciar a sus derechos adquiridos, o transar o conciliar
sobre derechos ciertos e indiscutibles». [Se resalta].
46. Además, en aquella oportunidad, la Sala reiteró que «los destinatarios del decreto
610 de 1998, […] ganaron el derecho a la bonificación allí establecida desde que
ingresar[on] al servicio de la Rama Judicial en sus condiciones de Magistrados, no
pudiéndose mediante otra norma o acto jurídico afectárseles tal derecho, por estar
cobijados por el principio mínimo fundamental de derecho del trabajo, de la irrenunciabilidad
de los derechos laborales por sus titulares, y por ello, no podrá un tercero, - el Estado o los
particulares - suprimirlos, pues, su carácter de derecho humano fundamental así lo impone,
quedando amparados por la regla pro operario “De la Condición Más Beneficiosa”,
consagrada en el artículo 53 inc. 5º de la Constitución Política». De acuerdo con lo
anterior, concluyó que el decreto demandado afectaba esencialmente el derecho de
igualdad entre servidores del mismo nivel o rango sin justificación alguna; disminuía
inequitativamente la remuneración mensual de aquellos que tienen el mismo
derecho que sus pares judiciales; y le «abr[ía] camino al quebrantamiento de un
postulado fundamental en estas relaciones de trabajo, como es el de que no se puede
transigir o conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles».
47. En «sentencia de unificación del 18 de mayo de 2016», la sala de conjueces de la
Sección Segunda de esta corporación señaló que solo a partir de la declaratoria de
nulidad del Decreto 4040 de 2004 [dispuesta en la sentencia del 14 de diciembre de
2011, que cobró ejecutoria el 27 de enero de 2012] es que se «superó la discusión en
relación con la vigencia simultánea entre el régimen contemplado en el decreto 610 de
1998, denominado “Bonificación por Compensación”, dirigido a algunos servidores de la
rama judicial, incluida la Fiscalía General de la Nación y Ministerio de Defensa, que con
anterioridad a la publicación del decreto se encontraran desempeñando los cargos
enumerados [allí]».
48. De acuerdo con lo anterior, advirtió que ante la coexistencia de 2 regímenes
salariales diferentes [contenidos en los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004], no
podía aludirse a la exigibilidad del derecho a reclamar [en los términos del decreto
3135 de 1968], pues no era posible establecer cuál de ellos era el exigible; de
manera que concluyó que esta exigibilidad se «reputa[ba] sólo hasta la fecha de
ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, es decir, a
partir del 28 de enero de 2012».
49. Por otro lado, analizó el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, en virtud del cual advirtió
que el régimen de la prima especial de servicios allí contenida no hizo distinción
entre salario y prestaciones sociales, pues aludió únicamente a ingresos laborales
totales; de acuerdo con lo cual, concluyó que el auxilio de cesantías debía ser tenido
en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los
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Radicado: 68001-23-31-000-2010-00348-02 (4142-2016)
Demandante: Ramiro Pinzón Asela
servidores mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tendrían
derecho a percibir una suma equivalente a lo que por todo concepto devengan los
congresistas.
50. Además, precisó que este régimen tiene una clara incidencia en la determinación
de la bonificación por compensación de los servidores públicos que se encontraban
sujetos al Decreto 610 de 1998, pues esta norma previó la nivelación salarial al 60%,
70% y 80% «de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior
de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo
de Estado» para los años 1998, 1999, 2000 y siguientes, respectivamente. En este
sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo es un
ingreso laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado en atención
a lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 del 6 de agosto de
200337, no existían razones para que se hiciera «abstracción de la misma, o de
cualquiera de los factores que se tienen en cuenta para su liquidación, al momento de fijar
el monto a cancelar por concepto de bonificación por compensación a favor de los
servidores mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998» (sic).
51. En ese sentido, concluyó que «e[ra] necesario que el monto percibido por los
Magistrados de las Altas Cortes por [concepto de prima especial], y que haya sido liquidado
teniendo en cuenta las cesantías percibidas por los Congresistas, debe ser un factor para
determinar el valor de la bonificación por compensación».
