6 Ver expediente digital obrante en el primer renglón, índice 2 del registro en SAMAI.
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adjetivas, la importancia de la jurisprudencia como fuente material del derecho,
y la fuerza vinculante que esta debe tener cuando se trata de una sentencia
que unifica decisiones judiciales, pues en ella se interpreta el sentido práctico
de la ley.
Seguidamente planteó que conforme a esta línea jurisprudencial, la
determinación del régimen a aplicar en el caso de los docentes lo define la
fecha en que el educador hubiese ingresado al servicio del Magisterio,
puntualmente, indicó que si este lo hizo antes de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, deberá aplicarse el contenido en la Ley 33 de 1985 o en la
Ley 71 de 1988 según los presupuestos fácticos que acredite el reclamante, y
si lo hizo con posterioridad a la primera ley en comento, se deberán tener en
cuenta las previsiones de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
Añadió que los tiempos servidos a la docencia oficial mediante contratos de
prestación de servicios deben computarse para efectos del reconocimiento
pensional, y si fueron anteriores a la Ley 812 de 2003 deben ser tenidos en
cuenta para conservar el régimen anterior, por cuanto el requisito fijado para
el efecto, es haber estado vinculado al servicio educativo oficial con
anterioridad a su vigencia, como en efecto sucede en el caso de la relación
contractual por OPS.
Frente a la situación particular del libelista adujo que este fue vinculado al
servicio de la educación oficial con antelación a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, pues si bien el vínculo legal y reglamentario con el Magisterio
ocurrió a partir del 15 de marzo de 2004 con los nombramientos provisionales,
conforme a los pronunciamientos de unificación expedidos al interior de los
procesos radicados 0775-2014 y 0088-15, los servicios prestados como
maestro oficial bajo los contratos de prestación de servicios deben tenerse en
cuenta para efectos pensionales.
Precisó además que según se extrae de la providencia proferida por el
Juzgado Tercero Administrativo Oral de Tunja el 28 de junio de 2017 y allegada
dentro del expediente administrativo del demandante, esa autoridad judicial
declaró la relación laboral entre el municipio de Samacá y el señor César
Eduardo Martínez Cuevas desde el año 1992 hasta el año 2002, para lo cual
ordenó a aquella entidad territorial la consignación de los aportes pensionales
a Colpensiones, orden que fue cumplida según se evidencia en las pruebas
relacionadas anteriormente y en el cuadro en que se sintetizó la historia laboral
del libelista por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
Por lo anterior, sostuvo que el régimen pensional que cobija al docente es el
anterior a la vigencia de la Ley 812 de 2003, que en principio sería el contenido
en la Ley 33 de 1985. Sin embargo, dado que el reclamante en este caso
cuenta con cotizaciones efectuadas al antiguo ISS hoy Colpensiones, es
procedente realizar el reconocimiento prestacional por aportes de que trata la
Ley 71 de 1988, toda vez que aquel cuenta con 20 años de servicio y más de
60 años de edad. Aunado a ello manifestó que conforme a lo previsto en el
artículo 10 del Decreto 2709 de 1994, es al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio al que le compete el reconocimiento del derecho en
mención.
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Con base en lo expuesto señaló que la pensión debe liquidarse sobre el 75%
de la asignación básica y la bonificación mensual docente devengados por el
demandante durante el año anterior a la adquisición del status pensional, sin
exigir el retiro del servicio docente conforme lo previsto en los artículos 5.° del
Decreto 224 de 1992 y 70 del Decreto 2277 de 1979, los cuales concibieron
que el goce de dicha prerrogativa no es incompatible con el ejercicio de
empleos docentes, es decir, permite a tales servidores percibir ambos
conceptos simultáneamente.
Frente a la verificación del fenómeno de la prescripción de mesadas, expuso
que no hay lugar a decretarla, toda vez que la exigibilidad del derecho
pensional se dio a partir del 25 de febrero de 2018, mientras que la petición de
reconocimiento se presentó el 6 de septiembre de 2018, es decir, cuando no
habían transcurrido más de tres años entre el primer y el segundo evento como
lo contempla el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968.
Acorde con los anteriores razonamientos, el tribunal de primera instancia
profirió sentencia que en su parte resolutiva se resume de la siguiente manera:
i) declaró la nulidad del acto administrativo cuestionado; ii) ordenó a la entidad
demandada a título de restablecimiento del derecho, reconocer a favor del
señor Martínez Cuevas la pensión de jubilación bajo los preceptos de la Ley
71 de 1988, calculada con el 75% del promedio de la asignación básica y la
bonificación mensual percibidas durante el año anterior a la adquisición del
estatus jurídico pensional, con efectividad desde el 25 de febrero de 2018 y
sin exigir el retiro definitivo del servicio; y iii) condenó a la parte pasiva a pagar
los montos adeudados al libelista de manera indexada.
RECURSOS DE APELACIÓN
Parte demandante7: formuló recurso de apelación contra la decisión reseñada
anteriormente. Solicitó que esta sea revocada de forma parcial, a fin de
modificar la fecha de efectividad de la prestación reconocida.
Sobre el punto adujo que contrario a lo manifestado por el a quo, al 13 de
febrero de 2020 el tiempo laborado por el libelista era de 27 años, 2 meses y
7 días, al punto de que la fecha en que completó 7.200 días laborados o 20
años de servicio, fue el 30 de diciembre de 2012 cuando efectivamente
adquirió el estatus jurídico pensional, ello habida cuenta de que el señor
Martínez Cuevas cumplió 60 años el 15 de noviembre de 2012, es decir,
cuando aún le hacía falta colmar la exigencia del tiempo de labor oficial.
Asimismo señaló que la reclamación administrativa fue radicada ante la
entidad territorial demandada el 4 de septiembre de 2018, por lo que operaria
la prescripción de las mesadas causadas antes del 4 de septiembre de 2015,
data que correspondería a la fecha desde cuando se deberán reconocer las
mesadas pensionales atrasadas a la parte activa.
Por último aseveró que la liquidación de la pensión debía efectuarse con base
en los factores de la asignación básica y horas extras, ello conforme a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 25 de abril de 2019 en desarrollo del proceso con radicación
680012333000201500569-01.
7 Idem.
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Parte demandada8: interpuso recurso de alzada contra la sentencia de
primera instancia en orden de que esta sea revocada y en su lugar se
denieguen los pedimentos del libelista.
Esgrimió inicialmente que contrario a lo que aduce la parte demandante, del
material probatorio practicado en la actuación se encuentra plenamente
acreditado que el señor Martínez Cuevas se vinculó como docente afiliado al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con posterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, al punto de que su régimen
pensional corresponde al de prima media fijado en las Leyes 100 de 1993 y
797 de 2003, es decir, en atención a los requisitos previstos en dicha
normativa, con excepción de la edad de pensión de vejez que es de 57 años
para hombres y mujeres. Sobre el punto resaltó que lo propio fue desarrollado
por el Consejo de Estado en sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019
del 25 de abril de 2019.
Acotó que el docente reclamante adujo que aquel inicialmente fue vinculado
como educador oficial a través de sendas órdenes de prestación de servicios
suscritas con la Secretaría de Educación de Boyacá, las cuales podían ser
desvirtuadas cuando se demostrara la subordinación o dependencia ante el
empleador. Sin embargo, afirmó que el señor Martínez Cuevas no probó la
ocurrencia o configuración de un contrato realidad, mediante el cual se haya
desvirtuado la autonomía e independencia que confluyen en un contrato de
prestación de servicios, por lo que, no ha surgido para la administración el
derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, por cuanto
para el caso sub examine la parte activa no ha perseguido dicha pretensión y
por lo tanto debe considerarse solo como contratista, pues su relación legal y
reglamentaria solo tuvo lugar desde el año 2004.
Con base en lo anterior, sobre la pensión de jubilación por aportes, señaló que
esta se reconoce por la sumatoria de tiempos acumulados a entidades de
previsión social ya sean públicas o privadas, siempre que sea necesario para
completar el total del lapso de servicio en uno u otro régimen. De lo expuesto,
dedujo que no hay lugar a reconocer la prestación debatida en favor del
libelista, por cuanto, si bien este podía cumplir los requisitos para ser titular del
aludido derecho previsto en la Ley 71 de 1988, lo cierto es que aquel no era
beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993.
