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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-03095-01

Fecha
7 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-03095-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia de 1º de julio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección A), que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda en el proceso instaurado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la señora Mercedes Pasión Flórez de Ureta y Colpensiones, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2º. Reconócese personería a la abogada Yuly Alejandra Castaño Tafur, con cédula de ciudadanía 1.121.949.546 y tarjeta profesional 355.502 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en los términos del poder conferido. 3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-03095-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

7 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad)
Expediente : 25000-23-42-000-2014-03095-01 (2657-2022)
Demandante : Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)
Demandada : Mercedes Pasión Flórez de Ureta y Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones)1
Tema : Incompatibilidad entre pensiones de jubilación y vejez

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por la señora
Mercedes Pasión Flórez de Ureta y la UGPP contra la sentencia de 1º de julio
de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección
segunda, subsección A), mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de
la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 109 a 124). La Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la señora Mercedes
Pasión Flórez de Ureta, para que se acojan las pretensiones que en el apartado
siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones 424 de 11 de
febrero de 1998, 2541 de 26 de junio siguiente y 28790 de 2003, mediante las
cuales el extinguido Instituto de Seguros Sociales (ISS) reconoció pensión de
vejez a la señora Flórez de Ureta.

A título de restablecimiento del derecho, se «[…] ordene suspender el pago de
la pensión de vejez que goza […] la señora MERCEDES PASIÓN FL[Ó]RE[Z]
DE URETA de parte del Instituto de Seguros Sociales o la que percibe de

1
La Administradora Colombiana de Pensiones fue vinculada como parte pasiva mediante auto de 25 de agosto de
2014 (ff. 128 a 130).

Expediente 25000-23-42-000-2014-03095-01 (2657-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra Mercedes Pasión Flórez de Ureta y Colpensiones

CAJANAL […]» (sic); y se condene a la jubilada a la devolución de lo pagado
por concepto del reconocimiento pensional, de manera indexada, y en costas
procesales.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata la entidad actora que la señora Mercedes
Pasión nació el 31 de agosto de 1947 y prestó sus servicios «Como Médico
General grado 36, tiempo 4 horas, grupo de servicios ambulatorios CAA
CENTRAL, desde el 21 de julio de 1975 al 17 de octubre de 1977; y del 14 de
diciembre de 1977 al 30 de diciembre de 1997, para un total de tiempo de servicio
de 20 años, 10 meses y 5 días» (sic).

Que también trabajó «para el INPEC realizando aportes a la Caja Nacional de
Previsión Social CAJANAL […], entre el 10 de octubre de 1977 al 30 de agosto
de 2002, laborando un total de 8.961 días, o 24 años, 10 meses y 21 días, y
teniendo como último cargo el de Médica Especializada» (sic).

Dice que, mediante Resolución 424 de 11 de febrero de 1998, el extinguido
Instituto de Seguros Sociales le reconoció pensión de vejez a la aludida señora,
a partir del 1º de diciembre de 1997, «aplicable por la Convención Colectiva de
Trabajo suscrita para la vigencia de 1º de noviembre de 1996 al 31 de octubre de
1999, entre el ISS y el sindicato de trabajadores del ISS, por haber laborado más
de 20 años de servicios […] como Médico General grado 36, tiempo 4 horas,
grupo de servicios ambulatorios CAA CENTRAL, desde el 21 de julio de 1975 al
17 de octubre de 1977; y del 14 de diciembre de 1977 al 30 de diciembre de 1997
[…] y haber cumplido el requisito de la edad» (sic); posteriormente, a través de
Resolución 2541 de 26 de junio de 1998, el «[…] Instituto de Seguros Sociales
– (Patrono), resuelve revocar la [precitada] resolución, para corregir un error,
en el sentido de establecer como pensión vitalicia […] la suma de $1.170.524, a
partir del 31 de diciembre de 1997» (sic).

Que, por conducto de Resolución 28790 de 2003, «el Instituto de Seguros
Sociales reconoce la pensión de vejez de forma compartida con la de jubilación
ISS-Patrono, a partir del 31 de agosto de 2002, y en cuantía de $1.772.129» (sic).

Afirma que, por medio de Resolución 11863 de 28 de julio de 2003, la entonces
Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) concedió pensión de jubilación a
la señora accionada, a partir del 1º de noviembre de 2002, «en cuantía inicial de
$709.027.80, previa acreditación de retiro del servicio público, en forma
definitiva» (sic), prestación que fue reajustada por Resolución 30484 de 30 de
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Expediente 25000-23-42-000-2014-03095-01 (2657-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra Mercedes Pasión Flórez de Ureta y Colpensiones

septiembre de 2005, «elevando la cuantía […] a la suma de $758.193.30, a partir
del 01 de agosto de 2003» (sic).

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos administrativos censurados los artículos 13, 48, 53 y 128
de la Constitución Política; 467, 469 y 471 y siguientes del Código Sustantivo
del Trabajo y 19 de la Ley 4ª de 1992, las Leyes 100 de 1993 y 6ª de 1994; y
los Decretos 2127 de 1945, 3135 de 1968, 1045 de 1978, 1º de 1984 y 758 de
1990.