52. Finalmente, el gobierno nacional expidió otra serie de decretos que asignaban
unos valores fijos anuales por concepto de bonificación por compensación, y que
fueron derogados secuencialmente por decretos posteriores38, hasta llegar al
Decreto 1102 de 201239, por la cual dispuso que a partir del 27 de enero de 2012,
la bonificación por compensación que venían percibiendo con carácter permanente
los servidores de la rama judicial, la justicia penal militar, la Fiscalía General de la
Nación y agentes del ministerio público equivaldría a un valor que sumado a la
asignación básica y demás ingresos laborales igualara al 80% de lo que por todo
concepto devengaran anualmente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura;
y que esta sólo constituiría factor salarial para efecto del ingreso base de cotización
del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en
Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003.
37 Que declaró inexequible el aparte del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 que aludía a que esta prima
no tendría carácter salarial.
38 Decretos 4040 de 2004, 944 de 2005, 401 de 2006, 630 de 2007, 670 de 2008, 735 de 2009, 1400
de 2010,
1051 de 2011, 887 de 2012, y 1102 de 2012.
39 «Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros
funcionarios».
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Demandante: Ramiro Pinzón Asela
53. Además, en aquel acto se dispuso que como consecuencia de la declaratoria de
nulidad del Decreto 4040 de 2004, los servidores que venían percibiendo la
bonificación de gestión judicial percibirían, a partir de la fecha de ejecutoria de esa
sentencia, la bonificación por compensación en los mismos términos y condiciones
señaladas para su reconocimiento en el artículo 1° de ese decreto [artículo 2].
2.6.2. La incidencia de la prima especial de servicios prevista en la Ley 4ª de
1992 en la bonificación por compensación
54. La Ley 4ª de 1992 creó una prima especial para servidores de la rama judicial,
de la justicia penal militar, de la Fiscalía General de la Nación y los agentes del
ministerio público. Al respecto, previó lo siguiente:
«Artículo 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior
al 60% del salario básico, sin carácter salarial40 para los Magistrados de todo orden de
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de
la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Parágrafo. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad.
Artículo 15. Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador
General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la
Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil tendrán una
prima especial de servicios, sin carácter salarial41, que sumada a los demás ingresos
40 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-279 del
24 de junio de 1996, M.P. Hugo Palacios Mejía. Posteriormente, la Ley 332 de 1996 le otorgó carácter
salarial a la prima especial de servicios para los servidores señalados en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992.
41 Aparte tachado [sin carácter salarial] declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante
sentencia C-681 del 6 de agosto de 2003, conjuez ponente Ligia Galvis Ortiz. Lo anterior por cuanto
la Ley 332 de 1996 que le otorgó carácter salarial a la prima especial de servicios para los servidores
señalados en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y otros más, sin tener en cuenta a los previstos en
el artículo 15, para quienes se conservó el carácter no salarial de dicha prima, lo que produjo una
inconstitucionalidad sobreviniente. Además, en el fallo se estableció lo siguiente:
«La presente decisión produce efectos en las cotizaciones y liquidación de las pensiones de
jubilación de los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la
Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Procurador General de la Nación, el Fiscal
General de la Nación, el Registrador Nacional del Estado Civil y el Defensor del Pueblo, servidores
contemplados en el artículo 15 de la ley 4a de 1992.
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laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin
que en ningún caso los supere. El Gobierno podrá fijar la misma prima para los Ministros
del Despacho, los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública».
55. En desarrollo de esta norma, el gobierno nacional profirió el Decreto 10 de
199342, en cuyo artículo 1 estableció que la prima especial de servicios debía
corresponder a «la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos por los
miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que tienen derecho a ella»;
y señaló además que para establecerla «se entiende que los ingresos laborales totales
anuales percibidos por los Miembros del Congreso son los de carácter permanente,
incluyendo la prima de Navidad» [artículo 2].
56. Con la creación de esta prima especial se buscó equiparar los derechos
percibidos por los servidores señalados en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992
a lo que por todo concepto devengaran los congresistas.
57. Valga recordar que la prima especial tiene incidencia en la determinación de la
bonificación por compensación, en tanto el Decreto 610 de 1998 previó que esta
bonificación sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos
laborales actuales debía igualar (inicialmente) al 60% de los ingresos laborales que
por todo concepto percibían los magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.
2.7. Análisis sustancial del caso concreto
58. A efectos de abordar el problema jurídico planteado, se advierte que el Tribunal
Administrativo de Santander, Sala de Conjueces, declaró la nulidad de los actos
acusados y, a título de restablecimiento del derecho, condenó a la parte demandada
a reconocer y pagar al demandante las diferencias adeudadas por concepto de
bonificación por compensación en el equivalente al 80% de la totalidad de lo
devengado por los magistrados de las altas cortes, «teniendo en cuenta que estos
últimos funcionarios devengan el 100% de lo percibido por los Congresistas de la
República», entre el 16 de agosto de 2004 y el 31 de julio 2006, sin prescripción
extintiva del derecho.
