Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07947-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07947-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07947-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
28 de enero de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintiocho (28) de enero dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07947-00
Demandante: WILLINGTON HEVER MAYORQUINO RAMÍREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN POR EL
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: el actor cuestionó las providencias de primera y segunda instancia que
declararon la caducidad del medio de control que promovió. No obstante, la Sala declarará
improcedente la acción por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, pues se
advirtió que el interés es exponer su desacuerdo con la valoración probatoria del juez natural.
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Willington Hever Mayorquino
Ramírez1 en contra del Tribunal Administrativo del Meta y el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio para la protección de sus derechos
fundamentales del debido proceso, mínimo vital, seguridad social y acceso a la
administración de justicia consagrados en los artículos 29, 48 y 229 de la Constitución
Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencias del 7 de noviembre
de 2024, 22 de mayo de 2025 y 5 de junio de 2025, proferidas por dichas autoridades
judiciales.
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
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El escrito fue radicado el 15 de diciembre de 2025.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07947-00
Actor: Willington Hever Mayorquino Ramírez
Acción de tutela
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) Ingresó al servicio activo de la Policía Nacional el 20 de agosto de 1994 y fue retirado
de la institución el 14 de marzo de 2019.
2) El 29 de abril de 2019, realizó el retiro de las cesantías que le habían sido reconocidas.
3) Sin embargo, hasta el 3 de marzo de 2023, presentó petición ante la Policía Nacional
en la que solicitó la reliquidación de las cesantías definitivas por encontrarse inconforme
con la liquidación de tal prestación.
4) Mediante Oficio no. GS-2023-015691-DITAH del 17 de marzo de 2023, la Policía
Nacional negó la solicitud.
5) Promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para obtener
la declaratoria de nulidad del acto administrativo mencionado que negó la reliquidación
de las cesantías definitivas con fundamento en el régimen retroactivo.
6) Mediante providencia del 23 de enero de 2024, el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Villavicencio inadmitió la demanda para que se otorgara poder
conforme con los requisitos legales y requirió a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional
• Policía Nacional con el fin de que aportara copia legible del acto administrativo que
ordenó la liquidación y pago de la cesantía definitiva del señor Willington Hever
Mayorquino Ramírez, junto con su constancia de notificación.
7) El 19 de abril de 2024, previo a decidir sobre la subsanación de la demanda, el juzgado
reiteró la orden de oficiar a la Policía Nacional para que aportara copia legible del acto
administrativo que ordenó la liquidación y el pago de las cesantías definitivas al actor,
junto con la constancia de notificación.
8) Posteriormente, teniendo en cuenta que se allegó documental distinta, mediante auto
del 21 de junio de 2024, el juzgado nuevamente ofició a la entidad con la misma finalidad.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07947-00
Actor: Willington Hever Mayorquino Ramírez
Acción de tutela
9) El 28 de junio de 2024, la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional informó
que remitió por competencia el requerimiento a CAJAHONOR para que brindara una
respuesta frente a lo solicitado.
Finalmente, el 9 de julio de 2024, la Líder del Grupo de Asuntos Jurídicos de Operaciones
de Cajahonor aportó la documental requerida.
10) Por proveído del 7 de noviembre de 2024, el juzgado rechazó el medio de control,
tras verificar que operó la caducidad, debido a que el actor desde el 29 de abril de 2019
retiró las cesantías y conoció el valor reconocido por dicho concepto, de tal manera que
si no estaba de acuerdo con dicho reconocimiento debía acudir a demandar la decisión
de la administración dentro del término legal, esto es, hasta el 29 de agosto de 2019 y no
lo hizo, ya que presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 24 de julio de 2023 y la
demanda el 6 de septiembre de 2023.
11) Interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, el cual se sustentó en que
el juzgado incurrió en un error por identificar el acto administrativo demandable, pues el
acto acusado era el Oficio no. GS-2023-015691-DITAH del 17 de marzo de 2023,
mediante el cual la Policía Nacional negó expresamente el reconocimiento del régimen
de cesantías retroactivas.
12) Indicó que la caducidad del medio de control debía contarse a partir de la notificación
de dicho oficio y no desde una fecha inferida sin soporte probatorio, debido a que no obra
en el expediente el acto administrativo de reconocimiento y pago de la cesantía definitiva.
13) Mediante proveído del 22 de mayo de 2025, el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Villavicencio decidió no revocar la decisión y concedió el recurso de
apelación.
