Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05218-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05218-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-05218-00
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
20 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05218-00
Demandante: MARÍA LUISA DORADO VILLANUEVA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C
Temas: Tutela contra providencia judicial. Defectos sustantivo y fáctico,
Régimen pensional docente. Concede el amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide el presente mecanismo de conformidad con los Decretos 2591 de
1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
I. ANTECEDENTES
1.1. Petición de amparo
Mediante escrito radicado el 8 de julio de 2026, la señora María Luisa Dorado
Villanueva, por conducto de apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, con el fin de que
se le amparen sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y a la seguridad social.
Estimó vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión de la sentencia del
24 de junio de 2026, proferida por la autoridad referenciada, que revocó lo decidido
por el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá para, en su
lugar, negar el reconocimiento de una pensión de jubilación conforme al régimen
prestacional docente. Todo en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-020-2024-00184-01,
promovido por ella en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional del Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag).
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la tutelante elevó las siguientes pretensiones:
1. Se amparen los derechos fundamentales de mi poderdante, vulnerados con la
sentencia de segunda instancia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
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Demandante: María Luisa Dorado Villanueva
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
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CUNDINAMARCA dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento de
derecho con número de radicado 11001-3335-020-2024-00184-01.
2. Que se deje sin efectos la sentencia del 24 de junio de 2026, proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento de derecho radicado 11001-3335-020-2024-00184-01.
3. Que se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA emitir una
sentencia que se pronuncie nuevamente sobre las pruebas aportadas por la
demandante y por la demandada.
1.3. Hechos
La actora se sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la sala, son
relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
Relató que nació el 1º de julio de 1963 y prestó sus servicios como (i) maestra
interina del 16 de julio de 1998 al 12 de diciembre de 2003 y (ii) docente del Distrito
de Bogotá desde el 19 de enero de 2004.
Narró que solicitó de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, requerimiento que fue negado
a través de la Resolución 385 del 15 de febrero de 2024 porque (i) no registra
vinculaciones al servicio docente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003, (ii) el régimen aplicable a su caso es el previsto en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, (iii) conforme a las certificaciones aportadas cotizó 1027,42
semanas [Colpensiones 529,71 + Fomag 488,14] y (iv) en definitiva, no acreditó las
1300 semanas que le eran exigidas.
Contó que acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para cuestionar
la legalidad del anterior acto administrativo y obtener el reconocimiento pensional
con fundamento en las Leyes 91 de 1989, 33 y 62 de 1985, a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual fue repartido al Juzgado
Veinte Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
Puntualizó que dicha instancia, mediante sentencia del 23 de octubre de 2025, (i)
declaró la nulidad de la Resolución 385 del 15 de febrero de 2024 y (ii) ordenó al
Fomag reconocerle y pagarle una pensión de jubilación con inclusión del 75% del
promedio de los factores sobre los que cotizó en calidad de docente1, durante el año
anterior al cumplimiento del estatus pensional (22 de mayo de 2020 al 22 de mayo
de 2021), suma que se haría efectiva a partir del 22 de mayo de 2021, en atención
a lo normado en la Ley 33 de 1985. La decisión, en lo relevante, se fundó así:
La demandante se vinculó con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003
[desde el 16 de julio de 1998, como interino], por ende, le son aplicables las previsiones
de las Leyes 91 de 1989, 33 y 62 de 1985.
La actora cumplió 55 años, el 1º de julio de 2018, y acreditó 23 años y 19 días de
servicio docente.
La interinidad es una forma de vinculación a la docencia y ha sido tenida en cuenta
para el reconocimiento de pensiones, como la gracia.
1 Contenidos en la Ley 62 de 1985
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La accionante demostró los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, de
acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, el 22 de mayo de 2021, cuando
cumplió 20 años de servicio docente y tenía más de 55 años de edad.
Detalló que el anterior proveído fue apelado por ella y el Fomag. Añadió que la
entidad demandada insistió en que fue vinculada con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003 e indicó que no es beneficiaria del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993 y, por ende, no le son aplicables las previsiones de las Leyes
33 de 1985 o 71 de 1988.
Describió que la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, a través del fallo censurado del 24 de junio de 2026, revocó lo
decidido por el a quo para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda,
con fundamento en lo que sigue:
La pensión ordinaria de jubilación de los docentes oficiales vinculados antes del 27 de
junio de 2003, se encuentra sometida al régimen pensional general anterior, al que
remite la Ley 91 de 1989 [Leyes 33 y 62 de 1985].
