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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-00879-01

Fecha
22 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2020-00879-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2020-00879-01 (2521-2025)1
Demandante: Yenny Núñez Llanos
Demandado: Hospital Universitario del Valle del Cauca

Tema: cesantías definitivas. Subtema 1: sistema retroactivo y anualizado.
Subtema 2: ineptitud sustantiva de la demanda.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 6 de junio de 2025, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 2,
que negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La señora Yenny Núñez Llanos solicitó la nulidad del oficio sin número del 20 de
noviembre de 2019. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda al considerar
que los actos administrativos que la accionante debió demandar eran las
resoluciones núms. 3413 del 23 de noviembre de 2016 y 1111 del 23 de marzo de
2017, que definieron el reconocimiento y la liquidación de sus cesantías definitivas.
Inconforme con esta decisión, la actora interpuso recurso de apelación. La
Subsección confirmará la sentencia de primera instancia porque el acto que definió
la situación jurídica no fue el oficio acusado.

1 Expediente digital.
2 En Sala integrada por los magistrados Eduardo Antonio Lubo Barrios, Juan Pablo Dossman Cortez y Omar

Édgar Borja Soto.

Radicación: 76001-23-33-000-2020-00879-01 (2521-2025)
Demandante: Yenny Núñez Llanos
Demandado: Hospital Universitario del Valle del Cauca

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La señora Yenny Núñez Llanos, mediante apoderado judicial, formuló
demanda3 el 8 de julio de 2020, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Hospital Universitario del Valle del Cauca, de
conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a
continuación se sintetizan.

2.1.1. Pretensiones

2. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio sin número
del 20 de noviembre de 2019. En consecuencia, pidió dejar sin efectos las
resoluciones núms. 1111 del 23 de marzo de 2017 y 3413 del 23 de noviembre de
2016, que le negaron a la actora el pago de su auxilio de cesantías de forma
retroactiva, desde el 8 de agosto de 1991 al 30 de octubre de 2016.

3. A título de restablecimiento del derecho, la accionante solicitó el pago del
auxilio de cesantías de manera retroactiva, la sanción moratoria por el no pago
oportuno, los intereses moratorios y el pago de los valores adeudados4.

4. Igualmente, la actora pidió que la suma reconocida por concepto del auxilio
de cesantías se indexara y que se condenara a la demandada al pago de costas
procesales y agencias en derecho.

2.1.2. Hechos

5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

6. La señora Yenny Núñez Llanos laboró como técnica operativa (Atención al
Cliente) desde el 8 de agosto de 1991 al 30 de octubre de 2016.

3 Samai, gestión en otros despachos, exp. 76001233300020200087900, visualizar expediente, descarga de

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip) .zip,
DEMANDA ADMINISTRATIVA, DEMANDA YENNY NU„EZ LLANOS OK.pdf y 3_MemorialWeb_Otro.pdf.
4 «Se ordene cancelar la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL

SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ($58.266.624,oo). El cual se liquida con base en el salario
promedio ($.4.325.550) Salario diario $144.285,oo, (2016) entre el periodo, ocho (08) de agosto de 1991 y el
día 30 de octubre de 2016. (24 años, 2 meses y 22 días, (8722 días, arrojando un retroactivo de $104.798.464,
menos los anticipos por valor de $46.531.840.
Se paguen los intereses a las cesantías, por valor de siete millones quinientos veintiún mil ciento treinta y cinco
pesos con sesenta centavos ($7.521.135,60).
Se reconozca y pague la sanción moratoria, que corresponde a un día de salario, o sea, ciento cuarenta y cuatro
mil ciento ochenta y cinco pesos diarios, ($144.185,oo), por 1.237 días de mora, desde el primero (01) de enero
de 2017, hasta el 7 de julio de 2020, para un valor total a pagar de ciento setenta y ocho millones trescientos
cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y cinco pesos ($178.356.845,oo).
Se reconozca y pague el valor correspondiente al saldo adeudado por concepto de indemnización, por valor de
veinticinco millones novecientos cincuenta y dos mil trescientos setenta y siete pesos ($25.952.377,oo), en
razón a que únicamente le cancelaron la suma de $119.962.843,oo mediante la resolución no. 3413 del 23 de
noviembre de 2016».

2

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Demandante: Yenny Núñez Llanos
Demandado: Hospital Universitario del Valle del Cauca

7. La actora no se vinculó al fondo de cesantías, por tanto, el auxilio lo pagaba
directamente el Hospital Universitario del Valle del Cauca.

8. El Hospital Universitario del Valle del Cauca, mediante la Resolución núm.
3413 del 23 de noviembre de 2016, le reconoció a la accionante el pago de sus
cesantías definitivas, prestaciones sociales, tiempo suplementario y la
indemnización por supresión del cargo, por el período comprendido del 1.° de
octubre de 1994 al 30 de octubre de 2016.