Aduce que «[…] la pensión reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, es
pagada por el erario público dado que el tiempo laborado y las cotizaciones se
hicieron a una entidad pública, así mismo ocurrió con la pensión reconocida
por la extinta CAJANAL […], por cuanto los aportes pensionales fueron
efectuados [a] una entidad del Estado y la consecuencial pensión que de ellos
se derivó es un pago proveniente del Tesoro Público. Razón por la cual la
señora MERCEDES PASIÓN FL[Ó]RE[Z] DE URETA contravino gravemente
lo ordenado por el artículo 128 de la Constitución Política, pues es evidente que
con la conducta desplegada quiso y logró percibir una doble asignación del
erario público» (sic).

1.5 Medida cautelar. La UGPP, en el escrito de demanda, solicitó suspender
provisionalmente los efectos jurídicos de los actos controvertidos, medida cautelar
negada con auto de 27 de marzo de 2017 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (sección segunda, subsección A), porque no se logró demostrar las
condiciones consagradas en el artículo 231 del CPACA (ff. 223 a 226).

1.6 Contestaciones de la demanda:

1.6.1 La señora Mercedes Pasión Flórez de Ureta (ff. 137 a 143). Por
conducto de apoderado, se opone a las súplicas del libelo introductorio; en lo
concerniente a las situaciones fácticas expone que algunas son ciertas, otras
parcialmente y las demás no le constan.

Asevera que «[…] la Pensión por Vejez reconocida por el entonces Instituto de
Seguros Sociales y la Pensión de Jubilación reconocida por la entonces Caja
Nacional de Previsión Social – Cajanal, tiene orígenes diferentes del capital o
tiempo acumulado. La Pensión de Jubilación se reconoció por el tiempo de
servicio al Estado en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y
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Expediente 25000-23-42-000-2014-03095-01 (2657-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra Mercedes Pasión Flórez de Ureta y Colpensiones

la pensión por Vejez fue reconocida por las cotizaciones realizadas al Régimen
de Prima Media con Prestación Definida. Si bien es cierto que se presenta un
cubrimiento de la misma contingencia, no es dable ignorar que deviene de
previsiones del trabajador como servidor público y como trabajador cotizante al
Instituto de Seguros Sociales, es por ello que si se presenta una identidad
subyacente del cubrimiento de la contingencia derivada de la vejez, se cobija por
diferentes regímenes, que, a su vez, tiene génesis en tiempo diferente de trabajo,
en esencia, en diferente erogación prestacional» (sic).

1.6.2 Colpensiones guardó silencio en esta oportunidad procesal.

1.7 La providencia apelada (ff. 198 a 213). El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (sección segunda, subsección A), mediante sentencia de 1º de
julio de 2021, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda (sin condena
en costas), al considerar que a «[…] la señora Mercedes Pasión Fl[ó]re[z] de
Ureta le fue reconocida dos pensiones, una por parte del Instituto de Seguro
Social de jubilación y otra de la Caja Nacional de Previsión Social, de vejez,
aportando a través de recursos generados en el desempeño de dos cargos
públicos, por lo que en el caso específico se transgrede lo dispuesto en las
disposiciones legales y el artículo 128 de la Constitución Política que prohíbe
la recepción de dos asignaciones provenientes del Tesoro Público» (sic).

Argumenta que «[…] si bien, la accionante considera que los aportes
realizado[s] de manera simultánea como trabajadora del ISS, se deben tener en
cuenta en el ingreso base de liquidación, deberá realizar las gestiones
tendientes a obtener el reajuste de su salario básico, sin que lo dispuesto en
esta sentencia sea óbice para que las entidades de previsión competentes
estudien dicha posibilidad de ser el caso» (sic).

En lo atañedero a la devolución de lo pagado por concepto del reconocimiento
pensional, sostiene que «[…] debe denegarse en aplicación a lo dispuesto en el
artículo 164 numeral 1º literal c) del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo el cual en consonancia con el artículo 83 de la
Constitución Política determina: “las actuaciones de los particulares y de las
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”» (sic).

4

Expediente 25000-23-42-000-2014-03095-01 (2657-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra Mercedes Pasión Flórez de Ureta y Colpensiones

1.8 Los recursos de apelación:

1.8.1 Señora Mercedes Pasión Flórez de Ureta (ff. 216 a 222 vuelto). Por
conducto de apoderado, presenta alzada, para lo cual reitera los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda y arguye que «[…] de conformidad
con lo establecido reiteradamente tanto por la Corte Constitucional como por
el Consejo de Estado, los recursos que administra el Instituto de Seguros
Sociales así provengan de las cotizaciones de entes públicos con posterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no gozan de la calidad de
públicos, por lo cual, en principio, la percepción de una asignación pagada por
el ISS no es incompatible con la de otra asignación del tesoro público, como
[…] lo entendió erradamente del Tribunal […]» (sic).

1.8.2 UGPP (ff. 249 a 251). Por intermedio de apoderado, formuló apelación
adhesiva para solicitar que se confirme el fallo impugnado.

