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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2019-00457-01

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2019-00457-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Revocar la sentencia proferida el 7 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 2, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: En su lugar, declarar la nulidad de la Resolución 235 del 10 de junio de 2019, por medio de la cual la Secretaría de Educación de Sogamoso, en representación de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes a la señora Luz Alba Africano Avella. Tercero: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar a favor de la señora Luz Alba Africano Avella, desde el 29 de octubre de 2017, una pensión de jubilación por aportes con el 75 % del promedio de los factores salariales dispuestos en el artículo 6 del Decreto 2709 de 1994; así como la Ley 62 de 1985 y demás normas especiales, que hayan servido de base de cotizaciones a seguridad social en pensión, en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionada, en aplicación de la Ley 71 de 1988; sin que deba acreditar el retiro del servicio docente. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 [inciso final] del CPACA, en consideración a los índices de precios al consumidor [IPC] certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber: R = Rh. índice final__ índice inicial Cuarto: La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio podrá reclamar la cuota parte a las demás entidades de previsión social o fondos de pensiones en los que la demandante realizó cotizaciones de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994. 33 Radicación: 15001-23-33-000-2019-00457-01 (0474-2023) Demandante: Luz Alba Africano Avella […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2019-00457-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2019-00457-01 (0474-2023)
Demandante: Luz Alba Africano Avella
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Tema: pensión de jubilación docente. Subtema 1. Vinculación docente antes de la
Ley 812 de 2003. Subtema 2. Aplicación de la Ley 71 de 1988. Subtema 3.
Cómputo de la labor docente en virtud de los contratos de prestación de servicios
para el reconocimiento pensional.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 7 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala
de Decisión No. 2, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La señora Luz Alba Africano Avella solicitó la nulidad del acto administrativo a través
del cual la entidad accionada le negó el reconocimiento de una pensión de jubilación
por aportes. Manifestó que en calidad de docente oficial tiene derecho al
reconocimiento y pago de una pensión según el régimen previsto en la Ley 71 de
1988, toda vez que se vinculó al servicio docente antes de la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003. El Tribunal negó las súplicas de la demanda, al considerar que
los tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios no eran
válidos para efectos pensionales. Esta Subsección revocará la decisión y
reconocerá una pensión de jubilación a favor de la demandante, con fundamento en
la Ley 71 de 1988, al evidenciar que se vinculó a la docencia oficial antes de la Ley
812 de 2003 y acredita los requisitos previstos para el efecto, para lo cual es válido
tener en cuenta la labor desempeñada en virtud de contratos de prestación de
servicios.

1

Radicación: 15001-23-33-000-2019-00457-01 (0474-2023)
Demandante: Luz Alba Africano Avella
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Por medio de escrito del 22 de agosto de 20191, la señora Luz Alba Africano
Avella, por conducto de apoderada, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se
sintetizan2.

2.1.1. Pretensiones

2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad parcial de la Resolución
235 del 10 de junio de 2019, por medio de la cual la entidad accionada negó el
reconocimiento y pago de una pensión por aportes a favor de la señora Luz Alba
Africano Avella.

3. A título de restablecimiento, pidió que se ordene a la parte demandada
reconocer y pagar una pensión de jubilación a favor de la accionante, equivalente
al 75 % de todos los salarios y primas percibidas antes de la adquisición del estatus
pensional, esto es, el 4 de enero de 2018.

4. Solicitó que se declare la compatibilidad entre la pensión y el salario docente;
se condene al pago de las mesadas dejadas de cancelar desde la fecha de
consolidación del estatus pensional hasta la inclusión en nómina, sumas que
deberán ajustarse de acuerdo con el IPC; y de los intereses de mora por los valores
adeudados. También, que se dé cumplimiento al fallo según los artículos 189 y 192
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso–Administrativo (en
adelante CPACA); y se condene en costas a la parte vencida como lo señala el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

2.1.2. Hechos

5. La Sala los sintetiza así:

6. La señora Luz Alba Africano Avella nació el 5 de febrero de 1960 y realizó
aportes al ISS durante 373,86 semanas, según lo certifica Colpensiones. A partir
del año 2004, fue nombrada para prestar servicios en calidad de docente oficial.

1 Acta de reparto de la fecha, vista en Samai, gestión otros despachos, 15001233300020190045700, índice 02,

expediente digital, archivo 3 Reparto del Proceso – ACTA DE REPARTO_003ActaRepartoTribunal.PDF(.PDF).
2 Samai, gestión otros despachos, 15001233300020190045700, índice 01, expediente digital, archivo 2

Radicación de Proceso - DEMANDA Y ANEXOS_002EscritoDemandaAnexos.pdf(.PDF), págs. 2 a 21.

2

Radicación: 15001-23-33-000-2019-00457-01 (0474-2023)
Demandante: Luz Alba Africano Avella
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

7. El 16 de mayo de 2019 presentó solicitud ante la entidad accionada con el fin
de que se le reconociera una pensión de jubilación por aportes. No obstante, su
pretensión fue negada a través de la Resolución 235 del 10 de junio de 2019.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

• Ley 71 de 1988, artículo 7.
• Ley 91 de 1989, artículo 15 (numerales 1 y 2).
• Ley 60 de 1993, artículo 6.
• Ley 115 de 1993, artículo 115.
• Ley 100 de 1993, artículo 279.
• Ley 812 de 2003, artículo 81.
• Decreto 3752 de 2003, artículos 1 y 2.

8. Sostuvo que el acto administrativo acusado se expidió con violación directa
de la Constitución y la ley, en tanto a la accionante debió otorgársele una pensión
de jubilación de conformidad con lo establecido en la Ley 71 de 1988, en
concordancia con la Ley 812 de 2003, toda vez que se vinculó al servicio de la
docencia con anterioridad a la entrada en vigor de esta última norma.

9. Indicó que, según el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes vinculados
a partir del 1 de enero de 1981, nacionales o nacionalizados, y aquellos nombrados
desde el 1 de enero de 1990 tenían derecho, mientras cumplieran con los requisitos,
a una pensión de jubilación equivalente al 75 % del salario mensual promedio del
último año y gozarían del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional.

10. Señaló que posteriormente se expidió la Ley 812 de 2003, que en el artículo
81 dispuso que a los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de tal norma
les es aplicable el régimen pensional previsto en las leyes 33 y 62 de 1985, y la Ley
71 de 1988. En cambio, aquellos educadores que ingresen por primera vez al
magisterio oficial a partir del 27 de junio de 2003 deben afiliarse al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y sus derechos pensionales se rigen por
las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

11. Afirmó que el régimen pensional aplicable a la señora Luz Alba Africano
Avella es el previsto en la Ley 71 de 1988, por cuanto se vinculó a la docencia oficial
antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. Precisó que los tiempos de
servicio cotizados al ISS antes del «26 de junio de 2003» debían tenerse en cuenta
para efectos del reconocimiento pensional.

12. Adujo que como la accionante demostró tener más de 55 años y más de 20
años de servicios cotizados a los sectores oficial y privado, es acreedora de una
pensión de jubilación por aportes.

3

Radicación: 15001-23-33-000-2019-00457-01 (0474-2023)
Demandante: Luz Alba Africano Avella
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

2.2. Contestación de la demanda

13. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio guardó silencio3.

2.3. Sentencia de primera instancia

14. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 2 profirió
sentencia el 7 de septiembre de 2022, a través de la cual negó las pretensiones de
la demanda y se abstuvo de condenar en costas. La providencia se fundó en los
siguientes argumentos4:

15. El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 excluyó de su aplicación al personal
docente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que
está cobijado por el régimen pensional previsto en el artículo 15 de la Ley 91 de
1989, el cual estableció que los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981,
nacionales o nacionalizados, y aquellos nombrados a partir del 1 de enero de 1990,
tenían derecho, mientras cumplan con los requisitos, a una pensión de jubilación
equivalente al 75 % del salario mensual promedio del último año y gozarían del
régimen vigente para los pensionados del sector público nacional.

16. Ahora bien, la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y dispuso que a los docentes vinculados a partir del 1 de
enero de 1990, nacionales y nacionalizados, se les reconocería solamente una
pensión de jubilación bajo el régimen general y ordinario de pensiones del sector
público nacional, el cual estaba regulado por los artículos 17 de la Ley 6 de 1945 y
27 del Decreto 3135 de 1968; este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33
de 1985. En cambio, aquellos docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989
mantendrían el régimen prestacional que venían gozando en cada entidad territorial.

17. Más adelante, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que, a partir de
su entrada en vigor, a los docentes oficiales les era aplicable el régimen pensional
de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, a excepción del
requisito de edad para la pensión de vejez, que sería de 57 años para hombres y
mujeres.

18. Asimismo, el referido artículo 81 señaló que para el caso de los docentes
oficiales vinculados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
aplicaría el régimen prestacional de la Ley 91 de 1989, que, por la remisión de esta,
es el contenido en la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de 1988.
3 Según auto del 16 de septiembre de 2021, visto en Samai, gestión otros despachos,
15001233300020190045700, índice 18, expediente digital, archivo 26_AUTODETRAMITE(.DOCX).
26_AUTODETRAMITE(.DOCX).
4 Samai, gestión otros despachos, 15001233300020190045700, índice 29, expediente digital, archivo

39_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA_SENTENCIA(.docx).