9. Posteriormente, el Hospital, a través de la «Resolución núm. 2164 de junio
de 2017, ordenó la reliquidación de los emolumentos laborales y el pago de un
retroactivo salarial, en razón al aumento salarial del 6,77%, para el año 2016 […]»

10. Inconforme, la demandante «presentó recurso de reposición (sic), de los
actos administrativos que ordenaron la liquidación y pago de la indemnización, el
auxilio de cesantía para que se le cancelara desde la fecha verdadera de ingreso,
petición que fue negada mediante oficio sin número de noviembre 20 de 2019
recibido el día 25 de noviembre de 2019».

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

11. La accionante citó como vulneradas las siguientes normas: Constitución
Política, artículos 2, 6, 23, 25, 53 y 90; Ley 344 de 1996; Decreto 1252 del 2000;
Decreto 1010 del 2002, artículos 1 y 3; Ley 100 de 1993; Ley 962 de 2005, artículo
2; Ley 244 de 1995; y Ley 1071 de 2006, artículo 5, parágrafo único.

12. En el concepto de violación, la demandante expuso que la entidad
demandada le reconoció las cesantías de conformidad con la fecha en que ingresó
al servicio. Explicó que la parte accionada tuvo en cuenta como fecha de vinculación
el 1.° de octubre de 1994, cuando había sido el 8 de agosto 1991. Esta decisión le
generó una afectación, porque le negó el reconocimiento del régimen retroactivo de
cesantías.

13. Del mismo modo, la demandante expresó que se inobservó el artículo 69 del
CPACA frente a la notificación personal del oficio de 2019, que no se surtió.
Finalmente, sostuvo que el empleador no pagó adecuadamente las prestaciones
sociales con el salario correspondiente al tiempo efectivamente laborado, al
momento de la terminación del vínculo laboral.

2.2. Contestación de la demanda

14. El Hospital Universitario del Valle del Cauca, por conducto de apoderada
judicial, se opuso a las pretensiones. Indicó que el oficio del 20 de noviembre de
2019 no es un acto administrativo sino una respuesta a la comunicación radicada al
número 100170542019, del 30 de octubre de 2019. También refirió que el contenido

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Demandado: Hospital Universitario del Valle del Cauca

de la Ley 50 de 1990 era aplicable a contratos suscritos a partir del 23 de diciembre
de 1993, sin embargo, la demandante ingresó al 1.° de octubre de 1994. Por otra
parte, los trabajadores del sector público que se hubieran vinculado antes del 31 de
diciembre de 1996 se regían por el sistema de liquidación retroactivo, lo que en el
sector salud operaba hasta el 22 de diciembre de 1993.

15. Explicó que la accionante argumentó que prestó sus servicios a partir de
1991. Sin embargo, su nombramiento se realizó en el año 1994, como se
desprendía de la Resolución núm. 1407-94 del 26 de septiembre de 1994.

16. Puso de presente que no existía obligación a cargo de la entidad de pagar
sanción moratoria e indemnización y que la demandante ha insistido en la solicitud
dirigida a la entidad para que se reliquiden o reconozcan sus emolumentos laborales
con una fecha de ingreso anterior. Por último, planteó, como excepciones, la
prescripción, la buena fe, el cobro de lo no debido, la inexistencia de responsabilidad
conforme a la ley y la falta de legitimación en la causa por pasiva5.

2.3. Sentencia de primera instancia

17. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 6 de junio
de 2025, en la que negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer
condena en costas.

18. El Tribunal expresó que el acto administrativo demandado – oficio del 20 de
noviembre de 2019– no definió la liquidación y reconocimiento de las cesantías
definitivas de la demandante, toda vez que el Hospital Universitario del Valle del
Cauca ya había emitido pronunciamiento definitivo mediante las resoluciones núms.
3413 del 23 de noviembre de 2016 y 1111 del 23 de marzo de 2017.

19. Destacó que la entidad demandada le liquidó a la accionante definitivamente
sus cesantías y prestaciones sociales a través de las resoluciones citadas, como
consecuencia del retiro del servicio, derivado de la supresión del cargo que ocupó
en carrera administrativa. En consecuencia, en estos actos administrativos se
definió la situación particular de la actora; se determinó la norma aplicable al caso;
los factores a incluir en la liquidación de sus cesantías y el monto de estas.

20. Por lo tanto, estas decisiones, las cuales quedaron en firme en los términos
del artículo 87 del CPACA, debieron demandarse en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho. En contraste, la accionante cuestionó la legalidad del
oficio del 20 de noviembre de 2019, que se limitó a explicar la improcedencia de
aplicar una fecha de posesión distinta y los diferentes tipos de regímenes de los
empleados públicos, aspecto que difiere de lo definido en los actos de liquidación

5 Samai, gestión en otros despachos, exp. 76001233300020200087900, visualizar expediente, descarga de

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 16_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda_Indice_24.pdf,
páginas 1 a 9 del archivo digital.

