República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-25-000-2012-01241-03
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-25-000-2012-01241-03 (2912-2025)
Demandante: Sofía Hernández Ochoa
Demandada: Nación, Fiscalía General de la Nación
Tema: bonificación por compensación establecida en el Decreto 610 de 1998.
Subtema 1: carácter irrenunciable e imprescriptible de los aportes a seguridad social
en pensión. Subtema 2: congruencia – fallo ultra petita.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia
proferida el 27 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Sala Transitoria, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Síntesis del caso
La accionante, en calidad de fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Distrito,
solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial prevista en el Decreto 610 de 1998,
a efectos de igualar el 80 % de lo devengado por un magistrado de alta corte, teniendo
en cuenta que los ingresos anuales de este deben coincidir con los ingresos totales
anuales de un congresista, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en cuanto declaró
la prescripción extintiva de las acreencias laborales causadas con anterioridad al 21
de marzo de 2009, teniéndolas en cuenta solo para efectos de la reliquidación de la
pensión de jubilación o aportes para el Sistema de Seguridad Social en Pensiones, por
ser un derecho irrenunciable e imprescriptible y constituir factor salarial desde el 31 de
diciembre de 2001 hasta el 6 de noviembre de 2004, es decir, durante el tiempo en
que la demandante se desempeñó como fiscal delegada.
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Radicación: 25000-23-25-000-2012-01241-03 (2912-2025)
Demandante: Sofía Hernández Ochoa
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
La Subsección confirmará la sentencia de primera instancia, toda vez que la
accionante en su condición de beneficiaria de la bonificación por compensación,
también tiene derecho a los aportes a pensión por concepto de esta, dado el carácter
irrenunciable e imprescriptible de estos.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora Sofía Hernández Ochoa, mediante apoderado judicial, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación, Fiscalía General de la Nación —en adelante FGN—, el 31 de mayo
de 20121, con las siguientes pretensiones:
2. Que se declare la nulidad del acto administrativo 20123100019281 del 30 de
marzo de 2012, mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago de la bonificación
por compensación de que trata el Decreto 610 de 1998.
3. A título de restablecimiento del derecho, la parte accionante solicitó que se
ordene reconocer las diferencias salariales que resulten de aplicar el Decreto 610 de
1998 a efectos de igualar el 80 % de lo devengado por un magistrado de alta corte,
teniendo en cuenta que los ingresos anuales de este deben coincidir con los ingresos
totales anuales de un congresista, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
Ello, en su condición de exfiscal delegada ante el Tribunal Superior de Distrito, desde
el 31 de diciembre de 2001 hasta el 6 de noviembre de 2004.
4. Pidió que las sumas adeudadas se reconozcan de manera indexada y con los
respectivos intereses moratorios; y que se condene en costas a la parte demandada.
2.1.1. Hechos
5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
6. La señora Sofía Hernández Ochoa prestó sus servicios a la Fiscalía General de
la Nación, en el cargo de fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Distrito, entre el
31 de diciembre de 2001 y el 6 de noviembre de 2004.
7. Según la demandante, la administración le venía pagando el equivalente al 70
% de lo que por todo concepto devengaran los magistrados de alta corte, de
conformidad con el artículo 2 del Decreto 4040 de 2004, pero como fue anulado
mediante la sentencia del 14 de diciembre de 20112, cobró vigencia el Decreto 610 de
1998 y, por tanto, volvió a ser aplicable a su situación laboral.
1 Cuaderno principal, pp 10 a 18.
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora.
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8. En consecuencia, la accionante solicitó a la administración el pago de las
diferencias por concepto de la bonificación por compensación prevista en el Decreto
610 de 1998, equivalente al 80 % de los ingresos que por todo concepto perciben los
magistrados de altas cortes. Lo anterior, teniendo en cuenta para su liquidación el
reconocimiento y pago de todos los ingresos laborales anuales de carácter
permanente devengados por los congresistas (artículo 15 de la Ley 4 de 1992). Sin
embargo, esta petición fue negada a través del acto demandado.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
9. En la demanda se citan las siguientes normas como vulneradas:
• Constitución Política.
• Ley 4 de 1992
• Decreto 610 de 1998.
