Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00149-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00149-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2019-00149-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
31 de julio de 2026
Acción especial de revisión
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00149-01(2576-2025)
Demandante: María Helia Cortés Jaramillo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026).
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 19001-23-33-004-2019-00071-01 (2576-2025)
Demandante: María Helia Cortes Jaramillo
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones1
Temas: Indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes.
Decisión: Confirma decisión que niega las pretensiones de la
demanda.
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante en contra de la sentencia del 19 de junio de 2025, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2, negó las pretensiones
de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda3
2.1.1. Pretensiones.
2. María Helia Cortés Jaramillo, actuando por conducto de apoderado promovió
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 20114 en contra de
Colpensiones, con el fin de obtener la nulidad de las resoluciones SUB 188271
del 16 de julio de 2018, SUB 225730 del 24 de agosto de 2018 y DIR 16488 del
10 de septiembre de 2018, mediante las cuales se negó el reconocimiento y pago
de una indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, y se resolvió el
recurso de reposición y apelación, respectivamente.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó reconocer a favor de la señora
María Helia Cortés Jaramillo la indemnización sustitutiva por las 937,14 semanas
1 En adelante COLPENSIONES
2 Con ponencia del magistrado Oscar Alonso Valero Nisimblat.
3 Expediente digitalizado. Sistema Samai. Primera instancia. Opción: «Visualizar expediente». Archivo:
«DEMANDA NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO - MARIA HELIA CORTES J.», páginas 48 a 57.
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«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».
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cotizadas con la correspondiente indexación, junto con el pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1996, el cumplimiento de
la decisión conforme a los términos del CPACA, así como la condena en costas
y agencias en derecho a la parte demandada.
2.1.2. Hechos.
4. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:
5. La Universidad del Valle a través de la Resolución 0264 del 14 de febrero de
2018, reconoció una pensión de jubilación post-mortem a favor del señor Víctor
Daniel Campo (Q.E.P.D), quien falleció el 4 de octubre de 2017. En el mismo
acto administrativo, el plantel universitario ordenó el pago de una pensión de
sobrevivientes a la señora María Helia Cortés Jaramillo, con efectividad desde
el 4 de octubre de 2017.
6. El causante efectuó cotizaciones a Colpensiones a partir del 1 de diciembre
de 1997, equivalente a 937,14 semanas.
7. Finalmente, aseveró que, con ocasión del fallecimiento del causante, la señora
María Helia Cortés Jaramillo, en calidad de cónyuge supérstite, solicitó el 31 de
mayo de 2018 ante la Administradora de Pensiones el reconocimiento y pago de
la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes. Dicha solicitud fue
negada mediante la Resolución No. SUB 188271 del 16 de julio de 2018, con
fundamento en que la Universidad del Valle había transmitido a la interesada el
derecho al disfrute de la pensión de sobrevivientes, razón por la cual la prestación
reclamada resultaba incompatible con la prohibición de percibir doble asignación
proveniente del erario. Contra esta decisión interpuso los recursos de reposición
y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos mediante la Resolución
No. SUB 225730 del 24 de agosto de 2018 y el Oficio DIR 16488 del 10 de
septiembre de 2018, confirmando la negativa al reconocimiento de la prestación.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
8. La parte demandante como normas vulneradas señaló los artículos 18, 37 y
141 de la Ley 100 de 1993.
9. En el concepto de violación sostuvo que es procedente el reconocimiento de
la indemnización sustitutiva, ya que, percibe la pensión de jubilación post mortem
por los años de servicio prestados por el señor Víctor Daniel Campo en la
Universidad del Valle, prestación compatible con la indemnización sustitutiva que
deriva de las cotizaciones realizadas por los descuentos en el salario. Agregó
que las semanas cotizadas no influyeron y tampoco hacen parte de la pensión
de jubilación reconocida.
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2.2. Contestación de la demanda5.
2.2.1. Colpensiones, por intermedio de apoderada judicial, se opuso a las
pretensiones de la demanda, argumentando que la indemnización sustitutiva
reclamada tiene origen en el mismo vínculo laboral del que derivó la prestación
reconocida al señor Víctor Daniel Campo (Q. E. P. D.). Sostuvo, además, que los
recursos destinados al pago de dicha prestación corresponden a una obligación
pensional asumida por la Universidad del Valle como consecuencia del
reconocimiento de la pensión post mortem a favor del causante, derecho que
posteriormente se transmitió a la demandante en calidad de beneficiaria de la
pensión de sobrevivientes.
10. Como fundamento de la defensa sostuvo que el causante inició su vinculación
laboral con la institución educativa el 21 de septiembre de 1972 y que, al 31 de
diciembre de 1996, no se encontraba afiliado a ninguna administradora del
Sistema General de Pensiones. Debido a ello, el Fondo del Pasivo Pensional de
la Universidad del Valle asumió la responsabilidad del pago de la prestación
pensional correspondiente.