Ley 33 de 1985 no contempla las mismas prerrogativas que el régimen de la Ley 71 de
1988 y, en ese sentido, el servidor público no puede acumular aportes del sector
privado como lo pretende hacer valer la docente.
Según la Resolución 385 de 2024, la señora Dorado Villanueva cotizó a Colpensiones
529.71 semanas y al Fomag 497.71 semanas.
La demandante no satisface los 20 años de servicios en el ramo docente o de labores
en el sector público, requisito sine qua non establece la Ley 33 de 1985.
En el escrito de demanda no se solicitó la aplicación de la Ley 71 de 1988, régimen
pensional que admite acumular tiempos de servicios públicos y privados.
A la demandante, en todo caso, no le es aplicable el régimen de transición de la Ley
100 de 1993 porque no tenía 35 años de edad a la entrada en vigor de dicha norma a
nivel nacional —1° de abril de 1994—, pues nació el 1° de julio de 1963 y no tenía más
de 3 años de cotizaciones a dicha data.
1.4. Sustento de la vulneración
La accionante estimó que la sentencia del 24 de junio de 2026 incurrió en (i) defecto
sustantivo por cuanto hizo un inadecuado estudio de la prestación económica,
máxime cuando los docentes están exonerados de la aplicación de la Ley 100 de
1993, y (ii) defecto fáctico, por cuanto no tuvo en cuenta todo el tiempo de servicio
acreditado.
Explicó que en el proceso ordinario obra la historia laboral expedida por la
Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones) que da a
conocer que, en el sector privado, tiene 529.71 semanas, tiempo que sumado al
docente le permite válidamente acceder a la pensión de jubilación.
Destacó que la autoridad judicial accionada tampoco valoró sus vinculaciones como
docente interino y provisional, las cuales, si se hubieran considerado, permitirían
establecer un tiempo de servicio de más de 23 años.
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Afirmó que el fallo del 24 de junio de 2026 desconoció la sentencia de unificación
del 28 de agosto de 20182 que aclara que los docentes no están cobijados por el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, así como el proveído del 30 de enero
de 20253.
Consideró que la autoridad judicial accionada violó de forma directa la Constitución
Política, en especial su artículo 29, máxime cuando las pruebas allegadas permiten
inferir que acreditó el tiempo de servicio necesario para acceder a la prestación que
persigue.
1.5. Trámite y contestación
Mediante auto del 9 de julio de 2026, se admitió la solicitud de tutela y se ordenó
notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C.
Así mismo, se ordenó vincular al juez Veinte Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, al ministro de Educación Nacional, al vicepresidente del Fondo Nacional del
Prestaciones Sociales del Magisterio y al representante legal de la Fiduciaria La
Previsora (o quien hiciera sus veces), como terceros con interés en las resultas del
proceso.
Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. El Juzgado Veinte Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá pidió
ser desvinculado del trámite de esta acción de tutela, en razón a que se cuestiona
la decisión de su superior y no la suya.
1.5.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, sostuvo que el fallo del 24 de junio de 2026 fue proferido con
prevalencia de los principios de sana crítica y buena fe, después de haber surtido el
procedimiento con garantía de la igualdad y la imparcialidad de las partes en
contienda.
Indicó que la pensión solicitada por la señora María Luisa Dorado Villanueva
corresponde a la prevista en la Ley 33 de 1985, como se observa en las
pretensiones de la demanda y en los problemas jurídicos establecidos en el trámite
de primera instancia y segunda instancia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Reseñó que el reconocimiento de la pensión de jubilación en los términos de la Ley
33 de 1985, requiere que se acrediten 55 años de edad y 20 de servicio en el sector
público. En la providencia cuestionada se determinó que la demandante acreditó
11 años, 5 meses y 2 días de servicio como docente, tiempo insuficiente para el
reconocimiento que se pretende.
2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, MP César Palomino Cortés.
Expediente 2012-00143-01, demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro.
3 Emitido dentro del proceso 66001-23-33-000-2020-00492-01.
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Aclaró que, si bien es cierto que la actora también probó que efectuó cotizaciones
a Colpensiones por un tiempo superior a 10 años (529,71 semanas), dichos
períodos fueron aportados al sector privado y como independiente entre el 26 de
enero de 1998 hasta el 30 de noviembre de 2018, por lo que no se pueden tener en
cuenta para computarse en el reconocimiento de la pensión bajo el régimen
pensional de la Ley 33 de 1985, que fue el que solicitó la actora en el medio de
control.
