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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07300-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07300-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación y de la Fiduprevisora SA por falta de legitimación en la causa por pasiva, conforme lo expuesto en precedencia. 2. REVOCAR el fallo del 19 de enero de 2026 proferido por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado para, su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia del señor Telésforo Claros Chavarro, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la presente providencia. 3. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 29 de abril de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión, y ORDENAR a dicha autoridad que, en el término de veinte (20) días siguientes a la notificación de la presente providencia, profiera una decisión de reemplazo en la que sean tenidas en cuenta las consideraciones hechas en el presente fallo de tutela 4. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 5. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 6. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07300-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-07300-01
Demandante TELÉSFORO CLAROS CHAVARRO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Temas Acción de tutela. Tutela contra providencia judicial. Defecto por
desconocimiento del precedente. Pensión por aportes. Docente
vinculada por órdenes de prestación de servicios.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Telésforo Claros Chavarro contra el
fallo del 19 de enero de 2026, proferido por la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado, que dispuso:
«DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con las razones ut
supra».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 19 de noviembre de 20251, el señor Telésforo Claros Chavarro, presentó acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión por
considerar que esa autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia al emitir la
sentencia del 29 de abril de 2025, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 41001-33-33-005-2023-00020-00/01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA en sentencia proferida el
día 29 de abril de 2025 dentro del medio de control con radicado No. 41001-33-33-005-
2023-00020-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA,
CONFIANZA LEGÍTIMA, IGUALDAD y SEGURIDAD JURÍDICA del señor
TELÉSFORO CLAROS CHAVARRO, por desconocimiento del precedente
jurisprudencial consolidado por el Honorable Consejo de Estado en materia de la
aplicación del régimen pensional del personal docente oficial.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y, se profiera una nueva con fundamento en la normatividad aplicable al caso
de la parte actora, esto es, Ley 33 de 1985, en los términos solicitados en la demanda
y, atendiendo al precedente jurisprudencial del Máximo Órgano de lo Contencioso
Administrativo».

2. Hechos

Del escrito de tutela, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1
Escrito de tutela radicado a través de la secretaría On Line del aplicativo SAMAI.

1

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07300-01
Demandante: Telésforo Claros Chavarro

2.1. El señor Telésforo Claros Chavarro se ha desempeñado como docente al
servicio del municipio de Oporapa (Huila), de la siguiente manera:

CLASE DE VINCULACIÓN INICIO TERMINACIÓN

Ordenes de prestación de servicios 1º de septiembre de 1998 30 de noviembre de 2002
Por nombramiento en provisionalidad 16 de marzo de 2006 20 de enero de 2023

2.2. Por considerar que cumplía con los requisitos legales, el 21 de noviembre de
2022 solicitó ante la Secretaría de Educación del Huila el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación. Petición que fue resuelta de manera
desfavorable mediante la Resolución 7378 del 20 de diciembre de 2022.

2.3. Por lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, el señor Telésforo Claros Chavarro demandó a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional y al Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo por
el que se negó el reconocimiento pensional solicitado.

A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación, en cuantía equivalente al 75% del promedio devengado
el año anterior al estatus pensional.

2.4. En primera instancia el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva (expediente
41001-33-33-005-2023-00020-00-01) mediante sentencia del 27 de noviembre de
2023, accedió a las pretensiones de la demanda.

Sostuvo que conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado el tiempo
laborado como docente en cumplimiento de órdenes de prestación de servicios
o contratos de prestación de servicios antes de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003 sí debía tenerse en cuenta para determinar el régimen
pensional aplicable al sector docente.

Indicó que el demandante tuvo períodos de solución de continuidad conforme
se advertía del material probatorio, de manera que debía tenerse en cuenta la
primera vinculación como maestro oficial el 1º de septiembre de 1998 (fecha
en que se vinculó al servicio público educativo mediante contrato de prestación de
servicios como docente), esto es, antes del 27 de junio de 2003 fecha de entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003, por lo que las normas aplicables para el
reconocimiento de su derecho pensional eran la Ley 33 de 1985 y la Ley 91 de
1989, en virtud de las cuales para ser beneficiario de una pensión vitalicia de
jubilación debía cumplir con los requisitos de tener 55 años de edad y 20 años
de servicio, todo lo cual estaba acreditado por el educador.

La anterior decisión fue apelada por el Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

2.5. El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión, en sentencia del
29 de abril de 2025 (notificada por correo electrónico el 23 de mayo de 2025),
revocó la decisión del juzgado para en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda.

Consideró que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado los
servicios docentes prestados mediante contratos con entidades públicas
contaban para acreditar el tiempo necesario para acceder a la pensión de
jubilación, esto debido a que en este tipo de relación estaban presentes los
elementos fundamentales de una relación laboral: la prestación personal, la
remuneración y la subordinación, además, que no era necesario declarar la

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Demandante: Telésforo Claros Chavarro

existencia de la relación laboral en la decisión judicial que reconocía la
pensión.

Sin embargo, sostuvo que igualmente la jurisprudencia del Consejo de Estado
sobre el específico reconocimiento del derecho pensional, teniendo en cuenta
los tiempos de servicios bajo la modalidad de contratos u órdenes de
prestación de servicios docentes, implicaba acreditar el pago de las
cotizaciones o aportes pensionales lo que no había sido efectuado por el actor,
de manera que, si bien cumplía con los requisitos de tiempo de servicio y edad
para acceder a la pensión de jubilación, no estaban acreditados los respectivos
aportes cuando se desempeñó como contratista, lo que impedía acceder al
derecho prestacional.

3. Fundamentos de la acción

El accionante consideró que al proferir la sentencia del 29 de abril de 2025 en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 41001-33-33-005-2023-
00020-00-01, el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión incurrió en
los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente jurisprudencial que
abordó de manera conjunta. Las razones fueron las siguientes:

Consideró que el Tribunal accionado desconoció los siguientes precedentes
verticales:
· Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de tutela del 20 de marzo de 2025,
expediente 11001-03-15-000-2024-06942-00, magistrada ponente Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.

· Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de tutela del 19 de junio de 2025,
expediente 11001-03-15-000-2025-00799-01, magistrado ponente Wilson Ramos
Girón (E).

· Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de tutela del 19 de junio de 2025,
expediente 11001-03-15-000-2025-01979-01, magistrada ponente Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.

· Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de tutela del 10 de
julio de 2025, expediente 11001-03-15-000-2025-01495-01, magistrado ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez.

· Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de tutela del 2 de
octubre de 2025, expediente 11001-03-15-000-2025-05726-00, magistrado ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez.

· Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de febrero de
2021, expediente 81001-23-33-000-2013-00079-01.

· Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de
2022, expediente 63001-23-33-000-2018-00184-01, magistrado ponente William
Hernández Gómez.

· Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de mayo de
2023, expediente 25000-23-42-000-2019-01673-01, magistrado ponente Jorge Iván
Duque Gutiérrez.

· Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024,
expediente 15001-23-33-000-2021-00637-01, magistrado ponente Jorge Edison
Portocarrero Banguera.

· Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de septiembre
de 2024, expediente 15001-23-33-000-2021-00407-01, magistrado ponente Juan
Enrique Bedoya Escobar.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07300-01
Demandante: Telésforo Claros Chavarro

· Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de septiembre
de 2024, expediente 15001-23-33-000-2021-00135-01.

· Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre
de 2024, expediente 27001-23-33-000-2021-00048-01, magistrado ponente Juan
Enrique Bedoya Escobar.

· Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de enero de
2025, expediente 66001-23-33-000-2022-00016-01, magistrado ponente Luis
Eduardo Mesa Nieves.

Sostuvo que en el caso concreto el Tribunal no cumplió con la carga argumentativa
exigida, ya que no hizo referencia a la posición actual del Consejo de Estado
respecto de la no exigibilidad de los aportes, ni explicó las razones por las cuales
aplicó precedentes que ya no eran aplicables al momento de analizar la pretensión
de reconocimiento pensional del docente y agregó que la autoridad judicial omitió
justificar por qué debía otorgarse prioridad a una tesis restrictiva y superada en lugar
de acoger la interpretación más favorable que venía consolidándose en la
jurisprudencia vertical para casos análogos.

Sostuvo que se desempeñó como educador en instituciones educativas públicas,
inicialmente mediante contratos de prestación de servicios entre los años 1998 y
2002 y, posteriormente, a través de una relación legal y reglamentaria desde el 16
de marzo de 2006, cumpliendo los requisitos para obtener el reconocimiento y pago
de la pensión de jubilación conforme con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, dado
que su vinculación al servicio educativo oficial había sido con anterioridad al 26 de
junio de 2003 y que había cumplido con las exigencias legales, motivo por el cual
no podía alegarse ningún otro condicionamiento para negar la prestación solicitada,
máxime cuando el Consejo de Estado había trazado una línea jurisprudencial según
la cual en aquellos casos donde no se acreditaban las cotizaciones al sistema de
pensiones, debía reconocerse el derecho pensional facultando al fondo
correspondiente para efectuar los descuentos por concepto de aportes buscando
de esta manera un tratamiento justo, razonable y garantista de los derechos
fundamentales involucrados.

También mencionó que el Tribunal accionado hizo referencia a la aplicación de la
Ley 71 de 1998 que reglamenta el reconocimiento de la pensión de jubilación con
acumulación de tiempos públicos, pero que de acuerdo con lo probado en el proceso
ordinario se demostró que prestó sus servicios al sector oficial, concretamente a la
docencia, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003; de
manera que, su caso debía ser analizado a la luz de la Ley 33 de 1985 que le era
aplicable al personal docente.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 21 de noviembre de 2025 el despacho ponente: (i) admitió la
acción de tutela interpuesta por el señor Telésforo Claros Chavarro contra el
Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión; (ii) ordenó la
notificación de las partes; (iii) como terceros con interés Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (parte
demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho) y (iv)
al Juzgado Quinto Administrativo de Neiva (autoridad que emitió la sentencia de
primera instancia en el proceso ordinario).

4.2. El Ministerio de Educación por conducto de apoderada judicial rindió informe
en el que manifestó que el asunto no tenía relevancia constitucional y que se
trataba de una discusión legal en la que no tenía injerencia el juez
constitucional.

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Demandante: Telésforo Claros Chavarro

De otra parte, se refirió a las funciones del ministerio e indicó que no le asistía
legitimación en la causa por pasiva por lo que pidió ser desvinculado de la
presente acción.

4.3. La Fiduprevisora SA quien actúa en calidad de vocera y administradora del
patrimonio autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, por conducto del director de la Gerencia Jurídica de Negocios
Especiales del FOMAG presentó escrito de oposición en el que indicó que no
se advertía la configuración de alguno de los defectos contra providencia
judicial y, consideró que no le asistía legitimación en la causa por pasiva al
tratarse del cuestionamiento de una decisión judicial, por lo que pidió ser
desvinculado de la presente acción.

4.4. El Juzgado Quinto Administrativo de Neiva y el Tribunal Administrativo del
Huila, Sala Sexta de Decisión, allegaron el link de acceso al expediente
ordinario; no se pronunciaron en relación con el fondo del asunto.

5. Providencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C mediante sentencia del 19
de enero de 2026 declaró improcedente la acción de tutela.

Consideró que la tutela no superaba el requisito de la subsidiariedad al no estar
acreditado que el actor hubiera planteado ante el juez natural del asunto la
interpretación que consideraba adecuada en su caso concreto y que ahora, en sede
de tutela, pretendía que fuera el fundamento para dejar sin efectos el fallo de
segunda instancia proferido en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

En ese sentido aclaró que si bien no le era exigible interponer recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia que fue parcialmente favorable a sus
intereses, lo cierto era que tuvo la oportunidad de oponerse a la prosperidad del
recurso que sí presentó la contraparte al serle desfavorable a sus intereses la
decisión de primera instancia, máxime cuando todos los fallos que consideraba
desconocidos eran anteriores a la fecha de la sentencia cuestionada a través de la
presente acción.

De otra parte dijo que, en gracia de discusión, el cargo por supuesto
desconocimiento del precedente jurisprudencial carecía de relevancia constitucional
a juicio del a quo «toda vez que no se cumplió con la carga argumentativa necesaria para
justificar la vinculatoriedad de las providencias citadas como desconocidas, en razón de que no
satisfacen los requisitos previstos en el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011 ni contienen alguna
regla de unificación que hubiera sido omitida por la autoridad judicial».

6. Impugnación

El accionante impugnó la decisión de primera instancia.

Manifestó su inconformidad con lo resuelto pues en su criterio se cumplía con el
requisito de la subsidiariedad en la medida que al serle favorable la decisión de
primera instancia no tenía interés jurídico para recurrir y que el juez de segunda
instancia estaba facultado para pronunciarse únicamente en relación con los
argumentos propuestos en el respectivo recurso de alzada.