11. Señaló que el señor Víctor Daniel Campo efectuó cotizaciones al Instituto de
Seguros Sociales en virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 15 de la
Ley 100 de 1993, por cuanto, al 31 de diciembre de 1996, había cumplido el
tiempo de servicio exigido para acceder a la prestación, pero aún no reunía la
edad requerida para su reconocimiento, sin encontrarse afiliado a ninguna
entidad administradora del Sistema General de Pensiones. En consecuencia,
afirmó que los aportes efectuados durante el período comprendido entre el 1 de
diciembre de 1997 y el 4 de octubre de 2017 pertenecen al Sistema de Seguridad
Social y constituyen una garantía para la financiación de la obligación pensional.
12. Indicó que, dado que la Universidad del Valle, a través de su Fondo del
Pasivo Pensional, debía asumir el pago de la prestación reconocida,
Colpensiones tenía la carga de trasladar los aportes respectivos a dicha entidad,
con el fin de garantizar la continuidad en el pago de la mesada pensional, de
conformidad con lo previsto en los incisos 6 y 7 del artículo 18 del Decreto 1513
de 1998.
13. Agregó que acceder a las pretensiones de la demanda comportaría el
desconocimiento de la prohibición consagrada en el artículo 128 de la
Constitución Política, en la medida en que la demandante percibiría dos rubros
por el mismo concepto. En ese sentido, sostuvo que la indemnización sustitutiva
5 Expediente digitalizado. Sistema Samai. Primera instancia. Opción: «Visualizar expediente». Archivo:
«001- CUADERNO PRIMERA INSTANCIA - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)», páginas 105 a
114.
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cubre la pensión de sobrevivientes que disfruta la señora María Helia Cortés
Jaramillo.
14. Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones de «Inexistencia de
la obligación y cobro de lo debido» «Prescripción», «Innominada», «Imposibilidad
de condena simultánea de indexación e intereses moratorios» y «Buena fe».
2.3. La sentencia apelada6
15. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida
el 19 de junio de 2025, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas a la parte demandante.
16. Como fundamento de la decisión el A quo, precisó que la Universidad del
Valle mediante Resolución 0264 del 14 de febrero de 2018 reconoció a la
demandante una pensión de sobrevivientes, efectiva a partir del 5 de octubre de
2017 como consecuencia de la muerte del señor Víctor Daniel Campo (Q.E.P.D).
Además, el citado acto administrativo indicó que el causante se desempeñó
como profesional de la Decanatura de la Facultad de Humanidades del centro
educativo durante el 21 de septiembre de 1972 al 4 de octubre de 2017 y en esa
medida se le reconoció la prestación periódica con el régimen de la Ley 33 de
1985.
17. Sostuvo el A quo que el causante efectuó cotizaciones a Colpensiones, por
un total de 937,14 semanas durante el período comprendido entre el 1 de
diciembre de 1997 y el 31 de octubre de 2017, con ocasión de los servicios
prestados a la Universidad del Valle. Asimismo, afirmó que en el acto
administrativo mediante el cual se reconoció la pensión de sobrevivientes a favor
de la demandante se dejó constancia de que dichas cotizaciones fueron tenidas
en cuenta para la financiación y el pago de la referida prestación.
18. Con fundamento en el criterio expuesto por el Consejo de Estado en la
sentencia del 2 de diciembre de 20217, el Juez de Primera Instancia consideró
que la prestación reclamada por la accionante resultaba incompatible con la
pensión de sobrevivientes que actualmente percibe, por cuanto ambas tienen la
misma fuente de financiación.
19. Señaló que la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1730 de 2001 impiden que unos
mismos aportes financien simultáneamente dos prestaciones económicas. Al
respecto, concluyó que la pensión de sobrevivientes reconocida a la
6 Expediente digitalizado. Sistema Samai. Primera instancia. Opción: «Visualizar expediente». Archivo:
«015Sentencia_20190014900NRDLrecon».
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Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de diciembre de 2021. Expediente:
25000-23-42-000-2017-06200-01 C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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demandante por la Universidad del Valle fue financiada con los aportes
efectuados por el señor Víctor Daniel Campo (Q. E. P. D.) ante Colpensiones.
20. En ese orden de ideas, el Juez de primera instancia determinó que no había
lugar al reconocimiento de la indemnización sustitutiva pretendida, toda vez que
ello conduciría a que la demandante percibiera dos prestaciones financiadas con
los mismos recursos públicos, en contravención de la prohibición contenida en
el artículo 128 de la Constitución Política.
21. Finalmente, el Juez a quo señaló que tampoco obraba en el expediente
prueba suficiente que acreditara el fallecimiento del afiliado ni la condición de
beneficiaria de la demandante en los términos previstos en la Ley 100 de 1993
y en el artículo 4 del Decreto 1730 de 2001.
2.4. Recurso de apelación8
22. La parte demandante, inconforme con la decisión adoptada, interpuso
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, y solicitó su
revocatoria, para que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la
demanda.