14) Por medio de auto del 5 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Meta confirmó
el auto que rechazó la demanda, tras considerar que el actor no demandó oportunamente
el acto administrativo que liquidó sus cesantías definitivas, el cual definió su situación
jurídica prestacional con ocasión del retiro del servicio; para el efecto, estimó que las
cesantías definitivas constituyen una prestación de causación única y no periódica, sujeta
al término de caducidad de cuatro (4) meses previsto en el artículo 164 del CPACA, el
cual había vencido a más tardar en agosto de 2019, dado que el demandante conocía la
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07947-00
Actor: Willington Hever Mayorquino Ramírez
Acción de tutela
existencia del acto de liquidación desde el momento en que efectuó el retiro material de
dicha prestación, el 29 de abril de 2019.
15) Asimismo, precisó que el oficio del 17 de marzo de 2023 no creó una nueva situación
jurídica ni tenía la virtualidad de reabrir términos judiciales ya extinguidos, y que la
invocación del término de prescripción del derecho no incidía en el cómputo de la
caducidad del medio de control.
Fundamento de la vulneración
En la acción de tutela se sostuvo que las providencias judiciales que rechazaron la
demanda por caducidad vulneraron de manera grave los derechos fundamentales del
accionante, pues se apartaron del ordenamiento jurídico y de los principios que informan
el Estado Social de Derecho, con lo cual afectaron la adecuada administración de justicia,
el debido proceso y la seguridad jurídica.
Las autoridades judiciales desconocieron que las pretensiones del medio de control se
dirigían contra el acto administrativo que contenía la manifestación de voluntad de la
administración que definió su situación jurídica, esto es, el oficio no. GS-2023-015691-
DITAH del 17 de marzo de 2023, mediante el cual la Policía Nacional negó el
reconocimiento de la cesantía definitiva en el régimen retroactivo, razón por la cual dicho
acto fue el correctamente demandado.
Puntualmente, se alegó un defecto sustantivo por inaplicación directa de normas y
principios constitucionales porque negó el estudio de fondo de la pretensión prestacional
sin que existiera un acto administrativo previo que hubiera reconocido la cesantía
definitiva, al tiempo que un defecto fáctico por basarse en supuestos no probados.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“De conformidad a lo actuado, solicito se tutelen a favor del señor WILLINGTON
HEVER MAYORQUINO RAMIREZ los derechos a la Seguridad Jurídica, al
Trabajo en Condiciones Dignas y Justas, a la Irrenunciabilidad de la Seguridad
Social en Materia Laboral, por lo cual solicito,
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07947-00
Actor: Willington Hever Mayorquino Ramírez
Acción de tutela
PRIMERA: INFIRMAR, REVOCAR, Y/O DECLARAR la nulidad de las
decisiones adoptadas el siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024),
veintidós (22) de mayo dos mil veinticinco (2025) y junio cinco (5) de dos mil
veinticinco (2025), con las cuales el Juzgado 3o Administrativo de Villavicencio
y el Tribunal Administrativo del Meta decidieron “RECHAZAR el medio de
control de la referencia, por haber operado el fenómeno jurídico de la
caducidad”, radicado 50001-3333-003-2023-00297-00 y 50001-3333-003-
2023-00297-01, en consecuencia, disponer
SEGUNDA: Dejar sin efecto la decisión proferida en las decisiones referidas en
la pretensión PRIMERA y en su lugar, ordenar que se avoque el medio de
control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
TERCERA: Las anteriores pretensiones, se fundamentan en la inexistencia de
acto administrativo proferido por la Policía Nacional con el cual se hubiese
reconocido la Cesantía Definitiva a mi poderdante. Y consecuentemente a la
negación de dicho derecho de conformidad al Acto Administrativo contenido en
el Oficio No. GS-2023- 015691- DITAH del 17 de marzo de 2023 proferido por
la Policía Nacional”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo
SAMAI- índice 2).
Actuación procesal
Mediante auto del 16 de diciembre de 2025, se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del
Meta y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio, al tiempo
que se vinculó como tercero con interés, al ministro de Defensa y al director general de
la Policía Nacional, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron
el ejercicio de la acción (índice 05 de Samai).
Intervenciones de las autoridades demandadas y vinculadas
La Policía Nacional solicitó que se nieguen las pretensiones debido a que no ha afectado
los derechos fundamentales del actor (índice 09 de Samai).
La magistrada del tribunal reiteró las razones con base en las cuales confirmó la
denegatoria y pidió que se declare improcedente el mecanismo porque se utilizó como
una tercera instancia, de ahí que no cumplió con el requisito de relevancia constitucional
(índice 10 de Samai).
