Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2018-00022-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 70001-23-33-000-2018-00022-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2018-00022-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 70001-23-33-000-2018-00022-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
30 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 70001 23 33 000 2018 00022-01 (1515-2024)
Demandante: Rosa Martínez Jiménez
Demandado: Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Temas: Inepta demanda por acto no susceptible de control judicial
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el primero (1.) de junio de dos mil veintidós (2022), por el
Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, por medio de la cual
se declaró, de oficio, la excepción de inepta demanda y, en consecuencia, se
negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Rosa Martínez Jiménez formuló demanda, en
orden a que se declare la nulidad del Oficio 1.8-547-07-2017 de 13 de julio de 2017,
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 70001 23 33 000 2018 00022-01 (1515-2024)
Demandante: Rosa Martínez Jiménez
emitido por la Secretaría de Educación Sincelejo – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio por medio del cual se negó el reconocimiento de las
cesantías con base en el régimen de retroactividad.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) declarar que tiene derecho al reconocimiento, liquidación y pago de su
cesantía, con base en el régimen de retroactividad; ii) ordenar el cumplimiento de la
sentencia en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; iii) reconocer los reajustes de
valor, de conformidad con el artículo 187 ibidem; y, iv) condenar en costas a la
entidad demandada.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
(i) La señora Rosa Martínez Jiménez fue nombrada como maestra oficial, mediante
Decreto 1017 de 15 de diciembre de 1971, desde el 28 de enero de 1972, en el
departamento de Sucre.
(ii) El 18 de septiembre de 1973, a través de Resolución 9767, expedida por el
Ministerio de Educación Nacional, fue nombrada para ejercer funciones de maestra
consejera.
(iii) Pese a que laboró sin solución de continuidad desde el 28 de enero de 1972
hasta el 23 de agosto de 2015 y a que hubo un error de entendimiento del tipo de
vinculación, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio le reconoció
sus cesantías definitivas bajo el régimen anualizado.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
2
Radicado: 70001 23 33 000 2018 00022-01 (1515-2024)
Demandante: Rosa Martínez Jiménez
Como tales, se señalaron los artículos 13, 25, 46 y 48 de la Constitución Política;
las Leyes 6ª de 1945; 65 de 1946, 91 de 1989; 4.º de 1992; 60 de 1993 y 334 de
1996; y, el Decreto 196 de 1995.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
siguientes argumentos:
(i) El acto demandado está afectado por violación de la ley, toda vez que los
artículos 12 y 17 de la Ley 6 de 1945 crearon el auxilio de cesantías y tal prestación
se hizo extensiva a los trabajadores territoriales -de los departamentos, intendencias
y comisarías, y municipios-, por virtud del artículo 1 ibidem, régimen que permaneció
vigente de conformidad con las diferentes disposiciones que posteriormente
consagraron tal emolumento.
(ii) De igual manera, sobre esa materia, y en torno a los docentes, el legislador, en
el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 estableció que el personal docente con vinculación
departamental, distrital y municipal sería incorporado al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y se le respetaría el régimen prestacional
vigente de la entidad territorial; además, la Ley 4 de 1992 determinó que la fijación
del régimen salarial y prestacional allí dispuesto se haría garantizando los derechos
adquiridos.
(iii) Por otro lado, la Ley 115 de 1994 estableció un régimen especial para los
educadores estatales, pero en él indicó que, en ningún caso, se podrían desmejorar
los salarios y prestaciones sociales de los docentes, garantía que también se
consagró en el Decreto 196 de 1995, artículo 5, entre otros.
(iv) Con fundamento en todo lo anterior, a los docentes territoriales se les debe
seguir aplicando el régimen de retroactividad de cesantías, pues solo con
posterioridad al 31 de diciembre de 1996 se previó, para los empleados del orden
territorial, el régimen de liquidación anual, en aplicación de la Ley 344 de 1996 y su
Decreto reglamentario 1582 de 1998.
3
Radicado: 70001 23 33 000 2018 00022-01 (1515-2024)
Demandante: Rosa Martínez Jiménez
(v) Es dable tener en cuenta su vinculación laboral como docente de tiempo
completo que se originó con anterioridad a 31 de diciembre de 1989, con el fin de
que sus cesantías sean reconocidas con el régimen retroactivo.
(vi) Cumple con los supuestos de hecho establecidos en las Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006, por lo que tiene derecho al reconocimiento de un día de salario por
cada día de mora en el pago de las cesantías, desde el día siguiente al cumplimiento
de los plazos de ley.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
La parte demandada, por conducto de apoderada, contestó la demanda1 y se opuso
a las pretensiones, para lo cual expuso las razones que se enuncian a continuación:
(i) Las pretensiones carecen de sustento fáctico y jurídico, ya que el acto
administrativo se ciñó a la normativa aplicable.