4

Radicación: 15001-23-33-000-2019-00457-01 (0474-2023)
Demandante: Luz Alba Africano Avella
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

19. Respecto al tema, el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 25
de abril de 2019 definió (a) que los factores a tenerse en cuenta para la liquidación
de la pensión de jubilación de los docentes vinculados antes de la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, son aquellos sobre los que se hubiesen efectuado los aportes
concernientes, enlistados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, comoquiera que se
les aplica el régimen previsto en la Ley 33 de 1985. Mientras que, (b) para el caso
de los vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a quienes les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, los factores a incluir son los señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los
que se realizaron las respectivas cotizaciones. Lo anterior, en concordancia con el
parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005.

20. En lo referente al reconocimiento pensional con fundamento en la Ley 71 de
1988, el Tribunal aclaró que el tiempo laborado por aquellos docentes que se
vincularon antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, mediante órdenes
de prestación de servicios y que con ocasión de dichas vinculaciones hayan
cotizado al Sistema General de Pensiones (ISS), debe tenerse en cuenta para
efectos del reconocimiento pensional, por cuanto la mencionada Ley 71 permitió la
sumatoria de aportes a los sectores público y privado. No obstante, adujo que tal
criterio se acogía siempre y cuando la jurisdicción de lo contencioso-administrativo
haya reconocido «la relación laboral entre el docente y el servicio educativo oficial»,
y a su vez, efectuado los aportes para pensión.

21. Descendiendo al caso concreto, el Tribunal sostuvo que según se evidenció
la accionante suscribió contratos de prestación de servicios sucesivos durante los
años 1996 a 2003 con el municipio de Sogamoso y en todo ese periodo se realizaron
cotizaciones al ISS, hoy Colpensiones. Sin embargo, adujo que no se aportó al
proceso sentencia alguna en la que se declarara la relación laboral entre la
demandante y la Secretaría de Educación del Municipio de Sogamoso. Por tal
razón, no era posible acceder al reconocimiento pensional pretendido bajo el
régimen previsto en la Ley 71 de 1988.

22. Afirmó que a la demandante le era aplicable la pensión de vejez de la Ley
100 de 1993, pero no tenía acreditadas las 1300 semanas exigidas para el
reconocimiento pensional, de acuerdo con el artículo 33 de dicha normativa.

2.4. Recurso de apelación

23. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión, bajo los siguientes argumentos5:

5 Samai, gestión otros despachos, 15001233300020190045700, visualizar expediente, expediente digital,
archivo 42_MemorialWeb_recursoAPELACION.

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Radicación: 15001-23-33-000-2019-00457-01 (0474-2023)
Demandante: Luz Alba Africano Avella
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

24. Afirmó que según se probó en el expediente, la accionante laboró como
docente al servicio del municipio de Sogamoso, a través de órdenes de prestación
de servicios desde el 20 de abril de 1993 hasta el 30 de junio de 2016, durante
373,86 semanas, y en dicho periodo cotizó al Sistema General de Pensiones en el
ISS, hoy Colpensiones. Ello evidencia que se vinculó al servicio docente antes de
la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 —27 de junio de 2003— y, por lo tanto,
es beneficiaria de la transición establecida en esta, de modo que le resulta aplicable
el régimen previsto en la Ley 91 de 1989.

25. Sostuvo que la demandante acredita más de 55 años de edad y más de 20
de servicio en los sectores público y privado y, por ende, tiene derecho a la pensión
de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, la cual es compatible con el
salario docente.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

26. Mediante auto del 15 de junio de 2023 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia6.

27. A través de providencia del 28 de febrero de 2025 el despacho sustanciador,
de oficio, requirió al municipio de Sogamoso, Boyacá con el fin de que allegara copia
de las órdenes de prestación de servicios suscritas entre el ente territorial y la señora
Luz Alba Africano Avella durante los años 1996 y 2003 o, en su defecto, emitiera
constancia de dichos contratos con las funciones o labor desempeñada por la
accionante con ocasión de estos. También pidió que se aportara certificación
emitida a la fecha, en la que se indicara si la demandante percibía alguna pensión
a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio7.

28. El municipio de Sogamoso dio respuesta a la solicitud probatoria y allegó
copia de los contratos y órdenes de prestación de servicios de la accionante del año
1996 al 2003, además del certificado actualizado de tiempo de servicios. También
manifestó que la demandante no cuenta con pensión alguna reconocida por el
Fomag8.

2.6. Alegatos de conclusión

29. Si bien se prescindió de la etapa para presentar alegatos, la parte
demandante allegó un escrito en el que solicitó que se revoque la sentencia de

6
Samai, índice 04, expediente digital, archivo AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.docx).
7 Samai, índice 15, expediente digital, archivo 11Autoquedecret_ii201900457010474202(.pdf).
8 Samai, índices 20 y 21, expediente digital, archivos 16RECIBEMEMORIAL_04742023MEMORIALResp(.pdf),

16_MemorialWeb_Respuesta-respuestaoficio911, 17_MemorialWeb_Anexos-certificacionLUZAL(.pdf),
18_MemorialWeb_Anexos-contratosprestacion(.pdf), 19_MemorialWeb_Anexos-
EXPEDIENTEPENSIONA(.pdf), 20_MemorialWeb_Anexos-representacionlegal(.pdf).

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Demandante: Luz Alba Africano Avella
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

primera instancia. Manifestó que la decisión del Tribunal acerca de no tener en
cuenta para efectos del reconocimiento pensional, los tiempos en los que la
demandante laboró como docente a través de contratos de prestación de servicios,
le obliga a sus 63 años, a adelantar un trámite de declaratoria de la existencia de la
relación laboral durante esos periodos. Lo anterior, resulta desproporcionado y
desconoce la línea jurisprudencial del Consejo de Estado9, según la cual, la
vinculación bajo dicha modalidad configura los tres elementos de una relación
laboral y amerita una protección especial por parte del Estado10.

30. Afirmó que según lo ha estudiado el Consejo de Estado11 los aportes
pensionales son tributos en clave de contribuciones parafiscales que tienen una
destinación específica que los hace imprescriptibles. En consecuencia, su recaudo
puede decretarse en cualquier momento de manera actualizada en la proporción
que el trabajador y el empleador le correspondería durante el periodo que se
ocultaba la relación laboral, de tal modo que se pueda pagar a la entidad de
previsión sin que exista un detrimento patrimonial.

31. Indicó que, si el ente territorial en calidad de contratista que encubría una
verdadera relación laboral no afilió a la docente al Fomag, este último puede repetir
en su contra, por concepto de aportes a pensión, sin que se tenga que someter a
una persona de la tercera edad a un extenso proceso judicial para debatir la
existencia de la relación laboral.

2.7. Ministerio Público

32. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto12.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

33. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con
el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado
conoce de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los tribunales administrativos.

9 Cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia

de unificación del 25 de agosto de 2016, exp. 23001- 23-33-000-2013-00260-01(0088-15), M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter.
10 Samai, índices 09, expediente digital, archivo 7_MemorialWeb_Alegatos(.pdf).
11 Cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia

del 18 de febrero de 2021, exp. 81001-23-33-000-2013-0001202 (4163- 2014), M.P. William Hernández Gómez.
12 Samai, índice 07, expediente digital, archivo Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf).

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Radicación: 15001-23-33-000-2019-00457-01 (0474-2023)
Demandante: Luz Alba Africano Avella
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

3.2. Problemas jurídicos

34. De acuerdo con el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia,
y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en la alzada, corresponde a la Sala definir si:

35. ¿Los periodos laborados por la señora Luz Alba Africano Avella como
docente vinculada mediante contratos de prestación de servicios pueden ser tenidos
en cuenta para efectos del reconocimiento pensional?

36. ¿La demandante tiene derecho a que, en su condición de docente oficial, se
le reconozca y pague una pensión de jubilación en aplicación de la Ley 71 de 1988,
con fundamento en la Ley 91 de 1989, teniendo en cuenta que se vinculó por
primera vez al servicio antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003?

37. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
temas: (1) el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; (2) el régimen pensional de los
docentes oficiales según la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25
de abril de 2019; (3) el reconocimiento pensional a la luz de la Ley 71 de 1988 para
los docentes; y (4) el cómputo de la labor docente en virtud de contratos de
prestación de servicios para el reconocimiento pensional; (5) la compatibilidad de la
pensión y la prestación del servicio docente.

38. A partir de las anteriores consideraciones (6) se destacarán los hechos
probados más relevantes, y (7) en el acápite de análisis del caso concreto se
resolverán los problemas jurídicos propuestos.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

39. El régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100
de 1993, que estableció: «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».

40. Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,

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Radicación: 15001-23-33-000-2019-00457-01 (0474-2023)
Demandante: Luz Alba Africano Avella
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

establecido por la Ley 91 de 198913, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.

41. La Ley 91 de 1989 dispuso un esquema especial de financiamiento que se
distinguía del régimen general. En su artículo 8 previó un sistema de aportes donde
los docentes contribuyen con el 5 % de su sueldo básico mensual, mientras que la
nación aporta el 8 % sobre los factores salariales que forman parte del rubro de
pago por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado
constituyó una de las principales razones que justifican la excepción del régimen
general.

