Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00494-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00494-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00494-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
19 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00494-01 (0132-2025)
Demandante: María Doris Aguirre Posada
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1 y Administradora
Colombiana de Pensiones2
Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación. Régimen docente.
Vinculación anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 7 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sección A mediante la cual accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. María Doris Aguirre Posada presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo3, en orden a que
1 En lo que sigue Fomag.
2 En lo sucesivo Colpensiones.
3 En lo que sigue CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00494-01 (0132-2025)
Demandante: María Doris Aguirre Posada
se declarara la nulidad de la Resolución 2188 del 26 de marzo de 2019, por medio
de la cual la directora de Talento Humano de la Secretaría de Educación del Distrito
le negó el reconocimiento de una pensión de jubilación.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el traslado de los aportes de Colpensiones al Fomag; ii) el reconocimiento
de los tiempos laborados para la Secretaría de Educación del Distrito en calidad de
docente interina; iii) el reconocimiento de la pensión de jubilación «con la inclusión de
todos los factores salariales devengados en el año de servicio anterior a la adquisición del
estatus pensional de conformidad con lo dispuesto en la Ley 812 de 2003 aplicando (Ley
71 de 1988)»; iv) el pago de las mesadas adeudadas desde la fecha en la que
adquirió el estatus pensional y hasta su pago, con los reajustes anuales de ley; v)
el pago de la indemnización moratoria prevista en el artículo 141 de la Ley 100 de
1993; vi) la no realización de descuentos por concepto de aportes a salud; vii) la
indexación de las sumas adeudadas; y viii) el cumplimiento del fallo en los términos
de los artículos 187 y 192 del CPACA.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. María Doris Aguirre Posada nació el 5 de abril de 1961.
3.2. Laboró como «docente al servicio del Estado cotizando al Sistema de Seguridad Social
en pensiones con aportes al Fomag y al ISS, hoy Colpensiones, de la siguiente manera:
Relación tiempos de servicio
Entidad Desde Hasta Total días Acumulado
Colpensiones 18/05/1983 18/08/1983 93 93 13,29
31/10/1986 27/06/1988 606 699 86,57
ICBF 05/09/1988 15/04/1999 3.820 4.519 545,71
Colpensiones 16/04/1999 30/04/1999 15 4.534 2,14
01/05/1999 31/05/1999 30 4.564 4,29
01/06/1999 31/12/1999 210 4.774 30,00
01/01/2000 27/01/2000 27 4.801 3,86
01/02/2000 31/05/2000 120 4.921 25,71
01/07/2000 31/12/2000 180 5.101 25,71
01/01/2001 31/01/2001 30 5.131 4,29
01/02/2001 28/02/2001 30 5.161 4,29
Secretaría de 24/01/2002 28/02/2002 35 5.196 5,00
Educación de 04/03/2002 22/03/2002 19 5.215 2,71
Bogotá D.C. 01/04/2002 21/06/2002 81 5.296 11,57
15/07/2002 11/10/2002 87 5.383 12,43
15/10/2002 30/11/2002 46 5.429 6,57
03/02/2003 05/02/2003 3 5.432 0,43
07/02/2003 27/06/2003 141 5.573 20,14
14/07/2003 12/12/2003 149 .5722 21,29
23/01/2004 29/02/2008 1.478 7.200 211,14
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00494-01 (0132-2025)
Demandante: María Doris Aguirre Posada
01/03/2008 30/11/2018 3.870 11.070 552,86
Total cotizaciones Días 11.070 Semanas 1.581,43
» (sic).
3.3. El 28 de febrero de 2019, solicitó al Fomag el reconocimiento de la pensión de
jubilación por aportes de conformidad con lo establecido en las leyes 71 de 1988,
91 de 1989 y 812 de 2003 y demás normas concordantes; sin embargo, a través del
acto acusado, la entidad negó tal petición.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 2, 13, 16, 25, 29, 48, 53, 58 y 228 de la
Constitución Política; 7 de la Ley 71 de 1988; 15 de la Ley 91 de 1989; 279 de la
Ley 100 de 1993; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1994; 81 de la Ley
812 de 2003; parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005; y 6 del Decreto
2709 de 1994.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente4:
5.1. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado5, para efectos de
reconocimientos pensionales deben computarse los tiempos de servicios laborados
en calidad de docente de hora catedra, interino o mediante la vinculación por
prestación de servicios. Por consiguiente, para su caso particular, era indispensable
tener en cuenta el tiempo que laboró como docente interina al servicio del Fomag
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, periodo que
demostró y que le resultaba necesario para consolidar los requisitos exigidos para
acceder a la prestación reclamada.
5.2. En cuanto al régimen pensional aplicable se tiene que quienes se vincularon a
la docencia oficial con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, tendrían
derecho al régimen pensional contenido en la Ley 91 de 1989, mientras que quienes
lo hicieron con posterioridad a su vigencia, eran beneficiarios de los derechos
pensionales dispuestos en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. En el caso de los
primeros, situación que la rige, tienen derecho al reconocimiento de una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año de
servicio, con la inclusión de todos los factores salariales que constituyeron
remuneración habitual y que sirvieron o debieron servir de base para los aportes al
sistema pensional6.
4 Índice 8 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«3_ED_ONEDRIVE_12_261202(.ZIP) NroActua 8», documento DEMANDA.
5 «Sentencia de unificación radicación: 25000-23-42-000-2012-02017-01 expediente 3775-2014».
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de febrero de 2015,
radicación 25000-23-25-000-2007-00612-01 (2302-2013).
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00494-01 (0132-2025)
Demandante: María Doris Aguirre Posada
5.3. Lo anterior, comoquiera que, si bien el Consejo de Estado7 analizó los factores
que debían tenerse en cuenta para la liquidación de las pensiones de los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, regidos por la Ley 33
de 1985, sin estudiar específicamente el caso de los docentes, también es cierto
que en la sentencia de unificación del 20188, mediante la cual modificó su criterio y
estableció que el IBL debía calcularse con las cotizaciones efectuadas en los últimos
10 años de servicios, aclaró que esa regla no le era aplicable a los docentes
vinculados antes de la Ley 812 de 2003, pues contaban con un régimen especial.
Por lo tanto, al tratarse de una solicitud pensional regida por la Ley 71 de 1988, una
vez reconocida la pensión, se debió tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 6 del
Decreto 2709 de 1994 para su liquidación.
1.2. Contestaciones de la demanda
6. El Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente9:
6.1. El régimen aplicable a la demandante se determinó a partir de la fecha de su
vinculación, esto es el 23 de enero de 2004 mediante la Resolución 120 de igual
fecha, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
por lo cual le eran aplicables las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. En esa medida,
y frente al régimen de transición, para el 1° de abril de 1994 contaba «con poco más
de 33 años» y menos de 15 años de servicio. Por lo tanto, no era beneficiaria del
régimen de transición.