23. Como fundamento de su inconformidad, sostuvo que el Decreto 2337 de 1996
determinó que en el pago de pensiones de beneficiarios que prestaron sus
servicios a favor de Universidades oficiales o instituciones oficiales de educación
superior del orden territorial asumidas por el Fondo de Pasivo Pensional, el pago
se efectúa únicamente con los rubros de ese fondo, motivo por el que las
cotizaciones llevadas a cabo en Colpensiones no generan incompatibilidad con
la indemnización sustitutiva reclamada.
24. Asimismo, afirmó que el A quo consideró que no se demostró la muerte del
afiliado y la calidad de beneficiaria de la accionante conforme lo exige el artículo
4 del Decreto 1730 de 2001; sin embargo, al expediente se aportó la Resolución
0264 del 14 de febrero de 2018 expedida por la Universidad del Valle en la que
se registró la información relativa al empleado fallecido, la esposa del fallecido y
los documentos allegados para sustentar la reclamación de la pensión de
sobrevivientes.
25. Finalmente, invocó el artículo 53 de la Ley 2381 de 2024, relativo a la
indemnización sustitutiva o devolución de saldos de la pensión de sobrevivientes
cuando el afiliado fallece sin reunir los requisitos para causar dicha prestación.
Con fundamento en esa disposición, sostuvo que los beneficiarios tienen derecho
a recibir la indemnización correspondiente a las cotizaciones realizadas por el
8 Expediente digitalizado. Sistema Samai. Primera instancia. Opción: «Visualizar expediente». Archivo:
«019Apelaciondese_RAD00149MARIAHELIAPD».
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afiliado.
2.5. Trámite en Segunda Instancia
26. El 28 de noviembre de 20259 se admitió el recurso de apelación y se ordenó
que, de no solicitarse pruebas en segunda instancia, el expediente regresaría al
despacho para dictar sentencia. Dentro de la oportunidad procesal
correspondiente, las partes guardaron silencio.
27. Por su parte, el Ministerio Público rindió concepto10 y solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia, al considerar que las 937,14 semanas cotizadas
por el causante ante Colpensiones fueron tenidas en cuenta para el
reconocimiento y financiación de la pensión post mortem, posteriormente
sustituida en favor de la demandante. En consecuencia, estimó improcedente el
reconocimiento de la indemnización sustitutiva reclamada, toda vez que los
aportes respecto de los cuales se solicita su devolución ya respaldan el pago de
la prestación pensional de la que aquella es beneficiaria.
28. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
29. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15011 de la Ley 1437 de 2011.
30. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 328 del Código General del Proceso,
la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
31. En el asunto objeto de estudio la parte demandante es apelante única, por lo
que la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a lo expuesto
en el recurso de apelación.
9 Expediente Digital – Índice 00004 de SAMAI
10 Expediente digitalizado. Sistema Samai. Segunda instancia. Opción: «Visualizar expediente». Archivo:
«010Memorial_FLF_10Concepto».
11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
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3.2. Problema jurídico
32. Le corresponde a la Sala determinar, sí ¿procede el reconocimiento de la
indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes solicitada por la señora
María Helia Cortés Jaramillo, o si dicha prestación resulta incompatible con la
pensión de sobrevivientes que actualmente percibe, teniendo en cuenta que las
cotizaciones efectuadas por el causante al Instituto de Seguros Sociales, hoy
Colpensiones, fueron incorporadas al patrimonio destinado a financiar esta última
prestación.?
3.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable.
3.3.1. La indemnización sustitutiva.
33. La Ley 100 de 1993 reguló los requisitos para acceder al reconocimiento de
la prerrogativa en los siguientes términos:
«Artículo 49. Indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes. Los
miembros del grupo familiar del afiliado que al momento de su muerte no hubiese
reunido los requisitos exigidos para la pensión de sobrevivientes, tendrán derecho
a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a la que le hubiera
correspondido en el caso de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez,
prevista en el artículo 37 de la presente Ley».
34. De lo anterior se colige, que la indemnización sustitutiva está dirigida a
compensar o restituir el capital aportado en los términos dispuestos por la ley, o
recuperar los aportes efectuados durante el período laboral, ante la imposibilidad
de obtener la pensión12.
35. La disposición fue reglamentada por el Decreto 1730 de 2001, en el sentido
de indicar que el reconocimiento de la indemnización en el régimen de prima
media con prestación definida puede originarse en tres situaciones 13: i) como
sustitutiva de la pensión de vejez o, ii) de la pensión de invalidez o, iii) de la
pensión de sobrevivientes, de la Ley 100 de 1993.
36. Es importante señalar que, antes de la modificación introducida por el artículo
1.° del Decreto 4640 de 2005, el artículo 1.º del Decreto 1730 de 2001, exigía
que los eventos antes mencionados debían ocurrir «con posterioridad a la
vigencia del sistema general de pensiones.». Sin embargo, dicha exigencia, fue
12 Sentencia T-853 de 28 de octubre de 2010, M.P. Dr. Humberto Sierra Porto
13 a) Que el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el número mínimo de
semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión de vejez y declare su imposibilidad de seguir
cotizando; b) Que el afiliado se invalide por riesgo común sin contar con el número de semanas cotizadas
exigidas para tener derecho a la pensión de invalidez, conforme al artículo 39 de la Ley 100 de 1993; c) Que
el afiliado fallezca sin haber cumplido con los requisitos necesarios para que su grupo familiar adquiera el
derecho a la pensión de sobrevivientes, conforme al artículo 46 de la Ley 100 de 1993.
