Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07947-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07947-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07947-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
16 de abril de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07947-01
Demandante: Willington Hever Mayorquino Ramírez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 16 de abril de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07947-01
Demandante: WILLINGTON HEVER MAYORQUINO RAMÍREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y OTRO
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reliquidación de cesantías definitivas.
Caducidad del medio de control. Improcedencia de la acción de tutela.
Relevancia constitucional. Reiteración de argumentos.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 28
de enero de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que
declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 11 de diciembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado, el señor Willington Hever Mayorquino Ramírez pidió la protección de sus
derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas y a la seguridad social.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de los autos del 7 de
noviembre de 2024, del 22 de mayo de 2025 y del 5 de junio de ese mismo año dictados,
los dos primeros, por el Juzgado Tercero Administrativo de Villavicencio y, el último, por
el Tribunal Administrativo del Meta, por medio de los cuales se rechazó la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 50001-3333-003-2023-00297-00/01,
por caducidad.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA: INFIRMAR, REVOCAR, Y/O DECLARAR la nulidad de las decisiones adoptadas el siete (7)
de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), veintidós (22) de mayo dos mil veinticinco (2025) y junio
cinco (5) de dos mil veinticinco (2025), con las cuales el Juzgado 3º Administrativo de Villavicencio y el
Tribunal Administrativo del Meta decidieron “RECHAZAR el medio de control de la referencia, por haber
operado el fenómeno jurídico de la caducidad”, radicado 50001-3333-003-2023-00297-00 y 50001-
3333-003-2023-00297-01, en consecuencia, disponer.
SEGUNDA: Dejar sin efecto la decisión proferida en las decisiones referidas en la pretensión PRIMERA
y en su lugar, ordenar que se avoque el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
TERCERA: Las anteriores pretensiones, se fundamentan en la inexistencia de acto administrativo
proferido por la Policía Nacional con el cual se hubiese reconocido la Cesantía Definitiva a mi
poderdante. Y consecuentemente a la negación de dicho derecho de conformidad al Acto Administrativo
contenido en el Oficio No. GS-2023-015691- DITAH del 17 de marzo de 2023 proferido por la Policía
Nacional.
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Demandante: Willington Hever Mayorquino Ramírez
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Actuación administrativa
Manifestó el actor que ingresó a la Policía Nacional el 13 de septiembre de 1993 y que el
14 de marzo de 2019 fue retirado del servicio activo como subcomisario.
Que el 3 de marzo de 2023 pidió a la Policía Nacional la reliquidación de sus cesantías
definitivas, con inclusión de las primas de actividad y de antigüedad, el subsidio familiar
y la doceava parte de la prima de navidad.
A través del oficio GS-2023-015691-DITAH del 17 de marzo de 2023, la entidad denegó
la solicitud mencionada en el párrafo anterior.
3.2. Actuación judicial
El 26 de septiembre de 2023, el señor Willington Hever Mayorquino Ramírez promovió
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Policía Nacional,
para que se declarara la nulidad del oficio GS-2023-015691-DITAH del 17 de marzo de
2023. A título de restablecimiento del derecho pidió que se ordenara la reliquidación,
reajuste y pago de sus cesantías definitivas; que se le pagara la sanción moratoria
prevista en la Ley 244 de 1995 y el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006; que se le pagaran
200 SMLMV por daños morales, por daños a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados, por <<daño de pérdida de oportunidad>> y que se le
reconocieran y pagaran perjuicios por daño emergente y lucro cesante. Además, que las
sumas reconocidas fueran indexadas y que se condenara a la entidad demandada al
pago de $3.000.000 por costas y agencias en derecho.
La demanda se adelantó bajo el radicado 50001-3333-003-2023-00297-00 y
correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de Villavicencio que, por auto del 7 de
noviembre de 2024, la rechazó al considerar que se había configurado el fenómeno
jurídico de la caducidad.
