Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2018-00266-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2018-00266-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2018-00266-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
18 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 19001 23 33 000 2018 00266 01 (2093-2022)
Demandante: Miriam Ester Grueso Vanegas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Tema: Pensión jubilación docentes. Si aplica Ley 71 de 1988 porque la
vinculación al servicio educativo fue con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003.
Decisión: Revocar sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante contra la sentencia del 3 de febrero de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
Pretensiones de la demanda
1. Se pretende la nulidad de la Resolución 0114-01-2018 del 19 de enero de
2018 por medio del cual la entidad demanda, negó el reconocimiento y pago de una
pensión jubilación por aportes. A título de restablecimiento del derecho se le
reconozca y pague dicha prestación equivalente al 75% de los salarios y las primas
devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus, con los
reajustes de ley; el pago de intereses moratorios al tenor de lo dispuesto en los
artículos 192 y 195 del CPACA; y se condene en costas a la parte demandada.
Hechos que fundamentan la demanda
2. Se afirma que la actora ha laborado por más de 20 años en el sector público
y privado, realizando los respectivos aportes pensionales; que ha ejercido la labor
docente oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y al momento
de la presentación de la demanda aún se encontraba vinculada; y que cumplió 55
años de vida el 8 de junio de 2015, estimando así que cumple las exigencias de la
Ley 71 de 1988, para que le sea reconocida la pensión por aportes.
Fundamentos de derecho y concepto de violación
3. Señala como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 1, 2, 4, 6, 13,
25, 29, 48, 53, 58 y 243 de la Constitución. Así mismo, las Leyes 6 de 1945 artículo
1
Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
Radicado: 19001 23 33 004 2018 00266 01 (2093-2022)
Demandante: Miriam Ester Grueso Vanegas
17; 33 de 1985; 71 de 1988 artículo 7°; 91 de 1989 artículo 15; 100 de 1993 artículo
279; 812 de 2003 artículo 81 y Acto Legislativo 01 de 2005, entre otros.
4. En síntesis, alega que con el acto administrativo cuestionado se vulneran
tales disposiciones por interpretación errónea y por falta de aplicación de la misma.
Que la entidad desconoció que la actora inició su labor docente en el año 2000, que
si bien tuvo origen en un contrato de prestación de servicios, es viable su cómputo
y por tanto le resulta aplicable la Ley 71 de 1988, quedando excluida de acreditar
los requisitos del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, estatuto del cual
además se encuentra exceptuados los educadores.
5. Que la liquidación de la prestación debe efectuarse con inclusión de todos los
factores devengados en el último año anterior al estatus.
Contestación de la demanda
6. La entidad demandada no ejerció su derecho de defensa, y así lo señaló el a
quo en auto de 18 de enero de 2021.
Sentencia de primera instancia2
7. El Tribunal Administrativo del Cauca en sentencia de 3 de febrero de 2022,
negó las pretensiones de la demanda, y condenó en costas a la parte demandante.
8. Inicialmente indicó que, la actora si acredita una vinculación docente antes de
la fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que en principio le
resultaría aplicable la Ley 33 de 1985; sin embargo, dado que aquélla alega haber
laborado en el sector público y privado debe verificarse las exigencias de la Ley 71
de 1988, para lo cual es necesario que aquélla demuestre cumplir los requisitos
contemplados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hecho este último que no
ocurre, pues, para la entrada en vigor de dicha ley solo tenía 33 años de edad y 4
años, 4 meses y 14 días de servicio, lapso durante el cual no acredita aportes a
pensión; por lo que no era beneficiaria del régimen de transición. Precisa que,
durante la labor docente ejecutada mediante prestación de servicios tampoco probó
haber realizado aportes, sumado a que mal haría el tribunal en tener en cuenta para
efectos pensionales una labor frente a la cual no media una declaración de existencia
de un contrato realidad, y la parte tampoco solicitó ello con las pretensiones.
9. Así, concluyó que la situación de la demandante se rige por la Ley 100 de
1993, en consecuencia no es posible abordar el estudio de requisitos dado que ello
no fue solicitado con la demanda.
Recurso de apelación3
10. La demandante insistió en que cumple con las exigencias para que le sea
aplicable la Ley 71 de 1988, no siendo factible exigirle acreditar los requisitos del
2
Folios 134-145 del expediente
3
Folios 150-158 del expediente
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Demandante: Miriam Ester Grueso Vanegas
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pues, su vinculación al servicio docente
ocurrió antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y que en todo caso,
los docentes están excluidos de la aplicación de la Ley 100 de 1993.