59. En contra de esta decisión la DESAJ de Santander presentó recurso de
apelación, y para el efecto, sostuvo que la prima especial de servicios otorgada a
los magistrados de altas cortes para equiparar sus ingresos con los de los
congresistas no tuvo carácter salarial. Por tanto, no procedía incluirla en la base de
3. La prima especial de servicios constituirá factor de salario solo para la cotización y liquidación de
la pensión de jubilación de acuerdo con las normas nacionales vigentes que regulan el régimen
prestacional de los funcionarios señalados».
42 «por el cual se regula la prima especial de servicios».
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Demandante: Ramiro Pinzón Asela
liquidación de la bonificación reconocida a los magistrados de tribunal ni a los
magistrados auxiliares de altas cortes.
60. Para resolver el problema jurídico planteado la Sala debe señalar que tal y como
se expuso en el marco normativo de esta decisión el Decreto 610 de 1998 creó una
bonificación por compensación equivalente [inicialmente] al 60% de los ingresos
laborales que por todo concepto percibían los magistrados de las altas cortes, el
cual aumentaría hasta un 80% para el año 2001.
61. Con posterioridad, se expidió el Decreto 4040 de 2004 en virtud del cual se creó
la bonificación de gestión judicial, la cual, de acuerdo con lo dispuesto en esa norma,
sería incompatible con la bonificación por compensación lo que implica que se
reconoció la existencia de dos regímenes, pues el reconocimiento de las citadas
prestaciones era excluyente. Además, de su contenido no se extrae derogatoria
alguna del Decreto 610 de 1998.
62. De acuerdo con lo anterior, la primera conclusión a la que se llega es que el
Decreto 610 de 1998 no perdió vigencia, pues no fue derogado por el Decreto 4040
de 2004, sino que coexistía con este.
63. Ahora bien, tal y como se señaló en la sentencia del 14 de diciembre de 2011 43,
los beneficiarios de la bonificación por compensación eran aquellos servidores
destinatarios del citado Decreto 610, es decir, quienes se vincularon en los cargos
señalados en esa norma, cuya disposición otorgaba un derecho laboral, mínimo e
irrenunciable, que no podía ser soslayado con la expedición de una disposición
posterior.
64. En efecto, si se tiene en cuenta que los destinatarios del Decreto 4040 de 2004,
son los mismos del Decreto 610 de 1998, resulta evidente que para una misma
categoría de servidores se establecieron 2 regímenes, pues unos gozaron del
derecho a una bonificación por compensación equivalente al 80% de lo devengado
por los magistrados de las altas cortes y el otro una bonificación de gestión judicial
que correspondía al 70% de lo devengado por esos altos servidores.
65. Así pues, para obtener el pago del 70% de lo que por todo concepto devengaran
los magistrados de alta corte, los servidores debían acogerse al Decreto 4040 de
2004 y desistir de las pretensiones de las demandas que habían instaurado en
procura de obtener la bonificación por compensación de que trata el Decreto 610 de
1998 o celebrar contratos de transacción con propósitos idénticos. Lo anterior
evidencia la situación de desigualdad manifiesta entre servidores de iguales
43 Radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01.
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Demandante: Ramiro Pinzón Asela
categorías.
66. Ahora bien, de acuerdo con el recurso de apelación el demandante ha propuesto
dos discusiones a saber: la primera relativa al reconocimiento de ese 10% de
diferencia entre la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998 y la
bonificación de gestión judicial del Decreto 4040 de 2004 que fue declarado nulo,
mientras que la segunda se refiere a una desigualdad entre los ingresos totales
anuales percibidos por los magistrados de altas cortes y los devengados por
congresistas de la República, que sirven de referencia para el cálculo de la
prestación discutida, que es lo que ocupa la atención de la sala en esta oportunidad.
67. En tal sentido, por un lado, se discutió la diferencia porcentual entre las
mencionadas bonificaciones y, en esta, el monto económico de la bonificación por
compensación que, según el demandante, se ha calculado a partir de una base de
liquidación incorrecta.