7. Colpensiones contestó la demanda en los siguientes términos10:
7.1. La entidad carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que las
pretensiones de la demanda se dirigieron a obtener la declaratoria de nulidad de la
Resolución 2188 de 2019, por medio de la cual el Fomag le negó a la demandante
el reconocimiento de la pensión de jubilación. Asimismo, no se solicitó el
reconocimiento de tal prestación por parte de Colpensiones. Adicionalmente, no se
agotó el requisito de procedibilidad en sede administrativa ante Colpensiones con
respecto de las pretensiones formuladas en la demanda.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Radicado: 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-09).
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Radicado: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
9 Índice 20 de Samai de Tribunales y Juzgados, archivo
«7_RECIBEMEMORIALES__CONTESTACION__2500(.zip) NroActua 20», documento MARÍA
DORIS AGUIRRE POSADA.
10 Índice 22 de Samai de Tribunales y Juzgados, archivo
«9_RECIBEMEMORIALES_25000234200020200049(.zip) NroActua 22», documento
25000234200020200049400-CONTESTACIÓN DEMANDA-MARÍA DORIS AGUIRRE POSADA Vs
COLPENSIONES Y OTRO.
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00494-01 (0132-2025)
Demandante: María Doris Aguirre Posada
7.2. Propuso como excepciones i) prescripción; ii) falta de legitimación en la causa
por pasiva; iii) inexistencia de la obligación; iv) cobro de lo no debido; v) buena fe
de Colpensiones; y vi) «declaratoria de otras excepciones».
1.3. La sentencia apelada
8. En sentencia del 7 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y no condenó en costas. En ese sentido, dispuso:
«PRIMERO. - Declarar la nulidad del acto administrativo Resolución No. 2188 del 26 de
marzo de 2019, a través de la cual la Dirección de Talento Humano de la Secretaría de
Educación del Distrito, niega el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia
de jubilación teniendo en cuenta la Ley 71 de 1988, por lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO. – A título de restablecimiento del derecho se ordena a la Nación – Ministerio
de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a reconocer y
pagar una pensión de vejez a la señora María Doris Aguirre Posada, identificada con la
cedula de ciudadanía número 51.607.872 en aplicación de los parámetros previstos en
la Ley 797 de 2003, a partir del 6 de abril de 2018, actualizada anualmente con base en
la variación del índice de precios al consumidor.
TERCERO. - Las sumas a reconocer y pagar por parte de la demandada, deberán ser
reajustadas y actualizadas en la forma indicada en la parte motiva, aplicando para tal fin
la fórmula allí señalada.
CUARTO. - Negar las demás pretensiones de la demanda» (sic).
9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos11:
9.1. María Doris Aguirre Posada se vinculó como docente interino en la Secretaría
de Educación de Bogotá, mediante la Resolución 504 del 1° de marzo de 2002.
Posteriormente, fue nombrada en provisionalidad a través de la Resolución 2146
del 30 de julio de 2003 y en propiedad con la Resolución 2157 del 20 de junio de
2008.
9.2. Sin embargo, no tenía derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por
aportes, toda vez que, para la aplicación de la Ley 71 de 1989 y la consecuente
acumulación de los tiempos cotizados en el sector público y privado con el objeto
de acceder a la prestación, la demandante debía ser beneficiaria del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, de conformidad con las condiciones establecidas
por el Acto Legislativo 01 de 2005. No obstante, a la entrada en vigencia del sistema
general de pensiones, contaba con 32 años y 9 años de servicios, razón por la que
no reunía los requisitos exigidos para ser beneficiaria de dicho régimen de
11 Índice 53 de Samai de Tribunales y Juzgados.
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Demandante: María Doris Aguirre Posada
transición.
9.3. Ahora bien, la demandante acreditó 792 semanas cotizadas en el sector privado.
Asimismo, comoquiera que se vinculó como docente interino a partir del 24 de enero
de 2002 y que, a la fecha de presentación de la reclamación administrativa (28 de
febrero de 2019), tenía 857 semanas cotizadas al magisterio, acumuló un total de
1.777 semanas cotizadas en el sector privado y público. Por consiguiente, tenía
derecho a la pensión de vejez a partir del 6 de abril de 2018 (fecha en la que cumplió
57 años), de acuerdo con la Ley 797 de 2003, ya que, a la fecha de presentación
de la demanda, superaba las 1.300 semanas exigidas en la norma aplicable para el
año 2020.
9.4. En cuanto a la pretensión de no realizar descuentos por concepto de aportes a
salud «no es posible ordenar lo pretendido ya que la Ley 91 de 1989, permite que se
efectúe el descuento para salud sea efectuado a cada una de las mesadas que recibe el
pensionado» (sic).
9.5. No hubo prescripción de mesadas pensionales, toda vez que la reclamación
administrativa se presentó el 28 de febrero de 2019, la demanda fue radicada el 28
de julio de 2020 y el reconocimiento pensional se otorgó a partir del 6 de abril de
2018.
1.4. El recurso de apelación
10. La demandante presentó recurso de apelación con fundamento en lo siguiente 12:
10.1. El régimen pensional que le era aplicable era el contenido en la Ley 71 de 1988,
toda vez que ingresó «al magisterio oficial antes del 27 de junio de 2003, [por lo que] se
debe aplicar en primer término el artículo 81 de la ley 812 de 2003, es decir, que los
docentes vinculados con anterioridad a este articulo le son aplicables la ley 91 de 1989 y
de ninguna manera contraria el Acto Legislativo 01 de 22 de Julio de 2005, por el cual se
adiciona al artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, ya que en el parágrafo
transitorio primero ratifica el régimen especial de los docentes vinculados antes de la
vigencia de la Ley 812 de 2003» (sic).
10.2. En esas condiciones y tal como lo ha reconocido la jurisprudencia del Consejo
de Estado, se debió tener en cuenta la vinculación como docente interina para
determinar su fecha de ingreso y el régimen aplicable y con fundamento en ello
reconocer la prestación a partir de la fecha en la que cumplió 55 años y liquidarla
con todos los factores salariales percibidos en el último año laborado.
10.3. Asimismo, «teniendo en cuenta que lo que solicitamos es referente a que si le asiste
12 Índice 56 de Samai de Tribunales y Juzgados.
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Demandante: María Doris Aguirre Posada
el derecho a que se tenga en cuenta el escalafón 2277 es decir el antiguo escalafón por
haber estado vinculada con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003» (sic).
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
11. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar13.
1.6. El Ministerio Público
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto14.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia, se circunscriben a establecer
lo siguiente:
13.1. ¿si María Doris Aguirre Posada era beneficiaria de las prerrogativas dispuestas
en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 por tener una vinculación a la docencia oficial
con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia y, en consecuencia, podía
acceder a la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988?