SOBRE LA ETAPA DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA
INSTANCIA
Una vez presentados los recursos de apelación por ambas partes, al estar
dentro del término procesal correspondiente, el Despacho ponente mediante
auto del 28 de junio de 2022 admitió dichas impugnaciones y, en concordancia
con el artículo 212 del CPACA y el ordinal 5.° del artículo 67 de la Ley 2080 de
2021 a través del cual se modificó el artículo 247 del CPACA, dispuso que por
Secretaría, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la mencionada
providencia, pasara el expediente al Despacho para dictar sentencia, salvo
que las partes presentaran solicitud probatoria.
8 Idem.
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En cumplimiento de lo anterior y en atención a la constancia del 20 de octubre
de 2022, proferida por la Secretaría visible en el índice 13 del registro en
SAMAI, en la cual se indicó que no hubo solicitud de pruebas, se procede a
decidir de fondo el asunto.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos. De igual
forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de
segunda instancia resolverá sin limitaciones cuando las partes hayan
controvertido la totalidad de la sentencia, tal como sucede en el presente caso.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se
resume en la siguiente pregunta:
¿Al señor César Eduardo Martínez Cuevas en su calidad de docente oficial
con acumulación de aportes del sector público y privado, le asiste el derecho
al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a cargo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, ello conforme a la Ley 71
de 1988 en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales
devengados en el año anterior a la adquisición del estatus jurídico respectivo
y con efectividad a partir de tal fecha sin condicionar su goce al retiro definitivo
del servicio?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: debido a la condición especial
de docente oficial que detenta el demandante, resulta aplicable a su caso de
reconocimiento pensional la sentencia de unificación dictada por la Sección
Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 2019, por lo que le asiste el
derecho a que el FNPSM le otorgue y pague una pensión de jubilación de
conformidad con los preceptos de la Ley 71 de 1988, con inclusión solo de los
factores sobre los cuales se hubiesen efectuado aportes, y sin
condicionamiento a la demostración del retiro definitivo del servicio, ello como
se explica a continuación:
La calidad de docente oficial del demandante
En primer lugar, debe tenerse en cuenta que con base en el litigio como fue
fijado y el sustento argumentativo del recurso de apelación de la parte activa,
se infiere que esta instó el reconocimiento de la pensión de jubilación con
fundamento en la Ley 71 de 1988.
Dicha posición jurídica la asumió en el entendido de que a lo largo de su
historia laboral, aquel realizó cotizaciones al entonces ISS (hoy
Colpensiones), provenientes de órdenes de prestación de servicio celebrados
con los municipios de Jenesano y Samacá, a través de las cuales prestaba su
servicio como maestro para la respectiva Secretaría de Educación.
Igualmente indicó que efectuó aportes al Fondo Nacional de Prestaciones
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Sociales del Magisterio en razón de su vinculación legal y reglamentaria como
docente oficial del departamento de Boyacá.
Pues bien, sobre el particular la parte demandada esgrime que el
nombramiento formal del libelista como docente del magisterio oficial, solo
ocurrió hasta el 15 de marzo de 2004 conforme al Decreto 166 del 25 de
febrero del mismo año. Empero, el señor César Eduardo Martínez Cuevas
aduce que a pesar de este hecho, lo cierto es que el desempeño de sus
funciones como educador en las instituciones educativas públicas de la
Secretaría de Educación de los municipios de Jenesano y Samacá, tuvo lugar
desde el 2 de agosto de 1989 en razón de múltiples contratos de prestación
de servicios para ejercer la labor de maestro estatal.
Ahora, con base en estas dos posturas factuales del litigio, resulta evidente
que la entredicha condición de docente estatal, debe ser validada en esta
oportunidad, pues en atención a la data a partir de la cual se asuma dicha
calidad se podrá realizar el análisis pensional adecuado con motivo de la
excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos.
No obstante, para ello es indispensable verificar que en efecto el demandante
en el presente caso, funge o se ha desempeñado como educador al servicio
del Estado. Del material probatorio practicado en el sub examine se destaca
el siguiente a efectos de determinar lo anunciado:
i) En los formatos únicos para la expedición de certificado de historia
laboral expedidos por la Secretaría de Educación del Departamento de
Boyacá el 5 de diciembre de 2018, se observa que el demandante
laboró al servicio del municipio de Jenesano a través de sendas órdenes
de prestación de servicios ejecutadas en los siguientes períodos: i) del
2 de agosto al 30 de noviembre de 1989, ii) del 1.° de febrero al 30 de
noviembre de 1990, y iii) del 1.° de febrero al 30 de noviembre de 1991.
(Ver expediente digital obrante en el índice 2 del registro en SAMAI).
ii) Según el acta de audiencia inicial celebrada por el Juzgado Tercero
Administrativo de Tunja el 28 de junio de 2017 en el proceso 2016-
00014, promovido por el señor César Eduardo Martínez Cuevas contra
el municipio de Samacá, es claro que dicha entidad territorial se obligó
a efectuar aportes a pensión ante Colpensiones por la relación laboral
encubierta entre ambos, cuya existencia se declaró en el proceso 2003-
3483, esto por los siguientes períodos en los que el reclamante se
desempeñó como docente contratado por órdenes de prestación de
servicios, así: i) 1.° de septiembre a 30 de noviembre de 1992, ii) 1.° de
febrero a 31 de mayo de 1993, iii) 1.° de junio a 31 de agosto de 1993,
iv) 1.° de septiembre a 30 de noviembre de 1993, iv) 17 de marzo a 30
de noviembre de 1994, v) 23 de enero a 30 de abril de 1995, y vi) 1.° a
30 de mayo de 1995. (Ver expediente digital obrante en el índice 2 del
registro en SAMAI).
iii) Obra constancia suscrita el 13 de junio de 2003 por el director del
núcleo educativo del municipio de Samacá, en la que expresamente se
reconoce que: «[…] el profesor CÉSAR EDUARDO MARTÍNEZ CUEVAS,
identificado con C.C. Nro. 6.756.058 de Tunja, laboró como docente mediante
sucesivas Órdenes de Prestación de Servicios en este Municipio en las
siguientes Instituciones y Períodos:
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Del 1 de Septiembre de 1992 al 11 de Febrero de 1996 en el Colegio
Nacionalizado.
Del 12 de Febrero de 1996 al 31 de Diciembre de 2002 en el Colegio LA
LIBERTAD. […]». (Ver expediente digital obrante en el índice 2 del
registro en SAMAI).
iv) Formato único para la expedición de certificado de historia laboral
emitido el 12 de febrero de 2021 por la Secretaría de Educación del
Departamento de Boyacá, en el que se indica que el libelista fungió
como docente a través de orden de prestación de servicios vigente
desde el 18 de febrero hasta el 12 de diciembre de 2003. (Ver
expediente digital obrante en el índice 2 del registro en SAMAI).
v) Formato único para la expedición de certificado de historia laboral
emitido el 12 de febrero de 2021 por la Secretaría de Educación del
Departamento de Boyacá del cual se extrae que el docente reclamante
fue vinculado en provisionalidad como maestro estatal desde el 15 de
marzo de 2004 conforme al Decreto 166 del 25 de febrero de 2004, y
ha ejercido como tal al menos hasta la fecha de expedición de aquel
documento. (Ver expediente digital obrante en el índice 2 del registro
en SAMAI)
A partir de lo expuesto, se observa en el sub examine que el libelista se ha
desempeñado como docente en instituciones educativas de los municipios de
Jenesano y Samacá, así como del departamento de Boyacá en los siguientes
períodos: i) del 2 de agosto al 30 de noviembre de 1989, ii) del 1.° de febrero
al 30 de noviembre de 1990, iii) del 1.° de febrero al 30 de noviembre de 1991,
iv) del 1.° de septiembre de 1992 al 11 de febrero de 1996, iv) del 12 de febrero
de 1996 al 31 de diciembre de 2002, y v) del 18 de febrero al 12 de diciembre
de 2003. Estas vinculaciones concretadas a través de sendas órdenes de
prestación de servicios con objetos de cumplimiento de funciones de
enseñanza oficial.
Por otro lado, se destaca que el demandante igualmente ha ejercido labores
como servidor público en calidad de docente oficial al servicio del
departamento de Boyacá, luego de ser nombrado en provisionalidad en el
lapso comprendido entre el 15 de marzo de 2004, y al menos, conforme al
formato único para la expedición de certificado de historia laboral, hasta la
fecha de su expedición correspondiente al 12 de febrero de 2021. Por lo
anterior, durante estos últimos períodos no existe duda de la existencia de una
vinculación legal y reglamentaria con el Estado como educador de este.
