Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00406-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00406-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2019-00406-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
11 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá D. C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación : 41001233300020190040601 (4162 -2021)
Demandante : Henry Culma Ipuz
Demandado: Nación – Ministe rio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio 1 y Departamento del Huila.
Tema: Cesantías Anualizadas. Sanción Moratoria Ley 344
de 1996. Docentes. Acto ficto que resolvió la
solicitud. Ley 1437 de 2011
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 29 de junio de 2021 , proferida
el Tribunal Administrativo del Huila que negó las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
1. LA DEMANDA 2
El señor Henry Cu lma Ipuz , en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138
de la Ley 1437 de 2011 3, formuló en síntesis las siguient es:
1 En adelante FOMAG
2Expediente digital allegado a SAMAI, visible a índice 2 en zip, archivo
Cuaderno Principal No. 1.pdf folios 3 a 24.
3Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
–CPACA–
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Demandante: Henry Culma Ipuz
1.1. Pretensiones
La nulidad de los actos fictos configurado s por el silencio del
departamento del Huila y del FO MAG , frente a la petición radicada
el 23 de agosto de 2018, por medio de los cuales , le fue negado
el reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas causadas
en el año 1993, así como de la sanción moratoria derivada del
incumplimiento en la consignación de dicho auxilio en el
respectivo fondo.
Como consecuencia de lo anterior y, a tí tulo de restablecimiento
del derecho, solicitó condenar a la s entidades demandada s a: (a)
reconocer y pagar al demandante, las cesantías
correspondientes al año 1993 , al igual que la sanción moratoria
contemplada en la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto
1582 de 1998, por la omisión en el pa go de la referida p restación
y hasta cuando se efectúe la consignación respectiva; (b)
actualizar los valores adeudados con base en el IPC; (c ) reconocer
y pagar intereses moratorios, a partir del día siguiente a la fecha
de ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente hasta que
se efectúe el pago de la sanción moratoria reconocida; (d) ordenar
el cumplimiento de la sentencia en los términos del artí culo 192
del CPACA, y , (c) pagar las costas del proceso.
1.2. Fundamentos fácticos relevantes
Los siguientes son los fundamentos de hecho de las pretensiones:
El señor Henry Culma Ipuz relató que (i) labora en el departamento
del Huila desde el 22 de diciembre de 1993 y actualmente continúa
vinculado a dicha entidad ; (ii) el departamento del Huila no
consignó en el plazo fijado en la ley, las cesantías
correspondientes al año 1993 (a más tardar el 14 de febrero de
1994); (iii) a la fecha, no le ha sido reconocida ni pagada la
sanción por el retardo y la omisión en la consignación del auxilio
de las cesantías de la citada anualidad; (iv) el 23 de agosto de
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2018, presentó reclamación administrativa ante el departamento
del Huila y el FO MAG, a efectos de o btener la consignación en el
fondo respectivo, de las cesantías no consignadas, causadas en
el año 1993 y, (v) las anteriores pet iciones fueron resueltas de
manera negativa por ambas entidades a través de acto
administrativo ficto configurado el 25 de noviembre de 2018.
1.3. Normas violadas y concepto de violación
El accionante invo có como disposicio nes vulneradas las siguientes :
artículos 13, 25, 83 y 58 de la Constitución Política; 13 y 15 de la
Ley 344 de 1946; 1 y 2 del Decreto 15 82 de 1998; 1 y 2 del Decreto
1252 de 2000 ; Ley 91 de 1989 y Decreto 3118 de 1968.
Al desarrollar el concepto de violación expresó que con el acto
administrativo demandado se incurrió en infracción de las normas
en que debió fundarse, toda vez que, en su calidad de emplead o
público con régimen especial , tiene derecho a que las cesantías
causadas durante el año 1993, le sean consignadas al año siguiente
en el término legal, lo que no ocurrió .
Añadió que el régimen jurídico vigente y obligatorio res pecto de las
prestaciones sociales de los docentes estatales es el establecido
en la Ley 91 de 1989, de modo que, el personal que figure vinculado
hasta el 31 de diciembre de 1989, mantiene el régimen prestacional
de que ha venido gozando en cada entidad t erritoria l de
conformidad con las normas vigentes y el personal legalmente
vinculado a partir del 1 de enero de 1990, se regirá por las normas
aplicables a los e mpleados públicos del orden nacional contenidas
en los Decretos 3 135 de 1968, 1848 de 1969 y 10 45 de 1978, en
concordancia con la Ley 60 de 1993.
Indicó que el pago de las cesantías se rige por el procedimiento
contemplado en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 que subrogó
el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, por lo que, una vez presentada
la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías, la entidad
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cuenta con 15 días para expedir la resolución de liquidación, 5 días
de ejecutoria y 45 días para realiza r el pago, luego de los cuales,
empezará a correr la sanción moratoria correspondiente a u n día de
salario por cada dí a de retardo , de modo que, al haber desatendido
la normativa, se encuentra obligado al pago de la sanción.
Resaltó que, aplicar el régimen de los servidores públicos a los
docentes oficiales en materia de sanción moratoria, resulta ser la
condición má beneficiosa y se adecúa a los principios, valores,
derechos y mandatos constitucionales, en especial, el princi pio de
favorabilidad
Por lo anterior, afirmó que le ha sido vulnerado su derecho al
trabajo en condiciones dignas, los derechos adquiridos y los
principios que rige n el sistema salarial y prestacional del personal
docente oficial, pues no ha recibido a la fecha, el auxilio que por
ley le co rrespondía, equivalente a un día de salario por cada día de
retardo en el pago de la prestación.
2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
2.1 El departamento del Huila 4 se opuso a las pretensiones de la
demanda, y en su defensa indicó que de acuerdo a los numeral 3,
5, y 9 del art ículos 2 de la Ley 91 de 1989, 4 y 5 del Decreto 3752
de 2003 y 56 de la Ley 962 de 2005, la Nación a través del F OMAG
es la encargada de reconocer y pagar las prestaciones sociales de
los docent es nacionales y nacionalizados que se causen a partir de
la vigencia de la primera de las mencionadas leyes,
correspondiendo a las entidades territoriales únicamente expedir el
acto administrativo que las reconoce, pero siempre actuando a
nombre del citado Fondo.
Indicó que no ha omitido la consignación de las cesantías del año
1993, toda vez que no tiene a su carg o dicha función , razón por la
cual, no ha vulnerado la normativa invocada en la demanda .
4Expediente digital allegado a SAMAI, visible a índice 2 en zip, archivo
ContestaciónDemandaDptoHuila.pdf
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Con fundamento en lo anterior propuso las excepciones de: a)
inepta demanda, pues debió demandar dentro del término
legalmente establecido la Resolución 184 de 2 del enero de 2009,
mediante la cual se reconocieron y liquidaron unas cesantías a
favor del demandante, pues fue este acto el que definió la situación
jurídica controvertida. b) inexistencia de las causales de violación
del acto administrativo, c) prescripción trienal de la sanción
moratoria y d) la genérica.
2.2 El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
-FOMAG 5 se opuso a todas las pretensiones de la demanda, y
argumentó que la Ley 1071 de 2006, por la cual se regula el pago
de las cesantías definitivas o parciales a los se rvidore s públicos,
se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación y
en ellas no se consagró la obligació n de pagar sanción moratoria
por el pago inoportuno de una diferencia de cesantías o
reliquidación de éstas, por lo que resulta improcedente aplicar por
analogía la sanción que dic ha norma estableció a situaciones no
previstas en ella.
En cuanto a la aplicación de la mencionada norma al sector
docente, indicó que el Consejo de Estado en la sentencia de
Unificación del 18 de julio de 2018 , refirió que los docentes integran
la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la
Constitución Política y les son aplicables las Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006 , que contemplan la sanción por mora en el
reconocimiento y pago de las cesantía s parciales o definitivas de
los servidores públicos; siendo consonante esta posición, co n la
adoptada por la Corte Constitucional.
Se refirió a la sanción moratoria por el pago tardío del reajuste de
las cesantías, y adujo que « […] el Consejo de Estado en reiteradas
providencias se ha pronunciado sobre su improcedencia, ya que la
penalidad procede frente al reconocimiento y pago tard ío de la
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010ContestaciónDemandaMEN.pdf
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prestación inicial, pero no frente el pago tardío de ajustes
realizados a la liquidación de la cesantía », como lo hizo en
sentencias del 13 de agosto de 2018 6 y 4 de octubre de 2018 7,
transcribiendo extractos de las mismas.
De igual modo, advirtió que en el acto de reconocimiento de las
cesantías consignó los rubros a t ener en cuenta, sin que el
accionante hubiera refutado dicha decisión en el recurso de
reposición. Agregó que «el reconocimiento se encontraba en firme
y no sería razonable, ni ajustado a derecho imponer al Estado una
punición económica por el tiempo durante el cual la actora(sic) no
ejecutó ninguna acción para la defensa de sus intereses».