En relación con la falta de carga argumentativa respecto del desconocimiento del
precedente jurisprudencial, sostuvo que en el caso no se trataba de un recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, sino que se trató del
desconocimiento del precedente que se configuraba cuando existía una solución

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previa a casos análogos que resultaba vinculante para el juez y que el apartarse
injustificadamente del mismo habilitaba la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.

Por lo demás, reiteró los argumentos propuestos en el escrito de tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3 y
especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen
de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para
no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de
legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al
debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Aspecto previo

El Ministerio de Educación y la Fiduprevisora SA pidieron ser desvinculados de la
presente acción por carecer de legitimación en la causa por pasiva.

Respecto de lo anterior, la Sala precisa que, según lo dispuesto en el auto admisorio
de la acción de tutela, las mencionadas entidades fueron vinculadas al proceso

2
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
3
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
4
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
5
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

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constitucional en calidad de terceros con interés y no como parte demandada. Lo
anterior considerando que hacen parte del extremo pasivo del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en el que se emitió la providencia de cierre
por parte de la autoridad judicial accionada.

De acuerdo con lo anterior, y al tenor de lo establecido en el artículo 13 del Decreto
2591 de 19916, a las mencionadas entidades les asiste interés legítimo en el
resultado de este proceso constitucional, dada su calidad de sujeto procesal en el
proceso objeto de análisis, y por tal motivo deben permanecer vinculadas a éste en
la calidad de tercero que les fue reconocido en el auto admisorio de la tutela. Así las
cosas, la Sala negará la solicitud de desvinculación propuesta.

4. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si asistió razón al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, como juez de tutela de primera instancia, en declarar
improcedente la acción interpuesta por el señor Telésforo Claros Chavarro para
cuestionar la sentencia del 29 de abril de 2025 proferida en el medio de control 41001-
33-33-005-2023-00020-00/01, por no encontrar acreditados los requisitos de
procedibilidad de subsidiariedad y relevancia constitucional.

De encontrarse acreditados los mencionados requisitos y los demás requisitos de
procedencia, corresponderá a la Sala determinar si al emitir la providencia del 29
de abril de 2025 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
41001-33-33-005-2023-00020-00-01, el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta
de Decisión incurrió en el defecto por desconocimiento del precedente en los
términos propuestos por la parte actora.

5. Análisis de los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional
en el caso concreto

5.1. El requisito de la subsidiariedad se encuentra previsto en el artículo 86 de la
Constitución Política, cuando dispone que la tutela «solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». A su turno, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente
cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

El requisito de la subsidiariedad busca que los mecanismos ordinarios de
defensa para la protección de los derechos no sean desplazados o
suplantados por la acción de tutela, por tal motivo, tales normas establecen
que la acción de tutela solo procede cuando no existan otros medios de
defensa idóneos para amparar los derechos fundamentales invocados; o
siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

Respecto de este requisito general de procedibilidad, la tesis de la Sección ha
sido la de considerar que, por regla general, cuando exista otro medio de
defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción de tutela, lo que
implica que, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se defina en función
del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el

6
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o
el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado
en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se
entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07300-01
Demandante: Telésforo Claros Chavarro

solicitante, o a la existencia o no de un perjuicio irremediable, en los términos
del numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de
la Corte Constitucional.

En este sentido, le corresponde al juez de tutela valorar las circunstancias
particulares de cada caso para determinar si la acción es procedente; o si, por
el contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos
fundamentales del actor.

Sobre el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha manifestado lo
siguiente:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección
del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar
el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción ordinaria.
La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario
para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin
de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales (…)»7.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe
probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.

5.2. El requisito de la relevancia constitucional, acorde con el desarrollo de la
jurisprudencia, busca proteger la autonomía funcional y la independencia
judicial del juez natural. Por tal razón, los jueces de tutela no tienen
competencia para reemplazar al juez de la causa ni decidir sobre la
controversia ordinaria, pues su labor está orientada a la protección de
derechos fundamentales vulnerados o amenazados, y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional.

Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela contra una providencia
judicial cumple o no con este requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo
señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación
de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de
2018, ha fijado algunos criterios orientadores:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales».

7
Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.

8

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Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las
que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos
fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
5.3. En el caso propuesto, contrario a lo concluido por el juez de tutela de primera
instancia, la Sala considera que se encuentran satisfechos los requisitos de
subsidiaridad y de relevancia constitucional, por las razones que pasan a
explicarse:
5.3.1. En relación con el requisito de la subsidiariedad advierte la Sala que
se encuentra satisfecho, pues como lo indicó el impugnante, al
resultarle favorable la sentencia del 27 de noviembre de 2023, proferida
en primera instancia por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, no
le asistía interés jurídico para recurrir esa decisión, por lo que no podría
exigírsele alguna intervención en tal sentido, para entender agotados
todos los medios de defensa con que contaba; más aún si se considera
que, con fundamento en el artículo 320 del CGP8 el tribunal accionado,
como superior funcional del juez, solo estaba obligado a pronunciarse
respecto de los cargos del recurso de apelación interpuesto por el
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
5.3.2. También se considera satisfecho el requisito de la relevancia
constitucional porque:
(i) En la solicitud de amparo se exponen los motivos por los que el
tutelante considera vulnerados sus derechos fundamentales a la

8
«ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior
revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá
en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71».

9

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igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
al considerar que la decisión de cierre del proceso que promovió,
tendiente a obtener el reconocimiento pensional por los servicios
prestados como docente oficial, incurrió en los defectos sustantivo (cito
las normas desconocidas e indebidamente aplicadas) y por
desconocimiento del precedente (cargo respecto del cual, invocó e identificó
como desconocidas múltiples sentencias de las que alega identidad fáctica y
jurídica respecto de su caso).