2.2. Marco normativo
2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag
14. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte15. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
13 Tal y como se indicó en el auto del 20 de febrero de 2025. Índice 4 de Samai.
14 Así se advierte del informe secretarial del 10 de abril de 2025. Índice 8 de Samai.
15 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
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repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas16.
15. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción17. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «unificar
la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»18. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.
16. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos19. Está integrado por dos regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.
17. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.
16 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
17 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
18 Preámbulo y artículo 6.
19 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.
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18. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].
19. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200320.
20. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.
21. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Vinculados por Las causadas hasta 29 de La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del diciembre de 1989 y en Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional adelante, los reajustes y la hicieren sus veces.
Nacional sustitución de pensiones
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag
20 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.
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Las causadas hasta el 31 de Las respectivas entidades
diciembre de 1975 y en territoriales o las cajas de
adelante, los reajustes y la previsión, o las entidades que
sustitución de pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Vinculados por venía vinculado este personal
nombramiento de Las causadas en el período La Nación o las respectivas
entidad territorial de nacionalización (1 de entidades territoriales o las
antes y después del enero de 1976 – 31 de cajas de previsión, o las
1/1/1976 (Ley 43/75) diciembre de 1980), los entidades que hicieren sus
reajustes y la sustitución de veces (estas entidades deben
pensiones contribuir en los porcentajes
establecidos en el artículo 3 de
Nacionalizado la Ley 43 de 1975).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1 de enero de 1981 y territoriales o las cajas de
el 29 de diciembre de 1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag
22. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
23. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
24. La Ley 60 de 199321 asignó la administración de los servicios educativos
21 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
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estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.
25. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:
«De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las
condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la
pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la
cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en
cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional
‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben demostrar)
debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia
pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan
contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme
al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]
La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente
dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido
en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien,
como ya se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la
Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora,
la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga
lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen
Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido de la norma, como
ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de pensión
de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que
la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes
nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas
en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la
Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector
administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’.»
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
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26. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados
por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.
27. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.
2.2.2. Interpretación del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
en concordancia con lo regulado en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988
28. En cuanto a la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales,
de conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala considera que es procedente su
aplicación, por las razones que se presentan a continuación y cuyo fundamento es
lo hasta ahora expuesto:
29. La primera razón tiene que ver con la intención que tuvo el legislador al
establecer en el numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los
docentes «gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»
la cual permite concluir que la expresión también incluyó el régimen previsto en la
Ley 71 de 1988. Es así por cuanto en el debate legislativo del proyecto que condujo
a la expedición de la Ley 91 de 1989, al explicar el sentido del artículo 15, señaló:
«[e]l principio de iniciación prestacional o de régimen único es relativo y se entiende de
la siguiente manera: Todos los maestros colombianos, con excepción de los del nivel
superior o universitario, vinculados a la nación, de conformidad con las leyes vigentes, a
partir del 1 de enero de 1990, quedarán sometidos al sistema prestacional y de cesantías
aplicable a los empleados públicos del orden nacional […] [a]cerca del articulo 15
habría que referirse finalmente a dos aspectos: La Ley 71 de 1988 sobre pensiones de
jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al
beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los
servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo
permite»22 (se destaca).
22 Ponencia para primer debate proyecto de Ley 49 de 1989 Senado «por la cual se crea el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», página 5, Anal 103 del Congreso de la República
del 17 de octubre de 1989.
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30. De la sustentación en cita se infiere que para el legislador era innecesario
«repetir» de forma taxativa las disposiciones de la Ley 71 de 1988 o señalar la
remisión directa a esta dentro del texto de la Ley 91 de 1989, pues consideró que
aquellas se entendían incluidas dentro «del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional» al cual remite la segunda. En ese orden, es inviable
interpretar que al régimen pensional al que se refiere esta última es solo el de la Ley
33 de 1985. Aceptar ello equivaldría a restringir el campo de aplicación que el
legislador quiso darle al enunciado, máxime cuando no especificó, ni en la
exposición de motivos del proyecto de ley ni en su texto, qué parte de la Ley 71 de
1988 era aplicable y cuál no. Por ende, debe deducirse que se refería a toda.
31. Lo anterior concuerda con la segunda razón que permite asegurar que la Ley
71 de 1988 sí gobierna a los docentes por remisión del artículo 15.2 literal b) de la
Ley 91 de 1989. Este otro motivo se refiere a que aquella (incluido su artículo 7) de
manera explícita señaló que regula las pensiones de todos los servidores públicos,
sin excepción. En ese orden, también es un régimen aplicable a los empleados de
carácter nacional, por lo que encaja en el supuesto normativo contenido en la última
ley mencionada que remite para efectos pensionales de los docentes al «régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional». El que la ley se aplique
también a trabajadores particulares no le quita este alcance y descifrarlo de este
modo desconoce su propio campo de reglamentación.
23
32. Ciertamente, el contenido de la Ley 71 de 1988 modificó las leyes que regían a
todos los servidores públicos en lo relacionado con el reajuste de las pensiones, su
monto máximo, las reglas de su sustitución, el momento a partir del cual puede
disfrutarse su pago y el derecho a la reliquidación de quien continuó en el servicio.
Lo anterior significa que sus postulados abarcaron a todos los trabajadores que
encajan en la categoría de servidores públicos.
33. Esto último también se predica del contenido de su artículo 7, puesto que el
nuevo régimen de pensión de jubilación por aportes no lo enfocó a un sector
determinado de los servidores públicos y, por el contrario, los incluyó a todos, al
prescribir que se aplicaría a los «empleados oficiales». Ello se refuerza con lo
explicado en los debates parlamentarios examinados con anterioridad y que dan
cuenta de que la norma buscó beneficiar a todos los trabajadores de los sectores
público y privado. Entonces, si legislador no señaló en la disposición normativa que
una parte de estos sería excluida del beneficio pensional, el intérprete no puede
darle ese alcance, pues del artículo no se desprende regla alguna que así permita
inferirlo.
23 Leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985.
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34. Para la Sala, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no
remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no
hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»24 a los que esta última norma
gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última
ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados «del sector público
nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable
a esta clase de trabajadores, cuando no es así.
35. Si bien la última expresión entre comillas puede dar lugar a la confusión referida,
en su entendimiento armónico con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 debe prevalecer
la interpretación que más garantice los derechos de los docentes en virtud del
principio de favorabilidad en materia laboral, según el cual cuando exista más de
una posible interpretación de una norma debe escogerse aquella que mayor
provecho otorgue al trabajador25. En ese orden, la que más se ajusta a la protección
de su derecho pensional es la que se afirma en esta providencia, pues amplía su
grado de protección pensional. Por consiguiente, debe inferirse que el texto
normativo también remite al artículo 7 de la Ley 71 de 1988.