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declarada nula por el Consejo de Estado a través de sentencia de 14 de abril de
200514, por las siguientes razones:
«[…] En efecto, el hecho de que haya limitado la norma reglamentaria la
indemnización sustitutiva de la pensión por vejez sólo al hecho de que con
posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 se cumplan la totalidad de los
requisitos enlistados en el precitado literal (edad, retiro del servicio y manifestación
de la imposibilidad de seguir cotizando al sistema) no permitiría que tal prestación
se reconozca a los afiliados al sistema de prima media con prestación definida
afiliados a una administradora de este régimen, que habiendo cumplido la edad
bajo el régimen anterior se retiren del servicio bajo su vigencia, sin el número de
semanas exigidas para tener derecho a la prestación y declaren su imposibilidad
de seguir cotizando al sistema.
[…]
Es cierto que la opción de la indemnización sustitutiva de la pensión por vejez en
la legislación anterior a la Ley 100 de 1993 sólo existía para los afiliados al ISS;
sin embargo la nueva figura creada en la ley 100 cobija tanto a dichos afiliados
como a los de una administradora diferente al ISS, pues no sería razonable y
violaría el derecho a la igualdad que los afiliados a una administradora del régimen
de prima media con prestación definida, diferentes a éste, por el hecho de serlo,
no les sea permitido, si se dan las condiciones que la misma Ley establece en su
artículo 37, acceder a la prestación, pretextando la falta de tal beneficio en el
régimen anterior que los gobernaba.
[…]
Es un principio de derecho incuestionable que las leyes rigen hacia el futuro, por
lo que una lectura ligera y desprevenida de la frase acusada de la norma
reglamentaria daría como resultado una conformidad con las previsiones de la ley
reglamentada, sin embargo, haciendo un estudio a fondo de la especificidad de
categorías de afiliados y su derecho a escoger la norma más favorable, lleva a la
Sala a ser cuidadosa en su examen, por lo que la limitación en cuanto al
cumplimiento de la edad que trae la norma acusada, dejaría por fuera a algunos
afiliados que no obstante pertenecer al sistema, pues a la entrada de la vigencia
de la ley ingresaron a éste como afiliados forzosos, es decir cotizaron a dicho
régimen bajo las previsiones de la ley y se dieron los supuestos que ellas
contemplan, retiro del servicio e imposibilidad de seguir cotizando, quedarían
privados de ese beneficio, cuando ello no fue el querer del legislador. […]»
37. En este mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia T -849 A de 24
de noviembre de 2009 señaló que es inválida cualquier interpretación restrictiva
en la cual se establezca como requisito adicional para acceder a la indemnización
sustitutiva que el afiliado haya cotizado al sistema a partir de la vigencia de la Ley
100 de 1993 o que al momento de la desvinculación del trabajador éste haya
cumplido con la edad exigida para acceder a la pensión de vejez, pues ello (i)
contradice de manera directa los artículos 48, 49 y 366 de la Constitución Política,
(ii) propicia un enriquecimiento sin causa de la entidad a la cual se efectuaron los
aportes y (iii) vulnera el principio constitucional de favorabilidad en materia
laboral, expresamente previsto en el artículo 53 superior15:
14 Sección Segunda. Expediente: 0477-03. Consejera ponente: Ana Margarita Olaya.
15 Sentencia T-849 A de 24 de noviembre de 2009.
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«[…] en relación con la aplicación de las normas contenidas en la Ley 100 de
1993, a fin de hacer efectiva la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez
en aquellos casos en que los aportes al sistema se dieron con anterioridad a la
entrada en vigencia de dicha Ley, la Corte Constitucional ha reiterado que esta
normatividad es aplicable a todos los habitantes del territorio nacional y a todas
aquellas situaciones que al momento de su expedición no se hubieren
consolidado. Así lo sostuvo en sentencia T-850 de 2008, al indicar:
“El derecho a reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez se
encuentra en cabeza de aquellas personas que, independientemente de haber
estado afiliadas al Sistema Integral de Seguridad Social en el momento de entrada
en vigencia la Ley 100 de 1993 pero que habiendo cumplido con la edad para
reclamar la pensión, no cuenten con el número de semanas cotizadas para
acceder a dicha prestación. Además, las entidades de previsión social a las que
en algún momento cotizó el accionante, deben reconocer y pagar la indemnización
so pena de que se incurra en un enriquecimiento sin causa”.
