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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00048-02

Fecha
26 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00048-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. ESTARSE a lo resuelto en el presente proceso y ordenarle a la secretaría de la Sección Segunda que finalice el radicado interno [2760-2024] conforme a lo indicado en el acápite previo de esta providencia. SEGUNDO. REVOCAR la sentencia del 26 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar, DECLARAR probada la excepción de proposición jurídica incompleta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO. EXHORTAR a la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES), para que, en el marco de sus competencias, se sirva adelantar el respectivo medio de control en el que, integre debidamente el contradictorio y la proposición jurídica, con el fin que esta Jurisdicción pueda evaluar la situación pensional de manera integral, y analizar la legalidad de los reconocimientos prestacionales presuntamente incompatibles, de acuerdo con los argumentos señalados con antelación. CUARTO. Sin condena en costas, en esta instancia. QUINTO. Una vez en firme este fallo, por Secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2022-00048-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

26 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 25000-23-42-000-2022-00048-02 (3514-2024)
Demandante : Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones)
Demandada : Milena Inés Pérez de Morales
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Incompatibilidad entre pensión de jubilación y pensión
de invalidez
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones en contra de la
Sentencia del veintiséis (26) de abril de dos mil veinticuatro (2024) proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que negó las
pretensiones de la demanda.

l. ANTECEDENTES

1. La Demanda1

1.1. Pretensiones

Colpensiones a través de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del
medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo en la modalidad de lesividad, para solicitar lo siguiente:

(i) Que se declare la nulidad de la Resolución No. 010385 del 28 de marzo de
2006 proferida por el Instituto de Seguro Social, mediante la cual, reconoció

1
Expediente digital, “Ed expediente 02 demanda pdf”.

2

Número interno: 3514-2024
Demandante: Colpensiones
Demandado: Milena Inés Pérez de Morales

a favor de la señora Milena Inés Pérez de Morales identificada con la C.C
No. 20196904, en calidad de cónyuge, la sustitución del derecho pensional
que en vida devengó el señor José Aníbal Morales Montaña.

(ii) A título de restablecimiento del derecho solicitó que: (a) se ordene a la
demandada a reintegrar lo pagado por el ISS, hoy Colpensiones, por
concepto del reconocimiento y pago de la sustitución pensional a título de
mesadas, retroactivo y aportes en salud, desde su ingreso a nómina, hasta
que cese su pago, en virtud de la nulidad que se solicita en el presente
proceso; (b) que se ordene la indexación de las sumas reconocidas a favor
de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES, y al pago de los intereses a los que hubiere lugar, como
consecuencia del reconocimiento pensional de Milena Inés Pérez de
Morales ordenado mediante la Resolución No. 010385 del 28 de marzo de
2006.

(iii) Que se condene en costas a la demandada.

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda, según el relato de la
entidad demandante son los siguientes:

A través de la Resolución 7291 de 19 de diciembre de 1984, el ISS negó el
reconocimiento de la pensión de vejez a José Aníbal Morales Montaña, por no acreditar
las 500 semanas mínimas necesarias.

Por medio de la Resolución 999 de 3 de abril de 1987, el ISS modificó la Resolución 7291
mencionada, y reconoció la pensión de vejez a José Aníbal Morales Montaña, efectiva a
partir del 17 de octubre de 1985, teniendo en cuenta 507 semanas cotizadas, de
conformidad con el Decreto 3041 de 1966.

El señor José Aníbal Morales Montaña falleció el 4 de octubre de 2005, y, en
consecuencia, a través de la Resolución 10385 de 28 de marzo de 2006 el ISS le
sustituyó la prestación a la señora Milena Inés Pérez de Morales en calidad de cónyuge.
La entidad demandante relató que para el año 2021 el valor de la mesada percibida por
la beneficiaria era de un millón trescientos diecinueve mil doscientos cincuenta y tres

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Número interno: 3514-2024
Demandante: Colpensiones
Demandado: Milena Inés Pérez de Morales

pesos $1.319.253.

Previo al reconocimiento de la pensión de jubilación mencionado, Cajanal había otorgado
una pensión de invalidez al señor Morales Montaña, mediante la Resolución 1525 de 18
de marzo de 1975, efectiva a partir del 19 de diciembre de 1974, de conformidad con la
Ley 4 de 1966.