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de las cesantías. Así las cosas, el referido oficio no tenía la capacidad de modificar
la situación jurídica consolidada previamente.

21. El Tribunal se abstuvo de condenar en costas ante la falta de comprobación
sobre su causación6.

2.4. Recurso de apelación

22. La demandante, mediante apoderado judicial, interpuso recurso de
apelación. Pidió que se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a las
pretensiones de la demanda. Formuló los siguientes motivos de inconformidad:

23. A juicio de la actora se omitió considerar que demandó el oficio del 20 de
noviembre de 2019, que fue el resultado de una petición interpuesta sobre las
pretensiones de la demanda y que tiene la naturaleza de acto administrativo. Si bien
este último no contuvo un número de radicación y un resuelve, atendió de fondo lo
pedido en la solicitud y lo negó.

24. Adicionalmente, la accionante considera que en contra del citado oficio no se
debía agotar «vía gubernativa», dado que fue emitido por la máxima autoridad. Del
mismo modo, considera que esta situación no se puso de presente cuando cumplió
con el requisito de procedibilidad ante la procuraduría delegada.

25. Según la accionante, el proceso surtió su trámite regular ante el Tribunal, sin
que se ordenara la corrección de la demanda. La parte demandada tampoco advirtió
que no se estaba ante un acto administrativo en la contestación de la demanda y en
los alegatos de conclusión.

26. La accionada, a pesar de que conoció la existencia de la demanda en curso,
emitió oficiosamente la Resolución núm. GG1725 de junio de 2020, en la que insistió
en negar todo lo pedido. En contra de esta decisión, la actora interpuso recurso de
reposición, el cual fue resuelto negativamente mediante la Resolución núm. 2915-
2020 del 15 de septiembre de 2020. La accionante, al respecto, destaca que estos
actos no los cuestionó judicialmente, porque ya estaba en curso la presente
demanda.

27. A continuación, la señora Yenny Núñez Llanos advirtió inconsistencias de
forma en la decisión judicial. En concreto, que el fallo resolvió devolver el expediente
al juzgado de origen, pese a ser un fallo de primera instancia, y que se abstuvo de
imponer condena en costas en contra de la entidad pública7.

6 Samai, gestión en otros despachos, exp. 76001233300020200087900, visualizar expediente, descarga de

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 071Sentenciadepr_10520200087900Cesant.
7 Samai, gestión en otros despachos, exp. 76001233300020200087900, visualizar expediente, descarga de

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 074_MemorialWeb_Recurso-Apelacion.pdf.

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2.5. Trámite procesal en segunda instancia

28. Se admitió el recurso de apelación en auto del 7 de octubre de 20258, en los
términos del numeral 3 del artículo 247 del CPACA. Ordenó notificar personalmente
al procurador delegado ante esta corporación y a las partes por estado.

29. La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto
en el que indicó que los actos administrativos que debieron demandarse son las
resoluciones núms. 3413 del 23 de noviembre de 2016 y 1111 del 23 de marzo de
2017, en tanto, agotaron la actuación administrativa dirigida a obtener la liquidación
de los salarios y prestaciones sociales y definieron la situación jurídica de la
accionante, frente al monto de cesantías adeudadas en el régimen anualizado. Por
tanto, pidió confirmar la sentencia de primera instancia9.

30. El apoderado de la accionante allegó memorial de alegatos de conclusión,
aunque lo hizo extemporáneamente, fuera de la oportunidad prevista en el numeral
4 del artículo 247 del CPACA10. En consecuencia, el expediente ingresó al despacho
para dictar sentencia el 29 de octubre de 202511.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

31. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

32. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón a
la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 32812
del Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si13:

8 Samai, índice 4.
9 Samai, índice 9, Memorial_CHL_13Concepto(.pdf) NroActua 9.
10 Samai, índice 10.
11 Samai, índice 11.
12 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
13 Los aspectos formales que refiere la apelante, relativos a la orden de devolver el expediente y no imponer

condena en costas, no son cargos en contra de la decisión que exijan un pronunciamiento en segunda instancia.

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33. ¿El oficio del 20 de noviembre de 2019 es el acto administrativo que definió
la situación jurídica de la accionante en materia de cesantías, o lo son las
resoluciones núms. 3413 del 23 de noviembre de 2016 y 1111 del 23 de marzo de
2017, que ordenaron el pago de las cesantías?

34. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas:
(i) la excepción de ineptitud de la demanda, (ii) actos administrativos sujetos a
control judicial, (iii) hechos probados y (iv) caso concreto.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. De la excepción de inepta demanda

35. La excepción de ineptitud de la demanda, conforme a lo previsto en el
numeral 5 del artículo 100 del Código General del Proceso, en adelante CGP, puede
alegarse por la falta de requisitos formales o por indebida acumulación de
pretensiones.