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07947-00
Actor: Willington Hever Mayorquino Ramírez
Acción de tutela
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) delimitación del asunto y 3) el
caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
Delimitación del asunto
La Sala aclara que, si bien la acción de tutela se dirigió indistintamente contra las
providencias del Tribunal Administrativo del Meta y el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Villavicencio, el análisis se limitará a la del 5 de junio de 2025, dado
que fue la que definió el marco de decisión de la presente providencia.
Lo anterior, aunado a que la providencia de segunda instancia fue la que finalizó el
proceso y ante la eventualidad de que deba accederse al amparo pretendido la autoridad
judicial encargada de cumplir la orden y dictar una de reemplazo sería el Tribunal
Administrativo del Meta.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Meta con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la
providencia del 5 de junio de 2025.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07947-00
Actor: Willington Hever Mayorquino Ramírez
Acción de tutela
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las
siguientes razones:
La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias judiciales
Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.
En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de
los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.
Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se
la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina,
verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.
En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.
En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente2, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
2
Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07947-00
Actor: Willington Hever Mayorquino Ramírez
Acción de tutela
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional
sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la
legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte
derechos fundamentales de las partes involucradas.
De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal3”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.
En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había
planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.
En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una
exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar,
en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de
explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una
restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso
que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales4”, enfatizando
en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so
pena de rechazo o improcedencia.
3
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07947-00
Actor: Willington Hever Mayorquino Ramírez
Acción de tutela
En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:
“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.5
En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.
Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó
que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones
de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la
intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar
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Ibidem.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07947-00
Actor: Willington Hever Mayorquino Ramírez
Acción de tutela
la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de
una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.
El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del
actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras
a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente,
con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica
es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa
hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente
mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios,
quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.
El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina
y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden
a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de
contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no
puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas
por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a reemplazar o
arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.
En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela
reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.
Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07947-00
Actor: Willington Hever Mayorquino Ramírez
Acción de tutela
por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta hipótesis
comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto
de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios.” (negrillas adicionales).”6.
En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que
condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica,
que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y
comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.
En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente
cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de los defectos alegados
en el caso concreto.
2.1 La falta de relevancia constitucional en el caso concreto
1) En suma, el accionante sostuvo que el tribunal demandado desconoció que las
pretensiones se dirigían contra el acto administrativo que definió de manera concreta su
situación jurídica, esto es, el oficio GS-2023-015691-DITAH del 17 de marzo de 2023,
mediante el cual la Policía Nacional negó el reconocimiento de la cesantía definitiva bajo
el régimen retroactivo y, en consecuencia, dicho acto constituía el acto definitivo
correctamente demandado y el punto de partida para el cómputo del término de
caducidad.
2) En este caso, la Sala advierte que la acción de tutela no satisface el requisito general
de procedencia relativo a la relevancia constitucional, en la medida en que los
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Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel
Cabo.
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Actor: Willington Hever Mayorquino Ramírez
Acción de tutela
planteamientos formulados por la parte actora, aun cuando se presentan bajo la
invocación de un defecto fáctico, no plantean un problema iusfundamental autónomo, ni
ponen de presente la configuración de un yerro judicial ostensible, manifiesto o arbitrario
que comprometa directamente el núcleo esencial del derecho al debido proceso.
3) En efecto, los argumentos expuestos se orientan a controvertir la forma como el
Tribunal Administrativo del Meta valoró el material probatorio obrante en el proceso y
determinó que el conteo de la caducidad se debía realizar a partir del 29 de abril de 2019,
fecha en la que el demandante conoció la existencia del monto de liquidación de sus
cesantías, dado que fue en esa fecha en que realizó el retiro material de dicha prestación.
4) Tales reproches se inscriben en el ámbito propio de un debate probatorio, en tanto
intentar cuestionar la suficiencia, oportunidad y apreciación de los medios de convicción,
aspectos que corresponden al juez natural de la causa.
5) En ese contexto, más allá de un supuesto defecto fáctico o sustantivo, la acción de
tutela se utiliza como un mecanismo encaminado a reabrir una discusión ya resuelta en
sede judicial, con el propósito de obtener una nueva valoración del acervo probatorio o
de la estrategia procesal desplegada por las partes, lo cual resulta incompatible con el
carácter excepcional del amparo constitucional y con la prohibición de convertirlo en una
tercera instancia.
