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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-03093-01

Fecha
5 de agosto de 2021
Consejero ponente
William Hernández Gómez
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-03093-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 26 de enero de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la señora Beatriz Navarro de Villarreal. Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia. Tercero: Se reconoce personería adjetiva como apoderada sustituta de la UGPP, a la abogada Karol Andrea Oviedo Alfonso identificada con cédula de ciudadanía n.° 1.030.631.119 y tarjeta profesional 305.247 del Consejo Superior de la Judicatura, ello en los términos del memorial de poder que obra a folio 431 del cuaderno 1. Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-03093-01

Consejero ponente: William Hernández Gómez

5 de agosto de 2021

COMPATIBILIDAD DE LA SUSTITUCIÓN A LA CONYUGE SUPÉRSTITE DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN DEL ISS Y PENSIÓN DE VEJEZ DE CAJANAL – Requisitos en vigencia de la Constitución de 1886

Es claro que en la mentada época en la que se encontraba vigente la Constitución Política de 1886, reglamentariamente se contemplaron una serie de excepciones específicas a la prohibición de pago de una doble asignación del tesoro público, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal b) que tenía como requisitos para su configuración, los siguientes: i) servicios prestados por empleados con título profesional universitario hasta en 2 cargos públicos, ii) que el horario en ambas entidades permitiera la ejecución de los dos empleos con normalidad y iii) que la suma de las dos asignaciones percibidas no supere el salario de un ministro del Gobierno Nacional .Lo anterior implica que, la tesis sobre la incompatibilidad pensional que regulaba la situación para las fechas que atañen al presente caso, sí contemplaba esa prohibición desde la misma Constitución de 1886, sin embargo, también advertía la existencia de salvedades a esa regla como lo es el supuesto fáctico descrito anteriormente, bajo el entendido de que incluso era viable el reconocimiento y pago de dos pensiones de jubilación, siempre que se fundamentaran en el desempeño de dos empleos públicos simultáneos de un funcionario que acreditara las exigencias en comento. (…)ante la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y en el entendido de que el artículo 128 superior contempla una prohibición clara de devengar una doble erogación por parte del Estado, tal regla se tornó más general y restrictiva a comparación de la contemplada en la Constitución de 1886 y su desarrollo reglamentario como se precisó anteriormente, de manera que, efectivamente al día de hoy y para los casos regidos por las primeras normas en mención, se torna incompatible obtener el pago de dos o más pensiones derivadas del Sistema Integral de Seguridad Social: i) cuando busquen contener el mismo riesgo, es decir, propendan por un objeto análogo, y ii) especialmente cuando la causa, base o fuente de financiación de ambas prestaciones sea las cotizaciones provenientes de servicios prestados ante entidades públicas o canceladas con recursos del erario, pues el origen de los aportes no se desvirtúa o se transforma por el hecho de convertirse en parafiscales (… ) en lo que respecta a la prestación de servicios oficiales hasta por dos cargos públicos cuyos horarios permitieran el desempeño normal de ambas labores, es evidente que ello se satisface adecuadamente, toda vez que el causante de la demandada efectivamente ejerció labores para dos entidades estatales como lo era el Hospital Santa Clara y el ISS, ello durante el período comprendido entre el 1.° de septiembre de 1956 y el 28 de mayo de 1976, bajo unas jornadas de trabajo de 3, 4 o 5 horas diarias en la primera institución y de 4 horas diarias en la segunda, lo cual permitiría deducir que pudo atender sus obligaciones en ambas autoridades sin dificultad, más aun cuando no se observa ni se aduce terminación de vinculaciones por supuestos conflictos de horarios, y adicionalmente, porque nuevamente se aclara, dicha situación en ningún momento fue objeto de discusión por parte de la UGPP, habida cuenta de que su tesis de demanda se basó en el análisis de una normativa diferente a la que es objeto de examen en esta oportunidad y que era la realmente aplicable .Por último, en lo atinente a la exigencia relativa a que la suma de las dos asignaciones percibidas por el causante no fueran superiores a la remuneración total de un ministro, debe reiterarse que este punto tampoco fue debatido por la entidad demandante, por lo que es posible asumir que no se superó dicho tope, más aun cuando los cargos ocupados por el de cujus fueron del nivel profesional como se observa de los mismas certificaciones relacionadas en el acervo probatorio.

FUENTE FORMAL : CONSTITUCIÓN POLÍTICA -ARTÍCULO 64 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA -ARTÍCULO 128 / DECRETO 3135 DE 1968 - ARTÍCULO 31 / DECRETO 1848 DE 1969 -ARTÍCULO 88 / DECRETO 1042 DE 1978 - ARTÍCULO 32 LITERAL

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 25000-23-42-000-2014-03093-01(2640-17)

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Demandado: BEATRIZ NAVARRO DE VILLARREAL

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Temas: Lesividad por incompatibilidad entre pensiones de jubilación sustitutivas. Caso en vigencia de la Constitución Política de 1886 y del Decreto 1042 de 1978. Excepción a la regla prohibitiva de percibir doble asignación del erario. Aplicación de la interpretación menos restrictiva por vigencia normativa y principio pro homine.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-165-2021

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la entidad demandante contra la sentencia proferida el 26 de enero de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La UGPP en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 2011, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones (Folio 239, C1)

Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución 3859 del 27 de agosto de 1982 en virtud de la cual, el extinto ISS en calidad de empleador reconoció una pensión de vejez a favor del señor Arturo Villarreal Abarca; y ii) Resolución 2210 del 2 de abril de 1986, con la que la referida entidad sustituyó dicha prestación a favor de la señora Beatriz Navarro de Villarreal en calidad de cónyuge supérstite del aludido causante con motivo de su deceso.

Que como consecuencia de esta declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordene suspender definitivamente el pago de la pensión de sobrevivientes que le fue reconocida a la señora Beatriz Navarro de Villarreal o la que fue concedida por la entonces Cajanal.

Que se condene a la demandada a reembolsar de manera indexada las sumas de dinero percibidas por concepto de pensión de vejez hasta cuando se verifique el pago a la entidad libelista, y además, que asuma las costas a que haya lugar.

Supuestos fácticos relevantes (Folios 151 a 153)

El señor Arturo Villarreal Abarca nació el 5 de enero de 1923 y prestó sus servicios para la extinta Caja Nacional de Previsión desde el 15 de abril de 1945 hasta el 27 de mayo de 1976. Simultáneamente laboró para el otrora ISS (Seccional Cundinamarca) del 1.° de septiembre de 1956 al 31 de diciembre de 1977. Por último, también se desempeñó como médico jefe del Departamento de Consulta Externa del Hospital Santa Clara entre el 28 de mayo de 1976 y el 16 de febrero de 1982.

El referido causante reclamó el 6 de septiembre de 1976 ante Cajanal, el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por haber acreditado la edad requerida y más de 20 años de servicio oficial. Frente a dicha solicitud, la mentada autoridad expidió la Resolución 5789 del 16 de diciembre de 1976 con la que concedió el derecho deprecado efectivo a partir del 28 de mayo del mismo año, en cuantía de $11.188,43 y condicionado a la demostración del retiro definitivo del servicio. Al cumplirse dicho supuesto, la entidad en comento profirió la Resolución 00906 de 1985 mediante la cual reconoció la prestación con efectividad desde el 17 de febrero de 1982 y en un monto de $53.684,50.