10. La parte demandante transcribió apartes de la normativa y citó jurisprudencia
de esta corporación relacionadas con la bonificación por compensación y la
bonificación por gestión judicial, para concluir que en su caso la entidad accionada se
apartó del ordenamiento jurídico e hizo una interpretación errónea sobre la posición
del Consejo de Estado, que ha definido que en casos como el suyo se tiene el derecho
al reconocimiento y pago de las diferencias salariales que resulten de la aplicación del
Decreto 610 de 1998.
2.2. Contestación de la demanda
11. La entidad accionada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones
de ausencia de causa petendi, cobro de lo no debido, prescripción trienal y excepción
innominada3.
12. Señaló que el Decreto 4040 de 2004 fue expedido el 3 de diciembre de 2004, es
decir, cuando la demandante ya había dejado de laborar para la entidad demandada,
por lo que no era cierto que a la señora Sofía Hernández Ochoa se le estuviera
pagando el equivalente al 70 % de lo que por todo concepto devengaran los
magistrados de alta corte, de conformidad con el artículo 2 ibidem.
13. En consonancia con lo anterior, manifestó que ante la imposibilidad de poderle
aplicar a la demandante la normativa del Decreto 4040 de 2004, cualquier reclamación
frente a la manera en la que se liquidaron sus salarios y prestaciones sociales carece
de asidero.
14. Destacó que, en todo caso, se ha configurado la prescripción trienal con
anterioridad, comoquiera que la demandante prestó sus servicios a la entidad hasta el
3 Cuaderno principal, pp 130 a 131.
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6 de noviembre de 2004 y no existe prueba de que se haya presentado reclamación
administrativa antes de esa fecha.
15. Indicó que el acto demandado no estaba sujeto a control judicial en la medida en
que no creó, modificó o extinguió una situación jurídica particular y concreta, pues
simplemente, a través de este, se le brindó información a la peticionaria acerca de la
situación financiera de la entidad y la consecución de los recursos ante el Ministerio
de Hacienda.
2.3. Sentencia de primera instancia
16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
mediante sentencia del 27 de junio de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda y no condenó en costas. Ordenó lo siguiente4:
PRIMERO. Estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala
de Conjueces, en las sentencias proferidas el 14 de diciembre de 2011, Rad. No.
1101-03-25-000-2005-00244-01, por medio de la cual se anuló el Decreto 4040 del 3
de diciembre de 2004, C.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora; a la unificación
jurisprudencial de 18 de mayo de 2016, Rad. 25000-23-25-000-2010-00146-02. Rad.
Interno 0845-2015. C.P. Jorge Iván Acuña Arrieta; y la SUJ-016-CE-52-2019 de
unificación jurisprudencial del 2 de septiembre de 2019, Rad. 41001-23-33-000-2016-
00041-02 (2204-2018). C.P. Carmen Anaya de Castellanos, por las razones expuestas.
SEGUNDO. Declarar la excepción de prescripción extintiva de las acreencias
laborales pedidas por el reajuste salarial, causadas con anterioridad del 21 de marzo
de 2009, teniéndose en cuenta estas solo para la reliquidación de la pensión [de]
jubilación o aportes para el sistema de seguridad social en pensiones por ser un
derecho irrenunciable e imprescriptible y constituir un factor salarial para estos
efectos desde el 31 de diciembre de 2001 hasta el 6 de noviembre del 2004, fecha
de su retiro de la entidad demandada, conforme lo expuesto en el acápite del caso
concreto de la presente sentencia.
TERCERO. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio OP
20123100019281 del 30 de marzo de 2012, emitido por el jefe de la Oficina de
Personal de la Fiscalía General de la Nación, conforme lo expuesto en la parte
motiva.
CUARTO. Negar las demás pretensiones.
QUINTO. Ordenar a la demandada darle cumplimiento a esta sentencia dentro del término
previsto en el artículo 176 y ss del C.C.A. acatando la sentencia C-188 de 1999 proferida
por la Corte Constitucional.
SEXTO. Expídase por secretaría y entréguese a la demandante, copia de esta sentencia
con la constancia de su notificación y ejecutoria, y de ser la primera en que presta mérito
ejecutivo, de conformidad con el artículo 114 del C.G. del P.
SÉPTIMO. No condenar en costas.
