Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-01309-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-01309-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2012-01309-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
27 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Veintisiete (27) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 25000-23-42-000-2012-01309-02 (6480-2019)
Demandante: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Bonificación por compensación (Decreto 610 de 1998)
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la
sentencia del Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil Diecinueve (2019), por la Sala
Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1
1.1. Pretensiones
1. El señor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, actuando por intermedio de apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener las
siguientes declaraciones:
a) Nulidad del Oficio DESAJ11-JR-3347 del Tres (3) de octubre de Dos Mil Once
(2011), a través de la cual, se le negó al demandante, el reajuste de la bonificación
por compensación, al cual tiene derecho desde el año 2001, equivalente al 80 %,
1
Expediente físico – folios 62 a 77.
2
Número Interno: 6480-2019
Demandante: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
Demandado: Nación – Rama Judicial
de lo que devengue un magistrado de alta corte, y el pago de las diferencias
salariales.
b) Nulidad de la Resolución 12836 del Catorce (14) de diciembre de Dos Mil Once
(2011), por medio de la cual, se resolvió el recurso de reposición interpuesto,
confirmando la decisión;
c) Nulidad de la Resolución 2761 del Nueve (9) de mayo de Dos Mil doce (2012),
suscrita por el director ejecutivo Nacional de Administración Judicial, que resolvió
el recurso de apelación, manteniendo incólume la decisión.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó ordenar a la entidad demandada: (i)
disponer el reajuste de su remuneración, equivalente al 80% de lo que por todo concepto
salarial perciba un magistrado de alta corte, diferencias adeudadas por concepto de
bonificación por compensación, desde el Primero (1) de octubre de Dos Mil Uno (2001) y
el Once (11) de marzo de Dos Mil Nueve (2009), debidamente indexadas y con los
intereses moratorios correspondientes. (ii) reliquidar los salarios y prestaciones sociales
pagadas al demandante, como magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
teniendo en cuenta el 10% que se reclama.
3. Adicionalmente, solicitó la condena en costas.
1.2 Los hechos en que se fundan las pretensiones, son los siguientes:
4. El señor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, ejerció el cargo de magistrado del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entre el Primero (1) de octubre de Dos Mil Uno
(2001) y el Once (11) de marzo de Dos Mil Nueve (2009).
5. En el año 2004, el demandante celebró una conciliación con la entidad demandada,
con base en el Decreto 4040 de 2004, en la cual, aceptó recibir salarios y prestaciones
sociales, con base en el porcentaje del 70 %, de lo que reciben los magistrados de altas
cortes.
6. El Cinco (5) de agosto de Dos Mil Once (2011), solicitó a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la reliquidación salarial y el reconocimiento y pago de la
diferencia derivada de la bonificación por compensación.
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Número Interno: 6480-2019
Demandante: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
Demandado: Nación – Rama Judicial
7. Mediante Oficio DESAJ11-JR-3347 del Tres (3) de octubre de Dos Mil Once (2011), la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, no accedió a la
solicitud.
8. Interpuestos los recursos de reposición y apelación, por Resolución 12836 del Catorce
(14) de diciembre de Dos Mil Once (2011), se resolvió la reposición, confirmando la
decisión y concediendo el recurso de apelación.
9. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con Resolución 2761 del Nueve (9)
de mayo de Dos Mil doce (2012), mantuvo la negativa.
1.3 Normas violadas y concepto de violación
10. El demandante sostiene que, los actos administrativos acusados vulneran las
siguientes disposiciones normativas:
• Los artículos 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 55, 58, 150 ordinal 19, literal e, 228, 277
(numerales 1 y 7) y 280 de la Constitución Política;
• Convenios 95, 100 y 111 de la OIT;
• Convención Americana sobre Derechos Humanos, capítulo III Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, artículo 26.
• La Ley 4ª de 1992, artículos 1, 2,15 y 16;
• Ley 22 de 1967;
• Ley 10 de 1987;
• Ley 1437 de 2011, artículos 137 y 138.
• Decreto 610 de 1998.
11. Aduce que, con la sentencia constitutiva, que declaró la nulidad del Decreto 4040
de 2004, el demandante tiene derecho, cierto e irrenunciable, a que se le aplicaran los
efectos del Decreto 610 de 1998, a partir de la vigencia de la norma.
12. Consideró comprometido el derecho fundamental a la igualdad, al recibir una
asignación salarial y prestacional, inferior a la percibida por algunos funcionarios de la
misma categoría.
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Número Interno: 6480-2019
Demandante: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
Demandado: Nación – Rama Judicial
13. Adicionalmente, señaló que, conforme a los artículos 14 y 15 de la Ley 4 de 1992,
se le debe reconocer y pagar el 80% de los ingresos anuales recibidos por los
magistrados de altas cortes, incluyendo todos los ingresos permanentes de los
congresistas, entre los que se incluyen las cesantías.
2. Contestación de la demanda2
14. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, contestó
la demanda, oponiéndose a las pretensiones.