42. La naturaleza exceptuada del régimen se reforzaba con el artículo 15 de la
Ley 91 de 1989, que desarrolló reglas específicas para el reconocimiento de las
prestaciones económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el
personal nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes
que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990.

43. Sin embargo, la Ley 812 de 200314 en el artículo 81 determinó que los
docentes vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el
régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una
particularidad importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos
géneros. Y posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter
exceptuado del régimen, al establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen
pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al
servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta».

44. Lo anterior denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de
vinculación al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados
antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo
régimen pensional de los empleados públicos del orden nacional (Leyes 33 de 1985
o Ley 71 de 1988). El segundo, para quienes se vinculan con posterioridad, les es
aplicable el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
excepción de la edad —57 años, para ambos géneros—.

3.3.2. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la
sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201915

45. A propósito de este régimen pensional, debe prestarse especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
13 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
14 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial

No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
15 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-

CE-S2 -2019. Exp. 680012333000201500569-01 (0935-17).

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Prestaciones Sociales del Magisterio

25 de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal
docente oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

46. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el
parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812
de 2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho
a la pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y
territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio
educativo. Tales regímenes son:

47. (a) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen
pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley
33 de 1985, «por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de
Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los
únicos factores que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son
aquellos sobre los que se hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó que:

En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la
Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre
los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de
la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo.

48. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes
vinculados a partir del 1.° de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados,
y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, pero antes del 27 de junio de
2003, cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas,
conforme con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:

✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
✓ Tiempo de servicio: 20 años.
✓ Tasa de remplazo: 75%.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende (a) el periodo del último año de
servicio docente y (b) los factores que hayan servido de base para calcular
los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica;
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día
de descanso obligatorio.

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Prestaciones Sociales del Magisterio

49. Vale la pena aclarar frente a las consideraciones del fallo de unificación, en
cuanto a los factores a tener en cuenta para determinar el ingreso de base de
liquidación, que además de los antes señalados, deben considerarse los de
naturaleza salarial según las normas posteriores, por ejemplo, la bonificación
pedagógica (Decreto 2354 de 2018)16.

50. (b) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio les aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para
hombres y mujeres. El ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley
100 de 1993, con los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que
se realizaron las respectivas cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la
sentencia de unificación se fijó la siguiente regla:

Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los
que se efectuaron las respectivas cotizaciones.

51. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son:

✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres.
✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
✓ Tasa de remplazo: 65%-85%17, con la precisión de que a partir del año 2005
«(e)l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del
ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último
inciso del artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de
la Ley 797 de 2003.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende: (a) El promedio de los salarios
o rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión y (b) los factores salariales dispuestos en el
Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual; gastos de
representación; prima técnica (cuando sea factor de salario); primas de
antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario;
remuneración por trabajo dominical o festivo; bonificación por servicios

16 Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, exp.

15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
17 Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.

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prestados y remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o
realizado en jornada nocturna.

52. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en líneas atrás, sobre la existencia de
normas especiales que reconozcan o establezcan que un factor salarial hace parte
del ingreso base de cotización.

53. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar
que el factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de
vinculación inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de
2003. Estas reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido
destacadas en la jurisprudencia de esta Sección18, tales como:

(a) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior
a la Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido anterior a
su vigencia.
(b) Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen
pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, aspecto que cobra
especial relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos de
prestación de servicios.
(c) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera
vinculación, independientemente de la modalidad de vinculación (carrera
docente, provisional o por contrato de prestación de servicios).

54. Este criterio diferenciador establecido por la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, garantizando así la sostenibilidad
financiera del sistema sin afectar derechos adquiridos.

3.3.3. Del reconocimiento pensional a la luz de la Ley 71 de 1988 para los
docentes

55. La necesidad de revisar la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 en materia de
pensiones docentes surge de una realidad práctica: muchos educadores han
prestado servicios tanto en el sector público como en el privado durante su vida
laboral, acumulando aportes en diferentes regímenes pensionales. Esta situación

18 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 30 de enero de 2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique
Bedoya Escobar. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 8 de noviembre de 2024, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 25000-23-42-000-2019-00655-01
(2532-2021). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 6 de febrero de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.

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genera un interrogante jurídico fundamental, pues si bien los docentes están
exceptuados del régimen general de pensiones por el artículo 279 de la Ley 100 de
1993, y tienen su propio régimen en la Ley 91 de 1989, existía discusión en punto a
si podían acceder a los beneficios de la pensión por aportes establecida en la Ley
71 de 1988.

56. La discusión cobra especial relevancia para aquellos docentes vinculados
antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, pues en algunos casos, la
aplicación de la Ley 71 de 1988 podría resultar más favorable que el régimen
general docente —Ley 33 de 1985 —, especialmente cuando no alcanzan el tiempo
de servicio requerido exclusivamente en el sector público, pero sí cuentan con el
tiempo necesario al sumar sus aportes en diferentes sectores.

57. En efecto, la Ley 71 de 1988 establece un régimen específico para la pensión
por aportes, con los siguientes requisitos según su artículo 7:

• Para mujeres: 55 años.
• Para hombres: 60 años.
• 20 años de aportes acumulados en cualquier tiempo entre entidades de
previsión social del sector público y el ISS (hoy Colpensiones).
• Tasa de reemplazo: 75% del salario promedio base para los aportes durante
el último año de servicios.

58. Con respecto al ingreso base de liquidación, el Decreto 2709 de 1994 que
reglamentó esta ley, establece en sus artículos 619 y 8 que la pensión se liquida con
el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último
año de servicios. Ello, con la inclusión de los factores previstos en la Ley 62 de
198520 y demás normas especiales que creen emolumentos con carácter de factor
salarial, y que, en consecuencia, sirven de base para calcular los aportes a pensión.

59. Ahora bien, en relación con la liquidación de la pensión, debe tenerse en cuenta
que el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, que modificó la Ley 33 de 1985, dispuso que
los factores que se debían tener en cuenta para tal efecto son «[la] asignación
básica, [los] gastos de representación; [las] primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; [los] dominicales y feriados; [las] horas extras; [la]
bonificación por servicios prestados; y [el] trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». La norma citada también previó
que, «[e]n todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden,
siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para
calcular los aportes».

19
La referida norma fue derogada por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997. Sin embargo, esta Sección,
mediante sentencia del 15 de mayo de 2014 declaró su nulidad parcial, puntualmente «en la parte que derogó
el artículo 6 del Decreto 2709 de 1994». // Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Segunda, sentencia del 15 de mayo de 2014, exp. 11001-03-25-000-2011-00620-00(2427-11), M.P. Gerardo
Arenas Monsalve.
20 En aplicación del artículo 11 de la Ley 71 de 1988.

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60.En ese sentido, para la definición del IBL, en atención a lo previsto en la referida
norma, se han desarrollado dos interpretaciones en relación con los factores que se
deben incluir en la liquidación de la pensión, como se explica a continuación:

(1) Una que concluye que el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 estableció un
listado taxativo de los factores que se pueden incluir en el IBL, siempre y
cuando sobre ellos se hayan realizado aportes a seguridad social. Esto
motivado en los antecedentes de la señalada disposición, que apuntaban
a la necesidad de precisar los conceptos que debían servir de base para
la liquidación de la pensión.
(2) Otra que estima que ese listado no es excluyente, en tanto se admite la
inclusión de otros conceptos en el IBL, bajo la condición de que hayan
sido reconocidos normativamente como factores salariales por la
autoridad competente, y servido de base para las cotizaciones a
seguridad social; lo que atiende al contenido integral del artículo 1 de la
Ley 62, que en su primera parte relacionó los principales factores a tener
en cuenta, y, en la segunda, dejó a salvo la posibilidad de incluir los que
hayan servido de base para calcular los aportes a seguridad social.

61. Así, la Sala aplicará la segunda postura, en la medida en que, bajo el principio
de favorabilidad, integra las distintas partes de la norma, y permite un margen de
protección reforzado para el derecho a la seguridad social, por ejemplo, cuando
factores adicionales a los señalados en la Ley 62 de 1985 son considerados como
base de cotización por normas especiales, sin poner en riesgo la sostenibilidad del
sistema, toda vez que debe verificarse y/o garantizarse que sobre aquellos se
efectúen los aportes correspondientes.

62. Además, porque tal perspectiva está en consonancia con el Acto Legislativo 01
de 2005, en cuanto señala que «para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán
en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones», y con pronunciamientos de unificación, como la sentencia del 28 de
agosto de 2018 de la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de
Estado, en la que frente a la reglas aplicables a los destinatarios de la Ley 33 de
1985, por aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, indicó que21:

«La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones».

63. Ahora bien, retomando la discusión existente sobre la pensión por aportes, esta

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, exp. 52001-

23-33-000-2012-00143-01, M.P. Cesar Palomino Cortés.

