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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2013-00140-01

Pensión de jubilación beneficiario régimen de transición

Fecha
14 de marzo de 2019
Consejero ponente
William Hernández Gómez
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2013-00140-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Se modifica el numeral segundo de la sentencia del 18 de diciembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, en cuanto accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la señora Piedad Cristina Santander Ortiz contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), y en su lugar, el numeral mencionado quedará como se consigna a continuación: SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) que reconozca y pague a la señora Piedad Cristina Santander Ortiz, identificada con la cédula de ciudadanía 27.497.981 de Tumaco (Nariño), de manera retroactiva y actualizada una pensión mensual vitalicia de vejez en cuantía equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (es decir entre el 1.º de abril de 1994 y el 21 de agosto de 2002), o el cotizado durante todo el tiempo (entre el 1.º de noviembre de 1981 y el 1.º de julio de 2001) de ser superior o más favorable. Lo anterior, con inclusión de los factores de asignación básica, bonificación por servicios prestados y prima técnica devengados durante esos lapsos, con efectividad fiscal a partir del 01 de julio de 2008, fecha de retiro definitivo del servicio. De las mesadas retroactivas a cancelar a la señora Santander Ortiz, la entidad demandada deberá igualmente descontar de manera actualizada con base en el IPC, la suma de $2.240.248 que le fueron reconocidos por indemnización sustitutiva en la Resolución 495 de 2007 proferida por el Instituto de Seguros Sociales. Se mantiene el numeral SEGUNDO de la providencia en lo resuelto para el cálculo de las mesadas pensionales y la fórmula de actualización. Segundo: Se confirma en lo demás la sentencia apelada. Tercero: Sin condena en costas en esta instancia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2013-00140-01

Consejero ponente: William Hernández Gómez

14 de marzo de 2019

RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN PARA BENEFICIARIO DE INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN – Procedencia / INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN- Reembolso

Aun cuando la indemnización sustitutiva es incompatible con la pensión de vejez, su reconocimiento no impide el eventual acceso a disfrutar de una prestación de jubilación, bajo la condición de devolución de lo ya recibido por dicha indemnización. De allí que en el evento de encontrarse acreditados por la demandante los requisitos para acceder al reconocimiento pensional deprecado, procede el reembolso de lo cancelado a título de este último concepto, tal como lo invoca la entidad demandada en el recurso de apelación.

NOTA DE RELATORÍA: En relación con el derecho a la pensión de jubilación para beneficiario de la indemnización sustitutiva de la pensión de jubilación, ver: Corte constitucional, sentencia de tutela T-596 de 2016, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 36 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 37 / DECRETO 1730 DE 2001 – ARTÍCULO 6 / LEY 549 DE 1999 – ARTÍCULO 17 / DECRETO 2527 DE 2000 – ARTÍCULO 2 / LEY 33 DE 1985 – ARTÍCULO 1

PENSIÓN DE JUBILACIÓN BENEFICIARIO RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN – Determinación / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN – Inclusión de los factores salariales sobre los que se hizo aportes

El reconocimiento de la pensión de la demandante, bajo el régimen de transición, se debe ajustar a la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda de esta Corporación el 28 de agosto de 2018 y ceñirse a los parámetros de liquidación enlistados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en cuanto al lapso del IBL y a los factores de liquidación enlistados en el Decreto 1158 de 1994, con inclusión de los factores de asignación básica, bonificación por servicios prestados y prima técnica.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la determinación del ingreso base de liquidación de las pensiones del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo contencioso administrativo, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, C.P.: César Palomino Cortés.

FUENTE FORMAL: LEY 33 DE 1985 – ARTÍCULO 1 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 18 / DECRETO 691 DE 1994 – ARTÍCULO 6 / DECRETO 1158 DE 1994 – ARTÍCULO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 52001-23-33-000-2013-00140-01(2012-14)

Actor: PIEDAD CRISTINA SANTANDER ORTIZ

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL y ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Tema: Reconocimiento pensión jubilación

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Ley 1437 de 2011
O-036-2019

ASUNTO

Decide la subsección los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada contra la sentencia del 18 de diciembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Santander Ortiz en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 2011, formuló, en síntesis, las siguientes

Pretensiones:

Que son nulos los actos administrativos contenidos en las resoluciones UGM -010872 del 28 de septiembre de 2011 y UGM 051949 del 13 de julio de 2012, emanadas de Cajanal y la UGPP, mediante las cuales se negó la pensión de jubilación de la señora Santander Ortiz.

Que la señora Santander Ortiz, fue servidora pública por 26 años y 8 meses al servicio del Estado, su último cargo fue como auxiliar administrativo de la coordinación de educación misional contratada de Tumaco (Nariño), desde el 1.° de noviembre de 1981 al 1.° de julio de 2008 y su última asignación salarial promedio fue de $2.087.749 aproximadamente según Resolución 900 del 20 de diciembre de 2012, que reconoció la liquidación y pago de la deuda generada por el proceso de homologación y nivelación salarial como personal administrativo del sector educativo.

Que adquirió el estatus de pensionada a partir del 1.° de julio de 2008, conforme su carácter de servidora pública.

Que a la demandante, como beneficiaria del régimen de transición, se le debe aplicar lo previsto en la Ley 33 de 1985, para reconocer y liquidar la pensión de jubilación sobre el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio, tomando en cuenta su última asignación salarial promedio, la cual arroja un valor aproximado de $1.565.811 a la fecha del cumplimiento de los requisitos para adquirir el estatus con la actualización y liquidación de todos los factores salariales, desde el 1.° de julio de 2008, hasta la fecha en que se profiera el respectivo fallo y la inclusión en nómina de pensionados.

Que la UGPP debe reconocer y pagar a la demandante la pensión de jubilación con aplicación de la Ley 33 de 1985, sin que ella esté en la obligación de cumplir la exigencia de Cajanal de devolver los dineros que recibió por parte del ISS hoy Colpensiones, por concepto de indemnización sustitutiva de vejez, en atención a que el error fue administrativo y no de la demandante, por cuanto se concedió en contravía de los postulados de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

Que las sumas a las que se condene a la entidad se actualicen conforme al artículo 187 del CPACA y se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada.

Fundamentos fácticos relevantes

El ISS, hoy Colpensiones, mediante Resolución 495 de 2007, contraviniendo la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, le reconoció a la demandante una indemnización sustitutiva sin los fundamentos legales y sin consultar previamente dentro de la red del sistema de seguridad social si ella se encontraba vinculada a algún fondo o entidad pública, lo cual la hizo incurrir en error, toda vez que la entidad ha debido negar la solicitud y generar un bono pensional enviándolo a Cajanal, hecho que afectó posteriormente el reconocimiento de su pensión de jubilación.

La señora Santander el 2 de abril de 2009, radicó toda la documentación en las oficinas de Cajanal EICE – en liquidación, bajo el n.º 7170 de 2009, en aras de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, a la que tiene derecho por cumplir los requisitos de Ley, como haber sido servidora pública por más de 26 años y 8 meses. El último cargo que desempeñó fue como auxiliar administrativo de la Coordinación de Educación Misional Contratada de Tumaco (Nariño), desde el 1.° de noviembre de 1981 hasta el 1.° de julio de 2008.

Mediante escritos presentados por la señora Santander Ortiz en el mes de junio de 2011, en las oficinas de Cajanal en liquidación en Bogotá, solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación y anexó los documentos.

A la demandante se le notificó de la Resolución 0900 del 20 de diciembre de 2012, que reconoció la liquidación y pago de la deuda generada por el proceso de homologación y nivelación salarial como personal administrativo del sector educativo; por lo tanto, esos valores se le deben tener en cuenta al momento de liquidar y reconocer la pensión de vejez.

El 25 de enero de 2012, Cajanal mediante edicto notificó la Resolución UGM 010872 del 28 de septiembre de 2011, en la cual negó el reconocimiento de la pensión debido a que dentro de la documentación presentada al cuaderno administrativo, no aportó el certificado de no pensionado del ISS y argumentó que este constituye un requisito indispensable.