15. Luego de hacer un recuento normativo y jurisprudencial frente a la bonificación por
compensación, adujo que, tanto la sentencia de nulidad del Decreto 4040 de 2004, como
la sentencia de Dieciocho (18) de mayo de Dos Mil Dieciséis (2016), producen efectos
hacia futuro, es decir, a partir de su ejecutoria, por lo que no se generan gastos al erario,
por situaciones hacia atrás.
16. Frente a la incidencia de la prima especial de servicios en la bonificación por
compensación, arguyó que, en la liquidación, solo se deben incluir los ingresos de
carácter permanente percibidos por los congresistas, entre los cuales, no están las
cesantías y por lo tanto no se puede efectuar la equivalencia a los magistrados de alta
corte, pues en este evento, su salario superaría el de un congresista, quebrantando la
restricción legal.
17. Finalmente manifestó que, la prescripción trienal se interrumpe con la solicitud
elevada ante la administración y que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, no
tiene facultad para interpretar las leyes e inaplicarlas, siendo competencias de los jueces.
18. Como excepciones propuso las de prescripción trienal e innominada.
3. La sentencia de primera instancia3
19. La Sala Transitoria, de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil Diecinueve
2
Expediente físico – folios 142 a 149.
3
Expediente físico, folios 220 a 227.
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Número Interno: 6480-2019
Demandante: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
Demandado: Nación – Rama Judicial
(2019), accedió a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, en los
siguientes términos:
« PRIMERO. - Estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en las
sentencias del 14 de diciembre de 2011 por medio de la cual se anuló el Decreto 4040 del
3 diciembre de 2004, y a la de unificación jurisprudencial proferida el día 18 de mayo de
2016 por la Sala de Conjueces, por las razones expuestas.
SEGUNDO DECLARAR no probada la excepción de prescripción propuesta por la entidad
demandada, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR la nulidad parcial de los actos administrativos contenidos en el
oficio No. DESAJ11-JR-3347 del 3 de octubre de 2011 y las Resoluciones No. 12839 del
14 de diciembre de 2011 y No. 2761 del 9 de mayo de 2012 proferidos por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial Bogotá-Cundinamarca, en cuanto se le negó al señor
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, el reconocimiento, liquidación y pago del porcentaje de
bonificación por compensación, conforme con lo expuesto en la parte motiva.
CUARTO CONDENAR a la RAMA JUDICIAL a RECONOCER y PAGAR en favor del señor
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas retroactivamente la diferencia existente entre lo
percibido y lo que debió percibir, por concepto de ingresos mensuales en aplicación a la
Bonificación por Compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998, es decir,
ordenándose pagar el 80% de lo que perciben los Magistrados de Altas Cortes, en lo
correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2001 al 11 de marzo de
2009 conforme con lo expuesto en la parte motiva.
QUINTO: No reconocer la reliquidación y el pago de las prestaciones sociales al actor por
concepto de factor salarial de la prima especial de servicios y la bonificación por
compensación, en concordancia con los considerandos de esta providencia.
Sin lugar a condena en costas conforme con lo expuesto en la parte motiva.
(…)» (sic)
20. La decisión del A-quo se sustentó en que, dada la calidad de magistrado del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, entre los años 2001 a 2009, el demandante, tiene
derecho a las diferencias salariales que se le adeudan por concepto de bonificación por
compensación, las cuales deben ser reconocidas y pagadas con carácter permanente,
en el 80% de lo devengado por los magistrados de altas cortes.
21. Enfatizó que, la entidad demandada no desconoce el derecho del señor Bastidas
Bárcenas, a la bonificación por compensación, sino que, la negativa se fundamenta en la
suscripción de un contrato de transacción, el cual, no fue aportado a la demanda. Sin
6
Número Interno: 6480-2019
Demandante: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
Demandado: Nación – Rama Judicial
embargo, concluyó que, de aceptarse su existencia, debe entenderse ineficaz, a la luz de
la prohibición de regresividad de los derechos sociales, entre ellos, los laborales.
22. Indicó que, comoquiera que al demandante se le pagaron los valores derivados de la
bonificación por gestión judicial, la condena corresponde a la diferencia entre lo pagado
y lo dejado de percibir, mientras ostentó el cargo de magistrado del Tribunal de
Cundinamarca.
23. Concluyó que, dado que el demandante radicó la petición solicitando el pago de la
diferencia de la bonificación por compensación, desde el Cinco (5) de agosto de Dos mil
Once (2011), no operó el fenómeno de caducidad, en virtud de la sentencia de Dieciocho
(18) de mayo de Dos Mil Dieciséis (2016).
24. Indicó que, dado que la bonificación por compensación, versa sobre el 80% de todo
lo devengado, por los magistrados de altas cortes, quienes a su vez, por mandato legal,
deben percibir todo lo que corresponda a los congresistas, lo cual incide en la prima
especial de servicios, dicha prestación deberá tenerse en cuenta para la liquidación de la
prestación demandada.
4. El recurso de apelación4
25. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial, apeló la decisión de primera instancia, insistiendo en que la nulidad de actos
administrativos de carácter general, produce efectos a futuro y no retroactivo, toda vez
que, no es de carácter particular.
26. También iteró, la correcta liquidación de la bonificación por compensación, con
respeto a las normas vigentes, aduciendo que, en su calidad de autoridad administrativa,
no tiene facultad para interpretar las leyes, ni inaplicarlas, potestad reservada a los
jueces.
