Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00354-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00354-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2019-00354-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2019-00354-01 (4448-2021)
Demandante: Nelson Ramírez Almario
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio1 y departamento del
Huila
Vinculado: Municipio de Yaguará
Tema: cesantías anualizadas. Subtema 1: sanción moratoria Ley 344 de 1996,
Decreto 1582 de 1998. Subtema 2: ineptitud sustantiva de la demanda.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 18 de junio de 2021, por el Tribunal Administrativo del Huila, que declaró
la ineptitud sustantiva de la demanda respecto a la pretensión del reconocimiento y
pago de las cesantías anualizadas correspondientes a los años 1994 al 1996.
1. Síntesis del caso
El señor Nelson Ramírez Almario solicitó la nulidad del acto ficto o presunto
configurado por el silencio administrativo negativo frente a la petición presentada el
17 de septiembre de 2018 ante el departamento del Huila y el Fomag, mediante la
cual requirió el reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas correspondiente
a los años 1994, 1995 y 1996, así como la sanción moratoria por la falta de
consignación oportuna de dichas cesantías. Por su parte, el Tribunal declaró la
ineptitud sustantiva de la demanda, al considerar que la pretensión de nulidad debió
dirigirse contra la Resolución núm. 1750 del 10 de abril de 2013, por medio de la
cual se le reconocieron cesantías parciales al actor.
1 En adelante Fomag.
Radicación: 41001-23-33-000-2019-00354-01 (4448-2021)
Demandante: Nelson Ramírez Almario
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y otros
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor Nelson Ramírez Almario, mediante apoderada judicial, formuló
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento del Huila, de conformidad
con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se
sintetizan2.
2.1.1. Pretensiones
i. Declarar la nulidad de los actos fictos o presuntos configurados por el silencio
administrativo negativo derivado de la petición radicada el 17 de septiembre
de 2018 ante el departamento del Huila y el Fomag, por medio del cual se le
negó el reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas
correspondientes a los años 1994, 1995 y 1996, así como la sanción
moratoria por el pago tardío en la consignación de dicho auxilio.
ii. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a las entidades
demandadas reconocer y pagar al actor sus cesantías anualizadas
correspondiente a las vigencias 1994,1995 y 1996. Igualmente, ordenar el
pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996 reglamentada
por el Decreto 1582 de 1998, que surge desde la omisión de la consignación
de las cesantías respecto a los años señalados, y hasta «cuando se efectué
(sic) el pago correspondiente, sanción que debe correr en forma particular para
cada una de las anualidades de cesantías que se adeudan y que se actualicen
los valores debidos, con base en el índice de precios al consumidor y con los
intereses respectivos».
iii. Condenar a la parte accionada a reconocer y pagar los intereses moratorios
y dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3. Por último,
condenar en costas a la entidad demandada.
2.1.2. Hechos
2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así4:
2 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 4ED_ACTUACIONE_ CUADERNO FÍSICO, pdf 1.
3 En adelante CPACA.
4Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 4ED_ACTUACIONE_ CUADERNO FÍSICO, pdf 1.
2
Radicación: 41001-23-33-000-2019-00354-01 (4448-2021)
Demandante: Nelson Ramírez Almario
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y otros
i. El señor Nelson Ramírez Almario labora en el departamento del Huila desde
el 18 de agosto de 1994 y a la fecha de presentación de la demanda presta
sus servicios en la entidad territorial.
ii. Indicó que el ente territorial no consignó las cesantías correspondientes a las
vigencias 1994,1995 y 1996 en el plazo fijado, esto es, a más tardar el 14 de
febrero del año siguiente a su causación.
iii. Refirió que el departamento del Huila está llamado a reconocer y pagar la
sanción moratoria correspondiente a un día de salario por cada día de mora.
iv. Sostuvo que el 17 de septiembre de 2018, presentó reclamación
administrativa ante el departamento del Huila y el Fomag, a fin de solicitar el
reconocimiento y pago de las cesantías causadas en los años 1994, 1995 y
1996, por la no consignación de las mismas en el respectivo fondo.
v. Añadió que la decisión contenida en el acto ficto o presunto configurado el
19 de diciembre de 2018 presenta vicios de ilegalidad, puesto que desconoce
la normativa de las cesantías de los servidores públicos.
vi. Afirmó que en el último reporte del Fomag no aparecen reconocidas las
cesantías solicitadas.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
3. El demandante citó como vulneradas: La Constitución Política, artículos 13,
25, 83 y 58; Ley 344 de 1996, artículos 13 y 15; Ley 91 de 1989; Decreto 1582 de
1998, artículos 1 y 2; Decreto 1252 de 2000, artículo 1 y 2; y Decreto 3118 de 1968.
4. Sostuvo que los servidores públicos que ingresaron a la administración
después de la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996 están vinculados al sistema
anualizado de cesantías. Agregó que este mismo régimen aplica para quienes, aun
habiendo incorporado antes, optaron por acogerse al nuevo sistema.