68. De acuerdo con lo alegado, si la asignación mensual percibida por los
magistrados de alta corte se desmejoró, ello disminuyó automáticamente el valor de
la bonificación por compensación discutida, pues dicha prestación se estableció
porcentualmente en relación con lo devengado por los citados funcionarios
judiciales.
69. Al respecto, esta Sala advierte que fue la Ley 4ª de 1992 (artículo 15) la que
equiparó los ingresos laborales de los magistrados de altas cortes con los percibidos
en su totalidad por los miembros del congreso al crear una prima especial de
servicios que cumpliera con tal propósito; en desarrollo de esta norma, el gobierno
nacional profirió el Decreto 10 de 1993 por el cual dispuso que esa prima debía
corresponder a «la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos
por los miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que tienen derecho
a ella» [Se resalta].
70. De manera que entre los magistrados de alta corte y congresistas debe existir
igual remuneración por expresa disposición legal; lo que a su vez, permite entender
la incidencia de esta afirmación en la pretensión del demandante relativa a la
reliquidación y pago de la bonificación por compensación, pues no puede perderse
de vista que la diferencia reclamada se funda en una disposición legal que permite
que el servidor perciba un emolumento [la bonificación] cuya liquidación se calcula
sobre la base de lo devengado por los magistrados de alta corte.
71. Además de lo anterior, para la Sala es importante recordar que para efectos de
calcular el monto de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la
Ley 4ª de 1992, que hace parte de la base para el cómputo de la bonificación por
compensación, debe tenerse en cuenta lo devengado por los congresistas de la
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Demandante: Ramiro Pinzón Asela
República por concepto de cesantías. Sobre este particular el Consejo de Estado
ya se pronunció a través de la sentencia del 16 de mayo de 201644 en la que señaló
que:
«[l]as cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han sido
consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia del
Consejo de Estado45 en ocasiones anteriores, lo que tiene plena razón de ser pues se
trata de una erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador y
que se causa por cada día de trabajo del empleado. De allí que esta corporación haya
concluido que el auxilio de cesantías debe ser tenido en cuenta para realizar la
liquidación de la prima especial de servicios de los funcionarios mencionados en el
artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen derecho a percibir una suma equivalente
a lo que por todo concepto devengan los congresistas. Habiendo señalado que el auxilio
de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente por los jueces de
mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que resultaría violatorio del
principio de igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia el
señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza únicamente con el propósito
de disminuir la base de liquidación de la bonificación por compensación de la que son
acreedores los funcionarios mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998» [Se
resalta].
72. Posteriormente, en sentencia del 2 de septiembre de 2019 46 esta corporación
también indicó lo siguiente:
«[l]a bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo. La
reliquidación de la bonificación por compensación procede respecto a los magistrados
de tribunal y cargos equivalentes, siempre que, en la respectiva anualidad, sus Ingresos
anuales efectivamente percibidos NO hayan alcanzado el tope del ochenta por ciento
(80%) de lo que por todo concepto devenga un magistrado de alta corte, incluido en
ello las cesantías de los congresistas» [Se resalta].
73. En sentencia 7 de diciembre de 202147, esta corporación manifestó que «es
pacífica la jurisprudencia sobre el alcance del beneficio económico laboral de la bonificación
por compensación, regulado en el Decreto 610 de 1998, no solo frente a las preceptivas del
Decreto 4040 de 2004 sino también respecto de la inclusión en la base de liquidación de la
bonificación por compensación de la prima especial de servicios, teniendo en cuenta para
ello las cesantías de los congresistas» [Se resalta].
74. De acuerdo con lo anterior, para esta Sala es claro que la jurisprudencia de esta
corporación ha concluido en forma pacífica que el auxilio de las cesantías es un
44 Expediente 25000-23-25-000-2010-00246-02(0845-15).
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia de 4 de mayo de 2009,
radicado 2004-05209, M.P., Luis Fernando Velandia Rodríguez. Igualmente, la Corte Constitucional,
Sala Plena, sentencia C-681 de 6 de agosto de 2003, M.P Ligia Galvis Ortiz.
46 Expediente 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18), M.P. Carmen Anaya De Castellanos.
47 expediente 050012331000-2012-00729-02 (N.I. 1136-2017), M.P. Henry Joya Pineda.
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emolumento que sí debe ser tenido en cuenta para calcular la bonificación por
compensación. Esta consideración se desprende de la lectura de la norma de
creación. En efecto, el Decreto 610 de 1998 establece lo siguiente:
«[c]réase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2 del presente decreto, una
Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a la prima
especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta por
ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo
Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación sólo constituirá factor
salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en
los mismos términos de la prima especial de servicios de los Magistrados de las Altas
Cortes» [Se resalta].