Así pues, es inválida cualquier interpretación restrictiva en la cual se establezca
como requisito adicional para acceder a la indemnización sustitutiva que el afiliado
haya cotizado al sistema a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993 o que al
momento de la desvinculación del trabajador éste haya cumplido con la edad
exigida para acceder a la pensión de vejez, pues ello (i) contradice de manera
directa los artículos 48, 49 y 366 de la Constitución Política, (ii) propicia un
enriquecimiento sin causa de la entidad a la cual se efectuaron los aportes y (iii)
vulnera el principio constitucional de favorabilidad en materia laboral,
expresamente previsto en el artículo 53 superior. […]».
38. El escenario descrito impone colegir que no se requiere como requisito para
tener derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión, que el afiliado se retire
del servicio habiendo cumplido con el requisito de la edad con posterioridad a la
vigencia del Sistema General de Pensiones16.
39. Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 100 de
1993 y el artículo 1.º del Decreto 1730 de 200117, la indemnización sustitutiva
procede cuando el cotizante ha cumplido la edad para obtener la pensión de
vejez, sin alcanzar el mínimo de semanas exigidas para acceder a la prestación
de vejez, invalidez o de sobrevivientes, antes o después de la entrada en vigor
del Sistema General de Pensiones y manifiesta su imposibilidad de seguir
cotizando.
40. De otra parte, el artículo 6. ° del precitado Decreto 1730 de 2001 estableció
que salvo lo previsto en el artículo 53 del Decreto 1295 de 1994, las
indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez, son incompatibles con las
pensiones de vejez y de invalidez y, que las cotizaciones consideradas en el
cálculo de la indemnización sustitutiva no podrán volver a ser tenidas en cuenta
para ningún otro efecto.
16 Sentencia del 3 de mayo de 2018, proferida por la Sección Segunda-Subsección A del Consejo de
Estado, rad. 2013-00462.
17 Modificado por el artículo 1. ° del Decreto 4640 de 2005.
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3.3.2 De la prohibición de recibir más de una asignación que provenga del
erario.
41. El artículo 128 de la Constitución Política dispone que «nadie podrá
desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en
las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
determinados por la ley».
42. La disposición en cita fue reglamentada por el artículo 19 de la Ley 4ª de
199218, que reiteró lo expuesto en la norma constitucional respecto a la
prohibición de recibir más de una erogación que provenga del Tesoro Público.
43. En la sentencia C-133/93, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del
referido artículo e indicó que el término asignación del artículo 128 de la
Constitución Política «comprende toda clase de remuneración que emane del
tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada pensional». En consecuencia,
la prohibición de recibir dos o más pagos cuya fuente de financiación sean
recursos públicos abarca a las pensiones, siempre y cuando su origen provenga
de aportes derivados de vinculaciones con el Estado.
3.4. Análisis del caso concreto
44. En el asunto objeto de estudio, la señora María Helia Cortés Jaramillo solicitó
la nulidad de las Resoluciones Nos.SUB188271 del 16 de julio de 201819,
mediante la cual se negó el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la
pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento del señor Víctor Daniel
Campo (Q. E. P. D.); SUB225730 del 24 de agosto de 201820, que resolvió el
recurso de reposición; y DIR 16488 del 10 de septiembre de201821, por medio de
la cual se decidió el recurso de apelación, confirmándose en ambas instancias la
decisión inicial de negar la prestación solicitada. Como fundamento de la decisión
acusada, la demandada argumentó que la Universidad del Valle había transferido
18 Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación
que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado. Exceptúanse las siguientes asignaciones:
[...]
b. Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública;
19 Por medio de la cual «se resuelve un trámite de prestaciones económicas en el régimen de prima media
con prestación definida (Pensión de sobrevivientes ordinaria)» en la que se negó la indemnización sustitutiva
de pensión de sobrevivientes con fundamento a que «la UNIVERSIDAD DEL VALLE trasmitió el derecho al
disfrute de la pensión de sobrevivientes vitalicia a favor de la señora CORTES JARAMILLO MARÍA HELIA
[…] con ocasión al fallecimiento del señor CAMPO VÍCTOR DANIEL […] siendo esta solicitud incompatible,
ya que no es posible que reciba doble asignación que provenga del tesoro público». Ibidem. Archivo
«DEMANDA NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO - MARIA HELIA CORTES J.», páginas 15 a 20.
20
Ibidem. Archivo «DEMANDA NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO - MARIA HELIA CORTES J.», páginas 23 a
28.
21 Ibidem. Archivo «DEMANDA NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO - MARIA HELIA CORTES J.», páginas
30 a 36.
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a la actora el derecho al disfrute de la pensión vitalicia de sobrevivientes derivada
del fallecimiento del señor Víctor Daniel Campo (Q. E. P. D.). En consecuencia,
consideró que la indemnización sustitutiva pretendida era incompatible con dicha
prestación, toda vez que ello comportaría la percepción concurrente de dos
beneficios sufragados con recursos del erario.
45. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda al estimar que la indemnización sustitutiva reclamada era incompatible
con la pensión de sobrevivientes de la que es beneficiaria la actora, puesto que
la fuente de financiación es la misma, esto es, los aportes pensionales del
causante por los servicios prestados en la Universidad del Valle.
