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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2018-00405-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2018-00405-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 35 Número Interno: 0448-2026 Demandante: Universidad del Magdalena Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones PRIMERO. MODIFICAR los numerales 1. y 2. de la sentencia del Ocho (8) de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en la parte motiva, los cuales quedarán así: 1. Declárese la nulidad de Resolución SUB 96215 del diez (10) de abril de 2018 y de la Resolución DIR 13692 del veintisiete (27) de julio de 2018, expedidas por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y, por otra parte, declárese de oficio la ineptitud sustantiva de la demanda frente a la Resolución SUB 89533 del cinco (5) de abril de 2018 y el Oficio BZ 2018_13862536 del veintidós (22) de noviembre de 2018, expedidas igualmente por Colpensiones, conforme a lo previsto en la parte motiva de esta providencia. 2. A título de restablecimiento del derecho, Condénese a COLPENSIONES que efectúe el pago del retroactivo pensional a la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, con ocasión del pago de las mesadas pensionales sufragadas por el ente universitario al señor Luis Alfredo Sánchez Arrieta, por el período comprendido entre el cuatro (4) de enero de 2006 y el treinta y uno (31) de octubre de 2017, teniendo en cuenta el valor que le correspondía pagar a la entidad demandada por concepto de pensión de vejez, sin aplicar prescripción sobre las mismas y descontándose los pagos que por dicho concepto ya haya recibido la entidad demandante. Las sumas a pagar deberán indexarse de acuerdo con la fórmula señalada en esta providencia. SEGUNDO. CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia del Ocho (8) de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, de conformidad con las razones expuestas en este proveído. TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2018-00405-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Treinta (30) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00405-01 (0448-2026)1
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones
Vinculado: Luis Alfredo Sánchez Arrieta
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Compartibilidad pensional – liquidación retroactivo
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia del Ocho (8) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.2

1.1. Pretensiones3.

1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 – Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de solicitar que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i)
la Resolución SUB 96215 del Diez (10) de Abril de Dos Mil Dieciocho (2018),

1
Expediente digitalizado del Tribunal de origen y, en esta instancia, se cuenta con expediente electrónico.
2
Según el acta individual de reparto, la demanda fue radicada el 3 de diciembre de 2018.
3
Índices 00002 y 00008 del expediente del Tribunal de origen.

2

Número Interno: 0448-2026
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

expedida por Colpensiones, mediante la cual, se negó el pago de un retroactivo
pensional reconocido a favor de la Universidad del Magdalena en la Resolución del
Instituto de Seguros Sociales del Diecisiete (17) de Septiembre de Dos Mil Diez
(2010); (ii) la Resolución DIR 13692 del Veintisiete (27) de Julio de Dos Mil
Dieciocho (2018), a través de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto
contra el acto anterior; (iii) la Resolución SUB 89533 del Cinco (05) de Abril de Dos
Mil Dieciocho (2018), por medio de la cual Colpensiones declaró la imposibilidad
material y jurídica de dar cumplimiento a un fallo judicial; y (iv) el Oficio BZ
2018_13862536 del Veintidós (22) de Noviembre de Dos Mil Dieciocho (2018).

2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó se ordene a la entidad demandada: (i) a girar a favor de la
Universidad del Magdalena la totalidad del valor retroactivo que le fue reconocido
por el Instituto de Seguros Sociales, por la suma de $218.576.451, por concepto de
mesadas causadas entre Enero de Dos Mil Seis (2006) y Septiembre de Dos Mil
Diez (2010); (ii) reconocer y girar a favor de la Universidad la totalidad del valor
retroactivo generado entre Octubre de Dos Mil Diez (2010) y Noviembre de Dos Mil
Diecisiete (2017), por el valor de $614.582.033; (iii) dar cumplimiento a la sentencia
del Tribunal Administrativo del Magdalena, de fecha Dieciséis (16) de Marzo de Dos
Mil Dieciséis (2016), mediante la cual se revocó parcialmente el fallo del Juzgado
Primero (1º) Administrativo de Descongestión de Santa Marta, en el sentido de
reliquidar la prestación reconocida a favor del señor Luis Alfredo Sánchez Arrieta,
en proporción al porcentaje que tiene a cargo desde el Cuatro (4) de Enero de Dos
Mil Seis (2006); (iv) a reconocer y girar a favor de la Universidad los valores que se
generen como retroactivo pensional; (v) a girar a favor de la Universidad los
retroactivos solicitados debidamente indexados; y (vi) que se condene a la entidad
demandada a reconocer los intereses por el retardo en el pago del retroactivo.

1.2. Los hechos.

3. En el escrito de demanda 4, la parte actora señaló que, el señor Luis Alfredo
Sánchez Arrieta se vinculó a la Universidad del Magdalena, como docente de tiempo
completo, desde el Once (11) de Julio de Mil Novecientos Setenta y Cuatro (1974)
y que, como los demás trabajadores de la Universidad del Magdalena, se

4
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 2 y ss.

3

Número Interno: 0448-2026
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

encontraba afiliado a la Caja Departamental de Previsión Social.

4. Narró que, a través del Decreto Departamental Núm. 558 del Treinta (30) de Junio
de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), se declaró la insolvencia de la Caja de
Previsión Social del Magdalena y, en esa misma fecha, entró en vigor el Sistema
General de Pensiones en el Departamento, razón por la cual, el señor Sánchez
Arrieta pasó al Instituto de Seguros Sociales (ISS, en lo sucesivo), entidad a la cual
cotizó desde el Primero (1º) de julio de la referida anualidad, hasta la fecha de su
retiro. En tal virtud, sostuvo que, por disposición legal, la entidad se encontraba
habilitada para cobrar el bono pensional a cargo de la Caja de Previsión Social del
Departamento, en la que se habían depositado los aportes desde Julio de Mil
Novecientos Setenta y Cuatro (1974), hasta Mayo de Dos Mil Tres (2003).

5. Indicó que, por una errada interpretación del artículo 131 de la Ley 100 de 1993,
la Universidad del Magdalena, mediante el Acuerdo Superior Núm. 005 del
Veintisiete (27) de Enero de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999), creó un fondo
para el pago de su pasivo pensional, sin tener en cuenta que tal norma, así como el
artículo 2º del Decreto 2337 de 1996, únicamente autorizaba la creación de los
fondos cuando, con anterioridad al Veintitrés (23) de Diciembre de Mil Novecientos
Noventa y Tres (1993), las instituciones oficiales de educación superior respondían
por las pensiones de sus ex-trabajadores. En esa línea, manifestó que, la entidad
habilitada para reconocer y pagar las pensiones causadas de sus empleados, en
vigencia del Sistema General de Pensiones, era el Instituto de Seguros Sociales, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 y 128 de la Ley 100 de 1993, siendo
al día de hoy la Administradora Colombiana de Pensiones la obligada.

6. Afirmó que, el sustento anterior no fue considerado por el ente universitario al
reconocer “indebidamente” las pensiones de jubilación a 174 extrabajadores, dentro
de los cuales se encuentra el señor Sánchez Arrieta, a quien, en virtud de la
Resolución Núm. 270 del Veinte (20) de Mayo de Dos Mil Tres (2003), se le
reconoció una pensión en cuantía inicial de $2.578.940, mesada que luego fue
reajustada a través de las Resoluciones Núm. 334 del Ocho (8) de Julio de Dos Mil
Tres (2003) y Núm. 299 del Dieciocho (18) de Junio de Dos Mil Cuatro (2004).

7. Explicó que, con el propósito de subsanar el yerro antes advertido, la Universidad

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Número Interno: 0448-2026
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

inició un proceso de subrogación pensional con el otrora Instituto de Seguros
Sociales, el cual, a la fecha, continúa con Colpensiones.

8. Expuso que, mediante la Resolución Núm. 013290 del Veintiséis (26) de Junio de
Dos Mil Nueve (2009), el ISS le concedió una indemnización sustitutiva al señor
Sánchez Arrieta, sin que ésta fuera efectivamente pagada. Posteriormente, el señor
Sánchez Arrieta, en conjunto con otros pensionados, presentó demanda ordinaria
laboral con el ánimo que se ordenara al ISS el reconocimiento de la indemnización
sustitutiva, sin mencionar que ya tenía una pensión a cargo de la Universidad.

9. El Juzgado Primero (1º) Laboral del Circuito de Santa Marta, en sentencia
confirmada el Veinticuatro (24) de Mayo de Dos Mil Once (2011) por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, condenó al ISS a pagar la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez al señor Sánchez Arrieta.

10. Agregó que la Universidad, mediante radicado del Cinco (5) de enero de Dos
Mil Diez (2010), solicitó al ISS el reconocimiento pensional del señor Sánchez
Arrieta, atendiendo al proceso de subrogación adelantado. En respuesta, el ISS, a
través de la Resolución Núm. 00014407 del Diecisiete (17) de Septiembre de Dos
Mil Diez (2010), revocó la Resolución Núm. 13290 del Veintiséis (26) de Junio de
Dos Mil Nueve (2009), en virtud de la cual se reconoció una indemnización
sustitutiva y, en su lugar, reconoció a favor del señor Sánchez Arrieta una pensión
de jubilación de carácter compartida, en los términos del artículo 1º de la Ley 33 de
1985, en cuantía inicial de $3.004.109, a partir de enero de Dos Mil Seis (2006). En
el mismo acto, se le reconoció un retroactivo pensional por $218.576.451.

11. Anotó que, la Resolución Núm. 00014407 del Diecisiete (17) de Septiembre de
Dos Mil Diez (2010), expedida por el ISS, no fue notificada a la Universidad del
Magdalena, ni al señor Sánchez Arrieta, razón por la cual, la pensión reconocida
fue suspendida por el no cobro de las mesadas.

12. Aseguró que, el Once (11) de Mayo de Dos Mil Once (2011), el señor Sánchez
Arrieta presentó una demanda contra la Universidad del Magdalena, con el objeto
que se reliquidara su pensión de jubilación. Así pues, mediante la sentencia del
Siete (7) de Octubre de Dos Mil Catorce (2014), el Juzgado Primero (1º)

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Demandante: Universidad del Magdalena
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

Administrativo de Descongestión de Santa Marta declaró la nulidad parcial de la
Resolución Núm. 270 del Veinte (20) de Mayo de Dos Mil Tres (2003), y la nulidad
de la Resolución Núm. 536 del Tres (3) de Septiembre de Dos Mil Nueve (2009),
ordenando la reliquidación de la pensión con la inclusión de la totalidad de los
factores salariales devengados por el beneficiario durante el último año de servicios.

13. Aclaró que, la anterior decisión fue apelada y, en la sentencia de segunda
instancia, se modificó parcialmente el fallo recurrido, en el sentido de condenar al
llamado en garantía (ISS) al porcentaje de la pensión que tenía a cargo a partir del
Cuatro (4) de Enero de Dos Mil Seis (2006). En este punto, precisó que, el ISS tiene
a cargo el 100% de la pensión, mientras que el ente universitario “ sólo un mayor valor
entre lo reconocido por el ISS y lo que venía pagando la Alma Mater”.