Finalizó su escrito afirmando que no fue acredit ada temeridad o
mala fe o maniobras fr audulentas de la entidad , razón por la cual
no procedería la condena en costas.
Propuso la excepción de inexistencia de la obligación.
3. AUDIENCI A INI CIAL
Mediante auto de 2 de junio de 2021 8, el Tribunal Administrativo del
Huila (i) adecuó el trámite para dictar sentencia anticipada; (ii) se
pronunció sobre las excepciones propuestas por el departamento
del Huila: (a) sobre la «prescripción trienal de la sanción
moratoria», difirió su estudio en la sentencia y, (b) declaró no
probada la inepta demanda; (iii) prescindió de la audiencia inicia l;
(iv) negó la prueba documental solicitada y (v) delimitó el problema
jurídico en los sigu ientes términos:
6 Consejo de Estado, Sección Segunda. Subsección B. C.P.: Sandra Lisset
Ibarra Vélez. Bogotá, 13 de Agosto de 2018. Radicación número: 73001 -23-
33-000-2014-00539-01(4485-15).
7 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. C.P.: César Palomino
Cortés. Bogotá, 4 de octubre de 2018, Radicación número: 08001 -23-33-000-
2014-00420-01(3490-15).
8 Expediente digital allegado a SAMAI, visible a índice 2 en zip, archivo
015AutoDecideExcepcionesSentenciaAnticipada.pdf
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«De acuer do con la dem anda y sus cont est aciones, le cor r e sponde
al Tr ibuna l det er m in ar : i) ¿El act o dem andado f ue el que de negó a
la act or a el r econocim ient o y pago de las cesant í as anualizad as
causadas en el año de 1993? o, ¿Debi ó at acar la Resoluc i ón No.
184 del 2 de ener o de 2009, m ediant e la cual se r econocier on y
liqu idar on u nas ces ant í as anualizadas ? y, iii) ¿Hay lugar a anular
el act o at acado, po r est ar incur so en l a viol ación d e las n or m as
super ior es en que d ebió f undar se, al de j ar de r econocer y pagar le
las cesant í as anual i zadas causadas en el año de 1993 j unt o con la
sanc ión m or at or ia p or pago t ar dí o de a quel las, en lo que n o haya
pr escr it o?»
4. SENTENCIA DE PRIMERA I NSTANCIA 9
Mediante sentencia anticipada del 29 de junio de 2021 , el Tribunal
Administrativo del Huila dispuso: (a) declarar probada la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva frente al
departamento del Huila; (b) declarar configurado el silencio
administrativo negativo frente a la petición radicada el 2 3 de agosto
de 2018 para el pago de las cesantía s de 1993; (c) declarar la
ineptitud sustantiva de la demanda respecto de la pretensión de
reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas causadas en
el año 1993, (d) n egar las demás pretensiones de la demanda, y,
(e) no condenar en costas, c on sustent o en los siguientes
argumentos:
(i) Declaró probada de oficio la excepción de falta de
legitimación en la causa por parte del departamento del Huila y
ordenó la desvinculación del mismo por considerar que a) no existía
una relación legal que hiciera necesaria su permanencia en el
proceso, con sustento en lo establecido en los artículos 2, 5 y 15
de la Ley 91 de 1989 , que dispusieron que el Fondo tiene a su cargo
el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los
docentes nacionales y nacionalizados que se causen a partir de la
promulgación de dicho estatuto y en el artículo 9, y dispuso que
dicha obligación la delega en las entidades territoriales certificadas
para la prestación del servicio educativo oficial .
9 Expediente digital allegado a SAMAI, visible a índice 2 en zip, archivo
021SentenciaDePrimeraInstancia.pdf
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b) El artículo 56 de la Ley 962 de 2005 señaló que las prestaciones
sociales de los docentes oficiales serí an reconocidas y pagadas por
el FOMAG mediante la aprobación del proyecto de resolución por
parte de quien administre d icho Fondo, el cual , debía ser elaborado
por el secretario de educación de la entidad territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente
(artículo 5 del Decreto 2831 de 2005), y, c) e l artícu lo 57 de la Ley
1955 de 2009 precisó que las cesant í as definitivas y parciales de
los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 , serán reconocidas y
liquidadas por la s ecretaría de educación de la entidad territorial y
pagadas por el FOMAG, razón por la cual, las secretarías
departamentales actúan en nombre d el Fondo.
(ii) En relación con la inepta demanda , precisó que el acto
administrativo a demandar es aquel que origina la lesión al derecho
subjetivo reclamado y en ese orden, el acto ficto no fue el que
definió la situación jurídica del demandante . La Resoluc ión 184 del
2 de enero de 2009, mediante la cual la demandada le reconoció y
ordenó el pago de cesantías parciales al actor, constituye e l acto
que desconoció y vulneró el derecho hoy deprecado por el actor .
En esa medida, cuando el acto ficto demandado su rgió a la vida
jurídica, la administración ya había omitido el pago de las cesantías
reclamadas .
Sostuvo que el demandante, al conocer que en la primera
liquidación parcia l de las cesantías no se incluyó la suma
correspondiente a las cesantías cau sadas en el año 1993, debió
cuestionar la Resolución 184 del 2 de enero de 2009 (o las
posteriores), mediante los recursos en sede administrativa o, haber
demandado dicho acto ante esta jurisdicción a través d el medio de
control de nulidad y restablecim iento del derecho.
En esa línea, si bien declaró probada la existencia del acto ficto o
presunto negativo, advirtió que las pretensiones del demandante
tendientes al reconocimiento de las cesantías del año 1993 no
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resultan viables po rque , con la nueva rec lamación lo que buscó fue
revivir los términos para así poder controvertir la omisión de la
demandada en el reconocimiento y pago de las cesantías que
vienen siendo desatendidas desde la Resolución 184 de 2009 .
De esta form a, declaró la ineptitud sustanti va de la demanda en
relación con la pretensión de reconocimiento y pago de las
cesantías anualizadas causadas en el año 1993, y negó las
pretensiones.
(iii) Finalmente, adujo que en el presente caso no procede la
sanción moratori a consagrada en las Leyes 244 de 1995 y 1071
de 2006, porque no se trata de un trabajador que solicitó el
reconocimiento y pago de cesantías parciales o definitivas y cuyo
pago se efectuó tardíamente –que es el supuesto de hecho previsto
en las mencionadas leyes–, sino que se trata de la omisión del
empleador de consignar las cesantías causadas anualmente dentro
del término legal, lo que es castigado con la sanción moratoria
establecida en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1993.
En gracia de disc usión, si hubiese prosperado la pretensión de
reconocimiento y pago de las cesantías reclamadas no podría
condenarse a su pago y el de la sanción consecuencial, pues tal
derecho se encuentra prescrito co nforme a lo señalado por el
Consejo de Estado en la s entencia de unificación CE -SUJ-SII-022-
2020 del 6 de agosto de 2020, aclaratoria de la sentencia de
unificación CE -SUJ004 del 25 agosto de 2016.
Esta última decisión, precisó que la sanción por la no consignación
de las cesantías anualizadas en la fecha legal o su consignación en
fecha posterior, es pasible del fenómeno jurídico de la prescripción
extintiva del derecho y su término es el de tres años consagrado en
el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad
Social, por lo que, «(…) si e l empleador no procede a consignar las
cesantías dentro del plazo fijado por el ordenamiento, a partir de
ese momento incurre en mora y se hace exigible una sanción, que
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por naturaleza es prescript ible si dentro de los 3 años siguientes no
se reclama».
Así las cosas, como las cesantías causadas en el año 1993
debieron consignarse hasta antes del 15 de febrero de 1994 , la
sanción moratoria se configuró desde el 15 de febrero de 1994 y
podía ser reclamada hasta el 15 de febrero de 1997, lo que no
ocurrió, teniendo en cuenta que la solicitud se elevó hasta el 23 de
agosto de 2018, lo que evidencia la ocurrencia de la prescripción
del derecho principal y de la sanción consecuencial.
5. EL RECURSO DE APELACIÓN 10
El accionante solicitó revocar la decisión que declaró probada la
excepción de inepta demanda , en los siguientes términos:
(i) Afirmó que el acto demandable no era la Resolución 184 de 2009
sino los actos administrativos fictos que negaron el reconocimiento
de las cesantías del año 1993, puesto que, si bien la resolución en
comento reconoció y ordenó el pago de las cesantías del docente,
en el presente caso no se pretende la nulidad de dicha decisión
sino de aquellas que negaron el pago de las cesantías que no
fueron reconocidas , al igual que el pago de la sanción moratoria
derivada del incumplimiento en la consignación anualizada de las
cesantías en el respectivo fondo.