11. Estima que debe valorarse el tiempo servido como docente mediante contrato
de prestación de servicios para efectos pensionales, en virtud del principio de
primacía de realidad sobre las formas, como así lo ha considerado el Consejo de
Estado. Sustenta sus pretensiones también en la sentencia de unificación de 25 de
abril de 2018, emitida por esta Sección Segunda, pidiendo que se revoque la
sentencia y en su lugar se acceda a lo solicitado con la demanda.
11.1. Trámite correspondiente a la segunda instancia
12. Mediante auto de 15 de septiembre de 2023, se admitió el recurso de
apelación presentado por la parte demandante.
13. En esta oportunidad intervino aquella solicitando revocar la sentencia de
primera instancia, por considerar que cumple con los presupuestos legales para
obtener el beneficio de la pensión por aportes en los términos de la Ley 71 de 1988.
Mientras que la demandada y el agente del Ministerio Publico que actúa ante esta
Corporación, guardaron silencio.
14. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
15. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4. Así, al tenor de lo dispuesto en
el artículo 328 del Código General del Proceso5, la competencia del juez de segunda
instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el
caso de la referencia, únicamente la parte demandante presentó recurso de alzada,
el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.
Problema jurídico
16. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Miriam Ester
Grueso Vanegas, tiene derecho a que se le aplique el régimen pensional establecido
4 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
5 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.»
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en la Ley 71 de 1988 al haber cotizado tanto en el sector público como privado, o,
por el contrario, no reúne los requisitos legales exigidos para acceder a dicho
beneficio pensional como lo dispuso el a quo.
Normativa y jurisprudencia aplicable al caso
Del derecho pensional de los docentes
17. La Ley 812 de 20036 en torno al sector de educación nacional, definió el
régimen prestacional de los docentes, distinguiendo entre quienes se vincularon
antes de la entrada en vigencia de dicha ley, y quienes lo hicieron con posterioridad
a esta. Se destaca:
“ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El
régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se
encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los
derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de
la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
(…)”
18. Dicho régimen anterior no es otro que el contemplado en la Ley 33 de 1985,
que en su artículo 1° dispone el reconocimiento de una pensión de jubilación; la cual
fue modificada por la Ley 62 de 1985, en la que enlistan los factores a tener en cuenta
para efectos de liquidación de la mentada prestación, a saber: asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio.
19. De manera que, existía un régimen prestacional para los empleados públicos,
y otro para los trabajadores del sector privado. Así entonces, respecto de quienes no
alcanzaban a completar los requisitos exigidos en uno u otro régimen, surge la Ley
71 de 1988, por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras
disposiciones, y que en el artículo 7° dispuso los requisitos para acceder a una
pensión a partir de la suma de los períodos cotizados y laborados tanto en el sector
público como en el privado:
“ARTÍCULO 7.º A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y
acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces,
del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el
Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre
6 mediante la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario
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que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años
o más si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y
pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las
entidades involucradas.”
20. En ese orden de ideas, debe verificarse si la mentada pensión de jubilación
por aportes es aplicable al sector docente, y de ser así, que requerimientos deben
cumplirse para el efecto. Para dar respuesta a ello, es menester señalar que dicho
análisis demanda la aplicación de la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019
(SUJ-014-CE-S2-2019), expedida por la Sección Segunda del Consejo de Estado 7,
dado que fijó reglas respecto a la forma de liquidación de la pensión de jubilación a
los docentes, teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 91 de 1989. Y a su vez
se analizaron los diferentes regímenes aplicables a dicho sector, atendiendo a la
fecha de ingreso al servicio docente, ello en consonancia con lo dispuesto en el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
21. Por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas fijadas en ésta tienen
valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones
ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
22. De manera que, del fallo de unificación referenciado, se advierte que para
efectos del régimen pensional del docente, resulta relevante establecer la fecha de
su primera vinculación al magisterio, pues, en concordancia con el artículo 81 de la
Ley 812 de 2003 i) los educadores que estuvieren vinculados al servicio oficial les
será aplicable el régimen dispuesto para el Magisterio en las disposiciones vigentes
con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, a saber, el 27 de junio de
2003; normativa que no sería otra que la referida en el artículo 15 de la Ley 91 de
19898 , como más adelante se explicará. Y ii) los docentes oficiales que ingresen a
partir de la vigencia de la ley mencionada, les resultaría aplicable el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
los requisitos previstos en el, con excepción de la edad de pensión de vejez que será
de 57 años para hombres y mujeres.
