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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00407-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2019-00407-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2019-00407-01 (2195-2022)
Demandante: Leida Mary Medina Trujillo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio1 y departamento del
Huila2

Tema: cesantías anualizadas. Subtema 1: sanción moratoria Ley 344 de 1996,
Decreto 1582 de 1998. Subtema 2: ineptitud sustantiva de la demanda.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 21 de julio de 2021, por el Tribunal Administrativo del Huila, que declaró
la configuración del silencio administrativo con ocasión de la falta de respuesta a la
petición presentada el 9 de mayo de 2018 ante el Fomag, relacionada con el
reconocimiento y pago de auxilio de cesantías anualizadas por los años 1994 a
1996, declaró la ineptitud sustantiva de la demanda frente a la pretensión de
reconocimiento y pago del auxilio de cesantías y declaró la prescripción respecto a
la solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria derivada del pago tardío de
las referidas.

1 En adelante Fomag.
2 El departamento del Huila fue desvinculado de este proceso mediante auto del 18 de diciembre de 2020.

Radicación: 41001-23-33-000-2019-00407-01 (2195-2022)
Demandante: Leida Mary Medina Trujillo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y departamento del Huila

1. Síntesis del caso

La señora Leida Mary Medina Trujillo solicitó que se declare la nulidad de los actos
fictos derivados de las peticiones presentadas el 9 de mayo, ante el Fomag, y el 5
de junio de 2018, ante el departamento del Huila frente a la solicitud de
reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas causadas en los años 1994 a
1996. Asimismo, en los que se le negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria derivada del incumplimiento frente a la consignación anualizada en el
respectivo fondo. En este orden, reclamó el pago de las cesantías anualizadas
correspondientes a los años de 1994 a 1996, así como la sanción moratoria prevista
en la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998 por la omisión
en la consignación de las citadas.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Huila desvinculó de este trámite
al departamento del Huila. Declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva de
la demanda al considerar que el acto que se debió demandar fue la Resolución núm.
284 del 19 de abril de 2007, primer acto de reconocimiento del auxilio desde la fecha
de la vinculación de la demandante, el 10 de agosto de 1994, y en el que se ordenó
el pago de las cesantías parciales. No obstante, inconforme con esta decisión la
señora Leida Mary Medina Trujillo radicó recurso de apelación en el que reparó en
que los actos que debieron demandarse eran los fictos que le negaron el
reconocimiento y pago de las cesantías de los años 1994 a 1996, lo cual
corresponde con la «pretensión principal de la demanda».

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La señora Leida Mary Medina Trujillo, mediante apoderada judicial, formuló
demanda, el 6 de agosto de 20193, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Fomag y el departamento del Huila,
de conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a
continuación se sintetizan4.

2.1.1. Pretensiones

i. Declarar la nulidad del acto ficto configurado por el silencio administrativo
frente a la petición presentada el 9 de mayo de 2018 ante el Fomag, en la
que pidió el reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas causadas
de 1994 a 1996, así como la sanción moratoria derivada del incumplimiento
en la consignación anualizada de las referidas en el fondo correspondiente.

3 C. Principal, folios 22 y 57.
4 C. Principal, folios 1 a 22.

2

Radicación: 41001-23-33-000-2019-00407-01 (2195-2022)
Demandante: Leida Mary Medina Trujillo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y departamento del Huila

ii. Declarar la nulidad del acto ficto configurado por el silencio administrativo
frente a la petición presentada el 5 de junio de 2018 ante el departamento del
Huila, en la que pidió el reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas
causadas de 1994 a 1996, así como la sanción moratoria derivada del
incumplimiento en la consignación anualizada de las referidas en el fondo
correspondiente.

iii. Declarar que le asiste el derecho a que el departamento del Huila y el Fomag
le reconozcan y paguen las cesantías anualizadas que se le adeudan por las
anualidades de 1994 a 1996.

iv. Declarar que le asiste el derecho a que el departamento del Huila y el Fomag
le reconozcan y paguen la sanción moratoria derivada del incumplimiento de
la consignación de sus cesantías anualizadas en el fondo correspondiente.

v. A título de restablecimiento del derecho, pidió condenar al departamento del
Huila y al Fomag a que reconozcan y paguen las cesantías anualizadas de
los años 1994 a 1996, así como la sanción moratoria prevista en la Ley 344
de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, por la omisión en la
consignación de las referidas hasta cuando se efectúe el pago
correspondiente y la cual debía correr de forma separada para cada
anualidad con la actualización de los valores conforme al índice de precios al
consumidor.

vi. Igualmente, solicitó que se le ordene al departamento del Huila y al Fomag
el reconocimiento y pago de los intereses moratorios desde el día siguiente
al de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo que transcurra hasta que
se realice el pago de la sanción moratoria. Asimismo, que se cumpla el fallo
en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y que se condene en costas a
la entidad demandada.

2.1.2. Hechos

2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

i. La señora Leida Mary Medina Trujillo labora en el departamento del Huila
desde el 10 de agosto de 1994 y a la fecha de presentación de la demanda
presta sus servicios en la entidad territorial.

ii. El ente territorial no consignó las cesantías correspondientes a las vigencias
1994,1995 y 1996 en el plazo fijado, esto es, a más tardar el 14 de febrero
del año siguiente a su causación.

iii. Refirió que el departamento del Huila está llamado a reconocer y pagar la
sanción moratoria correspondiente a un día de salario por cada día de mora.

3

Radicación: 41001-23-33-000-2019-00407-01 (2195-2022)
Demandante: Leida Mary Medina Trujillo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y departamento del Huila

iv. Sostuvo que el 9 de mayo de 2018 radicó reclamación administrativa ante el
Fomag en la que solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías causadas
en los años 1994, 1995 y 1996, por la no consignación de estas en el
respectivo fondo. Posteriormente, el 5 de junio de ese año interpuso solicitud
ante el departamento del Huila con el mismo objeto.

v. Sin embargo, las entidades no dieron respuesta lo que dio lugar a que se
configurara el silencio administrativo negativo el 11 de agosto y el 7 de
septiembre de 2018 respectivamente. De ahí que estas decisiones están
viciadas de ilegalidad porque desconocen el régimen de regula las cesantías
de los servidores públicos.

vi. En el último reporte del Fomag no aparecen reconocidas las cesantías
solicitadas.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. La demandante citó como vulneradas: la Constitución Política, artículos 13,
25, 83 y 58; Ley 344 de 1946, artículos 13 y 15; Ley 91 de 1989; Decreto 1582 de
1998, artículos 1 y 2; Decreto 1252 de 2000, artículos 1 y 2; y Decreto 3118 de 1968.