Con ocasión del fallecimiento del causante, la UGPP reconoció la pensión de
sobrevivientes a Milena Inés Pérez de Morales en calidad de cónyuge supérstite,
mediante la Resolución 9980 de 2 de marzo de 2006, en un 100%.

Aduce que, para el reconocimiento pensional que realizaron Cajanal y el entonces ISS,
se tuvieron en cuenta los mismos tiempos públicos, por tanto, las prestaciones son
incompatibles.

Afirmó que, una vez descontados los tiempos públicos cotizados con Colpensiones, el
señor José Aníbal Morales Montaña contaba solo con 310 semanas laboradas, es decir
que, no cumple con el número mínimo de 500 para ser acreedor del reconocimiento y
pago de la pensión de vejez y, en consecuencia, tampoco procede la de sobrevivientes.

Puso de presente que, mediante auto de pruebas APSUB 2397 de 7 de septiembre de
2021, Colpensiones concedió a la señora Milena Inés Pérez de Morales el término de
un (1) mes para que autorizara la revocatoria del acto demandado, sin embargo, ante
la falta de respuesta, a través de la Resolución SUB 292963 de 4 de noviembre de
2021, remitió el expediente a la dirección de procesos judiciales de la entidad para que,
iniciara las acciones pertinentes.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

La entidad demandante argumentó que el acto acusado vulnera el artículo 128 de la
Constitución Política de Colombia; artículo 19 de la Ley 4 de 1992; artículo 17 de la Ley
549 de 1999.

Al desarrollar el concepto de violación la parte demandante sostuvo que, el acto
enjuiciado no se ajusta al ordenamiento jurídico, por lo que su reconocimiento vulnera en

4

Número interno: 3514-2024
Demandante: Colpensiones
Demandado: Milena Inés Pérez de Morales

forma directa el artículo 128 constitucional y el artículo 19 de la Ley 4 de 1992 y es por
ello que, mediante auto de pruebas APSUB 2397 de 7 de septiembre de 2021 se solicitó
el consentimiento a la beneficiaria para revocar la Resolución 10385 de 28 de marzo de
2006, teniendo en cuenta que no es posible el reconocimiento a cargo de Colpensiones,
por ser beneficiaria de una pensión reconocida por Cajanal. De esta manera, se presenta
un doble pago entre entidades del Estado.

Colpensiones señaló que, las prestaciones resultan incompatibles entre sí, por cuanto
la demandada se encuentra percibiendo dos (2) asignaciones que provienen del tesoro
en contravía de la prohibición constitucional, las dos cubren un mismo riesgo y,
adicionalmente, fueron causadas con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993,
el 1 de abril de 1994.

Finalmente, concluyó que, es evidente la incompatibilidad existente, pues, ambas
pensiones tienen su origen en una misma fuente y cubren un mismo riesgo, por lo que
procede la anulación de las resoluciones de reconocimiento y sustitución de la pensión
de vejez que otorgó el ISS hoy Colpensiones.

2. Contestación de la demanda2

Milena Inés Pérez de Morales, no contestó la demanda pese a que se realizaron las
notificaciones de rigor.

3. Sentencia de primera instancia3

La Sección Segunda, Subsección E, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante Sentencia del 26 de abril de 2024, negó las pretensiones de la demanda, sin
condena en costas.

El tribunal, luego de analizar las pruebas que obran en el expediente administrativo
aportado al proceso, determinó que el señor José Aníbal Morales Montaña era médico
de profesión, y laboró para dos entidades públicas de forma simultánea, esto es, a la Caja
Seccional de Cundinamarca, Seguro Social y al Ministerio de Salud Pública. De acuerdo
con ello, precisó que “no es cierto como se afirma en la demanda que se tuvieran en

2
Expediente digital, índice 19 y 21 Samai.
3
Expediente digital, índice 41 Samai.

5

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Demandante: Colpensiones
Demandado: Milena Inés Pérez de Morales

cuenta los mismos tiempos que reconoció Cajanal, por el contrario, lo que se presentaba
era una simultaneidad en el ejercicio de dos cargos públicos, situación que en principio
encaja en la descripción normativa de la excepción prevista en el literal b) del artículo 32
del Decreto 1042 de 1978”.

Con fundamento en lo anterior concluyó que, las pretensiones y argumentos de la
demanda no se encuentran llamados a prosperar, pues, en los actos acusados no solo
no se reconocieron los mismos tiempos, sino que las cotizaciones públicas en dos
administradoras se encontraban -en principio- amparadas en una excepción a la
prohibición de doble asignación del tesoro, la cual tampoco fue desvirtuada.