23. Aunque se establecieron esos dos escenarios para la aplicación de las
normas que rigen el reconocimiento pensional de los docentes de acuerdo con su
fecha de vinculación; la Sección Segunda no hizo ningún tipo de diferenciación frente
al tipo de vinculación, ya sea en propiedad o provisionalidad, para catalogar los
tiempos de servicios, ni tampoco se indicó que perderían los derechos a la aplicación
de la Ley 33 de 1985 en caso de presentarse el fenómeno de la solución de
continuidad establecido en el Decreto 3135 de 1968.
7 Expediente 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-17)
8 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
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24. En dicha oportunidad, dado que los fundamentos de hecho no daban lugar a
ello, no se analizó el supuesto en que el educador bajo dicho vínculo oficial no
alcanza el cumplimiento de los requisitos para obtener la pensión, no obstante, tiene
acreditadas cotizaciones en virtud de una labor desarrollada en el sector privado,
aportes que se hicieron en su momento al Instituto de Seguro Social, hoy,
Colpensiones.
25. Ante ese panorama, se estima que no existe ninguna justificación jurídica que
imposibilite extender la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes, máxime que
los antecedentes legislativos9 de la Ley 91 de 1989, la cual en su artículo 15 remite
al régimen jurídico del sector público nacional, dan cuenta que se contempló y validó
que la mentada Ley 71 beneficia también a los educadores del magisterio 10. A lo que
se suma que la Sección Segunda del Consejo de Estado sentencia de 19 de enero
de 2023,11 también avaló la aplicación de la Ley 71 de 1988 al sector docente,
teniendo en cuenta además las previsiones de la sentencia de unificación de 2019,
tantas veces mencionada12, precisando a su vez que los factores de liquidación
corresponden a los enlistados en la Ley 62 de 1985, sobre los cuales se hubieran
efectuado cotizaciones.
26. Sobre este último aspecto relacionado con los factores de liquidación, la Sala
estima que hay que tener en cuenta además de lo dispuesto en la Ley 62 de 1985,
los factores que en disposiciones posteriores se les haya dado carácter salarial,
como por ejemplo la bonificación mensual de docentes y directivos docentes
(Decreto 1566 de 2014) y la bonificación pedagógica (Decreto 2354 de 2018); no
siendo posible extenderse a incluir la totalidad de factores sobre los que hubiere
cotizado en el año anterior a la adquisición del estatus, pues, ello podría tener como
consecuencia la existencia de distintos regímenes al interior del servicio docente,
que conllevaría a la vulneración de derechos como el de igualdad, y desconocería lo
dispuesto en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, con la cual se
abandonó el criterio jurisprudencial de la sentencia del 4 de agosto de 2010, que
avalaba dicha liquidación con todos los emolumentos percibidos, al margen de si
estaba o no contenidos en las disposiciones de liquidación pensional.
27. Así entonces, concluye la Sala lo siguiente:
27.1 Que los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003, se les aplica el
régimen prestacional vigente con anterioridad a la Ley 812 de 2003, a saber, el
contenido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que en el numeral 2° inciso 2°
establece que los educadores vinculados a partir del 1 de enero de 1981,
nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de
9
Gaceta del Congreso de la República 103 de fecha 17 de octubre de 1989.
10 “Acerca del artículo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: la Ley 71 de 1988 sobre pensiones de jubilación;
recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto.
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los servicios asistenciales
a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo permite.
11
C.P. William Hernández Gómez – Expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022)
12
Se aclaró también que no les es aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 (artículo 36), y por ende tampoco
están sometidos al ingreso base de liquidación contemplado en el artículo 21 de aquella, los educadores vinculados antes de
la vigencia de la Ley 812 de 2003.
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enero de 1990, se les tendrá en cuenta el régimen pensional del sector público
nacional.
27.2 Este régimen pensional del sector público nacional, no sería otro que el
contenido en las Leyes 33 de 1985, 62 de 1985 y la Ley 71 de 1988.
27.3 Así, la liquidación de la pensión jubilación por aportes deberá efectuarse
con base en el 75% del promedio de los salarios y factores devengados en el
último año anterior a la causación del estatus pensional, sobre los que hubiere
cotizado, y que figuren enlistados en la Ley 62 de 1985 -atendiendo las
previsiones de la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019; pero también
los establecidos en disposiciones posteriores a los que se les haya dado carácter
salarial, como por ejemplo los Decretos 63313 y 634 de 200714, la bonificación
mensual de docentes y directivos docentes (Decreto 1566 de 2014) y la
bonificación pedagógica (Decreto 2354 de 2018).
