Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00197-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00197-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2019-00197-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00197-01 (0563-2025)1
Demandante: Clara Ines Rodríguez Duarte
Demandados: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Tema: Pensión jubilación o vejez
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y
demandada, contra la sentencia del Siete (07) de noviembre de Dos Mil Veinticuatro
(2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual, se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1 Pretensiones2
1. Clara Inés Rodríguez Duarte acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la
Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de solicitar la declaratoria de nulidad del acto
administrativo contenido en la “CARTA CONSEC. 03.0.2.1.4-02978”, expedida por
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que le negó el
reconocimiento de la pensión de jubilación.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó lo siguiente: (i) declarar que tiene derecho al reconocimiento y pago
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Expediente electrónico.
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Índice 00029 del expediente electrónico del Tribunal de origen.
Radicación: (0563-2025)
Demandante: Clara Inés Rodríguez Duarte
Demandado: Nación – Ministerio de Educación -FOMAG
de la pensión de jubilación, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas,
anteriores al cumplimiento del estatus jurídico de pensionada, 19 de febrero de
2014, sin exigir el retiro definitivo del servicio público de la docencia; (ii) dar
cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de
2011; (iii) el reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar con
motivo de la disminución del poder adquisitivo de cada una de las sumas
adeudadas; (iv) el pago de los intereses moratorios a partir del día siguiente de la
fecha de la ejecutoria de la sentencia y hasta que se efectúe el pago de los valores
adeudados; (v) la inclusión en la nómina de pensionados y el pago de las mesadas
atrasadas y; (vi) condenar en costas a la parte demandada.
1.2 Los hechos
3. Señaló la demandante que nació el 28 de agosto de 1957 y, a la fecha de
presentación de esta demanda, contaba con 55 años de edad.
4. Indicó además, que efectuó cotizaciones al extinto Instituto de Seguros Sociales
(ISS), hoy Colpensiones, entidad en la que registra un total de 639,71 semanas
cotizadas.
5. Manifestó que, se encuentra vinculada en propiedad en la Secretaría de
Educación del Departamento de Santander desde el año 2006, desempeñándose
como docente oficial, cargo que continúa ejerciendo.
6. Sostuvo que, conforme a lo previsto en la Ley 812 de 2003, tiene derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación al cumplir 57 años de edad y acreditar
1.300 semanas de cotización. No obstante, se le exigió el retiro del servicio como
docente oficial para hacer efectivo el pago de la prestación e incluirla en la nómina
de pensionados. Consideró que dicha exigencia carece de sustento legal, por
cuanto, de declararse la nulidad del acto administrativo demandado, procede el
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes de manera compatible con
la percepción simultánea del salario derivado de su cargo docente.
1.3 Normas violadas y concepto de la violación
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Radicación: (0563-2025)
Demandante: Clara Inés Rodríguez Duarte
Demandado: Nación – Ministerio de Educación -FOMAG
7. Alegó que, el acto administrativo enjuiciado violó el artículo 7 de la Ley 71 de
1988; los numerales 1 y 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989; el artículo 6 de la
Ley 60 de 1993; el artículo 115 de la Ley 115 de 1993; el artículo 279 de la Ley 100
de 1993; el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y los artículos 1 y 2 del Decreto 3752
de 2003.
8. Sostuvo que el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 facultó a los servidores públicos
para acreditar veinte (20) años de aportes efectuados en cualquier tiempo al Instituto
de Seguros Sociales y a entidades del sector público, con el fin de acceder a la
pensión de jubilación, siempre que cumplieran sesenta (60) años de edad si eran
hombres o cincuenta y cinco (55) años si eran mujeres.
9. Indicó que, posteriormente, se expidió la Ley 812 de 2003, cuyo artículo 81
dispuso que el régimen prestacional aplicable a los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial sería el
previsto para el magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de dicha ley. Asimismo, estableció que los docentes vinculados
con posterioridad quedarían sometidos al régimen pensional de prima media
contemplado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción del requisito
de edad para la pensión de vejez, fijado en cincuenta y siete (57) años para hombres
y mujeres.
10. Con fundamento en lo anterior, afirmó que la demandante se encontraba
cobijada por las disposiciones mencionadas, por cuanto se vinculó con anterioridad
al 23 de junio de 2003 y efectuó aportes al extinto Instituto de Seguros Sociales. En
consecuencia, consideró que reúne las condiciones exigidas por el artículo 81 de la
Ley 812 de 2003 y que, por tratarse de una norma aplicable a los servidores públicos
de la Rama Ejecutiva del poder público, le resultaba igualmente aplicable el régimen
previsto en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988.
1.4 Contestación de la demanda3
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Índice 00029 del expediente electrónico del Tribunal de origen.
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Radicación: (0563-2025)
Demandante: Clara Inés Rodríguez Duarte
Demandado: Nación – Ministerio de Educación -FOMAG
11. La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo
que los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio se encuentran excluidos del Sistema General de Seguridad Social
previsto en la Ley 100 de 1993, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 279
de dicha normativa, razón por la cual, su régimen prestacional se encuentra
regulado principalmente por las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994.
12. Indicó que el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales depende de
la fecha de vinculación al servicio educativo estatal. En ese sentido, señaló que
quienes ingresaron antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003
conservaron el régimen prestacional anterior, mientras que aquellos vinculados con
posterioridad se rigen por el régimen de prima media previsto en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con la particularidad de que la edad para acceder a la pensión
de vejez se fijó en cincuenta y siete (57) años para hombres y mujeres.
13. Afirmó que, la demandante se vinculó en propiedad al servicio docente con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que le resultaba
aplicable el régimen pensional consagrado en dicha normativa y no las
disposiciones invocadas en la demanda para sustentar el reconocimiento de una
pensión por aportes.
14. De igual manera, manifestó que el régimen pensional de los docentes no
contempla uno especial de jubilación diferente al previsto en las normas generales
aplicables según la fecha de vinculación al servicio, por lo que el reconocimiento
prestacional debía efectuarse con observancia de las disposiciones vigentes para
el régimen correspondiente.
15. Respecto de la reliquidación pensional pretendida, sostuvo que el ingreso base
de liquidación únicamente podía integrarse con los factores salariales
expresamente autorizados por la ley y sobre los cuales se hubiesen realizado los
respectivos aportes. Para sustentar esta posición, invocó la jurisprudencia de
unificación del Consejo de Estado, según la cual no procede incluir en la base de
liquidación conceptos salariales distintos de aquellos previstos normativamente y
objeto de cotización.