4 Cuaderno principal, pp 175 a 184.
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17. Indicó que, en este caso, el problema jurídico consistía en establecer si a la
demandante le asistía el derecho a la reliquidación y pago del 80 % de lo que por todo
concepto reciben los magistrados de alta corte a título de bonificación por
compensación, creada por el Decreto 610 de 1998, con inclusión de la prima especial
de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
18. Al respecto, sostuvo que, según se probó en el expediente, la accionante estuvo
vinculada por varios años a la Fiscalía General de la Nación, ocupando como último
cargo el de fiscal delegada ante Tribunal de Distrito desde el 31 de diciembre de 2001
hasta el 6 de noviembre de 2004, día de su retiro.
19. En ese orden, consideró que fue beneficiaria de la bonificación por compensación
de que trata el Decreto 610 de 1998, con una remuneración mínima mensual que en
ningún caso podía ser inferior al 80 % de lo que por todo concepto devengue un
magistrado de alta corte, por lo que no había razón para que la demandada negara su
petición de «reconocimiento y pago de los valores debidos por concepto de la
diferencia salarial dejada de pagar».
20. En otras palabras, sostuvo que la demandante como destinataria del Decreto 610
de 1998, tenía el derecho a percibir la bonificación por compensación equivalente al
80 % de lo que por todo concepto devengue un magistrado de alta corte, teniendo en
cuenta para su liquidación todos los ingresos laborales anuales de carácter
permanente devengados por los congresistas, a saber: sueldo básico, gastos de
representación, primas de localización y vivienda, de salud, de servicios y de navidad,
así como las cesantías.
21. Señaló que, conforme a la sentencia de unificación del 29 de abril de 2014 dictada
por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, como la
peticionaria presentó su solicitud ante la administración el 21 de marzo de 2012, operó
el fenómeno jurídico de la prescripción de los derechos causados antes del 21 de
marzo de 2009. No obstante, los mismos sí deben tenerse en cuenta para la
reliquidación de la pensión de jubilación o aportes para el Sistema de Seguridad Social
en Pensiones, desde el 31 de diciembre de 2001 –primer día en que la demandante
ejerció el cargo de fiscal delegada– hasta el 6 de noviembre de 2004 –día de retiro–,
por ser un derecho irrenunciable e imprescriptible y constituir factor salarial para estos
efectos.
2.4. Recurso de apelación
22. La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia. Bajo los siguientes
argumentos5:
5 Cuaderno principal, pp 192 a 194.
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23. Debe revocarse el ordinal segundo de la sentencia apelada y; en consecuencia,
«negarse dicha pretensión en relación con los aportes a pensión imprescriptibles, pues
no fue pedida por la parte demandante y estaríamos ante un fallo ultra petita».
24. Manifestó que el juez de la causa tiene permitido emitir pronunciamientos con
base en lo pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del proceso, sin que le sea
dable proferir sentencias por más de lo pedido, por lo que la decisión recurrida
desconoce sentencias de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo
de Estado –del 14 de diciembre de 2011, expediente 11001-03-25-000-2005-00244-
01; del 18 de mayo de 2016, expediente 25000-23-25-000-2010-00246-02; SUJ-016-
CE-52-2019 del 2 de septiembre de 2019 y del 3 de mayo de 2022, expediente 15001-
23-33-000-2016-00409-02 (2284-2020)– en las que no se ha tenido en cuenta el
análisis de la imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social o se han revocado
las órdenes de reconocimiento de estos, por ser ultra petita.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
25. Mediante auto del 30 de enero de 20266, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación según lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado
por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
26. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
27. De acuerdo con el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia y
teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez
de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
en la alzada, corresponde a la Sala definir si:
28. ¿Resultaba procedente ordenar, en favor de la demandante, la reliquidación y
pago de los aportes a seguridad social en pensión, desde el 31 de diciembre de 2001
(fecha en que inició a ejercer el cargo de fiscal delegada) hasta el 6 de noviembre de
2004 (día de retiro), bajo la consideración que frente a estos no operó el fenómeno de
la prescripción?
6 Samai, índice 00005, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 5, 4_AUTOQUEADMITE.
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29. Antes de resolver el interrogante planteado, se realizarán algunas
consideraciones sobre la bonificación por compensación, que es la acreencia sobre la
cual se ha desarrollado la controversia.