El 13 de febrero de 2012 la demandante presentó en las oficinas del Cajanal en liquidación, recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la resolución antes citada, se anexó el certificado expedido por el ISS, en el cual consta que no era pensionada de esa entidad.

Mediante sentencia de tutela 118 del 6 de junio de 2012 se le ordenó a Cajanal, que emitiera decisión de fondo que resolviera en debida forma los recursos mencionados.

En la Resolución UGM 051949 del 13 de julio de 2012, Cajanal confirmó en todas sus partes la resolución recurrida.

La libelista solicita le sea reconocido el derecho a la pensión de jubilación, pues a pesar de que el ISS, hoy Colpensiones, le pagó una indemnización sustitutiva de vejez, fue por unos aportes que se efectuaron a esa entidad como trabajadora, cuyos empleadores fueron el señor Luis Escrucería Márquez y la Caja de Crédito Agrario, con n.º patronal 09036200015 con un total de 673 semanas cotizadas a ese fondo de pensiones, hasta el año 1980. Reconocimiento que se debió a un error administrativo propio del Instituto de Seguros Sociales.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de definir el objeto del proceso y de la prueba.

En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

Bien podría decirse que esta figura, insertada en la audiencia inicial, es también una faceta del despacho saneador o del saneamiento del proceso, en la medida que busca, con la colaboración de la parte demandada, que la verificación de los hechos constitutivos de excepciones previas, o advertidos por el juez, al momento de la admisión, se resuelvan en las etapas iniciales del proceso, con miras a la correcta y legal tramitación del proceso, a fin de aplazarlo, suspenderlo, mejorarlo o corregirlo.

En la audiencia inicial se indicó lo siguiente en la etapa de excepciones previas:

«[…] El Instituto de Seguros Sociales, formuló las siguientes excepciones:

1. Falta de legitimación por pasiva: […] no puede ser llamado a responder por las pretensiones propuestas en el proceso, siendo que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2013 del 28 de septiembre de 2012, mediante el cual se suprime el ISS y se dispone su liquidación y el Decreto 2011 del 28 de septiembre de 2012 reglamentó la entrada en operaciones de COLPENSIONES, a partir del 28 de septiembre de 2012.

Frente a este argumento precisa el Tribunal que mediante Ley 1151 de 2007 se creó la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, con competencia para reconocer los derechos pensionales causados a cargo de las administradoras del régimen de prima media con prestación definida y se dispuso proceder a la liquidación del Instituto de Seguros Sociales.

En relación con los procesos judiciales en los que hace parte el Instituto de Seguros Sociales, el art. 35 del Decreto 2013 de 2012, señala que a partir de la vigencia de este decreto y por el término de tres meses, el Instituto de Seguros Sociales en liquidación atenderá los procesos judiciales en curso derivados de su gestión como administradora del régimen de prima media con prestación definida, una vez vencido dicho término, esto es a partir del día 28 de diciembre de 2012, los procesos deberán ser entregados a COLPENSIONES entidad que continuará con el trámite respectivo.

Vale anotar que en el caso el proceso inició el 16 de noviembre de 2012, es decir, en principio el Instituto de Seguros Sociales debía asumir la defensa en el asunto. Empero este Tribunal asumió el conocimiento del proceso el día 24 de abril de 2013, fecha para la cual ya había culminado la obligación del ISS en comento. De esa manera hoy el Instituto de Seguros Sociales no estaría legitimado en causa para responder por las pretensiones de la demanda, no porque haya entrado en proceso de liquidación con tal, sino porque el legislador asignó la responsabilidad en cabeza de COLPENSIONES en asuntos como el presente.

Por lo antes expuesto el Tribunal declarará configurada en este caso, la excepción denominada falta de legitimación en la causa por pasiva frente al Instituto de Seguros Sociales.

La Unidad de Gestión Pensional formuló las siguientes excepciones:

1. Inepta demanda: Aduce la entidad demandada que la estimación razonada de la cuantía es un requisito formal que permite determinar la instancia y la competencia […]

Al respecto, es preciso advertir que dentro de la demanda la parte demandante señala que el ingreso base de liquidación a la (sic) que tiene derecho es aproximadamente de $1.565.811, cifra que multiplicándolo (sic) por las mesadas correspondientes a tres años, da como resultado $56.369.196, suma que supera los 50 SMMLV, por lo tanto, esta Corporación es competente para conocer de este asunto. De este modo, no encuentra la Sala que se encuentre configurada la excepción de inepta demanda.

Esta verificación de tipo aritmético la efectuó el Tribunal para admitir la demanda, en aplicación del principio del derecho sustancial sobre el formal. Es más el asunto fue remitido por el Juzgado Tercero Administrativo de Pasto en razón de la cuantía.

2. Prescripción: Solicita se declare la prescripción de las mesadas pensionales.

Precisado lo anterior, el Tribunal habrá de pronunciarse manifestando que sólo en caso de que las pretensiones de la demanda prosperen, habrá de declararse la prescripción de las mesadas pensionales ocasionadas con anterioridad a la petición de reconocimiento de la pensión de jubilación. De esta manera, en esta etapa procesal no hay lugar a decretar la prescripción extintiva.

En este estado se profiere el siguiente:

AUTO: 04 (23:34)

1. Declarar configurada la excepción denominada falta de legitimación en la causa por pasiva frente al Instituto de Seguros Sociales. En consecuencia se termina el proceso frete a esta entidad y se continuará su trámite frente a las demás entidades demandadas.

2. Sin lugar a declarar configurada la excepción previa de inepta demanda, por falta de estimación razonada de la cuantía, propuestas por el apoderado de la UGPP, por las razones expuestas anteriormente.

3. Sin lugar a decidir en esta etapa procesal la excepción de prescripción extintiva de mesadas pensionales, según lo indicado en la parte motiva.

Ante la no prosperidad de las excepciones, unas de carácter de previas y otras especiales previstas en el artículo 180, numeral 6º de la Ley 1487 de 2011, debe proseguirse el desarrollo de esta audiencia.

La presente decisión de (sic) notifica por ESTRADOS. […]». (Mayúsculas y negrillas del texto original).

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última.

En el sub lite a folios 431 y vto. en la audiencia inicial se reseñó lo siguiente en la etapa de fijación del litigio:

«[…] Seguidamente, el señor Magistrado cuestiona al apoderado de la señora PIEDAD CRISTINA SANTANDER ORTIZ si se ratifica en los hechos y pretensiones expuestos en el libelo introductorio, quien manifiesta: Me ratifico integralmente en todas las pretensiones, hechos y planteamientos jurídicos.

Cuestiona al apoderado de la UGPP si se ratifica en los hechos y excepciones expuestos en la contestación de la demanda, quienes manifiestan: me ratifico en lo expuesto en la contestación.

El señor Procurador manifiesta: Estoy de acuerdo con la fijación del litigio realizado por las partes.

De la demanda y contestación se colige que el tema central del proceso es establecer si son nulos los siguientes actos administrativos:

Resolución de la UGPP, Nº UGM 010872 del 28 de septiembre de 2012, mediante la cual se niega el reconocimiento de pensión de vejez a la señora Piedad Cristina Santander Ortiz.
Resolución de la UGPP, UGM 051949 del 13 de julio de 2012, a través de la cual se confirma la Resolución Nº UGM 010872 del 28 de septiembre de 2012.

AUTO No. 005: (27:37)

De lo anterior se tiene que el debate probatorio se contrae a determinar si a (sic) la señora PIEDAD CRISTINA SANTANDER cumple con todos los requisitos para tener derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación O vejez con fundamento en la Ley 33 de 1985, Ley 63 de 1985 y Ley 100 de 1993. […]» (Mayúsculas y negrilla del texto original)

SENTENCIA APELADA

El a quo, profirió sentencia el 18 de diciembre de 2013, en la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demandante, con fundamento en las siguientes consideraciones:

En primer lugar, indicó que el problema jurídico consiste en definir si es procedente reconocer la pensión de jubilación de la demandante de conformidad con los requisitos legales de edad y tiempo de servicios contemplados en el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, cuando ella recibió indemnización sustitutiva por cotizaciones realizadas en el sector privado antes de desempeñarse en el sector público.