75. Así pues, se destaca como característica esencial que la bonificación «sumada a
la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales» debe igualar el
80% de lo que por todo concepto devengaran anualmente los magistrados de alta
corte, lo que impone concluir que el auxilio de cesantía es un concepto a considerar
al momento de liquidar el valor de la bonificación reclamada. En efecto, no puede
desconocerse que desde su creación las cesantías han sido concebidas como un
auxilio económico para quienes terminan su vínculo laboral por retiro del servicio,
de manera que corresponde a una prestación a la que tienen derecho todos los
trabajadores y, por tanto, debe ser incluida como un concepto percibido anualmente
por los magistrados de alta corte.
76. Valga precisar que si bien el Decreto 10 de 1993 dispuso que para establecer la
prima especial de servicios prevista en ese decreto, se entendía que «los ingresos
laborales anuales percibidos por los Miembros del Congreso son los de carácter
permanente, incluyendo la prima de Navidad», lo cierto es que esa disposición en nada
se opone a la consideración según la cual para calcular la bonificación por
compensación debe tenerse en cuenta las cesantías, pues nótese que la norma
aludida reguló la prima especial de servicios, en tanto que, se insiste, la norma
creadora de la bonificación, no hizo distinción alguna entre los conceptos de
ingresos de carácter permanente, prestación social o salario, sino que se limitó a
indicar que esta permitiría igualar en un porcentaje lo que por todo concepto
devengaran los magistrados de alta corte.
77. Es así como resulta indiferente que el legislador haya determinado que los
componentes de la prima especial de servicios fueran solo los de carácter
permanente, con inclusión de la prima de navidad, pues lo que aquí se está
reconociendo no es la prima especial de servicios sino la bonificación por
compensación.
78. Asílas cosas, el monto que se paga por bonificación por compensación
corresponde a la diferencia entre los ingresos anuales del magistrado de alta corte
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Demandante: Ramiro Pinzón Asela
y los ingresos anuales de magistrado de tribunal y demás cargos equivalentes, el
cual se calcula al tomar todos los conceptos que componen los ingresos totales
anuales de estos servidores, incluido el auxilio de las cesantías.
79. Explicado lo anterior, la Sala encuentra que le asiste razón al demandante razón
por la que se confirmará la sentencia de primera instancia, pero se modificará para
precisar que el pago a que está obligada corresponde a las diferencias causadas
entre lo que devengó y lo que correspondía por concepto de bonificación por
compensación teniendo como base salarial los ingresos laborales que por todo
concepto percibían los magistrados de alta corte, quienes a su vez, debían recibir
un salario equivalente a los ingresos que por todo concepto percibían los
congresistas, incluidas las cesantías.
80. Adicionalmente, el cumplimiento de la condena deberá tomar en consideración
que la bonificación por compensación sumada a las demás prestaciones percibidas
no puede superar el 80% de lo que por todo concepto devenga un magistrado de
alta corte, equiparable con los ingresos de los congresistas.
81. Ahora bien, teniendo en cuenta que presentó la reclamación administrativa el 1
de julio de 2009, se advierte que operó la prescripción de las diferencias reclamadas
antes del 1 de julio de 2006.
82. Lo anterior es así, pues si bien en la sentencia del 4 de mayo de 2009, la sala de
conjueces del Consejo de Estado interpretó el alcance normativo de los artículos 15
de la Ley 4ª de 1992 y 1 a 5 del Decreto 10 de 1993, esa sentencia no era
constitutiva del derecho reclamado, sino declarativa, lo que impone entender que el
derecho que se persigue en torno a la incidencia del artículo 15 en la liquidación de
la bonificación por compensación surgió a partir de la vigencia de la norma que
otorgaba tal derecho. De manera que contrario a lo considerado por el tribunal en
primera instancia, este asunto debe ser analizado, como lo establece el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968, desde que la obligación se hizo exigible, esto fue desde
la expedición del Decreto 610 de 1998 y por supuesto, desde la fecha en que ocupó
el cargo que le otorgó el derecho a percibir esa bonificación que este creó. Valga
precisar entonces que en esta oportunidad no se discute la dualidad que generó la
expedición del Decreto 4040 de 2004 ni la diferencia en los porcentajes que por
concepto de bonificación se reconocieron, lo que impide también analizar el
fenómeno prescriptivo del derecho a partir de la declaratoria de nulidad del Decreto
4040 de 2004 [dispuesta en la sentencia del 14 de diciembre de 2011, que cobró
ejecutoria el 27 de enero de 2012].