14. Advirtió que, en Febrero de Dos mil Dieciséis (2016), la Oficina de Pensiones de
la Universidad del Magdalena le consultó a Colpensiones la posibilidad de acceder
a la compartibilidad de la pensión del señor Sánchez Arrieta, teniendo en cuenta el
reconocimiento efectuado por el ISS. En atención a lo anterior, Colpensiones le
informó a la demandante que existía un reconocimiento de una pensión de vejez
compartida a favor del señor Sánchez Arrieta, y que la misma se encontraba
suspendida “por el no cobro de las mesadas pensionales”.

15. Con fundamento en ello, la Universidad le solicitó a Colpensiones, en distintas
oportunidades, la inclusión del señor Sánchez Arrieta en la nómina de pensionados
de dicha administradora, así como el giro del retroactivo pensional a favor de la
demandante. Hizo énfasis en que, el Veintiuno (21) de Abril de Dos Mil Diecisiete
(2017), el señor Sánchez Arrieta, con el acompañamiento de una abogada de la
Universidad, radicó ante Colpensiones una solicitud encaminada a que se reactivara
la pensión suspendida, en la cual se dijo: “actualmente la Universidad del Magdalena cubre
el 100% de mi pensión de vejez, por lo que solicito que se reactive el pago de la pensión que me
corresponde recibir por parte de Colpensiones, para que esta sea compartida con la Alma Mater”.

16. Mediante el Oficio BZ2017_3960865-2855806 del Veinticinco (25) de Octubre
de Dos Mil Diecisiete (2017), Colpensiones adujo que, le había informado al señor
Sánchez Arrieta que su pensión sería ingresada en la nómina de noviembre.
Aunque la actora señaló que no fue informada de esa decisión, advirtió que, fue
enterada por una comunicación externa remitida por el mismo pensionado, en la

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Número Interno: 0448-2026
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que anunció que Colpensiones “lo había reactivado en su nómina (…) y que no había
informado antes porque tenía necesidad del dinero para el pago de la Universidad de su hija. ”

17. Aseveró que, con posterioridad, la Universidad del Magdalena fue informada por
parte de Colpensiones, que al señor Sánchez Arrieta le fue reconocido un
retroactivo pensional por la suma de $205.652.355, valor que, según sostuvo, le
pertenecen a la institución por haber pagado la pensión de manera anticipada. Al
respecto, puntualizó que las irregularidades observadas se han generado “por la falta
de comunicación de los actos administrativos relacionados con pensionados compartidos de la Alma
Mater por parte de Colpensiones, vulnerando dicha entidad de manera directa los derechos
fundamentales del debido proceso y defensa de la Universidad del Magdalena (…) ”.

18. Resaltó que, más adelante, mediante los Oficios DTH-105-18 y DTH-106-2018,
ambos del Dieciséis (16) de Febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), le solicitó a
Colpensiones, por un lado, dar a conocer los actos que resolvieron la situación
pensional del beneficiario, a efectos de proceder a modificar la cuantía de la
mesada, y, por el otro lado, le solicitó al pensionado la devolución de las mesadas
dobles recibidas (por un valor de $19.256.109), pagadas tanto por la Universidad,
como por Colpensiones, más la suma recibida como retroactivo pensional.

19. Expuso que, con ocasión de los oficios en comento, el señor Sánchez Arrieta se
presentó personalmente en las instalaciones de la Universidad, en donde fue
informado de la modificación de la cuantía pensional y que, “dado que Colpensiones no
notificó la inclusión en nómina de la prestación pensional, recibió los pagos dobles ”, sobre los

cuales, según se lee en la demanda, “el pensionado manifestó saber que debía devolver
esos valores a la Universidad y que los había tomado por necesidad (…) ”. En tal virtud, el señor

Sánchez Arrieta presentó autorización de descuento por nómina de las mesadas
doblemente recibidas, mientras que, frente al retroactivo percibido, manifestó que
se asesoraría con su abogado y elevaría la respectiva consulta ante Colpensiones.

20. Arguyó que, aunque con la Resolución Núm. 104 del Veintitrés (23) de Febrero
de Dos Mil Dieciocho (2018), la Universidad modificó la cuantía de la mesada
pensional y exhortó al pensionado a devolver las sumas giradas “por Colpensiones de
manera ilegal, en aras de salvaguardar los dineros públicos ”, este último se rehusó a la

aludida devolución, alegando que, en Colpensiones, un funcionario de la entidad le
confirmó que el retroactivo le pertenecía a él y no a la Universidad.

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21. Puso de presente que, mediante el Oficio DTH-181-2018, la entidad le solicitó a
Colpensiones el giro del retroactivo pensional, explicando que los recursos girados
sin fundamento al señor Sánchez Arrieta “son dineros de la Universidad del Magdalena, por
consiguientes (sic) recursos públicos”. Mediante la Resolución SUB 96215 del Diez (10)

de Abril de Dos Mil Dieciocho (2018), Colpensiones negó el retroactivo dejado en
suspenso en la Resolución Núm. 00014407 del Diecisiete (17) de Septiembre de
Dos Mil Diez (2010), y el causado entre Diciembre de Dos Mil Trece (2013) y Marzo
de Dos Mil Catorce (2014), al considerar que, frente al mismo, operó la prescripción.

22. Contra el acto administrativo anterior, la Universidad del Magdalena interpuso
recurso de apelación, el cual, fue resuelto de manera desfavorable, a través de la
Resolución DIR 13692 del Veintisiete (27) de Julio de Dos Mil Dieciocho (2018).

23. Además, compartió que: (i) el Veinticinco (25) de Mayo de Dos Mil Dieciocho
(2018), a través del Rad. MAG-OA-20180230063432, la Universidad presentó ante
la Fiscalía General de la Nación denuncia penal contra funcionarios de
Colpensiones y el señor Sánchez Arrieta; y (ii) aunque el ente universitario fue
requerido por la Procuraduría General de la Nación, y por el Juzgado Séptimo (7º)
Administrativo, a efectos de informar sobre el cumplimiento de la sentencia que
ordenó la reliquidación pensional del señor Sánchez Arrieta, les informó a los
citados solicitantes “las razones por las cuales esta Universidad no puede dar cumplimiento a la
orden, sin que exista previamente una reliquidación por parte de Colpensiones.”

24. Finalmente, adujo que, mediante el Oficio BZ2018_13862536 comunicado el
Veintinueve (29) de Noviembre de Dos Mil Dieciocho (2018), Colpensiones reiteró
su posición consistente en “no dar cumplimiento al fallo y propone una liquidación que contraría
lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución Política de Colombia.”

1.3. Concepto de la violación.

25. La demandante alegó que, los actos administrativos enjuiciados violan los
artículos 29, 48 y 128 de la Constitución Política de Colombia; la Ley 100 de 1993;
el Decreto 1068 de 1995; el Decreto 2337 de 1996; la Ley 1151 de 2007; el Decreto

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2011 de 2012; y desconoce el precedente de la Corte Suprema de Justicia.5

26. Manifestó que, a través de los actos administrativos enjuiciados, Colpensiones
evita la protección y recuperación del patrimonio público, desconociendo el mandato
consagrado en el artículo 128 de la Constitución Política.

27. Explicó que, el reconocimiento de la pensión del señor Sánchez Arrieta, fue
efectuado por la Universidad del Magdalena y, en virtud del reconocimiento
pensional que hizo el ISS mediante la Resolución Núm. 14407 del Diecisiete (17)
de Septiembre de Dos Mil Diez (2010), la misma ostenta el carácter de compartida,
debiendo el ente universitario asumir solamente el mayor valor de la prestación, en
atención a lo dispuesto en el Decreto 1748 de 1995. Sobre este particular,
puntualizó que, la prestación que percibe el señor Sánchez Arrieta es una sola
pensión que se encuentra al amparo de la figura de la compartibilidad.

28. Alegó que, en ese sentido, no le era dable a Colpensiones proceder con el
reconocimiento de una nueva prestación, pues, le correspondía, en su lugar, incluir
en la nómina de pensionados la prestación que ya había sido reconocida por el
extinto ISS en la Resolución Núm. 00014407 del Diecisiete (17) de Septiembre de
Dos Mil Diez (2010), y que había quedado suspendida por una situación ajena a la
institución demandante, originada en la falta de comunicación del acto
administrativo, lo cual derivó en el no cobro de las mesadas pensionales. Así las
cosas, advirtió que, una vez ingresada en la nómina de Colpensiones la prestación
reconocida por el ISS, la Universidad debía expedir el acto de modificación de la
cuantía de la mesada, y no modificar el valor existiendo un reconocimiento
pensional, comoquiera que, en ese escenario, se quebranta el artículo 128 superior.

29. Aseveró que, es Colpensiones, como administradora del régimen de prima
media, la entidad llamada a liquidar y/o reliquidar las pensiones compartidas,
ajustándolas a derecho cuando fuere necesario. Para ilustrarlo, adujo que el 100%
de la pensión debía ser reconocida por dicha administradora, “ tal como si lo estuvieran
liquidando por primera vez y no existiera otra pensión reconocida irregularmente a favor del
pensionado”, al tiempo que a la Universidad del Magdalena le corresponde reconocer

el mayor valor, esto es, “un adicional que debe asumir para no desmejorar derechos adquiridos.”

5
Para el efecto, citó la Sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 18 de octubre de 2006,
dentro del Rad. 28614, M.P. Eduardo López Villegas.

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Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

30. En lo que toca a la subrogación pensional, indicó que aquella genera como
consecuencia la imposibilidad jurídica para la Universidad del Magdalena de
pronunciarse sobre la solicitud de reliquidación, toda vez que, desde ese momento,
perdió competencia para ello. En otros términos, explicó que, el ente universitario
no puede referirse a tales aspectos, los cuales son del resorte de la entidad
administradora, siendo la demandante la encargada únicamente del mayor valor.

31. Arguyó que, aunque Colpensiones fue condenada a la reliquidación de la
pensión y que dicha entidad lleva más de nueve (9) años en el proceso de
subrogación, mediante la Resolución SUB 89533 del Cinco (5) de Abril de Dos Mil
Dieciocho (2018), negó la solicitud de reliquidación aduciendo una supuesta
imposibilidad material y jurídica porque, a juicio de la actora, se escudó en “ un juego
de conceptos, como es pensión de jubilación y pensión de vejez, que bajo la interpretación de los
sustanciadores de Colpensiones resultan ser dos beneficios totalmente diferentes, cuando realmente
se trata de una sola prestación social que cubre una misma contingencia, como es la vejez .”

32. Hizo hincapié en que, estando en un proceso de subrogación entre dos
entidades, el señor Sánchez Arrieta, en calidad de pensionado, recibió todas las
mesadas por parte de la Universidad del Magdalena (entidad empleadora), desde
que se le reconoció la pensión de jubilación, hasta que Colpensiones lo incluyó en
nómina, por lo que, en su criterio, el retroactivo a cargo de dicha administradora se
constituye en “la devolución del dinero ya cancelado de manera oportuna como pago anticipado
de la pensión, debiendo regresar tales valores al patrimonio de la Universidad.”