4. Recurso de apelación4

Colpensiones reiteró los argumentos de la demanda. En síntesis, destacó que los tiempos
que se tuvieron en cuenta por el Instituto de Seguro Social, para el reconocimiento de la
pensión, también fueron usados en el reconocimiento pensional de Cajanal, por lo tanto,
resultan incompatibles, y vulneratorios de la Ley 549 de 1999.

En el mismo sentido señaló que, se evidencia que el ISS para reconocer la pensión de
vejez tuvo en cuenta tiempos públicos con el ISS Empleador del 08/03/1971 al 19/12/1974, no
cumpliéndose de esta forma lo establecido por el concepto interno bz 2021_1372644, el
cual se pronuncia sobre la compatibilidad y compartibilidad pensional – mesa de trabajo
dobles beneficios UGPP, Colpensiones, indicando:

“(…) De lo anterior se colige, que para que sea viable la compatibilidad de pensiones de origen legal,
es necesario que alguna de las prestaciones se haya causado antes de la vigencia del sistema, que
se amparen en regímenes pensionales distintos y que el derecho esté conformado con tiempos de
servicio diversos. Con lo probado en el proceso, es claro que se cumple con el primero de los
requisitos, es decir, el de haberse causado antes del 1 de abril de 1994, dado que no se discute que
las dos pensiones fueron reconocidas en un tiempo pretérito y, por tanto, su causación también fue
anterior al sistema (…).”

Con fundamento en lo anterior afirmó que, la prohibición de origen Constitucional de la
doble asignación del tesoro público, ha de entenderse no solo bajo la percepción de
más de una asignación proveniente de varios empleos públicos, sino la de otras
remuneraciones o asignaciones que tengan la misma fuente, tales como las pensiones.
A su vez en desarrollo del artículo 128 de la Constitución Nacional, la Ley 4ª de 1992,
en su artículo 19 señala tal prohibición, planteando unas excepciones en los que es

4
Expediente digital, índice 045 Samai.

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Número interno: 3514-2024
Demandante: Colpensiones
Demandado: Milena Inés Pérez de Morales

posible recibir doble mesada pensional a cargo del Estado, excepciones que no
encajan en la situación jurídica de la demandada MILENA INES PEREZ DE
MORALES.

De otra parte, afirmó la entidad apelante que está en desacuerdo con la sentencia en
lo que respecta al restablecimiento del derecho, puesto que el tribunal a quo, determinó
que no hay lugar a la devolución de los dineros pagados, porque no se demostró la
mala fe por parte de la señora MILENA INES PEREZ DE MORALES, lo cual en su
criterio no es justo, para la entidad apelante recibir esta carga, toda vez que se le viene
pagando a la beneficiaria una prestación desde junio del año 2021.

Sobre la devolución de los dineros pagados, se debe indicar la afectación gravemente
a la estabilidad financiera del sistema de pensiones, pues, no resulta justo que una
persona perciba una prestación económica a la cual no tiene derecho, y se le sustraiga
de la obligación de devolver lo recibido, hecho que constituye además un
enriquecimiento sin causa en su favor, con un evidente impacto negativo en las
finanzas del sistema.

De conformidad con el artículo 2313 del Código Civil contempla la figura del ’pago de
lo no debido’ indicando que ‘si el que por error ha hecho un pago, prueba que no lo
debía, tiene derecho para repetir lo pagado’”, señala que “para que se configure dicha
figura, debe acreditarse, lo siguiente:

(i) Que dicho pago lo haya efectuado por el Demandante;
(ii) Que el mismo carezca de fundamento jurídico real o presunto y
(iii) que obedezca a un error de quien lo hace, aun cuando sea de derecho.

En este caso en particular y tal como se evidencia de los hechos de la presente
solicitud, claramente se ha generado un pago de lo no debido, con la consecuencia
inmediata de existir un enriquecimiento sin causa en favor de las personas citadas con
un notable empobrecimiento del patrimonio de Colpensiones, sin haber una causa que
lo justifique, en razón a que fue pagada una obligación sin tener derecho a ello, por ser
dineros del sistema general de pensiones, sin que existiera causa o un justo motivo
que la soportara, como se indicó no es un derecho adquirido por la beneficiaria.