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Subsección recientemente, mediante sentencia del 30 de enero de 2025 22, expuso
cinco razones fundamentales por las cuales la Ley 71 de 1988 es aplicable a los
docentes, a saber:

(1) La intención legislativa expresada en los debates de la Ley 91 de 1989 incluía
la aplicación de la Ley 71 de 1988, al considerar que esta última hacía parte
del «régimen vigente para los pensionados del sector público nacional».
(2) La Ley 71 de 1988 «de manera explícita señaló que regula las pensiones de
todos los servidores públicos, sin excepción», por lo que encaja en la
remisión que hace la Ley 91 de 1989 (art. 15, literal b), para efectos
pensionales de los docentes, al régimen del sector público nacional.
(3) La Ley 71 de 1988 hace parte de la normativa que contiene los «derechos
mínimos» en materia pensional aplicables al sector público en general, que
no pueden ser desconocidos a ningún servidor público.
Dicho de otro modo, excluir a los docentes del artículo 7 de la Ley 71 de 1988
supondría suprimir uno de estos derechos esenciales, al impedirles
completar el requisito de tiempo de servicios mediante la acumulación de
aportes en sectores público y privado.
(4) No existe mandato legal que exija a los docentes ejercer durante toda su
vida laboral la enseñanza en el sector público para acceder a los beneficios
pensionales.
(5) Si bien la «Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados
por sus reglas todos los empleados públicos salvo “los empleados oficiales
que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción
que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten
de un régimen especial de pensiones”, lo cierto es que tal enunciado
normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a los
docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque
las leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad».

64. Es importante aclarar que la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 no reemplaza ni
excluye la posibilidad que tienen los docentes vinculados con anterioridad a la
expedición de la Ley 812 de 2003, de pensionarse exclusivamente con tiempo
público bajo la Ley 33 de 1985. Por el contrario, constituye una opción adicional y
favorable para aquellos docentes que han acumulado tiempos tanto en el sector
público como en el privado. Esta interpretación se alinea con el principio de
favorabilidad en materia laboral, pues amplía las posibilidades de acceso a la
pensión sin eliminar las ya existentes.

65. En conclusión, en la sentencia antes mencionada se precisó que la Ley 71 de
1988 es aplicable a los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003, como
parte del «régimen vigente para los pensionados del sector público nacional» al que

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

30 de enero de 2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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remite la Ley 91 de 1989. La Ley 71 de 1988 establece una modalidad pensional
que requiere 55 años para mujeres y 60 para hombres y 20 años de aportes, los
cuales pueden ser acumulados entre el sector público y privado. En cualquier caso,
la pensión se liquidará con el 75% del promedio del salario que sirvió de base para
los aportes durante el último año de servicios.

66. Ahora bien, no puede perderse de vista que la sentencia del 30 de enero de
2025 se pronunció frente a la situación particular de una docente vinculada con
anterioridad a la Ley 812 de 2003. Por lo tanto, las consideraciones desarrolladas
en ella no pueden entenderse como una imposibilidad de la aplicación de la Ley 71
de 1988 a quienes iniciaron su vinculación laboral docente después del 27 de junio
de 2003. Esto se debe a que esta podría ser la norma a tener en cuenta por vía del
régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en especial,
cuando la normativa anterior resulta más favorable.

67. Lo antedicho supondría, según la interpretación que se ha hecho del señalado
artículo 36, en especial en la sentencia del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena
de lo Contencioso-Administrativo de esta corporación23, la aplicación de normas
anteriores (v.gr. la Ley 71) en cuanto al tiempo de servicios, edad y tasa de
reemplazo, pero no respecto del ingreso base de liquidación, pues este se calcularía
a partir de los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993.

3.3.4. Sobre el cómputo de la labor docente en virtud de contratos de
prestación de servicios para el reconocimiento pensional

68. En relación con los tiempos laborados por los docentes mediante contratos
de prestación de servicios, esta corporación ha precisado que también puede
considerarse para efectos de acreditar el ejercicio de la función oficial docente y,
por consiguiente, que el tiempo durante el cual se ejerció esta debe computarse
para efectos pensionales.

69. Al respecto, ha indicado que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277
de 1979, la labor docente hace alusión al «ejercicio de la enseñanza en planteles
oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles», definición que se
centra en la naturaleza material de la actividad, independientemente de la forma de
vinculación.

70. En desarrollo de este concepto, la jurisprudencia ha establecido que los
docentes vinculados mediante contratos de prestación de servicios, al igual que los
docentes empleados públicos, desarrollan su labor de manera personal y
subordinada a los reglamentos propios del servicio público educativo. En tal sentido,

23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, fallo del 28 de agosto de 2018, exp. 52001-

23-33-000-2012-00143-01, M.P. César Palomino Cortés.

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Prestaciones Sociales del Magisterio

en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201624 la Sección Segunda del
Consejo de Estado precisó lo siguiente:

[…] la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no
desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento
subordinación existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual
que los docentes – empleados públicos (i) se someten permanentemente a las
directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que
carecen de autonomía en el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte
de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada
laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos
estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía
de la realidad sobre las formalidades e igualdad, los docentes-contratistas merecen
una protección especial por parte del Estado.

71. Por consiguiente, «se ha establecido que el proceso ordinario de
reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a
través de contratos de prestación de servicios es viable cuando se pretende la
declaración de la existencia de una relación laboral encubierta o en el evento en
que únicamente se solicite para efectos del cómputo de los periodos
laborados bajo la forma contractual25»26 (se destaca). Lo anterior, en virtud de
los principios como el de la primacía de la realidad sobre las formas, el de
favorabilidad y el pro homine, cuya aplicación permite que los tiempos laborados en
ejercicio de la función docente mediante contratos de prestación de servicios
puedan ser computados para efectos pensionales.

72. En línea con lo expuesto, la Sala destaca que la posibilidad de tener en
cuenta los tiempos laborados bajo dicha modalidad no es óbice para que se
empleen los mecanismos previstos en el ordenamiento para el debido recaudo de
los aportes al Sistema de Seguridad Social, en caso de que se hubiese omitido su
pago oportuno o que el monto consignado sea inferior al establecido en la ley. Al
respecto, cabe recordar que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 3752 de 2003,
a las entidades territoriales o las entidades de previsión social a las que se hubieren
realizado los aportes, tendrán a su cargo los trámites relativos a las prestaciones
sociales de los docentes que se hubieren causado con anterioridad a su afiliación
al Fomag. Por esta razón, tales autoridades serán responsables de la omisión en el

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de

unificación del 25 de agosto de 2016, exp. 23001- 23-33-000-2013-00260-01(0088-15), M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
25 En atención a que el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite la

acumulación de tiempos de servicio (artículo 72) con la posibilidad de que la entidad o empresa a cuyo cargo
esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y
empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del
tiempo de servicios en cada una de aquellas (artículo 75, numeral 3), tal como lo señaló el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de febrero del 2020 proferida dentro del proceso con
radicación 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

30 de enero de 2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Radicación: 15001-23-33-000-2019-00457-01 (0474-2023)
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Prestaciones Sociales del Magisterio

pago de los aportes en los lapsos laborados por contratos de prestación de servicios
y en esa medida deberán adelantar las actuaciones pertinentes para obtener su
respectivo pago.

73. En relación con lo anterior, la ley establece, entre otras medidas para lograr
el pago de los aportes, las siguientes: (a) la existencia de un interés moratorio a
cargo de los empleadores que no realicen el pago de los aportes —artículo 23 de la
Ley 100 de 1993—; (b) consecuencias disciplinarias para quienes actúen como
ordenadores del gasto que se abstengan de realizar las cotizaciones de forma
oportuna sin justa causa; (c) la posibilidad de adelantar acciones de cobro y de
cobro coactivo—artículos 24 y 57 de la Ley 100 de 1993—; y (d) la facultad de las
cajas de previsión obligadas al pago de la pensión, de «repetir contra los
organismos no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a
prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido o aportado a ellos» —artículo
2 de la Ley 33 de 1985—.

En conclusión, y de acuerdo con lo expuesto, para la aplicación de la Ley 812 de
2003, si un docente se vinculó mediante contrato de prestación de servicios antes
del 27 de junio de 2003, le será aplicable el régimen pensional anterior, es decir, el
establecido en la Ley 91 de 1989 que remite a la Ley 33 de 1985,
independientemente de que posteriormente haya tenido interrupciones en el
servicio o se haya vinculado bajo otras modalidades.

74. Esta interpretación se fundamenta en dos consideraciones adicionales: (a) la
Ley 812 de 2003 no estableció distinciones respecto a la modalidad de vinculación,
únicamente estableció el criterio temporal de ingreso al servicio; y (b) de acuerdo
con la sentencia C-555 de 1994 de la Corte Constitucional, en la que se analizó la
constitucionalidad del parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3
del artículo 105 de la Ley 115 de 199427, la diferenciación de los docentes
vinculados como empleados públicos y los contratados por prestación de servicios
no puede significar el desconocimiento de derechos y garantías laborales que son
irrenunciables, por cuanto realizan una actividad igual.

75. Por consiguiente, cuando se analiza la aplicación del régimen pensional
docente, el hecho de que la vinculación anterior a la Ley 812 de 2003 haya sido
mediante contratos de prestación de servicios no impide la aplicación del régimen
anterior.

27 Ley 115 de 1994, artículo 105. «Vinculación al servicio educativo estatal. La vinculación de personal docente,

directivo y administrativo al servicio público educativo estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento
hecho por decreto y dentro de la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial. // Únicamente
podrán ser nombrados como educadores o funcionarios administrativos de la educación estatal, dentro de la
planta de personal, quienes previo concurso, hayan sido seleccionados y acrediten los requisitos legales […]».