Ahora, si bien no se niega la existencia de contratos de prestación de servicios
del demandante con las mentadas entidades territoriales, lo cierto es que tal
hecho de ninguna manera implica asumir que la calidad de sus actividades
fue otra diferente a la de un docente oficial propiamente dicho, esto al margen
de que los efectos jurídicos en cuanto a la relación laboral no se hayan
configurado en su momento.
Lo expuesto implica que sin perjuicio del vínculo contractual existente en los
lapsos aludidos, y sin que en esta sentencia se emita pronunciamiento sobre
una eventual declaratoria de existencia de una relación laboral para aquella
época, sí debe entenderse que el señor Martínez Cuevas ejerció funciones
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propias e inherentes a la condición de docente estatal en cada uno de sus
interregnos de ejecución.
Adicionalmente, esta conclusión halla respaldo en la sentencia de unificación
CESUJ2 n.° 5 del 25 de agosto de 2016 proferida por el Consejo de Estado 9,
en la cual se precisó que «[…] la vinculación de docentes bajo la modalidad de
prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos
es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación,
en razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten
permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes
autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus
funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii)
desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario
académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo
por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades
e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del
Estado. […]».
A partir de este razonamiento, se deduce preliminarmente que ante casos en
los que se avizora el desempeño de actividades y funciones como docente,
fundada en vínculos contractuales con entidades de derecho público o a su
servicio, es posible tener por configurados los tres elementos constitutivos de
una relación laboral, con fundamento en que la misma naturaleza de la
actividad desarrollada por un educador, hace que esta sea necesariamente
personal, remunerada y sometida a reglamentaciones, instrucciones y
lineamientos de obligatorio cumplimiento.
Esto en la medida en que la educación es un servicio público esencial
regulado por directrices imperativas inherentes a la ejecución de una política
pública. Lo anterior se asegura sin perjuicio de la carga probatoria que le
corresponde al docente para «[…] demostrar la permanencia, es decir, que la labor
sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de
comparación con los demás empleados de planta […]»10.
A manera de colofón de estas precisiones, la Subsección encuentra ajustada
a la realidad jurídica y jurisprudencial del caso, el tener como demostrada a
favor del libelista la prestación de servicios propios de un docente oficial por
el tiempo que se ejecutaron los contratos respectivos celebrados entre aquel
y los municipios de Jenesano y Samacá, así como con el departamento de
Boyacá. Ello en atención a que los mentados vínculos contractuales, en
esencia lo que consolidaron fue una relación laboral subrepticia que implica
tener en cuenta su vigencia para efectos de acumular ese lapso al período de
labores del demandante como educador estatal, y por ende que se deriven
las consecuencias, que en lo que respecta al marco normativo aplicable le
correspondían en virtud de dicha calidad, tal como fue deprecado en la
demanda.
No obstante, debe resaltarse que tanto las pretensiones formuladas, así como
el litigio fijado, limitaron los efectos de la referida situación, solo a los impactos
que en lo atinente al derecho a la pensión conlleva esta evidencia de una
relación laboral oculta, y no al reconocimiento de otro tipo de prestaciones o
derechos derivados de un vínculo laboral asimilable al legal y reglamentario
9 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia de Unificación CESUJ2 n.° 5 del 25
de agosto de 2016. Rad.: 23001233300020130026001 (00882015).
10 Ídem.
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que detentan los docentes oficiales, pues ello no había sido materia de
discusión.
En suma, para el caso sub iudice, las referidas consideraciones únicamente
implican tener el período durante el cual subsistió la enervada relación
contractual, como tiempo de servicio efectivamente laborado y acumulable en
materia de acreditación de requisitos para acceder al reconocimiento de una
pensión de jubilación por parte del señor Martínez Cuevas, sobre el cual
efectivamente debieron efectuarse las respectivas cotizaciones.
Lo expuesto también ha sido materia de pronunciamiento por parte de esta
Sala con base en las consideraciones esbozadas, específicamente para
casos de reconocimiento11 y de reliquidación pensional12, que fueron
analizados bajo los mismos supuestos del sub examine, relacionados con
varios docentes que se desempeñaron como tal a través de contratos de
prestación de servicios.
Conforme a este entendido, se estima que, para la solución jurídica del
presente caso, deben aplicarse los postulados a título de reglas previstos en
la sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de 201913,
emanada de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual pese a
relacionarse concretamente con el ingreso base de liquidación en el régimen
pensional de los docentes oficiales vinculados al FNPSM, resulta útil en
cuanto a las previsiones normativas sobre requisitos y condiciones jurídicas
para acceder y consolidar el derecho prestacional propiamente dicho.
Sobre la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de
abril de 2019
Al respecto se recuerda que la providencia en comento fue dictada por la
Sección Segunda de esta Corporación, con el fin de sentar jurisprudencia
respecto del ingreso base de liquidación para determinar la pensión ordinaria
de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al FNPSM,
específicamente en cuanto a la aplicación de la subregla fijada en la sentencia
igualmente de unificación del 28 de agosto de 2018 acerca de los factores
salariales a incluir y en lo atinente a los regímenes existentes para tales
educadores en virtud de las Leyes 91 de 1989 y 812 de 2003.
Empero, al verificar las reglas jurisprudenciales planteadas en aquella
providencia, es dable considerar que esta también desarrolló postulados
claros y de obligatoria observancia sobre los regímenes pensionales
aplicables a los docentes en atención a la fecha de vinculación al magisterio
oficial, debido a la expedición de la Ley 812 de 2003.
Pues bien, la determinación de tal punto es esencial en el sub iudice, habida
cuenta de que al hallar el marco normativo que rige la situación particular del
demandante, es posible verificar el cumplimiento de requisitos y condiciones
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencias del 11 de febrero de 2021 dictadas en los procesos con radicados: 81001-23-33-000-2013-
00079-01 (4021-2014) y 81001-23-33-000-2013-00005-01 (4114-2014); así como en providencia del 18
de febrero de 2021 proferida en el proceso con radicado: 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014).
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 18 de noviembre de 2020. Radicado: 66001-23-33-000-2016-00082-01 (4676-2017).
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de unificación
SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de 2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-2017).
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Radicado: 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022)
Demandante: César Eduardo Martínez Cuevas
para estimar la procedencia o no del derecho pensional reclamado y sus
elementos constitutivos.
Acerca de los efectos de esta decisión, es válido anotar que la misma
sentencia los contempló de manera retrospectiva según su ordinal segundo
de la parte resolutiva, ello a fin de que se extendieran a todas las situaciones
pendientes de definición jurídica que no hayan sido objeto de consolidación
del fenómeno de cosa juzgada, por lo que claramente es pertinente y
necesario su estudio y sometimiento para resolver el asunto sub lite.
Ahora, en concreto, se resalta que a lo largo del proveído aludido, el Consejo
de Estado precisó que de acuerdo con el parágrafo transitorio 1.° del Acto
Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes prestacionales que regulan el
derecho a la pensión de jubilación para los docentes oficiales tanto
nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya aplicación está condicionada a
la fecha de ingreso al servicio educativo estatal, así:
i) Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
quienes, en virtud de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto
en la Ley 33 de 1985 y los factores que se deben tener en cuenta en el ingreso
base de liquidación, son únicamente aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
1.° de la Ley 62 de 1985.
Al respecto, la mencionada providencia fijó la siguiente regla:
«[…] En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan
del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que
se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo. […]» (Negrilla del texto original).
Así, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1.º de enero de 1981 tanto nacionales como nacionalizados, y de los
nombrados a partir del 1.º de enero de 1990 pero en todo caso antes del 27
de junio de 2003 cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, de acuerdo con las
Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes reglas:
Edad: 55 años para hombres y mujeres
Tiempo de servicios: 20 años
Tasa de remplazo: 75%.
Ingreso Base de Liquidación: Que comprende i) el período del último año
anterior a la adquisición del estatus y ii) los factores que hayan servido de
base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
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ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, aplica el régimen pensional de prima media regulado en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, esto con los requisitos previstos en dicha
reglamentación, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres
y mujeres. Para este personal, el ingreso base de liquidación se rige por lo
previsto en la Ley 100 de 1993, con los factores señalados por el Decreto 1158
de 1994, sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.
Sobre este grupo de docentes la sentencia de unificación fijó la siguiente regla:
«[…] Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones. […]» (Negrilla conforme a la
transcripción).
En ese orden, los parámetros que se deben atender para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados
con posterioridad a la Ley 812 de 2003, son los siguientes:
Edad: 57 años para hombres y mujeres
Semanas de cotización: Artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por
artículo 9 de la Ley 797 de 2003
Tasa de remplazo: 65%-85%14
Ingreso Base de Liquidación: Comprende i) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores
al reconocimiento de la pensión y ii) los factores salariales contemplados en
el Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual, gastos de
representación, prima técnica, cuando sea factor de salario, primas de
antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario,
remuneración por trabajo dominical o festivo, bonificación por servicios
prestados, remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o
realizado en jornada nocturna.