32.1. Sobre este particular, destacó que se generan distintos valores retroactivos, a
saber: (i) el reconocido en virtud de la Resolución Núm. 00014407 del Diecisiete
(17) de Septiembre de Dos Mil Diez (2010), por concepto de mesadas entre enero
de Dos Mil Seis (2006) y Septiembre de Dos Mil Diez (2010); (ii) el causado entre
Octubre de Dos Mil Diez (2010) y Noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017), fecha de
inclusión del señor Sánchez Arrieta en nómina de pensionados; (iii) el reconocido
con ocasión de la Resolución SUB 96215 del Diez (10) de Abril de Dos Mil Quince
(2015), girado a la Universidad del Magdalena, por concepto de mesadas entre
Diciembre de Dos Mil Trece (2013) y Marzo de Dos Mil Catorce (2014); y (iv) el que
se genere de la reliquidación pensional ordenada judicialmente.

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Demandante: Universidad del Magdalena
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

1.4. La contestación de la demanda.

1.4.1. Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.6

33. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Para sostenerlo,
advirtió que, no existe una relación jurídico-sustancial entre la Universidad del
Magdalena, quien funge como parte activa dentro del proceso, y el objeto de la Litis,
comoquiera que, lo que se pretende es que se pague un retroactivo pensional a
favor del ente universitario “que ya fue pagado al beneficiario de la pensión compartida, el señor
Luis Alfredo Sánchez Arrieta, quien es titular del derecho reclamado en la demanda .”

34. Señaló, además, que operó la prescripción de los valores reclamados, de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

35. Asimismo, indicó que no existe fundamentación jurídica alguna que habilite el
pago del retroactivo pensional a favor de la Universidad del Magdalena, y que este
último ente no cuenta con facultades para solicitar “tal prestación”. Insistió en que,
Colpensiones ha obrado en cumplimiento de las normas legales.

36. En tal sentido, propuso como excepciones previas las de (i) falta de legitimación
en la causa por activa y la de (ii) prescripción. A su turno, como excepciones de
fondo formuló las siguientes: (iii) inexistencia de las obligaciones reclamadas; (iv)
cobro de lo no debido; (iv) buena fe; y (v) la genérica e innominada.

1.4.2. Luis Alfredo Sánchez Arrieta.

37. Mediante auto del Quince (15) de Mayo de Dos Mil Diecinueve (2019), el
Tribunal Administrativo del Magdalena admitió la demanda, ordenó la vinculación
del señor Luis Alfredo Sánchez Arrieta y, a su vez, le ordenó a la Universidad del
Magdalena suministrar sus datos de notificación.7 En aras de efectuar la notificación
personal, se libró el Oficio OF.TAMSG-2020-0083 del Dos Mil Veinte (2020).
Posteriormente, y comoquiera que el ciudadano no concurrió a notificarse del
proveído en comento, se elaboró el aviso para fines de notificación personal.

6
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 367 y ss. del Archivo.
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Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 342-345 del archivo.

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Número Interno: 0448-2026
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

37.1. En virtud del auto del Diez (10) de Agosto de Dos Mil Veintidós (2022)8, el
despacho sustanciador requirió al secretario del Tribunal, a efectos de allegar la
respectiva planilla de envío de la notificación, solicitud que fue atendida a través de
la constancia secretarial del Dos (2) de Septiembre del mismo año9, en la que se
adjuntó la planilla de envío por la empresa de mensajería “472”, la cual fue luego
ampliada por medio de la respuesta a requerimientos ulteriores, de fecha Cuatro (4)
de Octubre de Dos Mil Veintitrés (2023)10, con la constancia de “entregado”.

37.2. Mediante el auto del Cuatro (4) de Febrero de Dos Mil Veinticinco (2025)11, el
despacho ponente adujo que, como no se acreditó la entrega, ya no de la
comunicación, sino del aviso para notificación, debía ordenarse que, a través de la
secretaría de la Corporación, se remitiera el respectivo aviso con destino a la
dirección física del señor Sánchez Arrieta y, simultáneamente, se notificara la
demanda y su admisión a través del correo “lasa_46@hotmail.com”, dirección
electrónica que fue suministrada por Colpensiones el Veintidós (22) de Febrero de
Dos Mil Veintiuno (2021), fecha en la que aportó un memorial en el que se relacionó
la información (correo y número de teléfono) suministrada por el vinculado a dicha
entidad en actuaciones adelantadas ante esa administradora.12

37.3. Según el soporte del Once (11) de Marzo de Dos Mil Veinticinco (2025), se
pudo acreditar la notificación antes ordenada, a través del correo en comento.13 No
obstante, en la constancia secretarial del Nueve (9) de Abril del mismo año, se
advirtió que la notificación ordenada a la dirección física no fue posible, teniendo en
cuenta que, el señor Sánchez Arrieta no residía en la que fue suministrada.14

37.4. En el auto del Veinte (20) de Mayo de Dos Mil Veinticinco (2025)15, el nuevo
despacho sustanciador avocó conocimiento del asunto y tuvo por surtida la
notificación personal al vinculado, efectuada al correo “lasa_46@hotmail.com”,
dotándola así de plenos efectos jurídicos “comoquiera que efectivamente fue recibida en el
servidor de destino”, consideración que acogió al dar aplicación a la Ley 2213 de 2022,

que adoptó como legislación permanente el Decreto 806 de 2020.

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Índice 0031 del expediente del Tribunal de origen.
9
Índice 0035 del expediente del Tribunal de origen.
10
Índice 00054 del expediente del Tribunal de origen.
11
Índice 00064 del expediente del Tribunal de origen.
12
Índice 00017 del expediente del Tribunal de origen.
13
Índice 00068 del expediente del Tribunal de origen.
14
Índice 00077 del expediente del Tribunal de origen.
15
Índice 00081 del expediente del Tribunal de origen.

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Número Interno: 0448-2026
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

38. Teniendo en cuenta lo anterior, el A-quo, luego de surtida la notificación personal
al vinculado, señaló que, dentro del término de traslado, no se contestó la demanda.

1.5. La sentencia de primera instancia.

39. En la sentencia del Ocho (8) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025)16, el
Tribunal Administrativo del Magdalena accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda, sin condena en costas a la parte vencida, disponiendo lo siguiente:

1. Declárese la nulidad de Resolución SUB 96215 del 10 de abril de 2018, de la Resolución
DIR 13692 del 27 de julio de 2018, Resolución SUB- 89533 del 5 de abril de 2018 y el Oficio
BZ 2018_13862536 del 22 de noviembre de 2018 expedidas por la Administradora
Colombiana de Pensiones, conforme a lo previsto en la parte motiva de esta providencia.

2. A título de restablecimiento del derecho, Condénese a COLPENSIONES que efectúe el
pago del retroactivo pensional a la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, con ocasión del pago
de las mesadas pensionales pagadas al señor Luis Sánchez Arrieta desde el 06 de enero
de 2006 hasta enero de 2017 (a partir de febrero de 2018, la UNIMAG reajustó la cuantía de
la mesada), sin aplicar prescripción sobre las mismas y descontándose los pagos que por
dicho concepto ya haya recibido la entidad demandante.

3. Ordénese al señor Luis Alfredo Sánchez Arrieta la devolución del valor de $189.016.107
a COLPENSIONES, valor que le fue pagado por concepto de retroactivo pensional, que le
correspondía a la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.

4. Sin condena en costas a la parte vencida.

5. Notificar la presente providencia conforme lo ordena el artículo 203 del CPACA.

40. Para resolver los cargos planteados, el A-quo empezó por advertir que, de
conformidad con las pruebas allegadas al proceso, la Universidad del Magdalena
pagó el 100% de la mesada pensional del señor Luis Alfredo Sánchez Arrieta, desde
Mayo de Dos Mil Tres (2003), hasta el año Dos Mil Dieciocho (2018).

41. Asimismo, evidenció que: (i) el Instituto de Seguros Sociales – ISS, mediante la
Resolución Núm. 14407 del Diecisiete (17) de Septiembre de Dos Mil Diez (2010),
reconoció una pensión de jubilación a favor del señor Sánchez Arrieta, desde el
Cuatro (4) de Enero de Dos Mil Seis (2006), con un retroactivo por el valor de
$218.576.451 que, aunque ha sido solicitado por la demandante, no se ha ordenado
su entrega; (ii) dicho acto no fue notificado al beneficiario de la prestación, ni al ente
universitario; y (iii) el extinto ISS suspendió el pago de la mesada pensional hasta
Noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017), por el no cobro de las mesadas

16
Índice 00028 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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Número Interno: 0448-2026
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

pensionales, circunstancia que, a juicio del Tribunal, ratifica la falta de notificación
del acto inicial, motivo por el cual, se expidió otra resolución con un nuevo valor
retroactivo de $205.652.355 por las mesadas dejadas de pagar (desde el 1º de abril
de 2014 al 30 de octubre de 2017, por haber operado el fenómeno prescriptivo).

42. Indicó que, en el asunto de marras, la actora tuvo conocimiento del acto de
reconocimiento en el año 2016, cuando le solicitó a Colpensiones la compartibilidad
de la pensión. A partir de ese momento, presentó múltiples oficios ante dicha
administradora requiriendo la inclusión del señor Sánchez Arrieta en nómina de
pensionados, así como el pago del retroactivo a su favor por haber pagado el 100%
de la pensión de forma anticipada. Además, encontró acreditado que, “aún con el
reconocimiento de la pensión por parte de la ISS desde 2006 con la Resolución 0014407, la entidad
que continuó efectuando el pago total de la mesada, fue la UNIMAG hasta noviembre de 2017 ” y

que, a pesar de tener conocimiento -Colpensiones- del pago efectuado por la
demandante, terminó desembolsando un retroactivo al beneficiario de la prestación.

43. El Tribunal explicó que, con sujeción a lo establecido en la Circular 019 del Dos
Mil Quince (2015), Colpensiones dispuso que el giro del retroactivo a favor del
empleador en pensiones compartidas procede en dos (2) situaciones, a saber: (i)
cuando hay una pensión compartida entre el empleador y Colpensiones; o (ii)
cuando el empleador pagó la totalidad de las mesadas pensionales desde el
cumplimiento de los requisitos, hasta la inclusión en nómina de pensionados.