Señaló que, de acuerdo con la sentencia del 25 de abril de 2019, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el expediente 25000-23-42-000-2016-
03390-01 (4082-17), el acto administrativo enjuiciable era el que reconoció y ordenó el
pago de las cesantías definitivas, debido a que esa decisión administrativa era la que
presuntamente lesionaba los derechos subjetivos del demandante.
Que el asunto estaba relacionado con cesantías definitivas, lo que indicaba la
culminación del vínculo legal y reglamentario entre el demandante y la entidad, lo que
implicaba que la pretensión reliquidatoria no era de aquellas consideradas periódicas, por
no estar vigente la relación laboral y, en consecuencia, el estudio de la caducidad debía
realizarse conforme con el artículo 164 del CPACA.
Que a pesar de haber requerido en repetidas ocasiones a la entidad demandada para
que remitiera el acto administrativo que liquidó y pago las cesantías definitivas del actor,
junto con la constancia de notificación, esas documentales no habían sido aportadas al
proceso. Que, sin embargo, en la última respuesta ofrecida por Cajahonor, entidad que
administra las cesantías del personal de la Fuerza Pública, se informó que el señor
Mayorquino Ramírez había retirado sus cesantías definitivas el 29 de abril de 2019.
Que, por lo anterior, se infería que para el 29 de abril de 2019 ya se había expedido y
notificado el acto que liquidó y ordenó el pago de las cesantías del demandante, que, en
consecuencia y en aras de propender por la condición más beneficiosa, a partir de esa
fecha se realizaría el estudio de la caducidad.
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Demandante: Willington Hever Mayorquino Ramírez
Que, de acuerdo con lo anterior, el señor Willington Hever debía presentar la demanda a
más tardar el 29 de agosto de 2019, que, sin embargo, la solicitud de conciliación
prejudicial radicada el 24 de julio de 2023 y la demanda se habían radicado por fuera del
término previsto en el literal d del numeral 2 del artículo 164 del CPACA.
Inconforme, el demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación,
en los que adujo que el acto que contenía la manifestación de la voluntad de la
administración era el Oficio GS-2023-015691-DITAH del 17 de marzo de 2023, que había
sido notificado el 24 de marzo de ese mismo año. Que era a partir de la notificación de
ese oficio que se debía contabilizar la caducidad y, en ese orden, la demanda había sido
radicada dentro del término para el efecto.
Que no se podía considerar que la fecha de retiro de las cesantías era el momento desde
el que se debía contabilizar la caducidad. Que el juzgado de instancia había realizado
juicios de valor de manera subjetiva y en desconocimiento de la ley, al proferir una
decisión arbitraria y caprichosa.
Por auto del 22 de mayo de 2025, el Juzgado Tercero Administrativo de Villavicencio
decidió no reponer la providencia del 7 de noviembre de 2024 y concedió en efecto
suspensivo el recurso de apelación presentado por el demandante.
Por proveído del 5 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Meta confirmó la
decisión apelada, básicamente por las mismas consideraciones del a quo.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que las autoridades judiciales
demandadas incurrieron en el siguiente vicio de fondo:
Defecto sustantivo porque las providencias cuestionadas se profirieron en contravía del
ordenamiento jurídico y del estado social de derecho.
Dijo que las pretensiones del proceso ordinario estaban dirigidas contra el acto que
contenía la manifestación de la voluntad de la administración, es decir, el Oficio GS-2023-
015691-DITAH del 17 de marzo de 2023.
Que de forma equivocada se había traído a colación el precedente fijado en << el
Expediente: 500013333003– 2023 – 00097– 01 al respecto de la CADUCIDAD, el auto del 29 de
enero de 2021, radicado nro. 25000-23-42-000-2019-00589-01(2508-20), del CONSEJO DE
ESTADO y al auto de la Sección SEGUNDA, Subsección A, radicado nro. 70001 23 33 000 2018
00022-01 (1515-2024), C.P. LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E); en los cuales el máximo órgano
de cierre al referirse a la caducidad del medio de control encontró probada la existencia del acto
administrativo que reconocía la CESANTIA DEFINITA al actor>>.(sic para toda la cita)
Que en su caso no existía acto administrativo que le reconociera cesantías definitivas.