En suma, se colige que la aplicación de uno u otro régimen está condicionada
a la primera fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite cada
docente. Para el asunto de marras, tal como se expuso en el acápite referente
a la condición de educador estatal del libelista, este debe ser considerado
como tal desde el 2 de agosto de 1989 cuando ejerció funciones inherentes a
la mentada profesión para el municipio de Jenesano, ello a través de órdenes
de prestación de servicios que comenzaron su ejecución desde dicha data
conforme a la certificación laboral emitida por la Secretaría de Educación del
Departamento de Boyacá, la cual en todo caso es anterior a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003).
De este modo, conforme a las reglas jurisprudenciales precisadas hasta este
punto, el marco normativo aplicable a la situación jurídica del señor Martínez
14 Los porcentajes varían de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
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Cuevas para determinar el derecho prestacional debatido, sería en un primer
acercamiento, el consagrado en la Ley 33 de 1985. Empero, debe tenerse en
cuenta el hecho de que el libelista alega la realización de aportes como
independiente al entonces ISS derivados de sus vínculos contractuales con
las referidas autoridades territoriales, así como los generados en el sector
público ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por
su nombramiento oficial como docente, ello a fin de acreditar el tiempo de
servicio requerido, situación que distorsiona el ajuste de la mentada norma al
caso sub lite.
Acerca de este postulado y como se vislumbra de lo expuesto con antelación,
la sentencia unificadora aludida solo desarrolló la determinación de los
regímenes para los casos de docentes oficiales cuyo tiempo de servicio
hubiese sido prestado únicamente en el sector público y cotizado
exclusivamente al FNPSM. No obstante, dicha providencia se abstuvo de
plantear el supuesto cuando, por ejemplo como sucede en el sub iudice, el
educador también tiene acumulados tiempos cotizados como contratista y
aportados a otra administradora como lo era el entonces ISS (hoy
Colpensiones).
Para esta clase de eventos, la normativa aplicable necesariamente
correspondía a la Ley 71 de 1988 que regulaba lo propio en lo que respecta a
la denominada «pensión por aportes» y no la Ley 33 de 1985.
Empero, sin perjuicio de lo anterior, la Subsección advierte que la falta de
pronunciamiento expreso en la sentencia de unificación bajo estudio, no
implica que aquella no pueda aplicarse o que deba resolverse el caso sin su
observancia. Esta situación lo que conlleva es el planteamiento de un ejercicio
hermenéutico sistemático y teleológico que concite tanto el marco normativo
que rige lo propio como los lineamientos jurisprudenciales existentes sobre la
materia, a fin de articular de manera coherente, posturas jurídicas que
permitan resolver el problema jurídico planteado.
Este presupuesto interpretativo ya ha sido aplicado para resolver procesos de
reconocimiento y reliquidación pensional con base en la Ley 71 de 1988, pero
con sujeción de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 que
desarrollaba fundamentos sobre la base de la Ley 33 de 1985.
Al respecto se destacan las sentencias de esta Subsección15 que en los
asuntos en comento han precisado lo siguiente:
«[…] Por otro lado, es pertinente aclarar que si bien en la precitada sentencia
de unificación la Sala Plena hizo alusión a los parámetros de aplicación del
régimen pensional previsto por la Ley 33 de 1985, no es menos cierto que dicho
régimen no era el único reglamentado para los servidores públicos o
trabajadores oficiales que fueran beneficiarios de la transición, pues antes de
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, también se encontraban
contempladas, verbi gracia, los postulados consagrados en la Ley 71 de 1988,
los cuales fueron previstos por el legislador para quienes acumularon tiempo
de servicio al sector oficial y al sector privado, y en ese sentido, precisó que
tenían derecho a la pensión quienes acreditaran 20 años de aportes en
15Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencias del 27 de agosto de 2020 (Rad.: 25000-23-42-000-2015-01757-01 (2315-2018)) y del 30 de
enero de 2020 (Rad.: 08001233300020140119901 (2751-2017)).
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cualquier tiempo y acumulados en una o varias entidades de previsión social,
siempre que cumplieran 60 años en el caso de los hombres y 55 años si son
mujeres.
Aunado a ello, se tiene que el Decreto 2709 de 1994, reglamentario del artículo
7 de la Ley 71 de 1988, indicó en su artículo 6.º que: «[…] El salario base para
la liquidación de las pensiones por aportes, será el salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicios. […]».
En consecuencia, la Subsección considera que las reglas de unificación
también deben aplicarse a los beneficiarios de la pensión por aportes que a su
vez están inmersos en el régimen transición […]»
Bajo este contexto, encuentra la Sala que para los casos de docentes con
acumulación de aportes al ISS al igual que al FNPSM como es el de la parte
activa, la regla jurisprudencial de la sentencia de unificación relativa al régimen
pensional aplicable a tales servidores, vinculados antes de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, sería la Ley 71 de 1988. Esta última para
permitir el cómputo de los tiempos cotizados ante la actual Administradora
Colombiana de Pensiones y a la vez al aludido fondo, esto a fin de acceder al
reconocimiento de la pensión de jubilación. La aludida Ley 71 de 1988 previó
para el referido efecto en su artículo 11 una integración normativa en materia
pensional para los empleados del sector público y privado que se hicieran
titulares de dicha prestación, a saber:
«Artículo 11 .- Esta ley y las Leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a. de 1976, 44
de 1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y sus decretos reglamentarios, contienen
los derechos mínimos en materia de pensiones y sustituciones pensionales y
se aplicarán en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades
de previsión social, del sector público en todos sus niveles y de las normas
aplicables a las entidades de Previsión Social del Sector privado, lo mismo que
a las personas naturales y jurídicas, que reconozcan y paguen pensiones de
jubilación, vejez e invalidez.»
Por lo expuesto, la aplicación de la Ley 71 de 1988 en los asuntos de docentes
oficiales con acumulación de aportes en el sector privado o como contratistas
independientes en su momento, que solicitan el reconocimiento o reliquidación
de su pensión de jubilación, no modifica la posición adoptada por esta Alta
Corte mediante la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019. Para el
caso de marras resulta necesario entonces remitirse a la mentada norma que
complementa el régimen de pensiones, en el sentido de que esta permite el
cómputo de las cotizaciones efectuadas por el trabajador cuando aquel
hubiese laborado en entidades de orden público y privado con el propósito de
acceder a dicho beneficio pensional. Lo anterior, en observancia de los
requisitos de edad, tiempo y monto pensional previstos en la Ley 33 de 1985,
como en efecto se consideró en la mentada providencia.
De ello, que el Sistema Integral de Seguridad Social no puede concebirse
como un conjunto de postulados normativos aislados entre sí, pues aquel
corresponde a una articulación de preceptos que atienden la constante
transformación de las realidades sociales en las cuales interactúan sus
afiliados. Como en efecto lo consideró la doctrina nacional especializada en la
materia, el doctor Gerardo Arenas Monsalve en cuanto a la aplicación de la
Ley 71 de 1988 para aquellos casos en que los trabajadores que se hicieron
beneficiarios del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100
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de 1993, pues si bien esta norma «[…] no constituye propiamente un régimen
anterior; pero su aplicación por transición es válida e interesa, como se ha señalado
con acierto, “a aquellas personas que a la entrada en vigencia de la Ley 100, después
de ésta, no reunían los requisitos para pensionarse con base en la Ley 33/85 o con
el Decreto 758/90, esto es, que no tenían 20 años de servicio público, en el primer
caso, ni quinientas semanas cotizadas al ISS en los últimos veinte años al
cumplimiento de la edad o 1000 semanas en cualquier tiempo, en el segundo caso,
pero que sumando los tiempos cotizados en ambos sectores, éstos arrojan no menos
de veinte años de aportes […]»16.
Aun con esta línea de intelección esbozada, es imperioso aclarar que tal como
se contempló en la providencia objeto de referencia, los docentes a quienes
les aplica este régimen anterior al 27 de junio de 200317, se encuentran
exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social por mandato del artículo
279 de la Ley 100 de 1993. Por esa misma razón, aquellos no son beneficiarios
del régimen de transición estipulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y
tampoco están sometidos a las condiciones que en materia de ingreso base
de liquidación pensional desarrolló el artículo 21 ibidem.