5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021.
4
Expediente físico, folios 236 a 239.
7
Número Interno: 6480-2019
Demandante: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
Demandado: Nación – Rama Judicial
27. Con auto del Quince (15) de marzo de Dos Mil Veintidós (2022)5, se admitió el recurso
de apelación interpuesto por la entidad demandada. El Primero (1) de noviembre de Dos
Mil Veintidós (2022), corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.
28. La parte demandante insistió en los argumentos del escrito de demanda6, aduciendo
que, la Dirección ejecutiva de Administración Judicial, “confiesa” que, no ha pagado
correctamente la prima especial de servicios, a los magistrados de alta corte,
reconociendo los efectos vinculantes de la sentencia de 18 de mayo de 2016; lo que, en
su criterio, constituye una confesión que avala las pretensiones del accionante.
29. Adujo que, la diferencia dejada entre las cesantías de los congresistas y lo reconocido
a magistrados de alta corte, debe pagarse como prima especial de servicios, y a quienes
dependen de tales rubros, el porcentaje que les corresponde.
30. Consideró que, no existe sentencia constitutiva frente a la incidencia del artículo 15
de la Ley 4 de 1992, no operando la prescripción, pues dicha incidencia solo se vino a
reconocer, cuando la Rama Judicial aceptó los efectos vinculantes de la sentencia
referenciada.
31. La entidad demandada7, alegó de conclusión, haciendo alusión a la ausencia de
carácter salarial de la prima especial de servicios, contenida en el artículo 14 de la Ley 4
de 1992. También indicó, la operancia de la prescripción, frente al reconocimiento de la
aludida prestación.
32. El consejero sustanciador avocó el conocimiento del presente asunto, el Dieciséis
(16) de enero de Dos Mil Veintiséis (2026).
6. Concepto del Ministerio público
33. En esta etapa procesal, el Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
5
Expediente físico, folio 281.
6
Aplicativo Samai, índice 53.
7
Aplicativo Samai, índice 51.
8
Número Interno: 6480-2019
Demandante: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
Demandado: Nación – Rama Judicial
34. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso,
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según
el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)8, el Juez de segunda instancia
debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.
2.2. Problema jurídico
35. Corresponde a la Sala establecer, si revoca la sentencia delTreinta y Uno (31) de
mayo de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala Transitoria de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones
de la demanda, debiendo estudiarse lo siguiente:
i) Si la demandada puede omitir el pago de la diferencia de la bonificación por
compensación, sobre el porcentaje ordenado en el Decreto 610 de 1998,
porque fue liquidada de conformidad con los lineamientos del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y los decretos expedidos por el Gobierno nacional,
careciendo la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de competencia
para interpretar las leyes e inaplicarlas; además que la sentencia que anuló el
Decreto 4040 de 2004, tiene efectos a futuro.
36. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial; 2.4. material probatorio. 2.5. Caso
concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial – bonificación por compensación
37. El 26 de marzo de 1998, en uso de la facultad otorgada por la Ley 4 de 1992, el
Gobierno nacional expidió el Decreto 610 de 19989, a través del cual, se creó la
8
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá
hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.”
9
Publicado en el Diario Oficial No 43.268, de marzo 30 de 1998, momento a partir del cual empezó a regir.
9
Número Interno: 6480-2019
Demandante: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
Demandado: Nación – Rama Judicial
bonificación por compensación a favor de los magistrados de los Tribunales Superiores
de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los
magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el
Consejo Superior de la Judicatura; a los abogados auxiliares del Consejo de Estado; a
los fiscales y jefes de unidad ante el Tribunal Nacional; a los fiscales del Tribunal Superior
Militar, los fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante
Tribunal de Distrito10.
38. La norma estableció que, la citada bonificación se debía pagar de forma permanente
y mensualmente a partir del 1 de enero de 1999, la cual, tendría carácter salarial solo
para efectos pensionales, en los mismos términos de la prima especial de servicios de
los magistrados de las altas cortes. Adicionalmente, se estableció que aquella, sumada
a la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales, debía
corresponder, para el año 1999, al sesenta por ciento (60%) de los ingresos laborales
que por todo concepto perciben los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo
de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura; sin embargo, se
precisó que el citado porcentaje tendría un incremento gradual, así para el año 2000
correspondería al setenta por ciento (70%), y para el año 2001 y sucesivos sería del
ochenta por ciento (80%).
39. El citado Decreto 610 de 1998, fue derogado por medio del Decreto 2668 de 1998,
generando ello que, anualmente se dictaran una serie de decretos que regularon la
bonificación por compensación de los magistrados de tribunales y otros funcionarios,
entre ellos, los decretos 664 del 13 de abril de 1999, derogado por el Decreto 2738 del
27 de diciembre de 2000, derogado por el Decreto 1476 del 19 de julio de 2001, este a
su vez derogado por el Decreto 2726 del 17 de diciembre de 2001, este derogado por el
Decreto 663 del 10 de abril de 2002, este derogado por el Decreto 3570 del 11 de
diciembre de 2003, este a su vez derogado por el Decreto 4040 de 2004.