4. En el concepto de violación, sostuvo que los servidores públicos que
ingresaron a la administración con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 344
de 1996 se encuentran sujetos al sistema anualizado de cesantías. Agregó que este
mismo sistema es aplicable a quienes, pese a haber ingresado con anterioridad,
optaron por acogerse al régimen anualizado, cuya liquidación y pago se regiría por
lo establecido en la Ley 50 de 1990 y demás normas concordantes en los términos
del artículo 1 del Decreto 1582 de 1998.

5. Indicó que el régimen jurídico aplicable para los docentes, incluido el personal
nacional, nacionalizado y territorial, corresponde al previsto en la Ley 91 de 1989.
Dicha normativa prevé que el personal vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989
está regido por el sistema prestacional que regía en cada entidad territorial conforme
a las disposiciones vigentes para su fecha, mientras que el personal que ingresó a
partir del 1 de enero de 1990 está sujeto al régimen aplicable a los empleados
públicos del orden nacional, contenido en los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969
y 1045 de 1978, de acuerdo con la Ley 60 de 1993. Por tanto, es claro que los
primeros conservan el régimen de liquidación retroactivo, mientras que los
segundos se rigen por las disposiciones del orden nacional, que prevén un sistema
de liquidación anualizado.

6. En este contexto, precisó que los docentes gozan de un régimen especial en
materia prestacional gestionado por el Fomag, aunado a que existía una obligación
de efectuar la afiliación ante este último, cuyo incumplimiento implicaba la
responsabilidad del ente territorial frente a la totalidad de las prestaciones sociales.

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Demandante: Leida Mary Medina Trujillo
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de Prestaciones Sociales del Magisterio y departamento del Huila

7. Relató que la sanción moratoria derivada del pago inoportuno de las
cesantías se regía por las disposiciones contenidas en la Ley 244 de 1995,
modificada por la Ley 1071 de 2006 y que a los docentes se les debían aplicar las
disposiciones del régimen general ante la ausencia de previsión en el régimen
general. Lo anterior, al ser la condición más beneficiosa y que se ajustaba a los
principios, derechos y mandatos constitucionales.

8. Finalmente, resaltó que existió una violación de los derechos laborales y
fundamentales porque era una exigencia que la cesantía se pagara oportunamente.

2.2. Contestación de la demanda

9. El departamento del Huila, por intermedio de apoderada, contestó la
demanda. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que operó
la prescripción, dado que fue mediante las resoluciones núms. 284 del 19 de abril
de 2007 y 2712 del 5 de junio de 2014 que se reconocieron las cesantías parciales
reclamadas por la actora.

10. A partir de las citadas fechas se enteró de la omisión en la consignación de
las cesantías reclamadas, correspondientes a las anualidades de 1994 a 1996, de
suerte que la condena en costas y agencias en derecho se debía imponer en contra
de la demandante, toda vez que la entidad actuó amparada en el principio de
legalidad, en garantía del derecho de audiencia y contradicción, en defensa del
sistema pensional y sin desconocer los derechos fundamentales.

11. Sostuvo que tal y como se advertía del contenido del Decreto 727 de 1994 el
departamento del Huila nombró a la señora Leida Mary Medina Trujillo en calidad
de docente cofinanciada en coordinación con el alcalde del municipio de la Plata.
Por tanto, era esta última entidad la encargada de realizar el reporte y consignación
de las cesantías de la docente.

12. En igual sentido, destacó que los docentes vinculados a partir del 1 de enero
de 1990 se regirían por las disposiciones vigentes aplicables en materia prestacional
para los empleados públicos del orden nacional, a partir de un sistema anualizado
y sin retroactividad. Del mismo modo precisó que la sanción moratoria tenía origen
en dos fuentes distintas, la Ley 244 de 1995 y la Ley 50 de 1990, motivo por el cual
lo que correspondía era dar aplicación a las reglas fijadas por el Consejo de Estado
en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 20165, en materia de ausencia
de consignación de las cesantías anualizadas por el Fomag.

13. Bajo este entendido, planteó como excepciones la falta de integración del litis
consorcio necesario al considerar que el municipio de La Plata realizó los pagos y
reportes correspondientes a las cesantías al Fomag correspondientes a los años de

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia CE-SUJ2-004 del 25 de agosto de 2016.

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Demandante: Leida Mary Medina Trujillo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y departamento del Huila

1994 a 1996, por la firma del convenio suscrito entre el citado y la Nación, Ministerio
de Educación Nacional y Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el departamento
del Huila. A su vez, propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva 6, el cobro
de lo no debido, la prescripción y la genérica7.

14. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag no contestó la
demanda8.

2.3. Sentencia de primera instancia

15. La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila profirió
sentencia el 21 de julio de 2021, en la que resolvió:

PRIMERO.- Declarar la configuración del silencio administrativo con ocasión de la
falta de respuesta de la petición radicada el 9 de mayo de 2018 ante el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, relacionada con el
reconocimiento y pago del auxilio de las cesantías anualizadas que se causaron en
los años 1994, 1995 y 1996, y el pago de la sanción moratoria.

SEGUNDO.- Declarar la ineptitud sustantiva de la demanda respecto de la
pretensión de reconocimiento y pago del auxilio de cesantías anualizadas causadas
durante los años 1994, 1995 y 1996.

TERCERO.- Declarar la prescripción frente a la solicitud de reconocimiento de la
sanción moratoria derivada del pago tardío del auxilio de cesantías de los años
1994, 1995 y 1996.

CUARTO.- No condenar en costas en esta instancia.