(ii) Reite ró los arg umentos expuestos en la demanda relativos al
pago del auxilio de cesantías de manera completa y dentro del
término previsto en la ley, y el no hacerlo, transgrede derechos
fundamentales y de carácter laboral, situación que amerita espec ial
diligencia bajo la perspectiva del Estado Social de Derecho.
(iii) Sostuvo que d esconocer el fondo del presente asunto, «sería
premiar la indebida actitud de la hoy accionada y auspiciar la
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024RecursoApelacionDemandante.pdf
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negligencia que reviste sus actuaciones, atropellando los der echos
de ni representada (sic)»
6. LA INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD ACCIONADA. El FOMAG
se pronunció en la oportunidad indicada por el numeral 4 del
artículo 247, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 del 2021,
reiterando los arg umentos expuestos en la contestación de la
demanda.
7. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
De conformidad con en el n umeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080
de 2021, no se corrió traslado para alegar.
8. El Ministe rio Pú blico y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, guardaron silencio según se constata en el aplicativo
SAMAI.
II. CONSIDERACI ONES
1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 11, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto. Asimismo, según el artículo 328 12 del Códig o General
11« E l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios
de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…] »
12« A R T Í C U L O 3 2 8 . C O M P E T E N C I A D E L S U P E R I O R . E l j u e z d e s e g u n d a
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en cost as y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.
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del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a los a rgumentos expuestos por el apelante.
2. Problema jurídico
De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la parte
accionante , le corresponde a la Sala determinar si :
✓ ¿se configuró la e xcepción de ineptitud sustantiva de la
demanda respecto de la pretensión de reconocimiento y
pago de las cesantías anualizadas del año 1993 en la
medida que el accionante no demandó la Resolución 184
de 2 de enero de 2009 que liquidó unas cesantías
anualizadas?
✓ ¿procede el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
prevista en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y el Decreto
1582 de 1998?
Para resolver los problemas jurídico s, la Sala desarrolla rá el
siguiente orden metodológico: (i) del auxilio de cesantías, (ii)
régimen jurídico aplicable a los docentes oficiales y sanción por la
mora en su consignación y, (iii) análisis del cas o concreto - la
ineptitud sustantiva de la demanda.
3. Marco normativ o y jurisprudenci al
3.1. Del auxilio de cesantías
La Ley 50 de 1990 por medio de la cual se introdujeron reformas
al Código Sustantivo del Trabajo, previó en su artículo 99 la forma
de liquidar las cesantías en los términos que a continuación se
citan:
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
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«ARTÍ CU LO 99. - El nuevo r égim en espe cial d e auxi li o de ces ant í a,
t endr á las siguie nt es car act er í st icas:
1ª. El 31 de diciem br e de cada año se hará la liqu idac ión def in it iv a
de cesant í a, por la anual idad o por la f r acción cor r espond i ent e,
sin per j uic io de la q ue deba ef ect uar se en f echa dif er ent e p or la
t er m inación del cont r at o de t r abaj o.
2ª. El em pleador ca ncelar á al t r abaj ado r los int er eses lega l es del
12% anual o pr opor ciona les por f r acción, en los t ér m inos de la s
nor m as vigent es sobr e el r égim en t r adicion al de cesant í a, con
r espect o a la sum a causada en el año o en la f r acción que se
liqu ide def in it ivam en t e.
3ª. El valor li quid a do por concept o de cesant í a se consignará
ant es del 15 d e f ebr er o del año sigu ient e, en cuent a individ ual a
nom br e del t r abaj ad or en el f ondo de ce sant í a que el m ism o elij a.
El em plea dor que in cum pla el p lazo señ alado de ber á pagar un dí a
de salar io por cada r et ar do.
4ª. Si al t ér m ino de la r elació n labo r al exi st ier en sald o s de
cesant í a a f avor del t r abaj ador que no hayan sido ent r egad os al
Fondo, el em pleador se los pagar á dir ectam ent e con los int ereses
lega les r espect ivos ª . Todo t r abaj ador podr á t r asladar su saldo de
un f ondo de cesant í a a ot r o de la m ism a nat ur aleza. El G o bier no
f ij ar á el pr ocedim ien t o que deba seguir se par a el ef ect o.
6ª. Los Fondos de Cesant í a ser án adm inist r ados por las
sociedades cuya cr eación se aut or iza, y cuyas car act er í st icas
ser án pr ecisadas en los decr et os que dict a el G obier no Naci onal,
en or den a:
a. G ar ant izar una plur alida d de alt er nat ivas inst it uciona les
par a los t r abaj ador es, en t odo el t err it or io naciona l;
b. G ar ant izar que la mayor par t e de los r ecur sos capt ados
par a or ient ar se haci a el f inanciam ient o de act ividades
pr oduct ivas.
7ª. Todos los aspectos que no se m odif iquen especí f icam ent e por
est a Ley, cont inuarán r egulados por las nor m as vigent es del
r égim en t r adiciona l r elat ivas a l auxi lio de cesant í a.
PARÁG RA FO . - En el event o que los em pleador es de ban ef e ct uar
la liqu idac ión y consignac ión de la cesant í a a que se r ef iere est e
ar t í culo y no exist an suf icient es Soc ie dades Adm in ist r ador as de
Fondos de Cesant í as aut or izadas par a f uncionar , el G obier no
Nacion al podr á t r ansit or iam ent e aut or i zar a ot r as ent idades u
or dena r a las inst it uciones f inanc ier as con par t icipación est at al
m ayor it ar ia par a que cum plan las f u nciones de Socie d ades
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Adm inist r ador as de Fondos de Cesant í a. » (Subrayas y negrilla s
de la Sala)
Pese a que la norma transcrita se encontraba destinada
específicamente a los trabajadores cobijados por las disposiciones
del Código Sustantivo del Trabajo, la expedición de la Ley 344 de
1996, hizo extensivas a los servidore s públicos las d isp osiciones
concernientes a las cesantías. En efecto, la Ley 344 de 1996
definió el régimen anualizado de liquidación de cesantías para los
servidores público s que se vinculara n a partir de su vigencia, y
puntualmente en su artículo 13 previó lo siguiente:
«ARTÍ CU LO 13. Sin per j uicio de los der echos convenciona les , y lo
est ipulad o en la Ley 91 de 1989, a par t ir de la publicación de la
pr esent e Ley, las per sonas que se vincul en a los Ó r ganos y
Ent idades de l Est ad o t endr án el siguie nt e r égim en de cesant í as:
a) El 31 de dic iem br e de cada año se har á la liqu idac ión
def init iva d e cesa nt í as por la anualida d o por la f racción
cor r espondient e, sin per j uicio de la qu e deba ef ect uar se en f echa
dif er ent e por la t er minaci ón de la r elac ió n labor al;
b) Les ser án aplicab le s las dem ás nor m as legales vige nt es
sobr e cesant í as, corr espondient es al ór gano o ent idad al cual se
vincul en que no sea n cont r ar ias a lo dis puest o en el l it er al a) del
pr esent e ar t í culo .
PARÁG RA FO . El r égim en de cesant í as cont enido en e l pr esent e
ar t í culo no se apli ca al per sonal uni f or m ado de las Fuer zas
M ilit ar es y de la Po li cí a Naciona l. » (Sub rayas de la Subsección)
Por su parte, el Decreto 1582 de 1998, que reglamentó parcialmente
los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998,
dispuso en su artículo 1 que: «El Régimen de liquidación y pago de
las cesantías de los servidores pú blicos del nivel t erritorial y
vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los
fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99,
102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el
de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo
Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás
normas pertinentes de la Ley 432 de 1998. […].» (Subrayas de la
Subsección)
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Ahora bien, el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1991,
previó la causación de una penalidad a cargo del empleador, a
título de sanción, por la tardanza en la consignación del auxilio de
cesantías al fondo al que el empleado se encuentre afiliado, para
lo cual estimó la fecha en la que la obl igación se haría exigible en
los términos que a continuación se señalan:
«ARTÍ CU LO 99. - El nuevo r égim en espe cial d e auxi li o de ces ant í a,
t endr á las siguie nt es car act er í st icas:
1ª. El 31 de dic iem br e de cada año se har á la li quid ación def in it iva
de cesant í a, por la anual idad o por la fr acción cor r espondi ent e,
sin per j uicio de la que deba ef ect uar se en f echa dif er ent e por la
t er m inación del cont r at o de t r abaj o.
[ …]
3ª. El valor l iqu ida do por concept o de cesant í a se consignar á
ant es del 1 5 de f ebr er o del año sigu ient e, en cuent a indivi d ual a
nom br e del tr abaj ador en el f ondo de cesant í a que el m ism o elij a.