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Número interno: 3514-2024
Demandante: Colpensiones
Demandado: Milena Inés Pérez de Morales

Por ende, el accionar jurídico y administrativo de Colpensiones va a acorde a la
legalidad y la buena fe esto último con estricto apego del art 83 constitucional, dentro
del trámite que se adelanta se busca desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
administrativos que dieron lugar a un reconocimiento irregular de una prestación de
vejez en contra del erario público, pues, dicha prestación se reconoció sin tener de
base un sustento normativo claro y atento de manera directa contra la sostenibilidad
financiera del sistema.

En ese orden de ideas, deben revocarse las resoluciones demandadas, toda vez que,
el Instituto de Seguros Sociales al reconocer la pensión de vejez involucrando tiempos
de jubilación al demandado, convierte la prestación en incompatible y en ese sentido
violatoria de las normas que regulan el derecho pensional del caso concreto Ley 549
de 1999.

Por lo anterior, es evidente que tal reconocimiento vulnera de forma directa el artículo
128 de la Constitución política y la ley 4ª de 1992, teniendo en cuenta que, a través del
análisis jurídico del expediente administrativo, se logró determinar que, con los hechos
que fueron objeto de análisis y validación relacionados con el presente caso, la
liquidación de la pensión de SOBREVIVIENTES, a favor de la señora MILENA.

5. Trámite del recurso Ley 2080 de 2021

Por auto de 29 de julio de 20245, el consejero sustanciador admitió el recurso de
apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021;
sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del
periodo para que las partes alegaran de conclusión.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto,
de conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

5
Expediente digital, índice Samai.

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Número interno: 3514-2024
Demandante: Colpensiones
Demandado: Milena Inés Pérez de Morales

Contencioso Administrativo6.

2.2 Cuestiones previas

2.2.1 Apelación del auto que decidió sobre la solicitud de medida cautelar

Comoquiera que en el asunto sub examine se encuentra pendiente por desatar la
alzada formulada por el accionante contra el auto proferido el 13 de agosto de 2021
(expediente 2760-2024) por cuyo conducto el a quo negó la suspensión provisional de
los efectos jurídicos de los actos demandados; la Sala advierte que, conforme a lo
9
dispuesto en el artículo 323 del Código General del Proceso [CGP], dichos asuntos
deben ser resueltos en esta providencia.

En este caso cualquier pronunciamiento en esta etapa sobre la medida cautelar resulta
innecesario, luego que el estudio allí pedido es el mismo con el que se abordará el recurso
de apelación contra la sentencia del 26 de abril de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que negó las
pretensiones de la demanda, sobre el mismo asunto.

En estas condiciones, la decisión que se adopte al resolver la alzada contra el fallo,
servirá para resolver la apelación contra la medida cautelar mencionada, lo que impone
en consecuencia estarse a lo decidido en el presente proceso, y ordenarle a la
secretaría de la Sección Segunda que finalice el radicado interno [2760-2024] conforme
a lo indicado en precedencia.

2.2.2 Integración del contradictorio y la proposición jurídica completa

El ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho implica,
conforme a su naturaleza, la posibilidad de excluir un acto administrativo del
ordenamiento jurídico y, en consecuencia, obtener la restauración de los derechos que
la administración vulneró con su actuación.

6
Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. Modificado por el art. 615, Ley 1564 de 2012. El Consejo
de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así
como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto
del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

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Número interno: 3514-2024
Demandante: Colpensiones
Demandado: Milena Inés Pérez de Morales

Lo anterior, impone la relación necesaria que debe existir entre los efectos de los actos
administrativos que se demandan y las pretensiones que se persiguen, como quiera que
no puede rogarse el restablecimiento de un derecho determinado como producto de la
declaratoria de nulidad de un acto que no produjo ese efecto.

Patente es entonces, que la concordancia entre los actos administrativos que se
demandan, sus efectos, lo que se pretende en un proceso, y los motivos que sustentan
el petitum, conforman una proposición jurídica indivisible y necesaria para el
establecimiento de cualquier litigio, así como también, para proveer de fondo sobre un
asunto determinado. Los defectos que comporte dicha proposición jurídica, entonces,
podrían causar un pronunciamiento inhibitorio en sentencia, siempre y cuando el juzgador
de instancia no esté en la posibilidad de adoptar medida alguna para subsanar el yerro
encontrado.