16. La decisión se sustentó en las siguientes consideraciones:

17. Está acreditado que los ministerios de Educación Nacional y de Hacienda y
Crédito Público y el municipio de La Plata suscribieron un convenio con el objeto de
afiliar e incorporar a doce docentes cofinanciados al Fomag y determinar el pasivo
prestacional. Dentro de estos se encuentra la demandante. Además, se demostró
que la gobernación del Huila, el 29 de julio de 1994, nombró a la señora Leida Mary
Medina Trujillo docente en la institución educativa Unidad Básica El Jardín del
municipio de La Plata, cargo en el cual se posesionó el 10 de agosto de ese año.

18. Igualmente, se probó que la demandante, el 19 de septiembre de 2017, le
pidió al Fomag el pago de las cesantías parciales destinadas a reparaciones

6
Mediante providencia del 18 de diciembre de 2020 se declaró probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva propuesta por el departamento del Huila y se ordenó desvincularlo del presente asunto.
Por su parte, se incorporaron los medios de convicción de carácter documental allegados por las partes y se
corrió traslado para alegar de conclusión en los términos del Decreto 806 de 2020, según se consignó en el
recuento realizado en la sentencia de primera instancia.
7 C. Principal, folios 95 a 112.
8 C. Principal, folio 123.

6

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de Prestaciones Sociales del Magisterio y departamento del Huila

locativas, lo que resolvió la Secretaría de Educación departamental a través de la
Resolución núm. 1685 del 14 de febrero de 2018. En este acto administrativo la
entidad le reconoció una suma porque con anterioridad se habían efectuado pagos
de cesantías parciales mediante las resoluciones 284 del 19 de abril de 2007 y 2712
del 5 de junio de 2014, tal y como se desprende de su contenido.

19. Ahora bien, los días 9 de mayo y 5 de junio de 2018 la señora Leida Mary
Medina Trujillo le solicitó al Fomag y a la Secretaría de Educación del departamento
del Huila respectivamente que le reconocieran el auxilio de cesantías anualizadas
por los años de 1994 a 1996, la indexación sobre las sumas reconocidas y la sanción
moratoria por el pago extemporáneo. Sin embargo, en el expediente no obró medio
de convicción que diera cuenta de que estas solicitudes se resolvieron.

20. En este contexto, la demandante sostuvo que las entidades omitieron liquidar
y pagar las cesantías de los años 1994 a 1996 y la sanción moratoria. No obstante,
de acuerdo con el artículo 138 del CPACA el administrado debe identificar el acto
administrativo que contiene la voluntad de la administración, esto es, la que creó,
modificó o extinguió la situación jurídica.

21. Bajo este entendido, fue mediante la Resolución núm. 284 del 19 de abril de
2007 que la administración reconoció y ordenó el pago de las cesantías parciales
de la demandante. Por ende, se trató del primer acto de reconocimiento del auxilio
desde su vinculación el 10 de agosto de 1994 y el que definió la situación jurídica
de la actora frente al reconocimiento de las cesantías en los períodos reclamados.

22. De ahí se desprende que en este no se incluyó el derecho causado de 1994
a 1996, de suerte que si consideraba que los valores correspondientes a las citadas
anualidades no se reconocieron debió cuestionar su legalidad dentro del término de
caducidad en sede judicial, lo cual no se efectuó. Es más, el Tribunal advirtió que
no existió prueba que diera cuenta de que lo impugnó en sede administrativa.

23. Así las cosas, se advierte que la finalidad de la petición radicada el 9 de mayo
de 2018 no fue otra que revivir una discusión consolidada y decidida, motivo por el
cual había lugar a declarar probada oficiosamente la excepción de inepta demanda
respecto de la pretensión de reconocimiento y pago del auxilio de cesantías de 1994
a 1996.

24. Frente al reconocimiento de la sanción moratoria, hizo alusión a las reglas
fijadas en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 proferida por el Consejo
de Estado, el 18 de julio de 20189, y en lo relativo a la prescripción, se valió de lo
establecido por la citada corporación en la sentencia de unificación del 25 de agosto
de 2016, que remitía a los preceptos del artículo 151 del Código de Procedimiento
Laboral (CPL). Bajo este entendido, tuvo por configurada la prescripción en la

9 Consejo de Estado, sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018.

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Radicación: 41001-23-33-000-2019-00407-01 (2195-2022)
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medida en que las anualidades reclamadas iban de 1994 a 1996, pero la
reclamación solo se presentó hasta el 9 de mayo de 2018.

25. Se abstuvo de imponer condena en costas porque no advirtió conducta
dilatoria o temeraria por la parte actora en los términos del artículo 188 del CPACA,
en concordancia con el artículo 47 de la Ley 2080 de 202110.

2.4. Recurso de apelación

26. La demandante, mediante apoderada, interpuso recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia, con fundamento en lo siguiente:

27. Afirmó que contrario a lo expuesto por el Tribunal, la Resolución núm. 284
del 19 de abril de 2007 no era el acto susceptible de ser demandado, sino los actos
fictos que negaron el reconocimiento y pago de las cesantías de los años 1994
1996, lo cual corresponde con la «pretensión principal de la demanda».

28. Aunque la Resolución núm. 284 del 19 de abril de 2007 reconoció y ordenó
el pago de las cesantías, lo pretendido en el presente proceso no era la nulidad de
este acto, sino de aquellos que negaron el reconocimiento y pago de unas cesantías
que no se reconocieron en el acto administrativo que se pretende fuera demandado.
En igual sentido, en este acto no se negó lo relativo a la sanción moratoria derivada
del incumplimiento de consignar anualmente las cesantías en el fondo.

29. De la jurisprudencia y de los artículos 42 del CGP y 3 del CPACA el auxilio
de cesantía es una prestación social que conforme al artículo 53 de la Constitución
Política se debe pagar oportunamente, como una medida para garantizar los
derechos a la seguridad social, al pago oportuno y a una remuneración mínima vital
y móvil. En este orden, omitir el pago de las cesantías dentro del término de ley
transgrede derechos fundamentales y laborales.

30. Se agotó en debida forma la actuación administrativa, la solicitud de
conciliación prejudicial y la presentación de la demanda, sin que se advierta la
caducidad del acto administrativo demandado. Por consiguiente, no estudiar de
fondo el proceso sería premiar la negligencia de la demandada, en detrimento de
los derechos fundamentales.

31. Por los motivos consignados, le pidió a esta corporación revocar la sentencia
del 21 de julio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, en tanto
declaró probada la excepción de inepta demanda11.