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Radicación: (0563-2025)
Demandante: Clara Inés Rodríguez Duarte
Demandado: Nación – Ministerio de Educación -FOMAG
16. Finalmente propuso como excepciones de mérito las que denominó “legalidad
de los actos administrativos atacados de nulidad, cobro de lo no debido y
prescripción”.
1.5 Sentencia de primera instancia 4
17. En sentencia del del 7 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Santander accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena en
costas. Al respecto, en la parte resolutiva del fallo se dispuso:
“PRIMERO. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la CARTA CONSEC.
03.0.2.1.4-02978 del 14 de enero de 2018 emitida por la Secretaría de Educación del
Departamento de Santander, de conformidad con las razones expuestas en precedencia.
SEGUNDO. A título de restablecimiento ordenar a la Nación – Ministerio de Educación –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocer y pagar una pensión de
jubilación en favor de la señora Clara Inés Rodríguez Duarte a partir del 28 de agosto de
2012 conforme lo dispuesto en la Ley 100 de 1993. Para la liquidación de la pensión
reconocida, la entidad demandada deberá tener en cuenta el promedio de lo devengado en
los 10 años anteriores a la fecha de retiro definitivo del servicio docente, con el monto que
corresponda de acuerdo al número adicional de semanas cotizadas a las mínimas, pero que,
en todo caso, no podrá superar el 80% de la asignación básica mensual y demás factores
expresamente regulados en el Decreto 1158 de 1994 y sobre los cuales se hubiesen
efectuado las respectivas cotizaciones, conforme las razones señaladas en la parte motiva
de esta sentencia.
Se aclara que el disfrute de la pensión aquí reconocida no es compatible con el salario
devengado por la accionante en calidad de docente, por lo que para la inclusión en nómina
de pensionados deberá acreditarse el retiro efectivo del servicio.
TERCERO. Sin condena en costas de primera instancia conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.”
18. Para resolver la controversia, el A-quo encontró acreditado que la demandante
nació el 28 de agosto de 1957; que registraba 639,71 semanas cotizadas ante
Colpensiones entre 1989 y 2003; que estuvo vinculada al servicio docente en
provisionalidad desde el 31 de marzo de 2004; y que fue nombrada en propiedad
como docente de la Secretaría de Educación del Departamento de Santander a
partir del 1º de agosto de 2006.
19. Con fundamento en dichas pruebas, concluyó que la primera vinculación de la
demandante al servicio docente oficial ocurrió con posterioridad a la entrada en
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Índice 00050 del expediente electrónico del Tribunal de origen.
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Radicación: (0563-2025)
Demandante: Clara Inés Rodríguez Duarte
Demandado: Nación – Ministerio de Educación -FOMAG
vigencia de la Ley 812 de 2003, razón por la cual, no le resultaba aplicable la
pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, reservada para los docentes
vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio antes del 26
de junio de 2003 y que acreditaran los requisitos allí establecidos.
20. No obstante, al verificar que para el 1º de abril de 1994 la actora contaba con
más de treinta y cinco (35) años de edad, el tribunal determinó que era beneficiaria
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En
consecuencia, consideró que le eran aplicables las condiciones de edad y tiempo
de servicios contemplados en la Ley 33 de 1985, esto es, cincuenta y cinco (55)
años de edad y veinte (20) años de servicios, mientras que el ingreso base de
liquidación debía definirse conforme a la Ley 100 de 1993.
21. La Corporación advirtió igualmente que, aunque la demandante se encontraba
amparada por el régimen de transición, su situación pensional debía analizarse
dentro del régimen previsto para los docentes vinculados con posterioridad a la Ley
812 de 2003. En ese contexto, concluyó que reunía los requisitos para acceder a la
pensión de vejez regulada por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, al acreditar
más de 1.300 semanas de cotización y la edad exigida al momento de agotarse la
vía administrativa.
22. Por lo anterior, reconoció el derecho pensional de la demandante conforme al
régimen de prima media, con la inclusión de los factores salariales previstos en el
Decreto 1158 de 1994 sobre los cuales se hubieran efectuado cotizaciones.
Asimismo, precisó que la prestación podría incrementarse con las semanas
adicionales efectivamente cotizadas, dentro de los límites legales de la tasa de
reemplazo, pues, en sentir del operador jurídico de instancia, le resultaba más
favorable.
23. Finalmente, señaló que el disfrute efectivo de la pensión quedaba supeditado al
retiro definitivo del servicio docente, por cuanto los docentes vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 no podían percibir simultáneamente salario y
pensión.
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Radicación: (0563-2025)
Demandante: Clara Inés Rodríguez Duarte
Demandado: Nación – Ministerio de Educación -FOMAG
1.6 Recursos de apelación
1.6.1. Parte demandante
24. Mediante memorial radicado el Veintidós (22) de noviembre de Dos Mil
Veinticuatro (2024)5, la parte demandante solicitó se revocara parcialmente la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accediera a la totalidad de las
pretensiones de la demanda.
25. Sostuvo que, acreditó más de veinte (20) años de aportes al sistema pensional
mediante la acumulación de cotizaciones efectuadas tanto al entonces Instituto de
Seguros Sociales, hoy Colpensiones, como al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, por lo que cumple los requisitos para acceder a la pensión
de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988.
26. Afirmó que, se vinculó al servicio docente oficial el 12 de mayo de 2003,
mediante órdenes de prestación de servicios, esto es, con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003, circunstancia que, a su juicio, determina la
aplicación del régimen pensional vigente para los docentes vinculados antes del 27
de junio de 2003.
27. Indicó que, la decisión apelada desconoció las pruebas allegadas al proceso y
efectuó una interpretación restrictiva de la normatividad aplicable, al concluir que la
actora debía regirse por el régimen previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003. En contraste, sostuvo que resultaban aplicables las Leyes 33 de 1985 y 71
de 1988, por cuanto la demandante acumuló aportes en los sectores público y
privado y cumplió la edad y el tiempo de cotización exigidos para la pensión por
aportes.
28. Como sustento de su posición, invocó la jurisprudencia del Consejo de Estado
relativa al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes a docentes
5
Índice 00053 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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Radicación: (0563-2025)
Demandante: Clara Inés Rodríguez Duarte
Demandado: Nación – Ministerio de Educación -FOMAG
oficiales vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
particularmente en aquellos casos en los que se acreditan cotizaciones
concurrentes en el sector público y privado.