5. Señaló que el marco jurídico aplicable a los docentes —incluidos los del
orden nacional, nacionalizado y territorial— está definido en la Ley 91 de 1989.
Dicha ley establece que el personal vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989
conserva el régimen prestacional vigente en su respectiva entidad territorial para
esa fecha. Por su parte, quienes ingresaron a partir del 1 de enero de 1990 quedan
sometidos al régimen previsto para los empleados públicos del orden nacional,
conforme a lo dispuesto en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de
1978, de acuerdo con lo señalado en la Ley 60 de 1993.
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Radicación: 41001-23-33-000-2019-00354-01 (4448-2021)
Demandante: Nelson Ramírez Almario
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y otros
2.2. Contestación de la demanda
6. El departamento del Huila, por intermedio de apoderada, contestó la
demanda5. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que operó
el fenómeno de la prescripción, dado que fue mediante la Resolución núm. 1420 del
28 de noviembre de 2008 que se reconocieron las cesantías parciales reclamadas
por el actor.
7. Propuso como excepciones previas:
(i) Falta de integración del litis consorcio necesario. Afirmó que al proceso
debe concurrir el municipio de Yaguará, por cuanto celebró con la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, y el departamento del Huila convenio para garantizar la afiliación
e incorporación de 4 docentes cofinanciados «entre los que se encuentra
el actor».
(ii) Falta de legitimación en la causa por pasiva. Argumentó que la entidad
llamada a responder es el Fomag, creado por la Ley 91 de 1989 como
una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, sin
personería jurídica, y cuyos recursos son administrados por la Previsora
S.A.
(iii) Cobro de lo no debido. Señaló que la gobernación del Huila, mediante el
Decreto 741 de 1994, efectuó unos nombramientos para proveer las
plazas de docentes municipales cofinanciados en el municipio de
Yaguará, dentro de los cuales se encontraba el actor. Sostuvo que,
conforme al convenio de cofinanciación, correspondía al municipio
accionado asumir el pasivo prestacional de dichos docentes y, en
consecuencia, el departamento no era la entidad competente para
reportar o cancelar las cesantías correspondientes a los años 1994, 1995
y 1996.
(iv) Prescripción extintiva. Indicó que, de conformidad con lo previsto en el
artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, el actor presentó solicitud de
reconocimiento de cesantías parciales, las cuales fueron reconocidas por
medio de la Resolución núm. 1420 de 2008 del 28 de noviembre de 2008.
Añadió que la sanción moratoria se causó a partir de la ejecutoria del acto
administrativo que le reconoció las cesantías y el actor guardó silencio
respecto al pago de indemnización por la no consignación de las
cesantías correspondientes a los años 1994, 1995 y 1996. Por
consiguiente, concluyó que el demandante reclamó su derecho por fuera
5 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 4ED_ACTUACIONE_ CUADERNO FÍSICO, pdf 2.
4
Radicación: 41001-23-33-000-2019-00354-01 (4448-2021)
Demandante: Nelson Ramírez Almario
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del término legal, es decir, 3 años contados a partir del día en que se hizo
exigible la indemnización.
8. La Nación Ministerio de Educación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, no contestó la demanda.
9. El Municipio de Yaguará luego de ser vinculado como demandado dentro del
proceso6, se opuso a todas las pretensiones de la demanda al considerar que las
mismas van encaminadas a declarar la nulidad de actos fictos o presuntos
generados por entidades distintas a su representada.
10. Propuso como excepciones:
(i) Falta de legitimación por pasiva. Señaló que, de conformidad con lo
previsto en la Ley 715 del 21 de diciembre de 2001, artículo 6, la
obligación relacionada con el pago de las prestaciones reclamadas recae
exclusivamente en el departamento del Huila. Igualmente, sostuvo que el
actor dirigió su demanda en contra de la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fomag y el departamento del Huila, sin incluir al municipio, pues
no existió vínculo laboral directo entre el actor y dicha entidad territorial.
(ii) Buena fe. Manifestó que su representada no tuvo injerencia en las
presuntas omisiones que el actor atribuye a otras entidades, por lo cual
debe mantenerse la presunción de buena fe en favor del ente territorial.
(iii) Prescripción. Solicitó que se declare en caso de que las pretensiones
formuladas lleguen a prosperar.
2.3. Sentencia de primera instancia
11. El Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia el 18 de junio de 20217
en la que declaró la ineptitud sustantiva de la demanda respecto a la pretensión de
reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas. Asimismo, no condenó en
constas al actor.
12. La decisión se sustentó en las siguientes consideraciones:
13. En relación con la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por el departamento del Huila y el municipio de Yaguará, señaló que la
competencia para el reconocimiento de las prestaciones sociales de los docentes
está a cargo del Ministerio de Educación, sin que el convenio de cofinanciación
suscrito el 14 de noviembre de 1997 haya limitado dicha atribución. Asimismo, citó
6
Fue vinculado en calidad de demandado al presente trámite, mediante la audiencia inicial celebrada el 5 de
marzo de 2020. Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 4ED_ACTUACIONE_ CUADERNO
FÍSICO, pdf 2, folios 50 al 62.