27.4 Mientras que los docentes vinculados con posterioridad a la vigencia de la
Ley 812 de 2003, están sujetos sujetos al régimen de prima media con prestación
definida regulado por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción en la
edad, que será de 57 años tanto para hombres como para mujeres, según el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Y los factores a tener en cuenta para liquidar
serán los dispuestos en el Decreto 1158 de 1994.
Caso concreto
28. Da cuenta el material probatorio que la actora, el 15 de noviembre de 2017 a
través de apoderada solicitó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación
por aportes, la cual fue resuelta desfavorablemente por la Secretaría de Educación
y Cultura del departamento del Cauca a través de la Resolución 0114-01-2018 de
19 de enero de 201815, por cuanto aquella ingresó al magisterio en vigencia de la
Ley 812 de 2003, por lo tanto, se le debía aplicar el régimen previsto en la Ley 100
de 1993, empero solo acreditaba para ese momento 827,54 semanas de las 1.300
exigidas.
29. Ahora, teniendo en cuenta lo expuesto en el acápite del marco normativo y
jurisprudencial, es necesario establecer las disposiciones que regulan la situación
de la demandante, atendiendo a su fecha de ingreso al servicio docente oficial. Pues
bien, la Sala desde ya anuncia que la sentencia será revocada, en tanto existe
prueba en el plenario de que la señora Grueso Vanegas prestó servicios como
docente oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo que permite
la aplicación de la Ley 91 de 1989, que remite al régimen anterior en materia
pensional contemplado en la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988.
13
Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en
los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo oficial.
14
Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en
los niveles de preescolar, básica y media que se rigen por el Decreto-ley 1278 de 2002 y se dictan otras disposiciones de
carácter salarial y prestacional para el sector educativo oficial.
15 Folios 25-26 del expediente
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30. Véase que el material probatorio evidencia que la señora Miriam Grueso
Vanegas nació el 9 de junio de 1960, y laboró en el sector público como docente en
algunos periodos así:
Desde - hasta Tipo de Entidad Aportes Tiempo
vinculación contratante o pensionales
empleadora
17/nov/1989 a -Pública- Municipio de No figura 5 años 3
2/abril/199516 Psicólogo Santiago de Cali meses y 6
días (1922
días)17
11/enero/1996 a Pública ICBF Colpensiones 3 años, 4
30/mayo/199918 meses y 12
días
Sept/1999 a Docente hora Universidad del No figura 5 meses
enero 200019 cátedra mediante Valle
contrato de
prestación de
servicios
01/11/2000 a20 Docente mediante Municipio de No figura 1 mes y 15
15/dic/2000 contrato de Santiago de Cali días
prestación de
servicios
14/marzo/2001 a Docente mediante Municipio de No figura 2 meses y 17
30/mayo/2001 contrato de Santiago de Cali días
prestación de
servicios
31/mayo/2001 a Docente mediante Municipio de No figura 1 mes
29/julio/2001 contrato de Santiago de Cali
prestación de
servicios
11/feb/2002 a Docente hora Universidad del No figura 4 meses y 11
22/junio/200221 cátedra -contrato Valle días
fijo inferior a un
año
16 Folio 28 del expediente
17 El tiempo total fue de 5 años 4 meses y 16 días (1962 días), sin embargo, el mismo certificado indica que
deben descontarse 40 días.
18 Certificado de información laboral-formato N° 1y Formato N° 3 (B) certificado de salarios mes a mes obrantes
en medio digital en CD -folio 114 del expediente (folios 67-69 del archivo en pdf)
19 Conforme certificado expedido por el Director del Cauca - Sede Norte, obrante en cd -folio 114 del
expediente – archivo pdf folio 64
20 La labor docente mediante contratos de prestación de servicios entre los años 2000 a 2003 con la Secretaría
de Educación de Cali fueron certificados por la Subsecretaría Administrativa y Financiera de dicha de la
Secretaría de Educación, el 4 de julio de 2017, documento que obra en el plenario a folio 28.