44. Por lo tanto, estimó que todos los retroactivos que surgieran con ocasión del
pago de la mesada pensional del señor Sánchez Arrieta, por parte del otrora ISS, y
ahora Colpensiones, le correspondían a la Universidad del Magdalena, institución
que, según explicó, “solo estaba obligado (sic) a pagar el mayor valor de la pensión, y no la
totalidad de la misma, por lo cual, tiene derecho a que le sea reintegrado los valores que pago de
forma anticipada al señor Luis Sánchez”, sin que opere la prescripción, “(…) en tanto la entidad
universitaria no pudo establecer cuando (sic) la obligación se hizo exigible, pues no le fue notificada
la Resolución No. 00014407 del 2010, por lo cual tampoco pudo presentar reclamo escrito ante la
ISS a fin de interrumpir esta prescripción, sumado a que luego de la reactivación de la mesada
pensional en noviembre de 2017, remitió más 5 reclamaciones ante Colpensiones para el ingreso
del señor Sánchez a nómina y por tanto el pago del retroactivo correspondiente. ”

45. Sobre esa base, el A-quo concluyó que, no era dable que se castigara a la

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Número Interno: 0448-2026
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

demandante con la aplicación del fenómeno prescriptivo “cuando actuó de manera
diligente frente al derecho que perseguía.” En esa línea, desestimó la excepción de

prescripción invocada por Colpensiones y, en su lugar, declaró la nulidad de las
Resoluciones SUB 96215 del Diez (10) de Abril de Dos Mil Dieciocho (2018) y DIR
13692 del Veintisiete (27) de Julio de la misma anualidad, mediante las cuales
Colpensiones negó el pago del retroactivo pensional a favor de la accionante. A
título de restablecimiento del derecho, le ordenó a Colpensiones a efectuar el pago
del retroactivo pensional, “con ocasión del pago de las mesadas pensionales pagadas al señor
Luis Sánchez Arrieta desde el 06 de enero de 2006 hasta enero de 2017. ”

46. Frente a los pagos recibidos por el señor Sánchez Arrieta, consideró que los
mismos no fueron de buena fe, pues, en peticiones del Veintiuno (21) de Abril de
Dos Mil Diecisiete (2017) y del Veinte (20) de Febrero de Dos Mil Dieciocho (2018),
indició su conocimiento de los pagos efectuados por la Universidad del Magdalena,
aún cuando ya podría advertir que el entonces ISS le había reconocido una pensión.
Sumado a ello, mencionó que, mediante el Oficio del Dieciséis (16) de Febrero de
Dos Mil Dieciocho (2018), la Universidad le solicitó al señor Sánchez Arrieta la
devolución de las sumas recibidas, más el retroactivo que le fue reconocido.

47. Con todo, el Tribunal encontró acreditado que el señor Sánchez Arrieta faltó al
postulado de la buena fe en sus actuaciones en sede administrativa, comoquiera
que, “recibió un retroactivo con pleno conocimiento que era la Universidad del Magdalena quien
había pagado por los años precedentes su mesada pensional y que no había dinero que se le debiera
por concepto de mesadas pensionales no pagadas, que diera lugar al pago de retroactivo.” En

consecuencia, le ordenó reintegrar el valor de $189.016.107 a Colpensiones.

48. Por último, en lo que toca a la alegada imposibilidad de darle cumplimiento a la
sentencia del Dieciséis (16) de Mayo de Dos Mil Dieciséis (2016), por haberse
reconocido pensión de jubilación por parte de la Universidad del Magdalena, y la
pensión de vejez a cargo de Colpensiones, el Tribunal sostuvo que: (i) ambas
prestaciones aseguran el riesgo de vejez, de lo que se desprende la imposibilidad
de percibirlas simultáneamente, so pena de desconocer la prohibición del artículo
128 Constitucional; (ii) y que, como resultado de la subrogación pensional, la
demandante tiene la obligación de asumir el pago del valor adicional que pueda
existir entre la pensión de vejez otorgada por Colpensiones y la que venía
reconociendo directamente la Universidad del Magdalena a sus beneficiarios.

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Número Interno: 0448-2026
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

49. Por consiguiente, concluyó que, como la Universidad sólo tiene a cargo el pago
del mayor valor de la pensión, le corresponde a Colpensiones dar cumplimiento a la
orden judicial antes referida, encaminada a que se reliquide la pensión del señor
Sánchez Arrieta “en proporción al porcentaje que tiene a cargo desde el 04 de enero de 2006, y
una vez emitido el acto correspondiente, la Universidad del Magdalena establezca si hay lugar al
pago de diferencias en proporción al porcentaje que se tiene a cargo. ” Siendo así, el A-quo

declaró la nulidad, además de los actos referidos en precedencia, de la Resolución
SUB-89533 del Cinco (5) de Abril de Dos Mil Dieciocho (2018), y del Oficio BZ
2018_13862536 del Veintidós (22) de Noviembre de ese año, por medio de las
cuales, Colpensiones declaró la imposibilidad de dar cumplimiento a un fallo judicial.

1.6. El recurso de apelación.

50. Mediante el memorial radicado el Veintiocho (28) de Enero de Dos Mil Veintiséis
(2026)17, la demandante alegó que Colpensiones debió ser condenada al pago de
la liquidación correspondiente al retroactivo pensional causado durante el período
comprendido entre el Cuatro (4) de Enero de Dos Mil Seis (2006) y el Treinta (30)
de Septiembre de Dos Mil Diez (2010), de conformidad con la Resolución Núm.
14407 del Diecisiete (17) de Septiembre de Dos Mil Diez (2010), por el valor de
$218.576.451; así como por el retroactivo causado durante el período comprendido
entre el Primero (1º) de Octubre de Dos Mil Diez (2010), y el Treinta y Uno (31) de
Octubre de Dos Mil Diecisiete (2017), fecha en la cual Colpensiones incluyó en
nómina de pensionados al señor Sánchez Arrieta, por el valor de $627.861.457.

51. De igual manera, advirtió que el A-quo debió precisar que la suma de
$627.861.457, fuera indexada, “por cuanto corresponde a mesadas pensionales, las cuales
constituyen obligaciones de tracto sucesivo, es decir, se causan de manera periódica y continua”.

1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia.

52. Mediante el auto del Ocho (8) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026) 18 , el
despacho sustanciador, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA,
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el fallo

17
Índice 00087 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
18
Índice 00004 del expediente que reposa en el Samai.

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Número Interno: 0448-2026
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de primera instancia y, al no haber pruebas por practicar, el proceso ingresó para
fallo, con pronunciamiento del Ministerio Público19, con arreglo al cual, solicitó que
se confirme la sentencia de primera instancia, toda vez que, a su juicio, el apelante
insiste en una pretensión relativa al retroactivo que ya fue resuelta en la providencia
recurrida, y que además incorpora unas condiciones de la liquidación (a partir de
una estimación unilateral) que resulta ajena al debate del proceso.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

53. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de
este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437
de 2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP) 20 , el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Cuestión previa.

2.1.2. Consideraciones sobre la ineptitud sustantiva de la demanda.

54. La Sala no desconoce que la competencia del juez de segunda instancia se
define por los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación, los cuales, en este
caso, no incluyen la discusión sobre la vocación de ciertos actos administrativos
para ser controlados judicialmente. Sin perjuicio de lo anterior, el inciso primero del
artículo 328 del Código General del Proceso21 dejó abierta la posibilidad para que
se adopten las decisiones de oficio que en derecho correspondan.22

55. Sumado a lo anterior, el inciso segundo del artículo 187 del CPACA dispone

19
Índice 00010 del expediente que reposa en el Samai.
20
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”
21
ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 23 de octubre
de 2025, M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, Rad. 05001-23-33-000-2017-02911-01 (1915-2025).

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Número Interno: 0448-2026
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que, el silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las
excepciones de fondo, propuestas o no. Igualmente, es dable anotar que, hace parte
del objeto de esta jurisdicción la preservación del orden jurídico, razones por las
cuales, se pasará a revisar oficiosamente si algunos de los actos cuya nulidad
pretende la demandante eran pasibles del control objetivo de legalidad que se
encuentra ínsito en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

56. Al respecto, la Universidad del Magdalena no sólo pretende la nulidad de los
actos administrativos en virtud de los cuales la entidad demandada negó el pago
del retroactivo pensional, sino también de (i) la Resolución SUB 89533 del Cinco (5)
de Abril de Dos Mil Dieciocho (2018), por medio de la cual, Colpensiones declaró la
imposibilidad material y jurídica de dar cumplimiento a los fallos judiciales que
ordenaron la reliquidación de la pensión del señor Luis Alfredo Sánchez Arrieta,
hasta tanto la Universidad del Magdalena allegara la resolución que materializara la
reliquidación de la pensión de jubilación, presupuesto para el pago de las diferencias
causadas, como en efecto lo dispuso el Ad-quem en esa oportunidad23.

56.1. Asimismo, la entidad demandante pretende la nulidad (ii) del Oficio BZ
2018_13862536 del Veintidós (22) de Noviembre Dos Mil Dieciocho (2018),
mediante el cual, Colpensiones dio alcance al requerimiento efectuado por el
Juzgado Séptimo (7º) Administrativo de Santa Marta24, contenido en el proveído del
Veinticinco (25) de Octubre de Dos Mil Dieciocho (2018)25, notificado el Primero (1º)
de Noviembre, en orden a informarle a esa sede judicial que, hasta tanto la
Universidad del Magdalena no efectuara la reliquidación ordenada, dicha
administradora estaba imposibilitada para sufragar las diferencias resultantes.

57. Pese a que los actos en comento fueron anulados por el A-quo, lo cierto es que,
los mismos no revisten las características de un acto definitivo, en los términos del
artículo 43 del CPACA, comoquiera que, no deciden directa o indirectamente el
fondo del asunto o hacen imposible continuar con la actuación.

57.1. En adición, se tratan de actos encaminados al cumplimiento de una decisión
ejecutoriada –como se explicó supra–, por lo que no pueden ser objeto de control

23
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 277-291 del Archivo.
24
Dentro del Rad. 47-001-33-33-007-2018-00136-00 (47-001-33-31-005-2011-00091-00).
25
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, pág. 232 del Archivo

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de legalidad a través del medio de control que se promueve en el sub judice.

58. Esta Sala de Subsección, en reciente sentencia del Cinco (5) de Marzo de Dos
Mil Veintiséis (2026)26, recordó que, el acto administrativo ha sido definido como la
expresión de la voluntad de la administración que produce efectos jurídicos, en el
sentido que crea, modifica o extingue una situación particular o general, es decir,
que: (i) constituye una declaración unilateral de la voluntad; (ii) por lo que es
expedido en ejercicio de la función administrativa; (iii) encaminado a producir
efectos jurídicos de manera directa sobre una situación jurídica; y (iv) conlleva la
creación, modificación o extinción de una situación jurídica general o particular, que
impacta en los derechos u obligaciones de las personas concernidas.

59. Los actos administrativos definitivos –susceptibles de control jurisdiccional–, se
distinguen de los actos de trámite y de ejecución, en el entendido que estos últimos
no son, en línea de principio, pasibles de control. Al respecto, los primeros
corresponden a aquellos que dicta la administración para impulsar el respectivo
procedimiento y decidir posteriormente el fondo del asunto, los cuales, por regla
general, no son objeto de control judicial, salvo que hagan imposible la continuación
del procedimiento administrativo; por su parte, los de ejecución se circunscriben a
dar cumplimiento a una decisión judicial o administrativa, sin que de ellos surjan
situaciones jurídicas diferentes a las de la providencia judicial o el acto ejecutado.

60. En el caso de autos, la Sala no vislumbra que, la Resolución SUB 89533 del
Cinco (5) de Abril de Dos Mil Dieciocho (2018) y el Oficio BZ 2018_13862536 del
Veintidós (22) de Noviembre del año en cita, contengan una declaración unilateral
de la voluntad de Colpensiones que, en ejercicio de función administrativa, produzca
efectos frente a la Universidad del Magdalena, máxime, si se tiene en cuenta que
los mismos –expedidos en virtud de solicitudes de cumplimiento de providencias
judiciales– dejaron en suspenso el cumplimiento de una orden hasta tanto la ahora
demandante expidiera el acto que dispusiera sobre la reliquidación de una pensión
de jubilación, atendiendo a lo dispuesto en la s27, proferida por el Juzgado Primero
(1º) Administrativo de Descongestión de Santa Marta, y en 28 , proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena.