40. El Decreto 2668 de 1998 fue demandado en acción de nulidad ante el Consejo de
Estado, y declarado nulo mediante sentencia proferida por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001, expediente Nº
10
Posteriormente, mediante el Decreto 1239 de 1998 fueron también beneficiarios de la citada bonificación los secretarios Generales
de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
10
Número Interno: 6480-2019
Demandante: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
Demandado: Nación – Rama Judicial
395-99, con efectos “ex tunc”. Ante ello, el Decreto 610 de 1998 recobró su vigencia y
debe entenderse que las normas posteriores al acto anulado perdieron su fuerza
ejecutoria y son inaplicables, entre ellas el Decreto 664 de 1999 y los que se expidieron
con posterioridad y que regularon la bonificación por compensación de los magistrados
de tribunales, partiendo de la base que el Decreto 610 de 1998 había desaparecido del
orden jurídico.
41. Luego, el Gobierno nacional expidió el Decreto 4040 de 2004, que creó la bonificación
de gestión judicial, a favor de los mismos funcionarios que eran beneficiarios de la
bonificación por compensación; indicando que la bonificación creada, sumada a la
asignación básica y demás ingresos laborales, no podía superar el setenta por ciento
(70%) de lo que por todo concepto devenguen los magistrados de las altas cortes;
precisando que, aquella sería incompatible con la bonificación por compensación;
además, se adujo que los citados funcionarios podían cobijarse por la bonificación de
gestión judicial, siempre y cuando cumplieran con alguna de las siguientes situaciones:
a). Quienes han iniciado acciones judiciales relacionadas con la Bonificación por
Compensación y desistan de sus pretensiones, renunciando expresamente a la
posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los términos del artículo 342 del
Código de Procedimiento Civil;
b). Los que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de
transacción para precaver litigios futuros relacionados con la Bonificación por
Compensación.
42. Precisando que, antes del 31 de diciembre de 2004, se debía manifestar por escrito
dicha intención, ante la entidad empleadora.
43. El Decreto 4040 de 2004 fue declarado nulo por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, mediante sentencia expedida por la Sala de Conjueces el 14 de diciembre de
2011, expediente No. 11001-03-25-000-2005-00244-01, ejecutoriada el 27 de enero de
2012. En esa providencia, la Sala de conjueces precisó que, para una misma categoría
de servidores judiciales, con idénticas funciones, horarios, responsabilidades y requisitos,
coexistían dos regímenes vigentes, el Decreto 610 de 1998 que fijaba la asignación
mensual en el 80% de lo devengado por los magistrados de altas cortes, mientras que el
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Número Interno: 6480-2019
Demandante: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
Demandado: Nación – Rama Judicial
Decreto 4040 de 2004 la establecía en el 70%, con lo cual se materializó un trato
diferenciado injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones. En este orden de
ideas, se estableció que, el Decreto 4040 de 2004 violó los derechos al trabajo, a la
igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles.
44. Entonces, en virtud del Decreto 4040 de 2004, y durante el tiempo en que estuvo
aquel vigente, para esos funcionarios hubo una duplicidad de normas, las cuales,
otorgaban el derecho al pago de una bonificación. Ello generó diversas acciones
judiciales por parte de los beneficiarios de la citada prestación; así como, dificultades a
la hora de determinar la prescripción de los derechos laborales, que en virtud del Decreto
610 de 1998 surgían para sus beneficiarios.
45. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia
del 18 de mayo de 201611 concluyó que, ante la coexistencia de dos regímenes salariales
diferentes, no era posible dar plena aplicación a las disposiciones del Decreto 3135 de
1968 en materia de prescripción; precisando que, la exigibilidad del derecho otorgado por
el Decreto 610 de 1998, surgió a partir de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto
4040 de 2004, es decir, a partir del 28 de enero de 2012 -día siguiente a la ejecutoria del
referido fallo-.
46. Luego, la misma corporación, a través de decisión proferida por la Sala de
Conjueces, el 2 de septiembre de 201912, precisó otra regla de prescripción, esta vez
para los casos de las reclamaciones de la bonificación por compensación, causadas con
anterioridad a la vigencia del Decreto 4040 de 2004; dicha providencia, fue aclarada
mediante auto del Siete (07) de octubre de Dos Mil Diecinueve (2019), en el cual se indicó
que, la prescripción de las acreencias derivadas de dicha bonificación, opera respecto
del período comprendido entre el Cinco (5) de octubre de Dos Mil Uno (2001) —fecha en
la que cobró ejecutoria la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998— y
el Dos (2) de diciembre de Dos Mil Cuatro (2004), lapso durante el cual, no existió
dualidad normativa.
47. En consecuencia, para las acreencias causadas en ese período, resulta aplicable la
prescripción trienal prevista en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, expediente
250002325000201000246-02, C.P. JORGE IVAN ACUÑA ARRIETA
12
Número Interno: 6480-2019
Demandante: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
Demandado: Nación – Rama Judicial
Decreto 1848 de 1969, salvo que el interesado demuestre que antes del tres (3) de
diciembre de dos mil cuatro (2004), interrumpió oportunamente el término prescriptivo,
mediante reclamación administrativa o judicial, caso en el cual, la prescripción se retrotrae
a la fecha de dicha interrupción.