7 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 4ED_ACTUACIONE, pdf 015Sentencia.
5
Radicación: 41001-23-33-000-2019-00354-01 (4448-2021)
Demandante: Nelson Ramírez Almario
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y otros
el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, según el cual se determinó que las acreencias
laborales serían reconocidas por el Fomag mediante aprobación del proyecto de
resolución por parte de quien lo administre, el cual debe ser elaborado por la
secretaría de educación de la respectiva entidad territorial. Por consiguiente,
declaró probada dicha excepción.
14. Por otra parte, precisó que en el presente medio de control es indispensable
que el actor identifique el acto administrativo que contiene la manifestación de
voluntad de la administración que vulneró el derecho invocado. Lo anterior con el
fin de que, una vez verificada la existencia de dicha transgresión, el juez pueda
declarar la nulidad del acto y ordenar el restablecimiento del derecho.
15. Agregó que el acto administrativo que eventualmente habría podido generar
la vulneración del derecho reclamado por el demandante sería la Resolución núm.
1420 de 2008. No obstante, lo acreditado en el proceso es que, en la Resolución
núm. 1750 de 2013, la entidad solo tuvo en cuenta las cesantías reportadas desde
1997 en adelante, con la omisión de las vigencias reclamadas por el demandante.
En este sentido, consideró que el actor debió interponer el recurso de reposición
contra dicho acto o acudir a la vía judicial, cosa que no hizo.
16. En consecuencia, precisó que debe ser la Resolución núm. 1750 de 2013
objeto de control judicial, y no el acto ficto o presunto negativo que se originó como
consecuencia del silencio administrativo respecto a la petición del 17 de septiembre
de 2018.
17. Añadió que las pretensiones del actor, encaminadas a obtener el
reconocimiento de las cesantías correspondientes a los años reclamados, no tienen
otro propósito que revivir la posibilidad de controvertir la legalidad del acto que
omitió su aprobación y pago. Por consiguiente, declaró la ineptitud sustantiva de la
demanda respecto a la pretensión del reconocimiento y pago de las cesantías
anualizadas.
18. En relación con la pretensión relacionada con la sanción moratoria, agregó
que, el acto administrativo determinante no es aquel que reconoce el derecho a las
cesantías, sino el que niega la sanción solicitada. En este asunto, dicha decisión se
materializa en el acto ficto negativo generado por el silencio de la entidad frente a
la petición presentada el 5 de junio de 2018. En consecuencia, es este acto el que
desconoce o vulnera el derecho cuya protección se reclama.
19. Indicó que la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006 determinó
el trámite para el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de
los trabajadores del Estado y la indemnización por el no pago oportuno de las
mismas. Señaló que dicha normativa previó que, una vez radicada la solicitud de
reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas, la entidad deberá
expedir el acto administrativo en un término de 15 días.
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20. Sostuvo que la falta de reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas
no genera la sanción moratoria prevista en la normativa citada, pues dicha penalidad
solo procede una vez, con ocasión de la mora posterior a la presentación de la
solicitud respectiva. En consecuencia, no aplica a la mora derivada del
incumplimiento del empleador de consignar, antes del 15 de febrero de cada año,
el valor liquidado de las cesantías al fondo, conforme lo dispone la Ley 50 de 1990.
En este sentido, determinó que no es procedente reconocer la sanción moratoria en
los términos solicitados por el actor, dado que lo previsto en la Ley 1071 de 2006 se
refiere únicamente al pago de cesantías parciales o definitivas y no guarda relación
con la penalidad establecida por la omisión en la consignación de las cesantías
anualizadas, reguladas en el artículo 99, numeral 3 de la Ley 50 de 1990.
21. Añadió que si lo que se pretende es el reconocimiento y pago de dicho
derecho, el mismo está prescrito «por cuanto a partir del 15 de febrero de 1994
empezaron a correr los tres (3) años de prescripción de las cesantías y su sanción, lo
que significa que vencieron el 15 de febrero de 1997, como quiera que la reclamación
se realizó el 17 de septiembre de 2018». Por consiguiente, declaró probada la
excepción de prescripción propuesta por las entidades demandadas.
2.4. Recurso de apelación
22. El demandante, mediante apoderada interpuso recurso de apelación8, contra
la sentencia de primera instancia.
23. Afirmó que contrario a lo expuesto por el Tribunal, la Resolución núm. 1750
del 10 de abril de 2013 no era el acto demandado, sino los actos fictos o presuntos
que negaron el reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas
correspondientes a las vigencias 1994, 1995 y 1996, los cuales constituyen la
«pretensión principal de la demanda».