El señor Villarreal Abarca falleció el 28 de diciembre de 1985 según registro civil de defunción.

Cajanal en su momento emitió la Resolución 01858 del 11 de febrero de 1986, con base en la cual reconoció provisionalmente una pensión sustitutiva de vejez a favor de la señora Beatriz Navarro Villarreal, quien acreditó la calidad de cónyuge supérstite del causante en mención luego de su deceso. No obstante, solo fue hasta que se profirió la Resolución 09413 del 11 de noviembre de 1988 que la entidad precitada otorgó de forma definitiva la sustitución pensional a favor de la demandada desde el 29 de diciembre de 1985 en cuantía de $69.078.

El señor Arturo Villarreal Abarca con anterioridad al acontecimiento de su muerte solicitó ante el extinto Instituto de los Seguros Sociales el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por haber laborado más de 20 años al servicio de esa misma entidad como empleadora. En virtud de tal reclamación, el mentado ISS concedió aquella prestación conforme a la Resolución 3859 del 27 de agosto de 1982 en cuantía de $49.556, con efectividad desde el 30 de diciembre de 1980.

La demandada tramitó ante la aludida autoridad el traspaso provisional de la pensión de vejez otorgada al causante, lo cual fue ordenado provisionalmente de acuerdo con la Resolución 863 del 4 de febrero de 1986. Posteriormente, a través de la Resolución 002210 del 2 de abril del mismo año, se resolvió sustituir en forma definitiva la prestación de jubilación a favor de la cónyuge supérstite del señor Villarreal Abarca, esto por un monto equivalente a $84.595 desde el 28 de diciembre de 1985.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones, las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 30 de agosto de 2016.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:

«[…] El apoderado de la parte demandada, en el escrito de contestación a la demanda propone la excepción de ineptitud de la demanda (fls. 291 y 280-281).

Se advierte que con respecto a la excepción de prescripción se entiende que es con respecto a las mesadas, por lo que no resulta procedente examinarla en esta etapa procesal y será resuelta en caso de prosperidad de las pretensiones de la demanda.

Frente a la excepción de ineptitud de la demanda, en el escrito de contestación a la demanda se sostiene: “… constituye un error de técnica que es causal de ineptitud de la demanda, por el no cumplimiento de los requisitos formales de la demanda y consiste en que en la pretensión se incluyen hechos, lo cual resulta a todas luces equivocado…”. […]

Ahora bien, al revisar la demanda en el acápite “2. PRETENSIONES”, se está solicitando la nulidad de las Resoluciones Nos. 3859 del 27 de agosto de 1982 y 2210 del 2 de abril de 1986 y a título de restablecimiento del derecho se ordene la suspensión definitiva del pago de la pensión que percibe la demandada.

De lo anterior, se desprende que se cumple con la esencia del medio de control y nulidad y restablecimiento del derecho contemplado en el artículo 138 del CPACA, dado que en este tipo de medio de control, por mandato legal, la demanda debe necesariamente tener dos pretensiones, la de nulidad y el restablecimiento, lo que se cumple en la demanda, por lo tanto dicha excepción no tiene vocación de prosperidad.

Con apoyo en lo anterior, se RESUELVE: Declarar no probada la excepción de ineptitud de la demanda, formulada por la parte demandada. […]» (Negrilla, mayúscula y cursiva conforme a la transcripción. Folios 331 a 332 y CD obrante a folio 335, C1).

Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] Determinar si hay lugar a la declaratoria de nulidad de los actos acusados, por los cuales CAJANAL EICE, ahora la UGPP, reconoció una pensión sustitutiva de jubilación a la demandada, a partir del 14 de junio de 1997, de conformidad con la normativa reguladora de la materia y los hechos debidamente probados.

El apoderado de la parte solicita (sic) se tenga en cuenta el restablecimiento del derecho y el apoderado de la parte demandada se ratifica en las excepciones de fondo establecidas en la contestación de la demanda. […]» (Mayúscula del texto original. Folio 332 y CD que reposa a folio 335, C1).

SENTENCIA APELADA
(Folios 367 a 373, C1)

El a quo profirió sentencia escrita el 26 de enero de 2017, por medio de la cual negó las pretensiones de la entidad demandante con fundamento en las siguientes consideraciones:

El tribunal de primera instancia recordó que, tanto la Constitución Política de 1991 como la de 1886 contemplan la restricción relativa a que nadie puede percibir más de una erogación del tesoro público, salvo especiales casos determinados por la ley.

En lo que respecta al caso concreto, señaló que de acuerdo con el material probatorio recaudado, se advirtió que el causante de las pensiones de jubilación que actualmente devenga la demandada, se desempeñó en vida en el cargo de jefe del departamento de consulta externa del Hospital Antituberculoso Santa Clara desde el 1.° de agosto de 1958 al 17 de febrero de 1982, y para el extinto ISS bajo el empleo de médico neumólogo a partir del 1.° de septiembre de 1956 hasta el 30 de diciembre de 1980, lo cual demuestra que tuvo una prestación simultánea del servicio oficial en ambas entidades.

Sostuvo al respecto que, si bien dicha situación daría lugar en principio a que se configure la prohibición en comento, lo cierto es que en vigencia de la Constitución Política de 1886 y los Decretos 1713 de 1960 y 1042 de 1978, era factible el reconocimiento de una doble erogación del erario, siempre que el empleado público con título profesional en áreas de la salud, ejerciera labores hasta en dos entidades del Estado y en el horario que le permitiera atender ambos trabajos.

Por lo anterior, consideró que, efectivamente era viable que el señor Villarreal Abarca hubiese devengado dos asignaciones públicas y que por tal razón consolidara el derecho a percibir dos pensiones generadas por el desempeño de cada una de sus vinculaciones independientes.

Estimó que, al verificar que el causante había cumplido las exigencias de la normativa precitada para ser beneficiario de la excepción a la prohibición de doble asignación por parte del Estado, resultaba procedente que aquel y en consecuencia su cónyuge supérstite, perciba las dos prestaciones que fueron reconocidas en su momento por el extinto ISS y por la otrora Cajanal, puesto que cada una de estas pensiones fue causada por períodos de labores simultáneos pero independientes, de suerte que no son pertinentes los argumentos de la parte activa tendientes a afirmar que se presenta una infracción al postulado constitucional que impide recibir dos o más erogaciones del erario.

Por último, en lo relacionado con la solicitud de la entidad libelista para que envíen copias de la actuación a las autoridades penales ante la supuesta actitud temeraria del causante al no haber informado al ISS que tenía reconocida una pensión por parte de Cajanal, el a quo planteó que no es de recibo tal pedimento, habida cuenta de que ni en la demanda, ni el curso de la actuación se insinuó o se demostró que el señor Villarreal Abarca hubiese cometido una conducta punible u objeto de reproche disciplinario.

Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió sentencia en el sentido de denegar las pretensiones de la demanda.

RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 389 a 391, C1)

La parte demandante formuló recurso de alzada contra el fallo de primera instancia con el fin de que se revoque la decisión y se acceda a sus pretensiones. Como sustento de la impugnación manifestó que, no le asiste razón al a quo en su argumentación, toda vez que los actos administrativos demandados fueron expedidos de forma irregular. Sobre el punto afirmó que ello se evidencia en la medida en que la pensión reconocida por el extinto ISS es financiada con recursos públicos, habida cuenta de que el tiempo laborado y las cotizaciones efectuadas por el causante se hicieron en virtud de una vinculación con la misma entidad que es de naturaleza estatal, tal como sucedió con la prestación concedida por la entonces Cajanal.