Igualmente obra certificado de tiempo de servicios emitido por el Subsecretario Administrativo de la dependencia
en cita, de fecha 10 de junio de 2011, en el que se discriminan las distintas vinculaciones, entre estas las de
docente mediante contrato de prestación de servicios. Ver cd obrante a folio 114 del expediente -archivo pdf folio
62
21 Certificado emitido por la Jefe Administrativa y Operativa de la Universidad del Valle obrante a folio 65 del
archivo pdf -cd folio 114 del expediente
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Radicado: 19001 23 33 004 2018 00266 01 (2093-2022)
Demandante: Miriam Ester Grueso Vanegas
23/junio/2002 a Docente -contrato Municipio de No figura 19 días
12/julio/200222 de prestación de Santiago de Cali
servicios
07/enero/2003 a Docente mediante Municipio de No figura 3 meses y 1
07/abril/2003 contrato de Santiago de Cali día
prestación de
servicios
8/abril/2003 a Docente Municipio de FOMAG 2 años, 4
26/agosto/2005 Nombramiento en Santiago de Cali meses y 19
provisionalidad- días
Resolución 107 de
2003
06/sep/2005 a Docente Municipio de FOMAG 3 años, 3
12/dic/2008 Nombramiento en Santiago de Cali meses y 7
provisionalidad- días
Resolución 1943
de 2005
19/marzo/2009 a Docente Municipio de FOMAG 1 mes y 15
3/mayo/2009 Nombramiento en Santiago de Cali días
provisionalidad-
Resolución 1387
de 2009
4/mayo/2009 a Docente Municipio de FOMAG 6 meses y 2
2/nov/2009 Nombramiento en Santiago de Cali días
provisionalidad-
Resolución 2658
de 2009
3/nov/2009 a Docente Municipio de FOMAG 1 mes y 14
16/dic/2009 Nombramiento en Santiago de Cali días
provisionalidad-
Resolución 9277
de 2009
5/feb/2010 a Docente Municipio de FOMAG 2 meses y 2
6/abril/2010 Nombramiento en Santiago de Cali días
provisionalidad-
Resolución 0789
de 2010
30/oct/2014 a Docente Municipio de FOMAG 3 años, 3
21/febrero/201823 Nombramiento en Santiago de Cali meses y 23
provisionalidad- días
Resolución 1832de
2014
Total, tiempo de servicio 19 años, 11
meses y 29
días
22 Si bien este tiempo de servicio transcurrió entre el 21/mayo/2002 a 12/julio/2002 (1 mes y 22 días), solo se
computará a partir del 23 de junio y hasta el 12 de julio de 2002 (19 días), pues, existe simultaneidad con el
periodo anterior laborado en la Universidad del Valle
23 Extremo final contabilizado a la fecha en que se expide la certificación por la Secretaría de Educación de Cali,
pues, la docente continuaba activa.
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31. Cabe destacar que no se incluyó el tiempo laborado durante los siguientes
periodos por existir simultaneidad i) Septiembre/1997 a enero/1998, Febrero/1998 a
junio/1998, septiembre/1998 a enero/199924 ii) 17 de febrero a 1° de abril de 200325.
32. En el reporte de semanas cotizadas emitido por Colpensiones que reposa en
el expediente se registró una totalidad de 401,86 semanas cotizadas
correspondientes al periodo comprendido entre el 1° de enero de 1996 hasta el 30
de septiembre de 2014, por los periodos laborados en el sector privado de manera
discontinua. Sin embargo, la Sala solo computará para efectos de la pensión que
se reclama, las cotizaciones efectuadas desde i) el 01 de diciembre al 31 de
diciembre de 2001, ii) 01 de febrero hasta el 10 del mismo mes del año 2002, iii) 1°
febrero hasta el 31 de diciembre de 2012, y v) 1° de julio 2013 hasta el 30 de
septiembre de 2014, todo esto para un total de 2 años 2 meses y 10 días (semanas
cotizadas). Lo anterior, teniendo en cuenta que por los periodos restantes existe
simultaneidad, no siendo posible computar dos veces la misma labor.
33. Ahora, de conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo
transitorio 126 del artículo 48 de la Constitución Política, los maestros que ingresaron
a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003 se rigen por las disposiciones
vigentes con anterioridad a esa fecha, mientras que quienes lo hicieron después
quedan sujetos al régimen de prima media regulado en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con la particularidad de que la edad de jubilación se fija en 57 años tanto
para hombres como para mujeres.
34. Sobre este aspecto, la sentencia de unificación del Consejo de Estado (SUJ-
014-CE-S2-19 de 25 de abril de 2019) estableció que los educadores vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 se sujetan al régimen especial previsto
en la Ley 91 de 1989, que remite a las disposiciones de la Ley 33 de 1985 y, en
ciertos supuestos, también a la Ley 71 de 1988. Esta última resulta aplicable cuando
el interesado acredita tiempos de servicio en el sector público y en el privado, pues
permite la acumulación de aportes.