24. Señaló que, aunque la Resolución del 10 de abril de 2013 reconoció y ordenó
el pago de las cesantías parciales del docente, lo pretendido en el presente proceso
no es la nulidad de dicho acto, sino de aquellos que negaron el pago de las
cesantías anualizadas que no fueron reconocidas en esa decisión.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
25. Mediante auto del 7 de abril de 20229, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera
instancia. Además, prescindió del período para correr traslado a las partes, por no
existir pruebas por decretar en segunda instancia.
8Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 4ED_ACTUACIONE_018RecursoApealciónDemandante.
9 Samai, índice 004.
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26. Posteriormente, el Ministerio de Educación allegó escrito de alegatos de
conclusión10, en el cual precisó que la sanción moratoria en materia de cesantías
consiste en la penalidad que se impone cuando la entidad obligada a efectuar el
pago omite realizar la consignación del auxilio dentro del plazo que indica la ley.
27. Sostuvo que es improcedente aplicar la sanción moratoria prevista en la Ley
1071 de 2006, dado que la misma normativa no establece la obligación de pagar
dicha indemnización por el pago importuno de «una diferencia de cesantías o de
reliquidación de estas, sino por el pago inoportuno de las cesantías, bien sea parciales
o definitivas». En consecuencia, afirmó que, al pretenderse en este caso el
reconocimiento de la sanción moratoria por la falta de consignación de las cesantías
anualizadas, la solicitud resulta improcedente.
28. Agregó que en el presente asunto no procede la condena en costas, puesto
que estas solo se imponen cuando se pruebe de manera objetiva su causación, en
este sentido, y en ausencia de su prueba no habría lugar a las mismas. Por
consiguiente, solicitó negar las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta
que la Ley 1071 de 2006 no prevé la obligación de pagar sanción moratoria por el
pago inoportuno de una diferencia de cesantías o de reliquidación de las mismas, o
su falta de consignación.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
29. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
30. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia que declaró la ineptitud sustantiva de la demanda
respecto al reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas correspondientes
a los años 1994 al 1996 y al pago de la sanción moratoria por la no consignación de
estas y en razón a la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad
con el artículo 32811 del Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala
definir si:
10 Samai, índice 009.
11 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
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Radicación: 41001-23-33-000-2019-00354-01 (4448-2021)
Demandante: Nelson Ramírez Almario
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de Prestaciones Sociales del Magisterio y otros
31. ¿La demanda interpuesta por el señor Nelson Ramírez Almario fue dirigida
contra los actos administrativos que omitieron el reconocimiento de las cesantías
anualizadas correspondientes a los años 1994, 1995 y 1996?
32. En caso de que la repuesta al anterior interrogante sea negativa, establecer
si ¿hay lugar a declarar probada la excepción de ineptitud sustantiva, al no haberse
individualizado el acto administrativo correcto?
33. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas:
(i) la excepción de ineptitud de la demanda y (ii) actos administrativos sujetos a
control judicial. A partir de las anteriores consideraciones se destacarán (iii) hechos
probados y (iv) caso concreto e ineptitud sustantiva de la demanda.
3.2.1. De la excepción de inepta demanda
34. La excepción de ineptitud de la demanda, conforme a lo previsto en el
numeral 5 del artículo 100 del Código General del Proceso, en adelante CGP, puede
alegarse únicamente, por la falta de requisitos formales o por indebida acumulación
de pretensiones.
35. Por falta de los requisitos formales: la excepción resulta procedente cuando
la demanda no cumple con los requisitos relativos a su contenido y anexos,
establecidos en los artículos 162, 163, 166 y 167 del CPACA, los cuales determinan
los elementos que debe contener el escrito, la forma de individualizar las
pretensiones y los documentos que deben acompañarlo. Se exceptúan de esta regla
los anexos señalados en los numerales 3 y 4 del artículo 166 ibidem, respecto de
los cuales opera una excepción específica contenida en el numeral 6 del artículo
100 del CGP.
36. No obstante, dichos requisitos pueden ser subsanados en el momento de la
reforma de la demanda, como lo dispone el artículo 173 del CPACA, en
concordancia con el numeral 3 del artículo 101 del CGP o dentro del término de
traslado de la respectiva excepción, con ocasión de la modificación introducida por
el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021 al parágrafo segundo del artículo 175 del
CPACA, en armonía con el numeral 1 del artículo 101 del CGP.
37. Por indebida acumulación de pretensiones: Esta excepción prospera por la
inobservancia de los presupuestos normativos contenidos en los artículos 137 y ss.
y 165 del CPACA.
3.2.2. Actos administrativos sujetos de control judicial
38. El acto administrativo ha sido definido como la expresión de la voluntad de la
administración que produce efectos jurídicos, en el sentido de que crea, modifica o
extingue una situación particular o general; es decir, que: (i) constituye una
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Radicación: 41001-23-33-000-2019-00354-01 (4448-2021)
Demandante: Nelson Ramírez Almario
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y otros
declaración unilateral de la voluntad; (ii) por lo que es expedido en ejercicio de la
función administrativa; (iii) encaminado a producir efectos jurídicos de manera
directa sobre una situación jurídica; y (iv) conlleva la creación, modificación o
extinción de una situación jurídica general o particular, que impacta en los derechos
u obligaciones de las personas concernidas, «sean subjetivos, personales, reales o
de crédito»12.