En este sentido, al no resultar regentes para el caso de los aludidos
educadores oficiales las previsiones que sobre el ingreso base de liquidación
formuló la Ley 100 de 1993, evidentemente el período para la determinación
de tal concepto no podría ser el correspondiente al del artículo 21 de la norma
ejusdem, sino el previsto en la Ley 33 de 1985, tal como lo señaló la mentada
sentencia de unificación, lo cual, además es concordante con las
estipulaciones que sobre la materia previó la Ley 71 de 1988 (en este caso
particular de pensión por acumulación de aportes)18, esto es, el señalado en
el artículo 6.° del Decreto 2709 de 199419 que indicó lo siguiente:
«Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por
aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios,
salvo las excepciones contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario
base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho
instituto deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período
correspondiente.» (Líneas fuera de texto).
Ahora bien, tal como se resaltó en la norma trasuntada, el período que debe
tenerse en cuenta para calcular el IBL de la pensión por aportes es el del
último año de servicios. Sin embargo, dicho presupuesto contempla la
excepcionalidad legal que le sea propia, y por tal motivo, al verificar que el
presente caso se trata de una pensión por aportes de un docente oficial,
claramente se presenta una divergencia que atañe a que el período aludido
es el del año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus jurídico
pensional y no el de la última anualidad de labores.
16 Gerardo Arenas Monsalve. El régimen de transición pensional. En: derecho colombiano de la
seguridad social, p. 293.
17 Fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
18 Esta conclusión ya fue advertida en sentencia de esta Subsección proferida el 18 de febrero de 2021
en un proceso de reliquidación pensional bajo el radicado: 25000-23-42-000-2013-06853-01 (4391-
2014).
19 Reglamentario del artículo 7.° de la Ley 71 de 1988.
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A este punto se arriba en la medida en que precisamente, la condición
especial de los educadores estatales, implica que estos pueden percibir dos
asignaciones del tesoro público como serían específicamente el salario y la
pensión ordinaria de jubilación, tal como lo contempla el artículo 19, literal g)
de la Ley 4.ª de 1992, así como el artículo 5.° del Decreto 224 de 1992 y el
artículo 70 del Decreto 2277 de 1979.
Aquel planteamiento supone como lo señaló el a quo, que no era necesaria la
demostración ante el FNPSM del retiro definitivo del servicio para hacer
efectiva su prestación, pues a pesar de tratarse de una pensión por aportes
prevista en la Ley 71 de 1988, la calidad de docente oficial es preponderante
y genera la aplicación de previsiones excepcionales como esta.
En tal sentido, si una vez verificada la situación particular del libelista se
encuentra que este es titular del derecho objeto de litigio como lo determinó
el juez de primera instancia, efectivamente será necesario confirmar el fallo
apelado en el sentido de que la efectividad de la prestación no puede
condicionarse a la demostración de la terminación del vínculo legal y
reglamentario, sino que sus efectos fiscales deben concretarse desde el
mismo momento del cumplimiento del estatus jurídico pensional, ello por
tratarse este caso particular de un docente que se encuentra legalmente
exceptuado de la prohibición de percibir doble asignación del erario contenida
en el artículo 128 Superior, según lo expuesto previamente.
Por último, en cuanto a los factores salariales a incluir en el cálculo del ingreso
base de liquidación de la pensión por aportes a que tienen derecho los
maestros oficiales con acumulación de cotizaciones del sector público y
privado, debe señalarse que estos efectivamente corresponden únicamente a
aquellos sobre los cuales se hayan efectuado los descuentos respectivos,
especialmente los que se encuentren enlistados en el artículo 1.º de la Ley 62
de 1985.
Por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a estos, puesto que tal
presupuesto fue objeto de definición de regla jurisprudencial de manera
general en la sentencia de unificación objeto de estudio para esta clase de
servidores, sin que por el hecho de consolidarse este caso en una pensión por
aportes o por la condición de educadores ello pueda variar para contabilizar
todos los emolumentos de tipo remunerativo que se hubiesen percibido.
De la situación particular de la parte demandante
Con base en lo expuesto hasta este punto, se procede a aplicar las reglas de
unificación al presente caso bajo las aclaraciones advertidas previamente, así:
REQUISITOS PENSIÓN DE JUBILACIÓN LEY 71 DE 1988
«ARTÍCULO 7.º A partir de la Tiempo de servicios: Cotizó al ISS (hoy Colpensiones) El demandante acreditó
vigencia de la presente Ley, los con aportes como docente contratista un total de 322,43 los requisitos para
empleados oficiales y semanas20, no obstante se certificó que tuvo obtener la pensión de
20 Este tiempo reportado corresponde al repartido como independiente, e igualmente como docente
contratista de la Secretaría de Educación de los municipios de Jenesano y Samacá. Estas últimas
vinculaciones con la referida autoridad corresponden a los lapsos durante los cuales se determinó que
en efecto existió la prestación de servicios por parte del demandante como docente oficial, computables
para efectos del reconocimiento de la pensión bajo dicha calidad. Lo anterior conforme al reporte de
semanas cotizadas a Colpensiones visible en el expediente digital obrante en el índice 2 del registro en
SAMAI.
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trabajadores que acrediten vinculaciones como tal por aproximadamente 10 años y 4 jubilación prevista en la
veinte (20) años de aportes meses, comprendidos por lapsos discontinuos de OPS Ley 71 de 1988, esto es,
sufragados en cualquier tiempo y ejecutadas entre el 14 de julio de 1989 y el 31 de más de 20 años de
acumulados en una o varias de diciembre de 2002. aportes a pensión tanto
las entidades de previsión social al ISS como al FNPSM y
que hagan sus veces, del orden Del mismo modo, entre el 18 de febrero y el 12 de 60 años de edad.
nacional, departamental, diciembre de 2003, así como desde el 15 de marzo de
municipal, intendencial, 200421, el libelista ha efectuado aportes como afiliado al
comisarial o distrital y en el FNPSM, al menos hasta el 12 de febrero de 2021 (fecha
Instituto de los Seguros del certificado de información laboral)22, para un
Sociales, tendrán derecho a una acumulado de 17 años, 8 meses y 22 días por su servicio
pensión de jubilación siempre en el sector público como docente oficial bajo una relación
que cumplan sesenta (60) años legal y reglamentaria.
de edad o más si es varón y
cincuenta y cinco (55) años o El total del período acumulado por labores y cotizaciones
más si es mujer.» en ambos sectores es de 28 años y 22 días, es decir, más
de 20 años de aportes.
Edad: Cumplió 60 años el 15 de noviembre de 2012, pues
nació el 15 de noviembre de 195223.
PERÍODO PARA LIQUIDAR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
«Decreto 2709 de 1994 Consolidación del estatus pensional: corresponde al 3 La pensión de jubilación se
(regulatorio del artículo 7.° de la de abril de 2013 cuando el libelista cumplió 20 años de debe liquidar con el salario
Ley 71 de 1988). Artículo aportes o cotizaciones efectuadas al ISS como contratista promedio que sirvió de
6º. Salario base para la y como docente oficial vinculado al FNPSM. Se destaca base para los aportes
liquidación de la pensión de en este punto que aquel acreditó 60 años de edad el 15 durante el año anterior a la
jubilación por aportes. El salario de noviembre de 2012, es decir, a esta data aún le faltaba fecha de adquisición del
base para la liquidación de esta colmar el requisito relativo al tiempo de las cotizaciones.25 estatus jurídico pensional,
21 Fecha a partir de la cual el demandante fue nombrado en provisionalidad en el cargo de docente del
departamento de Boyacá y vinculado al FNPSM según el formato único para la expedición del certificado
de historia laboral de aquel visible en el expediente digital que obra en el índice 2 del registro en SAMAI.
22 Ver certificado de información laboral del 12 de febrero de 2021 adjunto en el expediente digital en
mención.
23 De acuerdo con la información de la copia de la cédula de ciudadanía que reposa en el expediente
digital visible en el índice 2 del registro en SAMAI.