36. Este último argumento se relaciona directamente con la tercera razón que avala
la tesis de aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados con
anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003 y que consiste en afirmar que la
ley fijó unos derechos pensionales que no pueden ser desconocidos a ningún
servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11, analizado antes
en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con el 7 por
ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su
contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de
1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985,
comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y sustituciones
pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los niveles».
37. En este sentido, se debe destacar que la expresión « derechos mínimos» prevista
en este artículo fijó una base de protección de las garantías pensionales en favor
24 El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión
docente» los clasificó en su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».
25 «[…]el principio de favorabilidad se utiliza en las situaciones en las que se presenta duda sobre
cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto concreto. La existencia de
este conflicto se da cuando dos o más textos legislativos que se encuentran vigentes al momento de
causarse el derecho que se reclama, son aplicables para su solución. En virtud del principio de
favorabilidad se debe escoger, en su integridad, el texto normativo que le represente mayor provecho
al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema de Seguridad Social (…) Igualmente, puede aplicarse
este principio cuando una norma admite más de una interpretación, caso en el cual siempre habrá
de escogerse aquella que es más favorable al trabajador». Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-
15) CE-SUJ2-010-18.
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de todos los servidores públicos que no pueden ser desconocidas a un sector de
estos so pena de afectar su posibilidad de acceder a la pensión, lograr su reajuste
y sustitución. Por consiguiente, dejar de aplicar a los docentes el artículo 7 de la Ley
71 de 1988 suprimiría uno de esos derechos esenciales a los que se refiere el
artículo 11 ibidem, por cuanto se les impediría completar el requisito de aportes o
tiempo de servicios con la acumulación de los prestados en el sector privado y en
el público sin justificación constitucional o legal alguna.
38. Aunque puede afirmarse que ese derecho se garantiza con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que si el docente
cumple con los requisitos allí establecidos, como cualquier servidor público, accede
a los beneficios de la Ley 71 de 1988, lo cierto es que una exégesis en esa dirección
va en contravía del querer del legislador de darle un tratamiento diferenciado y más
favorable en materia pensional a los docentes oficiales cuya razón de ser radica en
la naturaleza de la labor que desempeñan, que es única y que consiste en enseñar
en los planteles oficiales de educación26.
39. En esa línea, someterlos a que se rijan por el régimen transicional aludido
conlleva los siguientes efectos:
40. (i) desconoce que el hecho de ser «docente oficial» otorga por sí mismo el derecho
a regirse por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 porque esta categoría hace parte de
los «empleados oficiales» a los que gobierna, incluidos los «del sector público nacional»
a los que se refiere el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989;
41. (ii) contradice el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1 del
Acto Legislativo 01 de 2005 que exoneraron de la aplicación de la Ley 100 de 1993
a tales docentes con el único requisito de ser vinculados antes del 27 de junio de
2003 sin supeditarlo al cumplimiento de otros, como puede ser que hubiesen
cotizado de manera exclusiva en el sector público;
42. (iii) impone a los docentes cargas adicionales para acceder a la pensión por
aportes que el legislador no previó y que pone en riesgo su derecho en caso de no
completarlas; y
26 En efecto, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas
sobre el ejercicio de la profesión docente» señala que es docente quien ejerce «[…]la enseñanza en
planteles oficiales y no oficiales de educación». La Ley 115 de 1994 en su artículo 104 los define
como «[…]el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza
y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales
de la familia y la sociedad». Y el Decreto 1278 de 2002 Por el cual se expide el Estatuto de
Profesionalización Docente» en el artículo 4 como quienes «[…] desarrollan labores académicas
directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso
enseñanza aprendizaje […]».
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43. (iv) desmejora su monto pensional al someter la pensión a una liquidación con el
IBL previsto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, pues el régimen de
transición excluyó este aspecto como beneficio al aplicar el régimen anterior27.
44. Lo anterior lleva a la cuarta razón que sustenta la tesis de esta providencia y
que hace referencia a que no hay un mandato legal que disponga que los docentes
oficiales deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector
público para que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91
de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con las normas del régimen
pensional de los empleados del sector público nacional. En efecto, el numeral
referido trae como única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado
vinculado a partir del 1.° de enero de 1981 o del 1.° de enero de 1990. En ninguno
de sus apartes exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia
oficial.
45. Si bien el numeral aludido indicó que « cuando se cumplan los requisitos de Ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año», lo cierto es que no especificó que la norma que contenía tales
requisitos era solo la Ley 33 de 1985. Esta expresión debe ser entendida en conjunto
con la que señala a continuación la norma y que reza que « [e]stos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional», que,
según se ha expuesto, comprendió también a la Ley 71 de 1988 por quererlo el
legislador y porque se aplica a todos los servidores públicos sin excepción y, por lo
tanto, encaja en el supuesto de ser un régimen aplicable a los empleados del sector
nacional, además de contener los derechos mínimos pensionales en su favor .
46. Así las cosas, el cumplimiento de «los requisitos de Ley» no puede limitarse a los
fijados en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que exige 20 años de servicio en el
sector oficial, por cuanto no es la única ley a la que remite el numeral citado. En
consecuencia, exigir que el docente debió, para ser beneficiario de las disposiciones
del artículo 15.2 literal b) de la Ley 91 de 1989, ejercer durante ese periodo mínimo
la docencia en el sector público es un requerimiento ajeno al entendimiento integral
que debe hacerse de esta norma. Una interpretación en esa dirección se reitera, va
en contravía del principio de favorabilidad al elegirse una comprensión más gravosa
para el docente y, además, se adiciona la norma con un requisito que no fue fijado
por el legislador.
47. Bajo estos parámetros, el artículo 15 numeral 2 literal b), de la Ley 91 de 1989
es aplicable a un docente oficial vinculado a partir del 1° de enero de 1981 hasta
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), que
27 Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del
28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-0 y C-258 de 2013.
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acumuló cotizaciones en otros empleos tanto del sector público como del privado,
pues la prerrogativa surge del hecho de ser docente oficial en tales circunstancias
y no existen otros requisitos en la ley para tal efecto.
48. La quinta razón que sustenta la tesis aquí planteada se refiere a que, si bien la
Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por sus reglas
todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en actividades
que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente,
ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», lo cierto es que
tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a
los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las
leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.
49. Ciertamente, si bien la naturaleza de la función docente no se exceptuó
expresamente del régimen general de pensiones ni se les impusieron condiciones
especiales distintas de las de la Ley 33 de 1985, fue el propio legislador el que
permitió que también se rigieran en materia pensional por esta última norma, al
prescribir que esta se aplicaba a todos los empleados oficiales, a través de la Ley
71 de 1988. En ese sentido, se fijó otra salvedad que permitió que los docentes no
se rigieran exclusivamente por la Ley 33 de 1985 y es aquella en la que se pretenda
acumular tiempos privados y públicos de servicio. Afirmar lo contrario conllevaría a
aceptar que ningún empleado público puede ser regido por la Ley 71 de 1988 y que
solo tendrían derecho a ello los que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 exceptuó de
su aplicación, conclusión que desconoce el contenido de la primera ley mencionada.