El em plea dor que i n cum pla el p lazo señ alado de ber á pagar un dí a
de salar io por cada r et ar do. […] . » (Subrayas de la Sala)
De conformida d con las consideraciones anteriormente expuestas,
es claro que el alcance de las previsiones contenidas en el artículo
99 de la Ley 50 de 1991 amparan el auxilio de cesantías a que
tienen derecho los servidores público s, bajo los preceptos de la
Ley 344 de 1996 y del Decreto 1582 de 1998 , de modo que , frente
a la mora en la consignación de dicha prestación resulta
procedente el pago de una sanción correspondiente a un día de
salario por cada día de retardo. De tal suerte que, si al 15 de
febrero de la sigu iente anualidad no se verifica el dep ósito del
monto correspondiente en el fondo de cesantías al que el
empleado se encuentre afiliado, el mismo podrá requerir el
reconocimiento y pago de la sanción contemplada en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, antes citado.
3.2. Del régimen jurídico aplicable a los docentes oficiales en
materia de cesantías. Sanción por mora en la consignación
En lo que respecta al personal docente, se debe indicar que el
artículo 3 de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de
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Prestaciones Sociales del Magisterio como «una cuenta especial
de la Nación, con independencia patrimonial, contable y
estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán
manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta,
en la cual el Estado tenga más del 90% del capital» que estaría a
cargo del pago de las prestaciones sociales 13 que se cau saran a
favor del personal docente nacional y nacionalizado, a partir de la
promulgación de esa ley.
La aludida norma, en su artículo 1, numeral 3, precisó que los
docentes territoriales son aquellos « vinculados por nom br am ient o de
ent idad t er r it or ial, a par t ir del 1 de enero de 1976, sin el cum plim ient o
del r equis it o est able cido en el ar t í culo 10 de la Ley 43 de 1975 » y en
el artículo 2 reguló lo relativo al reconocimiento de sus
prestaciones, en los siguientes términos:
«Ar t í culo 2º . - De acuer do con lo dispu e st o por la Ley 43 de 1975,
la Nación y las ent id ades t er r it or iales, según el caso, asum ir án sus
obli gacio nes pr est aciona les con el per sonal docent e, de la
sigui ent e m aner a:
[ …]
5. - Las pr est aciones social es del per sonal naci on al y
naciona liz ado que se causen a par t ir del m om ent o de la
pr om ulgación de la pr esent e Ley , son de car go de la Nación y
ser án pagadas por el Fondo Nacio nal de Pr est aciones Soci al es del
M agist er io; per o las ent idades t er r it or iales, la Caj a Nacion al de
Pr evisió n Soc ial, el Fondo Nacion al de Ahor r o o las ent idades que
hicier en sus veces, pagar án al Fondo las sum as que r esult en
adeudar hast a la f echa de pr om ulgación de la pr esent e Ley a dicho
per sonal, por conce pt o de las pr est acio nes socia les no cau sadas
o no exigib le s. » (Su braya la Sala)
En lo que tiene que ver con el reconocimiento de las cesantías, el
artículo 15 ibídem, prescribió lo siguiente:
«3. Cesant í as:
A. Par a los docent es naciona liza dos vincu l ados hast a el 31 de
diciem br e de 198 9, el Fondo Nacio nal de Pr est aciones So ciale s
del M agist er io p aga r á un auxil io equ iva l ent e a un m es de salar io
por cada año de servicio o pr opor ciona l m ent e por f r acción de año
13 D e acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989
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labor ado, sobr e el últ im o salar io de vengado, si no ha sido
m odif icado en los últ im os t r es m eses, o en caso cont r ar io sobr e el
salar io pr om edio de l últ im o año.
B. Par a los docent es que se vinculen a par t ir del 1. de ener o de
1990 y par a los doc ent es naciona les vi n culados con ant er i or idad
a dicha f echa, p er o sólo con r esp ect o a l as cesant í as gener a das a
par t ir del 1o. de enero de 1990, el Fondo Nacion al de Pr est aci ones
Socia les de l M agist er io r econocer á y pagar á un i nt er és anual
sobr e saldo de est a s cesant í as exist e nt es al 31 de d iciem b r e de
cada año, liqui dada s anualm ent e y sin ret r oact ividad, equiv alent e
a la sum a que r esult e de apl icar la t asa de int er és, que de a cuer do
con cer t if icación de la Super int endenc i a Bancar ia, haya s i do la
com er cial pr om edio de capt ación de l sist em a f inancier o dur a nt e el
m ism o per í odo. Las cesant í as del per sonal nac ion al do cent e,
acum uladas hast a e l 31 de dic iem br e de 1989, que pasan al Fondo
Nacion al de Pr est aciones Soci ales de l M agist er io, cont inuar án
som et idas a las norm as gener ales vigent es par a los em pleados
públ icos del or den n aciona l. » (Subraya la Sala).
Ahora bien, la Ley 812 de 2003, por la cual se aprobó el Plan
Nacional de Desarrollo 2003 -2006, en su artículo 81 señaló que el
régimen prestacional de «los docentes nacionales, nacionalizados
y territo riales, que se encuentren vinculados al servicio público
educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley».
Con fundamento en lo anterior y con el objeto de lograr la afiliación
de los docentes territoria les al alud ido fondo, el Decreto Nacional
3752 de 2003, estableció:
«Ar t í culo 1°. - Per sonal que debe af i li ar se al Fondo Nac ion al d e
Pr est aciones Soc ia l es del M agist er i o . Los docent es de l s er vicio
públ ico educat ivo q ue est én vincula dos a las plant as de pe r sonal
de lo s ent es t er r it or iales deber án ser af iliad os al Fondo Nac iona l
de Pr est aciones So ciales de l M agist er i o, pr evio el cum pli m ient o
de los r equisit os y t r ám it es est ablecido s en los ar t í culos 4° y 5°
del pr esent e decr et o, a m ás t ar dar el 31 de oct ubr e de 2004.
Par ágr af o 1°. - La f alt a de af iliac ión de l p er sonal docent e a l F ondo
Nacion al de Pr est a ciones S ocia les de l M agist er io im p lica r á la
r esponsabi lid ad de la ent idad t er r it or ial nom inador a por la
t ot alidad de las pr est aciones soc iales que cor r espondan , sin
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per j uicio de las sanc iones adm in ist r at iva s, f iscales y discipl in ar ias
a que haya lugar .
Par ágr af o 2°. - Los docent es vincu lados a las p lant as de per sona l
de las ent idade s t er r it or iales de m aner a pr ovisiona l deber á n ser
af ili ados pr ovis iona lm ent e al Fond o N aciona l de Pr est aci ones
Socia les de l M agi st er io m ient r as conser ve su nom br am ient o
pr ovision al. [ …] ».
En armonía con el marco reseñado en precedencia, la Subsección
había sostenido la tesis de que los docentes oficiales, si bien
servidores público s en toda regla, no estaban amparados por las
disposiciones de liquidación anual de las cesantías consagradas
en la Ley 50 de 1990, comoquiera que la aplicación de tales
previsiones con de stino a los empleados púbicos surgió de la Ley
344 de 1996, en cuyo artículo 13 les hizo extensivas la s normas
vigentes en materia de cesantías, pero hizo la salvedad de que
ello era «sin perjuicio de lo estipulado en la Ley 91 de 1989», lo
que se traduce en que lo allí dispuesto no cobijó al personal
docente.
Esa postura también había sido desarrollada por la Corte
Constitucional, al estudiar el ajuste del artículo 15 de la Ley 9 1 de
1989 a los postulados de la Carta, pues en sentencia C -928 de
2006 14 señaló que la forma de realizar el cálculo y pago de las
cesantías a favor de los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio no era igual al estable cido
en la Ley 50 de 1990. En aquella ocasión, puntualizó además que
ello no redundaba en una violación del derecho a la igualdad
porque «simplemente la manera como se liquidan y pagan
aquellos 15 es distinta a la regulada en la Ley 50 de 1990, sin que
por ello se configure discriminación alguna».
Sin embargo, por vía de acción de tutela, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado 16 han considerado que
14 C o r t e Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
15 R e f i r i é n d o s e a diferentes prestaciones, entre ellas las cesantías.
16 V e r ,
entre otras, sentencias del Consejo de Estado, del 17 de junio de 2019,
A.C. 11001- 03-15-000-2018-04617-01, Sección Tercera, M.P. y del 28 de junio
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en virtud del prin cipio de favorabilidad, es viable aplicar a los
docentes las disposiciones que contiene la Ley 50 de 1990, en
materia de sanción moratoria por la consignación extemporánea
de las cesantías anuales, de manera que para estos, el valor
reconocido con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto
de la aludida prestación, también les debe ser consignado en el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a más
tardar el 14 de febrero del año siguiente a su causación, so pena
de que se incurra en mora equivalente a un día de salario por cada
día de retraso.