29. Adicionalmente, señaló que la interpretación acogida en la sentencia vulneró los
principios de favorabilidad, progresividad e igualdad en materia laboral y pensional,
así como el deber de observancia del precedente judicial. En tal sentido, argumentó
que, ante la existencia de diferentes interpretaciones posibles, debía aplicarse
aquella más favorable para la trabajadora, de conformidad con el artículo 53 de la
Constitución Política.
30. Con fundamento en lo anterior, insistió en que la demandante tenía derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de
1988, liquidada con los factores salariales legalmente computables y a cargo del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
1.6.2. Parte demandada
31. A través de memorial radicado el Veinticinco (25) de noviembre de Dos Mil
Veinticuatro (2024)6, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
solicitó se revocara la sentencia de primera instancia, al considerar que, a Clara
Inés Rodríguez Duarte no le es aplicable la pensión por aportes de la Ley 71 de
1988, sino el régimen de prima media previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, por las siguientes razones:
32. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 dispuso que los docentes vinculados al
servicio educativo oficial a partir de su entrada en vigencia (27 de junio de 2003)
quedaban sometidos al régimen pensional de prima media de las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, administrado a través del FOMAG, con edad de pensión de 57 años
para hombres y mujeres. Los docentes vinculados antes de esa fecha conservan el
régimen anterior.
6
Índice 00054 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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Radicación: (0563-2025)
Demandante: Clara Inés Rodríguez Duarte
Demandado: Nación – Ministerio de Educación -FOMAG
33. La Ley 71 de 1988 permite acumular aportes del sector público y privado para
obtener la pensión de jubilación por aportes, pero su aplicación a los docentes
oficiales solo procede cuando se cumplen los presupuestos definidos por la
jurisprudencia.
34. Según la entidad, la demandante se vinculó como docente en propiedad el 1 de
junio de 2005, después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que
quedó sometida al régimen de prima media y no al régimen especial derivado de la
Ley 71 de 1988, además de no ser beneficiaria del régimen de transición
35. Sostuvo que, la demandante no cumplió con los requisitos del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, pues para el 1° de abril de 1994 no tenía el tiempo de servicios
requerido ni cumplía las condiciones necesarias para conservar un régimen anterior.
Tampoco cumpliría los requisitos de extensión del régimen de transición previstos
en el Acto Legislativo 01 de 2005.
36. Citó jurisprudencia según la cual los docentes vinculados antes del 27 de junio
de 2003 pueden acceder a la Ley 33 de 1985 y, eventualmente, a la Ley 71 de 1988.
Que la pensión por aportes de la Ley 71 de 1988 solo resulta aplicable cuando el
docente además sea beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
por lo que si no es beneficiario de transición, debe aplicarse íntegramente la Ley
100 de 1993.
37. La entidad sostuvo que una aplicación literal de la Ley 71 de 1988 desconoce
principios como la sostenibilidad financiera del sistema pensional, el de solidaridad,
y el de proporcionalidad entre aportes realizados y prestación reconocida.
1.7 Trámite de los recursos de apelación y de la segunda instancia
38. Mediante auto del Veinticinco (2500) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)7, el
despacho sustanciador, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA,
admitió los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y
7
Índice 00012 del expediente que reposa en el Samai.
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Radicación: (0563-2025)
Demandante: Clara Inés Rodríguez Duarte
Demandado: Nación – Ministerio de Educación -FOMAG
demandada contra el fallo de primera instancia y, dispuso de oficio, la incorporación
al expediente de prueba documental aportada por la parte demandante junto con su
recurso de apelación8, entre ellas las siguientes:
“Certificado expedido por la secretaría de Educación de la Gobernación de
Santander, aportado junto con la alzada, visible a índice 53, de la herramienta
electrónica Samai (actuaciones del tribunal de origen).
Resolución 0008376 de Doce (12) de julio de Dos Mil Cinco (2005) expedida por la
secretaría de Educación de la Gobernación de Santander, aportado junto con la
alzada, visible a índice 53, de la herramienta electrónica Samai (actuaciones del
tribunal de origen).
Resolución 09584 de Veintiuno (21) de Julio de Dos Mil Seis (2006) expedida por la
secretaría de Educación de la Gobernación de Santander, aportado junto con la
alzada, visible a índice 53, de la herramienta electrónica Samai (actuaciones del
tribunal de origen).
El Acta de posesión 283 de Treinta y Uno (31) de Marzo de Dos Mil Cuatro (2004)
expedida por la secretaría de Educación de la Gobernación de Santander, aportado
junto con la alzada, visible a índice 53, de la herramienta electrónica Samai
(actuaciones del tribunal de origen).
El Acta de posesión 2576-4 de Catorce (14) de Octubre de Dos Mil Cinco (2005)
expedida por la secretaría de Educación de la Gobernación de Santander, aportado
junto con la alzada, visible a índice 53, de la herramienta electrónica Samai
(actuaciones del tribunal de origen).
Las dos órdenes de prestación de servicios firmadas por la secretaría de educación
de la Gobernación de Santander y la señora Clara Inés Rodríguez Duarte, aportado
junto con la alzada, visible a índice 53, de la herramienta electrónica Samai
(actuaciones del tribunal de origen).
Certificado de Tiempo de Servicios de la señora Clara Inés Rodríguez Duarte
expedido por la secretaria de Educación de la Gobernación de Santander, aportado
junto con la alzada, visible a índice 53, de la herramienta electrónica Samai
(actuaciones del tribunal de origen).”
39. De las anteriores pruebas documentales corrió traslado a las partes y concedió
la oportunidad para presentar alegatos de conclusión en esta instancia.
1.7.1. Alegatos de conclusión de segunda instancia y concepto del Ministerio
Público
40. Mediante memorial radicado el Dos (2) de junio de Dos Mil Veintiséis (2026), la
8
Índice 00056 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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Radicación: (0563-2025)
Demandante: Clara Inés Rodríguez Duarte
Demandado: Nación – Ministerio de Educación -FOMAG
parte demandante presentó alegatos de conclusión9 en esta instancia, en los cuales
se ratificó en lo manifestado en su recurso de apelación y, adicionalmente, adujo
que la demandante acreditó la edad de 55 años y el tiempo mínimo exigido para
pensionarse mediante la acumulación de aportes efectuados tanto en el sector
público como en el privado.