Que las autoridades judiciales demandadas pretendían crear un acto administrativo a
partir de la comunicación emitida por Cajahonor.
Que se inaplicaron los artículos 13, 26, 48, 53, 216, 217, 218 y 230 de la Constitución
Política y se desconocieron derechos laborales.
5. Intervenciones
La magistrada del Tribunal Administrativo del Meta, ponente del auto del 5 de junio de
2025, señaló que la acción de tutela debía rechazarse por improcedente, porque el asunto
no tenía relevancia constitucional.
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Reiteró los argumentos del auto acusado, para mencionar que la parte actora no podía
utilizar la acción de tutela como una tercera instancia del proceso ordinario.
La Policía Nacional pidió que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva,
por la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales reclamados por el
accionante. Manifestó que las pretensiones del tutelante iban dirigidas contra las
autoridades judiciales demandadas y que no cumplía funciones jurisdiccionales.
El Juzgado Tercero Administrativo de Villavicencio se limitó a compartir el enlace del
proceso con radicado 0001-3333-003-2023-00297-00/01, sin embargo, no se pronunció
sobre el fondo del asunto.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, declaró improcedente la acción
de tutela, al estimar que incumplía el requisito de relevancia constitucional, porque
pretendía reabrir un debate probatorio propio del proceso ordinario y al juez constitucional
le estaba vedado pronunciarse sobre asuntos que desbordaban su competencia.
7. Impugnación
El demandante impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, decretar el amparo deprecado.
Argumentó que se confundió el pago material de unas cesantías con la exigencia y
notificación de un acto administrativo expreso que definía el régimen prestacional, con lo
que se vulneraban sus garantías fundamentales reclamadas.
Que el único acto administrativo existente, expreso, notificado y que había definido su
situación jurídica era el Oficio GS-2023-015691-DITAH del 17 de marzo de 2023. Que
asumir que el retiro de las cesantías suplía la obligación de la Policía Nacional de expedir
y notificar un acto administrativo de liquidación era un error jurídico insalvable.
Que se había incurrido en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria y
suposición de prueba. Que el asunto si tenía relevancia constitucional porque las
decisiones cuestionadas se edificaron sobre una prueba inexistente, el acto
administrativo de liquidación de sus cesantías definitivas.
Que en el proceso ordinario el Juzgado Tercero Administrativo de Villavicencio requirió
insistentemente a la Policía Nacional para que aportara el acto de liquidación de sus
cesantías y la correspondiente constancia de notificación, pero que esas documentales
no fueron allegadas al expediente.
Que la Policía Nacional había intentado trasladar la carga de la prueba a Cajahonor, pero
que, sin embargo, en el oficio 378-01-20240612016918 del 12 de junio de 2024 esta
última entidad había sido categórica en informar que se encargaba únicamente de la
administración y manejo de cesantías, más no de la expedición de actos administrativos
de liquidación de esas prestaciones.
Que las autoridades judiciales demandadas construyeron una ficción jurídica inaceptable,
al asumir que el retiro o desembolso de las cesantías equivaldría a la notificación del acto
administrativo de liquidación de esa prestación.
Que el desembolso de las cesantías era una operación administrativa que no constituía
un acto susceptible de control judicial. Que al no existir resolución de liquidación de las
cesantías se le privó de conocer los fundamentos fácticos y jurídicos de esa decisión.
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Que el término de caducidad corría a partir del día siguiente a la notificación,
comunicación, publicación o ejecución del acto que se pretendía demandar, pero que si
no había decisión administrativa notificada no se podía iniciar el cómputo de la caducidad.
Que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en un defecto sustantivo al
desconocer el principio de publicidad de la función administrativa, puesto que para que
un acto administrativo de carácter particular sea oponible, susceptible de control judicial
y pueda contabilizarse el término de caducidad debía ser notificado. Que los actos que
no eran notificados no eran eficaces y no tenían la virtualidad de activar términos de
caducidad.