(ii) La controversia constitucional compromete el núcleo esencial de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso
a la administración de justicia, y a los de seguridad social y mínimo vital,
como quiera que, el tiempo de servicios en la docencia oficial que se
discute en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
tiene una incidencia directa en el derecho pensional del actor, lo que
reviste una indudable importancia constitucional.
La Corte Constitucional9 se ha pronunciado sobre la relevancia
constitucional en casos relacionados con derechos pensionales. A
modo de ejemplo, en la sentencia T-422 de 2011 precisó que «el derecho
al reconocimiento de la pensión de jubilación es un asunto de relevancia constitucional
por estar radicado en personas de la tercera edad; la privación de este derecho puede
afectar el derecho al mínimo vital de este grupo de ciudadanos, y la procedibilidad
para ser reclamado por vía de tutela se da cuando convergen otras circunstancias
que complican la existencia digna del sujeto, tales como padecimientos de salud,
carencia de otros recursos para subsistir, e indefinición del marco normativo en que
se encuentra el afectado; el reconocimiento extemporáneo del derecho con base en
esta última circunstancia puede convergir en la ocurrencia de un perjuicio irremediable
que el juez de tutela está llamado a evitar mediante la utilización de la acción como
mecanismo transitorio».

(iii) La discusión planteada por la tutelante es constitucional y no
netamente legal o económica, comoquiera que concierne a la presunta
afectación de garantías superiores de las que son titulares los
ciudadanos que pretenden el reconocimiento de la pensión de jubilación
por sus servicios en la docencia oficial. (iv) La decisión judicial
cuestionada, revocó la que accedió a las pretensiones de la demanda,
de manera que la parte actora no tuvo la oportunidad de discutir las
razones allí señaladas para denegar el derecho pretendido.
6. Verificación de los demás requisitos de procedencia de tutela contra
providencia judicial
Frente a los demás requisitos generales de procedibilidad de la acción se
encuentran satisfechos por cuanto (i) la controversia alude a la posible
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
y de acceso a la administración de justicia del señor Telésforo Claros Chavarro
con ocasión de la providencia judicial del 29 de abril de 2025 que decidió en
segunda instancia el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho relacionado con el reconocimiento de la pensión de jubilación en su
calidad de docente vinculado inicialmente por contrato de prestación de
servicios y posteriormente en provisionalidad; (ii) se cumplió con el requisito
de inmediatez, ya que la acción se interpuso dentro de los 6 meses siguientes
a la notificación de la providencia cuestionada, pues la sentencia fue emitida
el 29 de abril de 2025, fue notificada por correo electrónico a las partes el 23
de mayo de 2025 y la acción de tutela se presentó el 19 de noviembre de 2025
por lo que se encuentra dentro del lapso considerado como razonable y, (iii)
no se trata de una tutela contra sentencia de tutela.

9
Sentencia SU-062 de 2023.

10

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7. Los contratos de prestación de servicios en el sector docente

La Ley 60 del 12 de agosto de 1993 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la
distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución
Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política
y se dictan otras disposiciones», estableció en su artículo 6º:

«ARTÍCULO 6º.- Administración del personal. Corresponde a la ley y a sus reglamentos, señalar
los criterios, régimen y reglas para la organización de plantas de personal docente y administrativo de
los servicios educativos estatales
Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y administrativos sin el lleno de los
requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa, respectivamente, ni por fuera de las plantas
de personal que cada entidad territorial adopte. Todo nombramiento o vinculación que no llene los requisitos a que se refiere este artículo, serán ilegales
y constituyen causal de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal para quien lo
ejecute. El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen
a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será
el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con
pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental,
distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará
el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. Las sumas por concepto de provisiones y aportes para la atención del pago de las prestaciones del
personal docente del orden territorial a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, serán giradas al mismo por las entidades territoriales, de conformidad con las disposiciones
de la presente Ley. El valor actuarial del pasivo prestacional de las entidades territoriales, que deban
trasladar al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, se determinará, para estos efectos, con base
en la liquidación que se realice con cada una de ellas, y será financiado con sus propios recursos. El régimen de remuneración y las escalas salariales de todos los docentes de los servicios educativos
estatales, que en adelante tendrán carácter de servidores públicos de régimen especial de los órdenes
departamental, distrital o municipal, se regirá por el Decreto-ley 2277 de 1979 y demás normas que lo
modifiquen y adicionen. Igualmente, sus reajustes salariales serán definidos de conformidad con la Ley
4a. de 1992. Las funciones de dirección del sistema de salud, se realizarán a través de las direcciones locales,
distritales y seccionales según las competencias definidas en la presente ley. Las entidades prestadoras
de servicios de salud, estarán dotadas de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa, en concordancia con el parágrafo 1o. del artículo 19 de la Ley 10 de 1990, y se les aplicará
el régimen de personal previsto en el artículo 26 de dicha ley. En virtud de las autorizaciones de la Ley
4a. de 1992 el CONPES social establecerá los reajustes salariales máximos que podrán decretar o
convenir las entidades territoriales. Igualmente establecerá los parámetros de eficiencia técnica y
administrativa que podrán considerarse para la expansión de las plantas de personal y los sistemas de
control de gestión por parte de las entidades territoriales, sin perjuicio de su autonomía que al respecto
consagra la Constitución Política. El Gobierno Nacional establecerá un programa de estímulos a la
eficiencia técnica y administrativa de los sectores de salud y educación y se abstendrá de participar en
programas de cofinanciación cuando las entidades territoriales de que trata la presente ley, no
demuestren eficiencia o no efectúen la expansión racional de sus plantas de personal.

PARÁGRAFO 1º.- Los docentes temporales vinculados por contrato a los servicios educativos
estatales antes del 30 de junio de 1993 que llenen los requisitos de la carrera docente, serán
incorporados a las plantas de personal de los departamentos o de los distritos en donde vienen prestando
sus servicios, previo estudio de necesidades y ampliación de la planta de personal. La vinculación de los
docentes temporales será gradual, pero deberá efectuarse de conformidad con un plan de incorporación
que será proporcional al incremento anual del situado fiscal y con recursos propios de las entidades
territoriales y en un término no mayor a los seis años contados a partir de la publicación de la presente
Ley».