39. Ahora bien, el artículo 43 del CPACA define los actos administrativos
definitivos como aquellos que deciden «directa o indirectamente el fondo del asunto
o hagan imposible continuar la actuación», esto es, que ponen fin a la actuación
administrativa, ya sea porque definen la situación jurídica en cuestión o impiden la
continuación del procedimiento. Esta Corporación los ha distinguido respecto de los
de trámite y ejecución; los primeros referidos a los que dicta la administración para
impulsar el respectivo procedimiento y decidir posteriormente el fondo del asunto,
los cuales en principio no son objeto de control judicial, salvo que hagan imposible
la continuación del procedimiento administrativo13.
40. Por su parte, los de ejecución se circunscriben a dar cumplimiento a una
decisión judicial o administrativa, sin que de ellos surjan situaciones jurídicas
diferentes a las de la providencia judicial o el acto ejecutado; sin embargo, esta
sección ha puntualizado sobre la posibilidad de que los actos de ejecución de
sentencias puedan ser demandables de manera excepcional cuando la decisión de
la administración extralimita lo ordenado por el juez y crea, modifica o extingue una
determinada relación jurídica entre el Estado y el particular que no fue objeto de
debate judicial14.
41. En tal sentido, por regla general, los actos administrativos definitivos serían
los únicos susceptibles de control jurisdiccional por cuanto tienen la vocación de
crear, modificar o extinguir una situación jurídica particular o general, los cuales
pueden ser expresos o fictos; no obstante, los de trámite y ejecución en los casos
excepcionales anteriormente señalados podrían ser demandables.
3.3. Hechos probados
42. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente la Sala
encuentra probado lo siguiente:
3.3.1. La vinculación del demandante a la docencia oficial
43. Mediante Decreto 741 del 4 de agosto de 1994: «Por el cual se hacen unos
nombramientos para proveer plazas docentes municipales cofinanciadas en el
municipio de Yaguará», el señor Nelson Ramírez Almario fue nombrado como
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 7 de mayo de 2018, procedo con radicado
52001-33-33-000-2015-00650-01 (1921-16). M. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de julio de 2018, proceso con radicado
76001 23 31 000 2015 05190 01 (3625-2015). M. P. William Hernández Gómez.
14 Ibidem.
10
Radicación: 41001-23-33-000-2019-00354-01 (4448-2021)
Demandante: Nelson Ramírez Almario
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y otros
«Educador en el C.D.R. Bajo Mirador en el municipio de Yaguará, sin grado en el
Escalafón Nacional Docente»15.
44. Según Resolución núm. 1750 del 10 de abril de 2013, el actor prestó sus
servicios como docente en el periodo comprendido entre el 18 de agosto de 1994 al
30 de diciembre de 201116.
3.3.2. Del reconocimiento de cesantías parciales y la reclamación
administrativa
45. Mediante Resolución núm. 1750 del 10 de abril de 2013 «Por la cual se
reconoce y ordena el pago de una CESANTÍA PARCIAL para reparaciones locativas
a un docente MUNICIPAL- Cofinanciado, […]», expedida por la secretaría de
educación departamental, se verificaron reportes anuales de cesantías desde el año
1993 y se reconoció la cesantía desde el año 1997 al 2011 por un total de 6.612
días por valor de $17.132.625.
46. En la anterior resolución se indicó que el Fomag había certificado el 18 de
diciembre de 2012, que al actor se le han pagado cesantías parciales así:
Resolución Fecha Valor Concepto
1420 26/11/200817 $9.883.38618 Cesantía
parcial
47. Debido al anterior reconocimiento, la administración decidió descontar del
valor liquidado en la Resolución núm. 1750 de 2013, la suma de $9.883.386.
48. La Resolución núm. 1750 del 10 de abril de 2013 le fue notificada al
interesado el 22 de mayo de 2013 y en ella se le indicó que podía interponer el
recurso de reposición. Sin embargo, no hay ningún acto o escrito posterior que
indique que se hizo uso del recurso.
49. El demandante presentó reclamación administrativa el 17 de septiembre de
2018 ante la Secretaría de Educación del departamento del Huila19 y el Fomag20,
en la que solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas
correspondiente a las vigencias 1994, 1995 y 1996, así como la sanción moratoria
con ocasión de la omisión en la consignación del auxilio respecto a los años
15 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 4ED_ACTUACIONE_ CUADERNO FÍSICO, pdf 1, folios
52 al 54.
16
Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 4ED_ACTUACIONE_ CUADERNO FÍSICO, pdf 1, folios
57 al 61.
17 No es clara la fecha de la resolución.
18
No es claro el valor que se indicó en la resolución.
19 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 4ED_ACTUACIONE_ CUADERNO FÍSICO, pdf 1, folios
37 al 41.