Que el único acto definitivo demandado en el proceso ordinario era el oficio GS-2023-
015691-DITAH del 17 de marzo de 2023, porque resolvía de fondo una petición, creaba
una situación jurídica concreta y había sido debidamente notificado. Que se debió aplicar
el principio in dubio pro actione y resolver de fondo la controversia.
Que la tutela si tenía relevancia constitucional porque las decisiones acusadas cerraron
arbitrariamente el acceso a la administración de justicia y porque el debate estaba
relacionado con la existencia de un acto administrativo que habilitaba el control judicial.
Que impedir el estudio de fondo del proceso ordinario ante una declaratoria de caducidad
mal contada vulneraba el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales y la
garantía de los derechos adquiridos, lo que, a su juicio, evidencia la relevancia
constitucional. Que no emplea la acción de tutela como una tercera instancia del proceso
ordinario, porque solo pretendía que el juez contencioso estudiara de fondo sus
pretensiones.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la presente acción de tutela.
La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, por cuanto es cierto que la acción
de tutela no satisface el requisito de relevancia constitucional, debido a que se la solicitud
de amparo reitera los argumentos que fueron expuestos y decididos en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, (iii) el análisis del
caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos2 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
1 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
2 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-003, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Básicamente, en el proceso ordinario y en la acción de tutela, la parte actora
señala que no se debió declarar la caducidad del medio de control que promovió contra
la Policía Nacional.
En efecto, en el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto por la parte
actora contra el auto del 7 de noviembre de 2024, dictado por el Juzgado Tercero
Administrativo de Villavicencio se lee lo siguiente:
El pronunciamiento judicial emitido por el despacho va en contra del ordenamiento jurídico y del estado
social de derecho que nos rige, la decisión de rechazar la demanda quebranta no solo la adecuada y
correcta administración de justicia, sino que violenta de manera grave postulados normativos, legales,
constitucionales y convencionales, constituyéndose la decisión judicial en un agravio a los derechos
fundamentales, laborales y humanos de mi poderdante.
Las pretensiones que se plantean en la demanda son las que concretan la órbita de decisión del juez,
por tanto, es el estudio de estas el que permite determinar el alcance y los efectos jurídicos que
eventualmente se obtendrían con la nulidad del acto administrativo demandado. Como corresponde al
afectado demandar aquel acto administrativo que contiene la manifestación de voluntad de la
administración que creó, modificó o extinguió la situación jurídica, es por lo que se impetró la nulidad
del acto administrativo contenido en el oficio No. GS-2023-015691-DITAH del 17 de marzo de 2023 de
la Policía Nacional.
Y es a partir del mismo que ha de contabilizarse la caducidad para impetrar el medio de control (…)
La demanda fue impetrada en tiempo y por lo tanto no ha operado la caducidad del presente medio de
control respecto del acto administrativo acusado oficio No. GS-2023-015691-DITAH del 17 de marzo de
2023, con el cual se niega el reconocimiento y pago del régimen de cesantías retroactivas.
Aborda el despacho para declarar la caducidad del presente medio de control la siguiente
argumentación:
(…)
Para lo cual es necesario abordar los efectos, alcance y competencia del mentado raciocinio que realiza
la Juez, no basta solo con inferir por cierto algo que no ha sido probado ni demostrado por la entidad
3 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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accionada, máxime cuando Caja Honor funge únicamente como administrador de las cesantías que
remiten las diferentes unidades ejecutoras en este caso la Policía Nacional.
(…)
Deberá por tanto la funcionaria judicial revocar el auto de la referencia y en su lugar avocar el
conocimiento del medio de control y admitir el mismo. Precisándole puntualmente que su análisis difiere
y contraria el reconocimiento anualizado con el de la cesantía definitiva, que la misma institución con el
acto administrativo impetrado manifiesta no haber reconocido la misma, pues hace referencia es al
auxilio de cesantía anualizado y no al reconocimiento y pago de la cesantía definitiva con carácter
retroactivo que es lo que se tiene como pretensión principal en el presente medio de control.