10 Samai, índice 2, ED_4100123330002019(.zip) NroActua 2, 41001-23-33-000-2019-00407-00 EXPEDIENTE

TRIBUNAL, 006Sentencia.pdf.
11 Samai, índice 2, ED_4100123330002019(.zip) NroActua 2, 41001-23-33-000-2019-00407-00 EXPEDIENTE

TRIBUNAL, 009RecursoApelacionDemandante.pdf.

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2.5. Trámite procesal en segunda instancia

32. Mediante auto del 28 de julio de 202212 el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. Además, prescindió del
período para correr traslado a las partes, por no existir pruebas por decretar en
segunda instancia.

33. El expediente ingresó al despacho para fallo el 21 de septiembre de 202213,
y la Secretaría de la Sección Segunda dejó constancia de que no hubo solicitud de
pruebas.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

34. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

35. La competencia del juez de segunda instancia debe limitarse a los reparos
propuestos por el apelante de conformidad con el artículo 32814 del Código General
del Proceso (CGP). En este orden, como la demandante no cuestionó la
prescripción frente al derecho a la sanción moratoria, este aspecto del litigio quedó
definido en la sentencia de primer grado15. Por ende, de acuerdo con los
argumentos del recurso de apelación que guardan congruencia con lo resuelto en
sede judicial16, corresponde a la Sala definir si:

36. ¿El Tribunal Administrativo del Huila, no debió declarar la ineptitud sustantiva

12 C. Principal, folio 157 y Samai, índice 4.
13
C. Principal, folio 158 y Samai, índice 9.
14 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
15 La demandante refirió de forma general que omitir el pago de las cesantías dentro del término de ley

transgrede sus derechos fundamentales y laborales, sin reparar en la declaratoria de prescripción frente a la
sanción moratoria.
16 La demandante mencionó que se agotó en debida forma la actuación administrativa, la solicitud de

conciliación prejudicial y la presentación de la demanda, sin que se advierta la caducidad del acto demandado,
cuando lo cierto es que la decisión de primera instancia no declaró la caducidad sino la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda. Por tanto, se interpreta que la apelación está dirigida a cuestionar la decisión que se
abstuvo de estudiar de fondo por encontrar probada la ineptitud de la demanda en punto al acto que debió
demandarse.

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de la demanda respecto de la pretensión de reconocimiento y pago del auxilio de
cesantías anualizadas durante los años 1994 a 1996, porque lo pretendido en el
proceso es que se declare la nulidad de los actos administrativos fictos que negaron
la solicitud conforme a las súplicas de la demanda?

37. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas:
(i) la excepción de ineptitud de la demanda y (ii) actos administrativos sujetos a
control judicial. A partir de las anteriores consideraciones se destacarán (iii) hechos
probados y (iv) caso concreto e ineptitud sustantiva de la demanda.

3.2.1. De la excepción de inepta demanda

38. La excepción de ineptitud de la demanda, conforme a lo previsto en el
numeral 5 del artículo 100 del Código General del Proceso, en adelante CGP, puede
alegarse únicamente, por la falta de requisitos formales o por indebida acumulación
de pretensiones.

39. Por falta de los requisitos formales: la excepción resulta procedente cuando
la demanda no cumple con los requisitos relativos a su contenido y anexos,
establecidos en los artículos 162, 163, 166 y 167 del CPACA, los cuales determinan
los elementos que debe contener el escrito, la forma de individualizar las
pretensiones y los documentos que deben acompañarlo. Se exceptúan de esta regla
los anexos señalados en los numerales 3 y 4 del artículo 166 ibidem, respecto de
los cuales opera una excepción específica contenida en el numeral 6 del artículo
100 del CGP.

40. No obstante, dichos requisitos pueden ser subsanados en el momento de la
reforma de la demanda, como lo dispone el artículo 173 del CPACA, en
concordancia con el numeral 3 del artículo 101 del CGP o dentro del término de
traslado de la respectiva excepción, con ocasión de la modificación introducida por
el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021 al parágrafo segundo del artículo 175 del
CPACA, en armonía con el numeral 1 del artículo 101 del CGP.

41. Por indebida acumulación de pretensiones: Esta excepción prospera por la
inobservancia de los presupuestos normativos contenidos en los artículos 137 y ss.
y 165 del CPACA.

3.2.2. Actos administrativos sujetos de control judicial

42. El acto administrativo ha sido definido como la expresión de la voluntad de la
administración que produce efectos jurídicos, en el sentido de que crea, modifica o
extingue una situación particular o general; es decir, que: (i) constituye una
declaración unilateral de la voluntad; (ii) por lo que es expedido en ejercicio de la
función administrativa; (iii) encaminado a producir efectos jurídicos de manera
directa sobre una situación jurídica; y (iv) conlleva la creación, modificación o
extinción de una situación jurídica general o particular, que impacta en los derechos

10

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de Prestaciones Sociales del Magisterio y departamento del Huila

u obligaciones de las personas concernidas, «sean subjetivos, personales, reales o
de crédito»17.

43. Ahora bien, el artículo 43 del CPACA define los actos administrativos
definitivos como aquellos que deciden «directa o indirectamente el fondo del asunto
o hagan imposible continuar la actuación», esto es, que ponen fin a la actuación
administrativa, ya sea porque definen la situación jurídica en cuestión o impiden la
continuación del procedimiento. Esta corporación los ha distinguido respecto de los
de trámite y ejecución; los primeros referidos a los que dicta la administración para
impulsar el respectivo procedimiento y decidir posteriormente el fondo del asunto,
los cuales en principio no son objeto de control judicial, salvo que hagan imposible
la continuación del procedimiento administrativo18.

44. Por su parte, los de ejecución se circunscriben a dar cumplimiento a una
decisión judicial o administrativa, sin que de ellos surjan situaciones jurídicas
diferentes a las de la providencia judicial o el acto ejecutado; sin embargo, esta
sección ha puntualizado sobre la posibilidad de que los actos de ejecución de
sentencias puedan ser demandables de manera excepcional cuando la decisión de
la administración extralimita lo ordenado por el juez y crea, modifica o extingue una
determinada relación jurídica entre el Estado y el particular que no fue objeto de
debate judicial19.