83. Sin embargo, dicha prescripción no puede entenderse configurada sobre los
aportes a seguridad social en pensiones en atención a su carácter especial, razón
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por la que la entidad sí deberá pagar la diferencia entre lo pagado por cotizaciones
a pensión y lo que en realidad correspondía durante todo el tiempo en que el
demandante haya percibido la bonificación por compensación y no se haya pagado
en los términos previamente explicados.
2.8. Costas
84. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 171 del CCA que dispuso:
«Artículo 171. Modificado por el art. 55, Ley 446 de 1998. Condena en costas. En todos
los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la
conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso,
incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil».
85. Para la Sala, la norma enunciada no presupone la causación de costas per se
contra la parte que pierda el litigio sino que exige tener en cuenta la conducta
asumida por las partes.
86. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma48.
87. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
88. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.
3. Conclusión
89. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no operó el fenómeno
jurídico de la cosa juzgada, comoquiera que no se pretendía el reconocimiento de
las diferencias salariales por concepto de la bonificación por compensación según
lo establecido en el Decreto 610 de 1998, equivalente al 80% de lo que por todo
48En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Ramiro Pinzón Asela
concepto devengan los magistrados de altas cortes, sino que ese porcentaje tuviera
en consideración, además, todos los ingresos percibidos por los congresistas.
90. Además de lo anterior, el demandante sí tiene derecho a que la liquidación de su
bonificación por compensación sea establecida de acuerdo con todo lo percibido
por los magistrados de alta corte, que debe ser igual a lo devengado por los
congresistas de la República con inclusión del auxilio de cesantías. Finalmente se
configuró la prescripción trienal de los emolumentos causados antes del 1 de julio
de 2006, con excepción de la diferencia sobre los aportes a seguridad social en
pensión que deben pagarse por todo el tiempo en que el empleador haya realizado
aportes deficitarios.
91. En estas condiciones, se modificará la sentencia de primera instancia que
accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Ramiro Pinzón Asela
contra la DEAJ en tanto que no encontró acreditado el fenómeno prescriptivo del
derecho.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar los ordinales 1° y 3° de la sentencia del 29 de febrero de 2016
dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, Sala de Conjueces, los cuales
quedarán así:
Primero: Declarar no prósperas las excepciones de falta de objeto para demandar y
cobro de lo no debido. Y declarar la prescripción de los emolumentos causados antes
del 1 de julio de 2006, con excepción de la diferencia sobre los aportes a seguridad social
en pensión que deben pagarse por todo el tiempo en que el empleador haya realizado
aportes deficitarios.
Tercero: Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho, condenar a la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial a reconocer y pagar la diferencia salarial existente entre los
valores pagados por concepto de bonificación por compensación prevista en el Decreto
610 de 1998 y lo que en realidad corresponde, teniendo en cuenta que la liquidación
de la citada prestación debe atender a lo percibido por los magistrados de alta
corte que debe ser igual a lo que por todo concepto perciben los congresistas de
la República, con inclusión del auxilio de cesantías, a partir del 1 de julio de 2006,
por prescripción.
La demandada también deberá pagar los aportes deficitarios al sistema de seguridad
social en pensiones con ocasión de la reliquidación de la bonificación por compensación
en los términos ordenados por todo el tiempo en que Ramiro Pinzón Asela ha percibido
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Radicado: 68001-23-31-000-2010-00348-02 (4142-2016)
Demandante: Ramiro Pinzón Asela
la citada bonificación, sin prescripción sobre dichos aportes.
El cumplimiento de la presente condena debe sujetarse a no superar el tope establecido
por el gobierno nacional en el Decreto 610 de 1998, a que solo se reconocerá la
diferencia entre lo pagado y lo que en realidad correspondía, a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago por los mismos conceptos aquí ordenados y a
los términos dispuestos en los artículos 192 y 195 del CPACA.
Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia del 29 de febrero de 2016 dictada
por el Tribunal Administrativo de Santander, Sala de Conjueces, que accedió a las
pretensiones de la demanda presentada por Ramiro Pinzón Asela contra la nación,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por las razones expuestas en esta
decisión.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 173 del CCA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
LAVM/SLVA
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