48. Finalmente, tras la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el Gobierno
nacional expidió el Decreto 1102 de 2012 “Por la cual se modifica la bonificación por
compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios”, norma que, en su
artículo 1 dispuso:
«ARTÍCULO 1°. A partir del 27 de enero de 2012, la Bonificación por Compensación que
vienen percibiendo con carácter permanente los Magistrados de Tribunal, Magistrados de
Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Magistrados
Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de
Estado, Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte
Suprema de Justicia, Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial,
Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte
Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios
vinculados a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de
manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los Magistrados del Tribunal,
antes señalados, equivaldrá a un valor que sumado a la asignación básica y demás ingresos
laborales iguale al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Consejo de Estado, Corte
Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.
La Bonificación por Compensación, pagadera mensualmente, sólo constituye factor salarial
para efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema
General de Seguridad Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003.»
49. Con fundamento en los derroteros trazados por la jurisprudencia del Consejo de
Estado, se procede a decidir el presente asunto.
2.4. Material probatorio
50. En el plenario reposan los siguientes medios de convicción:
• Petición del Cinco (5) de agosto de Dos Mil Once (2011)12, mediante la cual, el
demandante solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la reliquidación
salarial y el reconocimiento y pago de la diferencia derivada de la bonificación por
compensación.
12
Expediente físico, folio 2.
13
Número Interno: 6480-2019
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• Oficio DESAJ11-JR-3347 del Tres (3) de octubre de Dos Mil Once (2011) 13, mediante
el cual, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, no accedió
a la solicitud.
• Recurso de reposición y en subsidio apelación14, frente al Oficio DESAJ11-JR-3347 del
Tres (3) de octubre de Dos Mil Once (2011).
• Resolución 12836 del Catorce (14) de diciembre de Dos Mil Once (2011)15, se resolvió
la reposición, confirmando la decisión y concediendo el recurso de apelación.
• Resolución 2761 del Nueve (9) de mayo de Dos Mil doce (2012) 16, por medio de la cual,
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, resolvió la apelación.
• Copia de la constancia de ingresos de magistrados, entre el año 2001 a 2010, expedida
por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial17.
• Certificado de salarios No. DESAJBOCER17-6704 de Nueve (9) de octubre de Dos Mil
Diecisiete (2017) 18.
• Contrato de transacción celebrado entre el demandante y la Dirección ejecutiva de
Administración Judicial19.
2.5 Caso concreto
51. En el presente asunto, el señor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, pretende la
declaratoria de nulidad, de los actos administrativos por medio de los cuales, la Nación,
Rama Judicial, dirección Ejecutiva de Administración Judicial, le negó el reconocimiento
13
Expediente físico, folios 3 y 4.
14
Expediente físico, folios 5 y 6.
15
Expediente físico, folio 7.
16
Expediente físico, folios 9 a 11.
17
Expediente físico, folios 37 a 39.
18
Expediente físico, folios 179 a 193.
19
Aplicativo Samai – índice 00063, incorporado en segunda instancia, en virtud del auto de mejor proveer de Seis (6) de febrero
de Dos Mil Veinticuatro – índice 00055.
14
Número Interno: 6480-2019
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y pago de la diferencia por concepto de bonificación por compensación, en su calidad de
magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entre los años 2001 y 200920.
52. La Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil Diecinueve
(2019), accedió a las pretensiones de la demanda, por considerar que, al demandante le
era aplicable, en materia de bonificación por compensación, el Decreto 610 de 1998.
53. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, apeló la decisión de instancia,
aduciendo la correcta aplicación de régimen jurídico vigente y que la anulación del
Decreto 4040 de 2004, rige hacia el futuro.
54. La Sala no encuentra vocación de prosperidad en los argumentos aducidos por la
entidad demandada en su escrito de apelación, porque, aunque si bien es cierto, la
entidad no tiene facultades para interpretar, ni inaplicar normas, tampoco es menos cierto
que, le correspondía garantizar la aplicación del régimen más favorable al demandante,
tal como lo imponen los principios del derecho laboral y el bloque de constitucionalidad,
criterio a partir del cual, no prospera el recurso de alzada.
55. Frente al reproche de la apelante, según el cual, la declaratoria de nulidad del decreto
4040 de 2004, solo rige hacia futuro, la Sala debe señalar que, en efecto, tal como lo
aduce la recurrente, los efectos de un acto administrativo general, son primordialmente
hacia futuro, es decir ex nunc, de acuerdo con el criterio adoptado por esta Corporación
en sus distintas salas de decisión.