45. En tal sentido, por regla general, los actos administrativos definitivos serían
los únicos susceptibles de control jurisdiccional por cuanto tienen la vocación de
crear, modificar o extinguir una situación jurídica particular o general, los cuales
pueden ser expresos o fictos; no obstante, los de trámite y ejecución en los casos
excepcionales anteriormente señalados podrían ser demandables.

3.3. Hechos probados

46. De conformidad con las pruebas relevantes que obran en el expediente, la
Sala encuentra acreditado lo siguiente:

3.3.1. La vinculación de la demandante a la docencia oficial

47. Mediante el Decreto 727 de 1994 «por el cual se hacen unos nombramientos
para proveer plazas docentes municipales cofinanciadas en el municipio de La Plata»,
el gobernador del Huila nombró a la señora Leida Mary Medina Trujillo docente en
la Escuela Alto Retiro, Segundo Sector en el municipio de La Plata en el grado

17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 7 de mayo de 2018, procedo con radicado
52001-33-33-000-2015-00650-01 (1921-16). M. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de julio de 2018, proceso con radicado

76001 23 31 000 2015 05190 01 (3625-2015). M. P. William Hernández Gómez.
19 Ibidem.

11

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de Prestaciones Sociales del Magisterio y departamento del Huila

primero del escalafón nacional docente20. En virtud de ello, tomó posesión en el
citado cargo el 10 de agosto de 1994, como se desprende del acta de posesión21.

48. Ahora bien, según la Resolución núm. 1685 del 14 de febrero de 2018 «por
la cual se reconoce y ordena el pago de una cesantía parcial para reparaciones
locativas a un docente de vinculación municipal cofinanciado, la señora Leida Mary
Medina Trujillo», prestó sus servicios durante 22 años, 4 meses y 21 días por el lapso
comprendido entre el 10 de agosto de 1994 al 30 de diciembre de 2016, para un total
de 8061 días laborados. De ahí que, aunque en la demanda la actora afirmó que a
esa fecha prestaba sus servicios en la entidad territorial22, supuesto sobre el cual
insistió al descorrer el traslado de las excepciones23, lo cierto es que no obra prueba
en el expediente que lo acredite.

3.3.2. Del reconocimiento de cesantías parciales y la reclamación
administrativa

49. Mediante Resolución núm. 1685 del 14 de febrero de 201824 «por la cual se
reconoce y ordena el pago de una cesantía parcial para reparaciones locativas a un
docente de vinculación municipal cofinanciado, la señora Leida Mary Medina
Trujillo», expedida por la Secretaría de Educación Departamental del Huila, se resolvió
la solicitud presentada por la demandante el 19 de septiembre de 2017, en la que
pidió:

El reconocimiento y pago de una cesantía parcial, con destino a reparaciones locativas
que le corresponde por los servicios prestados como docente de vinculación municipal
cofinanciado, por el tiempo laborado en la institución educativa I.E San Sebastián, La
Plata (Huila).

50. Además, se consignó que según la certificación núm. 2535 del 30 de agosto
de 2017 emitida por la Secretaría de Educación Departamental del Huila la señora
Leida Mary Medina Trujillo prestó servicios como docente por 22 años, 4 meses y
21 días en el lapso del 10 de agosto de 1994 al 30 de diciembre de 2016 y de forma
continua, para un total de 8061 días.

51. En este orden, consideró que los valores reportados para esta liquidación
eran los correspondientes a los reportes anuales de 1997 a 2016, para completar el
total de días liquidados. De esta forma lo consignó el acto administrativo.

52. Además, en la anterior Resolución se indicó que el Fomag certificó, el 9 de
octubre de 2017, que a la peticionaria se le han cancelado cesantías parciales así:

20
C. Principal, folios 46 y 47.
21 C. Principal, folio 48.
22 C. Principal, folio 2.
23 C. Principal, folios 138 y 139.
24 C. Principal, folios 40 a 43.

12

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Resolución Fecha Valor Concepto
284 19/04/2007 $8.020.933 CP
2712 05/06/2014 $20.452.869 CP

53. Debido a este reconocimiento, la administración decidió descontar del valor
correspondiente al total del contrato para reparaciones locativas, equivalente a
$12.400.000, la suma de $28.473.802 que correspondía a todas las cesantías
parciales canceladas.

54. En consecuencia, le reconoció a la señora Leida Mary Medina Trujillo la suma
de $38.769.621 por concepto de liquidación parcial de cesantías solicitada conforme
a la parte motiva correspondiente al tiempo servido como docente con vinculación
municipal. Sin embargo, ordenó que se descontara de este monto los $28.473.802
aludidos, quedando un saldo líquido de $10.295.819, pagadero por la entidad
fiduciaria según el turno y la disponibilidad presupuestal. Finalmente, dispuso que
contra esta procedía el recurso de reposición que debía interponerse dentro de los
10 días hábiles siguientes a la notificación, ante la Secretaría de Educación del
departamento del Huila.

55. La citada Resolución se le notificó a la interesada el 19 de febrero de 201825,
haciéndole saber que contra esta procedía el recurso de reposición. La actora
consignó en la diligencia que aceptaba y que renunciaba a términos, sin que obre
prueba en el expediente de que interpuso recurso.

56. La demandante presentó reclamación administrativa el 9 de mayo de 201826
ante el Fomag en la que pidió el reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas
correspondientes a los años de 1994 a 1996, así como la sanción moratoria que
surge de la omisión en la consignación de las citadas hasta que se produzca el pago
correspondiente.

57. Ante la ausencia de respuesta a la petición anterior, para la demandante se
configuró el acto administrativo ficto cuya nulidad pretende en esta sede judicial.

3.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

58. En el presente asunto corresponde determinar si el Tribunal no debió declarar
la ineptitud sustantiva de la demanda respecto de la pretensión de reconocimiento
y pago del auxilio de cesantías anualizadas durante los años 1994 a 1996, porque
lo pretendido en el proceso es que se declare la nulidad del acto administrativo ficto
que le negó a la actora la solicitud conforme a las súplicas de la demanda.