20 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 4ED_ACTUACIONE_ CUADERNO FÍSICO, pdf 1, folios
42 al 46.
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Radicación: 41001-23-33-000-2019-00354-01 (4448-2021)
Demandante: Nelson Ramírez Almario
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y otros
indicados, de conformidad con lo previsto en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de
200621.
50. Ante la ausencia de respuesta a las reclamaciones presentadas, para el
demandante, se configuraron los actos fictos o presuntos negativos cuya nulidad
pretende a través de este proceso.
3.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
51. En el presente asunto corresponde determinar si se configuró la excepción
de ineptitud sustantiva de la demanda respecto a la pretensión de reconocimiento y
pago de las cesantías anualizadas de los años 1994 a 1996, puesto que el actor no
demandó la Resolución núm. 1750 del 10 de abril de 2013 a través de la cual se le
liquidaron unas cesantías parciales, y en la que claramente se observa que se omitió
reconocer lo correspondiente a las vigencias reclamadas.
52. En este sentido, es necesario abordar la figura de ineptitud sustantiva de la
demanda, en la que esta Corporación ha planteado las siguientes
consideraciones22:
«De tiempo atrás, en múltiples providencias judiciales al igual que en la que es objeto
de estudio, se ha hecho alusión a la figura de la “ineptitud sustantiva o sustancial de
la demanda” como una excepción previa y/o causal de rechazo de demanda, incluso
de fallos inhibitorios, lo cual -a criterio de esta Sala- constituye actualmente una
imprecisión que debe ser superada. […] De lo anterior se advierte que la
denominación “ineptitud sustancial o sustantiva” ha tomado diferentes formas, sin
embargo, técnicamente ha de señalarse que en la actualidad sólo es viable declarar
próspera la que denomina la ley como “inepta demanda por falta de cualquiera de
los requisitos formales o por la indebida acumulación de pretensiones”, en las cuales
encuadran parte de los supuestos en que se basaba la denominada “ineptitud
sustancial o sustantiva”.
b.- Actual regulación procesal sobre la materia
Como se verá a continuación, en la actualidad existen diversos mecanismos
procesales a efectos de afrontar las diferentes falencias de orden procesal o
sustancial que pueden presentarse en la demanda, a saber.
i. Supuestos que configuran excepciones previas.
En efecto, el ordenamiento jurídico colombiano consagra de manera expresa la
excepción previa denominada “Ineptitud de la demanda”, encaminada
fundamentalmente a que se adecúe la misma a los requisitos de forma que permitan
21 Es de anotar que, en la demanda, el actor se refiere a la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996
reglamentada por el Decreto 1582 de 1998.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, exp. núm. 05001-23-31-000-2003-01739-01 (1634-
2013) / exp. núm. 41001-23-33-000-2019-00406-01 (4162-2021).
12
Radicación: 41001-23-33-000-2019-00354-01 (4448-2021)
Demandante: Nelson Ramírez Almario
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y otros
su análisis en sede judicial, so pena de la terminación anticipada del proceso. Esta
se configura por dos razones:
a) Por falta de los requisitos formales. En este caso prospera la excepción cuando
no se reúnen los requisitos relacionados con el contenido y anexos de la demanda
regulados en los artículos 162, 163, 166 y 167 del CPACA., en cuanto indican qué
debe contener el texto de la misma, cómo se individualizan las pretensiones y los
anexos que se deben allegar con ella (salvo los previstos en los ordinales 3.º y 4.º
del artículo 166 ib. que tienen una excepción propia prevista en el ordinal 6.º del
artículo 100 del CGP.
Pese a ello, hay que advertir que estos requisitos pueden ser subsanados al
momento de la reforma de la demanda (Art. 173 del CPACA en concordancia con el
ordinal 3.º del artículo 101 del CGP), o dentro del término de traslado de la excepción
respectiva, al tenor de lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 175 del
CPACA y 101 ordinal 1.º del CGP.
b) Por indebida acumulación de pretensiones. Esta modalidad surge por la
inobservancia de los presupuestos normativos contenidos en los artículos 138 y 165
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.»
53. En consonancia con lo transcrito, dicha excepción solo se configura cuando
falta alguno de los requisitos formales de la demanda o cuando exista una indebida
acumulación de pretensiones. Ahora bien, al descender al caso bajo estudio, el
fallador de primera instancia declaró la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda respecto a la pretensión de reconocimiento y pago del auxilio de cesantías
correspondiente a las vigencias 1994 a 1996, porque consideró que el actor debió
demandar la Resolución núm. 1750 del 10 de abril de 2013 mediante la cual se le
reconocieron unas cesantías parciales para reparaciones locativas y en la cual se
omitió incluir los años solicitados, y no los actos fictos negativos surgidos con
ocasión del silencio de las entidades demandadas frente a la petición que radicó el
17 de septiembre de 201823.