41. Afirmó que, supera los 20 años de aportes al sumar las cotizaciones realizadas
a Colpensiones y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
42. Que la sentencia de primera instancia no valoró adecuadamente las pruebas
aportadas sobre la vinculación laboral de la demandante. En particular, afirmó que
se desconocieron documentos que demostrarían una relación laboral con el sector
educativo oficial desde el año 2003, e incluso antecedentes de prestación de
servicios docentes anteriores, los cuales permitirían establecer una vinculación
previa a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
43. Insistió en que existen actos administrativos, contratos y demás soportes que
acreditan su desempeño como docente oficial antes del 27 de junio de 2003. A partir
de ello sostuvo que debió ser considerada dentro del grupo de docentes sometidos
al régimen pensional anterior y no al general previsto para quienes ingresaron
después de la Ley 812 de 2003.
44. La entidad demandada no presentó alegatos de conclusión en esta instancia,
tal como se observa en el índice 22 del aplicativo samai.
45. El Ministerio Público emitió concepto10 y manifestó que la vinculación de la
demandante al servicio docente en el departamento de Santander se produjo el 31
de marzo de 2004, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, por lo que no le son aplicables las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988. Así
las cosas, conceptuó confirmar la sentencia de primera instancia.
II. CONSIDERACIONES
9
Índice 00020 del expediente que reposa en el Samai.
10
Índice 00021 del expediente que reposa en el Samai.
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Radicación: (0563-2025)
Demandante: Clara Inés Rodríguez Duarte
Demandado: Nación – Ministerio de Educación -FOMAG
2.1 Competencia
46. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA.
2.2 Problema jurídico
47. Corresponde a la Sala resolver lo siguiente:
i) ¿Hay lugar a admitir como vinculación al servicio docente para la actora, los
contratos u órdenes de prestación de servicios a fin de establecer el régimen
pensional aplicable?
ii) ¿El régimen pensional aplicable a la demandante corresponde al consagrado en
la Ley 71 de 1988 que hace alusión a la pensión por aportes? O, por el contrario,
iii) ¿Le es aplicable el régimen pensional general previsto en la Ley 100 de 1993,
modificado por la 797 de 2003?
48. Con el fin de resolver el problema jurídico, la Sala abordará los siguientes
ítems: marco normativo y jurisprudencial; material probatorio y caso concreto.
2.2.1 Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1.1. Régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
49. El régimen pensional de los docentes oficiales estuvo exceptuado del Sistema
General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de 1993,
al disponer que dicho sistema no se aplicaba, entre otros, a los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989,
cuyas prestaciones «serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración».
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Radicación: (0563-2025)
Demandante: Clara Inés Rodríguez Duarte
Demandado: Nación – Ministerio de Educación -FOMAG
50. Esta exclusión no fue fortuita: obedeció precisamente a que, con anterioridad,
ya existía un sistema particular de administración y financiación de las prestaciones
sociales del magisterio, instituido por la Ley 91 de 1989, mediante la cual se creó
un fondo especial orientado, de manera específica, a atender las prestaciones de
los docentes nacionales y nacionalizados.
51. En esa medida, la Ley 91 de 1989 diseñó un esquema especial de financiación
que se aparta del régimen general. Así, su artículo 8 consagra un sistema de aportes
según el cual los docentes contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual,
mientras que la Nación aporta el 8% sobre los factores salariales que integran el
rubro de pago por servicios personales. De ahí que dicho mecanismo diferenciado
de financiación haya sido una de las razones que explican y justifican la excepción
frente al sistema general.
52. La naturaleza exceptuada del régimen se vio reforzada por el artículo 15 de la
Ley 91 de 1989, que estableció reglas específicas para el reconocimiento de
prestaciones sociales del personal docente, diferenciando, en lo pertinente, entre el
nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989 y quienes se vincularan
a partir del 1.º de enero de 1990.
53. Sin embargo, la Ley 812 de 2003, en su artículo 81, dispuso que los docentes
vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) 11 se rigen por el sistema de
prima media de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una
particularidad relevante: la edad pensional unificada en 57 años para hombres y
mujeres. Y, en línea con ello, el Acto Legislativo 01 de 2005 reafirmó el carácter
exceptuado del régimen, al señalar, en su parágrafo transitorio 1, que el régimen
pensional de los docentes vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la
Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esa misma disposición.
54. En suma, de ese desarrollo normativo se desprende la coexistencia de dos
regímenes definidos por la fecha de vinculación al servicio docente: (i) para quienes
11
Publicada en el Diario Oficial No. 45.231 de junio 27 de 2003
13
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ingresaron antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, resulta aplicable el régimen
prestacional anterior, esto es, el propio de los servidores públicos del orden
nacional, como las Leyes 33 de 1985 o 71 de 1988; y (ii) para quienes se vincularon
con posterioridad, rige el régimen de prima media de las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con la salvedad de la edad de 57 años tanto para hombres como para
mujeres.
2.2.1.2. Régimen pensional docente según la sentencia de unificación SUJ-
014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019
55. Ahora bien, en torno a este régimen prestacional, resulta pertinente atender a lo
precisado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia de
unificación del 25 de abril de 201912, mediante la cual, se fijaron reglas para
determinar el ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del
personal docente oficial afiliado al FOMAG.
56. En efecto, allí se reiteró que, conforme al parágrafo transitorio 1 del Acto
Legislativo 01 de 2005 y al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, existen dos regímenes
prestacionales para el reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación de
docentes oficiales nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya aplicación
depende de la fecha de ingreso al servicio educativo. Tales regímenes son los
siguientes:
56.1 Para los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, quienes, con ocasión de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen
pensional de los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985. En ese escenario, el ingreso base de liquidación se determina únicamente
con los factores sobre los cuales se hayan efectuado aportes, conforme al artículo
1° de la Ley 62 de 1985, de manera que no es posible incluir factores distintos a los
allí enlistados.
12
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019.
Exp. 680012333000201500569-01 (0935-17).
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56.2 De ese modo, para docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981,
nacionales y nacionalizados y para los nombrados a partir del 1º de enero de 1990
pero antes del 27 de junio de 2003, las reglas relevantes (según las Leyes 91 de
1989 y 33 de 1985) se concretan en los siguientes requisitos:
1. Edad de 55 años;
2. Tiempo de servicios de 20 años;
3. Tasa de reemplazo del 75%;
4. Ingreso base de liquidación correspondiente al último año de servicio docente 13
56.3 Sin perjuicio de lo anterior, se precisó que, además de los factores
mencionados, deben considerarse aquellos que, por normas posteriores, tengan
naturaleza salarial (por ejemplo, la bonificación pedagógica prevista en el Decreto
2354 de 2018), en la medida en que, por disposición normativa, integren la base
sobre la cual se efectúan los aportes.
