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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00347-01

Fecha
4 de agosto de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00347-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia del 4 de mayo de 2021 , proferida en por el Tribunal Administrativo del Huila , que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Leonardo Castillo Tovar , por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: SIN CONDENA en costa s en esta instancia de acuerdo con lo indicado en esta providencia. 14Consejo de Estado. Sección Segunda. S entencia de 14 de julio de 2016, Radicado 2013-00270-03 (3869-2014). www.consejodeestado.gov.co 10 Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 41001 23 33 000 2019 00347 01 Demandante: Leonardo Castillo Tovar. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en el Sistema de Gestión Judicial – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2019-00347-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

4 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá, D.C. cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 41001 23 33 000 2019 00347 01 (3788–2021)
Demandante: Leonardo Castillo Tovar.
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – Departamento del Huila .

Temas: Régimen de cesantías en docentes. La ineptitud
sustantiva de la demanda. Los actos
administrativos pasibles de control judicial . Ley
1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA

ASUNTO

La Sala de Subsección “A” procede a resolver el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de 4 de mayo de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de l Huila , que negó las
súplicas de la demanda de la referencia.

I. ANTECEDENTES. 1

1.1. Pretensiones de la demanda.

Leonardo Castillo Tovar , por intermedio de apoderad a judicial,
demandó la nulidad de l acto ficto negativo configurado por el
silencio de l Departamento del Huila – Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio, respecto de la petición radicada el 5 de
junio de 2018 por medio de la cual solicitó el rec onocimiento y pago
de las cesantías correspondientes a l año 1993, así como el

1 Folios 1 a 27 del expediente.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001 23 33 000 2019 00347 01
Demandante: Leonardo Castillo Tovar.

reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no
consignación oportuna de la mencionada prestación social.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó el pa go de las
cesantías anualizadas de 1993, así como el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria por la omisión en la consignación de las
cesantías de l mencionado año , ordenando igualmente el pago d e
intereses moratorios y el cumplimiento de la sentencia en los
términos del artículo 192 del CPACA.

1.2. Hechos que funda mentan la demanda.

Leonardo Castillo Tovar indicó que se vinculó el 8 de noviembre de
1993 como docente del Departamento del Huil a y que las cesantías
correspondientes a esa anualidad no le fueron consignadas dentro
del término de ley, es decir el 14 de febrero de l año siguiente a su
causación.

El 5 de junio de 20 18 radicó peticiones ante el Departamento del
Huila y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
con el fin de obtener el reconocimiento y pago de las cesantías por
el año antes señalado, sin embargo, las entidades guardaron
silencio, configura ndo así el acto ficto negativo .

1.3. Fundamentos d e derecho y concepto de la vulneración.

Como argumento de la demanda realizó un análisis normativo de
las cesantías de los empleados público s y, principalmente , de los
docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio . De igu al manera, indicó que la ley y la jurisprudencia
de la Corte Constit ucional y del Consejo de Estado han determinado
que el no pago oportuno en los términos de la Ley 24 4 de 1995 ,
modificada por la Ley 1071 de 2006, genera una sanción
equivalente a un dí a de salario por día de mora en la consignación
de las cesantías contados a partir de su causación.

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Demandante: Leonardo Castillo Tovar.

1.4. Contestación de la demanda.

La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisteri o 2 allegó escrito en el que se
opuso a las pretensiones de la demanda. Preciso que legalmente
no se encuentra consagrado el reconocimiento y pago d e la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías anualizadas .

1.5. Trámite en primera instancia. 3

En providencia de 17 d e marzo de 2021 , el a quo determinó que en
el asunto de la ref ere ncia procedía dictar sentencia ant icipada y,
en consecuencia, corrió traslado a las partes para que alega ran de
conclusión , no obstante, las partes guardaron silencio.

1.6. Sentencia de primera instancia. 4

En fallo de 4 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo del Huila
declaró la configu ración del silencio administrativo ne gativ o y la
ineptitud sustantiva de la demanda respecto del reconocimiento y
pago de cesantías anualizadas , y negó las demás pretensiones.