25 Para el efecto se realizó un ejercicio de cómputo de días laborados y cotizados con base en los
certificados de información laboral y el reporte de Colpensiones obrante en el expediente digital que
reposa en el índice 2 del registro en SAMAI. Como se observa, fueron tenidas en cuantas las mismas
fechas iniciales y finales tenidas en cuenta por el a quo y confirmadas por la parte activa en su recurso,
de las cuales además no hay discusión por parte de las entidades demandadas. La siguiente es la tabla
en mención:
Fecha inicial Fecha final Días
02/08/1989 30/11/1989 118
01/02/1990 30/11/1990 299
01/02/1991 30/11/1991 299
01/09/1992 30/11/1992 89
01/02/1993 31/05/1993 120
01/06/1993 03/08/1993 62
01/09/1993 30/11/1993 89
17/03/1994 30/11/1994 253
23/01/1995 30/04/1995 97
01/05/1995 30/05/1995 29
01/09/1995 31/12/1995 120
01/10/1996 30/11/1999 1139
01/01/2000 31/12/2000 360
01/02/2001 31/05/2001 120
01/07/2001 31/01/2002 210
01/03/2002 31/12/2002 300
18/02/2003 12/12/2003 294
15/03/2004 31/12/2005 646
27/02/2006 03/04/2013 2556
7200 DÍAS
TOTAL
O 20 AÑOS
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pensión, será el salario promedio esto es, del 3 de abril de
que sirvió de base para los 2012 al 3 de abril de 2013.
aportes durante el último año de
servicios, salvo las excepciones
contenidas en la ley24.
Si la entidad de previsión es el
ISS se tendrá en cuenta el
promedio del salario base sobre
el cual se efectuaron los aportes
durante el último año y dicho
instituto deberá certificar lo
pagado por los citados
conceptos durante el período
correspondiente.» (Subrayado
fuera de texto).
FACTORES SALARIALES A INCLUIR EN LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y MONTO
«[…] En la liquidación de la Factores devengados y cotizados27 asignación básica, Los factores a incluir en el
pensión ordinaria de jubilación horas extras, prima de navidad y prima de vacaciones. IBL son el salario o
de los docentes vinculados antes asignación básica
de la vigencia de la Ley 812 de mensual, más las horas
2003, que gozan del mismo extras. El monto de la
régimen de pensión ordinaria de Tasa de reemplazo aplicable: 75% del salario base de pensión será el 75% de
jubilación para los servidores liquidación. tales conceptos
públicos del orden nacional devengados en el año
previsto en la Ley 33 de 198526, anterior a la fecha de
los factores que se deben tener adquisición del estatus
en cuenta son solo aquellos pensional.
sobre los que se hayan
efectuado los respectivos
aportes de acuerdo con el
artículo 1º de la Ley 62 de 1985,
y por lo tanto, no se puede incluir
ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado
artículo.»
Factores del artículo 1.° de la
Ley 62 de 1985: a) asignación
básica, b) gastos de
representación; c) primas de
antigüedad, d) técnica,
ascensional y de capacitación; e)
dominicales y feriados; f) horas
extras; g) bonificación por
servicios prestados; y h) trabajo
suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio.
«Decreto 2709 de 1994
(regulatorio del artículo 7.° de la
Ley 71 de 1988). Artículo
8º. Monto de la pensión de
jubilación por aportes. El
monto de la pensión de
jubilación por aportes será
24 Tal como se expuso anteriormente, para el caso de los docentes oficiales el período de liquidación de
la pensión por aportes corresponde al año anterior a la fecha de adquisición del estatus jurídico
respectivo.
26 Entiéndase Ley 71 de 1988 para efectos del caso sub examine.
27 Conforme a la certificación de salarios devengados por el demandante entre 2012 y 2013, emitido por
la Secretaría de Educación de Boyacá el 12 de febrero de 2021, obrante en el expediente digital que
reposa en el índice 2 del registro en SAMAI.
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Demandante: César Eduardo Martínez Cuevas
equivalente al 75% del salario
base de liquidación. El valor de
la pensión de jubilación por
aportes, no podrá ser inferior al
salario mínimo legal mensual
vigente ni superior a quince (15)
veces dicho salario, salvo lo
previsto en la ley.».
En resumen, el señor César Eduardo Martínez Cuevas en su calidad de
docente oficial afiliado al FNPSM, con acumulación de aportes al ISS como
contratista y al referido fondo como docente oficial con vinculación legal y
reglamentaria, y además, con el ejercicio comprobado de dicha actividad
como educador antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, acreditó los
requisitos y condiciones para que le sea reconocida una pensión de jubilación
ordinaria con base en los preceptos de la Ley 71 de 1988 y su Decreto
Reglamentario 2709 de 1994, efectiva desde la fecha de adquisición del
estatus jurídico respectivo y liquidada en un monto equivalente al 75% del IBL
calculado con el promedio de la asignación básica y las horas extras
devengadas durante el año anterior a la referida consolidación prestacional,
es decir, del 3 de abril de 2012 al 3 de abril de 2013.
Pues bien, en el presente asunto se verifica que el libelista formuló petición
de reconocimiento pensional el 6 de septiembre de 201828, frente a la cual la
entidad demandada resolvió denegar tal solicitud mediante la Resolución
008841 del 23 de octubre de 201829, para lo cual planteó la siguiente
motivación:
«[…] Que la Fiduprevisora "La Previsora" S.A. una vez realizó el estudio, niega el
visto bueno para el reconocimiento de la prestación argumentando:
"ESTADO NEGADA
NO CUMPLE EL TIEMPO LABORADO
OBSERVACIONES:
SE INFORMA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN QUE NO ES POSIBLE
TRAMITAR EL ESTUDIO DE LA PRESTACIÓN TODA VEZ QUE DOCENTE TIENE
RÉGIMEN PENSIONAL LEY 100 DEBIDO A QUE SU POSESIÓN ES DE VIGENCIA
DE LA LEY 812, ASÍ LAS COSAS SE DEBERA DE CUMPLIR DOS REQUISITOS
OBTENER STATUS PENSIONAL EDAD: 57 AÃOS (sic). 1.300 SEMANAS O 9.100
DÍAS (ESTE REQUISITO NO SE CUMPLE DADO QUE A LA FECHA SOLO SE
CUMPLEN 7437 POR LO QUE SE NIEGA LA PRESENTE PRESTACIÓN". […]».
(Mayúscula sostenida conforme a la transcripción).
De acuerdo con lo expuesto, es evidente que la parte pasiva consideró que la
situación jurídica del libelista se regía por las condiciones del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 (modificada por la Ley 797 de
2003), tanto en los requisitos para consolidar el derecho como en lo relativo
al cálculo del IBL, período y tasa de reemplazo para la fijación de la cuantía
de la prestación. A esta conclusión arribó en la medida en que solo tuvo en
28 Ver parte considerativa de la Resolución 008841 del 23 de octubre de 2018 en la que se especifica
que esta fue la data de radicación de la solicitud de reconocimiento pensional. (Expediente digital obrante
en el índice 2 del registro en SAMAI).
29 Idem.
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cuenta el vínculo oficial del demandante en el sector educativo ocurrido con
posterioridad al 27 de junio de 2003, concretamente el 15 de marzo de 2004.
Pues bien, tal postura jurídica resulta ser inadecuada debido a que, como se
mencionó líneas atrás, era necesario tener en cuenta la calidad especial de
docente oficial que detenta el señor Martínez Cuevas para determinar el
régimen que regula su caso. En virtud de esta circunstancia, la entidad
demandada debió advertir que por la excepcionalidad que representa el hecho
de que el libelista era educador estatal, aquel no podía ser sometido al
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y mucho menos a las previsiones
generales de tal normativa, sino que por tener una vinculación anterior como
maestro a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, como lo fue desde el
2 de agosto de 1989, su derecho pensional debía consolidarse plenamente
sobre la base de la Ley 71 de 1988.
Aunado a esto, tenía que asumirse que, con motivo del tratamiento diferencial
en comento, el período de liquidación no era el último año de servicio sino la
anualidad anterior a la adquisición del estatus respectivo, toda vez que el
apelante podía percibir simultáneamente tanto la pensión ordinaria de
jubilación como el salario de docente oficial en virtud de la excepcionalidad
legal que así lo permite y que se encuentra consagrada en el artículo 19, literal
g) de la Ley 4.ª de 1992 y el artículo 19 de la Ley 334 de 1996.30
En todo caso, lo cierto es que la falta de reconocimiento pensional a favor de
la parte activa se encuentra injustificada, pues se demostró con base en la
argumentación precedente que aquel reunió y acreditó con suficiencia los
requisitos consagrados en la Ley 71 de 1988 a fin de obtener el derecho a
percibir una pensión de jubilación, pues acumuló más de 20 años de
cotizaciones derivadas de servicios prestados tanto en calidad de contratista
como de docente con una relación legal y reglamentaria vigente, y además,
cumplió 60 años de edad así como se evidenció en el cuadro precedente.