6) Por consiguiente, al no acreditarse una afectación directa y concreta de derechos
fundamentales que trascienda la órbita del desacuerdo jurídico o probatorio, la Sala
concluye que la acción de tutela es improcedente, por incumplimiento del requisito
general de relevancia constitucional exigido para la procedencia excepcional de la tutela
contra providencias judiciales.
7) En la providencia cuestionada el tribunal demandado confirmó la decisión que había
negado las pretensiones con base en los siguientes argumentos:
“Al haberse retirado del servicio al actor, sus CESANTÍAS fueron liquidas de
forma definitivas, por lo que, cualquier discrepancia que tenga en torno a dicha
liquidación, debe demandar el acto que las liquida, dentro del plazo estipulado
por el Legislador.
En consecuencia, lo que pretende el demandante al provocar un nuevo
pronunciamiento con el acto demandado, oficio nro. GS-2023-015691-DITAH,
del 17 de marzo de 2023, es revivir los términos de CADUCIDAD, dado que,
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07947-00
Actor: Willington Hever Mayorquino Ramírez
Acción de tutela
frente a las CESANTÍAS DEFINITIVAS, el único acto demandable, es el que las
liquida, por lo tanto, ante una discrepancia en relación con dicha liquidación,
debe interponerse la demanda dentro de los 4 meses siguientes a su
notificación, so pena que opere la CADUCIDAD del medio de control. Sobre
este particular, el CONSEJO DE ESTADO, Sección SEGUNDA, Subsección A,
radicado nro. 70001 23 33 000 2018 00022-01 (1515-2024), C.P. LUIS
EDUARDO MESA NIEVES (E), expresó:
(…).
Por tanto, como quiera que esa resolución era la decisión susceptible de control
judicial -y no el oficio arriba referenciado-, y sobre ella operó el fenómeno
extintivo de caducidad, no era procedente reabrir el debate en torno al régimen
de cesantías aplicable a la parte demandante, tal y como lo concluyó el a quo.
Aunque, en este caso, no obra copia del acto que liquidó las CESANTÍAS
DEFINITIVAS del demandante, sí está una respuesta de la CAJA DE HONOR,
de fecha 3 de julio de 2024, que dice: “(...) Ahora bien, una vez revisados
nuestros sistemas de información, se pudo establecer que el señor Willington
Mayorquino Ramirez realizó retiro de las cesantías definitivas el 29 de abril de
2019, anexando en el trámite el formato de hoja de servicios (anexo en un folio)
el cual expide en este caso Policía Nacional, donde en el numeral II indican que
fue retirado mediante Resolución No. 6556 de 12 de diciembre de 2018.”
De ahí que, se pueda inferir que, para el 29 de abril de 2019, el demandante ya
conocía sobre el acto que liquidó sus CESANTÍAS DEFINITIVAS, pues,
justamente en esa data hizo el retiro respectivo por tal concepto. En la demanda,
no se cuestiona que no se le haya notificado dicho acto; por el contrario, en el
recurso de apelación, el actor de forma expresa dijo que tal prestación se liquidó
con el RÉGIMEN ANUALIZADO, cuando debió hacerse con el RETROACTIVO.
En ese orden, los 4 meses acaecieron el 30 de agosto de 2019, pero la solicitud
de conciliación extrajudicial se presentó el, 18 de julio de 2023 (fl.53 demanda
digital), y la demanda, el 6 de septiembre de 2023, según correo electrónico
remitido a la OFICINA DE REPARTO; es decir, por fuera de los 4 meses que
tenía para ello.
Por las razones que anteceden, se CONFIRMARÁ en su totalidad la providencia
impugnada.”. (negrillas de la Sala)
8) No obstante, tales planteamientos no trascienden el ámbito de una discrepancia
estrictamente probatoria y procesal frente a la forma como el juez natural valoró los
medios de convicción, pues no evidencian, prima facie, una afectación directa del núcleo
esencial del debido proceso, más allá de la insistencia del demandante en sostener el
que él considera era el acto definitivo, discusión que fue debidamente abordada en las
sentencias cuestionadas, razón por la cual no satisfacen el requisito de relevancia
constitucional exigido para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
9) En ese orden de ideas, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir
14
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07947-00
Actor: Willington Hever Mayorquino Ramírez
Acción de tutela
un debate probatorio que era propio del proceso ordinario y al juez constitucional le está
vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.
10) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las razones hasta aquí
expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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