Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06450-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06450-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-06450-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
3 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., tres (3) de febrero dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06450-00
Accionante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG
Accionados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN
A Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se
declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con
el requisito general de procecibilidad de la relevancia constitucional
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada, por conducto de apoderada judicial,
por el Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag) en contra de las sentencias de 29 de junio de
2021 y de 11 de agosto de 2022, dictadas, respectivamente, por el Tribunal
Administrativo del Huila y por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El Ministerio de Educación Nacional – Fomag, a través de apoderada judicial,
presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de su derecho
fundamental al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó a las sentencias de 29
de junio de 2021 y de 11 de agosto de 2022, dictadas, respectivamente, por el
Tribunal Administrativo del Huila y por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado número 41001-23-33-000-2019-00406-01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relatóque el señor Henry Culma Ipuz presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en su contra, con el propósito de que le fuera
reconocida las cesantías anualizadas causadas desde 1993 y la sanción moratoria
por el pago tardío de estas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06450-00
Accionante: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
2.2. Señaló que el conocimiento del referido proceso le correspondió al Tribunal
Administrativo del Huila, autoridad judicial que, mediante sentencia de 29 de junio
de 2021, negó las pretensiones de la demanda.
2.3. Indicó que la anterior decisión fue revocada por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de 11 de agosto de 2022, en
el sentido de condenar «[…] al pago parcial de cesantías anualizadas y su
correspondiente sanción moratoria generada a cargo del MEN – FOMAG […]».
2.4. Refirió que el 25 de mayo de 2019 entró en vigor la Ley 1955 de 2019, en la
que se «[…] se contempló de forma expresa la prohibición de destinarse los
recursos del FOMAG [para el pago de prestaciones sociales] […]»; sin embargo, la
Subsección accionada «[…] en ningún momento alude o menciona la Ley 1955 de
2019, la cual es fundamental en el presente asunto atendiendo a los fundamentos
facticos que son objeto del debate. De allí que no se realizó una interpretación
completa y sistemática del ordenamiento jurídico para resolver el caso concreto
[…]».
2.5. Manifestó que en las decisiones judiciales se incurrió en defecto sustantivo por
falta de aplicación de la Ley 1955 de 2019.
2.6. Afirmó que también se incurrió en defecto fáctico, por cuanto, «[…] dentro del
acervo probatorio, se encuentra la Resolución que reconoce la cesantía y los
correspondientes soportes de pago de la misma, documentales que permiten al
juez no solo determinar el cálculo de la sanción moratoria, sino también inferir en
cabeza de que entidad se encuentra la responsabilidad del pago de la misma
[…]».
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
«[…] Primera: Tutelar a favor del MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL – FOMAG, el derecho constitucional fundamental al debido
proceso, vulnerado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA, con la expedición de la sentencia de fecha
29 junio de 2021, providencia a través de la cual se resolvió […]
Segunda: Tutelar a favor del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –
FOMAG, el derecho constitucional fundamental al debido proceso, vulnerado
por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, con la expedición de la sentencia
de fecha 11 agosto de 2022, providencia a través de la cual se resolvió: […]
Tercera: Como consecuencia de las anteriores declaraciones se dejen sin
efectos jurídicos las decisiones judiciales de TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA con sentencia fecha
29 junio de 2021 y CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, con la expedición de la sentencia
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06450-00
Accionante: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
de fecha 11 agosto de 2022, al interior del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho No. 410012333000201900406, y en su lugar
se elabore sentencia de remplazo donde se niegue la responsabilidad
atribuida de forma arbitraria y contraria a la Ley al MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO, por reconocimiento de cesantías
anualizadas […]».
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 5 de diciembre de 2022, el consejero sustanciador del
presente proceso admitió la acción de tutela de la referencia, y vinculó como
terceros con interés directo en los resultados del proceso al departamento del
Huila y al señor Henry Culma Ipuz.
V. INTERVENCIONES
5. Realizadas las comunicaciones a las autoridades judiciales accionadas y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:
5.1. LaSubsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
conducto del consejero ponente de la providencia que motivó la interposición de la
presente acción de tutela, rindió informe en el que señaló que no se vulneró
ningún derecho fundamental, dado que para «[…] la resolución de la controversia
la subsección aplicó las disposiciones vigentes sobre la competencia de la entidad
demandada para el reconocimiento de la prestación social deprecada […]».