Al respecto, es válido aclarar que dicha pensión debe sujetarse a las reglas
de unificación jurisprudencial fijadas en la sentencia SUJ-014-CE-S2-2019 del
25 de abril de 2019 proferida por la Sección Segunda de esta Corporación.
De este modo, la prerrogativa en mención tendrá que ser calculada en un 75%
del ingreso base de liquidación que corresponde al promedio de la asignación
básica y las horas extras devengadas por el educador durante el año anterior
a la adquisición del estatus pensional, esto es, desde el 3 de abril de 2012
hasta el 3 de abril de 2013, ello con efectividad a partir de esta última fecha.
Es decir, no es procedente la inclusión de todos los emolumentos percibidos
por aquel en ese mismo período como lo depreca en la demanda, pues
conforme a la línea interpretativa de cierre referida, solo pueden computarse
los factores sobre los cuales el docente hubiese realizado aportes y que
estuviesen enlistados en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985. En este caso
como se analizó, solo corresponde incluir la asignación básica y las horas
extras, no así las primas de navidad y de vacaciones.
30 Dicha posición frente a casos como el particular, fue objeto de pronunciamiento en sentencia del 12
de noviembre de 2020, dictada por la Sección Segunda, Subsección A de esta corporación en el proceso
con radicado 15001-23-33-000-2015-00620-01 (0496-2017), el cual si bien versa sobre un litigio de
reliquidación de pensión de un docente, conlleva el mismo análisis en lo relativo a la normativa aplicable
a esta clase de servidores públicos.
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Con base en lo anterior la Subsección encuentra que se configura un
desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto administrativo
cuestionado, esto es, la Resolución 008841 del 23 de octubre de 2018, pues
tal decisión se aparta del marco regulatorio y jurisprudencial realmente
aplicable al caso de la parte activa.
Lo propio implica entonces la necesaria declaratoria de nulidad de aquella
decisión con el fin de mantener indemne el ordenamiento jurídico, tal como lo
ordenó en primera instancia el a quo. No obstante, deberá modificarse el fallo
respecto de la fecha de efectividad de la prestación reconocida, así como del
período y factores de liquidación. Ello en el entendido de que la data para el
comienzo del goce del derecho es a partir del 3 de abril de 2013 cuando
adquirió el respectivo estatus jurídico habilitante, no condicionada a la
demostración del retiro definitivo del servicio. Aunado a esto, la prestación
tendrá que ser calculada con base en el promedio de la asignación básica y
las horas extras percibidas por el recurrente entre el 3 de abril de 2012 y el 3
de abril de 2013.
Lo anterior implica que cobra sentido el reparo de la parte activa sobre la fecha
de efectividad y período de liquidación de la prestación, pues estas son
contrarias a las definidas por el tribunal de primera instancia, en el entendido
de que este último tuvo en cuenta para el efecto el último año de prestación
de servicio (del 26 de febrero de 2017 al 25 de febrero de 2018), pese a que
en realidad debió ordenar el reconocimiento y cálculo del derecho con base
en el año previo a la consolidación del estatus jurídico pensional (desde el 3
de abril de 2012 hasta el 3 de abril de 2013), habida cuenta de que esta
prerrogativa era plenamente compatible con el salario que el demandante
percibía por su vinculación como docente oficial, y por consiguiente no debía
estar condicionada a demostrar la terminación de la relación legal y
reglamentaria.
Bajo tal intelección, es dable modificar el fallo de primera instancia para ajustar
las mentadas datas, así como los factores salariales a incluir, dado que si bien
en la providencia censurada se ordenó computar la bonificación mensual
docente, esto tuvo lugar en la medida en que dicho haber fue devengado por
el libelista entre 2017 y 2018, no así entre 2012 y 2013 cuando percibió la
asignación básica y las horas extras como se evidenció y determinó
previamente.
En cuanto a los aportes efectuados por el demandante y
adeudados por las entidades territoriales empleadoras
En el caso particular se observa que el señor Martínez Cuevas se desempeñó
formalmente como docente para diferentes entidades territoriales, esto
vinculado por medio de contratos de prestación de servicios celebrados de
manera intermitente durante los siguientes períodos: Con el municipio de
Jenesano: i) del 2 de agosto al 30 de noviembre de 1989, ii) del 1.° de febrero
al 30 de noviembre de 1990, y iii) del 1.° de febrero al 30 de noviembre de
1991. Con el municipio de Samacá: i) del 1.° de septiembre de 1992 al 11 de
febrero de 1996 y ii) del 12 de febrero de 1996 al 31 de diciembre de 2002.
Con el departamento de Boyacá: i) del 18 de febrero al 12 de diciembre de
2003.
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Al evidenciar este hecho, resulta adecuado inferir que por la calidad de
contratista que ostentó en su momento el libelista, este no podía encontrarse
afiliado al FNPSM, pues para ello debía haber sido nombrado y posesionado
como docente oficial mediante acto administrativo. Bajo este contexto, es
pertinente sostener que aquel no pudo haber realizado las respectivas
cotizaciones a la mentada entidad de previsión, lo cual en principio trastocaría
el reconocimiento de la prestación en litigio.
No obstante, precisamente en virtud de lo anterior y según el reporte de
semanas cotizadas a Colpensiones por parte del demandante, se encuentra
que aquel efectivamente realizó los aportes que le correspondían en su
calidad para ese momento de contratista, puntualmente durante los lapsos
referidos anteriormente.
Ahora, en cuanto a la autoridad obligada a realizar el pago de los mentados
conceptos en casos donde se evidencian relaciones laborales encubiertas por
contratos de prestación de servicios docentes, la misma intelección de la
sentencia de unificación jurisprudencial CESUJ2 n.° 5 del 25 de agosto de
2016 proferida por el Consejo de Estado31, dicta que el sujeto responsable de
tal carga inexorablemente debe ser quien ocultó dicho vínculo de trabajo, el
cual para el asunto de marras sería efectivamente los municipios de Jenesano
y Samacá, así como el departamento de Boyacá. Empero, ante su ausencia
como demandados o vinculados en la presente actuación en calidad de
posibles litisconsortes facultativos, no podría impartirse una orden directa a
aquellas autoridades tendientes a que realicen los giros respectivos por el
mentado concepto.
Al margen de esta consideración, debe tenerse en cuenta que los aportes a
pensión por su propia naturaleza, equivalen a tributos en clave de
contribuciones parafiscales con una destinación específica que los hace
imprescriptibles como se anunció en la sentencia reseñada anteriormente.
Con base en ello, su recaudo puede decretarse en cualquier momento de
manera actualizada en las proporciones que tanto al trabajador como al
empleador les habrían correspondido durante el período en el que se ocultó
la relación laboral, a fin de que la entidad de previsión obligada pueda pagar
sin detrimento patrimonial la prestación reconocida32. Esto se sustenta con
base en la misma providencia de unificación precitada que previó lo siguiente:
«[…] la Administración deberá determinar mes a mes si existe diferencia entre
los aportes que se debieron efectuar y los realizados por el contratista, y cotizar
al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a
pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.
Para efectos de lo anterior, el demandante deberá acreditar las cotizaciones
que realizó al mencionado sistema durante su vínculo contractual y en la
eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra,
tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le
incumbía como trabajador. […]»
31 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia de Unificación CESUJ2 n.° 5 del
25 de agosto de 2016. Rad.: 23001233300020130026001 (00882015).
32 Posición reiterada por esta Subsección en sentencia del 18 de febrero de 2021 dictada en el proceso
con radicado: 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014).
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De este modo, si bien las entidades territoriales en comento se encontraban
obligadas al pago de los aportes derivados de la relación laboral encubierta,
debe tenerse en cuenta que estos implican una carga compartida entre el
empleador y el trabajador, por lo que efectivamente tendrá que seguirse la
regla prevista en la jurisprudencia aludida, en el sentido de que el FNPSM
deberá verificar mensualmente si se presenta alguna diferencia entre los
aportes efectuados por el entonces contratista durante el tiempo en el cual se
presentó la relación laboral encubierta dentro de sus respectivos intervalos o
duración de los contratos, ello con base en el reporte de semanas cotizadas
emitido por Colpensiones.
De esta manera, en atención a que los municipios y departamento aludidos
no se encuentran vinculados a la actuación, pero debe primar el principio de
sostenibilidad financiera del sistema en razón de los aportes a los que aquellos
estaban obligados, se ordenará al FNPSM ejecutar las actuaciones
interadministrativas pertinentes y necesarias para que se adelante el cobro a
los municipios de Jenesano y Samacá, así como al departamento de Boyacá,
en caso de que aún no lo hayan hecho, ello únicamente de las sumas faltantes
por concepto de cotizaciones a pensión pendientes del señor César Eduardo
Martínez Cuevas (si existieren), y en todo caso solo en el porcentaje que le
habría correspondido a las referidas autoridades como empleadores de aquel,
esto por los períodos durante los cuales se evidenció una relación laboral
subrepticia basada en sendas relaciones contractuales.