Como respuesta al interrogante planteó que la demandante reúne todos los requisitos de la Ley 33 de 1985 para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, toda vez que es beneficiaria del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; de igual forma, consideró que el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de vejez no impide el reconocimiento de la prestación porque las semanas indemnizadas corresponden a periodos aportados en el sector privado, antes de la entrada de vigencia de la Ley 100 de 1993 y en tanto ella prestó sus servicios y aportó al sistema de pensiones por el periodo que regula la Ley 33 de 1985, situación que permite acceder al derecho únicamente por los aportes o servicios al sector público.

Afirmó que los requisitos previstos para acceder al régimen de transición no son concurrentes y que quien cumpla con la edad o el tiempo de servicios, adquiere el derecho de pensionarse con el régimen anterior integralmente y con las previsiones que efectúan la Ley 797 de 2003, el Acto Legislativo 01 de 2005 y la sentencia C-258 de 2013.

Encontró demostrado que la demandante cumple con la exigencia señalada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues para el 1.º de abril de 1994, tenía 46 años de edad. En consecuencia su régimen pensional aplicable es el de las Leyes 33 y 62 de 1985. Aplicó la sentencia C-258 de 2013 según la cual el monto de las mesadas pensionales corresponde única y exclusivamente a los factores efectivamente cotizados.

Halló demostrado que la demandante prestó sus servicios en el sector público desde el 1.º de noviembre de 1981 hasta el día de su retiro del servicio el 1.º de julio de 2008 y que se desempeñó como auxiliar administrativo de la Oficina de Coordinación de Educación Nacional Contratada , Secretaría de Educación Municipal de la Alcaldía de Tumaco.

Igualmente observó que para la fecha en que la libelista realizó la solicitud de reconocimiento y pago de pensión, contaba con 61 años, toda vez que nació el 21 de agosto de 1947 y por tanto, cumplió el estatus pensional el 21 de agosto de 2002.

Respecto de los factores salariales, enfatizó que la señora Santander fue beneficiaria del proceso de homologación y nivelación salarial del personal administrativo del sector educativo de la Secretaría de Educación del Municipio de Tumaco decretado mediante Resolución 0900 del 20 de diciembre de 2010; en virtud de ello, los factores a tener en cuenta serán los homologados correspondientes al último año de servicios sobre los cuales se efectuaron aportes al sistema de seguridad social en pensiones.

Según el certificado allegado al expediente, coligió que los aportes para pensión se efectuaron sobre el sueldo básico y no obra medio de prueba de que se hayan realizado por otros factores.

Como consecuencia de lo mencionado, afirmó que la pensión debe liquidarse sobre el equivalente al 75% calculada sobre los factores salariales homologados sobre los cuales realizó aportes al sistema de pensiones devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional, desde julio de 2007 a julio de 2008, fecha de retiro del servicio. Lo anterior junto con la actualización mes a mes con base en el IPC desde el 1.° de julio de 2008.

En lo que se refiere a la indemnización sustitutiva recibida por la demandante por parte del ISS en liquidación, advirtió que pese a su carácter de incompatibilidad con la pensión de vejez, lo cierto es que corresponde a unos aportes privados por semanas cotizadas antes de la prestación de servicios en el sector público y con antelación a la vigencia de la Ley 100 de 1993, lo cual no impide el reconocimiento de la pensión, toda vez que el tiempo previsto en la Ley 33 de 1985 se acreditó suficientemente.

De otra parte, afirmó que no había lugar a declarar la nulidad de la Resolución 495 de 2007 del ISS, por no haberse estructurado en la demanda, con precisión y claridad, los motivos de nulidad. Consecuentemente tampoco se ordenó la devolución de lo que percibió la demandante por concepto de indemnización sustitutiva; es decir que, la entidad UGPP no puede condicionar el reconocimiento y pago de la pensión a su devolución.

Acorde con el anterior razonamiento, el juez de primera instancia: i.) Declaró la nulidad de los actos demandados mediante los cuales se negó la pensión de jubilación de la señora Santander Ortiz; ii.) Dispuso el reconocimiento de la pensión liquidada con base en el 75% del promedio de lo devengado por ella en el último año de servicios, con consideración de los factores salariales sobre los cuales efectuó aportes y; iii.) Condenó a la demandada en costas en un 100% a favor de la demandante y a esta última en un 20% a pagar a Colpensiones, por cuanto prosperan parcialmente las pretensiones de la demanda.

RECURSOS DE APELACIÓN

La entidad demandada: Fundó las razones de inconformidad frente a la sentencia de primera instancia, como se resumen a continuación:

Afirmó que si bien es cierto que la demandante cuenta con 20 años de servicios, también lo es que para poder acceder al reconocimiento de la prestación solicitada es preciso que devuelva en su totalidad los dineros recibidos por indemnización sustitutiva, para efectos de la financiación de la prestación reclamada.

Con relación a la indexación o corrección monetaria de la condena, aseveró que

«[…] la entidad, esgrime no tener ninguna posibilidad de actualización de su valor monetario de manera oficiosa, estando sí obligado a dar cumplimiento a las decisiones judiciales por imperativo legal, negando consecuentemente el decreto de la indexación solicitada.

Se debe precisar igualmente, que la actualización de acuerdo con la variación del IPC anual que se ha ordenado y liquidado en la sentencia, se ha venido realizando de forma consecutiva año por año y de forma oficiosa por la Entidad.»

Finalmente, arguyó no estar de acuerdo con los intereses moratorios ordenados, por cuanto la obligación del artículo 141 de la ley 100 de 1993 opera únicamente en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales y no para el reconocimiento pensional.

En consecuencia, peticionó revocar la sentencia y despachar desfavorablemente todos los argumentos esgrimidos contra la UGPP.

Parte demandante: Expuso su disenso ante la decisión del a quo, como se sintetiza:

Sustentó que se desconocieron no solo los derechos laborales de la trabajadora, sino también derechos fundamentales, así como el régimen jurídico de la pensión de jubilación que fue tratado por la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia de unificación del 26 de agosto de 2010.

Indicó que según las pruebas del proceso, la demandante es servidora pública y su último cargo fue como auxiliar administrativo de la coordinación de educación misional contratada de Tumaco. Su última asignación salarial promedio fue $2.087.749 según Resolución 900 del 20 de diciembre de 2010, que reconoció la liquidación y pago de la deuda generada por el proceso de homologación y nivelación salarial como personal administrativo del sector educativo, en la cual se observa que se canceló la nómina, más la indexación y los descuentos que hizo la entidad por aportes.

Por lo tanto, para efectos de prestaciones económicas y sociales la demandante mantendrá el régimen del que gozaba antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, es decir la Ley 33 de 1985, norma que continúa vigente y que contempla el régimen de transición y los factores salariales a considerar al momento de reconocer y liquidar la pensión con base en el 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto devengó la demandante, con inclusión de: asignación básica mensual, gastos de representación, prima técnica, prima de alimentación, auxilio de transporte, prima de navidad, bonificación por servicios prestados, prima de servicios y prima de vacaciones.

Al finalizar indicó que debe adoptarse la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho y que «[…] no compete el trabajador liquidar y pagar con destino al Fondo los aportes que deba hacer para efectos de contribuir a su seguridad social, esta carga es eminentemente patronal y no tiene por qué el trabajador sufrir las consecuencias de una posible omisión o no pago de las mismas […]», por lo tanto, solicitó, revocar parcialmente la sentencia apelada en el numeral segundo y ordenar a la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión sobre el 75% del promedio mensual de los salarios devengados durante el último año de servicios, con todos los factores salariales homologados por la Resolución 900 del 20 de diciembre de 2010, así como el pago de la indexación y los intereses.