Recalcó el hecho de que el señor Villarreal Abarca recibió doble erogación del tesoro público en contravía del postulado del artículo 128 constitucional que prevé la imposibilidad de desempeñar simultáneamente más de un empleo al servicio del Estado y recibir dos o más asignaciones por esa misma razón.

Aseguró que el referido causante se encontraba inmerso en dicha situación, y por lo tanto, lo propio fue transmitido a su beneficiaria, es decir, a la cónyuge supérstite demandada. Sobre el punto, puso de presente que esta postura fue desarrollada por el Consejo de Estado en sentencia del 26 de enero de 2016 en el proceso con radicado 2001-3312 y por la Corte Suprema de Justicia en proveído del 9 de septiembre de 2001, dictada en la actuación con radicado 16612.

Por último, aseveró que si bien de manera excepcional se ha admitido legalmente la posibilidad de percibir una pensión de jubilación oficial con otra concedida por el ISS, lo que ha prohibido la ley expresa y categóricamente, es que una entidad del Estado quede con la carga de asumir dos pensiones, más aun cuando se generan en el mismo hecho, en tanto esa duplicidad es excesiva y ha producido la liquidación de entidades de previsión social.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Parte demandante (Folios 410 a 414, C1): insistió en la solicitud de revocatoria de la sentencia de primera instancia. Para tal efecto reprodujo los argumentos del recurso de apelación interpuesto.

Parte demandada (Folios 415 a 417, C1): Instó que no se acojan los argumentos de impugnación de la entidad libelista y que por consiguiente se confirme el fallo censurado. Al respecto acotó que, es acertada la tesis del a quo al sostener que el señor Villarreal Abarca tenía el derecho al reconocimiento y pago de dos asignaciones del erario, toda vez que se logró demostrar que aquel ostentaba la calidad de profesional universitario y que ocupó dos cargos públicos de medio tiempo, al igual que su remuneración no excedía la de un ministro de despacho, tal como lo preveían los Decretos 1713 de 1960 y 1042 de 1978.

Precisó que las dos prestaciones a favor del causante correspondían a sendas pensiones de medio tiempo, es decir, a media pensión respectivamente, por lo que son perfectamente compatibles, más aun cuando aquella concedida por Cajanal fue solo por el tiempo prestado al Hospital Santa Clara, mientras que la otorgada por el ISS tuvo en cuenta únicamente la labor desempeñada a esa misma entidad.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal según constancia visible a folio 418 del cuaderno 1.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la respectiva alzada. En el presente caso solo presentó la impugnación vertical la parte demandante.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se resume en la siguiente pregunta:

¿La pensión de jubilación reconocida por el entonces ISS al señor Arturo Villarreal Abarca mediante la Resolución 3859 del 27 de agosto de 1982, y sustituida a favor de la señora Beatriz Navarro de Villarreal en calidad de cónyuge supérstite de aquel según la Resolución 2210 del 2 de abril de 1986, la cual se fundamentó para su concesión en los servicios prestados por el causante como profesional de la salud vinculado a esa misma entidad, es incompatible con la pensión de vejez otorgada a aquel por la extinta Cajanal a través de la Resolución 5789 del 16 de diciembre de 1976, y sustituida luego de su fallecimiento a la demandada conforme a la Resolución 09413 del 11 de noviembre de 1988, bajo el entendido de que esta prestación se consolidó por la labor desarrollada por el de cujus en calidad de médico del otrora Hospital Antituberculoso Santa Clara?

En lo que respecta a este cuestionamiento, la Subsección contempla la siguiente tesis: la pensión de jubilación reconocida por el entonces ISS al causante y sustituida a la actual demandada, no es incompatible con la pensión de vejez también reconocida a favor de esta última por parte de Cajanal como beneficiaria de aquel, puesto que la concesión de ambas prestaciones para la época, en vigencia de la normativa constitucional y reglamentaria aplicable en ese momento, se fundamentó en una situación contemplada y entendida en dicha oportunidad como una excepción a la prohibición de devengar doble erogación del tesoro público, tal como se explica a continuación:

Sobre el marco normativo aplicable al caso del causante y de la demandada para la época de consolidación de su derecho pensional

Debido a que el litigio se contrae a determinar la compatibilidad o no de las dos pensiones que devenga la señora Navarro de Villarreal en atención al tiempo de servicio que acumuló su causante en diferentes entidades públicas, se hace necesario inicialmente comprender el marco constitucional, legal y reglamentario que regía el asunto en su momento.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que los reconocimientos y sustituciones de las prestaciones en litigio, tuvieron lugar entre 1976 y 1988 para el caso del derecho otorgado por Cajanal, y entre 1982 y 1986 en lo que respecta a la prerrogativa concedida por el entonces ISS. Ante la mentada delimitación temporal, claramente el fundamento constitucional que aplicaba para verificar la situación particular del de cujus y de su beneficiaria, era la Constitución Política de 1886 que en su artículo 64 rezaba lo siguiente sobre la doble erogación del Estado:

«Artículo 64.- Nadie podrá recibir dos sueldos del Tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinen las leyes.».

Por su parte y en la actualidad, debe tenerse en cuenta que la Constitución Política de 1991 también contempló ese mismo precepto en su artículo 128, en el que se planteó lo siguiente:

«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas.»

Como se observa, el postulado superior atinente a un precepto prohibitivo de devengar dos o más emolumentos provenientes del erario, es común tanto en vigencia de la Constitución de 1886 como en la de 1991, pues desde aquella época se buscaba evitar que los funcionarios del Estado pudieran verse beneficiados de manera preferente por su vinculación, frente a quienes no gozaban de dicha condición.

Ahora, en lo que respecta a la noción de sueldo o asignación, deben entenderse desde una perspectiva general y más amplia, tal como lo precisó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado cuando indicó que:

«[…] Con fundamento en la indispensable calidad de empleado público, la finalidad de las dos prohibiciones concurre al mismo fin, que no se reciba más de una asignación, bien mediante el desempeño de otro empleo, ora de uno sólo, percibiendo otra clase de remuneraciones propias de los servidores públicos.

El desarrollo jurisprudencial del término “asignación”, puede resumirse así: “con este vocablo genérico se designa en hacienda pública toda cantidad de dinero que se fija y destina al pago de las prestaciones relacionadas con el servicio público oficial”, según la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia - sentencia del 11 de diciembre de 1961-.

Por su parte, esta Sala en la Consulta 896 de 1997 sostuvo que “...la prohibición de recibir más de una asignación del tesoro público, está estrechamente relacionada con el ejercicio de empleos en el sector oficial o con el pago de prestaciones provenientes del ejercicio de estos empleos (...) las asignaciones mencionadas en dichas normas comprenden los sueldos, prestaciones sociales y toda clase de remuneración que tenga como fundamento un vínculo o relación laboral con entidades del Estado. […]».

