Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2018-00184-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2018-00184-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-23-33-000-2018-00184-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
7 de abril de 2022
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Radicado: 63001-23-33-000-2018-00184-01 (4983-2019)
Demandante: Alba Lucía García Buitrago
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 63001-23-33-000-2018-00184-01 (4983-2019)
Demandante: ALBA LUCÍA GARCÍA BUITRAGO
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO1
Temas: Reconocimiento pensión de jubilación por aportes
de docente oficial. Aplicación integral de la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019.
Aportes del sector público y privado. Ley 71 de
1988.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-066-2022
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 5 de julio de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Quindío, que negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Alba Lucía García Buitrago en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20112, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (Folios 1 a 3, C1)
1. Que se declare la nulidad de la Resolución 2214 del 21 de agosto de 2018,
por medio de la cual la Secretaría de Educación del Municipio de Armenia
en nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, negó la petición de reconocimiento pensional presentada
por la demandante el 25 de junio de 2018.
1 En adelante FNPSM.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
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Radicado: 63001-23-33-000-2018-00184-01 (4983-2019)
Demandante: Alba Lucía García Buitrago
2. Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la autoridad
demandada a reconocer y pagar a favor de la libelista una pensión de
jubilación por aportes equivalente al 75% de los salarios y primas recibidas
a favor de aquella durante el último año anterior a la adquisición de su
estatus jurídico, y con efectividad desde el 1.° de enero de 2015, ello sin
exigir la demostración del retiro definitivo del servicio en razón de la
compatibilidad de dicha prestación con el salario como educadora oficial.
3. Conminar a la parte pasiva del litigio al pago de las mesadas atrasadas a
partir del momento de la consolidación del derecho hasta cuando la
demandante sea incluida en nómina.
4. Dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 y
siguientes del CPACA en cuanto a la actualización monetaria de los valores
a cancelar, reconocimiento de intereses moratorios, y finalmente, que se
condene en costas a la entidad demandada.
Supuestos fácticos relevantes de la demanda (Folios 3 a 5, C1)
1. La señora Alba Lucía García Buitrago nació el 1.° de enero de 1960.
Durante su vida laboral realizó cotizaciones al extinto ISS (hoy
Colpensiones) para un total acumulado de 661.86 semanas.
2. La demandante tuvo vinculación oficial con la Secretaría de Educación del
Municipio de Armenia desde el 1.° de septiembre de 2003 hasta el 1.° de
mayo de 2005 en calidad de docente en provisionalidad. Posteriormente,
aquella fue nombrada en propiedad bajo el mentado empleo a partir del 2
de mayo de 2005, y al menos, a la fecha de presentación de la demanda
(11 de octubre de 2018) esta continuaba en ejercicio de dicho cargo.
3. La libelista solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación el 11 de
julio de 2018 ante la Secretaría de Educación Municipal de Armenia. Esta
entidad negó tal petición a través de la Resolución 2214 del 21 de agosto
de 2018, en tanto exigió la acreditación de más de 1.300 semanas y la
demostración del retiro definitivo del servicio para conceder la prestación.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»3, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
3 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
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Radicado: 63001-23-33-000-2018-00184-01 (4983-2019)
Demandante: Alba Lucía García Buitrago
Fecha de la audiencia inicial: 9 de mayo de 2019.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:
«[…] Se advierte que en los procesos de la referencia la parte demandada no allegó
contestación de la demanda.
La parte demandante interviene desde el minuto 00:15:15 al 00:22:59 y solicita:
[…] En el proceso 2018-184: expone como novedad que mediante Resolución 437
de 2019 se le reconoció el pago de una pensión de vejez por cuotas partes sin que
se haya hecho efectiva por falta de retiro del cargo. […]». (Negrilla del texto original.
Folio 91 y CD obrante a folio 105, C1).
Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] Problema jurídico principal común a los procesos de la referencia
Así las cosas, le corresponde determinar a la Corporación:
¿Se debe declarar la nulidad de los actos acusados, por los cuales el Ministerio de
Educación Nacional - FOMAG, negó el reconocimiento de la pensión de jubilación por
aportes a cada una de las ahora demandantes?
Problemas jurídicos asociados comunes a los procesos de la referencia
1. ¿Cada una de las demandantes tienen derecho a que el Ministerio de Educación
Nacional - FOMAG les reconozca y pague un pensión de jubilación por aportes
conforme la Ley 812 de 2003 y Ley 71 de 1988, equivalente al 75% de los salarios y
las primas percibidas, anteriores al cumplimiento del status (sic) de pensionadas?
2. ¿De reconocerse la pensión solicitada, existe compatibilidad en percibir de forma
simultánea la pensión reconocida y el salario ordinario que perciben como docentes?,
o es necesario el retiro definitivo del cargo para poder disfrutar de la pensión?
3. ¿Existe prescripción de mesadas pensionales? […]» (Negrilla conforme a la
transcripción. Folios 91 a 92 y CD que reposa a folio 105, C1).