Igualmente, que se ordene a la entidad respectiva efectuar el recobro de los valores correspondientes al pago de los aportes patronales de los factores salariales homologados, pues fueron descontados por el municipio.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Parte demandada: La entidad UGPP reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

Parte demandante: Ratificó lo indicado en la alzada.

Ministerio Público guardó silencio en esta etapa según constancia secretarial visible a folio 592 del expediente.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

De igual forma, es necesario precisar que, de conformidad con lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso, a la Subsección A en el presente asunto le corresponde pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por los apelantes en los recursos parciales de apelación.

Problemas jurídicos:

En ese orden, los problemas jurídicos que deben resolverse en esta instancia se resumen en las siguientes preguntas:

1. ¿La señora Piedad Cristina Santander Ortiz tiene derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación de parte de la UGPP, a pesar de haberle sido reconocida indemnización sustitutiva por el ISS?

En caso afirmativo,

2. ¿La demandante, al ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a la liquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de la totalidad de factores salariales devengados en el último año de servicio?

Primer problema jurídico

¿La señora Piedad Cristina Santander Ortiz tiene derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación de parte de la UGPP, a pesar de haberle sido reconocida indemnización sustitutiva por el ISS?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: El reconocimiento de la indemnización sustitutiva de parte del ISS en favor de la demandante no es un argumento legalmente válido para no estudiar de fondo si ella ostenta o no el derecho a la pensión, por las razones que se explican a continuación:

La indemnización sustitutiva

En el expediente en los folios 356 a 358 obra la Resolución 495 del 26 de febrero del 2007, en la cual el Instituto de Seguros Sociales, Seccional Cauca, resolvió una reclamación elevada por la señora Piedad Cristina Santander Ortiz y le concedió indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en cuantía única de $2.240.248 liquidada sobre 673 semanas.

La Ley 100 de 1993 reguló la indemnización sustitutiva de la pensión, como una prestación a la que tiene derecho una persona afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, cuando se presenta una situación que le impide consolidar el derecho pensional.

El artículo 37 ibidem, definió dicha indemnización frente a la pensión de vejez, en los siguientes términos:

«ARTICULO. 37.- Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado.»

Por su parte el Artículo 6 del Decreto 1730 de 2001 indica:

«ARTICULO 6.º Incompatibilidad. Salvo lo previsto en el artículo 53 del Decreto 1295 de 1994, las indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez, son incompatibles con las pensiones de vejez y de invalidez.
Las cotizaciones consideradas en el cálculo de la indemnización sustitutiva no podrán volver a ser tenidas en cuenta para ningún otro efecto.» (subraya la sala)

Acerca de la incompatibilidad prevista en la norma antes transcrita, la Corte Constitucional se ha pronunciado, en el siguiente sentido:

«[…] Ahora bien, en relación con la incompatibilidad que establece el artículo 6 del Decreto 1730 de 2001 HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-596-16.htm" \l "_ftn35" \o "" [35] entre las indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez, y las pensiones que cubren dichos riesgos, cabe señalar que esta Corporación, en su jurisprudencia[36], ha considerado que dicho precepto no constituye un impedimento para que los fondos de pensiones estudien nuevamente el derecho de un afiliado, al que le fue reconocida una indemnización sustitutiva, de percibir una pensión que cubra de manera más amplia las mencionadas contingencias HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-596-16.htm" \l "_ftn37" \o "" [37], pues sucede que hay casos en que se demuestra que desde el primer acto que resolvió la solicitud pensional la persona interesada tenía el derecho a la pensión, HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-596-16.htm" \l "_ftn38" \o "" [38] y sin embargo, no se le reconoció ya sea porque le exigieron un requisito inconstitucional o porque se le aplicó equivocadamente una norma sustantiva. HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-596-16.htm" \l "_ftn39" \o "" [39] En consecuencia, la incompatibilidad de los beneficios pensionales no es una barrera para evaluar nuevamente los casos, ni efectuar un reconocimiento pensional, sino que debe interpretarse como una imposibilidad de que los aportes al sistema financien dos prestaciones simultáneamente, cuando una de ellas se otorga con apego a las normas legales y a la Constitución.

Dicha doctrina constitucional se fundamenta en el carácter irrenunciable e imprescriptible del derecho a la seguridad social (art. 48 CP), en el sentido de que el reconocimiento de una indemnización sustitutiva no puede significar la renuncia a percibir una pensión a la cual se tenía derecho desde el principio. El derecho a determinada prestación nace cuando una persona cumple los presupuestos legales vigentes al momento de causarse el mismo, y ese derecho es irrenunciable. El afiliado puede abstenerse de reclamar el pago efectivo de las mesadas, e inclusive puede aceptar otra prestación sustituta, pero no despojarse de la titularidad del derecho, ni de la facultad de reclamar en el futuro el pago periódico de su prestación. HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-596-16.htm" \l "_ftn40" \o "" [40]

La irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social se refuerza en la dimensión de derecho fundamental que adopta cuando, por ejemplo, está orientada a garantizar el mínimo vital de personas en situación de debilidad manifiesta, que dependen, en gran medida, de un ingreso regular para satisfacer las necesidades más básicas de vida, como la alimentación, el vestido y la vivienda. En estos casos el derecho a la seguridad social adquiere dimensiones de derecho fundamental, y la garantía de irrenunciabilidad se hace un tanto más importante, precisamente porque se constituye en un presupuesto para el goce efectivo de otros bienes superiores, como la vida y la dignidad humana. HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-596-16.htm" \l "_ftn41" \o "" [41]

De otra parte, cabe precisar que un eventual reconocimiento de la pensión de invalidez o de vejez a un afiliado que ha recibido una indemnización sustitutiva por alguna de las dos contingencias no afecta la sostenibilidad financiera del sistema, pues existen mecanismos para que pueda deducirse de las mesadas lo pagado por concepto de indemnización sustitutiva, y así asegurar que los aportes del asegurado financien solamente una prestación. De esta forma, se cumple con el objetivo del mandato de incompatibilidad de las prestaciones y con el respeto a los derechos adquiridos y el carácter irrenunciable de la seguridad social. En diferentes oportunidades, la Corte ha utilizado este mecanismo para armonizar los postulados descritos, autorizando a la demandada, por ejemplo, a que descuente lo pagado por indemnización sustitutiva de las mesadas pensionales, sin que se afecte el derecho al mínimo vital. HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-596-16.htm" \l "_ftn42" \o "" [42] […]»

Desde esta perspectiva de la Corte Constitucional, se puede concluir que el artículo 6 del Decreto 1730 de 2001 no regula un impedimento para que los fondos de pensiones estudien a cabalidad la probabilidad de reconocer un derecho pensional a un afiliado por el hecho de que le haya sido reconocida una indemnización sustitutiva, sino que debe interpretarse como una imposibilidad de que los aportes al sistema financien dos prestaciones simultáneamente.

En consecuencia, para la subsección es claro que el hecho de que a la demandante se le haya reconocido una indemnización sustitutiva a través de la Resolución 000495 del 26 de febrero de 2007, no era óbice para que la entidad demandada estudiara y de ser el caso reconociera la pensión.

Por lo tanto, frente al argumento de Colpensiones para negar la pensión de vejez solicitada por la demandante, relativo a la incompatibilidad con la indemnización sustitutiva, considera la subsección que la determinación que en su momento adoptó el entonces Instituto de Seguros Sociales al reconocer y pagar esa indemnización, no configuraba un impedimento para que dicha entidad surtiera el estudio jurídico de fondo y, de ser pertinente concediera un derecho que en mejor medida retribuyera, no solo las cotizaciones efectuadas por la empleada pública, sino también su abnegación en la prestación del servicio público y que garantizara un amparo más efectivo a las contingencias de su vejez.