Por su parte, en la acción de tutela (y ahora en la impugnación) la parte actora señaló:
El pronunciamiento judicial emitido por el despacho va en contra del ordenamiento jurídico y del estado
social de derecho que nos rige, la decisión de rechazar la demanda quebranta no solo la adecuada y
correcta administración de justicia, sino que violenta de manera grave postulados normativos, legales,
constitucionales y convencionales, constituyéndose la decisión judicial en un agravio a los derechos
fundamentales, laborales y humanos de mi poderdante.
Las pretensiones que se plantean en la demanda corresponden al acto administrativo que contiene la
manifestación de la voluntad de la administración que creó, modificó o extinguió la situación jurídica, es
por lo que se impetró la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. GS-2023-015691-
DITAH del 17 de marzo de 2023 de la Policía Nacional.
(…)
Por ello, argumentar la existencia de acto administrativo con el cual presuntamente se reconocieron las
cesantías definitivas a mi prohijado, violenta el debido proceso e invade la competencia y atribuciones
que le han sido otorgadas al juez natural. Lo dispuesto por los togados además de ser arbitrario y
grosero, representa una vía de hecho al crear subjetivamente un acto administrativo inexistente.
Han querido a través de la comunicación emitida por CAJAHONOR crear el acto en referencia, lo cual
sería analógicamente tomar un extracto bancario donde aparece un reporte financiero y considerarlo
como un acto administrativo con el cual se reconoce un derecho, no hay derecho a que se atropelle en
esta forma la lógica jurídica por parte de dichos funcionarios judiciales.
(…)
(i) en violación directa de la Constitución, incurriendo en defecto sustantivo al inaplicar el artículo 13,
26, 48, 53, 216, 217, 218 y 230 de la Constitución Política; (ii) en desconocimiento de los derechos
laborales y la consecuente aplicación del acto administrativo cuestionable con el cual se desconoce el
derecho solicitado sin que hubiese existido acto previo que reconociera la CESANTIA DEFINITIVA y el
mismo no hubiese prescrito.
(…)
No es aceptable que los funcionarios judiciales en lo contencioso administrativo, se busquen
argumentos y comparaciones diametralmente opuestas al derecho laboral, en especial a los mínimos
fundamentales de irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales,
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho y el de la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos
de las relaciones laborales; y adopten decisiones judiciales, soportados en obsolescencias violatorias
de los derechos humanos y laborales, con lo cual, se establece una jurisprudencia que niega
sistemáticamente un derecho legalmente reconocido.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Meta en el
auto del 5 de junio de 2025, en el que consideró:
El Juzgado de 1ª instancia RECHAZÓ LA DEMANDA, al considerar que el acto que debió demandarse
es el que liquidó las CESANTÍAS DEFINITIVAS del demandante y no el oficio nro. GS-2023-015691-
DITAH, del 17 de marzo de 2023. Que aun cuando no reposa el acto que liquidó las CESANTÍAS
DEFINITIVAS, se tiene que aquel ya conocía de su existencia para el día en que las retiró, esto es, el
29 de abril de 2019; por lo que, los 4 meses de que trata el artículo 164 del CPACA., se cumplieron el
29 de agosto de 2019, pero la solicitud de CONCILIACIÓN DE EXTRAJUDICIAL se radicó el 24 de junio
de 2023 y la demanda, el 6 de septiembre de ese mismo año, cuando ya había expirado el plazo.