(ii) La Ley 91 de 1989 constituye un régimen especial en lo que respecta al
reconocimiento y pago de todas las prestaciones sociales de los docentes que están
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tal normativa
fue la que se tuvo en cuenta para liquidar la prestación del demandante.
(iii) Se deben declarar probadas las excepciones de inexistencia de la obligación,
pago de lo no debido, prescripción, compensación y buena fe.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión mediante sentencia
1 Índice 2 en Samai (Gestión de otros despachos).
4
Radicado: 70001 23 33 000 2018 00022-01 (1515-2024)
Demandante: Rosa Martínez Jiménez
de 1. de junio de 2022,2 declaró probada, de oficio, la excepción de inepta demanda
y, en consecuencia, negó las pretensiones, pues consideró lo siguiente:
(i) De conformidad con las pruebas obrantes dentro del expediente, se observa que
la señora Martínez Jiménez se vinculó al magisterio desde el 28 de enero de 1972,
como maestra seccional de la Escuela Anexa a la Normal Superior de Sincelejo;
posteriormente, el 18 de septiembre de 1973, fue nombrada como maestra
consejera y, finalmente, el 23 de julio de 2015, se retiró del servicio.
(ii) El 15 de septiembre de 2015, la actora solicitó ante la Secretaría de Educación
Municipal de Sincelejo el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas.
Mediante Resolución 0065 de 26 de febrero de 2016, dicha entidad ordenó el pago
de dicha prestación a la señora Martínez Jiménez teniendo en cuenta el régimen
anualizado.
(iii) El 17 de abril de 2017, la antes mencionada solicitó la reliquidación de sus
cesantías, señalando que el régimen aplicable era el de retroactividad, petición que
fue negada por la Secretaría de Educación Municipal de Sincelejo a través de Oficio
1.8-547-07-2017 de 13 de julio de 2017.
(iv) Teniendo en cuenta que lo pretendido por la demandante es la reliquidación de
sus cesantías definitivas bajo el régimen de retroactividad, el acto demandable era
la Resolución 0065 de 26 de febrero de 2016 que reconoció y ordenó el pago de
dicha prestación en virtud de la finalización del vínculo laboral, sobre el cual, sin
embargo, operó el fenómeno de la caducidad.
(v) En ese sentido, como la petición formulada el 17 de abril de 2017 fue posterior
a la emisión del acto administrativo antes mencionado, debe entenderse como una
solicitud de revocatoria directa que no tiene la virtualidad de revivir términos y, por
lo tanto, el Oficio a través del cual se dio respuesta no es el acto administrativo
definitivo.
2 Índice 14 en Samai (Gestión de otros despachos)
5
Radicado: 70001 23 33 000 2018 00022-01 (1515-2024)
Demandante: Rosa Martínez Jiménez
(vi) Así las cosas, si media acto de liquidación definitiva de las cesantías no se
puede pretender revivir términos, presentando múltiples peticiones orientadas a
obtener la reliquidación de aquellas.
1.4. El recurso de apelación
La demandante, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación3 y lo
sustentó así:
(i) El juez aplicó la caducidad del acto administrativo que reconoció las cesantías
definitivas, sobrepasando así los límites del derecho real y efectivo de la
administración de justicia y sobreponiendo una formalidad sobre una materia
sustancial como lo es el régimen aplicable para la liquidación de dicha prestación.
(ii) «Desconoce el fallador de instancia, la oportunidad procesal de la demandante
para reclamar los ajustes correspondientes a sus cesantías durante los tres años
siguientes a la cesación de su vínculo laboral, término otorgado por la ley, para
adelantar requerimientos sobre cualquier derecho de carácter laboral, aduciendo la
naturaleza unitaria de la prestación definitiva, desconociendo el mencionado
término, el cual se aplica bien sea ante una prestación periódica o no, limitando la
posibilidad de reclamación del derecho, después de los cuatro meses de la
notificación del acto administrativo de reconocimiento de cesantías definitivas ante
cualquier yerro de la administración, aplicando un término de fenecimiento, como es
la caducidad de la acción legal, que claramente perjudica los derechos de la
administrado (…)».
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
De conformidad con los artículos 243 y 247, numerales 3, 4, 5 y 6 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, último que fue
3 Índice 17 de Samai (Gestión de otros despachos).
6
Radicado: 70001 23 33 000 2018 00022-01 (1515-2024)
Demandante: Rosa Martínez Jiménez
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y teniendo en cuenta que no
hubo solicitud de pruebas en el recurso de apelación, se prescindió de la etapa de
alegatos de conclusión.
1.6. El ministerio público
El agente del ministerio público no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si, de conformidad con lo establecido por el tribunal de
primera instancia, el acto administrativo acusado resolvió la situación jurídica
particular de la demandante y, de ser negativa la respuesta, determinar cuál era el
acto administrativo demandable y si sobre éste se configuró el fenómeno de la
caducidad.