25 C. Principal, folio 44.
26 C. Principal, folio 32.

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59. En este sentido, es necesario abordar la figura de la ineptitud sustantiva de
la demanda, frente a la cual esta Corporación ha considerado lo que sigue27:

«De tiempo atrás, en múltiples providencias judiciales al igual que en la que es objeto
de estudio, se ha hecho alusión a la figura de la “ineptitud sustantiva o sustancial de
la demanda” como una excepción previa y/o causal de rechazo de demanda, incluso
de fallos inhibitorios, lo cual -a criterio de esta Sala- constituye actualmente una
imprecisión que debe ser superada. […] De lo anterior se advierte que la
denominación “ineptitud sustancial o sustantiva” ha tomado diferentes formas, sin
embargo, técnicamente ha de señalarse que en la actualidad sólo es viable declarar
próspera la que denomina la ley como “inepta demanda por falta de cualquiera de los
requisitos formales o por la indebida acumulación de pretensiones”, en las cuales
encuadran parte de los supuestos en que se basaba la denominada “ineptitud
sustancial o sustantiva”.

b.- Actual regulación procesal sobre la materia

Como se verá a continuación, en la actualidad existen diversos mecanismos
procesales a efectos de afrontar las diferentes falencias de orden procesal o
sustancial que pueden presentarse en la demanda, a saber.

i. Supuestos que configuran excepciones previas.

En efecto, el ordenamiento jurídico colombiano consagra de manera expresa la
excepción previa denominada “Ineptitud de la demanda”, encaminada
fundamentalmente a que se adecúe la misma a los requisitos de forma que permitan
su análisis en sede judicial, so pena de la terminación anticipada del proceso. Esta se
configura por dos razones:

a) Por falta de los requisitos formales. En este caso prospera la excepción cuando no
se reúnen los requisitos relacionados con el contenido y anexos de la demanda
regulados en los artículos 162, 163, 166 y 167 del CPACA., en cuanto indican qué
debe contener el texto de la misma, cómo se individualizan las pretensiones y los
anexos que se deben allegar con ella (salvo los previstos en los ordinales 3.º y 4.º del
artículo 166 ib. que tienen una excepción propia prevista en el ordinal 6.º del artículo
100 del CGP.

Pese a ello, hay que advertir que estos requisitos pueden ser subsanados al momento
de la reforma de la demanda (Art. 173 del CPACA en concordancia con el ordinal 3.º
del artículo 101 del CGP), o dentro del término de traslado de la excepción respectiva,
al tenor de lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 175 del CPACA y 101
ordinal 1.º del CGP.

b) Por indebida acumulación de pretensiones. Esta modalidad surge por la
inobservancia de los presupuestos normativos contenidos en los artículos 138 y 165
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.»

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, exp. núm. 05001-23-31-000-2003-01739-01 (1634-

2013) / exp. núm. 41001-23-33-000-2019-00406-01 (4162-2021).

14

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60. En consonancia con lo transcrito, dicha excepción solo se configura cuando
falta alguno de los requisitos formales de la demanda o cuando existe una indebida
acumulación de pretensiones. Ahora bien, al descender al caso bajo estudio, el
fallador de primera instancia declaró probada de oficio la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda al considerar que el acto definitivo que la señora Leida
Mary Medina Trujillo debió demandar fue la Resolución núm. 284 del 19 de abril de
2007, porque esta definió su situación jurídica al resolver el reconocimiento de las
cesantías parciales frente a las anualidades de 1997 a 2006, sin incluir el derecho
causado frente a los años 1994 a 1996.

61. De ahí precisó que si la demandante consideraba que los valores frente a
estas anualidades no se reconocieron debió cuestionar la legalidad del citado acto
en sede judicial, dentro del término de caducidad. No obstante, no existía medio de
convicción que permitiera establecer que se impugnó en sede administrativa. Por
ende, a juicio del Tribunal, la petición presentada por la actora el 9 de mayo de 2018
ante el Fomag tuvo la finalidad de revivir una discusión resuelta y consolidada, al
considerar que como no fue respondida se configuró el silencio administrativo
negativo.

62. Bajo este entendido, la apelante cuestionó que la Resolución núm. 284 no
era el acto que debía demandarse, sino el ficto que le negó el reconocimiento y pago
de sus cesantías frente a los años reclamados, en correspondencia con las súplicas
de su demanda. De tal forma que, aunque aceptó que mediante la citada Resolución
núm. 284 se le reconoció y ordenó el pago de unas cesantías, lo pretendido en el
presente proceso era la declaratoria de nulidad del acto ficto producto del silencio
negativo, en el que, además, se negó lo relativo a la sanción moratoria derivada del
incumplimiento de la consignación de las cesantías anuales, que no fue objeto de
reconocimiento en la Resolución núm. 284.

63. Al respecto, la Sala precisa que en el plenario no obra copia de la Resolución
núm. 284 del 19 de abril de 2007, únicamente se tiene la referencia que hizo la
Secretaría de Educación Departamental del Huila al emitir la Resolución núm. 1685
del 14 de febrero de 2018. Por tanto, no se discute que la Resolución núm. 284 fue
el primer acto de reconocimiento desde la vinculación de la demandante, el 10 de
agosto de 1994, y que se expidió con el objeto de cancelarle a esta unas cesantías
parciales, como se desprende del contenido de la Resolución núm. 1685. No
obstante, el hecho de que no se hubiera aportado al proceso impide tener certeza
de que tuvo en cuenta las cesantías de 1997 a 2006 y dejó de incluir el derecho
causado entre 1994 y 1996.

64. Ahora bien, de la lectura de la Resolución núm. 1685 del 14 de febrero de
2018, que sí fue allegada a este trámite, se tiene que reconoció que la demandante
prestó servicios como docente del 10 de agosto de 1994 al 30 de diciembre de 2016
y en ese contexto procedió a relacionar los valores por concepto de las cesantías
reportadas en la liquidación correspondiente a las anualidades que van de 1997 a
2016. Así lo consignó expresamente el citado acto administrativo:

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Reportes anuales de cesantías Valor cesantías
Cesantías año 1997 $ 399.103
Cesantías año 1998 $ 710.249
Cesantías año 1999 $ 841.049
Cesantías año 2000 $ 931.528
Cesantías año 2001 $ 983.974
Cesantías año 2002 $ 1.237.954
Cesantías año 2003 $ 1.289.340
Cesantías año 2004 $ 1.481.370
Cesantías año 2005 $ 1.563.751
Cesantías año 2006 $ 1.603.147
Cesantías año 2007 $ 1.968.974
Cesantías año 2008 $ 2.132.842
Cesantías año 2009 $ 2.258.748
Cesantías año 2010 $ 2.458.921
Cesantías año 2011 $ 2.737.213
Cesantías año 2012 $ 2.874.075
Cesantías año 2013 $ 3.001.564
Cesantías año 2014 $ 3.151.052
Cesantías año 2015 $ 3.403.479
Cesantías año 2016 $ 3.741.288
Número de días liquidados 8061
TOTAL CESANTÍAS $38.769.621

65. Además, es preciso anotar que, en las reclamaciones presentadas por la
demandante, esta se refirió expresamente a la Resolución núm. 1685 del 14 de
febrero de 2018, al considerar que, si bien esta le reconoció unas cesantías
parciales, en el reporte no fueron incluidas las vigencias de los años 1994 a 1996.