Agregó que, pese a que en el escrito de demanda no se solicitó la aplicación de la
Ley 71 de 1988, régimen pensional que admite acumular tiempos de servicios
públicos y privados, en todo caso la tutelante no acreditó los presupuestos
consagrados en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 para que le pudiera
ser aplicada dicha normativa.
Finalmente, puso de relieve que la acción de tutela es improcedente toda vez que
lo que pretende la señora Dorado Villanueva es que se surta una tercera instancia,
para efectos de que se analice el reconocimiento de la pensión teniendo en cuenta
los servicios prestados en los sectores público y privado.
1.5.3. El Ministerio de Educación Nacional estimó que la acción de tutela es
improcedente porque no cumple el requisito de la relevancia constitucional.
1.5.4. La Fiduprevisora pidió ser desvinculada por falta de legitimación en la causa
por pasiva y que se declare la improcedencia de este mecanismo.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2.2. Cuestión previa
El Juzgado Veinte Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la Fiduprevisora
solicitaron ser desvinculados de la presente acción constitucional por considerar
que carecen de falta de legitimación en la causa por pasiva.
Sin embargo, las referidas peticiones serán negadas en razón a que fueron
vinculados debido al interés que les asiste en el presente trámite constitucional, en
la medida en que constituyen la primera instancia y la entidad demandada en el
proceso ordinario objeto de controversia, respectivamente, así que podrían verse
afectados con cualquier decisión que se adopte en este asunto.
2.3. Problema jurídico
Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la señora María Luisa Dorado
Villanueva, el material probatorio recaudado y los informes presentados, la sala
deberá establecer si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
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Subsección C vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y a la seguridad social con ocasión de la
sentencia del 24 de junio de 2026.
Para resolver lo anterior, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) los requisitos adjetivos de
procedibilidad y, finalmente, de encontrarse superados se abordará (iii) el fondo del
asunto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:
[…] si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a
él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente
lo indica la decisión de unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados hasta el
momento jurisprudencialmente […]».
En efecto, la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de
derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser
ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan
origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva–
y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia
adjetiva–.
En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: (i) que sea
relevante constitucionalmente; (ii) que no se trate de tutela contra tutela; (iii)
inmediatez; y (iv) subsidiariedad.
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Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: (i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y (ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
2.5. Estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad
2.5.1. Relevancia Constitucional
Desde la perspectiva de la señora María Luisa Dorado Villanueva la sentencia del
24 de junio de 2026 adolece de defectos sustantivo y fáctico, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución Política, toda vez que (i) hizo un
inadecuado estudio de la prestación económica, máxime cuando los docentes están
exonerados de la aplicación de la Ley 100 de 1993, al tenor de su artículo 279, (ii)
soslayó todo el tiempo de servicio acreditado en Colpensiones y el Fomag, (iii)
desconoció la jurisprudencia que permite a los maestros, vinculados con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, pensionarse con
fundamento en el régimen de la Ley 71 de 1988, como la sentencia del 30 de enero
de 2025, y (iv) limitó injustificadamente su acceso a la prestación pretendida.
Sobre el particular, la sala advierte que lo expuesto se podría encausar en defectos
sustantivo y fáctico, por cuanto lo que pretende la accionante es que se aplique en
debida forma el régimen a que tiene derecho y se consideren pruebas que le
permitirán acceder a la pensión.
Ahora bien, podría pensarse que lo propuesto por la actora recae en un debate
meramente legal y económico; empero, de fondo discute que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca adoptó una postura restringida del régimen
pensional docente, lo cual (i) limitó su acceso a esa prestación conforme a la Ley
71 de 1988, en atención al principio de favorabilidad; (ii) no se acompasa con lo
expuesto por la corporación, en especial en la sentencia del 30 de enero de 2025 y
(ii) transgredió de forma directa sus derechos al debido proceso y a la seguridad
social.
2.5.2. Tutela contra tutela
La sala no encuentra reparo alguno frente a este requisito. En efecto, a través de la
presente acción constitucional se cuestiona el fallo del 24 de junio de 2026, proferido
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado
11001-33-35-020-2024-00184-01.
2.5.3. Inmediatez
Sin necesidad de establecer la fecha de ejecutoria de la sentencia cuestionada, la
sala evidencia que la acción de tutela se ejerció en un término razonable,
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comoquiera que la providencia cuestionada se profirió el 24 de junio de 2026 y la
solicitud de amparo se radicó el 8 de julio siguiente.