36. Por falta de los requisitos formales, la excepción de inepta demanda procede
cuando aquella no cumple con los requisitos relativos a su contenido y anexos,
establecidos en los artículos 162, 163, 166 y 167 del CPACA, los cuales determinan
los elementos que debe contener el escrito, la forma de individualizar las
pretensiones y los documentos que deben acompañarlo.

37. No obstante, dichos requisitos pueden ser subsanados en el momento de la
reforma de la demanda, como lo dispone el artículo 173 del CPACA, en
concordancia con el numeral 3 del artículo 101 del CGP o dentro del término de
traslado de la respectiva excepción, con ocasión de la modificación introducida por
el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021 al parágrafo segundo del artículo 175 del
CPACA, en armonía con el numeral 1 del artículo 101 del CGP.

38. Ahora bien, la excepción por indebida acumulación de pretensiones prospera
por la inobservancia de los presupuestos normativos contenidos en los artículos 137
y siguientes y 165 del CPACA.

3.3.2. Actos administrativos sujetos de control judicial

39. El acto administrativo ha sido definido como la expresión de la voluntad de la
administración que produce efectos jurídicos, en el sentido de que crea, modifica o
extingue una situación particular o general; es decir, que: (i) constituye una
declaración unilateral de la voluntad; (ii) por lo que es expedido en ejercicio de la
función administrativa; (iii) encaminado a producir efectos jurídicos de manera
directa sobre una situación jurídica; y (iv) conlleva la creación, modificación o
extinción de una situación jurídica general o particular, que impacta en los derechos
u obligaciones de las personas concernidas, «sean subjetivos, personales, reales o

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de crédito»14.

40. Ahora bien, el artículo 43 del CPACA define los actos administrativos
definitivos como aquellos que deciden «directa o indirectamente el fondo del asunto
o hagan imposible continuar la actuación», esto es, que ponen fin a la actuación
administrativa, ya sea porque definen la situación jurídica en cuestión o impiden la
continuación del procedimiento. Esta corporación los ha distinguido respecto de los
de trámite y ejecución; los primeros referidos a los que dicta la administración para
impulsar el respectivo procedimiento y decidir posteriormente el fondo del asunto,
los cuales en principio no son objeto de control judicial, salvo que hagan imposible
la continuación del procedimiento administrativo15.

41. Por su parte, los de ejecución se circunscriben a dar cumplimiento a una
decisión judicial o administrativa, sin que de ellos surjan situaciones jurídicas
diferentes a las de la providencia judicial o el acto ejecutado; sin embargo, esta
Sección ha puntualizado sobre la posibilidad de que los actos de ejecución de
sentencias puedan ser demandables de manera excepcional cuando la decisión de
la administración extralimita lo ordenado por el juez y crea, modifica o extingue una
determinada relación jurídica entre el Estado y el particular que no fue objeto de
debate judicial16.

42. En tal sentido, por regla general, los actos administrativos definitivos serían
los únicos susceptibles de control jurisdiccional por cuanto tienen la vocación de
crear, modificar o extinguir una situación jurídica particular o general, los cuales
pueden ser expresos o fictos; no obstante, los de trámite y ejecución en los casos
excepcionales anteriormente señalados podrían ser demandables.

3.4. Hechos probados relevantes

43. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, la Sala
encuentra probado lo siguiente:

44. La señora Yenny Núñez Llanos se desempeñó como servidora pública, en el
Hospital Universitario del Valle del Cauca, en el cargo de técnico operativo, código
314, grado 417.

45. Como consecuencia de la modificación de la planta de personal de este
Hospital, que se aprobó mediante el Acuerdo núm. 020 del 26 de octubre de 2016,
la entidad ordenó la supresión del cargo de la señora Yenny Núñez Llanos, en los

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 7 de mayo de 2018, proceso con radicado

52001-33-33-000-2015-00650-01 (1921-16). M. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de julio de 2018, proceso con radicado

76001 23 31 000 2015 05190 01 (3625-2015). M. P. William Hernández Gómez.
16 Ibidem.
17 Samai, gestión en otros despachos, exp. 76001233300020200087900, visualizar expediente, descarga de

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip) .zip,
DEMANDA ADMINISTRATIVA, ANEXO DE LA DEMANDA.pdf, página 15 del archivo digital.

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términos de los literales l) y n) del artículo 14 de la Ley 909 de 200418. Esto se
efectuó mediante comunicación núm. 01 MA.00549, publicada en la plataforma de
Intranet de la entidad el 30 de octubre de 2016 y fue recibida por la servidora el 31
de octubre de 201619.