II. TRÁMITE PROCESAL.

Los recursos de apelación interpuestos fueron concedidos mediante proveído de
28 de febrero de 2022 (f. 257) y admitidos por esta Corporación a través de auto
de 12 de agosto siguiente (f. 261 y vuelto), en cumplimiento del artículo 247 del
CPACA2 y en la oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem la demandante
aportó escrito de alegatos de conclusión3, en el que solicita revocar parcialmente
el fallo impugnado, toda vez que «[…] [n]o es de recibo, el argumento enunciado
por el Tribunal en la parte motiva de la sentencia para denegar el
restablecimiento del derecho, […] si en cuenta se tiene que en el presente asunto
no existe un título justo que impida corregir la equivocaciones en que se hacen
incurrir a la administración y con ello recuperar los dineros pagados en exceso
cuando el ciudadano no tiene derecho a ello, supuesto que se encuentra
demostrado con la declaratoria de nulidad de las resoluciones demandadas,
razón por la cual procede la devolución de los dineros cancelados en exceso a
causa del reconocimiento pensional, efectuado por un funcionario que carecía de
competencia para el efecto, resultando contrario a derecho y al ordenamiento
jurídico.. Por tal razón, en el caso concreto debe examinarse que se trata de una
afectación patrimonial a los recursos del sistema general de pensiones, lo cual
implica poner en riesgo la sostenibilidad del mismo, generando a su vez, un
enriquecimiento injustificado a favor del ciudadano» (sic).

2
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
3
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
5

Expediente 25000-23-42-000-2014-03095-01 (2657-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra Mercedes Pasión Flórez de Ureta y Colpensiones

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3.2 Cuestión previa. Antes de abordar la controversia jurídica planteada, se
observa que la UGPP, en su escrito de apelación adhesiva, no planteó reparo
alguno respecto del fallo de primera instancia, pues únicamente se limitó a
citar la parte decisoria de esa providencia, la norma que consagra la
oportunidad y requisitos para interponer la alzada y los hechos de la demanda
y, al final del documento, solicita «se confirme la sentencia proferida por el
Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda,
Subsección A» (sic).

Sobre el particular, el artículo 243 del CPACA4 (parágrafo 3º) establece que
«la parte que no obre como apelante podrá adherirse al recurso interpuesto
por otra de las partes, en lo que la sentencia apelada le fuere desfavorable. El
escrito de adhesión, debidamente sustentado, podrá presentarse ante el juez
que la profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el
superior, hasta el vencimiento del término de ejecutoria del auto que admite la
apelación».

En este orden de ideas, comoquiera que la apelación adhesiva carece de
sustentación, la Sala se abstendrá de resolver sobre esta, toda vez que no
contiene inconformidad alguna contra la sentencia impugnada.

3.3 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación5, corresponde en
esta oportunidad a la Sala determinar si la pensión de vejez otorgada por el
extinguido Instituto de Seguros Sociales a la señora Mercedes Pasión Flórez de
Ureta debe o no anularse dado que devenga simultáneamente otra pensión de
jubilación y ambas provienen del tesoro público, situación que contraviene lo
dispuesto en el artículo 128 de la Constitución Política, como lo concluyó el a
quo.

4
Modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021.
5
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
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Expediente 25000-23-42-000-2014-03095-01 (2657-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra Mercedes Pasión Flórez de Ureta y Colpensiones

3.4 Marco normativo. En punto a la resolución del problema jurídico de fondo
planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis
normativo y jurisprudencial para efectos de establecer la solución jurídicamente
correcta para el asunto sub examine.

En relación con la compatibilidad entre las pensiones de jubilación y de vejez, la
subsección se remite a lo previsto en el artículo 128 de la Constitución Política,
que establece:

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público
ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o
de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades
territoriales y el de las descentralizadas.

Por su parte, el Decreto 3135 de 19686, en su artículo 31, prevé:

Las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son
incompatibles entre sí. El empleado o trabajador podrá optar por la
más favorable cuando haya concurrencia de ellas.

En igual sentido, el Decreto 1848 de 1969, que reglamentó la anterior norma,
en su artículo 88, reiteró la mencionada incompatibilidad así:

Las pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez, son
incompatibles entre sí. En caso de concurrencia del derecho a ellas,
el beneficiario optará por la que más le convenga económicamente.

Asimismo, resulta oportuno precisar que el artículo 77 del precitado Decreto
1848, específicamente, preceptuó que «[e]l disfrute de la pensión de jubilación
es incompatible con la percepción de toda asignación proveniente de entidades
de derecho público, establecimientos públicos, empresas oficiales y sociedades
de economía mixta, cualesquiera sea la denominación que se adopte para el
pago de la contraprestación del servicio, salvo lo que para casos especiales
establecen las leyes y en particular el Decreto 1713 de 1960 y la Ley 1a. de
1963».