50. Las cinco razones presentadas permiten concluir que la regulación prevista en
los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de
1989 sí permite la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales, incluido
su artículo 7.
2.2.3. Entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales
51. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1).
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52. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 2003 , al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:
«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos
pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de
vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud
y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma
distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos
recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones».
53. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201929, precisó:
«De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos los
regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la
fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres».
54. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:
28 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
29 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
18
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00494-01 (0132-2025)
Demandante: María Doris Aguirre Posada
«La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que
se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo.
Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición
para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de
liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los
que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
[…]
En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1
de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por
servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio». [Se resalta]
55. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00494-01 (0132-2025)
Demandante: María Doris Aguirre Posada
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:
«68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que
ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para
hombres y mujeres en 57 años30. Esto quiere decir, que para el ingreso base de
liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100
de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones
y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que
se efectuaron las respectivas cotizaciones».
56. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección31, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 del 2003, así:
56.1. Los docentes que ingresaron con anterioridad al 27 de junio de 2003 vinculados
como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán derecho a adquirir
la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al cumplir 55 años de edad32
y 20 de servicios, o según lo establecido en la Ley 71 de 1988 que la otorga con 60
años si es hombre o 55 si es mujer, cuando se acrediten 20 años o más de
cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de Seguros Sociales (hoy
Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o varias de las entidades de
previsión social del sector público. En ambos casos, con una tasa de reemplazo del
75% y sobre lo aportado durante el último año de servicios; y
56.2. Los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder
a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado
por el 9 de la Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de cotización
establecido en esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad (sin importar
el género, pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para hombres y
30 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio del 2023,
radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
32 A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de
1985, pues en tal caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años,
para los educadores territoriales y nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son mujeres
y 55 si son hombres, para los del orden nacional).
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00494-01 (0132-2025)
Demandante: María Doris Aguirre Posada
mujeres), por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de labores
(artículo 21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el Decreto
1158 de 199433.
57. En suma, es procedente la aplicación de la Ley 71 de 1988, disposición que
también regla a los servidores públicos que tengan tiempos privados para alcanzar
una pensión de jubilación, sin que la Ley 91 de 1989 haya restringido la aplicación
del régimen general de pensiones de los empleados oficiales únicamente a la Ley
33 de 1985.
58. En ese sentido, los docentes que acumulen aportes por servicios prestados en
los sectores oficial y privado e ingresaron al servicio docente estatal con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, también les son aplicables las
disposiciones de la Ley 71 de 1988, norma que regula la pensión por aportes de los
servidores públicos inmersos en esa situación.
2.2.4. Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario para el caso de
los docentes
59. El artículo 64 de la Constitución Política de 1886 disponía que nadie podía recibir
dos sueldos del tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinaran las
leyes. De esta manera, el constituyente previó la posibilidad de que se establecieran
excepciones a la prohibición, las cuales inicialmente fueron « determinadas» por el
presidente de la República, quien en ejercicio de facultades extraordinarias expidió
el Decreto-ley 1317 de 196034, dentro de las cuales incluyó «[l]as asignaciones que
provengan de establecimientos docentes de carácter oficial, siempre que no se trata de
profesorado de tiempo completo35». Asimismo, el artículo 5 del Decreto 224 de 197236
señalaba que «el ejercicio de la docencia no ser[ía] incompatible con el goce de la pensión
de jubilación siempre y cuando el beneficiario est[uviera] mental y físicamente apto para la
tarea docente, pero se decretar[ía el] retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco
(65) años de edad».
60. Con la expedición de la Constitución Política de 1991, la disposición contenida
en el artículo 64 se mantuvo en los siguientes términos:
33 Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica
mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo
dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.
34 Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el artículo
64 de la Constitución.
35 Artículo 1 del Decreto-ley 1317 de 1960.
36 Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00494-01 (0132-2025)
Demandante: María Doris Aguirre Posada
«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas» [Se resalta].
61. La anterior norma constitucional fue desarrollada por el legislador a través de la
Ley 4ª de 1992, que en su artículo 19, dispuso lo siguiente:
«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes
asignaciones:
[…]
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados. […]». [Se resalta].
62. De acuerdo con lo anterior, se observa que la voluntad del legislador fue
mantener vigentes las excepciones que, con anterioridad a la expedición de la
Constitución de 1991, frente a la referida prohibición constitucional beneficiaban a
los docentes. En ese sentido, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, al referirse al alcance del literal g) transcrito concluyó37:
«Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer
las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia dicha
ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del Decreto
224 de 1972 […]
Las razones antes expuestas permiten a la Sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada». [Se resalta].
63. De otra parte, se advierte que las normas que con posterioridad regularon el
régimen pensional de los docentes fueron consistentes en ese sentido, al respecto
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2003, radicado
05001-23-31-000-1995-01799-01 (1577-2001), M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00494-01 (0132-2025)
Demandante: María Doris Aguirre Posada
se destacan las siguientes disposiciones:
63.1. El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que exceptuó a los maestros del Sistema
Integral de Seguridad Social contenido en esa norma [hasta la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003] reiteró la excepción al señalar: « a los afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración» [se resalta].
63.2. El artículo 6 de la Ley 60 de 1993 precisó que « [e]l régimen prestacional aplicable
a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones»; y
63.3. El artículo 19 de Ley 344 de 199638 dispuso:
«Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de
vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta
que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta
por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después
de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.»
64. Así pues, la disposición contenida en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se
advierte que el legislador preservó la compatibilidad de la pensión de jubilación con
el salario devengado por el docente, compatibilidad de la cual pueden ser
beneficiarios aquellas personas que acrediten los requisitos para que les sea
reconocida una pensión y presten o llegasen a prestar sus servicios como docentes
oficiales, teniendo en cuenta que son estos últimos quienes deben ser afiliados al
Fomag.
65. Valga precisar que esa disposición expresa que las prestaciones a cargo del
Fomag serían compatibles «con pensiones o cualquier clase de remuneración», es
decir, no establece como requisito que la pensión haya sido reconocida bajo los
requisitos de un régimen determinado.