De esta manera, bien sea bajo el concepto de «sueldos» o el de «asignación» del tesoro público, lo cierto es que incluso desde antes del actual régimen constitucional, no se concibe el reconocimiento de más de dos pagos a favor de un funcionario o exempleado público cuando ambos tengan recursos públicos como fundamento de financiación, tal como sucedería con las pensiones de jubilación que al encontrarse en tal escenario, en principio resultarían incompatibles. No obstante, lo cierto es que los regímenes en comento contemplaron casos excepcionales específicos y taxativos a dicha regla general, los cuales se encuentran desarrollados en la normativa legal o reglamentaria posterior.

Pues bien, con sujeción a la línea temporal advertida para el caso sub lite, la regulación sobre la materia se comenzó a materializar con el Decreto 3135 de 1968 que en su artículo 31 indicó:

«ARTÍCULO 31. Las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son incompatibles entre sí. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia de ellas.»

Lo propio fue reiterado en los mismos términos por el artículo 88 del Decreto 1848 de 1969 que reglamentó la norma precitada. Aunado a ello, en el canon 77 ibídem se precisó con mayor detalle el referido precepto de incompatibilidad, así:

«ARTÍCULO 77.- Incompatibilidades con el goce de la pensión. El disfrute de la pensión de jubilación es incompatible con la percepción de toda asignación proveniente de entidades de derecho público, establecimientos públicos, empresas oficiales y sociedades de economía mixta, cualesquiera sea la denominación que se adopte para el pago de la contraprestación del servicio, salvo lo que para casos especiales establecen las leyes y en particular el Decreto 1713 de 1960 y la Ley 1a. de 1963.»

Seguidamente, en punto a la mentada excepción a la regla prohibitiva de devengar doble asignación del erario, debe destacarse el artículo 32 del Decreto 1042 de 1978, el cual contempló lo siguiente:

«ARTÍCULO 32. De la prohibición de recibir más de una asignación. De conformidad con el artículo 64 de la Constitución Nacional, ningún empleado público podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro, o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, ya sea en razón de contrato, de comisión o de honorarios.

Se exceptúan de la prohibición contenida en el presente artículo las asignaciones que a continuación se determinan:

a. Las que provengan del desempeño de empleos de carácter docente en los establecimientos educativos oficiales, siempre que no se trate de profesorado de tiempo completo.

b. Las que provengan de servicios prestados por profesionales con título universitario hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal de trabajo permita el ejercicio regular de tales cargos y que el valor conjunto de lo percibido en uno y otro no exceda la remuneración total de los ministros del despacho.

c. Las que provengan de pensión de jubilación y del ejercicio de los cargos de ministro del despacho, jefe de departamento administrativo, viceministro, subjefe de departamento administrativo, superintendente, secretario general de ministerio, departamento administrativo o superintendencia, director general de establecimiento público o de empresa industrial o comercial del Estado, secretario general de establecimiento público, miembro de misiones diplomáticas no comprendidas en la respectiva carrera y secretario privado de los despachos de los funcionarios de que trata este ordinal, siempre que el valor conjunto de la pensión y del sueldo percibido en el cargo no exceda la remuneración fijada por la ley para los ministros del despacho.

d. Las que provengan de los honorarios percibidos por asistir en calidad de funcionario a juntas o consejos directivos, sin que en ningún caso puedan percibirse honorarios por la asistencia a más de dos de ellas.

e. Las que con carácter de pensión o sueldo de retiro perciban antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, con el mismo limite señalado en el ordinal c) del presente artículo.». (Subrayado fuera de texto).

Con base en este desarrollo normativo y específicamente en este último postulado, es claro que en la mentada época en la que se encontraba vigente la Constitución Política de 1886, reglamentariamente se contemplaron una serie de excepciones específicas a la prohibición de pago de una doble asignación del tesoro público, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal b) que tenía como requisitos para su configuración, los siguientes: i) servicios prestados por empleados con título profesional universitario hasta en 2 cargos públicos, ii) que el horario en ambas entidades permitiera la ejecución de los dos empleos con normalidad y iii) que la suma de las dos asignaciones percibidas no supere el salario de un ministro del Gobierno Nacional.

Lo anterior implica que, la tesis sobre la incompatibilidad pensional que regulaba la situación para las fechas que atañen al presente caso, sí contemplaba esa prohibición desde la misma Constitución de 1886, sin embargo, también advertía la existencia de salvedades a esa regla como lo es el supuesto fáctico descrito anteriormente, bajo el entendido de que incluso era viable el reconocimiento y pago de dos pensiones de jubilación, siempre que se fundamentaran en el desempeño de dos empleos públicos simultáneos de un funcionario que acreditara las exigencias en comento.

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Sobre la postura jurídica actual frente a la incompatibilidad pensional, respaldada en la Constitución de 1991 y la Ley 100 de 1993

A manera de precisión jurídica en el presente caso y con el fin de demostrar que no existe contradicción entre el desarrollo conceptual esbozado previamente y el que ha sostenido el Consejo de Estado al día de hoy, resulta pertinente aclarar aspectos sobre la unidad de financiamiento del SGSSP a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y la improcedencia de cubrir dos prestaciones derivadas del mismo riesgo, originadas en cotizaciones provenientes del sector público.

En primer lugar, se advierte que la parte demandante en su recurso fundamentó la censura contra el fallo de primera instancia al esgrimir que debe tenerse en cuenta el postulado prohibitivo del artículo 128 constitucional, que en su sentir era aplicable a la situación jurídica del causante y de la señora Navarro de Villarreal, toda vez que los recursos con los cuales se financian las pensiones que aquella percibe, son públicos al derivarse de la labor oficial simultánea que ejerció su cónyuge en vida en dos entidades del Estado.

Al respecto se encuentra que, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, asumió que el contenido del precepto ejusdem al referirse a la noción de asignación del tesoro público, debía entenderse de manera irrestricta a toda erogación derivada de la prestación de un servicio oficial como en efecto serían las pensiones, empero, bajo tal entendido se estimó que los aportes al Sistema General de Seguridad Social no podían hacer parte de tal criterio.

Ahora, la Sección Segunda de esta Alta Corte, señaló que tal aseveración tenía fundamento respecto de las situaciones pensionales configuradas antes de que entrara en vigencia la Ley 100 de 1993, pues al entrar en vigor, esta implementó un sistema integral que se acompasaba con el artículo 128 superior en el entendido de que no era posible devengar dos prestaciones destinadas a contener el mismo riesgo de vejez, tal como se adujo de la siguiente forma:

«Bajo estas consideraciones, puede concluirse, que no es acertada la decisión de la Administración relativa a la negativa del derecho pensional reclamado, fundada en la incompatibilidad pensional, máxime si, como en el presente asunto, la pensión reconocida por el ISS es resultado de aportes eminentemente privados, efectuados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. […]

De la compatibilidad pensional.

Al respecto, establece el artículo 128 de la Constitución Política que: "Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas.".

Consagra el anterior precepto constitucional la imposibilidad de (I) desempeñar más de un empleo público y (II) percibir más de una asignación que provenga del (a) tesoro público o (b) de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.

Dentro de esta prohibición ha de entenderse no sólo la percepción de más de un "sueldo" que provenga de más de un empleo público, sino la de otras remuneraciones o asignaciones que tengan la misma fuente, tales como pensiones, entre otros.» (Resaltado de la Subsección).

Esta aclaración halla sustento en la medida en que el fin ulterior del Sistema General de Seguridad Social implementado con la promulgación de la Ley 100 de 1993, es unificar las condiciones y exigencias para toda la población, en orden de acceder en clave de igualdad e integralidad a todas las prestaciones que éste consagra, y de aquella forma suplir las contingencias derivadas de la actividad laboral.