3.3. Marco normativo y jurisprudencial - bonificación por compensación
30. La bonificación por compensación fue creada por el Gobierno nacional dentro de
una política de nivelación para los destinatarios de la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pues esta había sido insuficiente y se requería una
nueva política salarial. Por ello, el Gobierno adoptó la decisión de fijar los ingresos de
los magistrados7 de segundo nivel tomando como referencia cierto porcentaje de lo
percibido por los magistrados de alta corte. Esto se realizó a través de un mecanismo
de anclaje, frente a lo devengado por todo concepto, por los magistrados del primer
nivel del artículo 15 de la citada Ley 4 de 1992. Dicho contexto fue explicado por la
Corte Constitucional, en la sentencia C-244 de 20138, en los siguientes términos:
En el año de 1998 se dio otro acontecimiento normativo fundamental en la política
salarial del sector justicia: mediante un Decreto reglamentario de la Ley 4a, el Decreto
610 de 1998, el Gobierno reaccionó a la protesta organizada de los jueces para
considerar que la prima especial concedida en 1992 al segundo nivel funcional de
funcionarios judiciales (definido en el artículo 14 y que sólo había sido del 30 % de sus
ingresos salariales hasta ese entonces reconocidos) había sido insuficiente y que se
requería una nueva política salarial. Para responder a este reclamo, el Gobierno tomó la
decisión de fijar los ingresos de los magistrados de segundo nivel como un cierto
porcentaje del de los Magistrados de alta Corte (que, a su vez, habían sido igualados a
los de los Congresistas en el artículo 15 de la Ley 4a). Esta fijación o anclaje entre niveles
jerárquicos de la Rama Judicial ya había sido intentado, de hecho, en Leyes de finales
de los ochentas (Ley 10/1987 y Ley 63/88), que, sin embargo, no habían sido
debidamente ejecutadas. El nuevo Decreto 610/98 buscaba crear un mecanismo gradual
de cumplimiento de tales esquemas de anclaje para generar, ahora sí, una política de
"nivelación salarial". Para el año de 1998, el segundo nivel de la jerarquía ganaba el 46
% de los ingresos de los magistrados del primer nivel. Según el Decreto, esto constituía
una "desigualdad económica entre los dos niveles" y, para superarla, propuso un sistema
escalonado de nivelación a tres años en el que en el primero recibirían el 60 % de lo
percibido, por todo concepto, por los Magistrados del primer nivel del artículo 15; para el
segundo y tercer año tales porcentajes serían aumentados al 70 y luego al 80 %. Con
ello se adoptaba un mecanismo de anclaje proporcional del salario idéntico al que ya se
había intentado en la Ley 4a entre funcionarios del primer nivel y los propios congresistas.
Para ejecutar este nuevo esquema de nivelación salarial, la "prima especial" de la Ley
4a pasó a denominarse "Bonificación por compensación" y se aclaró en el artículo 1º del
Decreto 610 que sólo constituía factor salarial para las pensiones, tal y como ya se había
afirmado en la Ley 332/96.
7
Y autoridades equivalentes.
8 M.P. Diego López Medina. En esta providencia, la Corte Constitucional se estuvo a lo resuelto en la sentencia C-
681 de 2003, que declaró inexequible la expresión "sin carácter salarial", contenida en el artículo 15 de la Ley 4 de
1992, pero sólo para efectos de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación.
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Demandante: Sofía Hernández Ochoa
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31. En consecuencia, el presidente de la República, en desarrollo de las normas
generales de la Ley 4 de 1992, profirió el Decreto 610 de 1998 9, que creó la
bonificación por compensación, así:
ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del presente
decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a
la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta
por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional
y Consejo Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación sólo constituirá
factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los
Magistrados de las Altas Cortes.
32. El reconocimiento de esta bonificación se extendió para los secretarios generales
de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al
secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a través del Decreto 1239 de
199810 dictado por el presidente de la República.
33. En este orden de ideas, la bonificación por compensación tiene las características
que a continuación se enuncian:
a) Carácter permanente;
b) solo constituye factor salarial para efectos pensionales en los mismos términos
que la prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes;
c) desde el Decreto 1102 de 2012 constituye base de cotización para los aportes
a salud;
d) los beneficiarios son los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los Magistrados
Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo
Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los
Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de
Fiscalía ante Tribunal de Distrito; los secretarios generales de la Corte Suprema
de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al secretario Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura;
e) se paga mensualmente;
9 Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
Los Decretos 610 y 1239 de 1998 fueron derogados por el Decreto 2668 de 1998, sin embargo, este último fue
declarado nulo por el Consejo de Estado, en sentencia de la Sección Segunda del 25 de septiembre de 2001,
ejecutoriada el 5 de octubre de 2001, exp. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, actor: Pablo Julio Cáceres Corrales.