En efecto, sob re ese particular, la Co rt e Constitucional en sentencia
SU-098 de 2018 17 sostuvo que el «hecho de que los docentes se
encuentren amparados por un régimen especial, no implica el
desconocimiento de su calidad de trabajadores del Estado, y menos
aún si se tr ata de la aplicación de u na norma de carácter laboral
que comporta un beneficio, caso en el cual prevalece la
interpretación que reporte el mayor beneficio para el empleado,
pues ésta será la que se ajuste a los postulados del artículo 53 de
la Carta Polít ica».
De igual manera, en la sentencia en cita, la Corte señaló que
aunque los jueces han adoptado una postura jurídicamente
razonable y justificada al negar el derecho a la sanción moratoria,
esta excluye otra posible interpretació n, en virtud de la cual sí los
ampara la sanción moratoria por la n o consignación de cesantías
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 99 de
la Ley 50 de 1990, la cual es «más favorable respe cto de los
derechos laborales de los docentes oficiales», máxime cu ando «el
ámbito de aplicación de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990
se extiende a todos los empleados públicos . Así lo establece el
Decreto 1252 de 2000». Y finalmente, concluyó:
de 2019, A.C. 11001-03- 15-000-2018-04679-01, Sección Primera, M.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés.
17 M . P . Gloria Stella Ortiz Delgado.
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«[ …] Realizada la an t er ior aclar ación, est a Cor por ación consi der a
que, en el r égim en anual izado, apl icab l e al caso de los doc ent es
vincul ados después de 1990 y 1996, es lógico que se exij a la
af ili ación y el pago opor t uno del auxi lio de cesant í as, ya que l a
consi gnaci ón es l a manera de gara nt i zar el acceso a l a
prest aci ón. Si n duda, est e si st ema sol o puede ser equi t at i vo
si l as personas pueden cont ar con su pago de f orma oport una
para poder di sponer de l a prest aci ón en cual qui era de l os
event os en que se pe rmi t e, est o es, ant e el desempl eo, para
f i nanci ar l a educaci ón propi a, de compañeros permanent es,
de l os hi j os o dependi ent es y para l a adqui si ci ón,
const rucci ón, mej ora o l i beraci ón de bi enes raí ces dest i nados
a su vi vi enda .
Adic iona lm ent e, cabe anot ar q ue, c om o quedó vist o, una
i nt erpret aci ón rest ri ct i va de l a apli caci ón de l a sanci ón
morat ori a i ncurri ría en un t rat o des i gual de l os doce nt es
f rent e a ot ros t rabaj adores del Est ado que gozan de l a sanci ón
como garant í a de l a prest aci ón. Est a di st i nci ón vi o l a el
derecho a l a i gual dad t oda vez que l os docent es t endrí an un
derecho l i mi t ado por t ener una cat egorí a especí f i ca dent ro de
l os t rabaj adores est at al es, l o cual no const i t uye un mot i vo
val i do en sí mi smo para negar su acce so.
[ …]
Como se advi rti ó, los docent es se encuent ran en l a cat egorí a
de l os empl eados p úbl i cos y no exi st e razón que j ust i f i que que
en su cal i dad de t rabaj adores no t eng an derecho, de l a mi sma
f orma que l os demás servi dores públ i cos, a que sus
prest aci ones soci al es sean can cel adas en t i empo. Una
int er pr et ación cont r ar ia no pr ot eger í a a est as per sonas en la
m ism a f or m a que a ot r os ser vidor es públicos, lo cual t endrí a com o
consecuenci a la r est r icción de su posibi lid ad de gozar de la
gar ant í a del pago opor t uno del auxil io de cesant í as y, a su vez,
de las pr ot ecci one s ya m encionadas que se der iva n d e esa
pr est ación.
[ …]
Sum ado a lo a nt er io r , el régi men especi al al que est á somet i do
el act or no cont empl a l a sanci ón que sol i ci t a, si t uaci ón
di st i nt a serí a que su régi men l o cont empl ara o que, en su
l ugar, se est abl eciera ot ro t i po de benef i ci os o sanci ones, l o
cual , en est e caso no se evi de nci a. Al respect o, la
j uri sprudenci a const i t uci onal ha sost eni do que hi pót esi s
como l as que ahora se encuent ran baj o est udi o puede n
desconocer el dere cho a l a i gual dad.
[ …]
De conf or m idad con t odo lo expuest o, en consonanci a con el
pri nci pi o de f avorabi l i dad procede apl i car l o di spuest o en el
numeral 3° del art ícul o 99 de l a Ley 50 de 1990 ya que la Ley
91 de 1989 no cont empl a de manera expresa sanci ón por l a no
consi gnaci ón de l a s cesant í as en el Fomag. [ …] » (Resalta la
Subsección)
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Recientemente, en sentencia SU -332 de 2019 18 esa Corporación
también concluyó que:
«[ …] 52. En sí nt esis, con base en la j ur is pr udencia const it uci onal,
es posib le conc luir que ( i) el pag o opor t uno de las cesa nt í as es
una gar ant í a de t odos los t r abaj ador es, pr ot egida por la
Const it ución; ( ii) los m iem br os del M agister io gozan de un r égim en
pr est acional espec i al, en r azón de la labor que desar r ollan y su
vincul ación con el E st ado; ( iii) los docent es of iciales se pueden
cat alogar com o empleados púb licos, en r azón de las f unciones
que desar r ol lan, el r égim en de car r er a al que se encue nt r an
som et idos y la vincu lació n m ediant e no m br am ient o, que da lugar
a una r elac ión le gal y r eglam ent ar ia; ( iv) l os docent es of i ci al es,
en t ant o empl eados públ i cos, t i enen derech o al
reconoci mi ent o y pago de l a sanci ón morat ori a por pago tardí o
de l as cesant í as . [… ] » (Negrillas de la Sala)
Bajo el anterior derrotero, la Subsección ha considerado viable
acoger el criterio de favorabilidad aplicado en sede constitucional,
para resolver las c ontroversias relacionadas con el reconocimiento
de sanción moratoria por la c onsigna ción tardía de las cesantías
anuales a los docentes, al amparo de lo dispuesto en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990.
Con todo, hay que precisar que, el referido crite rio tiene como
fundamento la extensión o puente normativo que la expedición de
la Ley 344 de 1996 efectuó, de las disposiciones de la Ley 50 de
1990 en esta materia, pues es con el surgimiento en la vida
jurídica de dicho compendio, que se estableció el régimen anual
de cesantías para todos los se rvidores públicos, y por
consiguiente de la prerrogativa de la sanción por mora.
Así, si bien por virtud de las posturas jurispru denciales
desarrolladas en precedencia hay lugar a dar aplicación a los
parámetros de favorabilidad en la reclamación de la penalidad
moratoria por la tardanza en l a consignación de las cesantías
anualizadas, la misma solo es posible por virtud de la multicitada
Ley 344 cuya vigencia inició con la publicación en el diario oficial
el 31 de diciembre de 1996, de manera que es desde esta fecha
18 C o r t e Constitucional, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
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que deben entenderse como extendidos a los servidores públicos,
para el caso concreto, los docentes, los lineamientos contenidos
en la Ley 50 de 1990 frente a la sanción moratoria.
5. Caso concreto
5.1. Hechos demostrados
En el caso del señor Henry Culma Ip uz , se encuentra acreditado lo
siguiente:
a) De acuerdo con la Resolución 965 del 30 de noviembre de
1993, fue nombrado docente y tomó posesión del cargo el 22
de diciembre de la misma anualidad, información que se
corrobora con el certificado de tiempo de servicios del 23 de
febrero de 2018.
b) De acuerdo con la Resolución 3921 del 30 de abril de 2018 19
«Por la cual se reconoce y ordena el pago de una Cesantía
Parcial para Re paraciones Locativas a un docente de
vinculación NACI ONAL al señor HENRY CULMA IP UZ», se
constatan los re portes anuales de cesantías que fueron
realizados a partir del año 1994 hasta el 2017 así:
19 E x p e d i e n t e d i g i t a l a l l e g a d o a S A M A I , v i s i b l e a í n d i c e 2 e n z i p , a r c h i v o
Cuaderno Principal No. 1, folios 48 a 88.