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Radicación: 15001-23-33-000-2019-00457-01 (0474-2023)
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Prestaciones Sociales del Magisterio

3.3.5. Sobre la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio
docente

76. Como lo ha precisado esta Sección en anteriores oportunidades28, sobre la
presunta incompatibilidad entre la pensión y la prestación del servicio docente, debe
considerarse el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que expresamente señala que
para los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las
prestaciones «serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración».
Este carácter compatible reconocido por la Ley 100, en otros momentos ha sido
otorgado por las siguientes disposiciones:

(1) El Decreto 224 de 197229 (art. 5) que estableció que el ejercicio de la docencia
no sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación.

(2) El artículo 70 del Decreto 2277 de 197930 que señaló que el goce de la pensión
no sería incompatible con el ejercicio de empleos docentes; norma que se advierte,
fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del
20 febrero de 1981.

(3) La Ley 60 de 199331 (art. 6) que ratificó, durante su vigencia32, esta
compatibilidad al establecer que el régimen prestacional de los docentes incluía este
beneficio.

(4) Específicamente para la pensión por aportes, el artículo 2.° del Decreto 2709 de
1994 que reglamenta la Ley 71 de 1988, si bien establece que «la pensión de
jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se
retiren del servicio», agrega: «salvo las excepciones previstas en la ley».

(5) A las anteriores disposiciones debe añadirse el literal g) del artículo 19 de la Ley
4 de 1992, que entre las excepciones para percibir doble asignación del tesoro

28 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2012, exp.

15001 23 31 000 2004 02695 01 (0133-10), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, exp. 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-
2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del
25 de septiembre de 2020, exp. 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M.P. César Palomino Cortés.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22
de junio de 2023, M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, exp. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18
de abril de 2024, exp. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20
de noviembre de 2024, exp. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 30 de enero de 2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique
Bedoya Escobar.
29
«Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente».
30 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».
31 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los

artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones».
32 Porque fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.

19

Radicación: 15001-23-33-000-2019-00457-01 (0474-2023)
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público, consagra «(l)as que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley
beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados», respecto de la cual
tratándose del régimen pensional docente, esta Subsección ha considerado que no
hace alusión a los docentes pensionados para el momento en que entró en vigor la
norma, sino a las disposiciones que para la misma fecha beneficiaban a los
docentes pensionados. Sobre el particular, en providencia del 8 de agosto de 2019 33
se reiteró:

Ahora bien, respecto de la excepción a la que alude el literal g) del artículo 19 de
la Ley 4 de 1992, esta corporación, en sentencia de 6 de marzo de 2003,
expediente 05001-23-31-000-1995-01799-01, magistrado ponente Alejandro
Ordóñez Maldonado, sostuvo:

Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya
estaban pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a
los docentes pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la
prohibición, no de aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes
pensionados:
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible
que el legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue
las existentes.
El sentido de la ley, al establecer las excepciones a la prohibición de percibir
simultáneamente más de una asignación del tesoro público, al expresar que a la
fecha de entrar en vigencia dicha ley beneficiaran a los servidores oficiales
docentes pensionados, contempló la posibilidad de que tales servidores se
siguieran beneficiando de la normatividad que les permitía percibir
simultáneamente pensión y sueldo o pensión ordinaria de jubilación y pensión
gracia, siempre y cuando cumplieran todas las exigencias legales.
La anterior apreciación la corrobora el mismo legislador, que en los años
siguientes a la expedición de la Ley 4 de 1992, reiteró la compatibilidad en
examen, como lo establecen, los artículos 6° de la Ley 60 de 1993, 279 de la Ley
100 del mismo año y 115 de la Ley 115 de 1994.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4' de 1992, art. 19, literal g) al
establecer las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar
en vigencia dicha ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es
el artículo 50 del Decreto 224 de 1972 que dispone:
'El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de
jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la
tarea docente, pero se decretará el retiro forzoso al cumplir sesenta y cinco (65)
años de edad'.

Las razones antes expuestas permiten a la sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada.

33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, exp. 05001-23-33-

000-2013-01456-01 (1499-2015), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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El anterior derrotero jurisprudencial fue acogido por la sala de consulta y servicio civil
de esta Corporación en concepto de 23 de noviembre de 2000 y reiterado en fallo de
22 de noviembre de 2012, expediente 15001-23-31-000- 2004-02695-01 (0133-10),
C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

(6) El artículo 1934 de la Ley 344 de 199635, al dejar a salvo lo dispuesto en las leyes
91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, «disposiciones de las que se desprende la
compatibilidad entre la pensión y el salario percibido con ocasión del ejercicio
docente»36.
(7) La única disposición que textualmente estableció una incompatibilidad entre el
salario de los docentes y la pensión de jubilación fue el artículo 45 37 del Decreto
1278 de 200238, declarado inexequible por la Corte Constitucional (sentencia C-
1157 de 200339), al advertir que el Ejecutivo legisló sobre una materia para la que
no fue habilitado; circunstancia en virtud de la cual esta Subsección en providencia
del 20 de noviembre de 202440 indicó:
Este planteamiento de la Corte Constitucional para declarar inexequible el
precepto bajo estudio, demuestra que el legislador, en el marco de sus potestades,
había contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 de la
Constitución Política en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser
modificada por el Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de la
Ley 4ª de 1992, se pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores de
percibir el salario y la pensión de jubilación de manera concomitante, ello para
nivelar sus condiciones remunerativas y la especialidad diferenciadora de su labor
dentro de la función pública41.

Así las cosas, la posición jurisprudencial asumida por esta Subsección en asuntos
con contornos similares ha sido pacífica al interpretar que los maestros oficiales
pueden devengar salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en
ninguna incompatibilidad.

34 «ARTÍCULO 19.- Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor

público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio
o continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán
hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de haberse
producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones».
35 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

18 de abril de 2024, exp. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
37 «ARTÍCULO 45. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para todos los servidores

públicos, el ejercicio de cargos en el sector educativo estatal es incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».
38 Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.
39
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

20 de noviembre de 2024, exp. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
41 A dicha conclusión arribó la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación, en la sentencia del 22 de

junio de 2023, exp. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

21

Radicación: 15001-23-33-000-2019-00457-01 (0474-2023)
Demandante: Luz Alba Africano Avella
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

77. La anterior conclusión, ha sido reiterada por esta Subsección, en casos en
los que se discute la compatibilidad de la pensión y el salario de los docentes, ya
sea vinculados con anterioridad42 o posterioridad43 a la Ley 812 de 2003, por cuanto,
de acuerdo con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes
prestan sus servicios como maestros oficiales, esto es en razón a la actividad
docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no
es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen
específico, puesto que no fue un requisito o límite establecido por el legislador.

78. Es importante precisar que la compatibilidad entre la pensión y la
remuneración está limitada al ejercicio de la docencia oficial. Esta precisión resulta
fundamental pues delimita el alcance de la excepción a la prohibición general de
recibir doble asignación del tesoro público, circunscribiéndola específicamente al
ejercicio de la función docente oficial.

79. Por tanto, no es dable condicionar la pensión de jubilación del docente a la
desvinculación del servicio. Esta compatibilidad constituye uno de los elementos
diferenciadores del régimen del magisterio.

3.4. Hechos probados relevantes

80. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:

81. La señora Luz Alba Africano Avella nació el 5 de febrero de 1960, según copia
del registro civil de nacimiento y de la cédula de ciudadanía44, por lo tanto, para el
16 de mayo de 201945, fecha de la reclamación pensional ante la entidad accionada,
contaba con 59 años.

82. La demandante cotizó al Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS), hoy
Colpensiones, durante 373,86 semanas, equivalentes a 7 años, 3 meses y 7 días,
por los servicios prestados en los sectores público y privado, en periodos

42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

30 de enero de 2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
En esta providencia se analizó con detalle la aplicabilidad del régimen de pensión por aportes, para los docentes
vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812.
43 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección

B, sentencia del 18 de abril de 2024, exp. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022), M.P. Juan Enrique
Bedoya Escobar. En esta providencia se indicó: «Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre
salario y pensión de la que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la
expedición de la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio al régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto,
de acuerdo con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como
maestros oficiales, esto es en razón a la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional
determinado. Por lo que, no es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen
específico, puesto que no fue un requisito o límite establecido por el legislador».
44 Samai, gestión otros despachos, 15001233300020190045700, índice 01, expediente digital, archivo 2

Radicación de Proceso - DEMANDA Y ANEXOS_002EscritoDemandaAnexos.pdf(.PDF), págs. 24 – 25.
45 Samai, gestión otros despachos, 15001233300020190045700, índice 01, expediente digital, archivo 2

Radicación de Proceso - DEMANDA Y ANEXOS_002EscritoDemandaAnexos.pdf(.PDF), págs. 43 a 47.