Así lo ha entendido el H. Consejo de Estado, que al respecto ha manifestado:

“No siempre el proceso termina con fallo condenatorio o absolutorio, puede culminar con
sentencia inhibitoria en casos extremos cuando el Juez no tiene otra alternativa a pesar
de haber hecho uso de todas sus facultades y prerrogativas para integrar los
presupuestos procesales. Esta figura ha sido definida como "… aquellas en cuya virtud,
por diversas causas, el juez pone fin a una etapa del proceso, pero en realidad se
abstiene de penetrar en la materia del asunto que se le plantea, dejando de adoptar
resolución de mérito, esto es, "resolviendo" apenas formalmente, de lo cual resulta que
el problema que ante él ha sido llevado queda en el mismo estado inicial. La indefinición
subsiste." Por el contrario, la presentación de la demanda con estricta observancia de
los requisitos legalmente establecidos constituye un presupuesto para entrabar la
relación procesal, de modo tal que viabiliza un pronunciamiento de fondo, favorable o no,
sobre lo pretendido por el interesado al momento de ejercer su derecho de acción.” 7

Ahora bien, en casos en los cuales se discute la legalidad de actos administrativos que
reconocen una pensión por ser incompatible con otra concedida por otra entidad de
previsión o un empleador, o por que deba tener el carácter de compartida, la Sala ha
sostenido que «[…] lo procesalmente pertinente sería, para efectos de no afectar derechos
fundamentales del pensionado [entre otros, el de la seguridad social y su mínimo vital pensional] integrar
en debida forma la proposición jurídica, esto es junto con los actos administrativos de reconocimiento
expedidos por la otra entidad de previsión social, de tal suerte que a través del medio de control procedente
se pueda definir la situación pensional del asociado sin que este se vea afectado por las decisiones de la
administración»8.

7
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, Sentencia de 20 de enero de 2011, Radicación No. 25000-23-25-000-2001-
10992-01(0850-09), C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; auto de 24 de octubre de 2024; expediente 25000-23-42-000-2021-00707-01
(3332-2024); consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Demandante: Colpensiones
Demandado: Milena Inés Pérez de Morales

Por tal razón, en este tipo de asuntos, resulta adecuado que el operador judicial
competente y las partes, velen por alcanzar una integración completa y comprensiva del
contradictorio y de la proposición jurídica, de tal suerte que puedan ser materia de
examen todos los actos administrativos que conformen unidad jurídica respecto de la
situación del pensionado, con lo que, además se honran los principios de eficiencia,
eficacia y seguridad jurídica.

En el presente asunto, Colpensiones pretende la anulación de la Resolución 10385 del
28 de marzo de 2006, a través de la cual reconoció a la demandada la sustitución de la
pensión de vejez reconocida al señor José Aníbal Montaña, pues, considera que es
incompatible con la sustitución de la pensión de invalidez concedida por la entonces
Cajanal, a través de Resolución 9980 de 2 de marzo de 2006; sin embargo, no formuló
pretensiones de nulidad contra dicha actuación ni contra los actos que reconocieron las
pensiones sustituidas.

Asimismo, se tiene que Colpensiones no formuló pretensión alguna de anulación
respecto de la Resolución 999 de 3 de abril de 1987, a través de la cual, el entonces ISS
reconoció la pensión de vejez al causante, y se conformó con solicitar la declaratoria de
nulidad del acto que reconoció la sustitución.

Así las cosas, debe recordarse que, la Subsección ha resaltado que, aunque dichos
yerros podrían configurar la excepción de proposición jurídica incompleta, y provocar la
emisión de un fallo inhibitorio, sin embargo, «[…] debe prevalecer el derecho de acceso a la
administración de justicia de las partes y en tal virtud es menester que se profiera una sentencia que
resuelva de manera definitiva la controversia[,] porque se discute la viabilidad de que el demandado reciba
dos pensiones y, por ende, la protección del erario y del principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional»9.

En ese sentido, se ha recalcado que, es deber de la Sala «[…] desentrañar las reglas procesales
de tal modo que se garantice un acceso efectivo a la justicia y de la primacía del derecho sustancial sobre
el procedimental», y, en estas situaciones, examinar la legalidad del acto acusado, bajo el

entendido que, «[…] de prosperar las pretensiones de nulidad las medidas de restablecimiento del
derecho en favor de Colpensiones pueden ser ajustadas a lo que afecte menos el derecho pensional del

9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 7 de noviembre de 2025; expediente 76001-23-33-000-2018-
00370-011 (1107-2024); consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Número interno: 3514-2024
Demandante: Colpensiones
Demandado: Milena Inés Pérez de Morales

demandado» .