2.5.4. Subsidiariedad
Para obtener la protección de las garantías superiores que la actora considera
transgredidas, no existe otro mecanismo de defensa judicial. Al respecto, la sala
precisa que la sentencia del 24 de junio de 2026 resolvió el recurso de apelación
interpuesto contra el fallo de primera instancia. De ese modo, es evidente que se
agotaron los recursos ordinarios.
Igualmente, frente a los argumentos de la tutelante, se advierte que apuntan a
estructurar los defectos sustantivo y fáctico, en la medida en que (i) pone de
presente que por ser docente está excluida del Sistema General de Pensiones y
puede ser destinataria de las Leyes 33 de 1985 o 71 de 1988; y (ii) advierte que, en
su caso, se le aplicó indebidamente el régimen para la pensión de jubilación y se le
desconocieron los elementos probatorios que daban cuenta de que acreditó más de
20 años de servicio.
Ahora, si bien es cierto que la actora invocó como desconocida la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018, que fijó la regla jurisprudencial sobre el ingreso
base de liquidación en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, también lo
es que lo hizo para reiterar que está excluía de ese Sistema General de Pensiones
y que se dejó de analizar su caso a la luz de la Ley 71 de 1988, pese a que le era
aplicable.
2.6. Estudio de fondo
2.6.1. Régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
El régimen pensional de los docentes oficiales se encuentra exceptuado del Sistema
General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de 1993,
que establece: «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente
Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
Esta excepción se debe a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,
establecido por la Ley 91 de 19894, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.
La naturaleza exceptuada del régimen se refuerza con el artículo 15 de la Ley 91 de
1989, que desarrolla reglas específicas para el reconocimiento de las prestaciones
económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal
nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se
vinculen a partir del 1 de enero de 1990.
4 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
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Sin embargo, la Ley 812 de 20035, en el artículo 81, determina que los docentes
vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen
de prima media de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una
particularidad importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos
géneros. Posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 ratifica el carácter
exceptuado del régimen, al establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen
pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al
servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta».
2.6.1.1. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la
sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 20196
En la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el parágrafo transitorio
1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, existen dos
regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la pensión de
jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya
aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo. Tales
regímenes son:
(a) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen pensional de los
servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33 de 1985.
(b) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003
afiliados al Fomag les aplica el régimen pensional de prima media regulado en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para
hombres y mujeres.
El aludido fallo fue enfático en señalar que el factor determinante para la aplicación
de uno u otro régimen es la fecha de vinculación inicial al servicio docente, esto es,
antes o después del 27 de junio de 2003. Estas reglas tienen importantes
implicaciones prácticas, que han sido destacadas en la jurisprudencia de la Sección
Segunda7, tales como:
(i) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la Ley
812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido anterior a su vigencia.
(ii) Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen
pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, aspecto que cobra especial
relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos de prestación de servicios.
5 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario.
Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
6 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial
SUJ-014- CE-S2 -2019. Expediente 680012333000201500569-01 (0935-17).
7 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, expediente. 66001-23-33-000-2020-00492-01
(0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de noviembre de 2024, M.P.
Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 25000-23-42-000-2019-00655-01 (2532-2021). Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de
septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 6 de febrero de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015), M.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
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Sección Segunda, Subsección C
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(iii) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera vinculación,
independientemente de la modalidad de vinculación (carrera docente, provisional o por
contrato de prestación de servicios).
Este criterio diferenciador establecido por la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, garantizando así la sostenibilidad
financiera del sistema sin afectar derechos adquiridos.
2.6.1.2. Reconocimiento pensional a la luz de la Ley 71 de 1988, para docentes
La necesidad de revisar la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 en materia de
pensiones docentes surgió de una realidad práctica: muchos educadores han
prestado servicios tanto en el sector público como en el privado durante su vida
laboral, acumulando aportes en diferentes regímenes pensionales.
La Sección Segunda de esta Corporación, mediante sentencia del 30 de enero de
20258, expuso cinco razones fundamentales por las cuales la Ley 71 de 1988 es
aplicable a los docentes, a saber:
• La intención legislativa expresada en los debates de la Ley 91 de 1989 incluía la
aplicación de la Ley 71 de 1988, al considerar que esta última hacía parte del «régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional».
• La Ley 71 de 1988 «de manera explícita señaló que regula las pensiones de todos los
servidores públicos, sin excepción», por lo que encaja en la remisión que hace la Ley
91 de 1989 (art. 15, literal b), para efectos pensionales de los docentes, al régimen del
sector público nacional.