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«Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el
régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales».
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UGPP contra Mercedes Pasión Flórez de Ureta y Colpensiones

De la misma manera, la Ley 4ª de 1992, en su artículo 19, señala la prohibición
de recibir más de una asignación que provenga del erario:

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público,
ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o
de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado. Exceptuánse las siguientes asignaciones:

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen
como asesores de la Rama Legislativa;

b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión
militar o policial de la Fuerza Pública;

c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;

d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;

e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales
de salud;

f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas
Directivas, en razón de su asistencia a las mismas, siempre que no se
trate de más de dos juntas;

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien
a los servidores oficiales docentes pensionados.

Parágrafo. No se podrán recibir honorarios que sumados
correspondan a más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias
entidades.

En desarrollo de la anterior normativa, la sala de consulta y servicio civil de esta
Corporación, con ocasión de la prohibición de devengar, en forma simultánea,
doble asignación del tesoro público, conceptuó7:

Con fundamento en la indispensable calidad de empleado público, la
finalidad de las dos prohibiciones concurre al mismo fin, que no se
reciba más de una asignación, bien mediante el desempeño de otro
empleo, ora de uno sólo, percibiendo otra clase de remuneraciones
propias de los servidores públicos.

7
Concepto 1344 de 10 de mayo de 2001.
8

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UGPP contra Mercedes Pasión Flórez de Ureta y Colpensiones

El desarrollo jurisprudencial del término “asignación”, puede
resumirse así: “con este vocablo genérico se designa en hacienda
pública toda cantidad de dinero que se fija y destina al pago de las
prestaciones relacionadas con el servicio público oficial”, según la
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia - sentencia del 11 de
diciembre de 1961 -.

Por su parte, esta Sala en la Consulta 896 de 1997 sostuvo que “...la
prohibición de recibir más de una asignación del tesoro público, está
estrechamente relacionada con el ejercicio de empleos en el sector
oficial o con el pago de prestaciones provenientes del ejercicio de
estos empleos (...) las asignaciones mencionadas en dichas normas
comprenden los sueldos, prestaciones sociales y toda clase de
remuneración que tenga como fundamento un vínculo o relación
laboral con entidades del Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, este alto tribunal ha determinado que es dable
devengar simultáneamente una pensión de jubilación por servicios prestados en
el sector público y una pensión de vejez pagada por el ISS, siempre y cuando la
segunda de ellas se obtenga por servicios laborados en el sector privado8, pero
no ocurre lo mismo cuando la pensión que se reconoce proviene de otra entidad
de índole pública, porque los dineros allí involucrados proceden del tesoro
público, lo que comporta una incompatibidad pensional, situación frente a la
cual la normativa da la posibilidad al interesado de escoger la pensión que le
resulte más favorable.

3.5 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:

a) Cédula de ciudadanía de la señora Mercedes Pasión Flórez de Ureta, en la
que consta que nació el 31 de agosto de 1947 (CD en folio 263).

b) De acuerdo con certificados emanados del liquidado Instituto de Seguros
Sociales, la señora accionada laboró como trabajadora oficial, en calidad de

8
Al respecto, puede consultarse el concepto 1480 de 8 de mayo de 2003 de la sala de consulta y servicio civil, C.
P. Susana Montes de Echeverri, en el que se indicó: «Como se dejó explicado en el aparte 2 de este concepto, hasta
la vigencia de la ley 100 de 1.993 los máximos tribunales de justicia, Corte Suprema de Justicia y Consejo de
Estado, habían señalado que los aportes efectuados por los trabajadores y los patronos del sector privado al ISS
eran de índole privada y, por lo mismo, las pensiones que con tales recursos se pagaran no provenían del tesoro
público y, por ello, eran compatibles con cualquier otra asignación provenientes de éste. Se dijo, entonces, que el
ISS resultaba ser un simple administrador de recursos de índole privada. Por el contrario, se entendió que las
pensiones pagadas por las entidades de previsión del sector público constituían asignaciones provenientes del
tesoro público».
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«M[É]DICO GENERAL Grado 36, jornada Cuatro (4) horas diarias Nivel C.,
C.A.A. Central […]» del 14 de diciembre de 1977 al 30 de diciembre de 1997
(ff. 30 y 47).

c) Comunicado de 29 de diciembre de 1997, por medio del cual el presidente
del extinguido ISS informa a la señora demandada que «acepta dar por
terminado el contrato de trabajo a partir del 31 de diciembre de 1997, del cargo
Médico General Grado 36, 4 horas, […] Grupo de Servicios Ambulatorios
(GCAA/SS), CAA Central, Santafé de Bogotá […], teniendo en cuenta la
renuncia presentada mediante escrito de fecha 28 de noviembre de 1997» (sic)
[f. 42].

d) Constancia laboral de 26 de febrero de 2004, expedida por el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), conforme a la cual la señora
accionada prestó sus servicios, en calidad de médica especialista 3120-18
(medio tiempo), desde el 10 de octubre de 1977 hasta el 1º de julio de 2003 (f.
85 y vuelto).

e) Reporte de semanas cotizadas a Colpensiones actualizada a 11 de noviembre
de 2004, del que se extrae que la señora accionada acumuló un total de 428,00
semanas, comprendidas entre el 1º de febrero de 1977 y el 31 de julio de 2004
(con algunos períodos de interrupción) [CD en folio 263].