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En la misma , se establece que según certificación expedida por
el FOMAG el 22 de marzo de 2018, se le han cancelado
cesantías parciales así:
Las Resoluciones 184 del 2 de enero de 2009 y 3424 del 21 de
junio de 2014, no fueron aportadas al proceso.
c) El 23 de agosto de 2018 presentó reclamación administrativa
ante la Secretaría de Educación del Departamento del Huila 20 y
ante el FOMAG 21 en la que solicitó e l reconocimiento y pago de
las cesantías anualizadas de 1993 y la sanción moratoria que
surge de la omisión de la consig nación de las cesantías
causadas desde el año 1993 22.
5.2. Análisis sustancial
5.2.1. ¿Se configuró la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda respecto de la pretensión de reconocimiento y pago
de las cesantías anualizadas del año 1993 en la medida que el
accionante no de mandó la Resoluc ión 184 de 2 de enero de
2009 que liquidó unas cesantías anualizadas?
Sea lo primero precisar que las excepciones o medios exceptivos
son herramientas jurídicas que permiten a la parte demandada en
un proceso, materializar su derecho de defensa y contradicción, y
que se encuentran dirigidas bien sea a controvertir lo p retend ido en
el libelo, terminar el trámite judicia l al evidenciar falen cias en las
gestiones formales del proceso, o salvaguardar la probidad del
20Expediente digital allegado a SAMAI, visible a índice 2 en zip, archivo
Cuaderno Principal No. 1, folio s 29 a 33
21 I b i d e m , folios 36 a 41.
22 S e
advierte que, aunque en la petición de sede administrativa se invocó
como fundamento normativo la Ley 244 de 1995, la demanda se refirió a la Ley
344 de 1996.
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mismo al poner de presente de manera oportuna, vicios o nulidades
que lo puedan afectar.
En punto a cuáles son tales medios exceptivos y en qué consiste
su alcance, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado
lo siguiente 23:
«[ …]
20. Ahor a, de conf or m idad con la doct r ina y la j ur ispr udenci a
el dem andado pued e f or m ular t r es t ipos de excepciones, a saber :
i) exc epciones pr evi as, ii) excepciones de m ér it o o de f ondo y iii)
excepciones m ixt as. Concept os que se est udiar an a cont inua ción.
21. Las excepciones pr evias t am bién conocidas com o
dilat or i as deben ser r esuelt as en el t r ám i t e de la aud ienci a in icia l
y son aquella s dest inadas a sanear el proceso, su com et ido no es
el de cuest ionar el fondo del asunt o, sino el de m ej or ar el t rám it e
de la lit is o t er m inar l a cuando ello no es posib le, evit ando po sibles
nuli dades y sent enci as inhib it or ias –num er al 6 del ar t í culo 180 de
la Ley 1437 de 2011 - .
22. Sobr e el par t icular , debe dest acar se que el Códi go de
Pr ocedim ient o Adm i nist r at ivo y de lo Cont encioso Adm in ist r at ivo
no r eguló cuál es excepciones er an pr evias, por lo qu e de
conf or m idad con el ar t í culo 306 de la aludida cod if icac ió n es
necesar io acudir al ar t í culo 100 de la Ley 1564 de 2012 –Código
G ener al del Pr oceso - , en el que se det erm inó de m aner a t axat iva
cuales m edios d e oposici ón que c onst it uí an est e t ipo de
excepción, encont r a ndo, ent r e otr as, la f alt a de j ur isdicción o de
com pet encia, la exist encia de com pr om iso o clausula
com pr om isor ia y la indebida acum u lació n de pr et ensiones.
23. Por su par t e, las excepciones m ixt as son aquellas que
est án encam inadas a at acar la r elació n j ur í dico sust ancial, sin
em bar go, el leg isla d or ha per m it ido que sean r esuelt as de m aner a
ant icipad a en la audienc ia inic ia l, est o en vir t ud del pr incip io de
econom í a pr ocesal. Al r espect o, la Cor te Supr em a de Just icia ha
dicho lo s iguie nt e:
No obst ant e esa n it i dez concept ual que allí qued ó r egist r ada ( ar t .
97) , se int r odujo una excepción a dich a r egla y, en el t ext o or igina l
de la m ent ada n or m a, concr et am ent e, en el incis o 2º del nu m er al
8º , se aut or izó que las cir cunst ancias que dier an or ige n a la ‘cosa
23 C o n s e j o d e
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, C.P: Ramiro Pazos Guerrero. Bogotá, D.C., treinta (30) de
agosto de dos mil diec iocho (2018). Radicación número: 41001 -23-33-000-
2015-00926-01(58225)
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juzgada, t r ansacció n, pr escr ipción o caducidad ’, podí an aducir se
com o excepciones pr evias. Est a disposi ción leg islat iva dio l ugar
a lo que la doct r ina y jur ispr udenci a llam ar on ‘excepc iones
m ixt as’, es decir , def ensas que podí an, indist int am en t e, aducir se
com o excepciones de f ondo at endiendo su nat ur aleza y/ o, com o
pr evias. La Cor t e, en la pr ovidenc ia m em or ada, expuso:
( …) por m andat o del últ im o i nciso d el a r t í culo 97 del Cód ig o de
Pr ocedim ient o Civ il, el dem andado est á habi lit ado par a pr op one r
“ com o” pr evias las excepciones de cos a juzgada, t r ansacción o
caducidad, cuya nat ur aleza sust ancial no niega, ni por ello se
desdibu ja, per o que por diver sas r azon es de polí t ica jud ici al, l a
econom í a del pr oceso ent r e ella s, aut or iza dilige nciar
ant elada m ent e. Es clar o, ent onces, que no asum en, por esa r azón,
el car áct er de pr evias, pues a la vist a est á que no inciden en la
r egular ida d del t r á m it e pr ocesal, sino en la r elac ión sust a ncial,
solo que el legisl ado r , de m aner a fr ancam ent e sui gener is, habil it a
su alegac ión en las m ism as condiciones y bajo el m ism o t r ám it e
que aquel las.
24. Según dist i nt os pr onunciam ient os de est a Cor por ación, las
excepciones m ixt as se encuent r an cont em pladas de m aner a
t axat iva en el num er al 6º del ar t í culo 18 0 de la Ley 143 7 de 20 11
y por expr esa dispo sición lega l deben s er r esuelt as en la et apa
inic ial, dichos m edios except ivos son los siguient es: “cosa
j uzgada, caducida d, t r ansacción, concil iac ión, f alt a de
legit im ación en la ca usa” .
25. Ahor a, debe r esalt ar se que se ha indicado que las
excepciones pr evias y m ixt as deben ser r esuelt as en e l t r ám it e de
la audi encia inic ial, en t ant o el num er al 6º del ar t í culo 180 de la
Ley 1437 de 2011 17 m anif iest a que el j u ez o m agist r ado pon ent e
de of icio o a pet ici ó n de par t e debe decid ir l as en dicha et ap a. Al
r espect o, la Sección Segunda, Subsecci ón A de est a Cor por ación
opina lo s igui ent e:
[ L] a f inalida d pr evist a por el num er al 6º del ar t í culo 180 d e l a Ley
1437 de 2011 es l a de r esolver t odas las sit uacion es que se
const it uyan en def icienc ias f or m ales que puedan i nhib ir un
pr onunciam ie nt o de f ondo sobr e las pr et ensiones de la dem a nda,
debe t ener t ot alm ente clar o el f uncionar io de conocim ient o que en
la audienc ia in icia l t an sólo puede decidir las excepciones que
t engan la c al idad de p r evias, es dec ir , aquel las que s e enca m ine n
a at acar la f or m a del pr oceso, en pr ocur a de evit ar decisi ones
inhi bit or ias; t am bién podr á r esolver , com o lo anuncia la n or m a,
las excepc iones d e cosa juzg ada, caducidad, t r ansac ción,
concil iac ión, f alt a de legit im ació n en la causa y pr escripció n
ext int iva” .
[ …] ». ( Cur siva del t ext o or igina l)
Así, el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, previó las
formalidades que debían observarse al adelantar la etapa de
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audiencia inicial, y, en punto a la resolución de las excepciones
previas, reglamentó lo siguiente:
«[ …] 6. Decisión de excepciones pr evias pendient es de r esolver .
El j uez o m agist r ado ponent e pr act icar á las pr uebas decr et adas
en el aut o de cit ación a audiencia y decid ir á las excepciones
pr evias pendi ent es de r esolver .
Si excepci onalm ent e se r equier e la pr áct ica de pr uebas, se
suspender á la audie ncia, hast a por el t ér m ino de diez ( 10) dí as,
con el f in de r ecaudar las. Al r eanudar la audiencia se decidir á
sobr e t ales excepcio nes.
Si algu na de el las p r osper a, el Juez o M agist r ado Ponent e dar á
por t er m inado el proceso, cuando a ell o haya lugar . I gualm ent e,
lo dar á por t er m inado cuando en la m i sm a audiencia adv i er t a el
incum pl im ient o de r equis it os de pr ocedi bil idad. [ …] ».