Ello, por cuanto la incompatibilidad planteada en el artículo 6 del Decreto 1730 de 2001 debe interpretarse más bien como una imposibilidad en torno a los aportes del sistema para que no lleguen a financiar dos prestaciones simultáneamente, pero no como un limitante de acceso a los derechos sustanciales, de tal manera que se privilegie la circunstancia más justa, de mayor auxilio y que realmente compense todo aquello que durante la vida laboral ha causado y cotizado la trabajadora.

Precisamente, la subsección observa que, una indemnización sustitutiva reconocida en el año 2007 en cuantía de $2.240.248, de manera alguna equipara o compensa la totalidad de cotizaciones efectuadas por la trabajadora durante todo su trasegar laboral y menos aún afecta la sostenibilidad financiera del sistema, pues existen mecanismos para que ese valor pueda deducirse de las mesadas pensionales retroactivas de la eventual condena, para así asegurar que los aportes totales de la asegurada financien únicamente una prestación.

De esta forma, se cumple con el mandato de incompatibilidad de las prestaciones, pero también se salvaguarda el respeto a los derechos adquiridos y el carácter irrenunciable de la seguridad social en garantía de lo más favorable al trabajador.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T-003 de 2014, con ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo, amparó el derecho a la seguridad social de una persona que reclamaba la pensión de sobrevivientes, cuando previamente al causante le había sido reconocida una indemnización sustitutiva. Sobre el descuento de esta última prestación se resolvió:

«[…] la Sala le ordenará a Colpensiones que revise la historia laboral de la señora Odeilda Franco García y en caso que cumpla con el requisito de haber cotizado 50 semanas en los últimos tres años anteriores a su fallecimiento, se ordena que le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes a su hijo Giovanni Jaramillo Franco. En caso que haya reclamado la indemnización sustitutiva, la entidad accionada deberá hacer un cálculo y descontarle esta prestación de manera periódica, sin que la pensión de sobrevivientes sea inferior a un salario mínimo legal […]». (Subraya la Sala).

Ahora bien, de cara a los argumentos del a quo al indicar que «[…] el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de vejez no impide el reconocimiento de la prestación reclamada porque las semanas indemnizadas corresponden a periodos aportados en el sector privado, antes de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, y en tanto la actora prestó servicios o aportó al sistema de pensiones por el periodo que regula la Ley 33 de 1985 […]», la subsección estima que no son de recibo para el caso, por cuanto el artículo 17 de la Ley 549 de 1999, dispone:

«ARTÍCULO 17. Bonos pensionales. […]
El salario a fecha base (junio 30 de 1992 o fecha inmediatamente anterior si a dicha fecha no estaba activo) para calcular los bonos pensionales se determinará tomando los mismos factores salariales que se utilicen para el reconocimiento de la pensión, en el Régimen de pensiones de la Ley 100 de 1993. El salario así determinado se actualizará hasta la fecha de traslado, con el índice de precios al consumidor certificado por el DANE. Los mismos factores se utilizarán para el reconocimiento de la pensión.
[…]
Sin perjuicio de los requisitos para acceder a la pensión en el régimen de transición, todos los tiempos laborados o cotizados en el sector público y los cotizados al ISS serán utilizados para financiar la pensión. Cuando algún tiempo no se incluya para el reconocimiento de la pensión y por ello no se incluya en el cálculo del bono pensional o no proceda la expedición de bono, se entregará a quien reconozca la pensión, por parte de la entidad que recibió las cotizaciones o aquella en la cual prestó servicios sin aportes, el valor equivalente a las cotizaciones para pensión de vejez que efectuó o hubiere efectuado al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte del ISS, actualizados con el DTF pensional. En estos casos, cuando los tiempos laborados con el sector público, sean anteriores a 1967, dicho valor se calculará con el porcentaje de cotización para pensión de vejez que regía para el año 1967, descontándose dicho monto del valor del bono a que haya lugar. […]»

Por su parte, el artículo 2 del Decreto 2527 del 2000 al reglamentar la norma antes citada, indicó:

«ARTICULO 2.º Solicitud de traslado de cotizaciones e información. De conformidad con el artículo 17 de la Ley 549 de 1999 todos los tiempos laborados o cotizados en el sector público y los cotizados al ISS serán utilizados para financiar la pensión. Cuando algún tiempo no se tome en cuenta para el reconocimiento de la pensión, y por ello no se incluya en el cálculo del bono pensional o no proceda la expedición de bono o cuota parte, la caja, fondo o entidad pública que deba hacer el reconocimiento de la pensión, según el artículo anterior, solicitará a las administradoras o entidades de los tiempos cotizados o servidos que no se tienen en cuenta para el reconocimiento de la pensión, el traslado del valor de las cotizaciones para la pensión de vejez y de la información que posea(n) sobre el trabajador, incluyendo su historial laboral. Dicho traslado se deberá efectuar dentro de los dos (2) meses siguientes al recibo de la solicitud.
El monto a trasladar se determinará de conformidad con el artículo 17 de la Ley 549 de 1999.» (subraya la subsección)

En consecuencia, es innegable que con apego a la norma, todos los tiempos laborados y cotizados, sean en el sector público o en el sector privado, deben concurrir al régimen al que se encuentre afiliado un trabajador y entrar a financiar la cuenta pensional de la cual va a ser beneficiario, sean estos anteriores o posteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Corolario de lo expuesto, la demandante deberá reembolsar, la totalidad del dinero recibido por concepto de indemnización sustitutiva en la Resolución 495 de 2007, de manera actualizada con base en el índice de precios al consumidor certificado por el DANE, el cual será descontado de las mesadas retroactivas a cancelar de parte de la UGPP a la señora Santander Ortiz.

En conclusión: Aun cuando la indemnización sustitutiva es incompatible con la pensión de vejez, su reconocimiento no impide el eventual acceso a disfrutar de una prestación de jubilación, bajo la condición de devolución de lo ya recibido por dicha indemnización. De allí que en el evento de encontrarse acreditados por la demandante los requisitos para acceder al reconocimiento pensional deprecado, procede el reembolso de lo cancelado a título de este último concepto, tal como lo invoca la entidad demandada en el recurso de apelación.

Segundo problema jurídico

2. ¿La demandante, al ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a la liquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de la totalidad de factores salariales devengados en el último año de servicio?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: De conformidad con la postura recientemente unificada por esta Corporación, a la demandante no le asiste derecho a que la pensión de vejez ya reconocida por el a quo le sea liquidada con base en la totalidad de los factores devengados durante el último año de servicios, por las razones que se explican a continuación:

Régimen de transición – verificación si cobija a la demandante.

A efectos de estudiar la pretensión de la parte demandante en torno a la liquidación de su pensión de jubilación es necesario en primer lugar determinar si goza del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque solo así es posible la aplicación de la norma anterior de jubilación, al respecto estipula:

«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.

[…]

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.» (subraya la sala).

De acuerdo con la norma en cita es beneficiario del régimen de transición quien a la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 tenga alguno de los siguientes presupuestos:

Mujeres: 35 o más años
Hombres:40 o más años,
o,
Mujeres u hombres: 15 o más años de servicios cotizados

Con base en ello se corrobora en el presente caso lo siguiente:

Edad a la data de vigencia de la Ley 100: La señora Piedad Cristina Santander Ortiz nació el 21 de agosto de 1947, es decir, que para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 -1.º de abril de 1994- tenía 46 años de edad.

Por lo tanto, cumple con el requisito de la edad porque tenía más 35 años a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Tiempo de servicio a la entrada en vigencia de la Ley 100: La demandante ingresó a laborar en la Coordinación de Educación Misional Contratada de Tumaco, Nariño, el 1.º de noviembre de 1981, posteriormente mediante Resolución 5168 del 16 de abril de 1982 se ratificó el nombramiento por el ministro de Educación Nacional y se retiró el 1.º de julio del 2008.