No obstante, en oportunidades como la presente, es claro que las pretensiones de la
demanda debieron dirigirse también contra la Resolución 999 de 3 de abril de 1987,
máxime si se tiene en cuenta que, Colpensiones aduce en la demanda que, «[l]os tiempos
que se tuvo en cuenta por el Instituto de Seguro Social, para el reconocimiento de la pensión, también
fueron usados en el reconocimiento de la pensión de vejez efectuada por la Caja Nacional de Previsión
Social Cajanal, por lo tanto, resultan incompatibles».

Entonces, es evidente que la demanda formulada por Colpensiones no contiene una
proposición jurídica completa que permita resolver el asunto de compatibilidad puesto en
consideración de esta Jurisdicción, toda vez que, esta Corporación no puede examinar
la legalidad de un acto administrativo que no fue acusado, ni sorprender a las partes, en
esta instancia, con un pronunciamiento de nulidad que lo incluya.

En esa medida, ante la imposibilidad de proveer sobre la aludida compatibilidad
pensional, se impone para esta Colegiatura revocar la sentencia de primera instancia,
para, en su lugar, dictar fallo inhibitorio.

2.3. Precisión final

En el presente caso, el apelante requiere se declare la nulidad de la Resolución 10385
de 28 de marzo de 1985, toda vez que, a través de ella, el entonces ISS reconoció a
la demandada la sustitución de la pensión de vejez reconocida al señor Aníbal Morales
Montaña, prestación que acusa como incompatible con la pensión de invalidez
reconocida al causante, que fue, igualmente, sustituida a la señora Milena Pérez de
Morales.

Si bien es cierto, no es dable a esta Corporación emitir pronunciamiento sobre la
legalidad de la Resolución 999 de 3 de abril de 1987, a través de la cual el entonces
ISS reconoció la pensión primigenia, no sobra reiterar la tesis general de
incompatibilidad entre pensiones de invalidez de origen común y las pensiones de
vejez o jubilación, habida cuenta de sus características y de los riesgos que una y otra
cubren.

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Número interno: 3514-2024
Demandante: Colpensiones
Demandado: Milena Inés Pérez de Morales

En efecto, desde tiempo atrás, el artículo 31 del Decreto 3135 de 1968 determinó que
«[l]as pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son incompatibles entre sí» , y que, «[e]l

empleado o trabajador podrá optar por las más favorable cuando haya concurrencia de ellas» .

En el presente caso, la Sala advierte que, las pensiones de invalidez y vejez
reconocidas, en su orden, por los entonces Cajanal e ISS son incompatibles entre si,
pues, no se enmarcan dentro de las excepciones previstas en la Ley.

Al respecto, vale decir que, la excepción consagrada en la letra b del artículo 32 del
Decreto ley 1042 de 1978, no resulta aplicable al particular, toda vez que lo allí
planteado se encuentra concernido a las asignaciones provenientes del erario «[…] que
provengan de servicios prestados por profesionales con título universitario hasta por dos cargos
públicos, siempre que el horario normal de trabajo permita el ejercicio regular de tales cargos y que el
valor conjunto de lo percibido en uno y otro no exceda la remuneración total de los ministros del
despacho», premisa que se encuentra inserta en un contexto de prestación simultánea

del servicio, no así, en el pago de múltiples prestaciones pensionales.

En ese sentido, debe también decirse que, por su naturaleza, la pensión de invalidez
de origen común concedida por Cajanal es incompatible con el ejercicio de empleos
públicos y, según la tesis jurisprudencial en vigor de esta Subsección, también con
pensiones reconocidas por el entonces ISS, hoy Colpensiones, con independencia de
la obtención de aquel derecho, dada la financiación tripartita de las prestaciones
reconocidas y sufragadas por este último administrador.

Sobre el particular, en sentencia de 10 de abril de 2025, esta Corporación señaló:

54. En efecto, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta providencia,
se encuentra que estas son incompatibles, puesto que cubren igual contingencia a la
reclamada, esto es, proporcionarle al extrabajador que cumple con los requisitos lo
necesario para subsistir, pues, si bien adquirió el derecho pensional antes de la expedición
de la Ley 100 de 1993, se benefició de una prestación que estuvo financiada con recursos
provenientes del erario, según lo previsto por el Decreto 1650 de 1977, tales como
impuestos y transferencias presupuestales, lo que, por su fuente, las haría incompatibles
con otras asignaciones provenientes de la nación.