10 Por el cual se adiciona el Decreto número 610 del 26 de marzo de 1998.
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f) con efectos fiscales desde el 1 de enero de 1999;
g) inicialmente correspondía al 60 % de los ingresos laborales que por todo
concepto perciben los magistrados de alta corte (1999). Para la vigencia fiscal
siguiente aumentó al 70 % (2000);
h) en la tercera vigencia fiscal aumentó al 80 % (2001), de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los magistrados de alta corte;
i) la bonificación «sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos
laborales actuales» debe igualar el 80 % de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de alta corte.
34. Ahora bien, la sentencia del 18 de mayo de 201611, dictada por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda, consideró que la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992 «tiene clara incidencia en la determinación de la
bonificación por compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos
al Decreto 610 de 1998, pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del Decreto
10 de 1993, previó la nivelación salarial al 60 %, 70 % y 80 % “… de lo que por todo
concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la
Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado”
(subraya fuera del texto), para los años 1998, 1999, 2000 y siguientes,
respectivamente».
35. A renglón seguido, señaló que las cesantías de los magistrados de alta corte
también son un emolumento que se incluye en «todo lo devengado», comoquiera que
«el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente por los
jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que resultaría
violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política
de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza únicamente
con el propósito de disminuir la base de liquidación de la bonificación por
compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados en el artículo
2º del Decreto 610 de 1998».
36. En la misma línea, señaló que para calcular la diferencia entre lo devengado por
los congresistas y lo percibido por los magistrados de alta corte, se debían tener en
cuenta las cesantías de los parlamentarios, «para, así, determinar el valor de la prima
especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos [magistrados de alta corte]».
37. A modo de conclusión, cabe precisar entonces que el valor de la bonificación por
compensación «es el resultado de la diferencia entre lo proyectado como ingresos
anuales que “por todo concepto” reciban los magistrados de Alta Corte y los
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, Rad. 25000-23-
25-000-2010-00246-02(0845-15).
9
Radicación: 25000-23-25-000-2012-01241-03 (2912-2025)
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ingresos anuales de magistrado de Tribunal y demás cargos equivalentes, para fijar el
ingreso laboral de éstos últimos en un 80 % a partir del año 2001»12.
38. Con posterioridad, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, en la sentencia
del 2 de septiembre de 201913, reiteró que la bonificación por compensación hace parte
de un sistema de anclaje diseñado de forma escalonada, tal como lo explicó la Corte
Constitucional en la sentencia C-244 de 2013. La referida providencia también señaló
que, en virtud de Decreto 610 de 1998, los ingresos laborales de sus destinatarios, a
partir del año 2001, serían iguales al ochenta por ciento (80 %) de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte. Ciertamente, resaltó
que «el 80% de la bonificación por compensación para los magistrados y cargos
homologados es un límite que no puede ser superado con el reconocimiento de la
prima especial de servicios y de ningún otro beneficio económico laboral».
39. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por el Decreto 2668 de 1998, en
consecuencia, cada año el Gobierno Nacional expidió los decretos para regular la
bonificación por compensación14. En efecto, el Gobierno nacional dictó los Decretos
664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001, 663 de 2002 y 3570 de
2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por
ejemplo, para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los
siguientes montos: $2.030.717 (1999), 2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410
(2002) y 2.491.911 (2003).
40. Ahora bien, el Decreto 2668 de 1998 fue anulado por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001, expediente
395-99, con efectos «ex tunc». Por consiguiente, volvió a ser aplicable el Decreto 610
de 1998.
3.4. Hechos probados
41. La copia de la constancia de servicios prestados del 19 de mayo de 202315 de la
Fiscalía General de la Nación da cuenta de que la señora Sofía Hernández Ochoa se
desempeñó como fiscal ante tribunal de distrito, desde el 31 de diciembre de 2001
hasta el 6 de noviembre de 2004.
42. Obra la copia de la petición del 21 de marzo de 201216 presentada por la señora
Sofía Hernández Ochoa ante la Fiscalía General de la Nación, en la que solicitó el
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 8 de octubre de 2024, Rad. 25000-23-
42-000-2015-05188-02 (3217-2022), M.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, Rad. 41001-
23-33-000-2016-00041-02(2204-18). Aclarada en auto del 7 de octubre de 2019.
14 En efecto, el Gobierno nacional expidió los Decretos 664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001,
663 de 2002 y 3570 de 2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por ejemplo,
para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los siguientes montos: $2.030.717 (1999),
2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003).