2.1.1. Los actos administrativos pasibles de ser enjuiciados a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
El Consejo de Estado ha precisado que el acto administrativo es toda manifestación
de voluntad de una entidad pública, o de un particular en ejercicio de funciones
públicas, capaz de producir efectos jurídicos.4 En consonancia con esta definición,
se han identificado las siguientes características del acto administrativo:5
i) Constituye una declaración unilateral de voluntad.
ii) Se expide en ejercicio de la función administrativa, por parte de una autoridad
estatal o de particulares.
4 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 26 de agosto de 2004, expediente 2000 0057
01.
5 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 10 de abril de 2008, expediente 25000 23 24
000 2002 00583 01.
7
Radicado: 70001 23 33 000 2018 00022-01 (1515-2024)
Demandante: Rosa Martínez Jiménez
iii) Se encamina a producir efectos jurídicos «por sí misma, de manera directa
sobre el asunto o la situación jurídica de que se trate y, por ende,
vinculante».6
iv) Los efectos del acto administrativo consisten en la creación, modificación o
extinción de una situación jurídica general o particular, que impacta los
derechos u obligaciones de los asociados, «sean subjetivos, personales,
reales o de crédito».7
Igualmente, esta corporación ha precisado que los actos administrativos pasibles
de control jurisdiccional son aquellos catalogados como definitivos, esto es, «los que
decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la
actuación».8
Bajo este marco conceptual, es válido sostener que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo únicamente se ocupa del estudio de los actos definitivos, expresos o
fictos, que culminen un proceso administrativo, en la medida en que se presumen
legales, gozan de los atributos de ejecutividad y ejecutoriedad e impactan en las
relaciones de las personas naturales y jurídicas, sus derechos y obligaciones. En
consecuencia, el control judicial de las decisiones administrativas definitivas se
torna obligatorio dentro de un Estado Social de Derecho, en aras de garantizar su
validez, así como los valores constitucionales, el imperio del principio de legalidad
y los derechos subjetivos de los asociados.
Sin perjuicio de lo antes expuesto, el Consejo de Estado ha precisado que,
excepcionalmente, los actos de ejecución pueden ser objeto de control judicial, en
los siguientes casos:
[…] cuando [e]stos i) se apartan de la decisión judicial, ii) se abstienen de dar
cumplimiento a la misma, iii) se introducen modificaciones sustanciales al acto
administrativo o a la sentencia judicial que se pretenda ejecutar y/o iv) se presentan
circunstancias que afectan la competencia de la entidad demandada o condenada.
6 Ibidem.
7 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia 16288 del 12 de junio de 2008.
8 Artículo 43 del CPACA.
8
Radicado: 70001 23 33 000 2018 00022-01 (1515-2024)
Demandante: Rosa Martínez Jiménez
Lo anterior por cuanto en el caso de presentarse cualquiera de los eventos atrás
enumerados, se altera, adiciona, modifica o suprime la voluntad real de la
administración de justicia y se genera una nueva situación jurídica para el
administrado, susceptible de control de legalidad. 9
[Negritas por fuera del original]
En este orden de ideas, los actos administrativos de ejecución solo serán
enjuiciables cuando creen, modifiquen o extingan una situación jurídica particular,
aspectos que lo convierten en un acto administrativo susceptible de control ante
esta jurisdicción.10
2.1.3. El caso concreto. Análisis de la Sala
Antes de adoptar la decisión que corresponda, la Sala considera necesario poner
de presente los siguientes supuestos fácticos del asunto sub lite:
2.1.3.1. De su relación laboral como docente
El 15 de diciembre de 1971, mediante Decreto 1017, la señora Rosa Martínez
Jiménez se vinculó laboralmente como maestra seccional de la Escuela Anexa a la
Normal Superior de Sincelejo (Sucre), cargo del cual tomó posesión el 28 de enero
de 1972.11
Posteriormente, el 18 de septiembre de 1973, a través de Resolución 9796,
proferida por el Ministerio de Educación Nacional, fue nombrada como profesora de
enseñanza primaria - maestra consejera en la Anexa a la Normal Nacional de
Señoritas de Sincelejo (Sucre), posesionándose el 1 de octubre del mismo año.12
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 6 de agosto de 2015,
expediente 41001 23 33 000 2012 00137 01 (4594-2013).
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 8 de marzo de 2018,
expediente 05001 23 33 000 2014 01713 01 (2831-2015).