El parágrafo primero del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 fue declarado inexequible
por la Corte Constitucional en la sentencia C 555 de 1994, que en lo pertinente
sostuvo:
«13. La Corte en sus providencias ha reiterado el principio constitucional de la igualdad ante
la ley. No obstante, ha señalado que el tratamiento jurídico distinto se justifica si existe una
diferencia razonable entre los supuestos de hecho materia de comparación y si aquél es
proporcional y adecuado a la misma.
La primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales, es un principio constitucional. Si el Juez, en un caso concreto, decide,
porque lo encuentra probado, otorgarle a un docente-contratista el carácter de trabajador al

11

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servicio del Estado, puede hacerlo con base en el artículo 53 de la CP. Sin embargo, a partir
de esta premisa, no podrá en ningún caso conferirle el status de empleado público, sujeto a
un específico régimen legal y reglamentario. El principio de la primacía de la realidad sobre
las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, no tiene,
adicionalmente, el alcance de excusar con la mera prestación efectiva de trabajo la omisión
del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales previstos para acceder a la
función pública que, en la modalidad estatutaria, son el nombramiento y la posesión, los que
a su vez presuponen la existencia de un determinado régimen legal y reglamentario, una
planta de personal y de la correspondiente disponibilidad presupuestal. El mencionado
principio agota su cometido al desentrañar y hacer triunfar la relación de trabajo sobre las
apariencias que hayan querido ocultarla. Y esta primacía puede imponerse tanto frente a
particulares como al Estado mismo. Su finalidad no puede dilatarse hasta abarcar como
función suya la de aniquilar las que son formalidades sustanciales de derecho público. (…)
Desde el punto de vista de la actividad material que ejecutan los docentes-temporales, no
parece existir diferencia respecto de la que realizan los docentes-empleados públicos. Si no
se encuentra una diferencia, entre estos dos supuestos, edificada sobre un criterio de
comparación que sea razonable, perdería plausibilidad el régimen jurídico asimétrico que, en
las condiciones ya referidas, la ley contempla y el cual, en los aspectos principales
(remuneración, prestaciones, derechos y obligaciones), es más favorable para los docentes-
empleados públicos.
La diferencia originada en el menor costo económico, principalmente causada por la falta de
reconocimiento de prestaciones sociales, no obstante la naturaleza laboral de la actividad
efectivamente cumplida por los docentes-temporales, confrontada a la luz de la Constitución,
se torna irrazonable y contraria a sus mandatos. El trabajo, así beneficie al Estado, genera
derechos y obligaciones irrenunciables. Las prestaciones sociales, corresponden a un
concepto de derecho mínimo establecido en las normas laborales, que es irrenunciable. Sin
perjuicio de que el Juez ordinario, en cada caso concreto, pueda hacer prevalecer la
naturaleza laboral de una determinada relación, el legislador carece de libertad frente a la
realidad del trabajo subordinado y no puede, sin más, desconocer su existencia y despojarla
de las consecuencias y garantías que le son inherentes. Con base en el criterio del menor
costo económico, no puede erigirse un tratamiento jurídico diferenciado para los dos grupos
de docentes. (…)».

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte Constitucional dejó establecida la
imposibilidad de que, siendo la docencia una actividad que se ejerce en el
plano educativo de manera permanente y además la actividad principal de los
centros educativos, se hiciera una diferenciación entre quienes ejercían tal
actividad vinculados a través de una relación legal y reglamentaria y otros
mediante contratos de prestación de servicios.

Incluso, en la misma sentencia se declaró la inexequibilidad del parágrafo 3º
del artículo 105 de la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 «Por la cual se expide
la ley general de educación» que indicaba que a los docentes que estuvieran
vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero del artículo
6º de la Ley 60 de 1993 «se les seguirá contratando sucesivamente para el
periodo académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta
de personal docente territorial».

8. Aportes al sistema general de seguridad social en pensión por parte de
los contratistas

En materia de aportes a la seguridad social en pensiones, a partir de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 199310 (artículo 17) se estableció la obligación de efectuar
los mismos, de la siguiente manera:
«ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral
deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por
parte de los afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen».

Esta disposición fue modificada posteriormente por la Ley 797 de 2003, en cuyo
artículo 4º dispuso:
10
La entrada en vigencia para el sector público fue el 30 de agosto de 1994.

12

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«ARTÍCULO 4º El artículo 17 de la Ley 100 de 1993 quedará así:
Artículo 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral y del
contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del
sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el
salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen. (…)».

La exposición de motivos que tuvo el legislador para establecer esta obligación
además ahora en cabeza de los contratistas, partió, entre múltiples tesis y
planteamientos, de la cobertura y la negación a un derecho de rango fundamental
inmerso dentro del sistema como lo es el derecho pensional. Se dijo en lo pertinente11
:
«Tal como antecedió a la reforma de la seguridad social, que culminó con la promulgación de
la Ley 100 de 1993, los analistas del tema pensional plantean nuevamente grandes críticas al
régimen existente. Algunas merecen mayor atención que otras, por ejemplo el tema de la falta
de cobertura y por supuesto la negación del principio de universalidad que se estipula en la
Carta Constitucional. Profundizar en tal situación nos lleva a relacionar las principales
características del mercado laboral colombiano con el contenido del Sistema General de
Pensiones, indagar en sus bases teóricas y principios rectores, y así, tratar de entender desde
la composición del mercado laboral, algunas causas de la falta de universalidad del sistema.
Para realizar tal tarea, se hace necesario conocer las características más sobresalientes de la
dinámica laboral».

De conformidad con lo anterior, resulta claro que en materia de aportes a pensión
la norma solo vino a establecer la obligatoriedad de efectuar los respectivos
aportes a pensión por parte del contratista, hasta la expedición de la Ley 797
de 2003, ante la necesidad imperiosa de contar con aportes de un grupo mayor de
colombianos dada la desalarización que se venía presentando en el país y la mayor
cantidad de personas independientes de otros sectores, que hacían necesario
robustecer el sistema de financiación y de esta manera dar mayor cobertura.

Es importante destacar igualmente que, en materia de contratación estatal, el
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 «Por medio de la cual se introducen medidas para
la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones
generales sobre contratación con recursos públicos», modificó el inciso segundo y el
parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y estableció el deber por parte
de los contratistas de acreditar el pago de los aportes parafiscales relativos al
sistema de social integral por parte de los contratistas.

9. Análisis en el caso concreto

9.1. Teniendo presente que el accionante consideró que el Tribunal Administrativo
del Huila, Sala Sexta de Decisión incurrió en defecto por desconocimiento del
precedente jurisprudencial, la Sala encuentra necesario recordar que el
precedente judicial busca armonizar y salvaguardar los principios de igualdad
y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma
y, consecuentemente, se garantice el debido proceso del ciudadano.

Por tal motivo, es posible plantear la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación (existencia
del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) sean vinculantes para la
autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por
tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii) que la decisión judicial
que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al precedente vinculante
(contradicción con el precedente vinculante); (iv) que el juez de instancia no
presente una justificación razonable para apartarse del precedente vinculante.