• La Ley 71 de 1988 hace parte de la normativa que contiene los «derechos mínimos»
en materia pensional aplicables al sector público en general, que no pueden ser
desconocidos a ningún servidor público. Dicho de otro modo, excluir a los docentes del
artículo 7 de la Ley 71 de 1988 supondría suprimir uno de estos derechos esenciales,
al impedirles completar el requisito de tiempo de servicios mediante la acumulación de
aportes en sectores público y privado.
• No existe mandato legal que exija a los docentes ejercer durante toda su vida laboral
la enseñanza en el sector público para acceder a los beneficios pensionales.
• Si bien la «Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por sus
reglas todos los empleados públicos salvo “los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones”,
lo cierto es que tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no
implica que a los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales
porque las leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad».
En este acápite es importante aclarar que la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 no
reemplaza ni excluye la posibilidad que tienen los docentes vinculados con
anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003, de pensionarse exclusivamente
con tiempo público bajo la Ley 33 de 1985. Por el contrario, constituye una opción
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 30 de enero de 2025, expediente 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Demandante: María Luisa Dorado Villanueva
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Sección Segunda, Subsección C
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adicional y favorable para aquellos docentes que han acumulado tiempos tanto en
el sector público como en el privado. Esta interpretación se alinea con el principio
de favorabilidad en materia laboral, pues amplía las posibilidades de acceso a la
pensión sin eliminar las ya existentes.
La postura descrita ha sido reiterada por las Subsecciones A9 y B10 de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, lo que permite evidenciar que es unificada y
pacífica.
2.6.2. Caso concreto
La actora considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, incurrió en defectos sustantivo y fáctico, desconocimiento
del precedente y violación directa de la Constitución Política, toda vez que (i) hizo
un inadecuado estudio de la prestación económica, máxime cuando los docentes
están exonerados de la aplicación de la Ley 100 de 1993, (ii) soslayó todo el tiempo
de servicio acreditado en Colpensiones y Fomag, (iii) desconoció la jurisprudencia
que permite a los maestros, vinculados con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003, pensionarse con fundamento en el régimen de la Ley 71 de 1988,
y (iv) limitó injustificadamente su acceso a la prestación pretendida, ya sea con
fundamento en la Ley 33 de 1985 o Ley 71 de 1988.
El tribunal accionado, por su parte, estimó que la señora Dorado Villanueva no tiene
derecho a la pensión de jubilación, por cuanto (i) no acreditó los 20 años de servicio
que exige la Ley 33 de 1995, ya que estuvo vinculada al Fomag por espacio de 11
años, 5 meses y 2 días, (ii) en el aludido régimen no puede acumular aportes del
sector privado y (iii) no es beneficiaria del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
transición que posibilitaría analizar su situación con fundamento en la Ley 71 de
1988, así:
Ahora, teniendo en cuenta la certificación aportada con la contestación de la demanda
se observa que la docente fue retirada el día 24 de noviembre de 2023, lo que permite
acumular a los 11 años, 2 meses y 24 días, 2 meses y 8 días para un total de 11 años
5 meses y 2 días.
De otro lado, obra el reporte de semanas cotizadas a pensión expedida por
COLPENSIONES, en la cual se observa que el extremo activo de la litis ha hecho
aportes en calidad de trabajadora del sector privado y como independiente entre
el 26 de enero de 1998 hasta el 30 de noviembre de 2018, acumulando un total de
529,71 semanas o 10 años, 7 meses y 23 días11.
Esta información está relacionada con lo indicado en el acto administrativo objeto de
control de legalidad: “Que conforme a lo anterior, la docente MARIA LUISA DORADO
VILLANUEVA, identificada con la Cédula de Ciudadanía 39.737.013, cotizó a
COLPENSIONES: 529,71 semanas y al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
9 Ver sentencias, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, del 2 de octubre de 2025,
radicado 76001-23-33-000-2021-00715-01 (0290-2025); del 4 de septiembre de 2025, radicado
25000-23-42-000-2019-01464-01 (4182-2022); del 18 de septiembre de 2025, radicado 19001 23 33
000 2018 00266 01 (2093-2022).
10 Ver sentencias, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, del 19 de julio de 2026,
radicado 25000-23-42-000-2020-00494-01 (0132-2025); del 3 de julio de 2026, radicado 68001-23-
33-000-2019-00197-01 (0563-2025); del 5 de febrero de 2026, radicado 15001-23-33-000-2019-
00457-01 (0474-2023).