11 Índice 25 en Samai (Gestión de otros despachos)
12 Índice 25 en Samai (Gestión de otros despachos)
9
Radicado: 70001 23 33 000 2018 00022-01 (1515-2024)
Demandante: Rosa Martínez Jiménez
El 23 de julio de 2015, por Decreto 345, expedido por la Secretaría de Educación
Municipal de Sincelejo, se retiró del servicio a la señora Rosa Martínez Jiménez por
haber cumplido la edad de retiro forzoso.13
2.1.3.2. Sobre la reclamación de las cesantías
El 15 de septiembre de 2015, la señora Martínez Jiménez solicitó ante la Secretaría
de Educación Municipal de Sincelejo el reconocimiento y pago de sus cesantías
definitivas.14
El 26 de febrero de 2016, mediante Resolución 0065, la Secretaría de Educación
Municipal de Sincelejo ordenó el pago de las cesantías definitivas a la demandante.
Decisión que fue notificada personalmente el 9 de marzo de 2016.15
El 17 de abril de 2017, mediante derecho de petición, la antes mencionada solicitó
«la revisión de las cesantías definitivas reconocidas (…) mediante Resolución 0065
(…) sírvase adelantar las gestiones tendientes al cambio de régimen, esto es de
liquidación anualizado de cesantías por el de retroactividad».16
El 13 de julio de 2017, por oficio 1.8-547-07-2017, la Secretaría de Educación
Municipal de Sincelejo negó lo solicitado por la accionante.
En el asunto sometido a consideración, la demandante presentó, ante el Tribunal
Administrativo de Sucre, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con el fin de obtener la declaratoria de nulidad del Oficio 1.8-547-07-2017
de 13 de julio de 2017, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de las
cesantías definitivas bajo el régimen retroactivo.
13 Índice 25 en Samai (Gestión de otros despachos)
14 Índice 25 en Samai (Gestión de otros despachos)
15 Índice 25 en Samai (Gestión de otros despachos)
16 Índice 25 en Samai (Gestión de otros despachos)
10
Radicado: 70001 23 33 000 2018 00022-01 (1515-2024)
Demandante: Rosa Martínez Jiménez
Al observar el material probatorio obrante dentro del expediente, encuentra la Sala
que la Resolución 0065 de 26 de febrero de 2016, emitida por la Secretaría de
Educación Municipal de Sincelejo, fue el acto que definió la situación particular de
la señora Rosa Martínez Jiménez, en tanto le reconoció sus cesantías definitivas
bajo el régimen anualizado, por la vinculación que tuvo como docente nacional
desde enero de 1972 hasta el 23 de julio de 2015.17
Así pues, si la demandante no estaba de acuerdo con esa determinación debió
demandarla en la oportunidad correspondiente y no proceder a presentar una nueva
reclamación en ese sentido.
Por tanto, como quiera que esa resolución era la decisión susceptible de control
judicial -y no el oficio arriba referenciado-, y sobre ella operó el fenómeno extintivo
de caducidad, no era procedente reabrir el debate en torno al régimen de cesantías
aplicable a la parte demandante, tal y como lo concluyó el a quo.
Así las cosas, la Sala deberá confirmar la sentencia de primera instancia que
declaró probada, de oficio, la excepción de inepta demanda y, en consecuencia,
negó las pretensiones de la demanda, resaltando que esta Corporación en
reiteradas ocasiones ha señalado que una vez otorgada una competencia a
determinada autoridad judicial, se exige de ella que la agote y resuelva el fondo
mediante sentencia de mérito, siempre que se den los presupuestos de ley y, en
caso contrario, procederá la inhibición.
En este sentido se ha dicho que, en casos extremos, ante la falta de alternativas del
juez que obedezca a motivos debidamente fundamentados, puede presentarse un
fallo inhibitorio, pero, se reitera, es esta la excepción.
3. De la condena en costas
17 Al respecto, es importante resaltar que como la notificación personal del acto administrativo
mencionado se efectuó el 9 de marzo de 2016, la parte actora, tenía hasta el 10 de julio de 2016
para presentar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. A su turno, la demanda
fue radicada el 14 de febrero de 2018, esto es, fuera del término legalmente establecido y, en
consecuencia, se encuentra afectada por el fenómeno de la caducidad.
11
Radicado: 70001 23 33 000 2018 00022-01 (1515-2024)
Demandante: Rosa Martínez Jiménez
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,18
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, la parte demandante ejerció el medio de control bajo la
convicción de que contaba con suficiente respaldo legal, también aportó pruebas y
se apoyó en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
4. Conclusión
Con base en los anteriores planteamientos se confirmará la sentencia de primera
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.
12
Radicado: 70001 23 33 000 2018 00022-01 (1515-2024)
Demandante: Rosa Martínez Jiménez
instancia que declaró probada, de oficio, la excepción de inepta demanda y, en
consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia proferida el primero (1.) de junio de dos mil
veintidós (2022), por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión,
que declaró probada, de oficio, la excepción de inepta demanda y, en consecuencia
negó las pretensiones de la demanda.
Segundo.- No condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante.
Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
GMSM
13
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.