Ello se traduce también en que a pesar de que los recursos para financiar los derechos económicos en comento se constituyen en aportes comunes a una única especie de fondo parafiscal (que por definición es paralelo al fisco individualmente considerado), lo cierto es que se torna inviable generar con cargo al propio sistema y a favor de un mismo beneficiario, dos o más pagos destinados a satisfacer un objetivo idéntico como en este caso sería el de aplacar la pérdida de capacidad laboral por vejez, pues se atenta contra la estructura y principios del SGSSP como la sostenibilidad y solidaridad que hacen eco y sentido con la esencia del artículo 128 de la Constitución Política, más aun cuando el financiamiento de dichas prerrogativas devienen de un solo esquema remunerativo.

Lo anterior sobre la misma causa o fundamento de pago, se aduce por cuanto el Consejo de Estado en sentencia del 19 de febrero de 2015, ratificó y explicó bajo un evento de cotizaciones del sector privado y del sector público, que en definitiva no es posible devengar dos pensiones de vejez consolidadas por tiempos prestados al servicio del Estado, sin embargo, aclaró que sí resultaba viable ese supuesto en el caso de percibir dichas prestaciones pero una con base en aportes del sector privado y la otra con aportes de empleadores de derecho público, tal como se señaló de la siguiente manera:

«De lo anterior se concluye que es viable percibir una pensión de jubilación por servicios prestados en el sector público y a la vez recibir una pensión de vejez por parte del ISS siempre que ésta se reconozca por servicios prestados a patronos particulares.

No sucede lo mismo cuando la pensión que reconoce el Instituto del Seguro Social incluye tiempos laborados en el sector público porque en ese caso se involucran dineros que provienen del "tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado" y en tal sentido sería incompatible con la pensión de jubilación reconocida por servicios prestados en el sector público.»

En suma, ante la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y en el entendido de que el artículo 128 superior contempla una prohibición clara de devengar una doble erogación por parte del Estado, tal regla se tornó más general y restrictiva a comparación de la contemplada en la Constitución de 1886 y su desarrollo reglamentario como se precisó anteriormente, de manera que, efectivamente al día de hoy y para los casos regidos por las primeras normas en mención, se torna incompatible obtener el pago de dos o más pensiones derivadas del Sistema Integral de Seguridad Social: i) cuando busquen contener el mismo riesgo, es decir, propendan por un objeto análogo, y ii) especialmente cuando la causa, base o fuente de financiación de ambas prestaciones sea las cotizaciones provenientes de servicios prestados ante entidades públicas o canceladas con recursos del erario, pues el origen de los aportes no se desvirtúa o se transforma por el hecho de convertirse en parafiscales.

Como se desprende de este contexto jurídico, la línea interpretativa actual de la Sección Segunda del Consejo de Estado en materia de incompatibilidad entre pensiones de vejez financiadas con recursos del Estado, es pacífica en punto a afirmar lo propio en asuntos en los que los reconocimientos prestacionales tuvieron lugar en vigencia de la Constitución de 1991 y particularmente de la Ley 100 de 1993.

No obstante, cuando las prerrogativas en conflicto fueron concedidas con anterioridad a dicho marco normativo, particularmente en aplicación de la Constitución de 1886 y de los mandatos que reglamentaron la prohibición de percibir doble asignación del erario, en el sentido de haber contemplado sendas excepciones como por ejemplo, las previstas en el Decreto 1042 de 1978 en su artículo 32, la postura jurídica aplicable no puede ser la precitada y vigente a la fecha sobre la materia, sino una menos rigurosa basada en las condiciones de la propia regulación aplicable, tal como se aseveró por parte del Consejo de Estado en reciente sentencia proferida en un proceso con similitud fáctica y jurídica, incluso en lo atinente a la época de los hechos, donde se manifestó lo siguiente:

«[…] no ocurre lo mismo cuando la pensión que se reconoce proviene de otra entidad de índole pública, debido a que los dineros allí involucrados proceden del tesoro público, lo que comporta una incompatibidad (sic) pensional, situación frente a la cual la normativa da la posibilidad al interesado de escoger la pensión que le resulte más favorable.

A pesar de lo expuesto, el artículo 32 del Decreto 1042 de 1978 (en vigor para la época en que al causante se le reconocieron las pensiones de jubilación), sobre la prohibición de recibir más de una asignación proveniente del erario, preceptuó:

De conformidad con el artículo 64 de la Constitución Nacional, ningún empleado público podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro, o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, ya sea en razón de contrato, de comisión o de honorarios.

Se exceptúan de la prohibición contenida en el presente artículo las asignaciones que a continuación se determinan:

a) Las que provengan del desempeño de empleos de carácter docente en los establecimientos educativos oficiales, siempre que no se trate de profesorado de tiempo completo.
b) Las que provengan de servicios prestados por profesionales con título universitario hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal de trabajo permita el ejercicio regular de tales cargos y que el valor conjunto de lo percibido en uno y otro no exceda la remuneración total de los ministros del despacho. […]

De la anterior disposición, cabe destacar que desde la otrora Constitución Nacional de 1886 se contempló la referida prohibición, pero con ciertas excepciones, entre las cuales se encontraba la concerniente a las asignaciones que provinieran de servicios prestados por profesionales con título universitario hasta por dos cargos y que no excediera la jornada ordinaria laboral ni que se llegara al tope máximo salarial al interior del Estado. […]

Sobre el particular, esta Sala considera que, tal como lo concluyó el a quo, no le asiste razón a la actora cuando advierte que las pensiones que en vida recibió el señor Armando Rojas Puello y luego sustituidas en la accionada, son incompatibles en virtud de lo preceptuado por el referido artículo 128 constitucional, al provenir del erario, en la medida en que se trata de una de las excepciones previstas en las normas que regulan la materia. […]»

Bajo esta línea de intelección, debido a que el asunto sub iudice se enmarca en los supuestos temporales previos a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, su análisis debe ser enfocado en la aplicación del marco constitucional y reglamentario anterior sobre la prohibición de devengar doble asignación del tesoro público, pero bajo la concepción de situaciones excepcionales definidas que deben ser acreditadas para su configuración, y no con base en la actual interpretación jurisprudencial que impide de manera general la compatibilidad entre pensiones que contienen el mismo riesgo y que son financiadas con recursos públicos.

Sobre el caso específico de la demandada

En primer lugar, se observa que a la señora Beatriz Navarro de Villarreal, efectivamente le fueron sustituidas dos pensiones de jubilación que habían sido reconocidas a su causante, con base en los siguientes hechos probados:

El señor Arturo Villarreal Abarca laboró en su calidad de médico profesional al servicio del extinto Hospital Sanatorio Santa Clara, donde fue vinculado inicialmente como interno desde el 15 de abril de 1949 (ver certificado laboral emitido por el entonces Ministerio de Salud Pública que obra a folio 31, C1), hasta el 28 de mayo de 1976, cuando desempeñaba el cargo de «Médico (4 horas-mes) Jefe de la Sección de Consulta Externa» (ver Oficio 172 del 26 de abril de 1976 en el que se le informa tal hecho, el cual reposa a folio 34, C1).