56. Sobre el particular, la Sala se permite referenciar la sentencia de Trece (13) de agosto
de dos Mil Veintiuno (2021), proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de
esta Corporación, en la cual se ilustró lo siguiente:
«( 43. ) 4. 4. 1 Ef ect os «ex nunc» y «ex t unc» en l a sent enci a que decl ara
l a nul i dad de un act o admi ni st rat i vo general
44. Respect o de l as sent encias que declar an la nu lid ad de un act o
adm inist r at ivo de car áct er gener al, dem andado a t r avés del m edio de
cont r ol pr evist o en el ar t í culo 137 del Código Pr ocedim ie nt o Adm inist r at ivo
20
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 00005. –
22Incorporaexped_expediente_01ExpedienteGeneralp(.pdf) NroActua 5 – pag. 230 – 238
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y de lo Cont enc ios o Adm inist r at ivo ( C PACA) , el ar t í culo 189 ib idem no
señala n ingún ef ect o en el t iem po que deba dár sele a esa decisi ón; t em a
que ha sido abor da do por la j ur ispr udencia de est a Cor por ación, a par t ir
de las dif er enc ias que exist en ent r e decl ar aci ón de nuli dad y de
inexequ ib il idad 21.
45. Concr et am ent e, la declar aci ón de nulid ad conll eva una consecuenci a
r est it ut or ia, com o lo señala el ar t í culo 1 746 del Cód igo C ivi l :
La nul idad pr onu nci ada en sent enc ia qu e t iene l a f uer za de cosa j uzgada,
da a las par t es der echo par a ser r est ituidas al m ism o est a do en que se
hall ar í an si no hubie se exist ido el act o o cont r at o nulo; sin per j uicio de lo
pr evenido sobr e el o bj et o o causa ilí cit a.
46. Est a consecue ncia r esar cit or ia i m plica, en m at er ia cont enciosa
adm inist r at iva, que los ef ect os de los f allos que dec lar an la nulidad sean
hací a el pasado, esto es ex t unc 22, ya que no bast a que el acto ilegal sea
r et ir ado del or dena m ient o j ur í dico a par t ir de la decisión j u dicia l, sino que
es necesar io que las sit uaciones p ar t icul ar es que sur gier on e n su vigenc ia
queden com o est aban ab in it io , ya que no de ot r a maner a podr í an
r est it uir se las cosas a su est ado ant er ior .
47. Sin em bar go, est os ef ect os ex tunc solo pueden pr edicar se de
sit uaciones j ur í dicas par t icular es que n o est án consol idadas , es decir , de
aquel las que s ur gier on en vir t ud de l act o declar ado nulo, pe r o que aún no
se han def in ido, por que se encue nt r an cuest ionadas e n sede adm inist r at iva
o j udicial.
48. No ocurr e lo m ism o r espect o de las sit uaciones conso lida das que ya no
son suscept i bl es de ser di scut i das en ví a admi ni st rat i va y/ o j udi ci al,
por cuant o los f allos de nulidad no las pueden af ect ar , por que sus ef ect os
son ex nunc 23.
49. Respect o de lo ant er ior , la Sala Especia l de Dec is i ón No. 4, en
sent encia de 4 de di ciem br e de 2018 24, punt ualizó:
En esas condicione s, se consider a que la unif icación m ás adecuada, de
car a a lo expuest o, es indicar que am bas t esis son com plement ar ias, com o
lo ha esbozado la Sección Cu ar t a desde la sigu ient e con sider ació n: " El
f allo de nu l idad de un act o de car áct er gener al no af ect a sit uacion es
consol idadas, est o quier e dec ir , que sus ef ect os ex nunc, per o sí af ect a
las no conso li dadas, lo que si gnif ica que en est e caso sus ef ect os son ex
t unc, por ello la sen t encia de nu li d ad en r elación c on est os últ im os act os
pr oduc e ef ect os r et roact ivos" .
21 De interés resulta el auto de 10 de mayo de 1974, en el que la Sección Primera de esta Corporación explica que, la primera figura,
«parte del supuesto de que la norma viciada no ha tenido existencia jamás, por lo cual todo debe ser retrotraído al estado anterior a
su vigencia» y, la segunda, «no desconoce la realidad de la vigencia anterior de la norma inexequible», lo que conlleva a que no se
desconozcan las situaciones jurídicas constituidas.
22 «desde el origen» o «desde siempre».
23 «en adelante» o «desde ahora»
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia de 4 de diciembre de 2018, expediente 66001-33-
31-002-2007-00107-01, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez.
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El alca nce de dich o pr edicado j ur ispr ude ncial no es ot r o que los ef ect os de
un f allo de nu lida d del act o ge ner al son ex nunc , r es pect o de las
sit uaciones j ur í dica s consolidadas deb i do a su connot ación de cert eza,
f ir m eza y de im posibil idad de ser discut idas. En cont r ast e, las sit uaciones
j ur í dicas no consolidadas, est o es, aquell as que se debat en ant e las
aut or idades adm in is t r a t ivas o ant e la au t or idad j ur isdicc iona l, que son sub
júdic e y, por ende, pasib les de ser j ud i cial izadas, deb at ida s, analiza das y
decid idas, el ef ect o de la nulidad es inm ediat o, lo que quier e decir que
par a el m om ent o en que se def ine la situación par t icul ar debe t ener se en
cuent a que el j uez ya no puede ap lic ar la nor m a o el act o adm inist r at ivo
anulado d ada su in exist encia der ivada d e la dec lar at or ia d e nuli dad con
ef ect os ab init io .