5.2. Explicó que para la resolución del caso se tuvo en cuenta «[…] las pruebas
útiles, pertinentes y conducentes, oportunamente allegadas al proceso,
analizadas de cara a las competencias fijadas en las Leyes 91 de 1989 y 60 de
1993 , y las sentencias de unificación proferidas por la Corte Constitucional SU -
098 de 2018 y SU -332 de 2019 sobre las cesantías de los docentes oficiales, lo
cual llevó a concluir que la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG
es responsable del reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas causadas
en período comprendido entre el 22 y el 31 de diciembre de 1993, pues resultó
evidente que la entidad omitió el reconocimiento y pago de los días que el
demandante laboró en dicha vigencia fisca […]».
Tribunal Administrativo del Huila – Sala de Decisión No. 5, por
5.3. El
intermedio del magistrado ponente de la providencia aquí cuestionada, rindió
informe en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones de amparo,
habida cuenta que la acción de tutela carece de relevancia constitucional.
5.4. Enfatizó que «[…] el Tribunal no desconoció el contenido del artículo 57 de la
Ley 1955 de 2019, pues en la sentencia de primera instancia de junio 29 de 2021
se encontró que el derecho a las cesantías pretendido y la correspondiente
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06450-00
Accionante: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
sanción moratoria por su consignación tardía se encontraba prescrito, en tal virtud
no fue necesario analizar la entidad encargada de asumir el pago de la aludida
sanción […]».
5.5. Igualmente, indicó que no se incurrió en defecto fáctico, por cuanto «[…] en la
sentencia acusada se confirió el valor probatorio que correspondía a las pruebas
arrimadas, atendiendo lo dispuesto por el precedente y normativa aplicables,
estableciéndose que el derecho a las cesantías y sanción moratoria pretendida se
encontraba prescrito, sin que esta Corporación hubiera impuesto a la Nación –
MEN – FONPREMA sanción moratoria alguna generada en el año 2020 como
atrás se estableciera […]».
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591
del 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto
333 de 6 de abril de 20213.
VI.2. Problemas jurídicos
7. Previamente a la definición de los problemas jurídicos que deberá resolver la
Sala de Decisión, se debe precisar que, aunque el extremo accionante le atribuyó
la vulneración de su derecho fundamental tanto a la sentencia proferida en primera
instancia como a aquella dictada en segunda instancia dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 41001-23-33-000-
2019-00406-01, se advierte que el presente análisis se centrará en determinar si
en esta última providencia se incurrió en los defectos invocados, dado que es la
decisión que tiene los efectos de cosa juzgada y finiquitó la litis4.
8. Apartir de lo anterior y teniendo la situación fáctica planteada la Sala debe
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá determinar:
b) Si la sentencia de 11 de agosto de 2022, dictada por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de
1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Al respecto ver la sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, sentencia
de 3 de junio de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01119-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06450-00
Accionante: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 41001-23-33-
000-2019-00406-01, vulneró el derecho fundamental invocado por la entidad
accionante, al haber incurrido en supuesto defecto sustantivo y fáctico.
9. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
10. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20125, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
11. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
12. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación
clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi)
que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas
en la sentencia SU-627 de 2015.
13. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al
juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590
de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución7.
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
6
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
7
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación
fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06450-00
Accionante: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
14. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»8 que se encaje en
dichos parámetros.
15. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
16. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
17. El Ministerio de Educación Nacional – Fomag, a través de apoderada judicial,
presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de su derecho
fundamental al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó a las sentencias de 29
de junio de 2021 y de 11 de agosto de 2022, dictadas, respectivamente, por el
Tribunal Administrativo del Huila y por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado número 41001-23-33-000-2019-00406-01.
VI.4.1. Del requisito general de procedibilidad atinente a la relevancia
constitucional
18. En cuanto atañe al requisito de procedencia adjetiva concerniente a la relevancia
constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita
que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
8
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
7
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Accionante: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
fundamental9 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente
legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones10.
19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales11, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces12.
20. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de
los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala
Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación13, que:
«[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se
cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional […]». (destaca la Sala de Decisión)
21. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202214
precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:
«[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite
a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
9 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
10 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
11 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
12 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
13
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Accionante: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la
resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso
y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la
solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante
considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal
y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con
respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto
Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la
controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el
interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no
significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un
asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos
se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo
en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se
discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales. […]». [negrillas de la Sala]
22. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii)
que la discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad
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Accionante: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
respecto de la mera legalidad de la decisión atacada o sobre cuestiones de
apreciación judicial que no involucre derechos fundamentales15.
23. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte actora invoque el texto
constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; dicho atentado debe
ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
24. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que, en el caso de la
referencia, la parte actora alega que la autoridad accionada vulneró su derecho
fundamental al debido proceso, al haber incurrido presuntamente en defecto
fáctico y sustantivo.
25. Respecto del defecto fáctico, en el escrito de tutela se indicó lo siguiente:
«[…] dentro del acervo probatorio, se encuentra la Resolución que reconoce la
cesantía y los correspondientes soportes de pago de la misma, documentales
que permiten al juez no solo determinar el cálculo de la sanción moratoria,
sino también inferir en cabeza de que entidad se encuentra la responsabilidad
del pago de la misma. No obstante, el Despacho omitió la valoración
adecuada de dichas pruebas en cuanto a la legitimación por pasiva,
profiriendo una sentencia condenatoria total frente al FOMAG, cuando en el
presente caso, a dicha entidad, solo le corresponde el reconocimiento y pago
de los días de mora generados hasta 31 de diciembre de 2019 […]».
26. En cuanto al defecto sustantivo, se señaló que se «[…] omitió de forma directa,
el estudio y la aplicación de una norma [Ley 1955 de 2020] que regula la materia y
que sumado a ello contempla expresas prohibiciones que no fueron tenidas en
cuenta, máxime cuando la lectura de la norma en cotejo con la sentencia dentro
del proceso objeto de la presente acción, resultan contrarias […]».
27. Precisado lo anterior, la Sala debe advertir que, en cumplimiento del precedente
contenido en la citada sentencia de unificación SU – 215 de 2022, la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de
dicha afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para
tener por acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia
constitucional.
28. Alrespecto, el máximo Tribunal Constitucional señaló que además de la
obligación de identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 8 de octubre de 2015 (C.P.
Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2015-00283-01); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
primera, Sentencia del 3 de noviembre de 2016, (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-002244-00); Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo
Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-01063-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera,
Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-02862-00); Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 9 de febrero de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés. Rad. núm.: 2016-03249-00).
10
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qué se configuró el defecto denunciado, el extremo accionante debe hacer una
exposición a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la «[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
«[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas […]», y
(iii) que se «[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales […]».
29. En ese orden de ideas, y siguiendo el precedente precisado por la Corte en la
citada sentencia, esta Sección considera que la controversia planteada en esta
ocasión carece de relevancia constitucional porque la discusión expuesta por la
entidad accionante no gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un
derecho fundamental, sino frente a la mera inconformidad con la decisión
adoptada por el juez natural del asunto.
30. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte actora aduce que
fue desconocido su derecho fundamental al debido proceso, lo cierto es que no
existe un desarrollo argumentativo en el que se expliquen las razones por las que
considera que se afectó en forma desproporcionada el núcleo esencial de
ese derecho, con ocasión de la expedición de la providencia aquí enjuiciada.
31. De allí que esta Sala considera que la parte accionante no está poniendo de
relieve que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad
judicial, sino que los motivos que fundamentan su inconformidad se sustentan,
básicamente, en que no se le puede atribuir responsabilidad por la mora en el
pago de las cesantías, en virtud de lo previsto en la Ley 1955 de 2019.
32. Así las cosas, se estima que la discusión que se expone a través del escrito de
tutela, según lo dicho por la Corte, no tiene trascendencia constitucional porque el
núcleo de la controversia se encuentra limitado a asuntos de mera legalidad cuya
competencia se encuentra en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
33. En este contexto, es importante señalar que exigir el cumplimiento del requisito
de relevancia constitucional no implica desconocer los derechos sustanciales por
la formalidad, sino que es un presupuesto indispensable para que el juez de tutela
pueda ahondar en el fondo del asunto, ya que el mecanismo de amparo contra
providencias judiciales no busca proporcionar a los sujetos procesales de un
juicio ordinario una tercera instancia, sino un mecanismo de protección y
garantía de sus derechos fundamentales, eventualmente lesionados por un
pronunciamiento judicial. De aquí que su procedencia sea excepcional16, toda
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre de 2016,
radicación No. 11001-03-15-000-2016-02862-00. Actor: Rosa Gómez Effer (C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala).
11
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06450-00
Accionante: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
vez que lo contrario atentaría contra la autonomía de los funcionarios judiciales, la
seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada17.
34. Porlos anteriores razonamientos, la presente acción de tutela carece de
relevancia constitucional, motivo por el cual se declarará su improcedencia,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este fallo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del
Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
P:(18) CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre de 2016,
radicación: 11001-03-15-000-2016-02244-00. Actor: Claudia Consuelo Mc’Lauchlin Cobaleda (C.P. Dr. Guillermo Vargas
Ayala).
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