Según el accionante, el término de CADUCIDAD debe contarse desde la notificación del oficio nro. GS-
2023-015691-DITAH, del 17 de marzo de 2023, porque son las pretensiones las que concretan la órbita
del Juez; además, no se puede desconocer el tiempo de PRESCRIPCIÓN del derecho, estipulado en
el artículo 60, del Decreto 1091 de 1995. Y, no hay elemento de prueba que respalde la aseveración de
que el demandante conociera del acto de liquidación de las CESANTÍAS DEFINITIVAS para el 29 de
abril de 2019, máxime cuando la misma accionada acepta no haber reconocido las CESANTÍAS con el
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RÉGIMEN RETROACTIVO, pues hace referencia a que dicha prestación se liquidó bajo el RÉGIMEN
ANUALIZADO.
Según el accionante, el término de CADUCIDAD debe contarse desde la notificación del oficio nro. GS-
2023-015691-DITAH, del 17 de marzo de 2023, porque son las pretensiones las que concretan la órbita
del Juez; además, no se puede desconocer el tiempo de PRESCRIPCIÓN del derecho, estipulado en
el artículo 60, del Decreto 1091 de 1995. Y, no hay elemento de prueba que respalde la aseveración de
que el demandante conociera del acto de liquidación de las CESANTÍAS DEFINITIVAS para el 29 de
abril de 2019, máxime cuando la misma accionada acepta no haber reconocido las CESANTÍAS con el
RÉGIMEN RETROACTIVO, pues hace referencia a que dicha prestación se liquidó bajo el RÉGIMEN
ANUALIZADO.
Pues bien, la Sala advierte que el demandante confunde 2 figuras procesales que tienen efectos
diferentes, como son la CADUCIDAD y la PRESCRIPCIÓN. La primera hace relación tiempo establecido
por el Legislador para interponer la demanda, mientras que la segunda, es el término límite que se le
da a la persona para reclamar sus derechos. Es decir, la CADUCIDAD opera frente a la acción, en
cambio la PRESCRIPCIÓN, es respecto del derecho, que es una forma de extinguir las obligaciones. Al
respecto, el CONSEJO DE ESTADO, Sección SEGUNDA, Subsección B, en auto del 29 de enero de
2021, radicado nro. 25000-23-42-000-2019-00589-01(2508-20), C.P. SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ,
explicó la diferente entre esas dos figuras:
(…)
En este caso, el RECHAZO DE LA DEMANDA tiene sustento en que el actor no demandó el acto que
liquidó sus CESANTÍAS DEFINITIVAS dentro del plazo estipulado en literal d), numeral 2º, artículo 164
del C.P.A.C.A:
(…)
Según los documentos aportados con la demanda, se tiene que el actor fue retirado del servicio el 14
de diciembre de 2018 (fl.26 demanda digital), de ahí que las prestaciones sociales pierdan su carácter
de periódicas, como sucede con la liquidación definitiva de las CSANTÍAS y, por lo tanto, la demanda
esté sujeta a la CDUCIDAD. Al respecto, en el citado auto del 29 de enero de 2021, radicado nro. 25000-
23-42-000-2019-00589-01(2508-20), el CONSEJO DE ESTADO expresó:
(…)
Al haberse retirado del servicio al actor, sus CESANTÍAS fueron liquidas de forma definitivas, por lo que,
cualquier discrepancia que tenga en torno a dicha liquidación, debe demandar el acto que las liquida,
dentro del plazo estipulado por el Legislador.
En consecuencia, lo que pretende el demandante al provocar un nuevo pronunciamiento con el acto
demandado, oficio nro. GS-2023-015691-DITAH, del 17 de marzo de 2023, es revivir los términos de
CADUCIDAD, dado que, frente a las CESANTÍAS DEFINITIVAS, el único acto demandable, es el que
las liquida, por lo tanto, ante una discrepancia en relación con dicha liquidación, debe interponerse la
demanda dentro de los 4 meses siguientes a su notificación, so pena que opere la CADUCIDAD del
medio de control. Sobre este particular, el CONSEJO DE ESTADO, Sección SEGUNDA, Subsección A,
radicado nro. 70001 23 33 000 2018 00022-01 (1515-2024),
C.P. LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E), expresó:
(…)
Aunque, en este caso, no obra copia del acto que liquidó las CESANTIAS DEFINITIVAS del
demandante, sí está una respuesta de la CAJA DE HONOR, de fecha 3 de julio de 2024, que dice: "(...)