15 Cuaderno principal, folio 146.
16 Cuaderno principal, folio 125.
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Demandante: Sofía Hernández Ochoa
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
reconocimiento, liquidación y pago de los porcentajes correspondientes a la
bonificación judicial prevista en el Decreto 610 de 1998, a efectos de igualar el 80 %
de lo devengado por un magistrado de alta corte, teniendo en cuenta que los ingresos
anuales de este deben coincidir con los ingresos totales anuales de un congresista, de
acuerdo con el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, desde el 31 de diciembre de 2001 hasta
el 6 de diciembre de 2004, en calidad de exfiscal delegada ante el Tribunal de Distrito.
43. Se encuentra la copia del acto administrativo 20123100019281 del 30 de marzo
de 201217, mediante el cual la demandada le negó a la señora Hernández Ochoa el
reconocimiento y pago de las diferencias pretendidas a título de bonificación por
compensación de que trata el Decreto 610 de 1998.
3.5. Caso concreto
44. De conformidad con el artículo 328 del CGP, la Sala delimita su competencia,
como juez de segunda instancia, a los argumentos expuestos en el recurso de
apelación presentado por la parte demandada.
45. Antes de proceder a la resolución del problema jurídico planteado, conviene
precisar que el fallo de primera instancia estableció, con sustento en las pruebas
obrantes en el expediente y en el marco jurisprudencial aplicable, dos hechos que no
fueron objeto de impugnación por las partes y que, por tanto, no es pertinente volver
sobre ellos en esta instancia:
(1) La demandante tenía el derecho a percibir la bonificación por
compensación equivalente al 80 % de lo que por todo concepto devengue un
magistrado de alta corte, teniendo en cuenta para su liquidación los ingresos
laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los
congresistas.
(2) Que el Tribunal, con fundamento en la prescripción trienal y la reclamación
administrativa del 21 de marzo de 2012, sostuvo que prescribieron las diferencias
entre lo que percibió y debió recibir la demandante, a título de la referida
bonificación, durante su relación laboral como fiscal delegada.
46. No obstante lo anterior, el Tribunal indicó que dichas diferencias sí deben
tenerse en cuenta para la reliquidación de la pensión de jubilación o aportes para el
Sistema de Seguridad Social en Pensiones, desde el 31 de diciembre de 2001 –primer
día en que la demandante ejerció el cargo de fiscal delegada ante tribunal de distrito–
hasta el 6 de noviembre de 2004 –día de su retiro–, por ser un derecho irrenunciable
e imprescriptible y constituir factor salarial para estos efectos.
17 Cuaderno principal, folio 124.
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Radicación: 25000-23-25-000-2012-01241-03 (2912-2025)
Demandante: Sofía Hernández Ochoa
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
47. El único punto sometido al conocimiento de esta Sala es el relativo a la orden de
reliquidar los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones con
inclusión de la prima especial del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, en la medida que
esa orden, a juicio de la demandada, desconoce sentencias de la Sala de Conjueces
de la Sección Segunda del Consejo de Estado18 en las que no se ha tenido en cuenta
el análisis de la imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social o se han revocado
las órdenes de reconocimiento de estos, por ser ultra petita.
48. Hecha la anterior precisión, en lo que respecta a la prescripción, es necesario
aclarar que aunque tales providencias pudieron no haber efectuado el análisis de la
imprescriptibilidad de los referidos aportes o revocado otras decisiones judiciales en
las que los mismos se reconocieron, lo cierto es que ha sido reiterada la jurisprudencia
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, como máximo tribunal de lo
contencioso-administrativo, en las que se ha ahondado en el régimen específico de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, que requieren un
tratamiento especial, dada su naturaleza irrenunciable19 e imprescriptible20, así21.
49. En efecto, en sentencia del 19 de febrero de 2026 de esta Sala22, se precisó que
los aportes pensionales constituyen un deber de tracto sucesivo del empleador que se
relaciona de manera directa con el derecho fundamental a la seguridad social previsto
en el artículo 48 de la Constitución Política, así como con los principios laborales de
irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad. En
ese orden, se consideró inadmisible que el paso del tiempo o la superación del plazo
establecido para que opere la prescripción convalide el incumplimiento del deber de
efectuar los aportes parafiscales de la seguridad social, pues ello podría generar
inseguridad sobre la cobertura del riesgo de vejez del trabajador.