Indicó que la entidad encargada del reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales de la docente es el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, pues así lo estableció la Ley
962 de 2005 y el Decreto 2831 del mismo año. Así mismo, señaló
que los actos administrativo s que omitieron el reconocimiento de
las cesantías correspondientes a l año 1993 son las resoluciones
por medio de las cuales se reconoció el pago de cesantías parciales
en los años 2005 , 2013 y 2017 , y no el acto ficto negativo
configurado por el silencio respecto de las peticiones ra dicadas el
5 de junio del mismo año, configurando así la ineptitud sustantiva
de la demanda , pues no se demandó el acto administrativo que
desconoció el derecho pretendido.

2 Expediente digitalizado disponible en el índice 2 de SAMAI.
3 Ibidem.

4 Ídem.

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Demandante: Leonardo Castillo Tovar.

Precisó que no es procedente el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria en los términos de la Ley 1071 de 2006, p ues
esta norma fijó l as reglas para el pago de cesantías parciales o
definitivas y no para la omisión de ce santías anualizadas. Aun así,
de haber sido procedente la reclamación, se debe tener en cuenta
que esta se encuentra prescrita .

1.7. Recurso de apelación.

Leonardo Castillo Tovar 5, por intermedio de apoderad a, interpuso
recurso de apelación . Al respecto, indi có que no es procedente la
decisión de declarar la excepción de inepta demanda , pues, si bien
con la Resolución 854 de 22 de diciembre de 2005 se reconoció y
ordenó el pago de las cesantías, la decisión de negar
específicamente el derecho prestacional de l año 1993 se configuró
con el silencio de la administración frente a las peticiones radicadas
el 5 de junio de 2 018 , por lo que, en aplicación del p rincipio de
prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades, deben
prosperar las prete nsiones de la demanda .

1.8. Alegatos en segunda instancia.

Leonardo Castillo Tovar , el Depart amento del Huila, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Procuraduría
Tercera Delegada ante el Consejo de Estado y la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 6, el Consejo de

5 Documento visible en el correspondiente expediente electrónico, disponible
en el Sistema de Gestión Judicial – SAMAI.
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».

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Demandante: Leonardo Castillo Tovar.

Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 328 del Código General del Proceso 7, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por el apelante, situación que se cumple en el proceso
de la referencia , razón por la cual, la competencia de la Sala se
encuentra limitada a los argumentos expuestos por el apelant e
único.

2.2. Problema jurídico.

Con el fin de solucionar el recurso de apelación presentado, la Sala
considera necesario responder lo siguiente:

¿Es correcta la decisión del Tribunal Administrativo del
Huila de declarar la ineptitud sustantiva de la demanda en
relación con el re conocimiento y pago de las cesantías
anualizadas de 1993 a favor del demandante?

En caso negativo, se deberá resolver:

¿Le asiste a Leonardo Castillo To var , como docente
oficial, el derecho al reconocimiento y pago de las
cesantías anualizadas correspondientes al año 199 3, así
como la sanción por mora por la no consignación de
aquellas dentro del término de ley?

2.4. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso.

2.4.1. De la ine ptitud sustantiva de la demanda.

La figura de la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda se
ha utilizado en la Jurisdicción Contenciosa en diferentes eventos
en los cuales al ju ez se le p resentaba la imposibilidad de resolver

7 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de
las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

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Demandante: Leonardo Castillo Tovar.

el fondo de la demanda por diversas, como por ejemplo la indebida
individualización del acto administrativo demandado, la errónea
escogencia de la acción , la indebida acumulación de acciones o
pretensiones, por falta de requisit os formales, e incluso por
demandar un acto de trámite y/o preparatorio, entre otras causas.

La mencionada figura ha presentado una involución respecto de la
jurisprudencia, pues erróneamente se ha utilizado para ponerle fin
a los procesos contenciosos cuando la realidad es que la mayoría
de las causales o defectos con los que se sustentaba podrían ser
saneados en las diferentes etapas procesales , evitando así caer en
imprecisiones o sentencias inhibitoria s.