22

Radicación: 15001-23-33-000-2019-00457-01 (0474-2023)
Demandante: Luz Alba Africano Avella
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

comprendidos entre el 20 de abril de 1993 y el 30 de junio de 2016, de acuerdo con
el reporte de semanas cotizadas en pensiones de dicha entidad, actualizado a 23
de octubre de 2018, que reposa en el expediente, así46:

Entidad Desde Hasta
Plásticos del Oriente 20/04/1993 31/05/1993
Henry Torres Roa 01/02/1995 30/11/1995
Iglesia Evangélica L 01/02/1996 30/11/1996
Iglesia Evangélica L 01/02/1997 30/11/1997
Colegio Celco 01/02/1998 31/03/1998
Colegio Celco «01/04/1998» ilegible
Municipio de Sogamoso «01/04/1998» 30/04/1998
Municipio de Sogamoso 01/05/1998 30/06/1999
Colegio Celco 01/02/1999 «31/07/1999»
Municipio de Sogamoso «01/07/1999» «31/07/1999»
Colegio Celco «01/08/1999» 31/08/1999
Municipio de Sogamoso «01/08/1999» 30/11/1999
Colegio Celco 01/09/1999 31/01/2000
Municipio de Sogamoso 01/03/2000 30/06/2000
Municipio de Sogamoso 01/08/2000 31/10/2000
Colegio Celco «01/11/2000» «31/12/2000»
Municipio de Sogamoso «01/11/2000» «30/11/2000»
Colegio Celco 01/01/2001 31/01/2001
Alcaldía Municipal D 01/02/2001 30/11/2001
Alcaldía Municipal D 01/01/2002 31/01/2002
Alcaldía Municipal D 01/03/2002 31/05/2002
Alcaldía Municipal D 01/07/2002 30/09/2002
Municipio de Sogamoso 01/10/2002 31/10/2002
Alcaldía Municipal D 01/02/2003 28/02/2003
Municipio de Sogamoso 01/03/2003 31/12/2003
Municipio de Sogamoso 01/09/2004 30/09/2004
Universidad Pedagógica 01/04/2016 30/06/2016
Tabla 1: cotizaciones al ISS, hoy Colpensiones.

83. La accionante suscribió contratos y órdenes de prestación de servicios con
el municipio de Sogamoso, para desempeñarse como docente, entre el 30 de julio
de 1996 y el 5 de diciembre de 2003, conforme se evidencia en la copia que obra
de estos en el expediente y se relacionan seguidamente47:

Contrato/OPS Desde Hasta
397 15/07/1996 «14/08/1996»
503 «14/08/1996» 13/09/1996
584 14/09/1996 13/10/1996
059 01/04/1997 30/04/1997

46 Samai, gestión otros despachos, 15001233300020190045700, índice 01, expediente digital, archivo 2
Radicación de Proceso - DEMANDA Y ANEXOS_002EscritoDemandaAnexos.pdf(.PDF), págs. 26 a 29.
47 Samai, índice 21, expediente digital, archivo 18_MemorialWeb_Anexos-contratosprestacion(.pdf).

23

Radicación: 15001-23-33-000-2019-00457-01 (0474-2023)
Demandante: Luz Alba Africano Avella
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

159 01/05/1997 30/05/1997
57 01/02/1999 25/02/1999
122 01/03/1999 «hasta nueva orden»
048 01/02/2000 29/02/2000
167 01/03/2000 31/03/2000
284 01/04/2000 30/04/2000
401 01/05/2000 30/11/2000
049 01/02/2001 28/02/2001
188 01/03/2001 30/04/2001
306 01/05/2001 31/05/2001
418 01/06/2001 30/06/2001
532 01/07/2001 31/07/2001
642 01/08/2001 31/08/2001
762 01/09/2001 30/09/2001
874 01/10/2001 31/10/2001
989 01/11/2001 30/11/2001
070-7 01/02/2002 30/11/2002
157 03/02/2003 31/03/2003
265 01/04/2003 30/06/2003
439 01/07/2003 30/08/2003
792 01/10/2003 05/12/2003
Tabla 2: contratos de prestación de servicios en calidad de docente.

84. Contrastado lo expuesto, es decir, la información reportada en las tablas 1 y
2, se evidencia que en la mayoría de los tiempos en los que la accionante se vinculó
como docente a través de órdenes de prestación de servicios, realizó cotizaciones
al ISS (hoy Colpensiones), a excepción de los siguientes periodos, que deberán
sumarse para efectos de establecer el lapso en el que laboró:

Desde Hasta Tiempo
01/02/2000 29/02/2000 29 días
01/07/2000 31/07/2000 1 mes y 1 día
01/02/2002 28/02/2002 28 días
01/06/2002 30/06/2002 1 mes
01/11/2002 30/11/2002 1 mes
Total 4 meses y 28 días
Tabla 3: tiempos servidos como docente a través de OPS en los que no se advierten cotizaciones al ISS (hoy
Colpensiones).

85. En este momento, la Sala precisa que obran en el expediente dos certificados
suscritos por el secretario de educación y cultura de Sogamoso los días 13 de julio
de 1999 y 19 de junio de 2001, en los consta que la señora Luz Alba Africano Avella
laboró como docente por órdenes o contratos de prestación de servicios a partir del
1 de febrero de 1996 hasta el 13 de julio de 1999 y desde el 1 de febrero de 1996

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hasta el 16 de julio de 2001, respectivamente48. Asimismo, se allegó certificado
emitido el 25 de junio de 2001 por la directora del Colegio Básico Magdalena, en el
que indica que la accionante laboraba, para entonces, tiempo completo en la
institución educativa49.

86. No obstante, el tiempo referido en los aludidos certificados no será tenido en
cuenta, en tanto los periodos consignados no reflejan las interrupciones en la
prestación del servicio entre los distintos contratos suscritos (tabla 2); circunstancia
que sí puede apreciarse con detalle en la copia de estos, por suministrar información
pormenorizada sobre las condiciones en las que la demandante y la entidad
territorial mantuvieron el referido vínculo. Al respecto, se aclara que no corresponde
calificar la prestación del servicio como laboral o no con las respectivas
consecuencias, pues el objeto del proceso se circunscribe a establecer para efectos
pensionales, el tiempo en que se ejecutó el servicio docente y si puede computarse
para efectos de la Ley 71 de 1988.

87. La demandante, al momento de la solicitud pensional, acreditó que prestó
sus servicios como docente a la Secretaría de Educación del Municipio de
Sogamoso, Boyacá, durante 13 años, 9 meses y 24 días, conforme al formato
único para la expedición de certificado de historia laboral expedido por el Fomag el
27 de diciembre de 2018, como se muestra a continuación50:

Vinculación Desde Hasta Tiempo
Provisionalidad 28/01/2004 15/01/2006 1 año, 11 meses y 18 días
Provisionalidad 22/02/2007 27/07/2008 1 año, 5 meses y 6 días
Periodo de prueba 28/07/2008 20/01/2009 5 meses y 23 días
Propiedad 21/01/2009 27/12/201851 9 años, 11 meses y 7 días
TOTAL 13 años, 9 meses y 24 días
Tabla 4: prestación de servicios docente con afiliación al Fomag.

88. En punto, se advierten algunos traslapes de tiempos entre lo reportado por
Colpensiones como cotizado al ISS (tabla 1) y lo certificado por el Fomag (tabla 4),
que corresponden a los siguientes:

48 Samai, índice 21, expediente digital, archivo 18_MemorialWeb_Anexos-contratosprestacion(.pdf), págs. 10 y

19.
49 Samai, índice 21, expediente digital, archivo 18_MemorialWeb_Anexos-contratosprestacion(.pdf), pág. 20.
50 Samai, gestión otros despachos, 15001233300020190045700, índice 01, expediente digital, archivo 2

Radicación de Proceso - DEMANDA Y ANEXOS_002EscritoDemandaAnexos.pdf(.PDF), pág. 30.
-La anterior información coindice con el formato único para la expedición de certificado de historia laboral
expedido por el Fomag el 18 de marzo de 2025, visto en Samai, índice 21, expediente digital, archivo
17_MemorialWeb_Anexos-certificacionLUZAL(.pdf).
51 Fecha en la que se emitió el certificado, teniendo en cuenta que para entonces, según se indicó, la accionante

se encontraba vinculada al servicio docente.

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Desde Hasta Tiempo
01/09/2004 30/09/2004 1 mes
01/04/2016 30/06/2016 3 meses
TOTAL 4 meses
Tabla 5: traslape de tiempos cotizados al ISS y prestados como docente oficial con afiliación al Fomag.

89. Así, se hace necesario descontar el periodo de 4 meses, antes relacionado,
del tiempo cotizado al ISS; de manera que se tendrá como total del reporte de
Colpensiones, 6 años, 11 meses y 7 días.

90. El 16 de mayo de 201952 la accionante solicitó a la entidad accionada el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes. A través de la
Resolución 235 del 10 de junio de 2019, la Secretaría de Educación Sogamoso, en
representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, negó
el reconocimiento pensional53.

3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

91. La parte demandante, en el recurso de apelación, afirmó que la señora Luz
Alba Africano Avella se vinculó al servicio de la docencia oficial antes de la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003; por consiguiente, es beneficiaria del régimen
pensional previsto en la Ley 71 de 1985 y tiene derecho al reconocimiento y pago
de una pensión de jubilación por aportes, al acreditar más de 55 años y 20 de
servicios en los sectores privado y público.