f) Resolución 424 de 11 de febrero de 1998, por cuyo conducto el desaparecido
ISS reconoció pensión de «jubilación parcial de cuatro (4) horas diarias» a la
señora demandada, a partir del 31 de diciembre de 1997, por haber acreditado
el requisito de la edad y laborado durante 20 años, 10 meses y 5 días, «DEL 21
JULIO/75 AL 17 OCTUBRE/77 MEDIANTE LA MODALIDAD DE
CONTRATOS A T[É]RMINO FIJO PARA UN TOTAL DE 298 D[Í]AS y del
14/DICIEMBRE/77 AL 30 DICIEMBRE/97» (sic), de conformidad con la
«Convención Colectiva suscrita para la vigencia del 1º de noviembre de 1996
al 31 de octubre de 1999» (f. 53 y vuelto).

g) Resolución 2541 de 26 de junio de 1998, mediante la cual «se revoca
parcialmente la Resolución N° 00424 del 11 de febrero de 1998 […]», en el
sentido de aumentar la cuantía de la prestación (f. 65).

h) Resolución 11863 de 26 de junio de 2003 (ff. 72 y 73 vuelto), a través de la
cual la liquidada Cajanal concedió pensión de «vejez» a la señora demandada,
con fundamento en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de
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1994, desde el 1º de septiembre de 2002, condicionada al retiro del servicio
«con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 8 años
5 meses […], entre el 01 de abril de 1994 y el 30 de agosto de 2002 […]» (sic);
de igual manera, indica:

Que el peticionario(a) aportó para la pensión los siguientes tiempos

ENTIDAD DESDE HASTA D[Í]AS
INPEC 1977/10/10 2002/08/30 8961

Que laboró un total de 8961 d[í]as, 1280 semanas.

[…]
Que el último cargo desempeñado por el peticionario fue el de
M[É]DICO ESPECIALIZADO [sic para toda la cita].

i) Resolución 2202 de 27 de junio de 2003, por la cual el director general del
Inpec acepta la renuncia presentada por la accionada al cargo de médico
especializado 3120-18, del establecimiento penitenciario y carcelario La Picota
de Bogotá, a partir del 1º de julio siguiente (f. 68).

j) Resolución 28790 de 2003 (f. 77), con la que el extinguido Instituto de
Seguros Sociales reconoció pensión de vejez a la señora demandada, con base
en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y el artículo 12 del Decreto
758 de 1990, liquidada con «1,096 semanas cotizadas», a partir del 31 de agosto
de 2002; asimismo, señala:

El valor del retroactivo al patrono I.S.S. […] se girará a través de la
Tesorería General del ISS – CUNDINAMARCA.

La mesada pensional de DICIEMBRE y subsiguientes, se girarán al
asegurado a través de[l] ISS entidad pagadora 97, con la respectiva
pensión que viene recibiendo del Instituto-Patrono y que tiene la calidad
de compartida con la pensión aquí concedida a partir del 02 de ENERO
de 2004 […]

k) Resolución 30484 de 10 de septiembre de 2005 (ff. 95 a 97), por la que la
entonces Cajanal reliquidó la pensión de jubilación de la accionada, en
cumplimiento de una orden judicial, «con el 75% del promedio de lo devengado
entre el 01 de abril de 1994 hasta el 30 de julio de 2003» (sic), desde el 1º de
agosto siguiente; igualmente, indica:

Que el peticionario(a) aportó para la pensión los siguientes tiempos:
11

Expediente 25000-23-42-000-2014-03095-01 (2657-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra Mercedes Pasión Flórez de Ureta y Colpensiones

ENTIDAD DESDE HASTA D[Í]AS
INPEC 1977/10/10 2002/08/30 8961

Que se allegaron nuevos tiempos así:

ENTIDAD DESDE HASTA D[Í]AS
INPEC 2002/09/01 2003/07/30 330

Que laboró un total de: 9291 d[í]as.

[…]
Que el último cargo desempeñado por el peticionario fue el de
M[É]DICO ESPECIALIZADO [sic para toda la cita].