66. Ahora bien, de la lectura de las disposiciones contenidas en la Ley 344 de 1996
se puede evidenciar que la voluntad del legislador fue mantener vigente la
compatibilidad referida y de la cual son beneficiarios los docentes. Es decir,
mediante dicha disposición señaló que una vez los servidores públicos adquieran el
derecho a disfrutar su pensión de vejez o jubilación, tendrían la posibilidad de optar
38 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00494-01 (0132-2025)
Demandante: María Doris Aguirre Posada
por una de 2 opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar de la
pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta que cumpla
la edad de retiro forzoso. Esto es que podrían disfrutar de la pensión, pero solo
hasta cuando acrediten el retiro del servicio. Sin embargo, nuevamente, de manera
expresa excluyó a los docentes oficiales. En ese sentido, se refirió la Corte
Constitucional en sentencia C-584 de 1997:
«No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo nacional de
prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994.
[…]
La Corte ya ha puesto de manifiesto la protección especial que la Constitución confiere
a la educación superior. Al respecto, el artículo 68 de la C.P., señala que la enseñanza
estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. Adicionalmente,
la Carta impone al legislador la obligación de garantizar la profesionalización y
dignificación de la actividad docente. En estas condiciones, es claro el interés
constitucional por mantener, en sus puestos de trabajo, a quienes han cumplido
con las condiciones de idoneidad suficientes para poder servir a la mejor
formación de los educandos. Así, advierte la Corporación que existe una razón
constitucional, tan fuerte como la que ampara la definición de la edad de retiro forzoso,
para establecer, a favor de los profesores universitarios, la excepción que se estudia, y
que la misma es útil y necesaria para alcanzar el objetivo perseguido» [Se resalta].
67. Resulta claro entonces que los servidores públicos podrán disfrutar de la pensión
solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio; no obstante, la Ley 344 de 1996
dejó a salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994,
disposiciones de las que se desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario
percibido con ocasión del ejercicio docente.
68. Esta Sala no desconoce que el gobierno nacional expidió el Decreto 1278 de
200239 en cuyos artículos 45 y 63, literal b) dispuso i) que el ejercicio de cargos en
el sector educativo estatal sería incompatible con «el goce de la pensión de jubilación,
vejez, gracia o similares» y ii) que la cesación definitiva de las funciones docentes o
directivos docentes de los educadores estatales se produciría, entre otros, por
obtención de la jubilación o pensión de vejez, gracia o invalidez.
69. Sin embargo, el artículo 45 del decreto aludido fue declarado inexequible por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-1157 de 2003, y si bien el artículo 63
literal b) fue declarado exequible mediante la sentencia C-734 de 2003, allí se
39 «Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente»
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00494-01 (0132-2025)
Demandante: María Doris Aguirre Posada
precisó que «la norma acusada no estaba modificando el régimen propio de las pensiones
de vejez, gracia o invalidez, ni mucho menos establece objetivos y criterios a los cuales
deba sujetarse el gobierno para fijar el régimen prestacional de los docentes - los cuales
como ya se explicó se encuentran establecidos en la Ley 4 de 1992 y a ellos debe
remitirse el Gobierno» [Se resalta].
70. En igual sentido, los decretos anuales por los cuales se modifica la remuneración
de los servidores públicos y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles
de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial
para el sector educativo estatal, prevén que «[n]adie podrá desempeñar
simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga
del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo decimonoveno de la ley
4ª de 1992»40.
71. En consecuencia, la prerrogativa contenida en el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4ª de 1992 relativa a la compatibilidad entre el salario y la pensión para el caso
de los docentes, se mantiene vigente, interpretación que guarda armonía con la
regulación expedida con posterioridad a ella y las interpretaciones jurisprudenciales
expuestas.
2.3. Caso en concreto
2.3.1. Hechos probados
72. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
72.1. María Doris Aguirre Posada nació el 5 de abril de 196141.
72.2. Conforme con el extracto del fondo de pensiones obligatorias -Colfondos del 11
de enero de 2018 la demandante contaba con 761 semanas cotizadas al régimen
de prima media y 38 al régimen de ahorro individual para un total de 799, según la
siguiente historia laboral42:
Empleador Fecha inicial Fecha final
asesorías y serv. temporales 1 de octubre de 1982 12 de enero de 1983
Labort Chalver De Col Ltda 18 de mayo de 1983 18 de agosto de 1983
Productos Andru Lta 31 de octubre de 1986 27 de junio de 1988
Talleres Díaz Ltda 11 de junio de 1987 29 de febrero de 1988
ICBF regional Santa Fe de 5 de septiembre de 1988 1 de abril de 1999
40 Al efecto ver, entre otros, los decretos 319 de 2020, 965 de 2021, 449 de 2022, 0887 de 2023.
41 Según consta en su cédula de ciudadanía. Índice 8 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente
digital, archivo «3_ED_ONEDRIVE_12_261202(.ZIP) NroActua 8», documento ANEXOS, página 85.
42 Índice 8 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«3_ED_ONEDRIVE_12_261202(.ZIP) NroActua 8», documento ANEXOS, Páginas 55 a 71
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00494-01 (0132-2025)
Demandante: María Doris Aguirre Posada
Bogotá
72.3. De acuerdo con el reporte de semanas cotizadas en pensiones, actualizado al
30 de enero de 2019, entre el 18 de mayo de 1983 y el 28 de febrero de 2001, cotizó
un total de 193,57 semanas a Colpensiones43, en resumen, así:
Empleador Fecha inicial Fecha final
Labort Chalver De Col Ltda. 18 de mayo de 1983 18 de agosto de 1983
Productos Andru Ltda. 31 de octubre de 1986 27 de junio de 1988
Talleres Díaz Ltda 11 de junio de 1987 29 de febrero de 1988
Sin razón social 1 de abril de 1999 31 de diciembre de 1999
María Doris Aguirre 1 de enero de 2000 31 de enero de 2000
Sin razón social 1 de febrero de 2000 28 de febrero de 2001
72.4. Según consta en el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral, expedido el 7 de diciembre de 2018 por la Secretaría de Educación de
Bogotá, la docente acreditó el siguiente tiempo de servicio en el magisterio oficial
con nombramiento en propiedad44:
Novedad Tipo de A.A. No de A.A. Desde Hasta
Docente interino Resolución 504 del 1° de 24/01/02 28/02/02
marzo de 2002
Docente interino Resolución 504 del 1° de 04/03/02 22/03/02-
marzo de 2002
Docente interino Resolución 1195 del 1° de 01/04/02 21/06/02
abril de 2002
Docente interino Resolución 2319 del 12 de 15/07/02 11/10/02
agosto de 2002
Docente interino Resolución 3503 del 30 de 15/10/02 30/11/02
octubre de 2002
Docente interino Resolución 630 del 26 de 03/02/03 05/02/03
febrero de 2003
Docente interino Resolución 630 del 26 de 07/02/03 27/06/03
febrero de 2003
Docente interino Resolución 2146 del 30 de 14/07/03 12/12/03
julio de 2003
43 Índice 8 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«3_ED_ONEDRIVE_12_261202(.ZIP) NroActua 8», documento ANEXOS, página 51 a 53.