46. Inconforme con dicha decisión, la parte demandante alegó que no existe
incompatibilidad entre la pensión de sobrevivientes que percibe y la
indemnización sustitutiva solicitada, toda vez que, según el Decreto 2337 de
1996, el pago de la prestación pensional reconocida por la Universidad del Valle
corresponde al Fondo del Pasivo Pensional de dicha institución. En su criterio,
las cotizaciones efectuadas por el causante al Instituto de Seguros Sociales, hoy
Colpensiones, no fueron destinadas a financiar esa prestación, por lo que
procede su devolución a título de indemnización sustitutiva, pues no se configura
incompatibilidad alguna
47. Al respecto, el artículo 4 de la norma en comento estableció como una de las
funciones de los Fondos de Pasivos Pensionales la relativa al «reconocimiento y
pago de las pensiones de aquellos empleados públicos, trabajadores oficiales y
personal docente que han cumplido con el tiempo de servicios al 31 de diciembre
de 1996 y no han llegado a la edad señalada para adquirir el derecho a la pensión,
de acuerdo con el régimen que los venía rigiendo, siempre y cuando no se
encuentren afiliados a algunas de las Administradoras del Sistema General de
Pensiones».
48. En efecto, se encuentra acreditado que el señor Víctor Daniel Campo inició
su vinculación laboral con la Universidad del Valle desde el el 21 de septiembre
de 197222 y que, al 31 de diciembre de 1996 contaba con más de 20 años de
servicio sin estar afiliado a ninguna de las administradoras del Sistema General
de Pensiones23. Por tal razón, de conformidad con el artículo 4 del Decreto 2337
de 1996, la obligación pensional derivada de dicha vinculación debía ser asumida
por el Fondo del Pasivo Pensional de esa institución.
49. Asimismo, no es objeto de controversia que el causante, al no haber cumplido
aún la edad requerida para consolidar su derecho pensional se afilió
posteriormente al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, entidad ante
22 Información extraída del considerando 2 de la Resolución 0264 del 14 de febrero de 2018.
23 Información extraída del considerando 6 de la Resolución 0264 del 14 de febrero de 2018.
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la cual efectuó cotizaciones entre el 1 de diciembre de 1997 y el 31 de octubre
de 2017, equivalentes a 937,14 semanas.
50. Precisado lo anterior, la Sala considera que no le asiste razón a la recurrente
cuando sostiene que dichas cotizaciones permanecieron ajenas a la financiación
de la pensión de sobrevivientes reconocida por la Universidad del Valle. En
efecto, mediante la Resolución No. 0264 del 14 de febrero de 2018 24, dicha
institución reconoció una pensión de jubilación post mortem a favor del señor
Víctor Daniel Campo (Q. E. P. D.) y transmitió el derecho al disfrute de la pensión
de sobrevivientes a la señora María Helia Cortés Jaramillo, en su condición de
cónyuge supérstite.
51. Adicionalmente, en el artículo 3 de dicho acto administrativo se dispuso que
la Universidad del Valle solicitaría al Instituto de Seguros Sociales, hoy
Colpensiones, la devolución de los aportes pensionales efectuados por el
causante para integrarlos al patrimonio autónomo constituido para la garantía y
pago de obligaciones pensionales, de conformidad con el artículo 18 del Decreto
1513 de 1998.
52. Así las cosas, aunque la recurrente sostiene que el Fondo del Pasivo
Pensional se financia exclusivamente con los recursos previstos en el artículo 7
del Decreto 2337 de 199625 y que, por ende, las cotizaciones efectuadas por el
causante al Instituto de Seguros Sociales no fueron destinadas a sufragar la
pensión de sobrevivientes, la Sala precisa que el artículo 7.° citado regula la
financiación del pasivo pensional causado hasta el 23 de diciembre de 1993,
mediante aportes históricos y estructurales de dichas entidades territoriales y de
la propia universidad, en proporción a su participación en la financiación de esta
durante los cinco (5) años anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993.
53. Dicha disposición no se ocupa, ni excluye, del mecanismo especial previsto
en el artículo 18 del Decreto 1513 de 1998, aplicable a servidores que, como el
señor Víctor Daniel Campo, habían completado el tiempo de servicio antes del
31 de diciembre de 1996 sin estar afiliados a ninguna administradora del Sistema
General de Pensiones, y que con posterioridad cotizaron al Instituto de Seguros
Sociales por el período subsiguiente. En tales casos, es este último mecanismo,
el que ordena el traslado de esas cotizaciones individuales al patrimonio
autónomo constituido por la universidad para el pago de sus obligaciones
24 Expediente digitalizado. Sistema Samai. Primera instancia. Opción: «Visualizar expediente». Archivo:
«DEMANDA NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO - MARIA HELIA CORTES J.», páginas 5 a 14.