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) la señora Flórez
de Ureta nació el 31 de agosto de 1947; (ii) trabajó en calidad de médica general,
«Grado 36, 4 horas […] Grupo de Servicios Ambulatorios (GCAA/SS), CAA
Central, Santafé de Bogotá, Seccional Cundinamarca» del entonces Instituto
de Seguros Sociales desde el 14 de diciembre de 1977 hasta el 30 de diciembre
de 1997; y de manera simultánea, en condición de médica especializada 3120-
18 de medio tiempo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec),
entre el 10 de octubre de 1977 y el 1º de julio de 2003 (25 años, 8 meses y 21
días); (iii) mediante Resolución 424 de 11 de febrero de 1998, el ISS le
reconoció pensión de «jubilación parcial de cuatro (4) horas diarias», a partir
del 31 de diciembre de 1997, por haber acreditado el requisito de la edad y
laborado durante 20 años, 10 meses y 5 días, «DEL 21 JULIO/75 AL 17
OCTUBRE/77 MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONTRATOS A
T[É]RMINO FIJO PARA UN TOTAL DE 298 D[Í]AS y del 14/DICIEMBRE/77
AL 30 DICIEMBRE/97» (sic), de conformidad con la «Convención Colectiva
suscrita para la vigencia del 1º de noviembre de 1996 al 31 de octubre de
1999», modificada por Resolución 2541 de 26 de junio de esa anualidad, en el
sentido de aumentar la cuantía, prestación que pasó a ser compartida por
conducto de Resolución 28790 de 2003, con fundamento en el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 y el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, a
partir del 31 de agosto de 2002; y (iv) a través de Resolución 11863 de 26 de
junio de 2003, la entonces Cajanal concedió pensión de «vejez» a la demandada,
de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994,
desde el 1º de septiembre de 2002, condicionada al retiro del servicio, «con el
75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 8 años 5 meses
[…]» (sic), reajustada por Resolución 30484 de 10 de septiembre de 2005, en
cumplimiento de una orden judicial, «con el 75% del promedio de lo devengado
entre el 01 de abril de 1994 hasta el 30 de julio de 2003», desde el 1º de agosto
12

Expediente 25000-23-42-000-2014-03095-01 (2657-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra Mercedes Pasión Flórez de Ureta y Colpensiones

siguiente, para lo cual tuvo en cuenta el período laborado en el Inpec9.

Así las cosas, se tiene que la señora Mercedes Pasión laboró en condición de
médica de manera paralela para dos entidades del sector oficial, situación que
se encuentra exceptuada de la regla general, según la cual nadie podrá
desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una
asignación que provenga del erario, por la Ley 269 de 199610, de la siguiente
manera:

Artículo 2º. Garantía de prestación del servicio público de
salud. Corresponde al Estado garantizar la atención en salud como un
servicio público esencial, y en tal carácter el acceso permanente de todas
las personas a dicho servicio, razón por la cual el personal asistencial que
preste directamente servicios de salud podrá desempeñar más de un
empleo en entidades de derecho público. La jornada de trabajo del
personal que cumple funciones de carácter asistencial en las entidades
prestadoras de servicios de salud podrá ser máximo de doce horas diarias
sin que en la semana exceda de 66 horas, cualquiera sea la modalidad de
su vinculación.

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará los incentivos salariales
y no salariales establecidos en el artículo 193 de la Ley 100 de 1993, con
el fin de estimular el eficiente desempeño de los trabajadores oficiales y
empleados públicos de la salud y su localización en las regiones con
mayores necesidades, facilitar la consecución del recurso humano en
aquellos sitios apartados de la geografía nacional o definidos como zonas
de orden público, donde no se disponga de personal de salud para la
prestación del servicio.

Sobre dicha prerrogativa, la sala de consulta y servicio civil de esta
Corporación11 precisó:

Con respecto a los médicos se presenta una situación semejante a la de
los profesores de cátedra: ya se afirmó que el artículo 128 de la
Constitución prohíbe el desempeño simultáneo de más de un empleo
público; igualmente “recibir más de una asignación del tesoro público”;
pero la misma disposición constitucional faculta al legislador para que
en casos especiales se disponga otra cosa. Y es precisamente lo que
ocurre con lo previsto en la Ley 269 de 1996, “por la cual se regula
parcialmente el artículo 128 de la Constitución Política”, en relación con
quienes prestan sus servicios de salud en las entidades de derecho

9
Según Resolución 30484 de 10 de septiembre de 2005, el tiempo trabajado para el Inpec fue del 10 de octubre de
1977 al 30 de julio de 2003.
10
«por la cual se regula parcialmente el artículo 128 de la Constitución Política, en relación con quienes prestan
servicios de salud en las entidades de derecho público».
11
Auto de 27 de agosto de 1996, radicado 880, C. P. Roberto Suárez Franco.
13

Expediente 25000-23-42-000-2014-03095-01 (2657-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra Mercedes Pasión Flórez de Ureta y Colpensiones

público. En efecto, en su artículo 2º se permite al “personal asistencial
que preste directamente servicios de salud” para que pueda “desempeñar
más de un empleo en entidades de derecho público”.

[…]

Los médicos que presten servicio de salud podrán desempeñar más de un
empleo de su especialidad en diversas entidades de derecho público, con
derecho a las correspondientes prestaciones sociales, ciñéndose a las
prescripciones legales que rigen la materia (art. 1º Ley 269 de 1996).

Por otra parte, en lo referente a la viabilidad de recibir doble pensión por causa
de la prestación del servicio de salud, esta sección12 sostuvo:

Así las cosas, se tiene que no existe una norma expedida por el legislador
que admita percibir simultáneamente para el personal médico más de una
pensión proveniente de su labor en el servicio público, pues la Ley 269
de 1996, tiene como finalidad la eventual falta de profesionales médicos
para cubrir las necesidades del servicio esencial de salud, pero no se
puede inferir de dicha normativa que ello le permita recibir dos pensiones
por servicios profesionales prestados por dos cargos públicos.