44 Índice 8 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«3_ED_ONEDRIVE_12_261202(.ZIP) NroActua 8», documento ANEXOS, páginas 47 a 49.
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Demandante: María Doris Aguirre Posada
Nombramiento provisional Resolución 120 del 23 de 23/01/04 -
enero de 2004
Retiro por terminación de 137 del 16 de 19 de enero
Resolución -
vinculo provisional enero de 2007 de 2007
Nombramiento en periodo de 5466 del 1° de 19 de enero
Resolución -
prueba diciembre de de 2007
2006
714 del 6 de 1° enero de
Reajuste salarial Decreto -
marzo de 2008 2008
2157 del 20 de 20 de junio
Nombramiento en propiedad Resolución -
junio de 2008 de 2008
26 de
15752 del 26 de
Reubicación en el escalafón Resolución diciembre de -
diciembre de
2011
2011
26 de
15135 del 28 de
Reubicación en el escalafón Resolución diciembre de -
diciembre de
2017
2017
72.5. El 7 de diciembre de 2018, la Secretaría de Educación de Bogotá emitió el
certificado de salarios, en el que constan los factores salariales que María Doris
Aguirre Posada percibió del 23 de enero de 2004 al 30 de noviembre de 2018, esto
es asignación básica, primas de alimentación, de vacaciones, de navidad y de
servicio45.
72.6. El 28 de febrero de 2019, solicitó a la Secretaría de Educación Distrital el
reconocimiento de una pensión de jubilación. Al efecto señaló que se había
vinculado al servicio público con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003 lo que le permitía beneficiarse de la transición allí prevista, esto es que
podía acudir al régimen pensional previsto en la Ley 71 de 1988, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 91 de 198946.
72.7. Mediante la Resolución 2188 del 6 de marzo de 2019, la directora de Talento
Humano de la Secretaría de Educación del Distrito le negó el reconocimiento de una
pensión de jubilación, con fundamento en que había sido nombrada docente en
provisionalidad a través de la Resolución 120 del 23 de enero de 2004 y,
posteriormente, en propiedad mediante la Resolución 2157 del 20 de junio de 2008.
Por lo tanto, le era aplicable el régimen establecido en la Ley 812 de 2003, según el
45 Índice 8 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«3_ED_ONEDRIVE_12_261202(.ZIP) NroActua 8», documento ANEXOS, Páginas 33 a 43.
46 Índice 8 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«3_ED_ONEDRIVE_12_261202(.ZIP) NroActua 8», documento ANEXOS, Páginas 1 a 5.
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Demandante: María Doris Aguirre Posada
cual se encontraba sometida a las previsiones de la Ley 100 de 1993 y a los
requisitos allí establecidos, con excepción del requisito de edad47.
2.3.2. Análisis sustancial
2.3.2.1. Sobre la aptitud legal para el reconocimiento de la pensión de
jubilación. Tiempo de servicio
73. De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, María Doris Aguirre Posada
acumuló un total de 193,57 semanas a Colpensiones, y que sumados con el tiempo
que prestó sus servicios como docente oficial, se tiene:
Modalidad/ Desde Hasta Total Años Meses Días
cargo tiempo
de
servicios
Colpensiones 193,57 3 8 20
semanas
docente 24 de enero de 28 de febrero de 0 años 1 0 1 4
interino 2002 2002 meses 4
días
docente 4 de marzo de 22 de marzo de 0 años 0 0 0 18
interino 2002 2002 meses 18
días
docente 1 de abril de 2002 21 de junio de 0 años 2 0 2 20
interino 2002 meses 20
días
docente 15 de julio de 2002 11 de octubre de 0 años 2 0 2 26
interino 2002 meses 26
días
docente 15 de octubre de 30 de noviembre 0 años 1 0 1 15
interino 2002 de 2002 meses 15
días
docente 3 de febrero de 5 de febrero de 0 años 0 0 0 2
interino 2003 2003 meses 2
días
docente 7 de febrero de 27 de junio de 0 años 4 0 4 20
interino 2003 2003 meses 20
días
docente 14 de julio de 2003 12 de diciembre de 0 años 4 0 4 28
interino 2003 meses 28
días
47 Índice 8 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«3_ED_ONEDRIVE_12_261202(.ZIP) NroActua 8», documento ANEXOS, Páginas 7 y 8.
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Demandante: María Doris Aguirre Posada
docente 23 de enero de 19 de enero de 2 años 11 2 11 27
nombrado en 2004 2007 meses 27
provisionalidad días
docente 19 de enero de 7 de diciembre de 11 años 11 10 18
nombrado en 2007 201848 10 meses
propiedad 18 días
16 43 198
4 6 /30
20 49 6,60
/12 18
4,1
1
74. De acuerdo con lo anterior, acreditó 20 años, 1 mes y 18 días de servicio,
sumados los tiempos en los que estuvo vinculada al Estado y las 193,57 semanas
de cotización por sus servicios al sector privado. Además, cumplió con los requisitos
enunciados en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, por cuanto estuvo vinculada al
servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de esa
ley (24 de enero de 2002), de manera que, tenía derecho al reconocimiento
pensional de conformidad con el régimen que beneficiaba a los servidores públicos
del orden nacional antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.
75. De manera que, contrario a lo determinado por el a quo, María Doris Aguirre
Posada era beneficiaria de las prerrogativas previstas en el artículo 81 de la Ley
812 de 2003, toda vez que se encontraba vinculada a la docencia oficial con
anterioridad a la entrada en vigencia de la referida disposición (24 de enero de
2002). En consecuencia, podía acceder, previo cumplimiento de los requisitos, a la
pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709
de 1994 debido a la acumulación de tiempos públicos y privados, sin necesidad de
acreditar los requisitos exigidos por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
Exigir tales requisitos, como se expuso en el marco normativo, desconoce lo
dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y en el parágrafo transitorio 1 del
Acto Legislativo 1 de 2005, normas que exceptuaron de la aplicación de la Ley 100
de 1993 a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003, caso de la
demandante, sin que le fuera exigible una condición adicional a la vinculación
anterior a esa fecha.
48 Aunque el certificado no registra fecha de terminación del vínculo laboral y en el recurso de
apelación a demandante afirmó que aún continúa laborando, está acreditado que tal vinculación, se
mantenía, al menos, a la fecha de expedición del referido documento, esto es, al 7 de diciembre de
2018.
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00494-01 (0132-2025)
Demandante: María Doris Aguirre Posada
76. Al respecto, es necesario precisar que, es irrelevante que el periodo anterior a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 hubiera sido en virtud de una vinculación
temporal o en interinidad y no a través de una vinculación legal y reglamentaria o
que no se hubiesen acreditado los aportes a pensión, por cuanto el beneficio del
régimen de transición de la norma antes mencionada no establece alguna condición
adicional al de haber tenido un vínculo al servicio público educativo oficial, bien sea
como docente nacional, nacionalizada o territorial49.