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 5 de marzo de
2026, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 41001-23-33-000-2019-00354-01 (4448-2021).
27
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 73-86 del Archivo.
28
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 89-110 del Archivo.

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Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

61. Así las cosas, por no tratarse de actos administrativos pasibles de control, la
Sala declarará, de oficio, la ineptitud sustantiva de la demanda, únicamente frente
a los ya referidos actos administrativos, sin perjuicio del estudio que deba
adelantarse frente a las resoluciones que se pronuncian sobre el retroactivo
pensional deprecado, sobre las que se ocupará la Sala ut infra.

2.3. Problema jurídico.

62. En el asunto sub-examine, le corresponde a la Sala abordar, de acuerdo con los
reparos esgrimidos en el recurso de apelación, los siguientes problemas:

(i) ¿Resulta jurídicamente procedente el pago del retroactivo pensional
reclamado por la Universidad del Magdalena, en atención a los pagos
realizados por la institución demandante a favor del señor Sánchez
Arrieta, hasta su inclusión en nómina de pensionados de Colpensiones?
(ii) En caso afirmativo, ¿debe condenarse a Colpensiones al pago del
retroactivo pensional reclamado, por el período en el que la demandante
pagó las mesadas pensionales del señor Sánchez Arrieta, esto es, desde
el Cuatro (4) de Enero de Dos Mil Seis (2006) hasta el Treinta y Uno (31)
de Octubre de Dos Mil Diecisiete (2017), en los términos y las cuantías
señaladas por la parte actora en el recurso de alzada, con la respectiva
indexación?

2.4. Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1. Compartibilidad pensional.

63. La compartibilidad corresponde a una figura que permite a los empleadores que
tienen a su cargo el reconocimiento de pensiones, «compartir» su pago con el extinto
Instituto de Seguros Sociales – ISS, siempre y cuando coticen durante el tiempo
exigido para que el trabajador cumpla los presupuestos para acceder a la pensión
legal, en cuyo momento, la referida entidad asumirá su pago y el empleador quedará

20

Número Interno: 0448-2026
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

a cargo de las diferencias, en el evento en que ellas existieren29. Con respecto a la
compartibilidad pensional, esta colegiatura se ha referido, así30:

«Cuando una entidad oficial había afiliado a sus funcionarios públicos al Instituto de los
Seguros Sociales, se tenía esta situación: los servidores tenían derecho a la pensión de
jubilación pues laboraban bajo una relación legal y reglamentaria y el hecho de la afiliación
al ISS no cambiaba su régimen laboral, pero este Instituto, reconocía la pensión de vejez,
de manera que era necesario hacer compatibles los dos regímenes pensionales, el de
jubilación con el de vejez. La armonización de estos regímenes se obtuvo aplicando a esta
situación el mecanismo de la subrogación de la pensión de jubilación o de la compartibilidad,
según el cual era el empleador quien reconocía y pagaba la pensión a que estaba obligado
antes de lo previsto en los reglamentos del Seguro quien además seguía cotizando al ISS
hasta que el trabajador tuviera derecho a la pensión de vejez, y reconocida la de vejez, el
Instituto de los Seguros Sociales se subrogaba en el pago de la pensión. Si la pensión
reconocida inicialmente por el empleador era superior a la de vejez reconocida por el ISS,
entonces aquel pagaba el mayor valor entre ambas».

64. Asimismo, la Corte Constitucional, en la sentencia T-438 de 201031, ha señalado
lo siguiente en punto a la compartibilidad pensional:

«La compartibilidad pensional consiste en la protección que se otorga al monto del ingreso
pensional del jubilado, cuando el mismo cumple con todos los requisitos para acceder al
pago de la pensión vitalicia de vejez, por parte de la entidad administradora de tales recursos.
Lo anterior ocurre, por ejemplo, cuando la entidad en la cual se encuentra laborando el
trabajador prevé condiciones más favorables para acceder a la pensión que la prescritas
para la generalidad de los trabajadores. En tales circunstancias, la empresa empleadora
asume el pago de las mesadas hasta tanto el empleado cumpla la edad y el tiempo de
cotización exigidos por la ley para todas las personas 32”33

Ahora bien, una vez el Instituto de Seguros Sociales reconoce la pensión de vejez al
trabajador por hallar acreditados los requisitos legales exigidos para tal fin, el empleador
quedará relevado de seguir cancelando la pensión de jubilación si no hay un mayor valor
que cancelar entre la mesada pensional reconocida por el ISS y la que venía pagando la
Empresa o Entidad.

(…) En aras de la claridad, es pertinente diferenciar entre la no compartibilidad y la
compartibilidad pensional, pues estos dos conceptos están referidos a preceptivas legales
que rigieron en épocas diferentes:

“La no compartibilidad (o compatibilidad) de una pensión, implica que el pensionado tiene
derecho a recibir integralmente dos – o más – pensiones: la pensión extralegal y la pensión
posteriormente reconocida por el I.S.S. En esta situación el empleador reconoce una pensión
de jubilación convencional o extralegal por un monto determinado e inicia su pago. Sin
embargo, el pensionado sigue cotizando ante el Instituto de Seguros Sociales y una vez
cumple con los requisitos de ley, solicita ante el I.S.S. la pensión de vejez. Dicha entidad
reconoce y ordena el pago de la pensión de vejez. En consecuencia, teniendo en cuenta que
la pensión de jubilación reconocida por el empleador no tiene el carácter de compartida, el

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 12 de
septiembre de 2019, expediente 19001-23-33-000-2013-00357-01 (1869-15).
30
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 23 de febrero de 2012, expediente 11001-03-06-000-
2011-00045-00, interno 2068.
31
M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
32
La Corte Constitucional ha entendido que “se encuentran en la hipótesis de compartibilidad pensional solamente
aquellos“trabajadores que a la fecha en que el Instituto haya comenzado a cubrir el riesgo de vejez reúnan los siguientes
requisitos: 1) Diez o más años de labranza, 2) Tiempo y edad requeridos para la pensión de jubilación, y 3) Seguir cotizando a
los seguros hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por su normatividad para otorgar la pensión de vejez. “… y por lo
tanto solamente serían estos trabajadores los acreedores de la obligación pensional íntegra y total a cargo del empleador "hasta
tanto el Instituto de Seguridad Social, de acuerdo a su reglamentación, reconozca y empiece a pagar la de vejez” sentencia T-
462 de 2003”
33
Corte Constitucional, sentencia de tutela T-167 del 26 de febrero de 2004. M. P. Eduardo Montealegre Lynnet.

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pensionado tiene derecho a recibir las dos mesadas pensionales. Se trata entonces de
pensiones compatibles.

En la segunda hipótesis, referente a la compartibilidad, los efectos son diferentes. Al igual
que la anterior, el empleador le reconoce a su ex trabajador una pensión de jubilación
convencional o extra legal por un monto determinado, en todo caso, estipulando que dicha
pensión será compartida con la que otorgue el I.S.S. por vejez.

Una vez el empleador ha reconocido y ordenado el pago de la pensión de jubilación con
carácter compartido a favor de su ex trabajador, el empleador sigue realizando los aportes
de seguridad social en pensiones ante el Instituto de Seguro Social, hasta que el trabajador
a favor de quien hace los aportes, cumpla con los requisitos de ley para acceder a la pensión
de vejez. Una vez cumplidos los requisitos de ley, el I.S.S. procederá a otorgar la pensión
de vejez a la que tiene derecho el pensionado. No obstante, debido a que la pensión de
jubilación fue reconocida con carácter compartido, el pensionado no tiene derecho a recibir
integralmente ambas mesadas pensionales. En este caso, el reconocimiento que hace el
I.S.S. por pensión de vejez libera al empleador de pagar la pensión de jubilación. Sin
embargo, si el valor de la pensión que otorgó I.S.S. es menor al valor que el empleador
reconoció como pensión extralegal, estará a cargo del empleador el mayor valor que
reconoció”34 »

65. El Decreto 758 de 1990 35 regula en varios de sus preceptos la figura de la
compartibilidad pensional. En efecto, el artículo 16 dispone que, en las pensiones
legales de jubilación, el empleador reconoce y paga inicialmente la prestación, pero
debe continuar cotizando al Instituto de Seguros Sociales – ISS hasta tanto el
trabajador reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez. A partir de ese
momento, el ISS asume el pago de la prestación, quedando el empleador obligado
únicamente a cubrir el mayor valor, si la pensión legal reconocida resultare superior.

66. A su turno, el artículo 17 ibidem establece un régimen similar para las pensiones
sanción, en cuanto señala que el patrono asume inicialmente el pago de la pensión
restringida y continúa cotizando al sistema hasta que el trabajador adquiere el
derecho a la pensión de vejez, la cual pasa a cargo del ISS, manteniéndose a cargo
del empleador sólo el excedente, de existir éste último.

67. Finalmente, el artículo 18 regula las pensiones extralegales, al disponer que el
empleador debe continuar efectuando las cotizaciones correspondientes hasta que
el trabajador cumpla los requisitos para la pensión de vejez, momento en el cual, el
ISS asume el pago de la prestación, salvo que exista pacto expreso de no
compartibilidad, caso en el cual, el empleador conserva la obligación plena.

34
Corte Constitucional, sentencia de tutela T-921 del 10 de noviembre de 2006. M. P. Jaime Córdoba Triviño.
35 “
Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1° de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales
Obligatorios”.

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68. Así las cosas, los empleadores que antes asumían el pago de las mesadas
pensionales hasta el fallecimiento de su exempleado (o hasta la extinción de sus
beneficiarios), podrían continuar cotizando al ISS (asegurador), hoy Colpensiones,
con el fin de subrogarse en la obligación.

69. En ese sentido, la compartibilidad pensional implica que, el empleador le
reconozca a su exempleado una pensión de jubilación «convencional, legal o extralegal,
según sus condiciones particulares», pero pacta que esta prestación será compartida con

la que otorgue el ISS, por vejez, caso en el cual, aquel continúa con los aportes de
seguridad social en pensiones ante este último, hasta cuando el trabajador cumpla
los requisitos de ley, momento en el que el ISS otorga la pensión a su cargo. Aún
así, no en forma integral, porque ya estaba pactada la compartibilidad, motivo por
el cual, entre uno y otro pago se garantiza el derecho prestacional al pensionado.

2.4.2. Incompatibilidad entre las pensiones de vejez y jubilación.

70. El Decreto 3135 de 196836, en su artículo 31, estableció que: «Las pensiones de
jubilación, invalidez y retiro por vejez son incompatibles entre sí. El empleado o trabajador podrá
optar por la más favorable cuando haya concurrencia de ellas» A su turno, el Decreto 1848 de

1969, en su artículo 88, reiteró la mencionada incompatibilidad así: «Las pensiones de
invalidez, jubilación y retiro por vejez, son incompatibles entre sí. En caso de concurrencia del
derecho a ellas, el beneficiario optará por la que más le convenga económicamente ».