46. Debido a lo anterior, el Hospital, mediante la Resolución núm. 3413 del 23 de
noviembre de 201620, le reconoció y ordenó el pago a la accionante, Yenny Núñez
Llanos, de sus cesantías definitivas, prestaciones sociales, tiempo suplementario
pendiente e indemnización derivada de la supresión de su cargo en carrera
administrativa. Puntualmente, dispuso abonar, a favor de la demandante, la suma
de $131.827.061,00, que consta en el anexo de liquidación que hace parte integral
del acto administrativo21:

Tabla 1.

Indemnización por Prestaciones Cesantías Tiempo Valor total a pagar
supresión de sociales definitivas suplementario
cargo de carrera pendiente de
administrativa pago
$119.962.843,00 $6.879.084,00 $3.704.930,00 $1.280.204,00 $131. 827.061,00

47. Inconforme con esta decisión, la demandante interpuso recurso de reposición
el 10 de marzo de 201722. Refirió que la entidad omitió el pago de sus cesantías con
el régimen de retroactividad que le resulta aplicable, porque este opera a favor de
los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector salud, del nivel territorial,
vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993. También manifestó
que debía tenerse en cuenta que laboró ininterrumpidamente desde el 8 de agosto
de 1991. Pidió reconocer el monto correspondiente a sus cesantías retroactivas.

48. La entidad expidió la Resolución núm. 1111 del 23 de marzo de 2017 23 en la
que decidió negativamente el recurso de reposición. Manifestó que para efectos
fiscales la fecha de ingreso de la demandante al servicio era el 1.° de octubre de
1994 y no el 8 de agosto de 1991. Lo anterior, a partir de la naturaleza de la posesión
como una formalidad necesaria para el perfeccionamiento de la relación legal y
reglamentaria con el Estado.

49. Por tanto, a juicio de la entidad era improcedente ordenar la reliquidación de
los emolumentos laborales reconocidos a partir de una fecha anterior, dado que, en

18 Samai, gestión en otros despachos, exp. 76001233300020200087900, visualizar expediente, descarga de

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip) .zip,
DEMANDA ADMINISTRATIVA, ANEXO DE LA DEMANDA.pdf, página 22 del archivo digital.
19 Ibidem.
20 Samai, gestión en otros despachos, exp. 76001233300020200087900, visualizar expediente, descarga de

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip) .zip,
DEMANDA ADMINISTRATIVA, ANEXO DE LA DEMANDA.pdf, páginas 22 a 26 del archivo digital.
21 Este anexo relacionó como fecha de ingreso el 1.° de octubre de 1994.
22 Samai, gestión en otros despachos, exp. 76001233300020200087900, visualizar expediente, descarga de

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip) .zip,
DEMANDA ADMINISTRATIVA, ANEXO DE LA DEMANDA.pdf, páginas 43 a 44 del archivo digital.
23 Samai, gestión en otros despachos, exp. 76001233300020200087900, visualizar expediente, descarga de

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip) .zip,
DEMANDA ADMINISTRATIVA, ANEXO DE LA DEMANDA.pdf, páginas 15 a 21 del archivo digital.

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Demandante: Yenny Núñez Llanos
Demandado: Hospital Universitario del Valle del Cauca

el expediente administrativo no obró acta de posesión con fecha del 1.° de octubre
de 1991. Adicionalmente, destacó que en el sector de la salud los empleados
vinculados hasta el 22 de diciembre de 1993 gozan de un régimen de liquidación de
cesantías retroactivo, derecho del que no goza la accionante, en razón a su fecha
de ingreso el 1.° de octubre de 1994.

50. El Hospital expidió la Resolución núm. 2164 del 15 de junio de 2017 24, en la
que reliquidó los emolumentos laborales que se le reconocieron a la demandante
con ocasión de la supresión del cargo y el retroactivo laboral del 1.° de enero al 30
de octubre de 2016.

51. La señora Yenny Núñez Llanos, el 6 de octubre de 201925, radicó petición
ante el Hospital Universitario del Valle del Cauca, en la que pidió «se realice el pago
de las cesantías retroactivas antes citadas por parte del Hospital Universitario del
Valle “Evaristo García” ESE de la señora Yenny Núñez Llanos por los valores
correspondientes a los períodos del 2011 […] al 2016»26.

52. Como sustento de su petición, afirmó que desde el 2011 al 2016, cuando fue
desvinculada, no se le han pagado sus cesantías retroactivas, con el argumento de
que esto ocurriría al momento de pensionarse o al retiro. No obstante, esto no se
presentó porque cuando se desvinculó no se le reconoció la deuda existente. En
consecuencia, la actora afirma que desde 2017 la entidad demandada le ha negado
su derecho con el argumento de que su vinculación tuvo lugar en 1994.