Conforme a la constancia suscrita por el jefe de personal del Hospital Santa Clara emitida el 23 de enero de 1978 (folio 121, C1), el referido causante laboró en la mentada institución bajo los siguientes cargos y jornadas:

De acuerdo con la constancia emitida por el Hospital Antituberculoso Santa Clara el 23 de agosto de 1976 (folio 35, C1), al señor Villarreal Abarca le fueron efectuados los respectivos descuentos para pensión durante su vinculación con dicha entidad, aportes que fueron girados a la Caja Nacional de Previsión (Cajanal).

El señor Arturo Villarreal Abarca solicitó ante la extinta Cajanal el reconocimiento de la pensión de jubilación con base en el aludido tiempo de servicio (folio 25, C1). En respuesta a dicha petición, la entidad en comento expidió la Resolución 5789 del 16 de diciembre de 1976 (folio 36, C1), en virtud de la cual reconoció una pensión de vejez a favor del de cujus con base en los tiempos de cotización por el vínculo legal y reglamentario que este sostuvo con el Hospital Santa Clara, esto es, el comprendido entre el 15 de abril de 1949 hasta el 27 de mayo de 1976. Para tal efecto, calculó la prestación en un 75% del promedio mensual de los salarios devengados en el último año de labor oficial, por lo cual concedió este derecho en cuantía de $11.188, efectivo desde aquella data.
Según Oficio 0936 del 22 de enero de 1982, suscrito por el jefe de nómina, salarios y registro de personal del Instituto de los Seguros Sociales (folio 68, C1), el causante prestó sus servicios a dicha entidad como médico profesional desde el 1.° de septiembre de 1956 al 12 de diciembre de 1979 con una intensidad de trabajo de 4 horas diarias. Posteriormente, laboró a partir del 13 de diciembre de 1979 hasta el 30 de diciembre de 1980 en jornada de 8 horas diarias como médico neumólogo en el CAB de Paiba.

El señor Villarreal Abarca solicitó el reconocimiento de una pensión de vejez ante el extinto Instituto de los Seguros Sociales, según petición del 3 de enero de 1978 (folio 27, C1). Frente a esta reclamación, el ISS reconoció lo propio conforme a la Resolución 3859 del 27 de agosto de 1982 (folios 141 a 142, C1). Para tal efecto, la referida entidad tuvo en cuenta el tiempo de servicio prestado por aquel a la propia autoridad en calidad de médico para el período comprendido entre el 1.° de septiembre de 1956 al 12 de diciembre de 1979 por una jornada de 4 horas y desde el 13 de diciembre de 1979 hasta el 30 de diciembre de 1980 en razón de una jornada de 8 horas diarias. La prestación fue concedida de acuerdo con las previsiones del Decreto 1653 de 1977 y el Acuerdo 0148 de 1980, esto en cuantía del 100% del promedio de lo percibido por el causante durante su último año de labor oficial, por lo que aquella se fijó en un monto de $49.536 efectiva desde la fecha de su retiro definitivo.

Según certificado de defunción (folio 204, C1), se informa que el señor Arturo Villarreal Abarca falleció el 28 de diciembre de 1985.

En atención al acontecimiento de la muerte del aludido causante, el ISS en su momento profirió la Resolución 002210 del 2 de abril de 1986 (folio198, C1), en virtud de la cual sustituyó de forma definitiva la pensión reconocida al señor Villarreal Abarca de acuerdo con la Resolución 3859 del 27 de agosto de 1982, a favor de su cónyuge supérstite, la señora Beatriz Navarro de Villarreal, ello con efectividad desde la data de la muerte del mentado de cujus.

Por su parte, la otrora Cajanal profirió la Resolución 09413 del 11 de noviembre de 1988 (folios 229 a 231, C1), de conformidad con la cual también sustituyó a favor de la demandada, la pensión de jubilación reconocida en su oportunidad a su causante según la Resolución 5789 del 16 de diciembre de 1976, esto en los mismos términos de dicho acto administrativo, pero con efectividad desde el 29 de diciembre de 1985, esto es, el día siguiente al deceso del señor Villarreal Abarca.

Pues bien, como se desprende de este contexto fáctico, es dable asentir que el causante de la demandada consolidó su estatus jurídico como pensionado, en los dos eventos relacionados con Cajanal y con el ISS, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (puntualmente en los años 1976 y 1982 respectivamente), por lo que es procedente analizar la aplicación de la prohibición constitucional del artículo 64 de la Constitución Política de 1886, en lo relativo al hecho de percibir más de dos pensiones que provengan del propio sistema, pero con las excepciones que le son propias en virtud del Decreto 1042 de 1978, tal como se expuso anteriormente sobre la tesis e interpretación válida para casos como el presente.

Al respecto y con fundamento en el acervo probatorio relacionado, se logró evidenciar que el origen o causa de financiamiento de la pensión otorgada al señor Villarreal Abarca y luego sustituida a la demandada por parte del ISS como empleador del primero, correspondió a los descuentos efectuados por y para aquella entidad sobre los factores de salario que el de cujus percibió en virtud de la relación legal y reglamentaria creada con dicha autoridad, luego de haberse desempeñado como médico por más de 20 años. Por esta razón, sin lugar a dudas el sustento para el pago de la aludida prestación obedece a sendos recursos públicos o pertenecientes al presupuesto del extinto ISS, que claramente era un ente del Estado.

De otro lado, en cuanto a la pensión de vejez concedida por la entonces Cajanal al mentado causante, se encuentra a partir del mismo contenido del acto de reconocimiento, que el fundamento y causa de pago de la referida prestación, fueron los aportes que aquel efectuaba a través de los descuentos y cotizaciones que realizaba el Hospital Santa Clara respecto de los salarios y demás conceptos que este devengaba en atención a la relación legal y reglamentaria generada con dicha entidad de derecho público que hacía parte de la estructura descentralizada del entonces Ministerio de Salud Pública.

Por tal motivo, es entendible que, en efecto el señor Villarreal Abarca ejerció un empleo público, del cual indiscutiblemente los recursos para su financiamiento hacían parte del erario debido a la naturaleza del vínculo laboral.

Seguidamente, en lo atinente al punto sobre el objeto o fin pretendido con ambas prestaciones examinadas, resulta palmario que las dos pensiones fueron concedidas al causante por jubilación, pues se derivaron del cumplimiento de los requisitos de tiempo de servicio y de la acreditación de una edad determinada, motivo por el cual es palmario que la contingencia que se buscaba contener con cada una, era la terminación de los respectivos vínculos laborales por una condición etaria asociada a la vejez, de suerte que sí se trata de derechos económicos destinados al mismo fin.

No obstante, al margen de lo expuesto que denota la presencia de dos asignaciones financiadas con recursos del erario, lo cierto es que el sustento de impugnación de la entidad apelante radica exclusivamente en afirmar que ante la configuración de los supuestos de hecho aludidos, se estructura la prohibición de percibir doble asignación del tesoro público consagrada en el artículo 128 superior.

Empero, como se adujo con antelación, en el asunto de marras el precepto de interdicción sobre dos erogaciones por parte del Estado tiene su fundamento en el artículo 64 de la Constitución Política de 1886, y su reglamentación excepcional, vigente para la época del presente contexto fáctico, que no es otra que la desarrollada en el Decreto 1042 de 1978, artículo 32, literal b).