71. Ciertamente, en el artículo 77 de la misma normativa, se determinó que «[e]l
disfrute de la pensión de jubilación es incompatible con la percepción de toda asignación proveniente
de entidades de derecho público, establecimientos públicos, empresas oficiales y sociedades de
economía mixta, cualesquiera sea la denominación que se adopte para el pago de la
contraprestación del servicio, salvo lo que para casos especiales establecen las leyes y en particular
el Decreto 1713 de 1960 y la Ley 1a. de 1963».

72. Sobre el punto bajo estudio, la Subsección “B” de la Sección Segunda de esta
Corporación, a través de la sentencia del Doce (12) de diciembre de Dos Mil
Veintitrés (2023), señaló que37:

36
«Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen
prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales»
37 Radicado:25000-23-42-000-2013-05975-01 (1384-2017), de 12 de diciembre de 2023. MP Juan Enrique Bedoya Escobar.

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«[…] No se desconoce que la jurisprudencia de esta Corporación 38 y de la Corte Suprema
de Justicia39, de tiempo atrás, ha sostenido que el aporte realizado por el Estado desapareció
y que el ISS se convirtió en un mero administrador de los dineros que aportan los
trabajadores y sus empleadores y que la compatibilidad debe analizarse desde el punto de
vista de la naturaleza del empleador que efectuó las cotizaciones «pues muchas de ellas son
sufragadas con dineros provenientes de patronos particulares», razón por la cual deberá
determinarse la calidad de quien realizó los aportes para determinar si la prestación es
pública o privada 40 ; sin embargo, se hace necesario replantear tal argumentación para
concluir que dichas prestaciones son incompatibles con otras asignaciones provenientes del
tesoro público con independencia de su origen.

[…] Sobre el sistema general de seguridad social integral y su incidencia en la aludida
incompatibilidad, esta Sala recuerda que dicho sistema, entre otras, fue creado para cubrir
las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, a través del reconocimiento
de las pensiones y prestaciones previstas en la ley, así como propender por la ampliación
de cobertura a la población no cubierta con un sistema de pensiones.

No obstante, con la creación del sistema de seguridad integral no pararon las reformas al
sistema, pues las preocupaciones por el déficit fiscal y la financiación del pasivo pensional
llevaron al legislador a expedir normas para resolver problemas de racionalización del gasto
público, entre las cuales se encuentran la Ley 344 de 1996, el Acto Legislativo 01 de 2001,
la Ley 715 de 2001, la Ley 797 de 2003, el Acto Legislativo 01 de 2005, la Ley 1151 de 2007,
la Ley 1328 de 2009, la Ley 1450 de 2011, la Ley 1753 de 2015, entre otras, de las que se
puede inferir que, sobre la cobertura de las pensiones, la Nación en atención a la variación
del IPC y el aumento del salario mínimo termina contribuyendo a la financiación parcial de
las pensiones de los colombianos, lo cual supone un componente de gasto público.

En tal sentido, y con el fin de darle vigencia al carácter solidario del sistema que impone
políticas de racionalización del gasto, el legislador buscó, sin desproteger los riesgos que
ampara, que al cubrir esas contingencias desaparezca la necesidad de su protección. En tal
sentido, la regla del sistema es la incompatibilidad entre pensiones que aseguren igual
riesgo. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha señalado lo siguiente: “Para el Tribunal,
la pretensión en el reconocimiento de una pensión de vejez, con tiempos prestados a
empleadores privados reñía con el hecho de que el accionante ya contaba con una pensión
de jubilación de Ley 33 de 1985 reconocida por el ISS; que como ambas tenían idéntica
naturaleza y además preservaban el mismo riesgo, no era viable cargar al sistema con esa
condena. Para esta Sala de la Corte, las conclusiones jurídicas a las que arribó el juzgador
de segundo grado no son equivocadas, pues finalmente lo que hizo fue evidenciar que bajo
la Ley 100 de 1993, no era posible la asignación de dos pensiones de vejez,
independientemente del origen de los servicios prestados […] En ese sentido deben leerse
las decisiones que esta Sala de la Corte ha decantado, esto es que únicamente bajo el
evento de que cualquiera de las dos prestaciones de las que se pide su compatibilidad,
hubiesen sido causadas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, es que puede predicarse
su compatibilidad, cuando provengan de distintos tiempos, como los públicos y privados,
pues de lo contrario se entenderá que es inviable”».

73. Así, el sistema pensional no permite que se acceda a una segunda prestación
que cubra el riesgo que ya ha sido amparado, por lo que, resulta intrascendente su

38
Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del 24 de
marzo de 1983, radicación: CE-SEC3-EXP1983-N959. M.P: José Jesús, Laverde Ospina. Consejo de Estado, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 3 de abril de 1995, Referencia: Expedientes 5708, 5833 y
5937 (acumulados), M.P. Álvaro Lecompte Luna. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 1° de
julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P. William Hernández Gómez; y del 22 de julio de
2021, radicado 25000 23 42 000 2016 04519 01 (3168-2019), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de diciembre de 2022, radicado 05001-23-33-000-2014-00693-01 (2975-
2018), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
39
Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, sentencia del 27 de enero de 1995, expediente 7109. M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio.
40
Entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 1.° de julio de 2021, radicado 25000 23
42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P. William Hernández Gómez; y del 22 de julio de 2021, radicado 25000 23 42 000
2016 04519 01 (3168-2019), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. : Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 5 de diciembre de 2022, radicado 05001-23-33-000-2014-00693-01 (2975-2018), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.

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origen, no así su finalidad, esto es, proporcionarle al ex trabajador que cumple con
los requisitos, lo necesario para subsistir. En igual sentido lo ha considerado esta
Colegiatura, al señalar que «al entrar en vigor [la Ley 100] esta implementó un sistema integral
que se acompasaba con el canon constitucional precitado, en el entendido de que no era posible
devengar dos prestaciones destinadas a contener el mismo riesgo de vejez ».

2.5. Hechos probados.

74. De acuerdo con las pruebas que obran en el dosier procesal, se resaltan los
siguientes medios de convicción relevantes para el análisis del caso sub judice:

a) Resolución Núm. 0270 del Veinte (20) de Mayo de Dos Mil Tres (2003)41, por
medio de la cual, el rector de la Universidad del Magdalena desvinculó del cargo de
docente de tiempo completo al señor Luis Alfredo Sánchez Arrieta, para el
otorgamiento de su “pensión vitalicia de jubilación por vejez”, cuyo pago ordenó en cuantía
de $2.578.940, a partir del Primero (1º) de Junio de Dos Mil Tres (2003).

b) Resolución Núm. 0334 de Julio de Dos Mil Tres (2003), a través de la cual la
Universidad modificó la Resolución Núm. 270, en lo que toca al valor de las
mesadas ($2.922.799), y la efectividad (a partir del 1º de julio de esa anualidad).42

c) Resolución Núm. 299 del Dieciocho (18) de Junio de Dos Mil Cuatro (2004),
mediante la cual, se reajustó el valor de la mesada pensional para el año 2003 (a
$3.031.420) y se ordenó el pago de las diferencias resultantes.43

d) Resolución Núm. 00014407 del Diecisiete (17) de Septiembre de Dos Mil Diez
(2010), en virtud de la cual, el Instituto de Seguros Sociales – ISS revocó la
Resolución Núm. 13290 del Veintiséis (26) de Junio de Dos Mil Nueve (2009), que
reconoció una indemnización sustitutiva a favor del señor Sánchez Arrieta y, en su
lugar, reconoció una pensión de jubilación al prenombrado beneficiario.44

e) Sentencia del siete (7) de Octubre de Dos Mil Catorce (2014)45, proferida por el
Juzgado Primero (1º) Administrativo de Descongestión de Santa Marta, dentro del

41
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 59-62 del Archivo.
42
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 63-64 del Archivo.
43
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 65-66 del Archivo.
44
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 69-72 del Archivo.
45
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 73-86 del Archivo.

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medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con Rad. 2011-00091,
en la que se declaró la nulidad parcial de la Resolución 0270 del Veinte (20) de
Mayo de Dos Mil Tres (2003) y la nulidad de la Resolución 536 del Tres (3) de
Septiembre de Dos Mil Nueve (2009), expedidas por la Universidad del Magdalena
y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenó la reliquidación de la pensión
del señor Sánchez Arrieta con inclusión de todos los factores devengados en el
último año de servicios antes de adquirir el estatus pensional.

f) Con la sentencia del Dieciséis (16) de Marzo de Dos Mil Dieciséis (2016)46, el
Tribunal Administrativo del Magdalena confirmó parcialmente la sentencia antes
relacionada, disponiendo la modificación del ordinal tercero de la parte resolutiva,
en punto a la condena impuesta a la Universidad del Magdalena, a efectos de
ordenar el pago de las diferencias de las mesadas pensionales, y del ordinal sexto,
a fin de ordenar al llamado en garantía (ISS) a pagar las diferencias causadas desde
el Cuatro (4) de Enero de Dos Mil Seis (2006) en la proporción a cargo.

g) Mediante la Comunicación Externa 006370 del Once (11) de Noviembre de Dos
Mil Dieciséis (2016) 47 – DTH-915-16, la Dirección de Talento Humano de la
Universidad del Magdalena le solicitó a la Administradora Colombiana de Pensiones
– Colpensiones, la inclusión del señor Luis Alfredo Sánchez Arrieta en la nómina de
pensionados de dicha administradora. La misma solicitud quedó consignada en la
Comunicación Externa 006949 del Diecinueve (19) de Diciembre de Dos Mil
Dieciséis, con asunto “remisión del Oficio DTH-915-16 del 4 de noviembre de 2016.”48

h) En la Comunicación Externa 00199 del Treinta (30) de Enero de Dos Mil
Diecisiete (2017) 49 , la Dirección de Talento Humano de la Universidad del
Magdalena le solicitó nuevamente a Colpensiones la inclusión del señor Sánchez
Arrieta en nómina de pensionados y el giro del retroactivo por $575.443.135.

i) En el Oficio DTH-449-17 (Comunicación Externa 03405 del 3 de agosto de 2017),
remitido por la Universidad del Magdalena a Colpensiones, y con asunto
“compromisos adquiridos ante la Procuraduría General de la Nación”, se dejó constancia de los
compromisos asumidos en el marco del proceso de compartibilidad pensional

46
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 89-110 del Archivo.
47
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 116 y ss. del Archivo.
48
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, pág. 120 del Archivo.
49
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, pág. 120-127 del Archivo.