11 Allí se descuenta periodos con doble contribución por los servicios prestados como docente
interina e independiente o al Fomag.
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SOCIALES DEL MAGISTERIO: 497.71 semanas.”
[…]
Atendiendo a los precedentes citados los tiempos de servicios prestados equivalentes
a 11 años 5 meses y 2 días, se tendrán en cuenta para acceder a la pensión de
jubilación.
Los lapsos temporales referidos son los únicos aportados por la accionante al servicio
docente e incluso en el sector público, por ello solo éstos, podrán tenerse en estudio
para el reconocimiento pensional que se estudia, esto es, Ley 33 de 1985.
Ahora bien, la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, es un régimen que
no contempla las mismas prerrogativas que el régimen de la Ley 71 de 1988, y en ese
sentido un servidor público no puede ser beneficiario de la mencionada Ley 33 de 1985,
acumulando aportes al sector privado como lo pretende hacer valer la entonces
docente.
En ese orden de ideas, la parte actora no satisface los 20 años de servicios en el
ramo docente o de labores en el sector público, requisito sine qua non que
establece la Ley 33 de 1985, para ser beneficiaria del régimen pensional, y contrario
a lo concluido por el a quo, la señora María Luisa Dorado Villanueva según lo probado
en el plenario no le asiste el derecho solicitado.
Finalmente la Sala debe indicar, que pese a que en el escrito de demanda no se solicitó
la aplicación de la Ley 71 de 1988, régimen pensional que admite acumular tiempos de
servicios públicos y privados, la intención del legislador con dicha prestación periódica,
se reitera, pensión de jubilación por aportes, es salvaguardar la contingencia de vejez,
acumulando tiempos laborados en el sector privado como los prestados a entidad de
naturaleza público, aunque ello, no implica que la Ley 812 de 2003, previera conservar
las prerrogativas para la docente, como lo reza para las pensiones fruto de solo
cotizaciones en el sector público.
Así las cosas, el acceso al régimen pensional solicitado subsiste en virtud de lo
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, requisitos que no son
satisfechos tampoco por la actora ya que no contaba ni con más de 35 años de
edad a la entrada de vigencia a nivel nacional —1° de abril de 1994— del Sistema
General de Seguridad Social —pues nació el 1° de julio de 1963— y no tenía más de
3 años de cotizaciones a dicha fecha.
En el proceso ordinario se acreditó lo siguiente:
• La señora María Luisa Dorado Villanueva nació el 1º de julio de 1963.
• La demandante, conforme a las certificaciones aportadas, acreditó los
siguientes tiempos públicos como docente:
Vinculación Desde Hasta Tiempo
Interinidad 16/07/1998 9/10/1998 2 meses, 23 días
Interinidad 14/10/1998 30/11/1998 1 mes, 16 días
Interinidad 18/01/1999 05/02/1999 17 días
Interinidad 04/08/1999 22/10/1999 2 meses,18 días
Interinidad 02/10/2000 30/11/2000 1 mes, 28 días
Interinidad 08/05/2001 22/06/2001 1 mes, 14 días
Interinidad 16/07/2001 27/07/2001 11 días
Interinidad 28/02/2002 22/03/2002 25 días
Interinidad 01/04/2002 21/06/2002 2 meses, 20 días
Interinidad 15/07/2002 11/10/2002 2 meses, 26 días
Interinidad 15/10/2002 30/11/2002 1 mes, 15 días
Interinidad 11/02/2003 27/06/2003 4 meses, 16 días
Interinidad 14/07/2003 12/12/2003 4 meses, 28 días
TOTAL 2 años, 4 meses, 17 días
Vinculación Desde Hasta Tiempo
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05218-00
Provisionalidad 19/01/2004 23/07/2007 3 años, 6 meses, 4 días
Provisionalidad 13/08/2007 27/10/2007 2 meses, 14 días
Provisionalidad 29/10/2007 17/12/2007 1 mes, 18 días
TOTAL 3 años, 10 meses, 6 días
Vinculación Desde Hasta Tiempo
Fomag 04/03/2008 29/03/2008 25 días
Fomag 31/03/2008 09/06/2008 2 meses, 8 días
Fomag 08/09/2008 21/09/2008 13 días
Fomag 23/09/2008 13/10/2008 20 días
Fomag 23/10/2008 08/11/2008 15 días
Fomag 12/11/2008 04/12/2008 22 días