Ahora, sobre la fig ura de «ineptitud sustantiva de la demanda» el
Consejo de Estado en providencia del 21 de abril de 2016, planteó
consideraciones puntuales respecto de su aplicación y procedencia,
así 24:
«De t iem po at r ás, en m últ iples pr ovide n cias j udicia les al i gu al que
en la que es obj et o de est udio, se ha hecho alusión a la f igu r a de
la “ inept it ud sust an t iva o sust a ncial d e la dem anda” com o una
excepción pr evi a y/ o causal de r echazo de dem anda, incl uso de
f allos inh ib it or ios, l o cual - a cr it er io de est a Sala - const it uye
act ualm ent e una im pr ecisión que de be ser super ada.
[ …]
De lo ant er ior se advier t e que la denom inac ión “ in ept it ud
sust ancial o sust ant iva” ha t om ado dif er ent es f orm as, sin em bar go,
t écnicam ent e ha de señalar se que en la act ualida d sólo es viabl e
declar ar pr ósper a la que denom ina la le y com o “ inept a demanda
por f alt a de cualquie r a de los r equisit os f or m a les o por la indebida
acum ulació n de pr et ensiones” , en las c uales encu adr an pa r t e de
los supuest os en que se basaba la denom inad a “ in ept it ud
sust ancial o sust ant i va” .
b. - Act ual r egulació n pr ocesal sobr e la m at er ia
Com o se ver á a cont inuació n, en la act u alidad exist en div er sos
m ecanism os pr oces ales a ef ect os de af r ont ar las dif er ent es
f alencias de or den p r ocesal o sust anc ial que puede n pr esen t ar se
en la dem anda, a saber .
24Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Consejero Ponente:
William Hernández Gómez. Radicado interno: 1634 -2013.
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i. Supuest os que conf igur an excepcio ne s pr evias.
En ef ect o, el or denam ient o j ur í dico colom bian o consagr a de
m aner a expr esa la excepción pr evia de nom inada “ I nept it ud de la
dem anda” , encam inada f undam ent alm ent e a que se adecúe la
m ism a a los r equisit os de f or m a que perm it an su análisis en sede
j udicia l, so pena de la t e r m inación ant ici pada del pr oceso. Est a se
conf igur a por dos r azones:
a) Por f alt a de los r equisit os f or m ales. En est e caso pr osper a
la excepció n cuando no se r eúnen los r equisit os r elac iona do s con
el cont en ido y an ex os de la dem anda r egulados en los ar t í culo s
162, 163, 166 y 167 del CPACA. , en cuant o indican qué debe
cont ener el t ext o de la m ism a, cóm o se ind ivid ual izan las
pr et ensiones y los a nexos que se deben alle gar con e lla ( sa l vo los
pr evist os en los or dinales 3. º y 4.º del ar t í culo 166 ib. que t ienen
una excepc ión pr op i a pr evist a en e l or di nal 6. º del ar t í culo 1 00 del
CG P) .
Pese a ello, hay que adver t ir que estos r equisit os pueden ser
subsanados al m om ent o de la r ef or m a de la dem anda ( Ar t. 173 del
CPAC A en concor d ancia con e l or din a l 3. º del ar t í culo 10 1 del
CG P) , o dent r o del tér m ino de t r aslado d e la excepci ón r espe ct iva,
al t enor de lo pr ev ist o en el par ágr af o se gundo del ar t í culo 175 del
CPAC A y 101 or dina l 1. º del CG P.
b) Por indebida acum ul ación de pr et ension es. Est a m odalidad
sur ge por la in ob ser vancia de los pr esupuest os nor m at ivos
cont enidos en los ar t í culos 138 y 165 del Código de Pr oced im ient o
Adm inist r at ivo y de l o Cont encioso Adm i nist r at ivo. »
En ese sentido, la excepción de ineptitud sustancial de la
demanda, solo se entiende config urada cuando falta alguno de los
requisitos formales de la demanda o cuando existe una indebida
acumulación de pretensiones.
En el presente caso, en la sentencia apelada se declaró de oficio
el medio exceptivo de ineptitud sustancial de la demanda respecto
de la pretensión de reconocimiento y pago del auxilio de cesantías
del año 1993, en la medida que se consideró que el señor Henry
Culma Ipuz ha debido demandar la nulidad del acto administrativo
que definió su derecho, es decir, la Resolución 184 de 2009 25, y
no los actos fictos negativos surgidos con ocasión del silencio
frente a la petición d el 23 de agosto de 2018.
25 A d v i e r t e
la Sala que dicho acto no fue allegado al proceso, sin embargo, fue
relacionado en la Resolución 3921 de 30 de abril de 2018, como uno de los
actos que ordenó el pago de cesantías parciales al accionante.
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Al respecto, en criterio de la Sala no resulta procedente la
decisión de primera instancia, toda vez que la mentada resolución
tuvo su origen en la solicitud de reconocimiento y pago de una
cesantía parcial y, si bien el mencionado acto, relacionó el auxilio
de cesantías presuntamente reportado desde 1994 para efectos
de la liquidación parcial solicitada, ello evidenciaría la no
consignación del auxilio correspondiente al año 1993.
Se muestra evidente que el objeto de las peticiones contiene una
connotación diferente a la que ahora se persigue, como lo fue, el
pago de las cesantías de 1993, por tanto, la existenc ia de dicha
decisión administrativa en la vida jurídica deriva de una
intencionalidad distinta, cual fue la d e obtener un monto parcial
del ahorro re alizad o por el accionante.
Por lo anterior, la actuación que resolvió de manera definitiva el
derecho que podría tener el interesad o al reconocimiento y pago
de las cesantías anualizadas de 1993 y de la sanción por mora
por el pago tardío de las mismas, la constituye el silencio
configurado ante la petición del 23 de agosto de 2018, y en ese
sentido, al haber se identificado el acto que consolidó la decis ión
administrativa frente al derecho reclamado de manera específica
por el demandante , esta Sala concluye que no hay lugar a declarar
la excepción de inepta demanda pues no se presentó ninguno de
los supuestos normativos para su configuración, toda vez que la
demanda reúne los requisitos formales y no se presentó una
indebida acumulación de pretensiones.
Ahora bien, en el escrito de apelación , el demandante solicitó
revocar la sentencia que declaró probada la excepción de inepta
demandada y, en consecuenci a, solicitó e fectuar el estudio de
fondo respecto de la misma.
En efecto, de acuerdo con la valoración normativa y
jurisprudencial efectuada , se tiene que el a quo, incurrió en error
al determinar la procedencia de la excepción, pues como quedó
visto, el acto administrativo que definió el derecho pretendido por
el demandante estuvo adecuadamente identificado.
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Con base en lo anteriormente expuesto , la Sala abordará el
estudio de fondo de los planteamientos esgrimidos en la apelación
que se concret an en la procedencia del reconocimiento y pago de
las cesantías anualizadas del año 1993.
De acuerdo con el material probatorio obrante en el proceso, se
colige que el FOMAG, entidad responsable del reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales de lo s docentes afiliados al
magisterio de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes 91 de 1989 y
60 de 1993 , no consignó el auxilio d e cesantías del demandante
correspondiente al tiempo laborado en el año 1993 comprendido
entre el 22 y el 31 de diciembre de dicho año, toda vez que no obra
prueba en el proceso que permita evidenciar que la entidad
demandada efectuó dicha transferencia o consignación del auxilio
de cesantías a favor del señor Henry Culma Ipuz .
Lo anterior, pues de acuerdo con la Resolución 3921 del 30 de
abril de 2018 26, por la cual se reconoce y ordena el pago de una
Cesantía Parcial para Reparaciones Locativas al docente HENRY
CULMA IPUZ, se constatan los reportes anuales de cesantías que
fueron realizados a partir del año 1994 hasta el 2017, lo que denota
que no fue reconocido el periodo del año 1993, como se ilustra a
continuación:
26Expediente digital allegado a SAMAI, visible a índice 2 en zip, archivo
Cuaderno Principal No. 1, folios 48 a 88.
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En ese entendido , resulta procedente en esta instancia revocar el
ordinal tercero de la sentencia apelada que declaró el aludido
medio exceptivo, para en su lugar: (i) declarar la nulidad parcial
del acto administrativo ficto configura do por el silencio de la Nación
– Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio frente a la petición radicada
por el señor Henry Culma Ipuz el 23 de agosto de 2018 , en cuanto
resolvió de manera negativa la solicit ud de reconocimiento y pago
de las cesantías anualizadas, correspondientes al año 1993, y (ii)
ordenar el recono cimiento y pago de las cesantías anualizadas
causadas en el año 1993 por los servicios prestad os co mo docente
nacional, pues del reporte de cesantías reconocidas y p agadas, es
claro que la entidad omitió el reconocimiento de los días que laboró
en dicha vigencia fiscal.