54. En este sentido, resulta necesario realizar un análisis detallado del contenido
de la Resolución núm. 1750 del 10 de abril de 2013, con el fin de establecer si dicho
acto era el que debía ser demandado en el presente litigio. En esta resolución se
certificó que el actor prestó sus servicios a la Secretaría de Educación del
Departamento del Huila durante 18 años, 4 meses y 12 días, comprendidos entre el
18 de agosto de 1994 y el 30 de enero de 2011, de forma continua. Asimismo, se le
reconoció un saldo a su favor con base en la siguiente liquidación:
23
La reclamación administrativa fue dirigida con las siguientes pretensiones:
«1. El reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas que se le adeudan a mi representado NELSON
RAMÍREZ ALMARIO, causadas en los años 1994, 1995, 1996 y las que han ocasionado el incumplimiento de
la consignación anualizada de las cesantías, en el respectivo fondo.
[…]
3. El reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en la Ley 1071 de 2006 modificatoria de la Ley
244 de 1995, que surgen de la omisión de la consignación de las cesantías causadas desde el año 1994, 1995,
1996 las siguientes que se han causado […]»
13
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Reportes anuales de cesantías Valor cesantías
Cesantías año 1997 $254.223
Cesantías año 1198 $401.267
Cesantías año 1999 $458.491
Cesantías año 2000 $784.691
Cesantías año 2001 $835.543
Cesantías año 2002 $1.022.260
Cesantías año 2003 $1.054.332
Cesantías año 2004 $1.103.711
Cesantías año 2005 $1.301.529
Cesantías año 2006 $1.291.452
Cesantías año 2007 $1.375.899
Cesantías año 2008 $1.410.777
Cesantías año 2009 $1.845.343
Cesantías año 2010 $1.769.157
Cesantías año 2011 $2.223.950
TOTAL DÍAS 662
TOTAL CESANTÍAS 17.132.625
55. Es de anotar que, en la reclamación presentada ante las entidades
accionadas el 17 de septiembre de 2018, el demandante precisó que, si bien
mediante la Resolución núm. 1750 del 10 de abril de 2013 se le habrían reconocido
unas cesantías parciales, en dicho acto no fueron incluidas las vigencias de los años
1994, 1995 y 1996.
56. Así las cosas, se encuentra demostrado que con la expedición de la
Resolución núm. 1750 del 10 de abril de 2013, la administración informó al actor las
sumas exactas con las que contaba por concepto de cesantías. En este sentido,
resulta claro que era dicho acto administrativo el que debió ser demandado. Lo
anterior se fundamenta en que, si bien dicha resolución incluyó el auxilio desde el
periodo laborado por el actor —18 de agosto de 1994—, la liquidación del auxilio
omitió las vigencias correspondientes a los años 1994, 1995 y 1996, pues
únicamente se liquidaron las cesantías a partir del año 1997 hasta el 2011.
57. Por consiguiente, la Sala comparte la conclusión del fallador de primera
instancia en cuanto a la configuración de la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda, debido a que no se individualizó adecuadamente el acto administrativo
que resolvió sobre el saldo pendiente de cesantías. Conforme a lo establecido en el
artículo 163 del CPACA, cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo
particular, es indispensable identificarlo con exactitud. Esta identificación no se
limita a mencionar cualquier pronunciamiento de la administración, sino que debe
referirse específicamente al acto que afectó derechos o intereses del demandante,
o que tuvo incidencia directa en su situación jurídica particular24.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 26 de noviembre de 2025, exp. núm.
41001-23-33-000-2019-00385-01 (4593-2023).
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58. Sobre el punto, la Sala encuentra pertinente referirse a una decisión de la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, que en un caso similar
al que nos ocupa, coincidió en que el acto administrativo que extinguió derechos —
reconocimiento de las cesantías para el período 1993— fue el que otorgó el retiro
de las cesantías parciales. En los siguientes términos la providencia precisó:
Al respecto, vale la pena resaltar que en los escritos de petición radicados ante las
entidades demandadas, la apoderada del señor Castillo Tovar no solo indicó que «Mi
mandante ha solicitado cesantías parciales, que han sido reconocidas mediante
resolución 7258 de 30 de octubre del 2017 y en el reporte no aparece reconocidas
las cesantías del año 1993»(sic), sino que también anexó la mencionada resolución;
todo ello demuestra que no se encontraba conforme con lo decidido en el acto
administrativo, el cual fue notificado el 20 de diciembre de 2017.
[…]
Lo anterior en razón a que es claro que el propósito de la demanda es revivir los
términos para controvertir la resolución 7258 de 30 de octubre de 2017, por medio de
la cual se liquidaron las cesantías parciales de Leonardo Castillo Tovar como docente
vinculado al Departamento del Huila, en tal sentido no es procedente acceder a las
pretensiones de la demanda en los términos señalados, puesto que el acto
administrativo que creó, modificó o extinguió derechos se encuentra debidamente
ejecutoriado y contra él no se propusieron recursos ni se demandó en tiempo 25.