Fomag 20/01/2009 03/08/2010 1 año, 6 meses, 13 días
Fomag 29/07/2011 30/10/2011 3 meses, 1 día
Fomag 15/11/2011 09/12/2011 24 días
Fomag 20/04/2012 16/07/2012 2 meses, 26 días
Fomag 18/07/2012 28/07/2012 10 días
Fomag 14/08/2012 05/10/2012 1 mes, 21 días
Fomag 16/10/2012 04/11/2012 18 días
Fomag 07/03/2019 24/03/2019 17 días
Fomag 28/03/2019 29/04/2019 1 mes, 1 día
Fomag 29/05/2019 09/07/2019 1 mes, 14 días
Fomag 10/07/2019 14/08/2019 1 mes, 4 días
Fomag 15/08/2019 13/09/2019 28 días
Fomag 14/09/2019 12/11/2019 1 mes, 28 días
Fomag 13/11/2019 29/11/2019 16 días
Fomag 30/01/2020 11/03/2020 1 mes, 11 días
Fomag 12/03/2020 10/05/2020 1 mes, 28 días
Fomag 11/05/2020 09/07/2020 1 mes, 28 días
Fomag 10/07/2020 07/09/2020 1 mes, 27 días
Fomag 08/09/2020 09/09/2020 1 día
Fomag 10/09/2020 25/10/2020 1 mes, 15 días
Fomag 11/11/2020 12/01/2021 2 meses, 1 día
Fomag 05/05/2021 06/08/2021 3 meses, 1 día
Fomag 07/08/2021 20/08/2021 13 días
Fomag 21/08/2021 18/11/2021 2 meses, 27 días
Fomag 21/01/2022 11/04/2022 2 meses, 20 días
Fomag 12/04/2022 15/05/2022 1 mes, 3 días
Fomag 06/06/2022 17/07/2022 1 mes, 11 días
Fomag 18/07/2022 15/09/2022 1 mes, 27 días
Fomag 28/09/2022 13/10/2022 15 días
Fomag 08/05/2023 19/05/2023 11 días
Fomag 25/07/2023 09/08/2023 14 días
Fomag 10/08/2023 16/08/2023 6 días
TOTAL 5 años, 6 meses, 13 días
GRAN TOTAL 11 años, 9 meses, 6 días
• Colpensiones, en reporte del 8 marzo de 2021, dio cuenta que la demandante
registra 529.71 semanas cotizadas en el sector privado, equivalentes a 10 años, 7
meses y 23 días.
Para descender al caso concreto, es preciso señalar que, conforme los acápites
precedentes, los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
gozan del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985 o el establecido en la
Ley 71 de 1988. El último, por cuanto esta corporación ha considerado que es una
opción adicional y favorable para aquellos docentes que acumularon tiempos tanto
en el sector público como en el privado, en la medida en que amplía sus
posibilidades de acceso a la pensión de jubilación sin eliminar las ya existentes.
Aclarado lo anterior, y según se detalló en los elementos probatorios, se tiene que
la señora María Luisa Dorado Villanueva laboró por primera vez al servicio docente,
antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 [27 de junio de 2003], esto es,
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desde el 16 de julio de 1998, en calidad de interino y, por ende, le es aplicable la
Ley 91 de 1989.
Ahora bien, según se probó en el proceso ordinario, acumuló tiempos de servicio
públicos [11 años, 9 meses, 6 días] y privados [10 años, 7 meses y 23 días], durante
22 años, 4 meses y 29 días, lo que implica que también puede ser beneficiaria del
régimen pensional previsto en la Ley 71 de 1988 por favorabilidad; de hecho,
aunque no haya solicitado textualmente la aplicación de este régimen en la
demanda (como lo adujo el tribunal en su providencia), lo cierto es que al hacer la
solicitud del reconocimiento pensional con base en tiempos públicos y privados, era
posible para la autoridad judicial que acudiera a la normativa que permitía acumular
tales cotizaciones.
En efecto, según el artículo 7 de la mencionada ley, la accionante debía acreditar
55 años de edad y 20 años de cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto
de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) y en una o varias de las entidades de
previsión social del sector público.
Así, toda vez que la señora María Luisa Dorado Villanueva cumplió 55 años el 1º de
julio de 2018 y acreditó, como se dijo antes, un total de 22 años, 4 meses y 29 días,
al momento en que presentó la solicitud pensional [17 de noviembre de 2023], de
haberse estudiado el caso a la luz de lo previsto en la Ley 71 de 1988, la autoridad
judicial habría podido advertir la posibilidad de realizar el reconocimiento de la
pensión de jubilación por aportes.