Como se advierte, tan solo por la falta de censura adecuada por parte de la autoridad recurrente, al basar su impugnación en una normativa que no regulaba el objeto de litigio al no adecuarse a la línea temporal del caso sub examine, resultaría adecuado desatar de forma negativa el recurso interpuesto. Sin embargo, luego de haberse señalado el marco jurídico que gobierna la presente situación jurídica debatida, se torna pertinente verificar si los derechos prestacionales concedidos al causante y sustituidos a la demandada, se acompasan a las condiciones de compatibilidad derivadas de la excepción a la regla prohibitiva en mención.

Sobre el punto se recuerda que, el artículo 32, literal b) del Decreto 1042 de 1978 contempló como evento que permite la coexistencia de dos asignaciones del erario, cuando estas: «[…] provengan de servicios prestados por profesionales con título universitario hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal de trabajo permita el ejercicio regular de tales cargos y que el valor conjunto de lo percibido en uno y otro no exceda la remuneración total de los ministros del despacho. […]».

Al verificar la situación particular del de cujus en el asunto bajo estudio conforme a las condiciones de la norma precitada, se encuentra que, el señor Arturo Villarreal Abarca era médico de profesión, pues estos fueron los empleos que ocupó tanto en el ISS como en el Hospital Santa Clara. Si bien no reposa en el expediente el título universitario como tal, lo propio se extrae sin dubitación de la sola lectura de las certificaciones laborales y de los mismos actos administrativos de reconocimiento pensional, puesto que en todo momento aluden a los cargos ocupados por aquel como profesional de la salud.

En todo caso, este hecho en ningún momento fue puesto en duda o controvertido por parte de la entidad libelista, sino al contrario, respaldado en virtud de sus propias decisiones con base en las cuales se consolidó el derecho pensional a su cargo.

Ahora, en lo que respecta a la prestación de servicios oficiales hasta por dos cargos públicos cuyos horarios permitieran el desempeño normal de ambas labores, es evidente que ello se satisface adecuadamente, toda vez que el causante de la demandada efectivamente ejerció labores para dos entidades estatales como lo era el Hospital Santa Clara y el ISS, ello durante el período comprendido entre el 1.° de septiembre de 1956 y el 28 de mayo de 1976, bajo unas jornadas de trabajo de 3, 4 o 5 horas diarias en la primera institución y de 4 horas diarias en la segunda, lo cual permitiría deducir que pudo atender sus obligaciones en ambas autoridades sin dificultad, más aun cuando no se observa ni se aduce terminación de vinculaciones por supuestos conflictos de horarios, y adicionalmente, porque nuevamente se aclara, dicha situación en ningún momento fue objeto de discusión por parte de la UGPP, habida cuenta de que su tesis de demanda se basó en el análisis de una normativa diferente a la que es objeto de examen en esta oportunidad y que era la realmente aplicable.

Por último, en lo atinente a la exigencia relativa a que la suma de las dos asignaciones percibidas por el causante no fueran superiores a la remuneración total de un ministro, debe reiterarse que este punto tampoco fue debatido por la entidad demandante, por lo que es posible asumir que no se superó dicho tope, más aun cuando los cargos ocupados por el de cujus fueron del nivel profesional como se observa de los mismas certificaciones relacionadas en el acervo probatorio.

Aun así, al realizar un ejercicio de comparación de cifras con base en una calculadora de inflación por años, podría determinarse que las dos pensiones reconocidas a favor del señor Villarreal Abarca en el año 1982 cuando fue otorgada la prestación del ISS por su última vinculación laboral, sumarían un total aproximado de $93.609, valor que resultaría inferior al salario de un ministro que para dicha anualidad era aproximadamente $237.600.

Con base en lo analizado previamente, es dable estimar que el de cujus de la demandada cumplió las exigencias previstas en el artículo 32, literal b) del Decreto 1042 de 1978 para ser exceptuado de la regla prohibitiva del artículo 62 de la Constitución Política de 1886 sobre la imposibilidad de devengar dos asignaciones del tesoro público, puntualmente en este caso, dos pensiones de jubilación financiadas con recursos estatales.

Lo anterior se justifica además en el entendido de que la sumatoria de estas dos prestaciones que se fundamentaron en empleos desempeñados en medias jornadas de trabajo, serían iguales a lo que un funcionario bajo los empleos que ocupó el señor Villarreal Abarca, habría consolidado por una jornada completa de labor oficial.

Sobre esta misma línea de intelección se resalta que, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en sentencia del 18 de septiembre de 2020, estudió y resolvió un caso con similares supuestos de hecho y de derecho a los que atañen al asunto sub lite, y como argumentación y solución jurídica se planteó la siguiente:

«[…] De las pruebas relacionadas, se colige que el señor Armando Rojas Puello (i) contrajo matrimonio con la accionada el 23 de junio de 1956, unión que permaneció hasta su deceso (27 de abril de 2012); y (ii) en vida le fueron reconocidas dos pensiones de jubilación, por una parte, a través de Resolución 4257 de 29 de octubre de 1990, por haber laborado como médico durante 20 años, 5 meses y 21 días, con una jornada de 4 horas, al servicio del extinguido Instituto de Seguros Sociales, sustituida en la accionada mediante Resolución 1479 de 7 de septiembre de 2012; y por otra, otorgada por Resolución 141322 de 27 de noviembre de 1991, catalogada como proporcional, por su trabajo, en la misma profesión, por el interregno de 15 años, 5 meses y 18 días, para la otrora Empresa Puertos de Colombia, igualmente sustituida en la demandada por medio de Resolución RDP 3843 de 29 de enero de 2013. Estos últimos dos actos administrativos fueron demandados por la UGPP, al estimar que las prestaciones provienen de dineros del tesoro público, por lo que, en aplicación del artículo 128 de la Constitución Política, la segunda de ellas debe ser revocada.

En forma previa, resulta importante advertir que en atención a que aspectos como la condición de empleado público del finado y los tiempos laborados no fueron objeto de reproche en la alzada, esta Sala se abstendrá de efectuar algún análisis sobre ellos y tendrá por veraz la información contenida en la providencia apelada, en virtud de la cual fundamentará este fallo.

Sobre el particular, esta Sala considera que, tal como lo concluyó el a quo, no le asiste razón a la actora cuando advierte que las pensiones que en vida recibió el señor Armando Rojas Puello y luego sustituidas en la accionada, son incompatibles en virtud de lo preceptuado por el referido artículo 128 constitucional, al provenir del erario, en la medida en que se trata de una de las excepciones previstas en las normas que regulan la materia.

Sea lo primero aclarar que el señor Armando Rojas Puello se desempeñó como médico en dos instituciones (ISS y Empresa Puertos de Colombia), en cumplimiento de una jornada parcial (4 horas) en cada una de esas entidades, ejercicio laboral que no contraviene la legislación de la época, por cuanto no excedía el horario ordinario, situaciones que ameritaron la expedición de las Resoluciones 2457 de 25 de octubre de 1990 y 141322 de 27 de noviembre de 1991, por medio de las cuales se le reconocieron dos pensiones de jubilación y logró el propósito propio de ese tipo de prestación, que no es otro que un respaldo económico en la vejez, como garantía de subsistencia; no obstante, las referidas pensiones, de manera independiente no alcanzarían ese fin, en la medida en que su ejercicio laboral en cada uno de dichos entes no colmaba la jornada laboral ordinaria.