55. Lo anterior, por virtud del sistema tripartita de financiación de la seguridad social
(trabajador, empleador y Estado) según el cual los empleadores y trabajadores se
encuentran obligados a realizar cotizaciones en un porcentaje cada uno hasta completar un
100%, a efectos de realizar los pagos de la prestaciones reconocidas, pero a efectos de
realizar su pago, también debe acudirse, entre otras a «transferencias de los presupuestos
nacional, departamentales, municipales y de los territorios nacionales»61, para completar
su valor.

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Número interno: 3514-2024
Demandante: Colpensiones
Demandado: Milena Inés Pérez de Morales

56. Así lo concluyó también la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013 al ordenar
que a partir del 1° de julio de 2013 ninguna mesada pensional, con cargo a recursos de
naturaleza pública, podría superar el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, pues advirtió que «[l]a razón para su establecimiento reside en el hecho que, en
los sistemas de prima media, la mesada pensional incorpora un componente
sustancial de subsidio con recursos de naturaleza pública. Esto es, el sistema de
aportes por cuenta del empleado y del empleador, no alcanza a generar los recursos para
financiar una pensión vitalicia con las previsiones de los distintos regímenes sobre tiempo
de servicios y tasa de reemplazo, lo cual implica que la diferencia se paga con recursos
públicos. El legislador, en consonancia con previsiones constitucionales, encontró, que en
materia pensional tales recursos deben destinarse a subsidiar las pensiones de las personas
de más bajos ingresos y a ampliar la cobertura del sistema».

Por lo tanto, dada la naturaleza de las prestaciones, y encontrando demostrado que,
las pensiones de invalidez y vejez son pagadas, respectivamente, total y parcialmente
con recursos públicos, se impone concluir que el pago simultáneo de estas resulta
incompatible.

Por ende, la Sala exhortará a Colpensiones para que, en el marco de sus
competencias, se sirva adelantar el respectivo medio de control en el que integre
debidamente la proposición jurídica y permita que esta Jurisdicción evalúe la legalidad
del reconocimiento de la pensión de vejez efectuado al causante, tal como será
dispuesto en la parte resolutiva de este fallo.

Finalmente debe decirse que, para tal efecto, y en casos de similares contornos
fácticos, Colpensiones deberá solicitar la vinculación de la UGPP al respectivo proceso
(vinculación que también podrá ser dispuesta de manera oficiosa por las autoridades
judiciales), con el objetivo de estudiar y resolver la situación pensional de manera
integral, de tal manera que se posible establecer cuál de las prestaciones resulta más
favorable. Todo lo anterior, de acuerdo con los principios de eficiencia y economía, ý
con el fin de garantizar los derechos de acceso a la administración de justicia, tutela
judicial efectiva, debido proceso y contradicción de todos los intervinientes.

De la condena en costas

No habrá condena en costas, habida cuenta que no obra prueba respecto de su
causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

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Número interno: 3514-2024
Demandante: Colpensiones
Demandado: Milena Inés Pérez de Morales

FALLA:

PRIMERO. ESTARSE a lo resuelto en el presente proceso y ordenarle a la secretaría
de la Sección Segunda que finalice el radicado interno [2760-2024] conforme a lo
indicado en el acápite previo de esta providencia.

SEGUNDO. REVOCAR la sentencia del 26 de abril de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que negó las
pretensiones de la demanda, para en su lugar, DECLARAR probada la excepción de
proposición jurídica incompleta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta sentencia.

TERCERO. EXHORTAR a la Administradora Colombiana de Pensiones
(COLPENSIONES), para que, en el marco de sus competencias, se sirva adelantar el
respectivo medio de control en el que, integre debidamente el contradictorio y la
proposición jurídica, con el fin que esta Jurisdicción pueda evaluar la situación pensional
de manera integral, y analizar la legalidad de los reconocimientos prestacionales
presuntamente incompatibles, de acuerdo con los argumentos señalados con antelación.

CUARTO. Sin condena en costas, en esta instancia.

QUINTO. Una vez en firme este fallo, por Secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal
de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

Con aclaración de voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

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Demandante: Colpensiones
Demandado: Milena Inés Pérez de Morales

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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