53. El gerente general del Hospital Universitario del Valle del Cauca emitió el
Oficio – sin número– el 20 de noviembre de 201927, en respuesta a la comunicación
núm. 100170542019 de octubre de 2019. Sostuvo que a partir de la posesión se
asume la responsabilidad y obligación de cumplir con las funciones, lo que repercute
en los efectos fiscales que se derivan de la relación legal y reglamentaria. De ahí
que a partir de ese momento se predica la condición de empleado público.

54. En consecuencia, la entidad demandada consideró que solo era válido
reconocer una fecha de ingreso el 1.° de octubre de 1994. Así pues, aunque la
peticionaria «aportó documentos» que reflejan una vinculación con el Hospital, a
partir del 1.° de octubre de 1991, lo cierto es que no allegó acta de posesión y estos
no obran en el expediente administrativo que reposa en la entidad. Finalmente, el
Hospital le indicó a la demandante que sus cesantías se regían por el régimen

24 Samai, gestión en otros despachos, exp. 76001233300020200087900, visualizar expediente, descarga de

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip) .zip,
DEMANDA ADMINISTRATIVA, ANEXO DE LA DEMANDA.pdf, páginas 28 a 31 del archivo digital.
25 Fecha que obra en el encabezado de la reclamación, fue tenida en cuenta por el Tribunal y no fue objeto de

reparo por las partes al interior del proceso.
26 Samai, gestión en otros despachos, exp. 76001233300020200087900, visualizar expediente, descarga de

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip) .zip,
DEMANDA ADMINISTRATIVA, ANEXO DE LA DEMANDA.pdf, páginas 9 a 14 del archivo digital.
27 Samai, gestión en otros despachos, exp. 76001233300020200087900, visualizar expediente, descarga de

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip) .zip,
DEMANDA ADMINISTRATIVA, ANEXO DE LA DEMANDA.pdf, páginas 1 a 7 del archivo digital.

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Radicación: 76001-23-33-000-2020-00879-01 (2521-2025)
Demandante: Yenny Núñez Llanos
Demandado: Hospital Universitario del Valle del Cauca

anualizado, toda vez que su vinculación tuvo lugar a partir del 23 de diciembre de
1993, de conformidad con la normativa que rige a las entidades del sector salud.

3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

55. En el presente asunto corresponde determinar si se debe revocar el fallo
apelado porque el acto demandado —oficio del 20 de noviembre de 2019— sí es
definitivo, y, por tanto, tiene control judicial.

56. Ahora bien, el Tribunal consideró que los actos administrativos que definieron
la liquidación y reconocimiento de las cesantías definitivas de la demandante fueron
las resoluciones 3413 del 23 de noviembre de 2016 y 1111 del 23 de marzo de
2017, y no el oficio demandado, del 20 de noviembre de 2019.

57. Al respecto, el Tribunal consideró que las resoluciones núms. 3413 del 23 de
noviembre de 2016 y 1111 del 23 de marzo de 2017 fueron los actos administrativos
definitivos que le liquidaron a la demandante sus cesantías definitivas. En
consecuencia, para la primera instancia fue a través de estos últimos que el Hospital
definió la situación particular de la señora Yenny Núñez Llanos, al establecer la
norma aplicable al caso, los factores a incluir en la liquidación de las cesantías y el
monto de estas.

58. Inconforme con esta decisión, la accionante interpuso recurso de apelación.
Indicó que el oficio tiene la naturaleza de acto administrativo porque resolvió de
fondo su petición.

59. En este sentido, es necesario abordar la figura de la ineptitud sustantiva de
la demanda28. Dicha excepción solo se configura cuando falta alguno de los
requisitos formales de la demanda o cuando existe una indebida acumulación de
pretensiones.

60. En este orden de ideas, se destaca que el oficio del 20 de noviembre de 2019
fue la respuesta a un escrito interpuesto en ejercicio del derecho de petición por
parte de la accionante, en el que solicitó el pago de las cesantías retroactivas por el
período comprendido de 2011 a 2016, y en este la entidad efectuó un estudio de
fondo. No obstante, las resoluciones núms. 3413 del 23 de noviembre de 2016 y
1111 del 23 de marzo de 2017 ya habían definido la reliquidación de las cesantías
de la parte actora, al tener en cuenta que la señora Yenny Núñez Llanos se vinculó
el 1.° de octubre de 1994 y, por tanto, la accionante no se beneficiaba de un régimen
de liquidación de cesantías retroactivo.

61. Debido a lo anterior, la Sala encuentra que los fundamentos que el Hospital
utilizó para sustentar el oficio del 20 de noviembre de 2019 ya habían quedado
comprendidos en la motivación de las resoluciones núms. 3413 del 23 de noviembre

28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, exp. núm. 05001-23-31-000-2003-01739-01 (1634-

2013) / exp. núm. 41001-23-33-000-2019-00406-01 (4162-2021).