Lo anterior fue desarrollado por esta Sala en decisión de 21 de abril
de 2016 8, en la que se indicó que solo resultaría viable d eclarar la
ineptitud sustantiva de la demanda , como excepción previa, “por
falta de requisitos formales” o “por la indebida acumulación de
pretensiones” ; de presentarse otras circunstancias , se debe dar uso
a las herramie ntas procesales que dispone el juez para poder
proferir una decisión de fondo y ser concordante con el acceso a la
administración de justicia.

2.4.2. Actos administra tivos pasibles de control judicial.

Los actos administrativos se pueden catalogar en: de trámite o
preparatorios, definitivos o principale s, y de ejecución.

Son actos (i) de trámite aquellos que impulsan la actuación
preliminar de la administración u organizan los elementos que se
requiere n para que la decisión principal se pueda adoptar , (ii)
definitivos los q ue ponen fin a la actuación administrativa o
impiden continuarla, resuelven direct a o indirectamente el fondo de
un asunto y producen efectos jurídicos, ya sea porque crean,

8Consejo de Estado. Sección Seg unda. Subsección A. Radicado: 47001-23-
33-000-2013-00171-01 (1416-2014). Auto interlocutorio de 21 de abril de 2016.

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modifican o extinguen una situación jurídica en particular , y (iii) de
ejecución los que se limitan a dar cumplimiento a una decisión
judicial o administrativ a.

Esta Corporación ha precisado que « únicam ent e las decis i ones de la
Adm inist r ació n, pr oduct o de la c on clusió n de un pr ocedim ient o
adm inist r at ivo, o l os act os que hacen im posib le la cont inu ac ión de esa
act uación, siem pr e que af ect en der echo s o int er ese s, im pon gan car gas,
obli gacio nes o san ciones o inc idan en sit uacione s j ur ídicas, son
suscept ibles de con t r ol de legali dad po r par t e de la j ur isdicción de lo
cont encioso adm in is t r at ivo, lo que, dich o de ot r a m aner a, signif ica que
los act os de t r ám it e y de e j ecución se encuent r an excluido s de dicho
cont r ol, t oda vez que est os no deciden def init ivam ent e una act uación
[…]» 9.

Así las cosas, las decisiones de la administración que (i) concluyen
o impiden la continuidad de una actuación, y (ii) afect en derechos
o intereses, impongan cargas, sanciones y obligaciones que
modifiquen o alteren situaciones jurídicas determinadas son
susceptibles de control de legalidad por parte de la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo; de ahí que los que impulsan u
organizan un determinado procedimiento, no procuran solucionar de
fondo las solicitu des de los administrados o se limitan a dar
cumplimiento a una orden judicial o administrativa, no son
cuestionables vía judicial.

2.5. De lo probado en el proceso.

De acuerdo con lo descrito previamente, y en coherencia con el
recurso de apela ción propuesto , la Sala considera necesario
recordar que la declaratoria de ineptitud sustantiva de la demanda
declarada por el Tribunal Administrativo del Huila se fundamentó en
que el acto demandado, es decir el acto ficto negativo, no fue la

9 Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 24 de octubre de 2013,
expediente 25000-23-37-000-2013-00264-01 (2024). Ver también, C onsejo de
Estado, Sección Primera, expediente 76001 23 33 002 2016 00839 01.

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decisión administrativa que desconoció el derecho de reconocer y
pagar las cesantías anualizadas de 1993.

Al respecto, revisa dos los documentos del proceso se encuentra lo
siguiente:

En primer lugar, si bien el acto de posesión allegado con el escrito
de demanda corresponde a una persona diferente a quien hoy
pretende el reconocimiento de cesantías anualizadas, la Sala
encuentra probado que Leonardo Castillo Tovar se posesionó como
docente al servicio del Departamento del Huila desde el 22 de
diciembre de 1993.