50. Est a decisión t am bién indicó que los act os adm inist r at ivos par t icular es
der ivados, subsist e n por sí m ism os con t odos sus at r ibut os 25 sin que se
vean af ect ados por la decisi ón de anul ación del act o gener al en que se
f undam ent ar on, pues no exist e la f igur a de la « nul idad co nse cuencia l o por
consecuenci a » o « nulid ad ex of f icio ». En ot r as palabr as, la anulac ión del
act o gener al no conllev a la nul idad de los act os par t icular es der ivados,
pues es indispe nsa ble que sean cuest i onados en sede adm inist r at iva y
j udicia l.
Por ot r a par t e, concebir los ef ect os del act o adm in ist r at i vo gener al e n
f or m a independient e al act o m ism o, per mit e dar una explicaci ón pr agm át ica
del hecho de que l os act os adm inist r at ivos par t icular es e xpedidos con
f undam ent o en ese act o adm inist r at ivo ge ner al anul ado ( act os der ivados)
o subsist en por sí mism os con t odos sus at r ibut os - validez, pr esunción de
lega lida d, pr esunció n de buen ser vicio - sin que se vean af ect ados por la
anulac ión de l act o en que se sust ent ar on, pues no exist e l a f igur a de l a
nuli dad consecuenc i al o por consecuencia o nulidad ex of icio . Por t al r azón,
con buen cr it er i o s e ha dic ho que la anulac ión de l act o de nat ur aleza
gener al no co nl lev a per se la nu lid ad de los act os a dm inist r at ivos
par t icular es o concr et os expedidos con base en ese act o gener al anul ado,
pues es indispensa ble que sean dem andados en sus pr opias acciones
j ur isdiccion ales si la pr et ensión del int er esado es que t am bién
desapar ezcan del or den j ur í dico.
Lo innegab le e ind is cut ible es que el act o declar ado nulo, se a est e gener al
o par t icular , pr incip al o der ivado, desapar ece com o t al del or denam ient o y
cesa en sus ef ect os a f ut ur o - ex nunc - por que padece la sa nción m áxim a
de la inex ist encia d esde el m om ent o d e su anul ación j udi cial, en t ant o
pier de su val idez y su vigenci a, salvo ex cepciona lm ent e, si se est á baj o la
r ecient e f igur a de la m odulación de los ef ect os de la decisión j udicial. As í
25 Entiéndase como atributos los de: validez, presunción de legalidad, publicidad, ejecutividad, ejecutoriedad, obligatoriedad y
estabilidad. Ver: C-1436 de 2000, T-475 de 1992; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Bogotá, D.C., 15 de diciembre de 2017. Radicación número: 25000-23-24-000-2009-00152-01
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que los ef ect os ha cia el por venir no t ienen m ayor disyu nt iva par a l a
j ur ispr udencia.
51. Así las cosas, la declar aci ón de nulid ad de un act o adm inist r at ivo
gener al no nec esar i am ent e af ect a las decisio nes par t icul ar es o der ivadas,
por cuant o ello pe n de de si est án o n o consol idadas y, m ucho m enos,
conll eva su inva lida ción aut om át ica, consec uencia l o ex of i cio. »
57. De acuerdo con el criterio jurisprudencial expuesto, es absolutamente claro para la
Sala que, los efectos ex nunc alegados por la parte demandada, respecto del acto
administrativo de carácter general, parte de la verificación sobre la existencia o no, de
situaciones jurídicas consolidas, pues solo frente a estas, es posible predicar dichos
efectos.
58. En el caso concreto, cobra relevancia la sentencia del Dieciocho (18) de mayo de
Dos Mil Dieciséis (2016)26, mediante la cual, la Sala de Conjueces del Consejo de Estado,
interpretó la exigibilidad del derecho en este asunto, dilucidando lo siguiente:
«retomando las normas citadas en el párrafo anterior en relación con la prescripción de los
derechos laborales, se debe partir del presupuesto de que el derecho sobre el cual se
solicita el reconocimiento administrativo y/o judicial debe encontrarse en su momento de
exigibilidad, para que a partir de allí, se empiece a contabilizar el término de su prescripción.
Es decir, el prerrequisito de la aplicación de la prescripción del derecho, es que éste se
encuentre en el estado jurídico de la exigibilidad.
El asunto que se debate en torno a la aplicación de la prescripción trienal, es que ante la
coexistencia de dos regímenes salariales diferentes, no es posible hablar de exigibilidad del
derecho a reclamar, debido a que para los beneficiarios de los derechos existía la disyuntiva
del Decreto 610 de 1998, que reconoce la Bonificación por Compensación Judicial y el
régimen salarial del Decreto 4040 de 2004, que reconocía la Bonificación por Gestión
Judicial. Es decir, no se podía establecer con exactitud cuál de los regímenes era el
aplicable, ante lo cual resultaba imposible referirse a la exigibilidad del derecho.