92. Al respecto, se advierte que en la sentencia de primera instancia se negó a
la demandante el reconocimiento y pago de la pensión prevista en la Ley 71 de
1988, al considerar que el tiempo en el que se desempeñó como docente a través
de contratos de prestación de servicios no podía tenerse en cuenta para efectos
pensionales, toda vez que no se aportó al proceso sentencia alguna en la que se
declarara la relación laboral entre ella y la Secretaría de Educación del Municipio de
Sogamoso; ni tampoco se demostró que se hayan efectuado aportes al Sistema
General en Pensiones.

93. En primer lugar, con el fin de definir el régimen pensional aplicable a la
accionante, se recuerda que los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, gozan del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985 o el
establecido en la Ley 71 de 1988, cuando acumulen aportes por servicios prestados
en los sectores oficial y privado, teniendo en cuenta que la Ley 91 de 1989 no la
restringió. En cambio, a aquellos docentes vinculados con posterioridad, afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se les debe aplicar el

52 Samai, gestión otros despachos, 15001233300020190045700, índice 01, expediente digital, archivo 2
Radicación de Proceso - DEMANDA Y ANEXOS_002EscritoDemandaAnexos.pdf(.PDF), págs. 43 a 47.
53 Samai, gestión otros despachos, 15001233300020190045700, índice 01, expediente digital, archivo 2

Radicación de Proceso - DEMANDA Y ANEXOS_002EscritoDemandaAnexos.pdf(.PDF), págs. 50 a 51.

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régimen de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.

94. Adicionalmente, es necesario resaltar que la interrupción o suspensión del
servicio oficial docente no puede ser óbice para determinar el régimen pensional
que cobija la situación jurídica, pues como quedó visto antes en esta providencia, la
corporación54 ha avalado el reconocimiento de la pensión de jubilación del personal
docente, considerando la totalidad de los periodos laborados, aun cuando existiere
discontinuidad entre estos.

95. Por otra parte, conforme se estudió en el acápite de marco normativo de esta
sentencia, se destaca que los docentes vinculados mediante contratos de
prestación de servicios no ejercen su labor de manera independiente, pues al igual
que los docentes-empleados públicos, desempeñan sus funciones de manera
personal y subordinada a los reglamentos propios del servicio público de la
educación. Tan es así que, como lo definió la Sección Segunda de esta corporación
en la sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 2016 55, carecen
de autonomía en el desarrollo de su actividad, pues se someten a directrices,
inspección y vigilancia de las autoridades educativas; y sus funciones las ejercen
durante una jornada laboral que está sometida a un calendario académico, lo que
los hace merecedores de una protección especial por parte del Estado.

96. A su vez, la reclamación del reconocimiento de una pensión de jubilación con
inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios, en
el curso de un proceso ordinario es posible, según lo ha estudiado esta corporación,
(a) cuando se persiga la declaración de la existencia de una relación laboral
encubierta o (b) en aquellos casos en los que solo se pretenda el cómputo de los
periodos laborados bajo esa forma contractual. Escenario este último en el que
como lo ha definido la jurisprudencia56:

(…) es posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la comparecencia
de la entidad de previsión. Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se
reglamenta el Decreto 3135»57 permite la acumulación de tiempos de servicio con la

54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

18 de septiembre de 2020, exp. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019).
Criterio reiterado por la Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 2 de junio de 2022, exp. 25000-23-
42-000-2019-00143-01 (3061-2021).
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación

jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de abril de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-2015).
56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6

de febrero de 2020, exp. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015); sentencia del 13 de febrero del 2020,
exp. 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15).
57 «ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y

pagará al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el
tiempo de servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad
exigida para tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los
requisitos de tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión. 2. Si el empleado oficial no
estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del servicio oficial, el
reconocimiento y pago se hará directamente por la última entidad o empresa oficial empleadora. 3. En los casos

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posibilidad de exigir la cuota parte de las otras entidades oficiales, al indicar que la
pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por
la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo
de servicios requerido por la ley y que en los casos de acumulación de tiempo de
servicios la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas
oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a
prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas.

97. Así, la Sala estima que el periodo laborado por la accionante a través de
contratos de prestación de servicios, entre el 15 de julio de 1996 y el 5 de diciembre
de 2003, resulta válido para efectos pensionales, en virtud de los principios de
primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad.

98. En este orden de ideas, contrario a lo afirmado por el Tribunal, en cuanto a
que no puede accederse a lo solicitado porque no se efectuaron las cotizaciones
correspondientes al régimen de Seguridad Social; se destaca que esta corporación,
en sentencia de unificación del 28 de julio de 202258, definió que el descuento y
pago oportuno de aportes no puede ser obstáculo para el reconocimiento de la
pensión, pues las entidades de previsión deben adelantar las gestiones pertinentes
para su cobro. Esto, en los siguientes términos:

107. Según el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, durante la vigencia de la relación
laboral existe el deber de realizar cotizaciones obligatorias al sistema general de
pensiones tanto por los afiliados como por los empleadores. En armonía con lo
anterior, el artículo 22 prescribe que el empleador es el responsable del pago de sus
aportes y los de sus trabajadores. Para ello, deduce del salario del empleado el valor
de la cotización obligatoria. La totalidad de las sumas deben ser trasladadas a la
entidad de previsión social, dentro de los plazos señalados por el gobierno nacional.
En todo caso, es el empleador el responsable por la totalidad del aporte «aun en el
evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador». Este contenido
normativo es reiterado en el Decreto 692 del 29 de marzo de 199459 (artículo 27).

108. Por su parte, el artículo 53 de la Ley 100 de 1993 confirió a las entidades
administradoras amplias facultades de fiscalización e investigación sobre los
empleadores para asegurar el cumplimiento de dicha ley. Dentro de aquellas está la
de verificación de la exactitud de las cotizaciones y aportes. Igualmente, el Decreto

de acumulación de tiempo de servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto, la entidad o empresa a
cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades
y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del
tiempo de servicios en cada una de aquellas. En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado
al efecto en el Decreto 2921 de 1948 y, si transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se
refiere el artículo 3o. del citado decreto la entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho
oponiéndose sin fundamento legal, se entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución
definitiva de reconocimiento de la pensión. El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la
entidad correspondiente reciba el proyecto de reconocimiento de la pensión».
58 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022, exp. 25000-

23-42-000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
59 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993».

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1161 del 3 de junio de 199460 impuso a las administradoras de pensiones el deber de
verificación de las consignaciones «en especial, si los valores aportados se ajustan a
la ley» (artículo 8 compilado por el Decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.3.1.18).

109. De acuerdo con esta verificación y en caso de que la administradora observe
que los valores no se ajustan a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el
monto consignado es inferior, el ordenamiento jurídico colombiano contiene los
mecanismos para asegurar el cumplimiento de aquellas obligaciones y señala las
consecuencias de su incumplimiento.

[…]

111. Todo lo anterior permite garantizar que el trabajador logre acceder a su derecho
pensional con la plenitud de condiciones que las normas consagran, así como la
sostenibilidad financiera del sistema pensional. Ello atiende el principio protector que
está ligado con la propia razón de ser del derecho del trabajo. Este principio parte de
la consideración especial que se tiene frente a quien se presenta en el extremo más
débil de la relación laboral, por ende, hay desigualdad o discriminación positiva en su
favor a fin de equipararlo con la otra parte, de manera que se tiende a brindar una
protección jurídica favorable para el trabajador61.

112. Sobre la inobservancia de la obligación patronal en comento, la jurisprudencia
ha reiterado de manera consistente que la omisión de este deber no puede ser
imputable al trabajador ni puede ser oponible para impedirle acceder al pleno
reconocimiento de su pensión. Para este último, la falta de diligencia del empleador
implica la vulneración de su derecho a la seguridad social62.

[…]

115. De esta manera, el hecho de que el empleador no haya cumplido con el
descuento y pago oportuno de los aportes correspondientes y de que la entidad
administradora de pensiones haya omitido su deber de verificación y ejecución de los
procedimientos tendientes a su pago, en manera alguna puede imponerse como un
obstáculo para el reconocimiento de la pensión, que tiene la finalidad de cubrir los
riesgos derivados de la vejez, invalidez o muerte, pues se trata de la negligencia de
las entidades cuyas consecuencias no pueden ser trasladadas al trabajador.

[…]».

99. Aclarado lo anterior, y según se detalló en el acápite de hechos probados de
esta sentencia, se tiene que la señora Luz Alba Africano Avella laboró por primera
vez al servicio docente, antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 —27 de
junio de 2003—, esto es, desde el 15 de julio de 1996, a través de contrato de
prestación de servicios. Por ende, le es aplicable la Ley 91 de 1989 y comoquiera

60 «Por el cual se dictan normas en materia del Sistema General de Pensiones».
61 Plá Rodríguez, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo, ediciones De la Palma, Buenos Aires 1990,

segunda edición, pp. 23 – 25.
62 Ver sentencia T-064 de 2018.

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que según se probó en el plenario, acumuló tiempos de servicio públicos y privados,
durante 21 años, 1 mes y 29 días63, es beneficiaria del régimen pensional
previsto en la Ley 71 de 1988.