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Demandado: Hospital Universitario del Valle del Cauca

de 2016 y 1111 del 23 de marzo de 2017. En especial, en esta última la entidad
demandada resolvió el reparo que la señora Yenny Núñez Llanos formuló en su
recurso de reposición, frente a la omisión en el reconocimiento de sus cesantías con
el régimen de retroactividad.

62. La circunstancia de que contra el oficio del 20 de noviembre de 2019 no
procediera recurso en sede administrativa, no modifica el análisis precedente. En
todo caso, la situación jurídica de la demandante se definió en las citadas
resoluciones, anteriores a la petición que la actora radicó el 6 de octubre de 2019.

63. En ese tenor, la Subsección considera que si la demandante tenía alguna
inconformidad con la liquidación y reliquidación de sus cesantías definitivas debió
cuestionar los actos administrativos que definieron su derecho a percibirlas, de
forma anualizada, dentro del término de caducidad. Por ende, la actora, con la
petición del 6 de octubre de 201929, pretendió volver sobre una discusión resuelta y
consolidada, lo que resulta improcedente, toda vez que las resoluciones núms. 3413
del 23 de noviembre de 2016 y 1111 del 23 de marzo de 2017 quedaron en firme.

64. Desde la perspectiva normativa, el artículo 163 del CPACA establece que
cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular, es indispensable
identificarlo con exactitud. Esta identificación no se limita a mencionar cualquier
pronunciamiento de la administración, sino que debe referirse específicamente al
acto que afectó los derechos o intereses del demandante, o que tuvo incidencia
directa en su situación jurídica particular30.

65. Por tanto, en los términos del artículo 138 del CPACA, estos eran los
pronunciamientos de la administración que materializaron la voluntad de crear,
modificar o extinguir la situación jurídica relativa al reconocimiento de las cesantías
definitivas de la actora durante todo el período en que permaneció vinculada, y de
estos se desprende el restablecimiento del derecho pedido en el asunto particular.

66. Sobre el punto, la Sala encuentra pertinente referirse a la sentencia proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda de la corporación, el 21 de junio de
201831, en la que expuso lo que se transcribe a continuación:

19.9. La cita jurisprudencial aludida en precedencia se ajusta a lo que ocurre en el
sub lite. En efecto, en este caso, la demandante pretendió con el derecho de petición
que la entidad demandada se pronunciara en lo relacionado con la reliquidación
salarial y prestacional con fundamento en el hecho de que solo se tuvo en cuenta el
salario correspondiente al de médico general y no al de médico especialista en
pediatría, lo cual ha debido impugnar en la debida oportunidad, esto es, cuando se
le notificaron las Resoluciones Nº 548 de 8 de abril de 2009 “por medio de la cual
se reconoce y ordena el pago de la liquidación de prestaciones sociales, y de los

29 Fecha extraída del encabezado del documento, y que no fue objeto de reparo por las partes.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 26 de noviembre de 2025, exp. núm.

41001-23-33-000-2019-00385-01 (4593-2023).
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

21 de junio de 2018, exp. 208001-23-31-000-2011-00149-01(1885-15).

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Radicación: 76001-23-33-000-2020-00879-01 (2521-2025)
Demandante: Yenny Núñez Llanos
Demandado: Hospital Universitario del Valle del Cauca

valores adeudados por concepto de salarios, prestaciones sociales y otros
emolumentos a un ex empleado público de la ESE REDEHOSPITAL EN
LIQUIDACIÓN” y 929 de 10 de julio de 2009, “por medio de la cual se reconoce y
ordena el pago de la liquidación de las cesantías, y recargos nocturnos, dominicales
y festivos causados en 2.009, así como los valores adeudados por concepto de la
reliquidación de prestaciones sociales, deuda laboral, en aplicación del incremento
salarial y recargos del año 2009, a un ex funcionario público de la ESE
REDEHOSPITAL, EN LIQUIDACIÓN”.

67. Posteriormente, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado dictó decisión, el 30 de septiembre de 202132, en la que confirmó la
sentencia de primera instancia que declaró probada la inepta demanda, por la
siguiente razón:

31. En conclusión, el acto administrativo que creó el derecho subjetivo que
judicialmente reclama la señora Eligia Cuesta de Lozano y que debió ser demandado
a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, es la
Resolución 3253 del 16 de julio de 2010 que le reconoció y ordenó el pago de unas
cesantías definitivas por finalización de su relación laboral, de manera que, al haber
sido acusado un acto administrativo distinto a la mentada resolución, el tribunal de
instancia no podía pronunciarse de fondo respecto de la pretensión de reliquidación
de las cesantías definitivas como en efecto ocurrió, razones que llevan a la Sala a
confirmar la sentencia recurrida.

68. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado 33 ha
mantenido esta tesis recientemente y ha confirmado las sentencias que declararon
la ineptitud sustantiva de la demanda frente a casos en los que se reclamó el pago
de las cesantías anualizadas correspondientes a los años de 1994 a 1996. En esos
eventos, la Sala fijó la regla de que los actos administrativos que debían
demandarse eran aquellos que definieron la situación jurídica relativa al
reconocimiento de las cesantías de los demandantes. De esta misma forma se ha
pronunciado la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado34:

Al observar el material probatorio obrante dentro del expediente, encuentra la Sala
que la Resolución 0065 de 26 de febrero de 2016, emitida por la Secretaría de
Educación Municipal de Sincelejo, fue el acto que definió la situación particular de la
señora Rosa Martínez Jiménez, en tanto le reconoció sus cesantías definitivas bajo
el régimen anualizado, por la vinculación que tuvo como docente nacional desde
enero de 1972 hasta el 23 de julio de 2015.

Así pues, si la demandante no estaba de acuerdo con esa determinación debió
demandarla en la oportunidad correspondiente y no proceder a presentar una nueva

32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de septiembre de 2021, exp. 25000-

23-42-000-2015-04881-02(3195-20). M.P Sandra Lisset Ibarra Vélez.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de marzo de 2026, exp. 41001-23-33-

000-2019-00407-01 (2195-2022), M.P Elizabeth Becerra Cornejo. Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 5 de marzo de 2026, exp. 41001-23-33-000-2019-00354-01 (4448-2021). M.P
Elizabeth Becerra Cornejo.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

30 de octubre de 2024, exp. 70001 23 33 000 2018 00022-01 (1515-2024), MP Luis Eduardo Mesa Nieves (E).

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Demandante: Yenny Núñez Llanos
Demandado: Hospital Universitario del Valle del Cauca

reclamación en ese sentido.

Por tanto, como quiera que esa resolución era la decisión susceptible de control
judicial -y no el oficio arriba referenciado-, y sobre ella operó el fenómeno extintivo de
caducidad, no era procedente reabrir el debate en torno al régimen de cesantías
aplicable a la parte demandante, tal y como lo concluyó el a quo.

69. A partir de lo expuesto, la jurisprudencia de la Sección ha reconocido que
procede declarar la ineptitud sustantiva de la demanda ante la imposibilidad de
emitir un fallo de fondo, en casos como el particular en los que se discute el pago
del auxilio de cesantías que previamente había sido reconocido, en actos
administrativos que quedaron en firme y no fueron demandados.

70. Finalmente, la accionante mencionó que la entidad demandada expidió las
resoluciones núms. GG1725 de junio de 2020 y 2915-2020 de septiembre de 2020,
actos que no cuestionó judicialmente porque el presente proceso estaba en curso.
No obstante, del contenido de estas resoluciones, la Sala advierte que el Hospital
Universitario del Valle del Cauca actualizó el estado de las deudas reconocidas en
el marco del proceso de la Ley 550 de 1999. En particular, la entidad reconoció que
se trató de obligaciones ciertas, vigentes al 26 de octubre de 2016, de suerte que lo
pretendido era «normalizar la situación que se encontraba vigente, pues las
acreencias laborales han sido canceladas con la resolución ya indicada, frente a las
cuales se han concedido los recursos de ley y las instancias correspondientes»35.

71. Derivado de lo anterior, la Subsección advierte que las resoluciones núms.
GG1725 de junio de 2020 y 2915-2020 de septiembre de 2020, fueron expedidas
por la entidad demandada en otra actuación administrativa. En síntesis, la situación
jurídica de la actora se definió con antelación al oficio del 20 de noviembre de 2019,
mediante los actos administrativos que le liquidaron sus cesantías definitivas.

3.6. Conclusión de la decisión

72. De conformidad con lo anterior, la respuesta al problema jurídico es negativa
porque el acto demandado —oficio del 20 de noviembre de 2019— no es el acto
administrativo definitivo de la situación jurídica de la accionante en materia de
cesantías. En consecuencia, lo procedente es modificar la sentencia apelada que
negó las pretensiones de la demanda, para, en su lugar, declarar la inepta demanda,
por los motivos expuestos en esta providencia.

35 Samai, gestión en otros despachos, exp. 76001233300020200087900, visualizar expediente, descarga de

expediente con nivel de acceso, cuaderno principal,
36_RECIBEMEMORIALES_GETFILEATTACHMENT3_Indice_28.pdf, página 12 del archivo digital.

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4. Costas

73. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 36 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el presente caso a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

74. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Modificar la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda,
para, en su lugar, declarar la inepta demanda, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

36 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 76001-23-33-000-2020-00879-01 (2521-2025)
Demandante: Yenny Núñez Llanos
Demandado: Hospital Universitario del Valle del Cauca

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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