35. En ese orden debe destacarse que, contrario a lo señalado por el a quo, a la
actora no le son aplicables las disposiciones de las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, y su acceso al régimen pensional de la Ley 71 de 1988 no está condicionado
al cumplimiento de los requisitos de la transición que establece el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993.
24 Como Docente hora cátedra mediante contrato de prestación de servicios con la Universidad del Valle, pues,
resultan simultáneos con la labor en el ICBF
25 Docente hora cátedra - contrato fijo inferior a un año con la Universidad del Valle, la cual resulta simultanea
con la actividad docente prestada al servicio del Municipio de Cali.
26 "Parágrafo transitorio 1o. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de
esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los
derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del
artículo 81 de la Ley 812 de 2003".
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36. De otro lado, se tiene que, conforme al principio de condición más beneficiosa,
lo relevante para determinar el régimen aplicable no es la permanencia continua en
el cargo al momento de la expedición de la Ley 812 de 2003, ni el tipo de vinculación
que da lugar a la labor docente oficial sino la fecha de la primera vinculación como
docente oficial. En este sentido, la jurisprudencia de la Sección Segunda ha
sostenido que la existencia de interrupciones en la prestación del servicio no
desvirtúa la posibilidad de aplicar el régimen especial vigente antes de 2003, en tanto
la finalidad de la norma es proteger las expectativas legítimas de quienes ya habían
ingresado al magisterio.
37. Bajo esta regla, no resulta atendible la conclusión del a quo en cuanto a que
el tiempo laborado mediante contratos de prestación de servicios no es posible
tenerlo en cuenta para los efectos pensionales que se reclama, en tanto no existe
una declaratoria de existencia de un vínculo laboral, y tampoco se hicieron los
aportes correspondientes; pues, se itera, lo determinante no es el tipo de vinculo,
bien puede tratarse de nombramientos legales y reglamentarios en propiedad, o en
provisionalidad, como docente interino, o a través de contratos de prestación,
siempre y cuando corresponda a una actividad educativa antes del 27 de junio de
2003. Y en torno a los aportes, esta Corporación en asuntos de similar naturaleza ha
precisado que el hecho de que no se hubieren realizado los mismos, no imposibilita
el reconocimiento pensional, pues, en este caso el Fomag debe adelantar las
gestiones necesarias para obtener los mismos, como así se ha ordenado de manera
reiterada.
38. Así entonces, dado que no está en discusión la actividad como docente oficial
prestada por la aquí demandante, y descartado el argumento del tribunal para no
valorar este tiempo de servicios prestado de manera discontinua entre los años 2000
a 2003 al municipio de Santiago de Cali, este resulta válido para efectos de obtener
la pensión por aportes, ya que se insiste la modalidad de la vinculación no resulta
relevante para los efectos que convoca esta controversia; máxime cuando tal como
lo ha dispuesto esta corporación en la sentencia de unificación CESUJ2-5 del 25 de
agosto de 2016, la actividad educativa desarrollada mediante dichos contratos no
difiere a la adelantada en virtud de una designación legal y reglamentaria, e incluso
en materia de docentes en esa oportunidad se señaló que es viable presumir la
existencia de un vínculo laboral, y tener en cuenta dicho tiempo servido, entre otros,
para efectos pensionales.
39. Ahora, aun cuando en este asunto no hay lugar a establecer o declarar la
existencia de una verdadera relación laboral respecto al tiempo prestado como
docente en establecimientos oficiales mediante contrato de prestación de servicios,
en tanto no hace parte de la controversia, nada impide valorar dichos periodos para
efectos de la prestación que se reclama, máxime que el tipo de vinculación 27 no le
resta valor al hecho probado de que se ejecutó la actividad docente oficial.
27 Se itera, mediante contrato de prestación de servicios
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40. Así entonces, está acreditado que el actor acumuló más de 20 años de
servicios en los sectores privado (entre los años 2001 y 2004 de manera
discontinua)28 y público (entre los años 1989 a 201829), y cumpliendo con la edad de
55 años el 09 de junio de 201530, por lo que tiene derecho a que le sea reconocida
la pensión jubilación por aportes, adquiriendo el estatus pensional el 4 de diciembre
de 2015 cuando cumplió los 20 años de servicio.