5.2.2. ¿Procede el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria prevista en l as Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y el
Decreto 1582 de 1998?
De manera previa es del caso aclarar que, de acuerdo con la
reclamación administrativa radicada el 23 de agosto de 2018, la
petición relacionada con la sanción moratoria fue sustentada con
base en la Ley 244 de 1995, por medio de la cual se fijaron los
términos para el pago oportuno de cesantías parciales o
definitivas de los servidores público s y se reguló la penalidad
correspondiente. Sin embargo, no cabe duda de que los aspectos
que enmarcan el petitum que dio inicio al presente trámite judicial,
no permiten interpretación distinta a que la sanción que realmente
se persigue es la regulada por la Ley 344 de 1996.
Lo anterior, por cuanto los planteamientos expuestos en la
demanda refieren de manera clara que la solicitud de
reconocimiento y pago de la sanción, derivan de la no cancelación
o consignación oportuna de las cesantías anualizadas
correspondientes al año 1 993 con fundamento en la Ley 344 de
1996.
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Demandante: Henry Culma Ipuz
Tal ha sido el entendimiento, que, en el auto de 2 de junio de 2021 ,
se delimitó el litigio en los siguientes términos:
«De acuer do con la dem anda y sus cont est aciones, le cor r e sponde
al Tr ibuna l det er m in ar : i) ¿E l act o dem andado f ue el que de negó a
la act or a el r econocim ient o y pago de las cesant í as anualizad as
causadas en el año de 1993? o, ¿Debi ó at acar la Resoluc i ón No.
184 del 2 de ener o de 2009, m ediant e la cual se r econocier on y
liqu idar on unas ces ant í as anu alizadas ? y, iii) ¿Hay lugar a anular
el act o at acado, po r est ar incur so en l a viol ación d e las n or m as
super ior es en que d ebió f undar se, al de j ar de r econocer y pagar le
las cesant í as anual i zadas causadas en el año de 1993 j unt o con la
sanción m or at or ia p or pago t ar dí o de a quel las, en lo que n o haya
pr escr it o?»
Por lo anterio r , est a Sala considera q ue el estudio que habrá de
adelantarse en lo que atañe a la sanción moratoria, corresponde
a la base normativa establecida en la Ley 344 de 1996,
reglamentada po r el Decreto1582 de 1998.
Efectuada dicha precisión, en lo que respecta a la sanción
moratoria, con la expedición de la Ley 344 de 1996 se estableció
el régimen anual de cesantías para todos los servidore s públicos
(art. 13°), y por co nsiguiente de la sanción por mora.
A su vez, el Decreto 1582 de 1998 en su artículo 1°, dispuso que
el Régimen de liqu idación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial y vinculad os a partir del 31 de diciembre
de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el
previsto en los artí culos 99, 102, 104 y demás normas concordantes
de la Ley 50 de 1990.
Si bien, por virtud de las posturas jurisprudenciales desarrolladas
en el marco normativo hay lugar a dar aplicación a los parámetros
de favorabilidad en la reclamación de la penalidad moratoria por
la tardanza en la consignación de las cesantías anualizadas, ello
solo es posible po r virtud de la Ley 344 de 1996, cuya vigencia
inició con la publicación en el Diario Oficial el 31 de diciembre de
ese año y es a partir de esa fecha que se entiende, se extendió la
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Demandante: Henry Culma Ipuz
aplicación de los lineamientos contenidos en la Ley 50 de 1990
referido a la sanción moratoria, respecto de los servidores
públicos, incluidos los docentes.
En ese orden, es posible concluir que al no existir para los
empleados del sector oficial la sanció n moratoria con anterioridad
al año 1996, mal podría considerarse que al demandante le
surgiría el derecho a su reconocimiento, por el no pago oportuno
del auxilio de cesantías del año 1993 , fecha en la que se verificó
la tardanza en el reporte del auxilio de cesantías.
Por lo expuesto, se confirmará el ordinal cuarto de la providencia
recurrida que negó la pretensión de reconocimiento y pago de la
sanción moratoria, pero por las razones expuestas en la presente
sentencia.
6. Conclusión
Por las consideraciones expuestas, la Sala revocará el ordinal
tercero de la sentencia del 29 de junio de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila que declaró la ineptitud sustantiva
de la demanda respecto de la pretensión de reconocimiento y pago
de las cesantías anualizadas que se causaron en el año 1993 a
favor del señor Henry Culma Ipuz, y en su lugar, accederá al
reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas causadas en
el año 1993, para lo cual deberá efectuar la consignació n al fondo
al cual se encuentra afiliado el demandante.
Las sumas que resulten a favor de la demandante deberán
actualizarse y se aplicará para ello la siguiente fórmula:
Índice final
R= Rh x ------------------------
Índice inicial
En la que el valor presente se determina multiplicando el valor
histórico (Rh), que es el que corresponde a la prestación social, por
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Demandante: Henry Culma Ipuz
el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria
esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en que
debería efectuarse el pago).
Se confirmará en lo demás la sentencia de primera instancia.
7. Condena en costas
Esta Subsección en providencias del 7 de abril de 2016 27 sentó
posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en
aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo -valorativo
para la imposición de condena en costas por lo siguiente:
a) El legislador intro dujo un cambio sustancial respecto de la
condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA-
a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se
«dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para
condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según
las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valora tivo» porque se re quiere
que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron
y en la medida de su comprobac ión. Tal y como lo ordena el
CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y
con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro
del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la
mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia
laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos
27 A l
respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492 -2013,
Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291 -2014, Actor: José Francisco
Guerrero Bardi
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Demandante: Henry Culma Ipuz
procesales, pues varía según sea la parte vencida el
empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo
núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo S uperior
de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se
tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no
estará atado a lo así pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en
derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal
y como lo indica el CGP 28, previa elaboración del secret ario y
aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda
instancia.
De conformidad con lo previsto, en el presente caso no habrá lugar
a condenar en costas a la parte demandante por cuanto su recurso
de apelación prosperó de manera parcial.
8. Otras órdenes
Según consta a índice 9 del aplicativo SAMAI, fue allegado al correo
electrónico de la Sección Segunda de esta Corporación, poder de
sustitución otorgado a la abogada JOHANNA MARCELA
ARISTIZABAL URREA, identificada con la cédula de ciudadanía
11.075.262.068 de Neiva y portadora de la tarjeta profesional
299.261 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como
apoderada de la entidad demanda da, razón por la cual la Sala le
reconocerá personería para actuar en los términos del poder
conferido.
28 «Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán
liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del
proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento
a lo dispuesto por el superior, c on sujeción a las siguientes reglas: […]»
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Demandante: Henry Culma Ipuz
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo Secció n Segunda, Subsección A
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR el numeral tercero de la sentencia del 29 de
junio de 2021 proferida por el Tribu nal Administrativo del Huila ,
que declaró la ineptitud sus tantiva de la demanda en relación con
la pretensión de reconocimiento y pago de las cesantías
anualizadas causadas en el año 1993.
En su lugar:
Declarar la nuli dad parcial del acto administra tivo ficto
configurado por el silencio de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Presta ciones Sociales del Magisterio
frente a la petición radicada por el señor Henry Culma Ipuz el 23
de agosto de 2018 , en cuanto resolvió de manera negativa la
solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas,
correspondientes al año 1993.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, reconocer y pagar a favor de l
señor Henry Culma Ipuz, las cesantías causadas en el año 1993 por
los servicios prest ados como docente en dicha anualidad, para lo
cual deberá efectuar la consignación al fondo al cual se encuentra
afiliado.
TERCERO: Las sumas reconocidas deberán ser reajustadas
conforme con la fórmula expuesta en la parte considerativa de esta
providencia. De igual forma, la entidad demandada dará
cumplimiento al presente fallo, de acuerdo con los artículos 192 y
195 del CPACA.
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Demandante: Henry Culma Ipuz
CUARTO: Confirmar el ordinal cuart o de la providencia recurri da,
pero por las razones expuestas en la presente providencia.
QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia de conformidad
con las consideraciones expresadas en esta sentencia.
SEXTO: RECONOCER PERSONERÍ A a la abogada JOHANNA
MARCELA ARISTIZABAL URREA, portadora de la tarjeta
profesional 299.261 del Consejo Superior de la Judicatura, de
acuerdo con el poder de sustitución allegado al correo electrónico
de la secretaria de esta sección, visible en la plataforma SAMAI en
el índice 9.
SÉPTIMO: En firme esta decisión devuélvase el e xpediente al
Tribunal de orige n previas las anotaciones pertinentes en el
programa “SAMAI”
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de
la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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