11
Se hizo mención a este aparte en el proyecto de ley 44 de 2002 Senado, el 12 de agosto de 2002. Gaceta del Congreso
225.

13

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A partir de lo anterior, debe considerarse que, por regla general, los jueces de
lo contencioso administrativo deben guiarse en la solución de sus asuntos, por
la jurisprudencia vinculante. Este concepto cobija tanto el precedente vertical,
que proviene de la autoridad encargada de unificar jurisprudencia en cada
jurisdicción, como el precedente horizontal que es el emitido por el mismo
funcionario o autoridades del mismo nivel jerárquico y que está cimentado en
los principios de igualdad y seguridad jurídica.

9.2. En la solicitud de amparo, la parte actora invocó como desconocidas
sentencias de tutela y proferidas en procesos ordinarios adelantados ante la
Sección Segunda de esta Corporación, en los que se abordó la controversia
del sector docente, relacionada con los tiempos laborados por los docentes
bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios y la problemática
que se presentaba en relación con los aportes a pensión que tenían una
repercusión al momento del reconocimiento pensional.

Con el propósito de resolver el caso concreto, se estima pertinente citar los
argumentos relevantes de la sentencia objeto de cuestionamiento, proferida
por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila.

En la sentencia cuestionada, el Tribunal Administrativo del Huila expuso el
marco normativo y al precedente jurisprudencial del régimen pensional
docente. También se refirió a la condición de docente oficial del actor y la
consecuente configuración de una relación laboral, haciendo una relación de
los tiempos en los que prestó sus servicios a la docencia tanto mediante la
suscripción de contratos de prestación de servicios como su posterior
vinculación en provisionalidad.

La sentencia tuvo la siguiente fundamentación:
«Conforme a lo anterior, observa la Sala que el señor Claros Chavarro se desempeñó como
docente, en diferentes épocas, en el Municipio de Oporapa desde el 1° de septiembre de 1998
hasta el 30 de noviembre de 2002. Ello, a través de sendos contratos de prestación de
servicios, que equivalen en tiempo a 3 años, 6 meses y 23 días. Con el Departamento del
Huila, entre el 13 de marzo de 2006 al 20 de enero de 2023, con una vinculación en
provisionalidad, periodo que equivale en tiempo de servicio a 16 años, 10 meses y 7 días.
Ahora, si bien no se negó la existencia de las referidas órdenes de prestación de servicios
celebrados entre el demandante y la señalada entidad territorial, lo cierto es que tal hecho de
ninguna manera implica asumir que la calidad de las actividades desarrolladas por el primero,
fue otra diferente a la de un docente oficial propiamente dicho, “esto al margen de que no se
hubiese declarado la existencia de una relación laboral en su momento”12.
Y resulta más evidente tal conclusión, al observar que tales vínculos por OPS, se desarrollaron
con la finalidad de prestar el servicio de educador, de acuerdo al calendario escolar y las
directrices fijadas por el Ministerio de Educación Nacional, y la secretaría de educación del
Departamento, orientado por intermedio de los Jefes de Núcleo Educativo, conforme a lo
reglado por la Ley 80 de 1993; como también, bajó el panorama legal contenido en la Ley 715
de 2001, respecto de la necesidad de que los municipios mediante órdenes de prestación de
servicios, contrataran docentes provisionalmente mientras se definía la correspondiente planta
de personal en dicha área.
Entonces, téngase que tales contratos no tenían otro objeto que la ejecución específica de
labores inherentes al personal del magisterio; esto es, ejercer actividades propias de un
educador al servicio de una entidad territorial pública de enseñanza.
Adviértase, en este punto, que, como bien lo ha señalado el máximo órgano de lo contencioso-
administrativo, “dicho propósito «convenido», en definitiva es exactamente igual a lo que por naturaleza
son las funciones de un docente oficial nombrado y posesionado mediante acto administrativo expedido
por la autoridad pública competente”13, pues, como se señaló, debía en todo caso ejercer
realmente un cargo como maestro pero sometido a las directrices, planes y programas fijados

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda -Subsección A; providencia del 18 de febrero
de 2021; radicado: 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014); de C.P. William Hernández Gómez.
13
Ibídem.

14

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por el Ministerio de Educación Nacional; quien, además, tenía que acreditar los requisitos
propios de los empleados públicos de carrera en dicho cargo, si se tiene en cuenta que el
referido programa buscaba solventar una carencia temporal de plazas de maestros hasta tanto
estas fueran creadas.
Lo expuesto está en concordancia con lo señalado por el Consejo de Estado, en cuanto
sostuvo “que sin perjuicio del vínculo contractual existente en los lapsos aludidos, y sin que en esta
sentencia se emita pronunciamiento sobre una eventual declaratoria de existencia de una relación laboral
para aquella época, sí debe entenderse que el señor (…) ejerció funciones propias e inherentes a
la condición de docente estatal en cada uno de sus interregnos de ejecución”14, posición, que
según la misma Corporación, se halla respaldada en la sentencia de unificación CESUJ2 N.°
5 del 25 de agosto de 2016, la cual se cita “… la vinculación de docentes bajo la modalidad de
prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al
elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los
docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia
de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus
funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones
durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos
estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad
sobre las formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte
del Estado…”.
Visto lo anterior, es procedente, como lo advirtió la primera instancia, tener como demostrado
a favor del demandante la prestación de servicios propios de un docente oficial por el tiempo
que se ejecutaron los contratos de prestación de servicios celebrados entre este y el municipio
de Oporapa».