Asimismo, en otro pronunciamiento esta Corporación13 advirtió:

[…] es claro que en la mentada época en la que se encontraba vigente la
Constitución Política de 1886, reglamentariamente se contemplaron una
serie de excepciones específicas a la prohibición de pago de una doble
asignación del tesoro público, dentro de las cuales se encuentra la
prevista en el literal b) que tenía como requisitos para su configuración,
los siguientes: i) servicios prestados por empleados con título profesional
universitario hasta en 2 cargos públicos, ii) que el horario en ambas
entidades permitiera la ejecución de los dos empleos con normalidad y
iii) que la suma de las dos asignaciones percibidas no supere el salario de
un ministro del Gobierno Nacional.

Lo anterior implica que, la tesis sobre la incompatibilidad pensional que
regulaba la situación para las fechas que atañen al presente caso, sí
contemplaba esa prohibición desde la misma Constitución de 1886, sin
embargo, también advertía la existencia de salvedades a esa regla como
lo es el supuesto fáctico descrito anteriormente, bajo el entendido de que
incluso era viable el reconocimiento y pago de dos pensiones de
jubilación, siempre que se fundamentaran en el desempeño de dos

12
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección A, sentencia de 20 de
junio de 2020, expediente 08001233300020140036401 (2623-2016).
13
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección A, sentencia de 5 de agosto
de 2021, expediente 25000-23-42-000-2014-03093-01 (2640-2017).
14

Expediente 25000-23-42-000-2014-03095-01 (2657-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra Mercedes Pasión Flórez de Ureta y Colpensiones

empleos públicos simultáneos de un funcionario que acreditara las
exigencias en comento.

[…]

Ahora, la Sección Segunda de esta Alta Corte14, señaló que tal aseveración
tenía fundamento respecto de las situaciones pensionales configuradas
antes de que entrara en vigencia la Ley 100 de 1993, pues al entrar en vigor,
esta implementó un sistema integral que se acompasaba con el artículo 128
superior en el entendido de que no era posible devengar dos prestaciones
destinadas a contener el mismo riesgo de vejez […]

[…]
En suma, ante la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y en el
entendido de que el artículo 128 superior contempla una prohibición clara
de devengar una doble erogación por parte del Estado, tal regla se tornó
más general y restrictiva a comparación de la contemplada en la
Constitución de 1886 y su desarrollo reglamentario como se precisó
anteriormente, de manera que, efectivamente al día de hoy y para los casos
regidos por las primeras normas en mención, se torna incompatible obtener
el pago de dos o más pensiones derivadas del Sistema Integral de Seguridad
Social: i) cuando busquen contener el mismo riesgo, es decir, propendan
por un objeto análogo, y ii) especialmente cuando la causa, base o fuente
de financiación de ambas prestaciones sea las cotizaciones provenientes de
servicios prestados ante entidades públicas o canceladas con recursos del
erario, pues el origen de los aportes no se desvirtúa o se transforma por el
hecho de convertirse en parafiscales.15

[…]
No obstante, cuando las prerrogativas en conflicto fueron concedidas con
anterioridad a dicho marco normativo, particularmente en aplicación de la
Constitución de 1886 y de los mandatos que reglamentaron la prohibición
de percibir doble asignación del erario, en el sentido de haber contemplado
sendas excepciones como por ejemplo, las previstas en el Decreto 1042 de
1978 en su artículo 32, la postura jurídica aplicable no puede ser la
precitada y vigente a la fecha sobre la materia, sino una menos rigurosa
basada en las condiciones de la propia regulación aplicable […]

De lo anterior se colige que, en virtud del artículo 128 superior, las personas
que prestan sus servicios de salud pueden hacerlo de manera simultánea en otra
entidad de carácter público, sin embargo, ello no las hace acreedoras de recibir
más de una pensión del erario. Por tanto, resulta incompatible obtener el pago
de dos o más pensiones del sistema integral de seguridad social en los casos en

14
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 22 de
octubre de 2009. Radicado: 05001233100020010042301 (0262-2008).
15
En lo que respecta a esta conclusión y lineamiento jurisprudencial, resulta necesario verificar la sentencia del 23
de abril de 2020 proferida por esta misma Subsección, dictada en el proceso con radicado: 25000-23-42-000-2014-
02474-01 (3871-2016).
15

Expediente 25000-23-42-000-2014-03095-01 (2657-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra Mercedes Pasión Flórez de Ureta y Colpensiones

los que ambas se financien con las cotizaciones provenientes de servicios
prestados en el sector oficial o sufragadas con recursos del tesoro público.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que el derecho pensional se haya
consolidado en vigencia del Decreto 1042 de 1978, que en su artículo 32
establece la prohibición de devengar más de una asignación derivada del erario
con algunas excepciones, dentro de las cuales se encuentra la concerniente a los
ingresos «[…] que provengan de servicios prestados por profesionales con título
universitario hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal de
trabajo permita el ejercicio regular de tales cargos y que el valor conjunto de lo
percibido en uno y otro no exceda la remuneración total de los ministros de
despacho», es dable que se reciba más de una pensión procedente del tesoro
público16.