Así mismo, se observa que a través de las Resoluciones 854 de 22
de diciembre de 2005 y 534 de 4 de junio de 2013, le fueron
reconocidas y pagadas cesantías parciales . 10

De igual manera, a través de la Resolución 7258 de 2017 el
Departamento del Huila – Secretaría de Educación – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio re conoció y
ordenó pagar a favor del señor Castillo Tovar cesantías parciales
con destino a construcción de vivienda, teniendo en cuenta las
cesantías correspondientes a los años 1994 a 2017. 11

El 5 de junio de 2018, Leonardo Castillo Tovar radicó ante la
Secretaría de Educación Departamental del Hu ila y el Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, escrito s en los que solicitó el reconocimiento y pago de
las cesantías correspondientes a l año 1993 , así como la respectiva
sanción moratoria por la no consignación dentro del término
establecido por la ley ; las referidas e ntidades guardaron silencio. 12

10 F o l i o s 47 a 50 del expediente.
11 F o l i o s 47 a 50 del expediente.
12 F o l i o s 31 a 43 del expediente.

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De lo reseñado, se puede concluir que en efecto la administración
omitió tener en cuenta las cesantías correspondientes al año 1993
para el momento de realizar e l recon ocimiento, liquidación y pago
de cesantías parciales en el año 2017, y por tanto , le asiste la razón
al Tribunal Administrativo del Huila cuando señaló que con la
petición radicada el 5 de junio de 2018 se pretendía revivir los
términos ya fenecidos de los actos a dministrativos que otorgaron
las cesantías parciales en tres ocasiones.

Al respecto, vale la pena resaltar que en los escritos de petición
radicados ante las entidades demandadas, la apoderada d el señor
Castillo Tova r no solo indicó que « M i m andant e ha solicit ado cesant í as
par ciales, que h an s ido r econoc idas m ed iant e r esoluc ión 725 8 de 30 de
oct ubre del 2017 y en el r epor t e no apar ece r econocidas la s cesant í as
del año 1 993 »(sic), sino que también anexó la mencionada
resolución; todo ello demuestra que no se encontraba conforme con
lo decidido en el acto administrativo, el cual fue notificado el 20 de
diciembre de 2017. 13

Del material probatorio reseñado, se observa que si bien el a quo
cometió una imprecisión al declarar la ineptitud sustantiva de la
demanda con presupuestos contrarios que no corresponden a los
parámetros jurisprudenciales determinados por la jurisprudencia
vigente, los argumentos si responden a la realidad procesal del
medio de control que nos ocupa.

Lo anterior en razó n a que es claro que el propósito de la demanda
es revivir los términos para controvertir la resolución 7258 de 30 de
octubre de 2017, por medio de la cual se liquidaron las cesantías
parciales de Leonardo Castillo Tovar como docente vinculado al
Departamento del Huila, en tal sentido no es procedente acceder a
las pretensiones de la demanda en los términos señalados, puesto

13 F o l i o 51 del expediente.

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que el acto administrativo que creó, modificó o extinguió der echos
se encuentra debidamente ejecutoriado y contra él no se
propusieron recursos ni se demandó en tiempo.

Por lo anterior, se considera que la decisión correcta es negar las
pretensiones de la demanda, por lo cual se confirmará la sentencia
de 4 de may o de 2021, pero teniendo en cuenta las razones
expuestas en esta providencia.

2.6. Costas.

En atención con lo señalado en recientes providencias de esta
Subsección 14 y al criterio objetivo valorativo de causación de costas
procesales, previst o en el artículo 188 del CPACA no se condenará
en costas en esta instancia, comoquiera que no hubo participación
activa de las partes en el proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia del 4 de mayo de 2021 ,
proferida en por el Tribunal Administrativo del Huila , que negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida por Leonardo Castillo Tovar , por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costa s en esta instancia de acuerdo
con lo indicado en esta providencia.

14Consejo de Estado. Sección Segunda. S entencia de 14 de julio de 2016,
Radicado 2013-00270-03 (3869-2014).
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Demandante: Leonardo Castillo Tovar.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en el
Sistema de Gestión Judicial – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada el cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós
(2022).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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