Luego de establecer la calidad de docente oficial del señor Telésforo Claros
Chavarro, se refirió al cumplimiento de los requisitos por parte del educador
para acceder a la pensión de jubilación y consideró que estaban acreditados,
sin embargo, precisó que al no haberse efectuado los aportes por concepto
de pensión, no era posible acceder al pretendido reconocimiento prestacional.
La autoridad judicial accionada indicó:
«Sin embargo, a efectos de ser sumado al tiempo por el cual estuvo nombrado en
provisionalidad por el Departamento del Huila, es decir, como tiempo de servicio
efectivamente laborado y acumulable en materia de acreditación de requisitos para acceder
al reconocimiento de una pensión de jubilación, debe demostrarse que efectivamente se
hicieron las respectivas cotizaciones o aportes al sistema pensional, comoquiera, “que
los mentados vínculos contractuales, en esencia lo que consolidaron fue una relación laboral subrepticia
que implica tener en cuenta su vigencia para efectos de acumular ese lapso al período de labores del
demandante como educador estatal, y por ende que se deriven las consecuencias, que en lo que
respecta al marco normativo aplicable le correspondían en virtud de dicha calidad, tal como fue
deprecado en la demanda”15.
Adviértase, de lo anterior, que, conforme a lo planteado, lo anterior solo tiene efectos
pensionales, y no conlleva al reconocimiento de otro tipo de prestaciones o derechos
derivados de un vínculo laboral asimilable al legal y reglamentario que detentan los docentes
oficiales, pues se reitera, ello no es materia de discusión.
Acorde con ello, para el caso en particular, tal como se expuso en el acápite que antecede,
respecto de la condición de educador estatal del accionante, este debe ser considerado como
tal desde el 1° de septiembre de 1998 cuando ejerció funciones inherentes a la mentada
profesión para el municipio de Oporapa, esto, a través de órdenes de prestación de servicios
que comenzaron su ejecución desde dicha data, conforme a los contratos allegados, la cual,
en todo caso, es anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
Atendiendo a lo señalado, se tiene que la Ley 33 de 1985, es la que debe ser aplicable al
caso del demandante y por ello, para acceder a la pensión de jubilación conforme a tal norma,
debe cumplir los requisitos allí indicados, tal como lo dispone el artículo 81 de la Ley 812 de
2003; esto es, debe acreditar los siguientes: […]
Se evidencia que el aquí docente cumple con los requisitos de edad y tiempo fijados en la ley
para acceder al derecho pensional, en la medida que la Ley 71 de 1988, permite el cómputo
de los tiempos cotizados ante la actual Administradora Colombiana de Pensiones y a la vez
al aludido fondo, esto a fin de acceder al reconocimiento de la pensión de jubilación.

14
Consejo de Estado. Sección Segunda- Subsección A, providencia del 19 de enero de2023, proferida en el proceso con
radicado: 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022).
15
Ibídem.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07300-01
Demandante: Telésforo Claros Chavarro

El referido efecto se observa en el artículo 11, el cual generó una integración normativa en
materia pensional para los empleados del sector público y privado que se hicieran titulares de
dicha prestación, al señalar:
“Artículo 11 .- Esta ley y las Leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a. de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113
de 1985 y sus decretos reglamentarios, contienen los derechos mínimos en materia de pensiones y
sustituciones pensionales y se aplicarán en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las
entidades de previsión social, del sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las
entidades de Previsión Social del Sector privado, lo mismo que a las personas naturales y jurídicas,
que reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e invalidez.”
Frente a lo cual, el Consejo de Estado refirió: “Para el caso de marras resulta necesario entonces
remitirse a la mentada norma que complementa el régimen de pensiones, en el sentido de que esta
permite el cómputo de las cotizaciones efectuadas por el trabajador cuando aquel hubiese laborado
en entidades de orden público y privado con el propósito de acceder a dicho beneficio pensional. Lo
anterior, en observancia de los requisitos de edad, tiempo y monto pensional previstos en la Ley 33
de 1985, como en efecto se consideró en la mentada providencia.”16.
Empero, debe tenerse en cuenta el hecho de que el libelista alega la realización de aportes
como independiente derivados de sus vínculos contractuales con la aquí referida autoridad
territorial, así como los generados en el sector público ante el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio por su nombramiento en provisionalidad como docente, ello a fin de
acreditar el tiempo de servicio requerido.
No obstante, de las pruebas arrimadas al proceso, encuentra esta Sala que el demandante
no acreditó los correspondientes pagos de cotización obligatorios y debidos en su calidad de
contratista, los cuales debieron ser efectuados en su oportunidad, en pro del principio de
sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social y por tanto, no se cumple uno de los
supuestos fácticos para acceder a la pensión de jubilación.
En conclusión, la Sala coincide con el a quo en cuanto a que la calidad de docente oficial del
actor data desde la fecha del primer contrato de prestación de servicios, es decir, desde el 1°
de septiembre de 1998, y que en dicha línea, se logró acreditar el tiempo de servicio exigido
por la ley para acceder a la pensión, junto a la edad demostrada. Sin embargo, se discrepa
frente al reconocimiento del derecho pensional, ya que el demandante no logró acreditar el
pago de aportes que permita acceder a tal pensión de jubilación en los términos indicados en
la Ley 33 de 1985 y Ley 812 de 2003. De accederse a tal pensión se vulneraría el principio de
sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social. La sentencia será revocada y su
lugar, se negarán las pretensiones de la demanda».

9.3. De acuerdo con el análisis hecho por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala
Sexta de Decisión en la sentencia cuestionada, se advierte que pese a
soportar la decisión en pronunciamientos de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, para afirmar que cuando se ejerce la labor docente mediante la
suscripción de contratos de prestación de servicios ese tiempo laborado debe
ser tenido en cuenta para efectos del reconocimiento pensional, lo cierto es
que la autoridad judicial pasó por alto que la propia jurisprudencia de la
Sección Segunda del Consejo de Estado avala el cómputo de dichos tiempos,
así no se hubieren efectuado aportes a pensiones, bajo el entendido que, es
a la respectiva entidad territorial a la que prestó el servicio y se benefició con
el mismo quien tendría a cargo el deber de efectuar tales aportes, tratándose
de prestaciones de servicios anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 797
de 2003.

Tal como lo citó el tutelante, esta Sala de decisión en sede de tutela al estudiar
casos de contornos similares al presente17, ha sostenido esta tesis según la
cual deben ser tenidos en cuenta los tiempos laborados como docente
vinculado por contratos de prestación de servicios y que quien tiene a cargo
el deber de hacer los respectivos aportes es el empleador que, en casos como
el del señor Telésforo Claros Chavarro, debe hacerse por parte de la
respectiva entidad territorial a la que prestó el servicio y que se benefició con

16
Consejo de Estado. Sección Segunda- Subsección A, providencia del 19 de enero de 2023, proferida en el proceso con
radicado: 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022).
17
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 20 de marzo de 2025. Expediente 11001-03-15-000-2024-06972-00.
MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. (ii) Sentencia del 15 de mayo de 2025. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2025-
01495-00. MP. Wilson Ramos Girón (Encargado). Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 22 de mayo de
2025. Expediente 11001-03-15-000-2025-01077-00. MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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Demandante: Telésforo Claros Chavarro

el mismo como se anotó, como quiera que fue con la entrada en vigor de la
Ley 797 de 2003, que se impuso la obligación legal de efectuar los respectivos
aportes a pensión por parte del contratista.