57. Para los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003 y afiliados al FOMAG, aplica el régimen de prima media regulado en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con la excepción de la edad (57 años para hombres y
mujeres). Bajo ese supuesto, el ingreso base de liquidación se regirá por la Ley 100
de 1993 y por los factores del Decreto 1158 de 1994, respecto de los cuales se
hubieren realizado las cotizaciones, tal como lo fijó la regla unificada a la cual se
viene haciendo alusión.
58. En ese contexto, para docentes vinculados con posterioridad a la Ley 812 de
2003, los parámetros relevantes se concretan en: edad de 57 años; semanas
conforme al artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley
797 de 2003; tasa de reemplazo del 65% al 85%, con la limitación prevista desde
2005 en el inciso final del artículo 34 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el art.
10 de la Ley 797 de 2003) en cuanto a que el valor total no puede superar el 80%
13
Teniendo en cuenta los factores que hayan servido de base para calcular aportes conforme a la Ley 62 de 1985 (asignación
básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio).
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del IBL ni ser inferior a la pensión mínima; e ingreso base de liquidación determinado
por el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales se cotizó durante los 10
años anteriores, con inclusión de los factores del Decreto 1158 de 1994 sobre los
cuales se realizaron cotizaciones, sin desconocer desde luego, que pueden existir
normas especiales que reconozcan o establezcan que un factor salarial integra el
ingreso base de cotización.
59. De esta manera, conforme lo señaló la decisión unificada, el factor definitorio
para aplicar uno u otro régimen es la fecha de vinculación inicial al servicio docente
antes o después del 27 de junio de 2003; de donde se siguen consecuencias
prácticas que esta Sección ha reiterado14, tales como: (i) no se exige continuidad
en el servicio para conservar el régimen anterior si la vinculación inicial fue previa a
la Ley 812 de 2003; (ii) las interrupciones no despojan al docente del régimen
anterior; y (iii) la modalidad de vinculación no altera el criterio temporal, de suerte
que la fecha de la primera vinculación prevalece incluso si hubo vinculación por
provisionalidad o por contratos de prestación de servicios.
60. Este criterio diferenciador responde, en lo sustancial, a la finalidad de preservar
expectativas legítimas de quienes ingresaron bajo un régimen específico, mientras
se implementa progresivamente el nuevo sistema para las vinculaciones
posteriores, en procura de armonizar la protección de situaciones preexistentes con
la sostenibilidad del sistema.
2.2.1.3. Reconocimiento pensional a la luz de la Ley 71 de 1988, para docentes
61. Sentado lo anterior, resulta necesario examinar la aplicabilidad de la Ley 71 de
1988 en materia pensional docente: en la práctica, no son pocos los educadores
que han prestado servicios tanto en el sector público como en el privado,
acumulando aportes en distintos regímenes.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de
2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-
000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de febrero de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015),
M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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62. De ahí surge el interrogante, pues, aun cuando los docentes están exceptuados
del régimen general por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y cuentan con un
régimen propio en la Ley 91 de 1989, se discutió si podían acceder a la pensión por
aportes prevista en la Ley 71 de 1988.
63. Esta discusión adquiere particular relevancia respecto de docentes vinculados
antes de la Ley 812 de 2003, en la medida en que la Ley 71 de 1988 puede resultar
más favorable que la Ley 33 de 1985 cuando no se alcanza el tiempo exigido
exclusivamente en el sector público, pero sí se completa el requisito al sumar
aportes efectuados en distintos sectores.
64. En efecto, la Ley 71 de 1988 (art. 7) prevé, para la pensión por aportes, los
siguientes requisitos: (i) 55 años si es mujer y 60 años si es varón; (ii) 20 años de
aportes acumulados en cualquier tiempo entre entidades de previsión del sector
público y el ISS (hoy Colpensiones); y (iii) una tasa de reemplazo del 75% del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios.
65. Ahora bien, en relación con el ingreso base de liquidación, el Decreto 2709 de
1994, reglamentario de dicha ley, establece que la prestación se liquida con el 75%
del salario promedio base para aportes del último año de servicios, con inclusión de
factores conforme a la Ley 62 de 1985 y demás normas especiales que reconozcan
emolumentos con carácter salarial que sirvan de base para aportes.
66. A su turno, la Ley 62 de 1985 (art. 1), al modificar la Ley 33 de 1985, relacionó
factores tales como asignación básica, gastos de representación, primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, dominicales y feriados, horas
extras, bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o nocturno, y,
además, dispuso una regla de cierre: en todo caso, la pensión se liquidará sobre los
mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes.
67. A partir de esa norma, se han presentado dos lecturas sobre los factores que
integran el IBL: (i) una interpretación que asume el listado como taxativo,
condicionado a la cotización; y (ii) otra que entiende que no es excluyente, de
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Radicación: (0563-2025)
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manera que admite otros factores siempre que tengan reconocimiento normativo
como salariales y hayan servido efectivamente de base para cotizaciones.
68. En ese marco, se adoptó la segunda postura, en cuanto integra el contenido
total del artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y, bajo el principio de favorabilidad, admite
la inclusión de factores adicionales reconocidos como salariales por normas
especiales, siempre que se verifique, o se garantice, que sobre ellos se realizaron
los aportes correspondientes. En este punto, debe resaltarse que la omisión o
negligencia del empleador para descontar los aportes y consignarlos al respectivo
fondo, no puede trasladarse al beneficiario de la pensión.
69. Esta comprensión, además, armoniza con el Acto Legislativo 01 de 2005, en
cuanto prescribe que para la liquidación de las pensiones, solo se tendrán en cuenta
los factores sobre los cuales se hubieren efectuado cotizaciones; y también con
pronunciamientos de unificación, como el del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, que resaltó como subregla que en el IBL solo
ingresan los factores sobre los que se hicieron aportes.
70. En línea con lo anterior, se puede destacar que esta Subsección, en providencia
del 30 de enero de 2025, expuso razones por las cuales la Ley 71 de 1988 se
considera aplicable a docentes, entre ellas: la intención legislativa vinculada a la Ley
91 de 1989; el carácter general de la Ley 71 de 1988, respecto de servidores
públicos; su condición de normativa de “derechos mínimos” en materia pensional;
la inexistencia de un mandato legal que exija ejercer toda la vida laboral en docencia
pública para acceder a beneficios pensionales; y que la excepción prevista en la Ley
33 de 1985 no impide que otra norma posterior, como la Ley 71 de 1988, gobierne
aspectos pensionales en los términos de la remisión normativa aplicable.