2.3.2.2. Sobre el derecho a la pensión de jubilación por aportes reclamada
77. De acuerdo con el material probatorio allegado al expediente se tiene que
comoquiera que la vinculación inicial de la demandante como docente ocurrió con
anterioridad a la Ley 812 de 2003 (24 de enero de 2002), el régimen prestacional
aplicable a su caso era el de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994, debido
a la acumulación de tiempos públicos y privados.
78. Al efecto, según el artículo 7 de la citada ley, por ser mujer debía acreditar 55
años de edad y 20 años de cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de
Seguros Sociales (hoy Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o varias
de las entidades de previsión social del sector público; en ambos casos, con una
tasa de reemplazo del 75% y sobre lo aportado durante el último año de servicio.
79. Así las cosas, contrario a lo determinado por el a quo, la demandante tenía
derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes. En cuanto a los
factores, se debían incluir aquellos respecto de los cuales se efectuaron
cotizaciones durante el último año de servicio, en aplicación de lo previsto en los
artículos 6 y 8 del Decreto 2709.
80. Ahora bien, de acuerdo con lo probado en el expediente, el estatus pensional lo
adquirió el 19 de octubre de 2018, fecha en la que acreditó la totalidad de los
requisitos exigidos para el reconocimiento de la prestación. En efecto, para ese
momento había completado 20 años de aportes acumulados en las diferentes
entidades de previsión social y contaba con más de 55 años, pues nació el 5 de abril
de 1961 y cumplió tal edad el 5 de abril de 2016, de conformidad con el artículo 7
de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994.
81. No obstante, de la comparación entre los certificados expedidos por Colfondos
y Colpensiones se advierte una diferencia en el reporte del tiempo laborado entre el
1 de octubre de 1982 y el 12 de enero de 1983 en Asesorías y Serv. Temporales,
49 En ese sentido puede consultarse la sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-
000-2012-00180-01 (1706-2015), proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B.
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00494-01 (0132-2025)
Demandante: María Doris Aguirre Posada
así como del 5 de septiembre de 1988 al 1 de abril de 1999 en el ICBF regional
Santa Fe de Bogotá. En efecto, tales cotizaciones no se reflejan en el certificado
expedido por Colpensiones, circunstancia que podría variar la fecha en la que la
demandante adquirió el estatus pensional.
82. Por lo anterior, se conmina al Fomag para que adelante las actuaciones
administrativas necesarias a fin de recibir, acreditar y registrar las cotizaciones
correspondientes a favor de la demandante, de manera que estas coincidan con el
número de semanas cotizadas de acuerdo con su historial laboral, pues lo cierto es
que se constituye en un deber de la entidad acudir a los mecanismos legales para
recaudar esas sumas de dinero necesarias para financiar la pensión, pues así se
desprende de la lectura de los artículos 2 de la Ley 33 de 1985 y 24 y 57 de la Ley
100 de 1993, en armonía con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 3752 de 2003.
Además, podrá reclamar la cuota parte a las demás entidades de previsión social o
fondos pensionales en los que hubiese realizado cotizaciones de conformidad con
el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994.
83. Por otro lado, resulta oportuno precisar que comoquiera que entre la adquisición
del estatus pensional de la demandante (19 de octubre de 2018) y la petición de
reconocimiento pensional (28 de febrero de 2019) no trascurrieron más de 3 años,
según el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, no operó el fenómeno prescriptivo
de mesada alguna.
84. Finalmente, aunque no existe certeza de que la demandante aun continue
vinculada laboralmente, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de
esta providencia, el personal docente se encuentra exceptuado de la prohibición de
devengar doble asignación del erario, en el entendido de que el reconocimiento y
disfrute de la pensión no se encuentra supeditado al retiro del servicio, es decir,
están habilitados para percibir la mesada pensional y continuar ejerciendo el cargo
de docente hasta que llegue a la edad de retiro forzoso.
85. De conformidad con lo hasta aquí expuesto, se impone : i) modificar el ordinal 2
de la sentencia apelada para en su lugar y a título de restablecimiento del derecho,
condenar al Fomag al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes
a favor de María Doris Aguirre Posada a partir del 19 de octubre de 2018 (fecha
condicionada a la verificación de la historia laboral y semanas cotizadas), con el
75% de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el último año de
servicio anterior a esa fecha, por virtud de la Ley 71 de 1988 y en los artículos 6 y 8
del Decreto 2709 de 1994; y ii) revocar el ordinal 4 que negó las demás pretensiones
de la demanda y en su lugar disponer que el Fomag deberá adelantar las acciones
necesarias a fin de recibir, acreditar y registrar las cotizaciones correspondientes a
favor de la demandante, de manera que estas coincidan con el número de semanas
cotizadas de acuerdo con su historial laboral. Asimismo, la entidad podrá reclamar
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Demandante: María Doris Aguirre Posada
la cuota parte a las demás entidades de previsión social o fondos pensionales en
los que María Doris Aguirre Posada hubiese realizado cotizaciones, de conformidad
con el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994.
2.4. Costas
86. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
87. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
88. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma50.
89. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
90. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.
3. Conclusión
50En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00494-01 (0132-2025)
Demandante: María Doris Aguirre Posada
91. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que, en tanto la demandante
se vinculó al servicio público educativo oficial el 24 de enero de 2002, esto es
con anterioridad de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, era beneficiaria del
régimen de transición previsto en el artículo 81 de esta, por lo que tenía derecho al
reconocimiento a la prestación prevista en la Ley 71 de 1988. En consecuencia, se
modificará la sentencia proferida el 7 de marzo de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sección A, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Modificar el ordinal 2 de la sentencia la sentencia proferida el 7 de marzo
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sección
A, el cual quedará así:
Segundo. Condenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) al reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación por aportes a favor de María Doris Aguirre Posada a partir del 19 de octubre
de 2018 (fecha condicionada a la verificación de la historia laboral y semanas cotizadas),
con el 75% de los factores sobre los cuales hubiese efectuado cotizaciones durante el
último año de servicio anterior a esa fecha, por virtud de la Ley 71 de 1988 y en los
artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994.
Segundo. Revocar el ordinal 4 que negó las demás pretensiones de la demanda y,
en su lugar, disponer:
Cuarto. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag) deberá adelantar las acciones necesarias a fin de
recibir, acreditar y registrar las cotizaciones correspondientes a favor de María Doris
Aguirre Posada, de manera que estas coincidan con el número de semanas cotizadas
de acuerdo con su historial laboral.
La entidad podrá reclamar la cuota parte a las demás entidades de previsión social o
fondos pensionales en los que María Doris Aguirre Posada hubiese realizado
cotizaciones, de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
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Demandante: María Doris Aguirre Posada
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Ausente con excusa
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
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