Es decir, para el 1.º de abril de 1994 no tenía cumplidos los 15 años de servicios pues había laborado 12 años y 5 meses. Por ende, no acreditó el requisito relativo al tiempo de servicios pero sí el de la edad.

Se colige: Con base en lo anterior, la parte demandante goza del régimen de transición por tener más de 35 años de edad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Régimen pensional aplicable – verificación de requisitos

Una vez determinado que la libelista goza de la aplicación de la normativa anterior a la Ley 100 de 1993, para efectos pensionales, al ser beneficiaria del régimen de transición, se examinará cual es el ordenamiento que rige su derecho pensional:

Al respecto el artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 dictamina:

«ARTÍCULO  1.° El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.» (subraya fuera del texto)

De acuerdo a la norma transcrita, se requiere para obtener la pensión de jubilación consagrada en la Ley 33 la acreditación de todos los siguientes requisitos:

Ser empleado público,
20 años prestados al servicio público,
55 años de edad.

Con base en ello se corrobora en el presente caso lo siguiente:

Calidad de empleado público: Se demostró que todos los años de servicios laborados fueron como empleada pública, según nombramiento ratificado por el ministro de Educación Nacional.

Tiempo de servicios: Se certificó por la Secretaría de Educación Municipal de Tumaco que laboró para dicha entidad por más 26 años, desde el 1.º de noviembre de 1981 hasta el 1.º de julio de 2008.

Edad: Cumplió 55 años de edad el 21 de agosto de 2002, se itera que nació el 21 de agosto de 1947.

Se colige: Consumó los requisitos para obtener la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, esto es, más de 20 años laborados como empleada pública y 55 años de edad, el 21 de agosto de 2002.

Se deberá definir seguidamente cual es el monto e IBL de la pensión de jubilación de la demandante al encontrarse que obtuvo los requisitos que exige la Ley 33 de 1985 y que es beneficiaria del régimen de transición.

Sentencia de unificación – criterio de interpretación sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para los beneficiarios del régimen de transición.

Como primera medida y para la resolución de los aspectos en controversia del caso, se dará aplicación a la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, en la cual la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo fijó las reglas y subreglas jurisprudenciales que en adelante se deben considerar en torno a casuísticas que por aspectos fácticos y jurídicos enmarquen en iguales o similares circunstancias.

Vale la pena resaltar que la sentencia en mención es vinculante y de obligatorio acatamiento para la resolución de todas las controversias relacionadas, en virtud de lo previsto en el artículo 10 del CPACA, más aún cuando la postura según lo indicado en la sentencia C-634 del 2011, acompasa con los criterios de interpretación que sobre el tema ha venido exponiendo la Corte Constitucional en diferentes providencias.

En efecto, la Sala Plena precisó que la sentencia de unificación se aplicaría con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables. […]».

Ahora bien, sobre el fondo del asunto, la sentencia de unificación referida indicó:

«[…] El Ingreso base de Liquidación en el régimen de transición
66. La aplicación del régimen pensional de transición para quien opte por este, significa que los requisitos de la edad y el tiempo, y el monto de su pensión sean los previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual remite a los regímenes pensionales anteriores, en virtud de los efectos ultractivos dados a los mismos.

67. Lo anterior cobra relevancia en la medida en que si bien el inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 señaló que el monto de la pensión para los beneficiarios de la transición sería el previsto en el régimen anterior al cual se encontraran afiliados, lo cierto es que el inciso 3 de la misma disposición previó de manera expresa un ingreso base para la liquidación de la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso 2 que les faltaren menos de 10 años para adquirir el derecho, definiendo así uno los elementos del monto pensional.
68. La redacción del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ha dado lugar a diversas interpretaciones sobre cuál es el ingreso base de liquidación que se debe tomar en cuenta para liquidar las pensiones en el régimen de transición, pues el concepto “monto” señalado en el inciso 2 de esa disposición daría lugar a entender, como lo ha considerado la Sección Segunda del Consejo de Estado, que la mesada pensional o monto incluye el IBL y la tasa de reemplazo previstos en los regímenes anteriores. Sin embargo, otra interpretación es que, en virtud de lo previsto en el inciso 3 ibídem, para establecer el monto de la pensión, solo se tomaría la tasa de reemplazo del régimen anterior, teniendo en cuenta que el IBL fue expresamente definido por este inciso para el régimen de transición. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia son de esta tesis.

[…]

84. Planteadas así las tesis sobre el IBL aplicable en el régimen de transición, la Sala advierte que el aspecto que ha suscitado controversia es el periodo que se toma en cuenta al promediar el ingreso base para fijar el monto pensional, pues el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 preveía como IBL el “salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio”, mientras que el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establece que el ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Es decir, mientras el régimen general de pensiones de la Ley 33 de 1985 establece el último año de servicios, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagra la posibilidad que sea más de un año dependiendo de la situación particular de la persona que está próxima a consolidar su derecho pensional.

85. A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma.

[…]

91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. […]» (negrita del texto original, subraya de la sala).

Con base en lo precedente se fijó como regla de unificación: «El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985». (negrita del texto original).

A partir de dicha regla, sentó la siguientes subreglas:

Periodo para liquidar la pensión de jubilación:

«[…] 94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. […]»

Aplicada dicha subregla al caso en estudio se observa que la parte demandante:

Completó 20 años de servicios el 1.º de noviembre de 2001, toda vez que ingresó a laborar en la Secretaría de Educación del municipio de Tumaco el 1.º de noviembre de 1981 hasta el 1.º de julio de 2008.

Cumplió 55 años de edad el 21 de agosto del 2002, porque nació el 21 de agosto de 1947.

Por ende, consolidó el estatus pensional el 21 de agosto del 2002, por edad.

De allí que le faltaren menos de diez años para obtener el derecho pensional al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, toda vez que del 1.º de abril de 1994 al 21 de agosto del 2002, transcurrieron 8 años.

Corolario, de acuerdo con la subregla de unificación, para liquidar la pensión de jubilación se tendrá en cuenta el promedio de lo devengado en el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho al 1.º de abril de 1994, o el cotizado durante todo el tiempo de ser superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Lo cual correspondería optativamente, al lapso del 1.º de abril de 1994 al 21 de agosto del 2002 o al promedio de lo cotizado durante todo el tiempo, es decir entre el 1.º de noviembre de 1981 al 1.º de julio de 2008, si es superior o le resulta más favorable, esta última por ser la data de retiro del servicio, es decir porque hasta esa fecha cotizó.

Se colige: El periodo de liquidación de la pensión de jubilación será el promedio de lo devengado en el tiempo que le hacía falta a la demandante para adquirir el derecho al 1.º de abril de 1994, o el cotizado durante todo el tiempo de ser superior, actualizado anualmente.

Factores salariales a incluir en la pensión de jubilación

«[…] 96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones. […]»

A partir de la subregla citada, en materia de factores salariales solo se computarán en la liquidación de la pensión de jubilación aquellos que hubieran sido objeto del aporte o de la cotización respectiva.

No obstante, ello se debe acompasar con lo que prevé la Ley 100 de 1993 como Ingreso Base de Cotización a fin de determinar cuáles factores son objeto de cotización dentro de dicho régimen general de pensiones, lo cual es necesario en razón a que como se definió líneas atrás, el IBL aplicable a los beneficiarios del régimen de transición del régimen pensional de la Ley 33, es el previsto en artículo 21 o el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100, según el caso, dentro de lo cual se incorporan inexorablemente, los factores salariales.

Al respecto a modo de prólogo, el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 indicaba qué constituye Base de Cotización:

«ARTÍCULO 18. BASE DE COTIZACIÓN. <Inciso 4. y parágrafo modificados por el artículo  HYPERLINK "https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0797_2003.htm" \l "5" 5 de la Ley 797 de 2003. (El artículo 5 de la Ley 797 de 2003 transcribe todo el artículo). El nuevo texto es el siguiente:> La base para calcular las cotizaciones a que hace referencia el artículo anterior, será el salario mensual.