41. En cuanto a la prohibición del artículo 128 de la Constitución Política, esta
Subsección reitera que tal disposición no impide la compatibilidad entre la asignación
docente y la pensión de jubilación por aportes, pues, atendiendo a la fecha de
vinculación al servicio educativo oficial de la actora, esta se encuentra cobijada por
la excepción consagrada en el literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 y por
consiguiente es beneficiaria de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el
salario en los términos del artículo 5.° del Decreto 224 de 1972.
42. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia del 3 de febrero de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca que negó las pretensiones de la
demanda de la referencia. En su lugar, se declarará la nulidad del acto administrativo
acusado, y se ordenará al Fomag reconocer y pagar a la actora una pensión
jubilación por aportes con base en la Ley 71 de 1988, en cuantía equivalente al 75%
del promedio de los factores salariales sobre los cuales se realizaron o debieron
realizarse los aportes durante el año anterior a la consolidación del estatus
pensional, incluyendo como factores salariales únicamente sobre los que se
hubiesen realizado o debido realizar cotizaciones de aquellos previstos
expresamente en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, así como los consagrados en
normas posteriores con carácter salarial31 para efectos pensionales en el caso de los
educadores, siempre que los haya percibido a la consolidación del estatus pensional,
esto es, entre el 4 de diciembre de 2014 y el 3 de diciembre de 2015. Por lo que
para efectos de la respectiva liquidación deberá tenerse en cuenta lo devengado por
concepto de asignación básica y bonificación mensual32 durante el lapso antes
señalado.
43. En el evento que no se hubieren realizado descuentos para pensión sobre la
bonificación mensual, la demandada en virtud de sus competencias y por tratarse de
aportes imprescriptibles, deberá realizar las gestiones interadministrativas
necesarias para obtener el pago del monto actualizado y total de la cotización sobre
dicho emolumento por parte del municipio de Santiago de Cali en su proporción como
empleador y de la demandante en su porcentaje como trabajadora, para lo cual, solo
bajo ese supuesto, se autoriza el descuento de la condena exclusivamente de los
valores que debía asumir la reclamante.
28 En un total de 1 año, 7 meses y 14 días
29 En un total de 19 años, 11 meses y 29 días conforme se dejó evidencia en cuadro relacionado en el párrafo
30 de la providencia
30 Fecha para la cual aún no cumplía el requisito de 20 años de servicios y aportes pensionales.
31 Por ejemplo, en los Decretos 633 y 634 de 2007, 1566 de 2014 y 2354 de 2018.
32 Conforme formato único para la expedición de certificado de salarios durante dicho periodo devengó
asignación, bonificación mensual, sueldo de vacaciones, prima de navidad, prima de servicios, prima de
vacaciones docentes y subsidio de alimentación- folio 45 del expediente
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44. En torno al fenómeno jurídico de la prescripción, se tiene que no hay lugar a
declarar probada dicha excepción, en tanto, siendo exigible el derecho a partir del 4
de diciembre de 2015, se tiene que se presentó reclamación administrativa el 15 de
noviembre de 2017, y la demanda se radicó el 14 de septiembre de 2018, esto es,
dentro del término de 3 años al que hacen referencia los Decretos 3135 de 1968 y
1848 de 1969.
45. Ahora bien, la circunstancia de que la educadora hubiese sido nombrada bajo
el régimen del Decreto 1278 de 2002 no altera la situación, pues esta normativa no
es la que define el momento de efectividad de la prestación. La jurisprudencia ha
dejado claro que la determinación del régimen pensional de los docentes no depende
de cuál estatuto de profesionalización estuviera vigente al momento del
nombramiento, ni de si se trataba de un maestro nacional, nacionalizado o territorial.
46. En realidad, lo que marca la diferencia para establecer el régimen aplicable
es la verificación de que el primer nombramiento en el sector educativo se haya
realizado antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. Solo bajo esa condición
es posible determinar que la normatividad previa sigue siendo la que gobierna su
situación pensional, sin que resulte procedente trasladar las reglas de estatutos
posteriores para definir el derecho en cuestión.
47. Por otra parte, en aplicación de lo previsto en el artículo 5, numeral 5, de la
Ley 91 de 1989 y en el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994, se dispondrá que el
FOMAG realice las gestiones administrativas pertinentes para realizar el cobro de
las cuotas partes que correspondan por todos los aportes que Colpensiones ha
recibido a nombre del accionante. Dicho trámite tiene como finalidad garantizar la
financiación de la pensión de jubilación por aportes y no afectará en ningún caso el
pago de la mesada correspondiente.