En ese entendido, no le asiste razón a la apelante en lo atinente al argumento que la segunda pensión de jubilación fue concedida en total desconocimiento de la primera, puesto que precisamente el objetivo de la segunda era satisfacer el ingreso pensional de una persona que durante su vida laboral hubiese trabajado en una jornada ordinaria.

Al respecto, para la época en que se otorgaron las pensiones de jubilación (25 de octubre de 1990 y 27 de noviembre de 1991), la norma en vigor era el Decreto 1042 de 1978, que en su artículo 32 establece la prohibición de devengar más de una asignación proveniente del erario con algunas excepciones, dentro de las cuales se encuentra la concerniente a los ingresos «[…] que provengan de servicios prestados por profesionales con título universitario hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal de trabajo permita el ejercicio regular de tales cargos y que el valor conjunto de lo percibido en uno y otro no exceda la remuneración total de los ministros de despacho», distinción en la que se hallaba el señor Rojas Puello, por cuanto ejerció como médico dentro del horario normal repartido entre las dos instituciones y sin que el valor de ambas llegase al equivalente de dichos altos funcionarios del Estado.

Por tal razón, la situación del causante está contemplada como una excepción a la prohibición de recibir más de una asignación proveniente del tesoro público primero prevista en el artículo 64 de la otrora Constitución Nacional de 1886 y luego en el 128 de la Constitución Política de 1991 y, por ende, no hay lugar a decretar la nulidad de los actos administrativos por los cuales se concedió la segunda pensión de jubilación reconocida a aquel y sustituida en la accionada. […]». (Negrilla fuera del texto).

Según se advierte del extracto transcrito, esta posición menos restrictiva sobre la incompatibilidad pensional, es la que resulta aplicable a casos como el presente, regidos por normas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tal como el mismo Consejo de Estado ya lo había advertido en sentencia del 6 de junio de 2012.

Por ello, en el asunto de marras se encuentra justificada la coexistencia de las pensiones de jubilación sustituidas a la señora Navarro de Villarreal, más aun cuando esta es una persona de muy avanzada edad, pues cuenta al día de hoy con más de 91 años.

Lo anterior se sustenta además bajo la égida del principio pro homine, que por su fuerza constitucional, irradia litigios como el particular en procura de hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, al pretender que en ejercicios hermenéuticos por parte del juez, se prefieran las posturas de interpretación de las normas más favorables a los intereses de la persona, más aun en eventos como el presente donde además la demandada goza de un fuero de protección superior y detenta un derecho que si bien no se consolida por el paso del tiempo (pues para ello es esencial la legalidad de su causación), sí debe protegerse al verificarse que existe un lineamiento válido y autorizado que predica, particularmente para el sub examine, la compatibilidad entre las pensiones de las que actualmente es titular.

En conclusión: Las pensiones de jubilación reconocidas por el entonces ISS y por la extinta Cajanal a favor del señor Arturo Villarreal Abarca, y posteriormente sustituidas a la señora Beatriz Navarro de Villarreal en calidad de cónyuge supérstite de aquel, sí son compatibles y pueden coexistir al margen de que ambas se deriven en cuanto a su financiación de recursos del Estado, constituidos por los aportes efectuados por el causante en virtud de sus labores como empleado público en dos entidades oficiales como médico, toda vez que la situación jurídica de aquel se regía por la Constitución Política de 1886 y por el Decreto 1042 de 1978, normativa que en su momento contemplaba este tipo de excepción a la regla prohibitiva de percibir doble asignación del erario, puesto que en la época dicha postura era menos restrictiva que la actualmente vigente con fundamento en la vigencia de la Constitución de 1991 y la Ley 100 de 1993, más aun cuando las circunstancias etarias de la demandada en el presente caso, ameritan la aplicación de la interpretación de mayor favorabilidad en respeto del principio pro homine y de su condición de sujeto de especial protección constitucional.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia impugnada proferida el 26 de enero de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en virtud de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, habida cuenta de que no prosperan los argumentos del recurso de apelación formulado por la entidad demandante.

De la condena en costas en segunda instancia

Esta Subsección sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en costas por lo siguiente:

«El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.
Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la temeridad de las partes.

En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que en punto a la condena en costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público, tal como acontece para el caso concreto en el que se presenta una demanda bajo la modalidad de lesividad, en la que la parte demandante es la propia entidad pública que propende por los recursos del erario, de suerte que no se condenará por el concepto bajo estudio en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 26 de enero de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la señora Beatriz Navarro de Villarreal.

Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia.

Tercero: Se reconoce personería adjetiva como apoderada sustituta de la UGPP, a la abogada Karol Andrea Oviedo Alfonso identificada con cédula de ciudadanía n.° 1.030.631.119 y tarjeta profesional 305.247 del Consejo Superior de la Judicatura, ello en los términos del memorial de poder que obra a folio 431 del cuaderno 1.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», o CPACA.
Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).

Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 1344 del 10 de mayo de 2001.
«Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales». Expedido por el presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas según la Ley 5 de 1978, «Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones». Dicha norma se encontraba vigente en el momento de ocurrencia de los hechos del presente asunto, toda vez que solo fue derogado tácitamente solo hasta la expedición de la Ley 4 de 1992, artículo 19. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Conceptos del 10 de mayo de 2001 y del 8 de mayo de 2003. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 22 de octubre de 2009. Radicado: 05001233100020010042301 (0262-2008). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 19 de febrero de 2015. Radicado: 25000-23-25-000-2008-00147-01(0882-13). En lo que respecta a esta conclusión y lineamiento jurisprudencial, resulta necesario verificar la sentencia del 23 de abril de 2020 proferida por esta misma Subsección, dictada en el proceso con radicado: 25000-23-42-000-2014-02474-01 (3871-2016). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de junio de 2019, Radicación número: 08001-23-33-000-2014-00364-01 (2623-16); y sentencia del 5 de junio de 2020, Subsección B, expediente 2361-2019. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 18 de septiembre de 2020. Radicado: 47001-23-33-000-2014-00205-01(3776-15). HYPERLINK "https://www.calcuvio.com/inflacion-colombia?p=237600&ai=1982&af=2020" https://www.calcuvio.com/inflacion-colombia?p=237600&ai=1982&af=2020
Equivalentes a $44.073 que corresponde a la mesada otorgada por Cajanal actualizada a 1982, más $49.536 de la pensión reconocida por el ISS en esa misma anualidad. Este valor se extrae al verificar que el salario de un ministro al año 2020 conforme al último acto administrativo que fija su remuneración (Decreto 304 de 2020), es equivalente a $19.214.198, cifra que calculada para el año 1982, podría ser equivalente a $237.600. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 18 de septiembre de 2020. Radicado: 47001-23-33-000-2014-00205-01(3776-15). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 6 de junio de 2012. Radicado: 15001-23-31-000-2002-03649-01 (2318-08). Pues nació el 24 de septiembre de 1929 según copia de la cédula de ciudadanía que obra a folio 215 del cuaderno 1. Esta formulación jurídica sobre el principio pro homine puede ser verificada en sentencia del 21 de mayo de 2020 proferida por esta misma Subsección en el proceso con radicado: 25000-23-42-000-2015-06230-01(3463-18). Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Demandante: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN.

Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:[…]»
Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […].»

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Radicado: 08001-23-33-000-2013-90330-01 (0839-2015)
Demandante: Jaime Enrique Socarras

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