50. Asimismo, en la anterior providencia, con apoyo en la sentencia CE-SUJ2-005-
16 de esta Sección23, se reiteró que «no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los
18 Citó las siguientes sentencias: del 14 de diciembre de 2011, expediente 11001-03-25-000-2005-00244-01; del
18 de mayo de 2016, expediente 25000-23-25-000-2010-00246-02; SUJ-016-CE-52-2019 del 2 de septiembre de
2019 y del 3 de mayo de 2022, expediente 15001-23-33-000-2016-00409-02 (2284-2020).
19 Constitución Política, artículo 48. «En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los principios
mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales».
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de
2016, rad. núm. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción
extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho
pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en
cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son
susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
21 Ver, por ejemplo: sentencia del 29 de enero de 2026, exp. 05001-23-33-000-2016-01025-02 (5320-2024), M.P.
Elizabeth Becerra Cornejo. Sentencia del 5 de febrero de 2026, exp. 52001-23-33-000-2016-00474-01 (5203-2019),
M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. Sentencia del 26 de febrero de 2026, exp. 76001-23-33-000-2016-01302-02 (6589-
2022), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. Sentencia del 26 de noviembre de 2025, exp. 52001-23-33-000-2017-
00609-03 (4094-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Sentencia del 18 de julio de 2025, exp. 05001-23-33-
000-2017-02262-02 (5558-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de febrero de 2026, exp. 19001-23-33-000-2017-00402-
02 (5187-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
23 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015), M.P.
Carmelo Perdomo Cuéter.
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Radicación: 25000-23-25-000-2012-01241-03 (2912-2025)
Demandante: Sofía Hernández Ochoa
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional y en
armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos laborales», dado que los aportes pensionales se relacionan en
mayor medida con el deber del empleador de cumplir con sus obligaciones frente al
sistema parafiscal.
51. En consecuencia, al revisar el escrito introductorio, se advierte que le asiste razón
al apelante al señalar que en el acápite de las pretensiones no se solicitó
expresamente que se condenara a la entidad accionada a la reliquidación de los
aportes para pensión a favor de la demandante por las diferencias dejadas de pagar
por la bonificación por compensación, pero lo cierto es que con base en la
jurisprudencia de esta corporación, se estima que resulta acertado que el Tribunal
haya considerado que la prescripción trienal declarada respecto de las acreencias
laborales no se extiende a los aportes adeudados al Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones, los cuales son exigibles desde el momento en que se causó la
obligación de cotizar -en este caso desde el 31 de diciembre de 2001 hasta el 6 de
noviembre de 2004-.
52. Lo anterior cobra mayor relevancia, si se tiene en cuenta que durante el proceso
sí se discutió alrededor de los derechos que se originan por la bonificación por
compensación de que trata el Decreto 610 de 1998, de lo cual no puede dejarse de
lado una de sus principales características, esto es, que es factor salarial para efectos
pensionales (como lo dice el señalado decreto), por lo que la orden de reconocer los
aportes está dentro de la controversia planteada y, en esa medida, no puede
considerarse como un aspecto ajeno al presente debate, en el que han participado con
todas las garantías las partes.
53. En este contexto, la omisión de una mención expresa en las pretensiones de la
demanda no puede anular la posibilidad de que el juez se pronuncie sobre un derecho
que la ley y la Constitución reconocen como indisponible y que, además, fue objeto de
debate en el proceso. Por ello, la Sala tiene el deber de pronunciarse sobre este
aspecto, aun cuando no haya sido expresamente solicitado. Esta postura además se
acompasa con la facultad que tienen los jueces en materia laboral y de seguridad social
de adoptar decisiones que busquen la protección de derechos de raigambre
constitucional —como la seguridad social—.
54. Al respecto, el artículo 50 del Decreto 2158 de 1948 le otorgó al juez laboral la
potestad de impartir órdenes más allá de lo pedido para garantizar la efectividad del
derecho sustancial. En la misma línea, el artículo 6 de la Ley 2452 de 2025 actualizó
y sistematizó dichas facultades en el marco de la justicia laboral, reafirmando la
posibilidad de que los jueces ordenen prestaciones, reliquidaciones o aportes en
seguridad social que no hubiesen sido expresamente reclamados, siempre que del
debate procesal se desprenda su necesidad para la plena protección del trabajador.