El salario base de cotización para los trabajadores particulares, será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo.

El salario mensual base de cotización para los servidores del sector público, será el que señale el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ley  HYPERLINK "https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0004_1992.htm" \l "1" 4a. de 1992. […]» (subraya la sala)

Con posterioridad a dicha norma, se profirió el Decreto 691 de 1994 «Por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones y se dictan otras disposiciones», el cual en el artículo 6.° determinó los factores que serían objeto de cotización.

Empero, la norma anterior fue modificada por el artículo único del Decreto 1158 de 1994 el cual consagró nuevamente los rubros que constituyen base de cotización:

«[…] ARTICULO 1.° El artículo  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_0691_1994.htm" \l "6" 6.º del Decreto 691 de 1994, quedará así: "Base de Cotización".
El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores:

a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación;
c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;
d) Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de salario.
e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;
f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna;
g) La bonificación por servicios prestados; […]»

En consecuencia, los rubros pasibles de incluirse en el IBL de la pensión de jubilación de los beneficiarios del régimen de transición, tras acreditar los requisitos de la Ley 33 de 1985 serán los previstos en el Decreto 1158 de 1994.

En aplicación de la segunda subregla de unificación según los razonamientos esbozados, de cara al caso concreto se procede a analizar los factores que se deben computar en la liquidación de la pensión de jubilación de la parte demandante:

Obran certificaciones a folios 21 a 48 y 246 a 275 suscritas por el pagador y el coordinador de educación contratada de Tumaco, en las cuales constan los factores devengados por la señora Santander Ortiz desde 1981 y hasta el 2008:

Sueldo Básico
Alimentación
Prima técnica (desde marzo de 2001)
Transporte
Prima de servicios
Prima de vacaciones
Bonificación por servicios prestados
Prima de navidad

Se resalta que en dichas certificaciones se registran las columnas de deducciones, sin embargo no es factible definir con absoluta precisión sobre cuáles factores se efectuaban los descuentos.

Adicionalmente se encuentra demostrado, que la demandante fue beneficiaria del proceso de homologación y nivelación salarial que se reconoció por el alcalde del municipio de Tumaco, a través de la Resolución 900 del 20 de diciembre de 2010, para el periodo comprendido entre el 27 de junio de 2003 y el 17 de julio del 2008. En el documento se relaciona de manera general el valor al que ascendió la deuda total de homologación del ente territorial y otra cifra por los aportes patronales al sistema de seguridad social, pero de ello tampoco se puede deducir con certeza el valor que se le descontó individualmente a la demandante por aportes ni sobre qué factores salariales hubo incidencia.

Existe constancia de los valores salariales devengados por la demandante desde 1981 y hasta el 2008 y de las deducciones generales que le efectuaron mes a mes. Ahora, aunque no se indica cuáles fueron los factores tenidos en cuenta para calcular el ingreso base de cotización y el de liquidación, no se controvierte que la entidad se encontraba sometida al imperio de la Ley y que atendió la correspondencia que debe existir entre ambos conceptos, esto es, entre los descritos en el Decreto 1158 de 1994 y aquellos sobre los cuales se efectuaron las correspondientes cotizaciones.

En consecuencia, la entidad demandada deberá efectuar los cálculos pertinentes para definir el promedio del IBL de la pensión de vejez de la demandante conforme al lapso o periodo de liquidación que le resulte más favorable, teniendo en cuenta también el aumento de los valores salariales como consecuencia de la homologación salarial efectuada en el municipio de Tumaco en el año 2010. Para tal efecto únicamente se incluirán como factores salariales los de:

a) asignación básica,
c) bonificación por servicios prestados y,
g) prima técnica.

En razón a que solo dichos rubros se encuentran enlistados en el Decreto 1158 de 1994, en consonancia con la segunda subregla de unificación.

Se colige: Los factores a incluir en la pensión de jubilación, son la asignación básica, la bonificación por servicios prestados y la prima técnica.

Corolario de lo expuesto, la parte demandante tiene derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación en cuantía equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho al 1.º de abril de 1994, o el cotizado durante todo el tiempo de ser superior, actualizado anualmente; con la inclusión de los factores salariales de asignación básica, bonificación por servicios y prima técnica.

En este sentido, esta Subsección concluye que i.) en el asunto debe efectuarse la modificación del lapso de liquidación de la pensión de jubilación de la señora Santander Ortiz, toda vez que no corresponde al último año de prestación de servicios sino que existen dos opciones para que se calcule desde el 1.º de abril de 1994 al 21 de agosto del 2002 (tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993) o bien por todo el tiempo de trabajo, es decir entre el 1.º de noviembre de 1981 al 1.º de julio de 2008, si el promedio resulta superior o más favorable. ii.) no obstante, se precisa que a ella no le asiste el derecho a la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios como lo peticiona en la apelación, toda vez que en este aspecto, la segunda subregla de la sentencia de unificación es clara al indicar que se incluyen «[…] únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones. […]»

Con este orden de ideas, queda demostrado que para calcular la cuantía de la mesada pensional deben tomarse en consideración los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994, de conformidad con lo previsto en la segunda subregla del criterio recientemente unificado por la Corporación.

De otra parte y con relación al disenso que se expone en el recurso de apelación de la UGPP sobre la indexación de la condena, recuerda la subsección que ese tipo de determinaciones no son objeto de interpretación, graduación o criterio del juzgador sino que hacen parte de las órdenes de cumplimiento de la sentencia, en lo atinente a este aspecto, el artículo 48 Superior dispone que «[…] La Ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante […]», el 53 ibídem regula que el «[…] El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales […]» y el artículo 187 del CPACA también preceptúa que «[…] Las condenas se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor […]». Entonces, como lo ha sostenido esta subsección la «[…] indexación sirve como un instrumento equilibrador del fenómeno de la depreciación que sufre la moneda nacional por efecto de la pérdida del poder adquisitivo del dinero, debido a las fluctuaciones del sistema económico del país. […]». Desde esta óptica, sin mayores dilucidaciones se estima que la orden de actualización de las sumas que se condenaron en la controversia, se encuentra del todo ajustada a la legalidad.

Para finalizar, la subsección se abstiene de hacer algún pronunciamiento acerca del argumento de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, toda vez que la sentencia de primera instancia no fijó condena en tal sentido.

En conclusión: El reconocimiento de la pensión de la señora Santander Ortiz, bajo el régimen de transición, se debe ajustar a la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda de esta Corporación el 28 de agosto de 2018 y ceñirse a los parámetros de liquidación enlistados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en cuanto al lapso del IBL y a los factores de liquidación enlistados en el Decreto 1158 de 1994, con inclusión de los factores de asignación básica, bonificación por servicios prestados y prima técnica.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone modificar parcialmente la sentencia apelada, para precisar el lapso del lBL y la determinación de los factores salariales con base en los cuales se debe efectuar el cómputo de la cuantía de las mesadas a reconocer. Adicionalmente, se ordenará que al valor de las mesadas retroactivas del reconocimiento pensional se descuente, de manera actualizada con base en el IPC, el valor que le fue reconocido a la demandante por concepto de indemnización sustitutiva en la Resolución 495 del 26 de febrero de 2007. Por tal razón, son parcialmente viables los argumentos de apelación propuestos por los apoderados de las partes. En lo demás se confirmará la decisión del a quo.

De la condena en costas

Esta Subsección en providencia con ponencia del Magistrado William Hernández Gómez sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se señaló como conclusión, lo siguiente:

El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.

Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.

La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.