48. De igual forma deberá realizar las gestiones administrativas necesarias para
el cobro de aportes pensionales a la señora Miriam Ester Grueso y el municipio de
Santiago de Cali, respecto de los aportes que debieron realizar como trabajadora y
empleador, en las respectivas proporcionales legales, durante los periodos
comprendidos en los cuales ejerció como docente mediante contratos de prestación
de servicios y que fueron relacionados en el cuadro del párrafo 30 de esta
providencia. Además, respecto a dicho ente municipal deberá gestionar el traslado
de los aportes pensional que se hicieron en virtud de la vinculación pública de la
actora como psicóloga entre los años 1989 y 1995.
49. Las sumas de dinero que resulten de la condena anterior se ajustarán al valor
presente de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el
Consejo de Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
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50. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(RH), que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.
51. Finalmente, respecto a la pretensión de pago de intereses moratorios que se
causen a partir de la ejecutoria de esta sentencia, la Sala no advierte la necesidad
de impartir orden en tal sentido, en tanto dichos intereses se causan por disposición
de la ley, tal como se dispone en el artículo 192 del CPACA.
2.6. Conclusión
52. Por lo anterior, se revocará la decisión del Tribunal Administrativo del Cauca
que negó las pretensiones de la demandante, esto por cuanto se logró acreditar el
cumplimiento de los requisitos exigidos para que su derecho pensional sea analizado
bajo lo contemplado en la Ley 71 de 1988, dado que la vinculación al servicio docente
ocurrió con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
2.7. De la condena en costas en ambas instancias
53. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
54. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
55. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del articulo 188 del CPACA. .
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56. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad -parte vencida-, en ambas
instancias, por cuanto la sentencia de primera instancia será revocada en su
totalidad. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del
Cauca.
57. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 3 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, por medio de la cual negó las pretensiones.
SEGUNDO. En su lugar, DECLARAR la nulidad Resolución 0114-01-2018 del 19 de
enero de 2018 expedido por la Secretaría de Educación y Cultura del Cauca.
TERCERO. ORDENAR a la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) que reconozca y pague una pensión de
jubilación por aportes a favor de la señora Miriam Ester Grueso Vanegas, con base
en la Ley 71 de 1988, equivalente al 75 % del promedio mensual de los factores
salariales devengados y sobre los cuales se hicieron los aportes entre el 4 de
diciembre de 2014 y el 3 de diciembre de 2015, incluidos los previstos en normas
posteriores con carácter salarial para efectos pensionales (asignación básica y
bonificación mensual), efectiva a partir del 04 de diciembre de 2015 sin que se
encuentre condicionada a la demostración del retiro definitivo del servicio. Dicha
prestación deberá ajustarse anualmente en los términos que prevé la ley.
En el evento que no se hubieren realizado descuentos para pensión sobre la
bonificación mensual, la demandada en virtud de sus competencias y por tratarse de
aportes imprescriptibles, deberá realizar las gestiones interadministrativas
necesarias para obtener el pago del monto actualizado y total de la cotización sobre
dicho emolumento por parte del municipio de Santiago de Calo en su proporción
como empleador y de la demandante en su porcentaje como trabajadora, para lo
cual, solo bajo ese supuesto, se autoriza el descuento de la condena exclusivamente
de los valores que debía asumir la reclamante.
CUARTO. ORDENAR a la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) actualizar las sumas adeudadas, según lo
establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, conforme se dispuso en la
parte considerativa.
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QUINTO. ORDENAR a la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en
este fallo dentro del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.
SEXTO. ORDENAR a la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) que adelante las actuaciones administrativas
necesarias para realizar el cobro de las cuotas partes que correspondan por todos
los aportes pensionales que Colpensiones ha recibido a nombre de la señora Miriam
Ester Grueso Vanegas, gestión que no comprometerá el pago de la mesada
pensional.
De igual forma deberá realizar las gestiones administrativas necesarias para el cobro
de aportes pensionales a la señora Miriam Ester Grueso y el municipio de Santiago
de Cali, respecto de los aportes que debieron realizar como trabajadora y empleador,
en las respectivas proporcionales legales, durante los periodos comprendidos en los
cuales ejerció como docente mediante contratos de prestación de servicios y que
fueron relacionados en el cuadro del párrafo 30 de esta providencia. Además,
respecto a dicho ente municipal deberá gestionar el traslado de los aportes pensional
que se hicieron en virtud de la vinculación pública de la actora como psicóloga entre
los años 1989 y 1995.
SEPTIMO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
OCTAVO. Condenar en costas en ambas instancias a la parte vencida -entidad
demandada-, por las razones expuestas en la motivación.
NOVENO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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