Estos preceptos normativos evidencian que la protección judicial en materia laboral no
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Radicación: 25000-23-25-000-2012-01241-03 (2912-2025)
Demandante: Sofía Hernández Ochoa
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
se encuentra constreñida por los límites formales de la demanda, perspectiva que es
plenamente aplicable en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo24.
55. Por consiguiente, la Sala resalta que la accionante al ser beneficiaria de la
bonificación por compensación –aspecto, que se itera, no fue objeto de discusión en
el recurso de alzada–, también tiene derecho a los aportes a pensión por concepto de
esta, al ser el derecho a la seguridad social irrenunciable e imprescriptible, por lo que
fue acertada la decisión del a quo al disponer que la entidad reliquide y pague a favor
de la demandante –en calidad de exfiscal delegada ante Tribunal de Distrito–, los
aportes hechos al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, por las
diferencias dejadas de pagar por la bonificación por compensación, como en caso
similares también lo ha hecho esta Subsección25.
56. No obstante, se adicionará la decisión apelada en el sentido de aclarar que lo
reconocido con ocasión del proceso de la referencia será procedente siempre y cuando
la suma a pagar por concepto de la reliquidación ordenada no se haya sufragado por
la entidad accionada previamente, por lo que concierne a esta hacer la verificación
correspondiente. Asimismo, que en la correspondiente reliquidación deben tenerse en
cuenta los topes establecidos por el Gobierno nacional.
3.6. Conclusión de la decisión
57. Se confirmará parcialmente la sentencia apelada, en tanto la demandante al ser
beneficiaria de la bonificación por compensación, también tiene derecho a los aportes
a pensión por concepto de esta, al ser el derecho a la seguridad social irrenunciable e
imprescriptible, por lo que es dable disponer que la accionada efectúe el pago de los
referidos de aportes a favor de la accionante, por las diferencias dejadas de pagar por
la bonificación por compensación, desde el 31 de diciembre de 2001 hasta el 6 de
noviembre de 2004, los cuales no se ven afectados por el fenómeno de la prescripción.
58. Sin embargo, lo reconocido será procedente siempre y cuando la suma a pagar
por concepto de la reliquidación ordenada no se haya sufragado por la entidad
accionada previamente. Asimismo, que en la correspondiente reliquidación deben
tenerse en cuenta los topes establecidos por el Gobierno nacional.
24 Sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2025, exp. 25000-23-42-000-2017-04550-02 (3208-2022), M.P.
Elizabeth Becerra Cornejo.
25 Al respecto, también se puede consultar las siguientes decisiones adoptas en similar sentido por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B: sentencia del 19 de febrero de 2026, exp. 25000-23-42-000-2013-01194-
02 (3460-2020), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, sentencia del 12 de febrero de 2026, exp. 54001-23-33-000-2014-
00254-02, acumulado, exp, 54001-23-33- 000-2014-00252-00 (2653-2020), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo,
sentencia del 27 de junio de 2025, exp, 05001-23-33-000-2017-01547-01 (4306-2021), M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
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Demandante: Sofía Hernández Ochoa
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
3.8. Costas
59. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 26 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia dictada el 27 de junio de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, de
conformidad con las razones expuestas en esta providencia.
Segundo. Modificar el ordinal segundo de la sentencia impugnada, el cual quedará
así:
SEGUNDO. Declarar la excepción de prescripción extintiva de las acreencias
laborales pedidas por el reajuste salarial, causadas entre el 31 de diciembre de 2001
y el 6 de noviembre de 2004, teniéndose en cuenta estas solo para la reliquidación
de la pensión de jubilación o aportes para el sistema de seguridad social en
pensiones por ser un derecho irrenunciable e imprescriptible y constituir un factor
salarial para estos efectos desde el 31 de diciembre de 2001 hasta el 6 de noviembre
del 2004, fecha de su retiro de la entidad demandada, conforme lo expuesto en el
acápite del caso concreto de la presente sentencia.
Lo reconocido será procedente siempre y cuando la suma a pagar por concepto de la
reliquidación ordenada no se haya sufragado por la entidad accionada previamente, por
26 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 25000-23-25-000-2012-01241-03 (2912-2025)
Demandante: Sofía Hernández Ochoa
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
lo que esta debe realizar la verificación respectiva. En la correspondiente reliquidación
deben tenerse en cuenta los topes establecidos por el Gobierno nacional.
Tercero. Sin condena en costas.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente
enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
16
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