Ahora bien, una vez revisados nuestros sistemas de información, se pudo establecer que el señor
Willington Mayorquino Ramírez realizo retiro de las cesantías definitivas el 29 de abril de 2019,
anexando en el trámite el formato de hoja de servicios (anexo en un folio) el cual expide en este caso
Policía Nacional, donde en el numeral Il indican que fue retirado mediante Resolución No. 6556 de 12
de diciembre de 2018."
De ahí que, se pueda inferir que, para el 29 de abril de 2019, el demandante ya conocía sobre el acto
que liquidó sus CESANTÍAS DEFINITIVAS, pues, justamente en esa data hizo el retiro respectivo por
tal concepto. En la demanda, no se cuestiona que no se le haya notificado dicho acto; por el contrario,
en el recurso de apelación, el actor de forma expresa dijo que tal prestación se liquidó con el RÉGIMEN
ANUALIZADO, cuando debió hacerse con el RETROACTIVO.
En ese orden, los 4 meses acaecieron el 30 de agosto de 2019, pero la solicitud de conciliación
extrajudicial se presentó el, 18 de julio de 2023 (fl.53 demanda digital), y la demanda, el 6 de septiembre
de 2023, según correo electrónico remitido a la OFICINA DE REPARTO; es decir, por fuera de los 4
meses que tenía para ello.
Por las razones que anteceden, se CONFIRMARÁ en su totalidad la providencia impugnada.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07947-01
Demandante: Willington Hever Mayorquino Ramírez
Como se ve, la discusión que propone la parte actora ya fue resuelta por el tribunal
demandado, que explicó que las prestaciones sociales reclamadas no eran de carácter
periódicas porque las partes ya habían finalizado su vínculo legal y reglamentario.
Que el acto que debía demandar el señor Mayorquino Ramírez era la resolución que
liquidaba sus cesantías de forma definitiva, porque la discrepancia era respecto a lo
decidido sobre ese asunto.
Que, si bien no obraba copia del acto que liquidó las cesantías definitivas del actor, al
expediente se había allegado una comunicación de Cajahonor en la que informaba que
el señor Willington Hever había realizado el retiro de sus cesantías definitivas el 29 de
abril de 2019, lo que permitía inferir que desde esa fecha el demandante ya conocía sobre
el acto que liquidó la prestación que pretendía se le reliquidara. Que en la demanda no
se cuestionaba la notificación de ese acto, porque el hoy tutelante de forma expresa había
dicho que esa prestación había sido indebidamente liquidada.
Que los cuatro meses con los que contaba el señor Mayorquino Ramírez para presentar
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fenecieron el 30 de agosto de
2019, pero la solicitud de conciliación extrajudicial había sido radicada el 18 de julio de
2023 y la demanda el 6 de septiembre de 2023, esto era, cuando se había superado el
término para el efecto.
En ese orden, en el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a
examinar nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades judiciales
demandadas en el proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este
mecanismo constitucional.
Justamente por lo anterior, la Sala, como juez de tutela, no puede volver a examinar si se
había configurado el fenómeno jurídico de la caducidad.
La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que
no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una opinión jurídica diversa
o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las autoridades jurisdiccionales
de instancia.
En este punto, conviene resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
determinado que la acción de tutela contra decisiones judiciales se concibe como un juicio
de validez, más no de corrección4, y que, por lo tanto, este mecanismo no puede utilizarse
como una instancia para discutir asuntos de índole probatoria que dieron origen a los
procesos ordinarios.
En consecuencia, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para confirmar la
decisión impugnada de declarar improcedente la solicitud de amparo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4 Ver, entre otras, las sentencias T.344 de 2015, SU-425 de 2016, y T-022 de 2019.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07947-01
Demandante: Willington Hever Mayorquino Ramírez
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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