De la prescripción de mesadas pensionales
Habida cuenta de que se confirmará la decisión de acceder al reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación deprecada por la parte activa, pero con
efectividad desde el 3 de abril de 2013, resulta indispensable verificar la
ocurrencia o no del fenómeno prescriptivo sobre las mesadas adeudadas.
Al respecto, el Consejo de Estado33 ha señalado que la configuración de la
mentada figura requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual
no se hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los
derechos que considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde
que la obligación se haya hecho exigible, con una posibilidad de interrupción
del término por un lapso igual, tal como lo indica el artículo 102 del Decreto
1848 de 1969 aplicable al sub examine, que reza lo siguiente:
«ARTÍCULO 102.- Prescripción de acciones.
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135
de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la
fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o
empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.»
En consecuencia, para determinar la fecha de exigibilidad del derecho a
restablecer a partir de la cual debe comenzar a contabilizarse el lapso referido
en el presente caso, tendrá que considerarse el hecho de que esta data se
concreta desde el 3 de abril de 2013 cuando el demandante adquirió el estatus
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
de 15 de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
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jurídico pensional y por consiguiente consolidó la prerrogativa a percibir la
prestación en litigio.
Ahora bien, tal como se verifica de la parte considerativa del acto
administrativo demandado, el señor Martínez Cuevas reclamó el derecho
prestacional en mención el 6 de septiembre de 2018, y radicó la demanda el
30 de noviembre de 2018 esto es, después del vencimiento de los 3 años
siguientes a la fecha de efectividad de la pensión, por lo que se consolidó la
figura bajo estudio respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 6 de
septiembre de 2015.
Lo anterior implica que también debe modificarse la decisión de primera
instancia relacionada con el análisis del fenómeno prescriptivo de mesadas,
toda vez que el a quo consideró como fecha de exigibilidad de la pensión la
del retiro definitivo del servicio, pese a que en realidad tal data era la de
adquisición del estatus jurídico pensional ocurrida el 3 de abril de 2013, la cual
a su vez implicaba un cómputo muy diferente de la mentada figura, al punto
de haberse demostrado su configuración, contrario a lo estimado en el fallo
recurrido.
En conclusión: el señor César Eduardo Martínez Cuevas en su calidad de
docente oficial desde antes de la Ley 812 de 2003 con acumulación de aportes
al ISS como contratista y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio como educador estatal con relación legal y reglamentaria vigente,
en efecto tiene derecho a que la entidad demandada le reconozca y pague la
pensión de jubilación conforme a la Ley 71 de 1988 por aplicación integradora
y analógica de la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo
de Estado proferida el 25 de abril de 2019, y en atención a su calidad de
maestro del sector púbico, al margen de las formas de vinculación mediante
las cuales desempeñó dichas funciones en instituciones de entidades
territoriales.
Dicha prestación debe concederse con efectividad a partir del 3 de abril de
2013 cuando el libelista adquirió el estatus jurídico respectivo, pero con
efectos fiscales desde el 6 de septiembre de 2015 por prescripción trienal de
mesadas. Aquel derecho será calculado en un monto correspondiente a una
tasa de reemplazo del 75% sobre el ingreso base de liquidación, determinado
sobre el promedio de los factores salariales respecto de los cuales el
demandante realizó aportes durante el año anterior a la adquisición del
estatus pensional, que equivalen en el presente caso a la asignación básica y
las horas extras causadas y pagadas entre el 3 de abril de 2012 y el 3 de abril
de 2013.
Decisión de segunda instancia
Según lo expuesto, se impone adicionar el ordinal primero bis que declare
probada la excepción de prescripción, y asimismo, modificar el ordinal
segundo de la sentencia apelada, proferida el 26 de enero de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, la cual accedió a las pretensiones de la
demanda, esto a fin de que en la orden de restablecimiento del derecho, se
determine que la liquidación pensional deberá hacerse con base en el 75% del
promedio de la asignación básica y las horas extras devengadas por el libelista
durante la anualidad anterior a la consolidación de aquella prerrogativa, esto
es, entre el 3 de abril de 2012 y el 3 de abril de 2013, y además con efectividad
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desde esta última data sin estar condicionada a la demostración del retiro
definitivo del servicio, pero con efectos fiscales desde el 6 de septiembre de
2015 por prescripción trienal de mesadas.
Igualmente se adicionará al ordinal tercero una orden tendiente a que la
entidad demandada realice todas las actuaciones interadministrativas
pertinentes y necesarias para que se adelante el cobro a los municipios de
Jenesano y Samacá, así como al departamento de Boyacá, únicamente de las
diferencias en los aportes a pensión dejados de efectuar en beneficio del señor
Martínez Cuevas (si existieren luego de comparar los valores efectivamente
aportados por este a Colpensiones como contratista), y en todo caso solo en
el porcentaje que le habría correspondido a las referidas autoridades como
empleadoras de aquel, esto por los períodos durante los cuales se advirtió una
relación laboral subrepticia basada en sendos vínculos mediante órdenes de
prestación de servicios.
Por último se confirmará en todo lo demás la providencia recurrida. Lo anterior
habida cuenta de que prosperan los argumentos de impugnación presentados
por la parte activa en su recurso de alzada, no así los de la parte demandada.
De la condena en costas
Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201634, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de dicha carga bajo los siguientes fundamentos:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP35, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
34 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
35 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
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g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público36.
Ahora, aun bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará
en costas a la entidad demandada, en la medida que a pesar de haber
resultado vencida, conforme el numeral 8.º del artículo 365 del CGP no es
posible la comprobación de dicha carga, en tanto no hubo intervención de las
partes en segunda instancia ante la ausencia de un período probatorio y el
consecuente traslado de alegatos de conclusión según lo previsto en el artículo
247, numeral 5.° del CPACA (modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de
2021), tal como se indica en la constancia secretarial visible en el índice 13 del
registro en SAMAI.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Adicionar el ordinal «primero bis» a la sentencia proferida el 26 de
enero de 2022 por el Tribunal Administrativo de Boyacá que accedió a las
pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor César
Eduardo Martínez Cuevas contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el cual indicará lo
siguiente:
«PRIMERO BIS: Declarar probada parcialmente la excepción de
prescripción trienal de mesadas causadas con anterioridad al 6 de
septiembre de 2015.»
Segundo: Modificar el ordinal segundo del fallo recurrido, el cual quedará de
la siguiente forma:
«[…] SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, reconocer y pagar a favor del señor César Eduardo
Martínez Cuevas la pensión de jubilación a que tiene derecho de conformidad
con los preceptos de la Ley 71 de 1988 y el Decreto Reglamentario 2709 de
1994, es decir, en un monto equivalente al 75% del promedio de la asignación
básica y las horas extras percibidas por el libelista durante el año anterior a la
adquisición del estatus jurídico, correspondiente al período comprendido entre
el 3 de abril de 2012 y el 3 de abril de 2013, ello con efectividad desde esta
última fecha, sin estar condicionada a la demostración del retiro definitivo del
servicio, pero con efectos fiscales desde el 6 de septiembre de 2015 por
prescripción trienal de mesadas. Lo anterior con los respectivos reajustes a que
36 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»
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Radicado: 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022)
Demandante: César Eduardo Martínez Cuevas
haya lugar. […]».
Tercero: Adicionar al ordinal tercero de la sentencia impugnada el siguiente
aparte:
«[…] Conminar a la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio a realizar todas las actuaciones
interadministrativas pertinentes y necesarias para que se adelante el cobro a
los municipios de Jenesano y Samacá, así como al departamento de Boyacá,
únicamente de las diferencias en los aportes a pensión dejados de efectuar en
beneficio del señor César Eduardo Martínez Cuevas (si existieren luego de
comparar los valores efectivamente aportados por este a Colpensiones como
contratista), y en todo caso solo en el porcentaje que le habría correspondido a
las referidas autoridades como empleadores de aquel, esto por los períodos
durante los cuales se advirtió una relación laboral subrepticia basada en sendos
vínculos mediante órdenes de prestación de servicios. […]».
Cuarto: Confirmar en todo lo demás la providencia apelada.
Quinto: Sin condena en costas de segunda instancia.
Sexto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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