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iniciado con el extinto ISS y la subrogación de los reconocimientos pensionales.50

j) A través del oficio del Veintiuno (21) de Abril de Dos Mil Diecisiete (2017)51, con
el Rad. 2017_3960865, el señor Luis Alfredo Sánchez Arrieta le solicitó a
Colpensiones la reactivación en nómina de pensionados, oportunidad en la cual
sostuvo: “solicitó la reactivación de la prestación económica reconocida a mi nombre mediante
Resolución No. 14407, ingresada a nómina el 1º de octubre de 2010, y suspendida el 23 de marzo
de 2011 por no cobro de mesadas, toda vez que no me fue notificado tal acto administrativo.
Actualmente la Universidad del Magdalena cubre el 100% de mi pensión de vejez, por lo que solicito
que se reactive el pago de la pensión que me corresponde recibir por parte de Colpensiones. ”

k) Con el Oficio BZ2017_3960865-2855806 del Veinticinco (25) de Octubre de Dos
Mil Diecisiete (2017), Colpensiones le informó al señor Sánchez Arrieta que la
pensión de vejez que le fue reconocida “fue reactivada luego de la suspensión por el no
cobro de mesadas, e ingresará para la nómina de noviembre, que se hace efectiva en diciembre. ”52

l) Mediante la Resolución APSUB del Veinte (20) de Noviembre de Dos Mil
Diecisiete (2017)53, Colpensiones requirió al vinculado para remitir unas pruebas.

m) De acuerdo con el Oficio DTG-605-17 (Comunicación Externa 05398 del 11 de
diciembre de 2017)54, la Universidad del Magdalena le reiteró a Colpensiones la
importancia de cumplir los fallos judiciales que ordenaron la reliquidación pensional
a favor del señor Sánchez Arrieta, en el entendido que a la citada administradora
“como responsable del derecho principal”, le compete “resolver en primera instancia las
actuaciones administrativas encaminadas a modificar o actualizar dichos reconocimientos, para que
posteriormente la Alma Mater proceda a pronunciarse respecto al mayor valor que tiene a su cargo. ”

n) Según la información que reposa en la Comunicación Externa 00633, el Dieciséis
(16) de Febrero de Dos Mil Dieciocho (2018)55, la Universidad del Magdalena le
remitió un oficio al señor Sánchez Arrieta advirtiéndole de la prohibición derivada
del artículo 128 Constitucional, en los siguientes términos: “Conforme lo expuesto,
tenemos que las pensiones de jubilación que (sic) la Universidad del Magdalena y la de vejez que el
extinto Instituto de Seguros Sociales – ISS, hoy Colpensiones otorgadas a usted (sic), aseguran su

50
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 128-131 del Archivo.
51
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, pág. 132 del Archivo.
52
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, pág. 133 del Archivo.
53
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 134 y ss. del Archivo.
54
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 135-139 del Archivo.
55
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 145-147 del Archivo.

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riesgo de vejez, razón por la cual no puede recibir al mismo tiempo ambas pensiones, so pena de
quebrantar un mandato constitucional cuya prevalencia está garantizada por el artículo 128 superior,
al no encontrarse dentro de las excepciones previstas en el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.”

o) En el Oficio del Veinte (20) de Febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), el señor Luis
Alfredo Sánchez Arrieta le manifestó a la Universidad del Magdalena que autorizaba
a su Grupo de Nómina y Prestaciones Sociales a descontar la suma de $500.000
hasta completar el valor pagado en exceso por $19.256.109.56

p) En línea con lo anterior, por medio de la Resolución Núm. 104 del Veintitrés (23)
de Febrero de Dos Mil Dieciocho (2018)57, la Universidad del Magdalena modificó
la cuantía de la mesada pensional del señor Sánchez Arrieta y ordenó descontar
del mayor valor a cargo de dicho ente la suma de $500.000, hasta completar la
suma autorizada por el beneficiario. En la misma oportunidad, exhortó al pensionado
a que, en el término de cinco (5) días, contados a partir de la comunicación del acto
en cita, realizar “de manera voluntaria el reintegro por $196.693.651” a la Universidad, por
concepto de dineros recibidos por Colpensiones a título de retroactivo pensional.

q) A través de la Comunicación Externa 01141 del Cinco (5) de Marzo del Dos Mil
Dieciocho (2018)58, la Universidad del Magdalena le comunicó a Colpensiones el
acto administrativo referido en precedencia y, asimismo, le solicitó el giro del
retroactivo pensional, debidamente indexado, por el valor de $627.861.457.

r) Colpensiones, en virtud de la Resolución SUB 89533 del Cinco (5) de Abril de
Dos Mil Dieciocho (2018), declaró la imposibilidad material y jurídica de dar
cumplimiento a los fallos judiciales que ordenaron la reliquidación de la pensión del
señor Sánchez Arrieta, en razón a que “la Universidad del Magdalena no ha llegado (sic) la
resolución mediante la cual reliquida la pensión de jubilación .” 59 Luego, mediante la
Resolución SUB 96215 del Diez (10) de Abril de ese año60, negó el reconocimiento
y pago del retroactivo pensional deprecado por la accionante, dejado en suspenso
mediante la Resolución Núm. 00014407 del Diecisiete (17) de septiembre de Dos
Mil Diez (2010), y el causado entre el Primero (1º) de octubre de ese año, hasta el
veintidós (22) de diciembre de Dos Mil Trece (2013), al encontrarse afectado por la

56
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, pág. 148 del Archivo.
57
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 149-157 del Archivo.
58
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 158 y ss. del Archivo.
59
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 277-291 del Archivo.
60
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 159-179. del Archivo.

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prescripción. Por su parte, le reconoció al vinculado un retroactivo pensional por las
mesadas causadas entre el Veintitrés (23) de Diciembre de Dos Mil Trece (2013) y
el Treinta (30) de Marzo de Dos Mil Catorce (2014) por el valor de $13.279.424.

s) Contra la Resolución anterior, la Universidad del Magdalena interpuso el recurso
de apelación (según el oficio del 3 de mayo de 2018, con el Rad. 2018_5024832)61,
el cual, fue resuelto de manera desfavorable mediante la Resolución DIR 13692 del
Veintisiete (27) de Julio de Dos Mil Dieciocho (2018).62

t) Obra en el expediente copia de la denuncia penal radicada por la Universidad de
Magdalena el Veinticinco (25) de Mayo de Dos Mil Dieciocho (2018) 63 , contra
funcionarios de Colpensiones y el señor Luis Alfredo Sánchez Arrieta, por los delitos
de prevaricato por acción, y el de enriquecimiento ilícito, respectivamente.

u) La Universidad del Magdalena, mediante el Oficio DTH-341-2018 (Comunicación
Externa 02279 del 22 de mayo de 2018)64, dio respuesta a la solicitud elevada por
el apoderado del señor Sánchez Arrieta, encaminada a asegurar el cumplimiento de
los fallos proferidos por la jurisdicción contenciosa-administrativa que ordenaron la
reliquidación de la pensión de vejez que fue reconocida, en el sentido de indicar
que, “tan pronto Colpensiones efectúe la reliquidación de la prestación a su cargo, la Universidad
del Magdalena procederá así mismo a efectuar de manera inmediata lo que le corresponde,
atendiendo a los parámetros establecidos en la sentencia de primera instancia (sic).”

v) El Juzgado Séptimo (7º) Administrativo del Circuito de Santa Marta, mediante el
auto del Veinticinco (25) de Octubre de Dos Mil Dieciocho (2018), en respuesta a la
solicitud de cumplimiento de providencias judiciales, promovida por el señor
Sánchez Arrieta, ordenó a la Universidad del Magdalena y a Colpensiones a “ dar
cumplimiento de inmediato a la sentencia de segunda instancia de fecha 16 de marzo de 2016,
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.”65 La anterior solicitud fue atendida

por la demandante mediante el Oficio OAJ-284-2018 del Ocho (8) de Noviembre.66

2.6. Caso concreto.

61
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 181 y ss. del Archivo.
62
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 213-224 del Archivo.
63
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 192-198 del Archivo.
64
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 199-205 del Archivo.
65
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 227-229 del Archivo.
66
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 233-234 del Archivo.

29

Número Interno: 0448-2026
Demandante: Universidad del Magdalena
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

75. Previo a resolver el problema jurídico planteado, la Sala debe recordar que, sin
perjuicio de lo abordado en la cuestión previa, con la demanda incoada por la
Universidad del Magdalena se pretende la nulidad de las Resoluciones SUB 96215
del Diez (10) de Abril de Dos Mil Dieciocho (2018), y DIR 13692 del Veintisiete (27)
de Julio de la misma anualidad, expedidas por Colpensiones, por medio de las
cuales se negó el pago de un retroactivo pensional a favor de la demandante.

76. A título de restablecimiento del derecho, la Universidad del Magdalena pretende
el pago de la totalidad del valor del retroactivo causado durante los siguientes
períodos, que fueron detallados en el escrito de demanda: (i) el correspondiente a
las mesadas causadas, y pagadas, desde el Cuatro (4) de Enero de Dos Mil Seis
(2006), hasta el Treinta (30) de Septiembre de Dos Mil Diez (2010), por la suma de
$218.576.451; y (ii) el relativo a las mesadas causadas, y pagadas, desde el
Primero (1º) de Octubre de Dos Mil Diez (2010), hasta el Treinta y Uno (31) de
Octubre de Dos Mil Diecisiete (2017), fecha de inclusión del señor Sánchez Arrieta
en la nómina de pensionados de Colpensiones, por la suma de $614.582.033.

77. Valga anotar que, en la sentencia apelada, el A-quo, aunque accedió a declarar
la nulidad de los actos enjuiciados, limitó el restablecimiento del derecho, en orden
a condenar a Colpensiones a efectuar “(…) el pago del retroactivo pensional a la Universidad
del Magdalena, con ocasión del pago de las mesadas pensionales pagadas al señor Luis Sánchez
Arrieta desde el 06 (sic) de enero de 2006 hasta enero de 2017 (a partir de febrero de 2018, la
UNIMAG reajustó la cuantía de la mesada), sin aplicar prescripción sobre las mismas y
descontándose los pagos que por dicho concepto ya haya recibido la entidad demandante .”

78. Como se observa, el Tribunal no profirió una condena en concreto, teniendo en
cuenta que, a su juicio, como la Universidad del Magdalena tiene a su cargo el pago
del mayor valor de la pensión que le fue reconocida al señor Sánchez Arrieta -en
virtud de la compartibilidad pensional-, lo procedente es que sea Colpensiones la
entidad llamada a reliquidar la prestación, en cumplimiento de la orden contenida
en los fallos proferidos en el seno de esta jurisdicción (dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con Rad. 2011-00091) y, una vez emitido
el acto correspondiente, establezca las diferencias a las que haya lugar.

78.1. Sobre este particular, la Sala destaca que, de conformidad con las pruebas

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incorporadas al proceso, es dable advertir que, en efecto, mediante la sentencia del
siete (7) de Octubre de Dos Mil Catorce (2014)67, proferida por el Juzgado Primero
(1º) Administrativo de Descongestión de Santa Marta, se declaró la nulidad parcial
de la Resolución 0270 del Veinte (20) de Mayo de Dos Mil Tres (2003) y la nulidad
de la Resolución 536 del Tres (3) de Septiembre de Dos Mil Nueve (2009),
expedidas por la Universidad del Magdalena y, a título de restablecimiento del
derecho, se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación del señor Sánchez
Arrieta con inclusión de todos los factores devengados en el último año de servicios.

78.1.1. Conviene precisar que, en la referida providencia, se ordenó a la Universidad
del Magdalena a reliquidar la pensión de jubilación del señor Sánchez Arrieta y,
producto de lo anterior, a pagarle las diferencias y el reajuste de las mesadas
pensionales.