66. Así las cosas, se encuentra demostrado que con la Resolución núm. 1685
del 14 de febrero de 2018 la administración le informó a la demandante las sumas
exactas con las que contaba por concepto de cesantías, esto es, a partir de los
reportes generados de 1997 a 2016, por lo que, si bien dicha resolución reconoció
que la actora laboró desde 1994, relacionó expresamente en su parte motiva los
reportes desde 1997. Asimismo, descontó los valores ya pagados mediante las
resoluciones núms. 284 del 19 de abril de 2007 y 2712 del 5 de junio de 2014.

67. Por consiguiente, el contenido de la Resolución núm. 1685 del 14 de febrero
de 2018 constituye plena prueba de que la demandante pudo advertir la omisión
frente al pago de las vigencias que ahora reclama, de 1994 a 1996, a través de una
decisión expresa y previa a la petición formulada el 9 de mayo de 2018.

68. Entonces, la Sala no desconoce que en este trámite la señora Leida Mary
Medina Trujillo pretende que se declare la nulidad del acto ficto del Fomag frente a
la petición en la que pidió expresamente el reconocimiento y pago de las cesantías

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anualizadas de 1994 a 1996, y no de los actos administrativos anteriores que
versaron sobre la solicitud de cesantías parciales para reparaciones locativas. Sin
embargo, lo cierto es que, en últimas, existió una decisión administrativa definitiva
que le liquidó a la actora sus cesantías anualizadas y que omitió relacionar los años
de 1994 a 1996, la cual no fue demandada en este asunto.

69. Por tanto, en los términos del artículo 138 del CPACA, este era el
pronunciamiento de la administración que materializó la voluntad de crear, modificar
o extinguir la situación jurídica relativa al reconocimiento de las cesantías de la
actora de 1994 a 1996, del cual se desprende el restablecimiento del derecho
pedido en el asunto en particular, esto es, el pago de las cesantías, sin perjuicio de
que pueda efectuarse un análisis similar respecto de las resoluciones núms. 284 y
2712. Así las cosas, el objeto de la petición en sede administrativa no condiciona
materialmente el acto que se debe demandar en sede judicial, por cuanto este debe
ser el definitivo que decida de fondo la situación objeto de la litis.

70. En este contexto, debe privilegiarse la seguridad judicial que castiga la
interposición de una nueva solicitud como la presentada el 9 de mayo de 2018 con
el único fin de revivir términos frente a una situación consolidada con anterioridad,
a partir del acto primigenio que ordenó el reconocimiento de la liquidación parcial de
cesantías con omisión de las vigencias 1994, 1995 y 1996, máxime en un caso
como este en que más allá de la afirmación de la parte actora no se probó que
hubiera permanecido vinculada en la entidad territorial.

71. Por ende, como lo advirtió la sentencia de primera instancia, no hay prueba
que acredite que se impugnó en sede administrativa la Resolución núm. 284 del 19
de abril de 2007. Asimismo, de acuerdo con el análisis de la Sala y las pruebas
allegadas a la foliatura, tampoco obra registro de que se hubiera interpuesto recurso
de reposición contra la Resolución núm. 1685 del 14 de febrero de 2018, porque en
la diligencia de notificación personal la señora Leida Mary Medina Trujillo aceptó y
renunció a términos.

72. Bajo esta premisa, la Sala considera que, al margen de la precisión frente a
si el acto que definió la situación fue o no la Resolución núm. 284 del 19 de abril de
2007, la respuesta al problema jurídico es negativa, porque el Tribunal
Administrativo del Huila al proferir la sentencia de primera instancia debía, como lo
hizo, declarar la ineptitud sustantiva de la demanda respecto de la pretensión de
reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas durante los años 1994 a 1996.

73. Aun cuando lo pretendido en el proceso de la referencia es que declare la
nulidad del acto ficto que le negó a la demandante su solicitud radicada en 2018, la
liquidación de las cesantías se definió previamente en el acto que le reconoció las
cesantías parciales y omitió relacionar los reportes de las anualidades objeto de
discusión.

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74. Así las cosas, la Sala comparte la conclusión del Tribunal de que se configuró
la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda frente a la pretensión de
reconocimiento de las cesantías, con la precisión de que el acto que se debió
demandar sería la Resolución núm. 284 del 19 de abril de 2007, siempre que allí se
pueda establecer que definió lo relativo al reporte de liquidación de las cesantías y
omitió incluir las vigencias de 1994 a 1996. En su defecto, se debió demandar la
Resolución núm. 2712 del 5 de junio de 2014 o la Resolución 1685 del 14 de febrero
de 2018, esta última que se probó lo consignó de manera expresa.

75. En este panorama, conforme a lo establecido en el artículo 163 del CPACA,
cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular, es indispensable
identificarlo con exactitud. Esta identificación no se limita a mencionar cualquier
pronunciamiento de la administración, sino que debe referirse específicamente al
acto que afectó derechos o intereses del demandante, o que tuvo incidencia directa
en su situación jurídica particular28.