La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

De conformidad con lo señalado, en el presente caso en atención a que los argumentos de apelación que presentaron ambas partes se estimaron parcialmente viables y al considerar también sus intervenciones en el trámite de la alzada, la sala se abstendrá de condenar en costas de segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Se modifica el numeral segundo de la sentencia del 18 de diciembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, en cuanto accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la señora Piedad Cristina Santander Ortiz contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), y en su lugar, el numeral mencionado quedará como se consigna a continuación:

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) que reconozca y pague a la señora Piedad Cristina Santander Ortiz, identificada con la cédula de ciudadanía 27.497.981 de Tumaco (Nariño), de manera retroactiva y actualizada una pensión mensual vitalicia de vejez en cuantía equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (es decir entre el 1.º de abril de 1994 y el 21 de agosto de 2002), o el cotizado durante todo el tiempo (entre el 1.º de noviembre de 1981 y el 1.º de julio de 2001) de ser superior o más favorable. Lo anterior, con inclusión de los factores de asignación básica, bonificación por servicios prestados y prima técnica devengados durante esos lapsos, con efectividad fiscal a partir del 01 de julio de 2008, fecha de retiro definitivo del servicio. De las mesadas retroactivas a cancelar a la señora Santander Ortiz, la entidad demandada deberá igualmente descontar de manera actualizada con base en el IPC, la suma de $2.240.248 que le fueron reconocidos por indemnización sustitutiva en la Resolución 495 de 2007 proferida por el Instituto de Seguros Sociales.

Se mantiene el numeral SEGUNDO de la providencia en lo resuelto para el cálculo de las mesadas pensionales y la fórmula de actualización.

Segundo: Se confirma en lo demás la sentencia apelada.

Tercero: Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto: Se reconoce personería adjetiva al abogado José Octavio Zuluaga Rodríguez como apoderado principal de la entidad demandada, conforme al poder que obra a folio 586 del expediente.

Quinto: Se reconoce personería adjetiva a la abogada Linda Catalina Vargas Gil como apoderada sustituta de la entidad demandada, conforme al poder que obra a folio 590 del expediente.

Sexto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa “Justicia Siglo XXI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

En adelante UGPP.
Magistrado ponente: Paulo León España Pantoja.
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en adelante CPACA.
Folios 120 a 121 y 158 a 159.

Folios 159 a 161. Hernández Gómez William, consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. Ramírez Ramírez Jorge Octavio, consejero de Estado, Sección Cuarta. Módulo El juicio por audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. EJRLB. Folios 428 vto. a 430 vto y CD del folio 433. Hernández Gómez William, consejero de Estado, Sección Segunda (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. Folio 454 a 473 vto. Folios 481 a 484. Folios 485 a 493. Folio 565. Folios 566 a 574. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
«artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Sentencia T-596 del 2016 del 31 de octubre de 2016, expedientes T-5.605.497, T-5.611.344, accionantes: Gustavo Hernández Ríos y Jesús María Giraldo Corral, accionada: Colpensiones, magistrado ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-596-16.htm" \l "_ftnref35" \o "" [35] “Por el cual se reglamentan los artículos 37, 45 y 49 de la Ley 100 de 1993 referentes a la indemnización sustitutiva del régimen solidario de prima media con prestación definida”. “[…] las indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez, son incompatibles con las pensiones de vejez y de invalidez”. HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-596-16.htm" \l "_ftnref36" \o "" [36] Al respecto, basta citar las sentencias T-043 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-1030 de 2008 (MP Mauricio González Cuervo), T-870 de 2009 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) y T-482 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), mediante las cuales se reconoció el derecho a la pensión de invalidez a personas que ya habían sido beneficiarias de una indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez, bajo el entendido de que la incompatibilidad de las prestaciones no significa erosionar el principio de irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social. HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-596-16.htm" \l "_ftnref37" \o "" [37] T-606 de 2014.

HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-596-16.htm" \l "_ftnref38" \o "" [38] Al respecto, basta citar las sentencias T-043 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-1030 de 2008 (MP Mauricio González Cuervo), T-870 de 2009 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) y T-482 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), mediante las cuales se reconoció el derecho a la pensión de invalidez a personas que ya habían sido beneficiarias de una indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez, bajo el entendido de que la incompatibilidad de las prestaciones no significa erosionar el principio de irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social. HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-596-16.htm" \l "_ftnref39" \o "" [39] Sobre la incompatibilidad de la indemnización sustitutiva con otro tipo de pensiones, como la de vejez o sobrevivientes, pueden observarse las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-950 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo), SU-132 de 2013 (MP Alexei Julio Estrada), T-508 de 2013 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-069 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa) y T-228 de 2014 (MP Nilson Pinilla Pinilla). HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-596-16.htm" \l "_ftnref40" \o "" [40] Ibídem. HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-596-16.htm" \l "_ftnref41" \o "" [41] Es reiterada la jurisprudencia constitucional que ha establecido el carácter fundamental del derecho a la pensión de sobrevivientes. Al respecto, puede observarse, entre otros, lo dicho en la sentencia T-414 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), en la cual se sostuvo: “[…] el derecho a la seguridad es un verdadero derecho fundamental cuya efectividad y garantía se deriva de (i) su carácter irrenunciable, (ii) su reconocimiento como tal en los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano en la materia y (iii) de su prestación como servicio público en concordancia con el principio de universalidad. Sin embargo, el carácter fundamental del derecho a la seguridad social no puede ser confundido con su aptitud de hacerse efectivo a través de la acción de tutela. En este sentido, la protección del derecho fundamental a la seguridad social por vía de tutela solo tiene lugar cuando (i) adquiere los rasgos de un derecho subjetivo; (ii) la falta o deficiencia de su regulación normativa vulnera gravemente un derecho fundamental al punto que impide llevar una vida digna; y (iii) cuando la acción satisface los requisitos de procedibilidad exigibles en todos los casos y respecto de todos los derechos fundamentales.” Al respecto, pueden observarse, entre muchas otras, las sentencias T-326 de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-580 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-019 de 2009 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-642 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-801 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-044 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), y SU-132 de 2013 (MP Alexei Julio Estrada). HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-596-16.htm" \l "_ftnref42" \o "" [42] Al respecto, puede observarse, entre otras, la sentencia T-003 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo). […]. En el mismo sentido, se puede observar la sentencia T-599 de 2012 con ponencia de la magistrada María Victoria Calle Correa.
«Por la cual se dictan normas tendientes a financiar el pasivo pensional de las entidades territoriales, se crea el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones en materia prestacional.»
HYPERLINK "https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6303" \l "1" Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 2527 de 2000
«Por medio del cual se reglamentan los artículos 36 y 52 de la Ley 100 de 1993, parcialmente el artículo 17 de la Ley 549 de 1999 y se dictan otras disposiciones».

Según registro civil de nacimiento a folio 15 del expediente y cédula de ciudadanía a folio 14. Según constancias expedidas por el secretario contador de la educación misional contratada de San Andrés de Tumaco obrante a folios 19 y 20 del expediente y por la secretaria de educación municipal del municipio de Tumaco que reposa en el folio 65. Folio 52. Según Decreto 589 del 20 de noviembre de 2008, que en el artículo 2.º le aceptó la renuncia, el cual obra a folios 50 a 51 del expediente.
«Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las cajas de previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público»
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, consejero ponente: César Palomino Cortés. Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro. Sentencias C-258 del 2013, SU-230 del 2015, SU-395 del 2017. ARTICULO. 6.° Base de cotización. El salario mensual base para calcular las cotizaciones al sistema general de pensiones de los servidores públicos que por el presente decreto se incorporan, estará constituido por los siguientes factores:
a)  La asignación básica mensual;
b)  Los gastos de representación;
c)  La prima técnica, cuando ésta sea factor de salario;
d)  La remuneración por trabajo dominical o festivo;
e)  La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna, y
f)  La bonificación por servicios
Por el cual se modifica el artículo  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_0691_1994.htm" \l "6" 6.° del Decreto 691 de 1994.

Al respecto, ver sentencia del 23 de marzo 2017, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, subsección A, consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas, expediente: 68001233100020080032901(2284-13), demandante: Alberto Arturo Villareal Salazar y otro, demandado: Ministerio de la Protección Social y Gobernación de Cundinamarca.
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, demandante: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»

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