59. A su turno, esta Subsección también ha sostenido el mismo criterio en un caso
análogo, al considerar que los actos fictos demandados no contienen una
manifestación de voluntad que produzca efectos jurídicos, en la medida que no se
demandó el acto del reconocimiento parcial de cesantías. De manera textual
concluyó:
Así las cosas, la Sala coincide con la decisión de primera instancia, en el sentido de
que los actos fictos demandados no contienen una manifestación de voluntad de la
Administración que tenga la aptitud de producir efectos jurídicos definitivos o de fondo
sobre el asunto de que tratan, en la medida que no se demandó el acto que reconoció
las cesantías parciales, que es la decisión de fondo que resolvió el reconocimiento y
pago de las cesantías para el año 1996, por lo cual se encuentra probada la
excepción de inepta demanda por inexistencia de objeto susceptible de examen
mediante el medio de control incoado.
[…]
Teniendo en cuenta que la Resolución 01619 del 10 de abril de 2015 que reconoció
y ordenó el pago de cesantías parciales para reparación de vivienda a favor de la
demandante, se desprende que tuvo en cuenta el inició de la vinculación desde el 19
de junio de 1996, sin embargo, no incluyó dicho reconocimiento para el año 1996.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4
de agosto de 2022, proceso con radicado: 41001 23 33 000 2019 00347 01 (3788–2021).
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Radicación: 41001-23-33-000-2019-00354-01 (4448-2021)
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Por lo tanto, ante cualquier inconformidad frente al reconocimiento de las cesantías
del año 1996 y el reconocimiento de la sanción moratoria que se deriva de esa
omisión, era preciso demandar el acto que las liquidó, esto es, la Resolución No.
1619 del 10 de abril de 201526.
60. Finalmente, la Sala concluye que el actor dirigió su demanda contra la decisión
que no correspondía, al haber solicitado la nulidad de los actos fictos negativos,
originados en la reclamación de 2018, en lugar de impugnar la Resolución núm.
1750 del 10 de abril de 2013 que fue la que realmente omitió incluir el saldo de
cesantías a su favor para el período correspondiente a las vigencias 1994, 1995 y
1996, y, por lo tanto, constituyó el acto administrativo definitivo que desconoció su
derecho. En este sentido, quedó demostrado que la demanda presentada por el
actor fue dirigida contra los actos administrativos que no correspondían lo cual da
lugar a contestar los problemas jurídicos planteados de forma afirmativa.
3.5. Conclusión de la decisión
61. En atención a lo consignado, la Sala confirmará la decisión dictada por el
Tribunal Administrativo del Huila que declaró la ineptitud sustantiva de la demanda
respecto a la pretensión de reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas que
se causaron en los años 1994, 1995 y 1996.
4. Costas
62. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario27 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 29 de
agosto de 2024, proceso con radicado: 41001-23-33-000-2019-00402-01 (3979-2021).
27 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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5. Renuncia de poder y reconocimiento de personería
63. Se informa que el abogado Helber Mauricio Sandoval Cumbe identificado con
cédula de ciudadanía núm. 7.705.551 y portador de la tarjeta profesional núm.
115.703 del Consejo Superior de la Judicatura presentó renuncia al poder conferido
por el municipio de Yaguará28.
64. Al expediente se anexó poder otorgado por el municipio de Yaguará a la firma
Scheiber Lex Group SAS 29, identificada con el NIT núm. 901.036.533, representada
legalmente por Sheiber Cuenca Galindo, quien a su vez sustituyó dicho poder al
abogado Edwin Rodrigo Cante Puentes, identificado con la cédula de ciudadanía
núm. 7.696.542 y titular de la tarjeta profesional núm. 145.236 del Consejo Superior
de la Judicatura.
65. De igual manera se aprecia poder conferido a la abogada Ximena Carolina
Polania Mayor, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 1.075.294.814 y
portadora de la tarjeta profesional núm. 345.465 del Consejo Superior de la
Judicatura, para actuar como apoderada del departamento del Huila30. En
consecuencia, se le reconocerá personería para actuar en los términos del poder
conferido.
66. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 18 de junio de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Huila, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo: Reconocer personería al abogado Edwin Rodrigo Cante Puentes,
identificado con la cédula de ciudadanía núm. 7.696.542 y titular de la tarjeta
profesional núm. 145.236 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como
apoderado del municipio de Yaguará, de acuerdo con el poder de sustitución
otorgado.
Tercero: Reconocer personería a la abogada Ximena Carolina Polania Mayor,
identificada con la cédula de ciudadanía 1.075.294.814 y portadora de la tarjeta
profesional núm. 345.465 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como
apoderada del departamento del Huila, de conformidad con el poder conferido.
Cuarto: Sin condena en costas en esta instancia.
28 Samai, índice 14.
29 Samai, índice 16.
30 Samai índices 11, 12 y 19.
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Demandante: Nelson Ramírez Almario
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y otros
Quinto: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
18
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