78.2. El anterior proveído fue confirmado parcialmente por el Tribunal Administrativo
del Magdalena, a través de la sentencia del Dieciséis (16) de marzo de Dos Mil
Dieciséis (2016)68, en la que, además, se modificaron las condenas previstas en los
ordinales tercero y sexto del fallo recurrido, en punto a ordenar, por un lado, a la
Universidad de Magdalena a pagar las diferencias de las mesadas causadas entre
el valor que le fue reconocido y el que deba reconocerse, debidamente indexados,
y, por el otro lado, al otrora llamado en garantía (Instituto de Seguros Sociales) a
pagar las diferencias causadas desde el Cuatro (4) de Enero de Dos Mil Seis (2006),
y las que se causaren, en proporción al porcentaje que tuviera a cargo.

79. Ahora bien, inconforme con la decisión de primera instancia en el marco del
presente trámite, el ente demandante, como apelante único, pretende que esta sede
judicial precise los extremos temporales de la condena, así como los valores
correspondientes al retroactivo pensional deprecado, con la respectiva indexación.

80. En ese sentido, la entidad recurrente alega que, por el primer período
comprendido entre el Cuatro (4) de enero de Dos Mil Seis (2006), hasta el Treinta
(30) de septiembre de Dos Mil Diez (2010), tiempo durante el cual pagó la pensión
de jubilación del señor Sánchez Arrieta, le corresponde un retroactivo que asciende
a la suma de $218.576.451, precisando que procede conforme a la Resolución Núm.

67
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 73-86 del Archivo.
68
Índice 0079 del expediente del Tribunal de origen, 53Incorporaexped_2018405expedientedig, págs. 89-110 del Archivo.

31

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14407 del Diecisiete (17) de Septiembre de Dos Mil Diez (2010); asimismo, por el
período comprendido entre el Primero (1º) de octubre de Dos Mil Diez (2010), y el
Treinta y Uno (31) de Octubre de Dos Mil Diecisiete (2017), durante el cual continuó
pagando la totalidad de la prestación, le corresponde un retroactivo de
$409.285.006, para un total a girar de $627.861.457, como se pasa a observar:

RETROACTIVO RECONOCIDO POR EL EXTINTO ISS – DEJADO EN SUSPENSO

MESADA
MESADAS MESADAS
RECONOCIDA ISS N° N°
AÑO IPC CAUSADAS CAUSADAS
RES. 14407 DE 17- MESADAS MESADAS
RETROACTIVO RETROACTIVO
09-2010

2006 4,85% 3.004.109 11,90 35.748.897 2 6.008.218

2007 4,48% 3.138.639 12 37.664.316 2 6.277.386

2008 5,69% 3.317.285 12 39.807.420 2 6.634.570

2009 7,67% 3.571.721 12 42.860.652 2 7.143.442

2010 2,00% 3.643.155 9 32.788.395 1 3.643.155

188.869.680 29.706.771
TOTAL RETROACTIVO GIRADO
218.576.451

(…)
RETROACTIVO CAUSADO DESPUÉS DEL RECONOCIMIENTO DEL ISS

MESADAS
N° MESADAS N°
AÑO IPC VALOR MESADA ADICIONALES
MESADAS CAUSADAS MESADAS
CAUSADAS

2010 2,00% 3.643.155 3 10.929.465 1 3.643.155

2011 3,17% 3.758.643 12 45.103.716 2 7.517.286

2012 3,73% 3.898.840 12 46.786.080 2 7.797.680

2013 2,44% 3.993.972 12 47.927.664 2 7.987.944

2014 1,94% 4.071.455 12 48.857.460 2 8.142.910

2015 3,66% 4.220.470 12 50.645.640 2 8.440.940

2016 6,77% 4.506.196 12 54.074.352 2 9.012.392

2017 6,77% 4.765.302 10 47.653.020 1 4.765.302

351.977.397 - 57.307.609

TOTAL RETROACTIVO GIRADO
$409.285.006

81. Al contrastar los reproches del apelante, con lo resuelto por el Tribunal, la Sala
evidencia que, en efecto, el A-quo dispuso el pago del retroactivo por períodos
distintos a los pretendidos, es decir, desde el Seis (6) de Enero de Dos Mil Seis
(2006), hasta Enero de Dos Mil Diecisiete (2017), cuando lo cierto es que, la
Universidad del Magdalena acreditó haber sufragado la pensión de jubilación

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durante un primer período69 amparado por la Resolución Núm. 14407 del Diecisiete
(17) de Septiembre de Dos Mil Diez (2010), expedida por el extinto Instituto de
Seguros Sociales – ISS, y durante un segundo período70 que se extendió hasta la
inclusión del vinculado en la nómina de pensionados de Colpensiones.

82. En ese sentido, la Sala modificará la condena impuesta por el A-quo, en aras de
precisar que, los extremos temporales en los que se enmarca el retroactivo
reclamado incluyen, como extremo temporal inicial, el Cuatro (4) de Enero de Dos
Mil Seis (2006) y, como extremo final, el Treinta y Uno (31) de Octubre de Dos Mil
Diecisiete (2017). Así pues, se modificará el numeral segundo del fallo, en lo
pertinente.

83. En lo que toca al valor del retroactivo discriminado en el recurso de apelación,
la Sala estima que, el Tribunal incurrió en un yerro al condicionar el reconocimiento
a la expedición del acto de reliquidación pensional de vejez -en cumplimiento de las
órdenes ya relacionadas- que, en su criterio, le correspondía a Colpensiones, y que
además serviría de base para el cálculo de las diferencias en las mesadas
pensionales.

84. Lo anterior, teniendo en cuenta que, contrario a lo argüido por la primera
instancia, la orden de expedir el acto de reliquidación pensional, con inclusión de
todos los factores devengados, se concretó respecto de la pensión de jubilación y a
cargo de la Universidad del Magdalena, tal y como lo dispusieron los fallos
proferidos dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
Rad. 2011-00091-00(01), los cuales hicieron tránsito a cosa juzgada. De ahí que,
no le era dable al A-quo abordar una controversia que fue zanjada con anterioridad
en esta jurisdicción y sobre la cual, según las documentales aportadas, se adelantan
actuaciones orientadas a garantizar el cumplimiento íntegro de tales órdenes
judiciales.

85. Ahora bien, con base en la liquidación aportada por la entidad, observa la Sala
que, entre las sumas reclamadas en el recurso de alzada, y aquellas pretendidas
con la demanda, existen diferencias para idénticos períodos, específicamente, para
el comprendido entre el Primero (1º) de octubre de Dos Mil Diez (2010), y el Treinta

69
Corresponde al comprendido entre el cuatro (4) de enero de 2006 y el treinta (30) de septiembre 2010.
70
Desde el primero (1º) de octubre de 2010 y el treinta y uno (31) de octubre de 2017.

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y Uno (31) de Octubre de Dos Mil Diecisiete (2017), es decir, aquél que se extiende
hasta la inclusión del vinculado en la nómina de pensionados de Colpensiones.

SUMAS PRETENDIDAS EN LA DEMANDA SUMAS ALEGADAS EN EL RECURSO
Primer Primer
periodo $218.576.451 periodo $218.576.451
(2006-2010) (2006-2010)
Segundo Segundo
periodo $614.582.033 periodo $409.285.006
(2010-2017) (2010-2017)

86. Valga anotar que, para insistir en la última liquidación -contemplada en el
recurso de apelación-, la entidad demandante no explicó las razones de la diferencia
de sumas, pese a que no se trastocaron los valores de las mesadas, los años a
liquidar, el número de mesadas o el IPC para la respectiva vigencia. Especial
consideración merece el hecho según el cual, en un escenario de subrogación y
compartibilidad pensional, en el que media además una orden de reliquidación de
la pensión que cubre los períodos reclamados por la ahora demandante, deben
determinarse los valores a sufragar por parte de Colpensiones y la Universidad.

86.1. Esta observación se predica igualmente del valor retroactivo reclamado para
el primer período, habida cuenta que, la reliquidación que se ordenó judicialmente,
junto con el pago de las diferencias a las que hubiere lugar, podría incidir en la suma
global que finalmente se determine como valor retroactivo.

87. Por las razones anotadas, considera la Sala que, no existen suficientes
elementos de juicio para determinar, con exactitud, el valor del retroactivo que le
corresponde a la Universidad del Magdalena, motivo por el cual, se modificará la
providencia apelada, en orden a precisar, en el numeral segundo de la parte
resolutiva, que para el reconocimiento y pago del retroactivo pensional, se tendrá
en cuenta el valor que le correspondía pagar a la entidad demandada por concepto
de pensión de vejez, atendiendo a los extremos temporales previamente fijados.

88. Finalmente, no desconoce la Sala que, con el recurso de apelación, la entidad
demandante solicitó que, el valor del retroactivo fuera debidamente indexado, tema
sobre el cual el A-quo no dispuso nada. En ese sentido, es claro que, no se le puede
imponer a la parte actora la carga de recibir un valor depreciado, pues, la indexación
se erige como un método de compensación de la devaluación de la moneda, que
persigue que el dinero posea el mismo valor adquisitivo que tenía al momento en

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que se profirió el acto que lesionó los derechos subjetivos de la reclamante.

88.1. En consecuencia, se ordenará a Colpensiones a que, al momento de pagar el
retroactivo pensional, se actualicen los valores de acuerdo con la fórmula que se
describe a continuación:

R= Rh x Índice final
_________
Índice inicial

Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
por cuenta de los valores reconocidos, por el guarismo que resulta de dividir el
índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de
ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en que debería
efectuarse el pago).

88.2. En línea con lo anterior, se modificará el numeral 2º de la parte resolutiva, a
efectos de precisar que, las sumas a pagar, deberán indexarse de acuerdo con la
fórmula señalada en la parte motiva de la providencia.

89. Como corolario de lo expuesto, la Sala confirmará parcialmente la sentencia
apelada y dispondrá las modificaciones advertidas en precedencia.

2.7. Condena en costas.

90. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

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PRIMERO. MODIFICAR los numerales 1. y 2. de la sentencia del Ocho (8) de
octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, por las razones expuestas en la parte motiva, los cuales quedarán así:

1. Declárese la nulidad de Resolución SUB 96215 del diez (10) de abril de 2018 y
de la Resolución DIR 13692 del veintisiete (27) de julio de 2018, expedidas por la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y, por otra parte,
declárese de oficio la ineptitud sustantiva de la demanda frente a la Resolución
SUB 89533 del cinco (5) de abril de 2018 y el Oficio BZ 2018_13862536 del veintidós
(22) de noviembre de 2018, expedidas igualmente por Colpensiones, conforme a lo
previsto en la parte motiva de esta providencia.

2. A título de restablecimiento del derecho, Condénese a COLPENSIONES que
efectúe el pago del retroactivo pensional a la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA,
con ocasión del pago de las mesadas pensionales sufragadas por el ente
universitario al señor Luis Alfredo Sánchez Arrieta, por el período comprendido entre
el cuatro (4) de enero de 2006 y el treinta y uno (31) de octubre de 2017, teniendo
en cuenta el valor que le correspondía pagar a la entidad demandada por concepto
de pensión de vejez, sin aplicar prescripción sobre las mismas y descontándose los
pagos que por dicho concepto ya haya recibido la entidad demandante. Las sumas
a pagar deberán indexarse de acuerdo con la fórmula señalada en esta providencia.

SEGUNDO. CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia del Ocho (8) de octubre de
Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
de conformidad con las razones expuestas en este proveído.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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