71. Con todo, se precisó que la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 no sustituye ni
elimina la posibilidad de pensionarse bajo la Ley 33 de 1985, para docentes
vinculados antes de la Ley 812 de 2003; antes, constituye una alternativa adicional,
potencialmente favorable para quienes acumulan tiempos en el sector público y
privado.
18
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72. Se concluyó entonces que, para docentes vinculados antes de la Ley 812 de
2003, la Ley 71 de 1988 opera como parte del régimen vigente del sector público
nacional al que remite la Ley 91 de 1989, permitiendo una modalidad que exige
55/60 años y 20 años de aportes acumulables; y, en cualquier caso, la pensión se
liquida con el 75% del promedio base de aportes del último año.
73. Sin embargo, es posible advertir que las consideraciones de la sentencia del 30
de enero de 2025 se refieren a una situación de vinculación previa a la Ley 812 de
2003; por consiguiente, no pueden leerse como una regla de exclusión absoluta
frente a docentes que iniciaron su vinculación después del 27 de junio de 2003,
dado que, en ciertos supuestos, la Ley 71 de 1988 podría entrar en juego por vía
del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cuando resulte más
favorable.
74. En tal hipótesis, según la interpretación acogida del artículo 36, en particular a
partir de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, podrían aplicarse
normas anteriores (como la Ley 71) para edad, tiempo y tasa, mas no
necesariamente para el IBL, que se calcularía con base en los artículos 21 y 36
(inciso 3) de la Ley 100 de 1993.
2.2.1.4. Cómputo de la labor docente ejercida mediante contratos de
prestación de servicios
75. Por otra parte, respecto de los periodos laborados mediante contratos u órdenes
de prestación de servicios, esta corporación ha precisado que pueden considerarse
para acreditar el ejercicio de la función docente oficial y, por ende, computarse para
efectos pensionales.
76. Ello se apoya, ante todo, en la definición material de la labor docente prevista
en el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979, que alude al ejercicio de la enseñanza en
planteles oficiales y no oficiales en distintos niveles, lo cual, se centra en la
naturaleza de la actividad, más allá de la forma de vinculación.
19
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77. En ese orden, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el docente
contratado por prestación de servicios desarrolla su labor de forma personal y bajo
directrices propias del servicio público educativo, en términos análogos al docente
vinculado legal y reglamentariamente. De ahí que, en la sentencia de unificación del
25 de agosto de 201615, se haya resaltado la subordinación y la sujeción a
reglamentos, calendario académico y órdenes jerárquicas, lo cual justifica la
protección a la luz de los principios de primacía de la realidad e igualdad.
78. En tal sentido, se considera viable el reconocimiento pensional con inclusión de
tiempos laborados por contratos u órdenes de prestación de servicios, ya sea
cuando se pretende la declaración de una relación laboral encubierta o, incluso,
cuando se solicita únicamente su cómputo para efectos pensionales, en aplicación
de principios como, la primacía de la realidad, favorabilidad y pro homine. Sobre el
particular, el Consejo de Estado ha dispuesto lo siguiente:
“se ha establecido que el proceso ordinario de reconocimiento de la pensión de jubilación
con inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios es viable
cuando se pretende la declaración de la existencia de una relación laboral encubierta o en
el evento en que únicamente se solicite para efectos del cómputo de los periodos laborados
bajo la forma contractual”16
79. Ahora bien, la admisión de esos tiempos de servicios para efectos pensionales
no releva el deber de recaudo de aportes al sistema. De hecho, el ordenamiento
contempla instrumentos para el pago o cobro de aportes omitidos o insuficientes y,
además, el Decreto 3752 de 2003 (art. 2) asigna a las entidades territoriales o de
previsión a cargo de los trámites de prestaciones causadas antes de la afiliación al
FOMAG, con la responsabilidad correlativa frente a omisiones en el pago de
aportes.
80. En consecuencia, conforme a la Ley 812 de 2003, si un docente se vinculó
mediante contrato u orden de prestación de servicios antes del 27 de junio de 2003,
se aplica el régimen anterior, esto es, el previsto en la Ley 91 de 1989 que remite a
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de unificación del
25 de agosto de 2016, exp. 23001- 23-33-000-2013-0026-0-01(0088-15), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de
2025, exp. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
20
Radicación: (0563-2025)
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la Ley 33 de 1985, o a la ley 71 de 1988, indistintamente de interrupciones
posteriores o de cambios en la modalidad de vinculación.
81. Esta interpretación se sostiene, de una parte, porque la Ley 812 de 2003 no
distinguió modalidades de vinculación y se limitó al criterio temporal de ingreso; y,
de otra, porque, conforme a la sentencia C-555 de 1994 de la Corte Constitucional,
la diferenciación entre docentes empleados públicos y docentes contratistas no
puede conducir al desconocimiento de derechos irrenunciables cuando realizan la
misma actividad en situaciones idénticas o análogas. En tal virtud, la vinculación
inicial anterior a la Ley 812 de 2003, aún bajo contratos de prestación de servicios,
no impide la aplicación del régimen anterior.
2.2.1.5. Compatibilidad entre pensión y ejercicio de la docencia oficial
82. En relación con la supuesta incompatibilidad entre pensión y salario docente,
debe reiterarse que el inciso segundo del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, prevé
expresamente que, para afiliados al FOMAG, las prestaciones serán compatibles
con pensiones o cualquier clase de remuneración.
83. Además, ese entendimiento ha sido respaldado por disposiciones históricas que
reconocieron la compatibilidad en el ejercicio de la docencia, verbi gratia, el Decreto
224 de 1972 y la Ley 60 de 1993, así como, por el literal g) del artículo 19 de la Ley
4 de 1992, interpretado por esta corporación como una salvaguarda de las
disposiciones que favorecían a docentes pensionados y por la Ley 344 de 1996, al
dejar a salvo el régimen especial docente.
84. A ello se suma que, la única norma que estableció de forma expresa una
incompatibilidad de pensiones, se halla en el art. 45 del Decreto 1278 de 2002, el
cual, luego de un análisis constitucional, fue declarado inexequible en sentencia C-
1157 de 2003, en consideración a que el ejecutivo no podía suprimir una excepción
configurada por el legislador.
85. En ese contexto, la jurisprudencia ha reiterado que los maestros oficiales
pueden percibir salario y pensión simultáneamente, tanto si se vincularon antes
21
Radicación: (0563-2025)
Demandante: Clara Inés Rodríguez Duarte
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como después de la Ley 812 de 2003, dado que la compatibilidad se reconoce por
razón de la actividad docente oficial y no por la pertenencia a un régimen específico.