En este orden de ideas, encuentra la Sala que la señora demandada adquirió su
derecho pensional con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993,
por lo que su situación se encuentra dentro de las prohibiciones contempladas
en precedencia, en consecuencia, le asiste razón a la actora cuando advierte que
las pensiones reconocidas a ella son incompatibles porque ambas provienen del
erario. Ello en atención a que tanto el pago de la pensión de vejez otorgada por el
ISS como la de jubilación concedida por Cajanal tuvieron origen en servicios
prestados a dos entidades públicas.

En similares términos concluyó esta Corporación, en fallo de 1º de marzo de
201217, al decidir un asunto análogo al que ahora nos ocupa:

De lo anterior se concluye que es viable percibir una pensión de jubilación
por servicios prestados en el sector público y a la vez recibir una pensión de
vejez por parte del ISS siempre que ésta se reconozca por servicios prestados
a patronos particulares.

No sucede lo mismo cuando la pensión que reconoce el ISS incluye tiempos
laborados en el sector público porque en ese caso se involucran dineros que
provienen del “tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que
tenga parte mayoritaria el Estado” y en tal sentido sería incompatible con

16
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 16 de
septiembre de 2021, expediente 76001-23-33-000-2014-01038-01 (5831-2019), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter,
actor: UGPP, demandado: José Ramón Díaz Parra.
En este mismo sentido decidió esta subsección en un caso similar en fallo de 18 de septiembre de 2020, expediente
47001-23-33-000-2014-00205-01 (3776-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: UGPP, demandada: Paulina
Forero de Rojas.
17
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, radicación 17001-23-
31-000-2009-00102-01 (375-11), actor: Mario Orozco Hoyos, demandado: Universidad de Caldas.
16

Expediente 25000-23-42-000-2014-03095-01 (2657-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra Mercedes Pasión Flórez de Ureta y Colpensiones

la pensión de jubilación reconocida por servicios prestados en el sector
público.

En el sub lite se encuentra demostrado que el actor disfruta de una pensión
de vejez reconocida por el ISS que incluyó los tiempos laborados por éste
como trabajador independiente, empleado público del Municipio de
Manizales y Médico del Instituto de Seguros Sociales, es decir, que su pago
incluye dineros de entidades públicas que actuaron como “patronos”.
Teniendo en cuenta lo anterior no es posible acceder al reconocimiento de la
pensión de jubilación que pretende el actor con cargo a la Universidad de
Caldas porque en el caso específico violaría lo dispuesto en el artículo 128
de la Constitución Política que prohíbe la recepción de dos asignaciones
provenientes del Tesoro Público [se subraya].

Por consiguiente, la situación de la señora demandada quedó sometida a la
prohibición de recibir más de una asignación proveniente del tesoro público,
prevista en el artículo 128 de la Carta Política, como lo concluyó el a quo.

Por otra parte, se aclara que las sentencias trascritas parcialmente por la recurrente,
proferidas por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia (sala de
casación laboral), devienen inaplicables en el sub lite, pues aunque analizan la
compatibilidad de pensiones pagadas por el ISS y otras cajas públicas, allí se
determinó que, a pesar de que ese Instituto era de carácter oficial, no por esto las
mesadas sufragadas tenían la misma connotación, dado que su obligación estaba
orientada a administrar «[…] los dineros que aportan asalariados y empleadores,
cuyo compromiso no es otro que el de manejarlos tal y como lo dispone la ley de
seguridad social»18, supuesto que no fue el planteado en estas diligencias para
acceder a la pretensión de nulidad de los actos acusados.

Por otro lado, se advierte que, aunque en el escrito de alegatos de conclusión, la
UGPP pide acceder al restablecimiento del derecho y, en tal medida, modificar el
fallo de instancia, lo cierto es que ello no fue objeto de la alzada, por lo que, en
virtud del artículo 328 del CGP, no se emitirá pronunciamiento, por cuanto la
competencia del superior funcional se enmarca por los argumentos de apelación.

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, se confirmará la sentencia de primera instancia, que accedió
de manera parcial a las pretensiones de la demanda.

18
Corte Suprema de Justicia (sala de casación laboral), fallo de 19 de octubre de 2011, M. P. Carlos Ernesto Molina
Monsalve, radicación 40612.
17

Expediente 25000-23-42-000-2014-03095-01 (2657-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra Mercedes Pasión Flórez de Ureta y Colpensiones

Por último, comoquiera que quien se halla legalmente habilitado para ello confirió
poder en nombre de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), se le reconocerá
personería a la profesional del derecho destinataria de aquel19.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia de 1º de julio de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección A), que accedió
de manera parcial a las pretensiones de la demanda en el proceso instaurado por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la señora Mercedes Pasión
Flórez de Ureta y Colpensiones, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

2º. Reconócese personería a la abogada Yuly Alejandra Castaño Tafur, con cédula
de ciudadanía 1.121.949.546 y tarjeta profesional 355.502 del Consejo Superior
de la Judicatura, para representar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en los
términos del poder conferido.

3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Ausente con permiso Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS

19
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
18

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