25 Decreto 2337 de 1996, artículo 7.°: «Aportes para el pago del pasivo pensional de las universidades
oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior del orden territorial. Los recursos para el pago
del pasivo pensional de las instituciones de que trata el presente Decreto, causado hasta el 23 de diciembre
de 1993, serán sufragados, además de por la respectiva institución, por la Nación y por cada una de las
entidades territoriales correspondientes, de acuerdo con la ejecución presupuestal, en un monto equivalente
a su participación en la financiación de las universidades o instituciones de educación superior, en los últimos
cinco (5) años anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993 […]».
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pensionales, traslado que en efecto dispuso el artículo 3.° de la Resolución 0264
del 14 de febrero de 201826.
54. En efecto, el artículo 18 del Decreto 1513 de 199827 prevé expresamente que
tales cotizaciones deben ser trasladadas al patrimonio constituido para atender
las obligaciones pensionales de la entidad respectiva. En el sub judice, dicho
mandato fue acogido por la Universidad del Valle mediante la Resolución No.
0264 de 2018 en su artículo 328, a través de la cual ordenó incorporar al Fondo
encargado de sufragar la prestación pensional reconocida los aportes efectuados
por el causante al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones.
55. En ese contexto, el hecho de que la pensión de sobrevivientes se pagara con
cargo al Fondo del Pasivo Pensional de la Universidad del Valle no significa que
las cotizaciones efectuadas al Instituto de Seguros Sociales hubieran
permanecido ajenas a la financiación de dicha prestación. Por el contrario, tales
recursos debían integrarse al patrimonio destinado a garantizar el pago de la
obligación pensional asumida por la Universidad.
56. Sobre el particular, si bien el artículo 6 del Decreto 1730 de 2001 plantea que
salvo lo previsto en el artículo 53 del Decreto 1295 de 1994, las indemnizaciones
sustitutivas de vejez y de invalidez, son incompatibles con las pensiones de vejez
y de invalidez, esta Corporación ha sostenido que el fundamento de dicha
26 En el sub judice la Resolución No. 0264 de 2018 en su considerando 19 describe el mecanismo
presupuestal mediante el cual se atiende el pago periódico de la prestación con cargo al Fondo -
estructuralmente financiado según el artículo 7.° del Decreto 2337 de 1996-, mientras que el artículo 3. °
ordena la reposición de ese mismo Fondo mediante el traslado de las cotizaciones individuales del causante,
en los términos del artículo 18 del Decreto 1513 de 1998. Se trata, entonces, de dos momentos sucesivos
de un mismo circuito financiero -el pago con cargo al Fondo y su nutrición mediante el traslado de aportes-,
y no de fuentes contradictorias o excluyentes entre sí.
27 Decreto 1513 de 1998. Por el cual se modifican y/o adicionan algunos artículos de los Decretos
Reglamentarios 1748 de 1995 y 1474 de 1997 y se dictan otras disposiciones Artículo 18. El artículo
44 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el artículo 13 del Decreto 1474 de 1997, quedará así:
"Artículo 44. Reconocimiento y pago de prestaciones a servidores y exservidores públicos con derecho a
bono tipo B.
[…]
En caso de que dicha pensión no pueda ser reconocida por el ISS por no haberse expedido el bono, y el
servidor haya laborado durante todo su tiempo de servicios al Estado en la misma entidad territorial hasta el
traslado al ISS, este Instituto trasladará, dentro del año siguiente, el valor de las cotizaciones de pensión de
vejez para que la entidad territorial proceda al pago de la pensión. A dichas cotizaciones se les aplicará el
rendimiento efectivo de las reservas del ISS durante el período de cotización, de acuerdo con las tasas
descritas el parágrafo y del artículo 24, hasta la fecha en que se realice el pago efectivo. Igualmente, el ISS
trasladará a la entidad que realizará el pago de la pensión toda la información que posea sobre el trabajador,
incluyendo su historia laboral.
El valor total devuelto por el ISS a las entidades territoriales deberá integrarse automática mente, en su
carácter de recurso de la Seguridad Social, al patrimonio autónomo constituido para la garantía y pago de
obligaciones pensionales.
[…]».
28 «ARTÍCULO 3o: La Universidad del Valle solicitará al Instituto del Seguros Sociales hoy
COLPENSIONES, la devolución de los aportes pensiónales, cotizados por el vínculo laboral del Señor
VÍCTOR DANIEL CAMPO, cuyo valor se integrará automáticamente al patrimonio autónomo constituido para
la garantía y pago de obligaciones pensiónales, según el Decreto 1513 de 1998, artículo 18 y demás normas
concordantes. En todo caso, la Universidad del Valle actuará de acuerdo con las Normas legales vigentes
en su momento».
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incompatibilidad radica en la imposibilidad de destinar una misma fuente de
financiación al reconocimiento concurrente de dos prestaciones económicas29.
57. En consecuencia, la Sala concluye que la indemnización sustitutiva
reclamada es improcedente, toda vez que las cotizaciones efectuadas por el
señor Víctor Daniel Campo (Q. E. P. D.) al Instituto de Seguros Sociales, hoy
Colpensiones, fueron destinadas a financiar la pensión de sobrevivientes
reconocida a la demandante. Por tanto, su devolución comportaría la utilización
concurrente de una misma fuente de financiación para respaldar dos
prestaciones económicas distintas, situación contraria a la finalidad del Sistema
General de Pensiones y a la jurisprudencia de esta Corporación.