En este sentido solo puede hablarse de exigibilidad de la Bonificación por Compensación,
a partir de la fecha de ejecutoria del fallo que declaró la nulidad del Decreto 40403 , es decir
el 28 de enero de 2012. »
59. Con base en la regla jurisprudencial en cita, dado que, el Decreto 4040 de 2004,
coexistió con el Decreto 610 de 1998, al introducir el primero, un trato desigual e
injustificado, fueron dispuestos sus efectos de manera retroactiva, lo que equivale a
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, expediente
250002325000201000246-02, C.P. JORGE IVAN ACUÑA ARRIETA
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entender que, no existieron en dicho interregno, situaciones jurídicas consolidadas, lo
cual imponía la orden judicial, en los precisos términos adoptados por el sentenciador de
primer grado; razón por la cual, tampoco prospera la alzada.
60. Aunque las razones que anteceden serían suficientes para confirmar la decisión de
primera instancia, la Sala encuentra que, en la sentencia de primera instancia, el tribunal
pasó por alto que, con anterioridad al dos (2) de diciembre de Dos Mil Cuatro, no existió
dualidad normativa que permitiera exceptuar del fenómeno prescriptivo el servicio
prestado por el demandante, entre esta data y el Primero (1) de octubre de Dos Mil Uno
(2001), por lo tanto, tal como lo dilucidó la sentencia del 2 de septiembre de 201912, frente
a este interregno debe declararse estructurada la prescripción, en virtud de la potestad
contenida en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, el cual, consagra:
«En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que
el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y
decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in
pejus.»
61. En este punto, aunque la parte demandante no recurrió la decisión de instancia, es
necesario poner de presente que, en la presente litis, la pretensión principal, no estaba
encaminada a la diferencia generada en la ausencia de inclusión de las cesantías, como
ingreso de carácter permanente, para liquidar la prima especial de servicios regulada en el
artículo 15 de la Ley 4 de 1993, que tiene incidencia en la bonificación por compensación,
sino, en la diferencia del 10 %, generada a partir de la dualidad entre los Decretos 4040 de
2004 y 610 de 1998.
62. Para la Sala, esta claridad resulta importante, ante el planteamiento expuesto en los
alegatos de conclusión de segunda instancia por el extremo procesal activo, según el cual,
al no existir una sentencia constitutiva, no corría término de prescripción.
63. Sin embargo, aunque se insiste, no fue dicha incidencia la pretensión principal, lo cierto
es que, de acuerdo con el criterio de esta Sala, en estos casos, los tres años del término
prescriptivo, deben contarse a partir de la solicitud por el interesado27, lo que supondría que,
de aplicarse la prescripción en los términos aducidos por la parte demandante, tendrían que
contarse los tres años con anterioridad a la petición del Cinco (5) de agosto de Dos Mil
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del Doce (12) de marzo de dos Mil Veintiséis (2026), expediente
68001-23-31-000-2010-00348-02 (4142-2016), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
19
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Once (2011), dado que, esta pretensión no está contenida en la regla dispuesta en la
sentencia de Dieciocho (18) de mayo de Dos Mil Dieciséis (2016).
64. Sin perjuicio de lo anterior, no obstante la prescripción que será declarada en los
términos anunciados, se exceptuarán los aportes pensionales, por su característica de ser
derechos irrenunciables e imprescriptibles; por lo tanto, dado que, la bonificación por
compensación es base para su liquidación, se mantendrá el pago dispuesto por la primera
instancia, para lo cual, se modificará el numeral segundo de la sentencia de primera
instancia que declaró no configurada la prescripción, para en su lugar declararla entre el
primero (1) de octubre de Dos Mil Uno (2001) y el Dos (2) de diciembre de Dos Mil Cuatro (2004),
excepto frente a los aportes al Sistema General de Pensiones. Asimismo, se modificará el
ordinal cuarto de la sentencia, para establecer como fecha de inicio del pago de la
diferencia, a partir del Tres (3) de diciembre de Dos Mil Cuatro (2004).
2.6. Condena en costas
65. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, razón por
la cual, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR los ordinales segundo y cuarto de la sentencia proferida el
Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil Diecinueve (2019), por la Sala Transitoria de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los cuales quedarán así:
«SEGUNDO.- DECLARAR probada la excepción de prescripción propuesta por la entidad
demandada, entre el primero (1) de octubre de Dos Mil Uno (2001) y el Dos (2) de diciembre
de Dos Mil Cuatro (2004), excepto frente a los aportes al Sistema General
de Pensiones, respecto de los cuales, se ORDENA a la Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial efectuar el pago, sobre la diferencia existente entre lo
percibido y lo que debió devengar por concepto de bonificación por compensación, en dicho
periodo.
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Demandante: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
Demandado: Nación – Rama Judicial
CUARTO.- CONDENAR a la RAMA JUDICIAL a RECONOCER y PAGAR en favor del señor
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas retroactivamente la diferencia existente entre lo
percibido y lo que debió percibir, por concepto de ingresos mensuales en aplicación a la
Bonificación por Compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998, es decir,
ordenándose pagar el 80% de lo que perciben los Magistrados de Altas Cortes, en lo
correspondiente al periodo comprendido entre el Tres (3) de diciembre de Dos Mil Cuatro
(2004) al Once (11) de marzo de Dos Mil Nueve (2009), conforme con lo expuesto en la
parte motiva.»
SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia del el Treinta y Uno (31) de
mayo de Dos Mil Diecinueve (2019), por la Sala Transitoria de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva.
TERCERO.- Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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