76. Sobre el punto, la Sala encuentra pertinente referirse a una decisión de la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, que en un caso similar
al que nos ocupa, coincidió en que el acto administrativo que extinguió derechos —
reconocimiento de las cesantías para el período 1993— fue el que otorgó el retiro
de las cesantías parciales. En los siguientes términos la providencia precisó:

Al respecto, vale la pena resaltar que en los escritos de petición radicados ante las
entidades demandadas, la apoderada del señor Castillo Tovar no solo indicó que «Mi
mandante ha solicitado cesantías parciales, que han sido reconocidas mediante
resolución 7258 de 30 de octubre del 2017 y en el reporte no aparece reconocidas
las cesantías del año 1993»(sic), sino que también anexó la mencionada resolución;
todo ello demuestra que no se encontraba conforme con lo decidido en el acto
administrativo, el cual fue notificado el 20 de diciembre de 2017.

[…]

Lo anterior en razón a que es claro que el propósito de la demanda es revivir los
términos para controvertir la resolución 7258 de 30 de octubre de 2017, por medio de
la cual se liquidaron las cesantías parciales de Leonardo Castillo Tovar como docente
vinculado al Departamento del Huila, en tal sentido no es procedente acceder a las
pretensiones de la demanda en los términos señalados, puesto que el acto
administrativo que creó, modificó o extinguió derechos se encuentra debidamente
ejecutoriado y contra él no se propusieron recursos ni se demandó en tiempo 29.

77. A su turno, esta Subsección también ha sostenido el mismo criterio en un
caso análogo, al considerar que los actos fictos demandados no contienen una
manifestación de voluntad que produzca efectos jurídicos, en la medida que no se
demandó el acto del reconocimiento parcial de cesantías, tal como quedó señalado:
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 26 de noviembre de 2025, exp. núm.

41001-23-33-000-2019-00385-01 (4593-2023).
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4

de agosto de 2022, proceso con radicado: 41001 23 33 000 2019 00347 01 (3788–2021).

18

Radicación: 41001-23-33-000-2019-00407-01 (2195-2022)
Demandante: Leida Mary Medina Trujillo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y departamento del Huila

Así las cosas, la Sala coincide con la decisión de primera instancia, en el sentido de
que los actos fictos demandados no contienen una manifestación de voluntad de la
Administración que tenga la aptitud de producir efectos jurídicos definitivos o de fondo
sobre el asunto de que tratan, en la medida que no se demandó el acto que reconoció
las cesantías parciales, que es la decisión de fondo que resolvió el reconocimiento y
pago de las cesantías para el año 1996, por lo cual se encuentra probada la
excepción de inepta demanda por inexistencia de objeto susceptible de examen
mediante el medio de control incoado.

[…]

Teniendo en cuenta que la Resolución 01619 del 10 de abril de 2015 que reconoció
y ordenó el pago de cesantías parciales para reparación de vivienda a favor de la
demandante, se desprende que tuvo en cuenta el inició de la vinculación desde el 19
de junio de 1996, sin embargo, no incluyó dicho reconocimiento para el año 1996.

Por lo tanto, ante cualquier inconformidad frente al reconocimiento de las cesantías
del año 1996 y el reconocimiento de la sanción moratoria que se deriva de esa
omisión, era preciso demandar el acto que las liquidó, esto es, la Resolución No.
1619 del 10 de abril de 201530.

78. De lo anterior, se reafirma que la demandante dirigió su demanda en contra la
decisión que no correspondía, al haber solicitado la nulidad del acto ficto mediante
el cual el Fomag le negó el reconocimiento y pago de sus cesantías frente a los
años de 1994 a 1996, cuando lo que debió haber hecho fue haber impugnado la
legalidad del acto administrativo expreso que definió lo relativo a sus reportes de
cesantías y omitió incluir los valores correspondientes a las referidas vigencias.

79. Por último, la Sala considera que el hecho de que en la Resolución núm. 284
del 19 de abril de 2007 no se hubiera negado lo relativo a la sanción moratoria
reclamada, de la forma en que lo plantea la apelante, no desvirtúa la configuración
de la ineptitud sustantiva de la demanda, porque como se precisó en la sentencia
de primera instancia esta se declaró únicamente frente a la pretensión de
reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas, mientras que en punto a la
sanción moratoria se declaró no solo la configuración del acto ficto sino de la
prescripción de las vigencias solicitadas. En este orden, el Tribunal no consideró
que la situación jurídica relativa a la procedencia de la sanción moratoria se definió
en la Resolución núm. 284, porque estudió la pretensión, cuestión distinta es que
declaró la prescripción.

80. Concretamente, se insiste que la razón por la cual el Tribunal declaró la
prescripción de la sanción moratoria fue porque las anualidades reclamadas iban
de 1994 a 1996 y la reclamación solo se presentó hasta el 9 de mayo de 2018, en

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 29 de

agosto de 2024, proceso con radicado: 41001-23-33-000-2019-00402-01 (3979-2021).

19

Radicación: 41001-23-33-000-2019-00407-01 (2195-2022)
Demandante: Leida Mary Medina Trujillo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y departamento del Huila

aplicación de las reglas fijadas jurisprudencialmente. Por tanto, no abordó la
incidencia de la Resolución núm. 284 en el derecho a percibir la sanción moratoria.

81. Finalmente, declarar la configuración del silencio administrativo por la falta
de respuesta a la petición del 9 de mayo de 2018, además de que no fue objeto de
apelación, no resulta contrario a dicha decisión, por cuanto una cosa es la existencia
del acto que se deriva materialmente de la ausencia de respuesta a la solicitud, y
otra distinta que lo pretendido se haya definido en una decisión anterior que no fue
demandada, supuesto que permite declarar probada la excepción.

3.5. Conclusión de la decisión

82. Por los motivos expuestos, la Sala confirmará íntegramente la decisión
dictada por el Tribunal Administrativo del Huila, que declaró configurado el silencio
administrativo con ocasión de la falta de respuesta a la petición radicada el 9 de
mayo de 2018 ante el Fomag, frente al reconocimiento de las cesantías y la sanción
moratoria, declaró la ineptitud de la demanda respecto a la pretensión de
reconocimiento y pago de las cesantías, la prescripción del derecho a la sanción
moratoria y se abstuvo de condenar en costas.

4. Costas

83. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario31 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

84. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

31 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

20

Radicación: 41001-23-33-000-2019-00407-01 (2195-2022)
Demandante: Leida Mary Medina Trujillo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y departamento del Huila

Falla:

Primero: Confirmar íntegramente la sentencia apelada dictada por el Tribunal
Administrativo del Huila, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Salvamento de voto

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

21

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