58. De otro lado, la recurrente cuestionó que el A quo hubiera considerado no
acreditados el fallecimiento del señor Víctor Daniel Campo y la calidad de
beneficiaria de la demandante. Al respecto la Sala estima que dichos supuestos
se encuentran suficientemente demostrados con la Resolución No. 0264 del 14
de febrero de 2018, mediante la cual se reconoció la pensión de sobrevivientes
a favor de la señora María Helia Cortés Jaramillo30. Sin embargo, la constatación
de ese yerro probatorio no modifica el sentido de la decisión, dado que la
indemnización sustitutiva pretendida resulta improcedente por las razones de
fondo analizadas en precedencia.
59. En cuanto al argumento de la recurrente, fundado en el artículo 53 de la Ley
2381 de 202431, disposición que regula la indemnización sustitutiva y/o
devolución de saldos de la pensión de sobrevivientes por muerte del afiliado
dentro del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte,
la Sala advierte que dicha normativa no resulta aplicable al presente asunto.
60. Lo anterior, por cuanto, por un lado, los hechos que dieron origen a la
presente controversia ocurrieron con anterioridad a su expedición, pues el
fallecimiento del señor Víctor Daniel Campo tuvo lugar el 4 de octubre de 201732.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 14 de marzo de 2019. Expediente:
52001-23-33-000-2013-00140-01 (2012-2014). C.P. William Hernández Gómez. Criterio reiterado en los
siguientes negocios: Expediente: 25000-23-42-000-2017-06200-01. Sentencia del 2 de diciembre de 2021.
C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; Expediente 73001-23-33-000-2018-00592-01 (3486-2020). Sentencia
del 7 de abril de 2022 C.P. William Hernández Gómez.
30 Según se advierte del contenido de la Resolución 0264 del 14 de febrero de 2018: Certificado de
Defunción No. 09462708 del señor Víctor Daniel Campo, expedido por la Registraduría Nacional del Estado
Civil inscrito en la Notaría Veintidós del Círculo de Cali; Registro Civil de Matrimonio celebrado entre el señor
Víctor Daniel Campo y la señora María Helia Cortés Jaramillo, expedido por la Notaría Segunda del Círculo
de Popayán; Declaración Extraprocesal del 12 de octubre de 2017 (Notaría Veintidós del Círculo de Cali)
suscrita por la señora María Helia Cortés Jaramillo sobre dependencia económica y convivencia con el
causante; Declaración Extraprocesal del 11 de octubre de 2017 (Notaría Veintidós del Círculo de Cali) de
dos testigos que corroboran el vínculo matrimonial y la convivencia; y Edicto publicado en el periódico El
País el 28 de octubre de 2017, sin que se presentara persona con igual o mejor derecho. Expediente
digitalizado. Sistema Samai. Primera instancia. Archivo: «001-CUADERNO PRIMERA INSTANCIA -
Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 – Folios 9 y ss».
31 «Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y
muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones»
32 Según se advierte del contenido de la Resolución 0264 del 14 de febrero de 2018. Ibidem.
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Por tanto, de conformidad con el principio de irretroactividad de la ley y con la
regla según la cual las prestaciones pensionales se rigen por la normativa vigente
al momento de su causación, el presente asunto debe resolverse a la luz de las
disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1730 de 200133. Por
otro lado, la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024 fue suspendida por la
Corte Constitucional34, con excepción de los artículos 12, parágrafo transitorio, y
76, hasta tanto se profiera una decisión definitiva sobre su constitucionalidad. De
manera que, la normativa invocada no se encuentra produciendo efectos
jurídicos y, en todo caso, carece de vocación para regir la situación objeto de
análisis.
61. En consecuencia, los argumentos expuestos en el recurso de apelación no
tienen la vocación de desvirtuar las razones que condujeron al A quo a negar las
pretensiones de la demanda, motivo por el cual se impone confirmar la sentencia
recurrida.
3.5. De la condena en costas en segunda instancia
62. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
63. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
64. En tal virtud, se impondrá condena en costas a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
33 «Por medio del cual se reglamentan los artículos 37, 45 y 49 de la Ley 100 de 1993 referentes a la
indemnización sustitutiva del régimen solidario de prima media con prestación definida».
34 Corte Constitucional, Auto 841 de 2025, mediante el cual se devolvió la Ley 2381 de 2024 a la Cámara
de Representantes por un vicio de procedimiento y se suspendió su entrada en vigencia -inicialmente
prevista para el 1.° de julio de 2025-, con excepción de los artículos 12 (parágrafo transitorio) y 76, hasta
que se profiera pronunciamiento definitivo sobre su constitucionalidad.
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65. Por consiguiente, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
66. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de junio de 2025, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones
de la demanda instaurada por la señora María Helia Cortés Jaramillo en contra
de la Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES, por las
razones expresadas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la señora María
Helia Cortés Jaramillo. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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