86. Con todo, la compatibilidad se encuentra delimitada al ejercicio de la docencia
oficial, precisión que acota el alcance de la excepción frente a la prohibición general
de doble asignación del tesoro público.
87. Por ende, no resulta viable jurídicamente condicionar el reconocimiento o
disfrute de la pensión de jubilación del docente a la desvinculación del servicio, en
tanto, la compatibilidad constituye uno de los rasgos característicos del régimen del
magisterio, en los términos en que ha sido desarrollado normativamente y reiterado
en sede jurisprudencial de esta misma subsección
2.2.1.6 Medios de pruebas
88. Conforme con las pruebas documentales obrantes en el expediente digital, la
Sala tiene por acreditados los siguientes hechos que fundamentan la solución del
caso:
88.1 La demandante Clara Inés Rodríguez Duarte nació el 28 de
agosto de 195717, por lo que cumplió 55 años de edad el 28 de agosto
de 2012.
88.2 Consta que la actora efectuó cotizaciones al extinto Instituto de
Seguros Sociales, hoy Colpensiones, durante el período comprendido
entre el 28 de julio de 1989 y el 30 de septiembre de 2003 y acumuló
639, 71 semanas.18, que equivalen a 12 años aproximadamente.
88.3 Según certificado de la Gobernación de Santander, la actora se
vinculó por primera vez a la docencia, el 12 de mayo de 2003 por orden
de prestación de servicios, tal como se observa en el siguiente
documento:
17
Archivo 0019, demanda y anexos folio 17, expediente del tribunal.
18
Archivo 0019, demanda y anexos, pág. 21 a 27, expediente del tribunal
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88.4 De acuerdo con los formatos únicos para la expedición de certificados de
historia laboral expedidos por la Secretaría de Educación del departamento de
Santander, la demandante se vinculó como docente en propiedad al servicio de ese
ente territorial, a partir del 1° de agosto de 2006 y a la fecha de expedición del
certificado – 14 noviembre 2018 – reporta un total de tiempo de 12 años, 3 meses y
14 días.19
89. El siguiente cuadro muestra los tiempos de servicios de la actora, tanto en el
sector privado como en el público docente:
CUADRO DE TIEMPO DE SERVICIOS
Pensión de jubilación por aportes — docente sector oficial (Gobernación de Santander)
Fecha Fecha Tiempo (a / m
No. Período / descripción Semanas
inicio terminación / d)
I. Cotizaciones al ISS - hoy Colpensiones
Cotizaciones ISS / 12 a. / 3 m. /
1 28/07/1989 30/09/2003 639,71
Colpensiones 17 d.
12 a. / 3 m. /
Subtotal ISS / Colpensiones: 639,71
17 d.
II. Vínculos por orden de prestación de servicios — OPS (Gobernación de Santander)
0 a. / 2 m. / 30
2 OPS — docencia 12/05/2003 11/08/2003
d.
1 a. / 3 m. / 10
3 OPS — docencia 31/03/2004 11/07/2005
d.
0 a. / 9 m. / 16
4 OPS — docencia 14/10/2005 30/07/2006
d.
OPS — docencia
[no [no computable]
— [EXCLUIDO: traslape con 01/08/2006 30/04/2007
computable] por traslape
vinculación en propiedad]
2 a. / 3 m. / 26
Subtotal OPS (períodos computables):
d.
III. Vinculación en propiedad — docente (Gobernación de Santander)
Docente en propiedad —
según certificado Sec. 12 a. / 3 m. /
5 01/08/2006 14/11/2018
Educación Santander 14 d.
(expedido 14/11/2018)
12 a. / 3 m. /
Subtotal en propiedad:
14 d.
Total, tiempo de servicios como docente (OPS + propiedad, sin 14 a. / 7 m. /
traslape): 10 d.
19
Archivo 0019, expediente del tribunal, pág. 28 a 30
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TOTAL (ISS/Colpensiones + docencia, sin doble contabilización): 29 a. / 2 m. / 23 d.
Observación — período excluido por traslape: El certificado de OPS expedido por la Gobernación de
Santander registra un contrato que comprende del 1° de agosto de 2006 al 30 de abril de 2007. Dicho período
coincide con el inicio de la vinculación en propiedad (1° de agosto de 2006), por lo que no es posible
contabilizarlo dos veces. En consecuencia, ese lapso se excluye del cómputo de OPS y se imputa
exclusivamente a la vinculación en propiedad, único modo de evitar una doble contabilización que inflaría
artificialmente el tiempo total de servicios.
90. Finalmente, se encuentra demostrado que el 10 enero de 2019, la actora solicitó
el reconocimiento de la prestación económica a la entidad demandada, la cual fue
negada por intermedio de la carta consec. 03.0.2.1.4-02978.
2.2.1.7. Caso concreto
91. Para resolver el presente asunto, se recuerda que el Tribunal Administrativo de
Santander en su sentencia de primera instancia, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y, a título de restablecimiento, concedió la pensión de
jubilación en favor de la señora Clara Inés Rodríguez Duarte a partir del 28 de
agosto de 2012, conforme lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.
92. Inconformes con esa decisión, ambas partes formularon recurso de alzada. La
entidad demanda solicitó la revocatoria de la providencia y expuso que a la
demandante no le asiste el derecho al reconocimiento pensional conforme a la Ley
71 de 1988 sino con la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.
93. Por su parte la actora, adujo en su recurso que su reconocimiento pensional
debe concederse conforme a la citada Ley 71 de 1988, toda vez que cumplió con
más de veinte años de aportes tanto al sector privado como al público. Además, que
no se le debe exigir retiro del servicio para disfrutar de su prestación económica.
94. La Sala encuentra que la demandante ejerció funciones como docente durante
un periodo significativo anterior al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003, circunstancia que, conforme a la jurisprudencia reiterada de
esta Corporación, resulta determinante para la definición del régimen pensional
aplicable, con independencia de la modalidad formal de vinculación.
25
Radicación: (0563-2025)
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95. En tales circunstancias, le asiste el derecho a que su pensión de jubilación sea
estudiada conforme a las normas anteriores a esa data, esto es, conforme al artículo
15 de la Ley 91 de 1989 que remite a los regímenes pensionales del sector público
del orden nacional consagrados en los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y Ley
33 de 1985 e incluso la Ley 71 de 1988 que hace alusión a la pensión por aportes.
96. De otro lado, se estableció que la actora efectuó cotizaciones al extinto Instituto
de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, durante el periodo comprendido entre el
28 de julio de 1989 y el 30 de septiembre de 2003, que arrojó un total de 639,71
semanas que equivalen a algo más de doce años. No obstante, debe efectuarse el
cálculo exceptuando los tiempos traslapados para evitar conteo doble.