9.4. En efecto, mediante sentencia de unificación de CESUJ2-5 del 25 de agosto
de 2016, el Consejo de Estado señaló que los docentes vinculados mediante
órdenes de prestación de servicios merecen protección especial, pues esta
modalidad de vinculación no desvirtúa el carácter personal de su labor ni es
ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de
educación, pues resulta similar a la de los docentes empleados públicos, así:
«…la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el
carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente
con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes empleados
públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las
diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus
funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus
funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los
establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los
principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad, los docentes
contratistas merecen una protección especial por parte del Estado. […]».

Por lo anterior, la alta Corporación afirmó que era válida la inclusión de tiempos
laborados bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, siempre
que se pretendiera la existencia de una relación laboral o para efectos de
solicitar el cómputo de los periodos laborados en dicha modalidad contractual.
En consecuencia, la administración no puede eludir el pago de los aportes
correspondientes al sistema de seguridad social en pensiones, especialmente
cuando este pago incide en el derecho de acceso a una pensión digna y acorde
con la realidad laboral, derecho que pertenece a quien ha prestado sus
servicios al Estado por medio de una verdadera relación de trabajo.

En línea con el anterior criterio, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha
previsto que, en casos como el presente en los que se ejerce la labor docente a
través de contratos de prestación de servicios, los mismos se deben tener en
cuenta como tiempo computable a efectos del respectivo reconocimiento
pensional y, quien tiene a cargo el deber de efectuar tales aportes lo sería el
empleador, es decir, la respectiva entidad territorial a la que prestó el servicio
y se benefició de este.

Como se evidencia, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha mostrado la
viabilidad de tener en cuenta el tiempo laborado mediante contratos de
prestación de servicios para efecto de reconocimientos de pensiones de los
docentes, sin desconocer el criterio de sostenibilidad financiera del cual goza
el sistema pensional.

9.5. En el caso concreto se advierte que el Tribunal en la sentencia mencionó que
el actor efectuó aportes como independiente cuando estuvo vinculado bajo
órdenes de prestación de servicios y que, de acuerdo con lo probado en el
expediente lo cierto era que no existían aportes durante esa relación a través
de contratos de prestación de servicios, por lo que no había lugar a tomar esos
tiempos como contratista al no evidenciarse aportes por los periodos de trabajo
como docente en esa modalidad de vinculación con la entidad territorial, todo
en pro de la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

Para la Sala, esta conclusión no resulta razonable pues las normas que
disponen sobre el reconocimiento y pago de este tipo de prestaciones no
previeron dicho requisito, en los términos indicados por la accionada.

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Demandante: Telésforo Claros Chavarro

No es de recibo que se desestime la vinculación mediante contratos de
prestación de servicios, por el hecho de no acreditarse aportes al sistema de
seguridad social en pensiones, pues las leyes 812 de 2003, 91 de 1989, ni
100 de 1993, establecieron tal requisito para efectos de computar dichos
periodos para efectos pensionales. No puede pasarse por alto que la
obligación de cotizar al sistema de pensión por parte de los contratistas de
prestación de servicios surgió con la expedición de la Ley 797 de 2003.
En consecuencia, tal disposición no resulta aplicable al presente caso, por
cuanto los contratos suscritos por el señor Telésforo Claros Chavarro, fueron
anteriores a la expedición de la Ley 797 de 2003 teniendo en cuenta que los
tiempos certificados como contratista fueron anteriores a la entrada en vigor
de la citada ley.
Así las cosas, en la sentencia cuestionada el Tribunal Administrativo del Huila
aplicó indebidamente el precedente vigente sobre el tema y desconoció las
normas bajo las cuales se suscribieron y ejecutaron los contratos de prestación
servicios por el docente, pues era necesario que la autoridad accionada
determinara (i) si existía o no esa obligación para el contratista, y (ii) quién
estaría en la obligación de cubrir esos aportes; pues no hacerlo, conllevó al
desconocimiento del derecho pensional del actor lo que impacta otros
derechos fundamentales, como el mínimo vital y la seguridad social.
La Sala advierte que la valoración hecha por la autoridad judicial accionada no
fue acertada, pues no atendió a las normas bajo las cuales se suscribieron y
ejecutaron los contratos de prestación servicios por el docente, ni los criterios
jurisprudenciales desarrollados por el Consejo de Estado, que señalan que:
se deben tener en cuenta los contratos de prestación de servicios como tiempo
computable para efectos pensionales, la fecha desde la que le fue exigible a
los contratistas de efectuar aportes al sistema de pensiones; y a cargo de quién
estaría la obligación de hacer los aportes al sistema por el tiempo que el señor
Claros Chavarro prestó sus servicios como docente al municipio de Oporapa
(Huila), a través de contratos de prestación de servicios pues, no se desconoce
el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional.
Finalmente, en relación con el régimen aplicable, basta señalar que la decisión
se orientó a la aplicación de la Ley 71 de 1988 que permite el cómputo de los
tiempos que debían ser cotizados por su labor docente a través de contratos
de prestación de servicios y los aportes efectuados por el FOMAG conforme a
su posterior vinculación como docente en provisionalidad.
10. Conclusión
Conforme lo expuesto, la Sala revocará la decisión del 19 de enero de 2026
proferida por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado para, en su
lugar, conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia del señor Telésforo Claros
Chavarro.
En consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia del 29 de abril de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión, y se ordenará a
dicha autoridad que, en el término de veinte (20) días siguientes a la notificación de
la presente providencia, profiera una decisión de reemplazo en la que sean tenidas
en cuenta las consideraciones hechas en el presente fallo de tutela

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

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Demandante: Telésforo Claros Chavarro

FALLA

1. NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación y de la
Fiduprevisora SA por falta de legitimación en la causa por pasiva, conforme lo
expuesto en precedencia.

2. REVOCAR el fallo del 19 de enero de 2026 proferido por la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado para, su lugar, AMPARAR los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración
de justicia del señor Telésforo Claros Chavarro, de acuerdo con las
consideraciones expuestas en la presente providencia.

3. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 29 de abril de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión, y ORDENAR a dicha
autoridad que, en el término de veinte (20) días siguientes a la notificación de
la presente providencia, profiera una decisión de reemplazo en la que sean
tenidas en cuenta las consideraciones hechas en el presente fallo de tutela

4. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

5. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

6. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

19

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