A este respecto, cabe mencionar que el principio de favorabilidad constituye un
imperativo constitucional de aplicación directa, por parte de las autoridades
administrativas y judiciales encargadas de definir y examinar derechos propios del
sistema general de seguridad social, pues se encuentra consagrado de manera
explícita en el artículo 53 de la Carta Política, así como, en los artículos 1º y 2º de
la Constitución Política, en el Preámbulo y artículo 5º del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 29 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, entre otros.
Este principio está relacionado con otros (pro persona, pro operario], que propenden
porque las normas se apliquen de tal forma que se procure la mayor protección y
goce efectivo de los derechos de los individuos.
De igual forma, cabe precisar que lo que determina que un docente sea beneficiario
de la Leyes 33 de 1985 o 71 de 1988 es que haya tenido una vinculación como
docente, cualquiera que sea su modalidad, antes de la entrada en vigor de la Ley
812 del 2003, como ocurrió en este caso.
En ese orden, sostener que necesariamente la actora debía ser beneficiaria del
régimen de transición la Ley 100 de 1993 para analizar su situación a la luz de la
Ley 71 de 1998, resulta contrario al régimen pensional descrito en el párrafo anterior
y al principio de favorabilidad que debe imperar.
Así las cosas, excluir a la accionante del régimen previsto en la Ley 71 de 1988,
como lo hizo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, le impide completar el requisito de tiempo de servicio mediante la
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acumulación de aportes en sectores público y privado, le fragmenta su trayectoria
laboral y le desconoce sus «derechos mínimos» en materia pensional.
Para la sala dicha autoridad judicial adoptó una postura restrictiva que no se
compadece con el material probatorio obrante en el expediente ordinario, el principio
de favorabilidad, el marco normativo que regula el régimen pensional docente y la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
De igual forma, no se puede soslayar que la finalidad del artículo 81 de la Ley 812
de 2003 no es restringir derechos, sino preservar las condiciones prestacionales de
quienes ya se encontraban vinculados al servicio educativo oficial. En esa medida,
cualquier interpretación que conduzca a excluir a estos docentes del régimen
anterior [Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988], pese a haber acreditado su vinculación
previa [con anterioridad al 27 de junio de 2003], resulta contraria al espíritu de la
norma y a los principios de confianza legítima y favorabilidad.
Por lo expuesto, la sala encuentra configurados los defectos invocados, por cuanto
la sentencia censurada del 24 de junio de 2026 adoptó una restricción injustificada
del derecho pensional, desconoció elementos probatorios relevantes
[certificaciones y reportes de Colpensiones], asumió una postura que no está acorde
con la normativa y jurisprudencia rectora12 y cercenó el acceso a una prestación
ligada al derecho fundamental al mínimo vital.
En consecuencia, se ampararán los derechos fundamentales invocados por la
actora. En ese sentido, se dejará sin efecto el fallo del 24 de junio de 2026 y se le
ordenará al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C emitir una decisión de reemplazo en la que tenga en cuenta el criterio
fijado por esta corporación en relación con la aplicación de la Ley 71 de 1988 para
docentes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: Denegar las solicitudes de desvinculación presentadas por el Juzgado
Veinte Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la Fiduprevisora.
SEGUNDO: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y a la
seguridad social de la señora María Luisa Dorado Villanueva.
TERCERO: Dejar sin efecto la sentencia del 24 de junio de 2026 emitida dentro del
radicado 11001-33-35-020-2024-00184-01 y, en consecuencia, ordenar al Tribunal
12 Ver sentencias, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsecciones A y B, del 2 de octubre de
2025, radicado 76001-23-33-000-2021-00715-01 (0290-2025); del 4 de septiembre de 2025,
radicado 25000-23-42-000-2019-01464-01 (4182-2022); del 18 de septiembre de 2025, radicado
19001 23 33 000 2018 00266 01 (2093-2022); del 19 de julio de 2026, radicado 25000-23-42-000-
2020-00494-01 (0132-2025); del 3 de julio de 2026, radicado 68001-23-33-000-2019-00197-01
(0563-2025); y del 5 de febrero de 2026, radicado 15001-23-33-000-2019-00457-01 (0474-2023).
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Demandante: María Luisa Dorado Villanueva
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05218-00
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C que, dentro del
término de 20 días siguientes a la notificación de este proveído, emita una decisión
de reemplazo, de conformidad con las consideraciones señaladas en este proveído.
CUARTO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente el
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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