97. De acuerdo con esas cotizaciones tanto en el sector privado como en el público,
la norma que acoge esas circunstancias es la Ley 71 de 1988 que consagra la
pensión por aportes y exige 20 años de aportes acumulados en cualquier tiempo
entre entidades de previsión del sector público y el ISS (hoy Colpensiones), la edad
de 55 años para mujeres y una tasa de reemplazo del 75% del salario promedio que
sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios.
98. Así las cosas, la situación pensional de la demandante presenta las siguientes
características: Nació el 28 de agosto de 1957, por lo cual, cumplió 55 años el mismo
día de igual mes de 2012; efectuó aportes por más de 12 años al extinto Instituto de
Seguros Sociales, hoy Colpensiones, durante el período comprendido entre el 28
de julio de 1989 y el 30 de septiembre de 2003; se vinculó al servicio oficial docente
con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812
de ese año, por órdenes de prestación de servicios desde el 12 de mayo de 2003.
Sin embargo, las fechas que se encuentran sobre puestas o con traslape, no se
pueden tener en cuenta porque contarían doble, concretamente, el período
comprendido desde el 13 de mayo hasta el 30 de septiembre de 2003. Finalmente,
fue nombrada en propiedad como docente a partir del 1° de agosto de 2006 y, al 14
noviembre 2018, reportaba un total de tiempo de 12 años, 3 meses y 14 días.
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Radicación: (0563-2025)
Demandante: Clara Inés Rodríguez Duarte
Demandado: Nación – Ministerio de Educación -FOMAG
99. Conforme al cálculo respectivo, cuando cumplió los 55 años de edad (28 de
agosto de 2012), ya había efectuado aportes por más de veinte años al sector
privado y público, por lo que hay lugar a la aplicación de la Ley 71 de 1988.
100. En tales condiciones, le asiste el derecho al reconocimiento pensional
conforme a dicha norma, a partir del 28 de agosto de 2012, sin necesidad de recurrir
al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que consagra el régimen de transición como
erradamente lo hizo la sentencia de primera instancia, toda vez que, como antes se
mencionó, bastaba con demostrar vinculación al servicio docente con anterioridad
al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de ese año, bajo
cualquier modalidad, como en efecto se acreditó y con los factores salariales
consagrados en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985 y todos aquellos que sean factor
salarial, de acuerdo con las disposiciones legales.
101. En lo que tiene que ver con la compatibilidad entre salario y pensión de la
docente, esto es, tal como se analizó en la parte normativa de esta providencia, la
demandante no debe demostrar retiro del servicio para disfrutar de la prestación
periódica aquí reconocida, toda vez que la jurisprudencia ha reiterado que los
maestros oficiales pueden percibir salario y pensión simultáneamente, tanto si se
vincularon antes como después de la Ley 812 de 2003, dado que este beneficio se
reconoce por razón de la actividad docente oficial y no por la pertenencia a un
régimen específico.
102. En consecuencia, el análisis conjunto del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y
del artículo 7 de la Ley 71 de 1988, aplicado al caso concreto, da lugar a la
modificación y adición de la sentencia de primera instancia, al haber reconocido la
pensión a la demandante aplicando el régimen de la Ley 100 de 1993, modificada
por la 797 de 2003, condicionado al retiro del servicio.
3. Análisis de la prescripción
103. El tribunal, en su sentencia de primera instancia, obvió el análisis de esta figura
extintiva del derecho, por lo que desatendió el mandato del artículo 187 del CPACA.
Por esa razón, aunque no fue objeto de apelación, corresponde a la sala abordarlo
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Radicación: (0563-2025)
Demandante: Clara Inés Rodríguez Duarte
Demandado: Nación – Ministerio de Educación -FOMAG
en esta segunda instancia, a fin de emitir una decisión en derecho y por tratarse de
un tema que involucra el interés general y el patrimonio público.
104. En efecto, el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 en armonía con el 102 del
Decreto 1848 de 1969, disponen que los derechos laborales y prestacionales
prescriben en tres años contados a partir de que se hayan hecho exigibles y que, el
simple reclamo escrito, la interrumpe por un lapso igual.
105. En este caso concreto, se observa que la actora adquirió el status pensional el
28 de agosto de 2012, pero solo efectuó la reclamación el 10 de enero de 2019,
petición que dio lugar al acto demandado. En tales condiciones, se encuentran
prescritas las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 10 de enero de
2016 y así se declarará en la parte resolutiva de esta sentencia, adicionando en ese
sentido la de primera instancia.
4. Costas
106. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos establecidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011;
por lo tanto, no se impondrá condena en costas.
5. Conclusión
107. La sentencia apelada será modificada y adicionada, toda vez que el tribunal
concedió la pensión a la actora con base en la Ley 100 de 1993 cuando debió
resolverse conforme a la Ley 71 de 1988, con los factores salariales consagrados
en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985 y todos aquellos que sean factor salarial, de
acuerdo con las disposiciones legales y sin necesidad de acreditar retiro del servicio
para disfrutar de la prestación. Además se incluirá la prescripción de las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 10 de enero de 2016, análisis que fue
omitido por el A-quo.
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Radicación: (0563-2025)
Demandante: Clara Inés Rodríguez Duarte
Demandado: Nación – Ministerio de Educación -FOMAG
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo, parte resolutiva de la sentencia del
siete (7) de noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones, el cual,
quedará así:
SEGUNDO. A título de restablecimiento, condenar a la Nación – Ministerio de Educación –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar una pensión
de jubilación en favor de la señora Clara Inés Rodríguez Duarte, a partir del 28 de agosto de
2012, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 71 de 1988. Para la liquidación deberá tener en
cuenta los factores salariales enlistados en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, conforme las
razones señaladas en la parte motiva de esta sentencia y todos aquellos percibidos que sean
factor salarial, de acuerdo con las disposiciones legales.
Se aclara que el disfrute de la pensión aquí reconocida es compatible con el salario
devengado por la accionante en calidad de docente, por lo que para la inclusión en nómina
de pensionados no deberá acreditarse el retiro efectivo del servicio.
SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia impugnada en el sentido de declarar la
prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 10 de enero
de 2016, conforme a lo analizado en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Confirmar en lo demás la sentencia apelada.
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
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Demandante: Clara Inés Rodríguez Duarte
Demandado: Nación – Ministerio de Educación -FOMAG
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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