100. En tal sentido, se destaca que, según el artículo 7 de la mencionada ley, por
ser mujer debía acreditar 55 años de edad y 20 años de cotizaciones continuas o
discontinuas en el Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) y en una o
varias de las entidades de previsión social del sector público; con una tasa de
reemplazo del 75% de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el
último año de servicio, de conformidad con la Ley 71 de 1988 y los artículos 6 y 8
del Decreto 2709 de 1994; así como la Ley 62 de 1985 y demás normas especiales.

101. Así, toda vez que la señora Luz Alba Africano Avella cumplió 55 años el 5 de
febrero de 2015 y acreditó, como se dijo antes, un total de 21 años, 1 mes y 29 días
de cotización, al momento en que presentó la solicitud pensional —16 de mayo de
2019—, se considera que tiene derecho al reconocimiento de una pensión de
jubilación por aportes, en aplicación de lo previsto en los artículos 6 y 8 del Decreto
2709.

102. En punto al estatus pensional, se estima que lo adquirió el 29 de octubre de
201764, fecha en la que alcanzó 20 años de cotizaciones acumuladas en las
diferentes entidades de previsión social, y en la que tenía 55 años de edad— los
cumplió el 5 de febrero de 2015—, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 71 de
1988 y el Decreto 2709 de 1994.

63 Total que resulta de la suma del tiempo de servicios (a) cotizados al ISS: 6 años, 11 meses y 7 días
(descontado el traslape con la afiliación al Fomag); (b) prestados a través de OPS en calidad de docente, que
no prestan traslape con otros aportes: 4 meses y 28 días; (c) periodo laborado al sector público como docente
afiliada al Fomag: 13 años, 9 meses y 24 días.
64 De acuerdo con lo siguiente:

1. Se observa que al 31 de diciembre de 2003 (periodo antes de presentar traslape con la afiliación al Fomag.
Ver tabla 1) la accionante acreditó 7 años, 4 meses y 5 días de servicio, los cuales corresponden a las
cotizaciones al ISS durante 6 años, 11 meses y 7 días, sumados a los 4 meses y 28 días en los que laboró a
través de OPS.
2. Se tiene que luego se vinculó a la docencia oficial en provisionalidad del 28 de enero del 2004 al 15 de enero
de 2006 (1 año, 11 meses y 18 días), y del 22 de febrero de 2007 al 27 de julio de 2008 (1 año, 5 meses y 6
días).
Al sumar los anteriores periodos, se encuentra que al 27 de julio de 2008 demostraba: 10 años, 8 meses y 29
días.
4. Se destaca que la última vinculación como docente en propiedad, fue a partir del 28 de julio de 2008 al 27 de
diciembre de 2018, por 10 años y 5 meses.
5. Así, corresponde establecer desde el 27 de julio de 2008, instante para el cual tenía 10 años, 8 meses y 29
días.
de servicios, cuánto debía trabajar la demandante para cumplir 20 años. Entonces:
Hasta el 27 de julio de 2008, tenía acumulados 10 años, 8 meses y 29 días. Tiempo faltante para los 20 años:
9 años, 3 meses y 1 día.
La accionante se vinculó en propiedad el 28 de julio de 2008.
Se suma el tiempo faltante a esta fecha:
(a) Se suman 9 años: 28 de julio de 2008 + 9 años = 28 de julio de 2017.
(b) Se suman 3 meses: 28 de julio de 2017 + 3 meses = 28 de octubre de 2017
(c) Se suma 1 día: 28 de octubre de 2017 + 1 día = 29 de octubre de 2017.
Por lo tanto, la accionante completó sus 20 años de servicios el 29 de octubre de 2017.

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103. Por ende, se revocará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda. En su lugar, se declarará la nulidad del acto
administrativo acusado. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho
se condenará al Fomag al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por
aportes a favor de la accionante, desde el 29 de octubre de 2017, con el 75 % del
promedio de los factores salariales dispuestos en el artículo 6 del Decreto 2709 de
1994; así como la Ley 62 de 1985 y demás normas especiales, que hayan servido
de base de cotizaciones a seguridad social en pensión, en el año anterior a la
adquisición del estatus de pensionada, en aplicación de la Ley 71 de 1988, sin que
deba acreditar el retiro del servicio docente, como se explicó en el numeral 3.3.5.
de esta providencia.

104. Sobre el punto, si bien el artículo 6 del Decreto 2709 de 1994 estableció que
la pensión por aportes se liquida con el 75 % del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicios, en este caso, como se ha
dispuesto en otras oportunidades por la Sala, debido a que no hay incompatibilidad
entre la función docente y el derecho al goce pensional, la pensión que se reconoce
debe calcularse con el promedio de lo devengado durante el año anterior a aquel
en el que la docente adquirió el estatus de pensionada, porque una vez consolidado
este puede percibir la pensión sin necesidad de retirarse del servicio.

105. Finalmente, se aclara que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio podrá reclamar la cuota parte a las entidades de previsión social o fondos
pensionales en los que cotizó la demandante de conformidad con el artículo 11 del
Decreto 2709 de 1994.

106. Por otro lado, resulta oportuno precisar que como entre la adquisición del
estatus pensional —29 de octubre de 2017— y la petición de reconocimiento —16
de mayo de 2019— no transcurrieron más de tres años, el término de prescripción
se interrumpió por un plazo igual —artículo 41 del Decreto 3135 de 1968,
reglamentado en el Decreto 1848 de 1969—. Esto quiere decir que no operó el
fenómeno prescriptivo de mesada alguna.

107. La entidad demandada deberá hacer la actualización sobre las sumas
adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 [inciso final] del
CPACA, en consideración a los índices de precios al consumidor [IPC] certificados
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, que se
detallará en la parte resolutiva de esta sentencia.

3.6. Conclusión de la decisión

108. A partir del estudio del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales,
se concluye que como la señora Luz Alba Africano Avella se vinculó con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, el régimen pensional que le es aplicable

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es el previsto en la Ley 71 de 1988. Así, al haberse probado que tiene más de 55
años de edad y 20 de cotizaciones en los sectores público y privado, se estima que
tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes, la
cual deberá ser reconocida por el Fomag, de conformidad con el artículo 10 del
Decreto 2709 de 199465.

109. Se destaca que, en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre
las formalidades e igualdad, los tiempos laborados por la demandante a través de
contratos de prestación de servicios son válidos para efectos pensionales. Además,
la accionante tiene derecho a la compatibilidad entre el salario y la pensión, motivo
por el cual, no se le puede exigir el retiro definitivo del cargo para la efectividad de
la prestación.

110. Por ende, se debe revocar la sentencia de primera instancia, para en su lugar
declarar la nulidad del acto acusado y, a título de restablecimiento del derecho,
ordenar el reconocimiento y pago a favor de la demandante de la pensión por
aportes prevista en la Ley 71 de 1988, desde el 29 de octubre de 2017. Esto,
teniendo en cuenta que la prestación es compatible con el salario como docente del
sector oficial en actividad.

3.7. Costas

111. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 66 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
65 «Artículo 10. Entidad de previsión pagadora. La pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada

por la última entidad de previsión a la que se efectuaron aportes, siempre y cuando el tiempo de aportación
continuo o discontinuo en ellas haya sido mínimo de seis (6) años. En caso contrario, la pensión de jubilación
por aportes será reconocida y pagada por la entidad de previsión a la cual se haya efectuado el mayor tiempo
de aportes.
Parágrafo. Si la entidad de previsión obligada al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes es la
Caja Nacional de Previsión Social, el pago de dicha prestación lo asumirá el Fondo de Pensiones Públicas del
nivel nacional a partir de 1995.
Si las entidades de previsión obligadas al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes son del orden
territorial, dicha prestación, en el evento de liquidación de las mismas, estará a cargo de la entidad que las
sustituya en el pago».
66 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de
abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 15001-23-33-000-2019-00457-01 (0474-2023)
Demandante: Luz Alba Africano Avella
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Revocar la sentencia proferida el 7 de septiembre de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 2, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

Segundo: En su lugar, declarar la nulidad de la Resolución 235 del 10 de junio de
2019, por medio de la cual la Secretaría de Educación de Sogamoso, en
representación de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio negó el reconocimiento y pago de una pensión
de jubilación por aportes a la señora Luz Alba Africano Avella.

Tercero: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a
reconocer y pagar a favor de la señora Luz Alba Africano Avella, desde el 29 de
octubre de 2017, una pensión de jubilación por aportes con el 75 % del promedio
de los factores salariales dispuestos en el artículo 6 del Decreto 2709 de 1994; así
como la Ley 62 de 1985 y demás normas especiales, que hayan servido de base de
cotizaciones a seguridad social en pensión, en el año anterior a la adquisición del
estatus de pensionada, en aplicación de la Ley 71 de 1988; sin que deba acreditar
el retiro del servicio docente.

La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 [inciso final] del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor [IPC] certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final__
índice inicial

Cuarto: La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio podrá reclamar la cuota parte a las demás
entidades de previsión social o fondos de pensiones en los que la demandante
realizó cotizaciones de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994.

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Radicación: 15001-23-33-000-2019-00457-01 (0474-2023)
Demandante: Luz Alba Africano Avella
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Quinto: Sin condena en costas en segunda instancia.

Sexto: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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