SENTENCIA APELADA
(Folios 126 a 137, C1)
El a quo profirió sentencia escrita el 5 de julio de 2019, por medio de la cual
denegó las pretensiones de la demandante con fundamento en las siguientes
consideraciones:
En primer lugar, el tribunal expuso que para efectos de determinar el régimen
pensional docente, debe tenerse en cuenta que de conformidad con las
previsiones de la Ley 812 de 2013 y del Acto Legislativo 01 de 2005, es
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necesario verificar la fecha de vinculación del servidor, puesto que si este se
vinculó con anterioridad al 27 de junio de 2003 (fecha en la que entró a regir
la primera norma en comento), le será aplicable la regulación vigente al
momento de su posesión como educador, que puntualmente sería la Ley 91
de 1989, mientras que si el maestro es nombrado con posterioridad a dicha
fecha, el marco jurídico atribuible es el de la Ley 100 de 1993.
Respecto de la solicitud de la parte activa sobre la observancia de la Ley 71
de 1988, adujo que a partir del artículo 11 ibidem se infiere que los postulados
propios de esta norma se hacen extensivos a favor de los servidores públicos
afiliados de cualquier naturaleza, es decir, también a los funcionarios de las
entidades del orden nacional, por lo que, sin lugar a dudas, tal regulación sí
podría gobernar la situación jurídica de los docentes, ello siempre y cuando
gocen de la transitoriedad del régimen especial pensional.
Frente al caso particular estimó que, la demandante no se encuentra cobijada
por la condición referida en razón de su fecha de ingreso como docente oficial.
Sobre el punto precisó que, de la afirmación plasmada en la demanda,
específicamente en el hecho tercero, así como del material probatorio
recaudado, se constató que la señora Alba Lucia García Buitrago se vinculó
como educadora estatal con el municipio de Armenia desde el 1.° de
septiembre de 2003, esto es, con posterioridad a la expedición de la Ley 812
de 2003, razón por la cual, su régimen pensional aplicable es el del sistema
general previsto en la Ley 100 de 1993. Por consiguiente, sostuvo que a la
libelista no le asiste el derecho pretendido en la medida en que no reunió las
condiciones que amparan la posibilidad transitoria de acceder a la prestación
de que trata la Ley 71 de 1988.
Finalmente manifestó que, en todo caso, en la relación de cotizaciones
efectuadas por la parte demandante al entonces ISS (hoy Colpensiones), no
se evidencia que alguno de los aportes realizados con anterioridad al 27 de
junio de 2003 corresponda al ejercicio de la docencia oficial para concluir que
sí tuvo una vinculación previa como tal.
Acorde con los anteriores razonamientos, el tribunal de primera instancia
profirió sentencia en el sentido de negar los pedimentos de la libelista.
RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 143 a 165, C1)
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada a fin de que se
acceda a sus pretensiones. Para ello argumentó que en atención a lo previsto
en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el cual aún se encuentra vigente según
lo consagrado en el artículo 160 de la Ley 1151 de 2007, los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados con anterioridad al 26 de
junio de 2003 (cuando entró en vigencia la primera ley en comento), están
cobijados por el régimen pensional previsto en las normas que hacían parte
del ordenamiento jurídico para ese momento, mientras que para aquellos
educadores que fueran nombrados con posterioridad la referida data, se les
aplicaría el régimen prestacional de prima media fijado en la Ley 100 de 1993,
con excepción del requisito de edad de pensión de vejez.
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Adicionalmente planteó que la prohibición de doble asignación del tesoro
público consagrada en la Constitución Política, fue regulada por el artículo 19
de la Ley 4 de 1992. No obstante, en el sector de los docentes al que pertenece
actualmente la libelista, el literal g) de dicho artículo conservó las
compatibilidades que existían para sus remuneraciones, como lo sería en este
caso entre pensión y salario, tal como lo prevén los artículos 5 del Decreto 224
de 1972 y 277 de la Ley 100 de 1993.
Por esta razón indicó que para disfrutar de la mentada prestación económica,
no se requiere del retiro del servicio, pues existe la posibilidad de percibir de
las prestaciones reconocidas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio con el salario mensual como educadora oficial.
Seguidamente señaló que, de conformidad con los certificados de cotizaciones
adjuntos con la demanda, se puede verificar que la demandante efectuó
aportes al entonces ISS en razón de sendas vinculaciones mediante órdenes
de prestación de servicios celebradas con el municipio de Armenia bajo la
siguiente relación:
Afirmó que lo anterior se puede constatar en los extractos de Colpensiones
donde se evidencian sus empleadores, así como el número de semanas
aportadas con anterioridad al 26 de junio de 2003. Sostuvo que dichas
vinculaciones con el ente territorial permiten colegir una relación estatal en el
servicio docente, situación que ha sido decantada ampliamente por el Consejo
de Estado al considerar que el tiempo de servicio prestado bajo esta modalidad
desdibuja el nexo contractual y conlleva a que en razón de tales
circunstancias, para los maestros no prescriba la validez de este tipo
cotizaciones para efectos de su reconocimiento pensional, tal como lo
manifestó el referido juez colegiado en sentencia del 19 de enero de 2017.
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Resaltó que los aportes acumulados obedecen a diversas vinculaciones tanto
en el sector privado como público de la siguiente manera:
«[…] a. Como empleada pública desempeñando el cargo de Subsecretaria General
del Concejo Municipal de Armenia, durante el periodo comprendido entre el 7 de
agosto de 1992 al 15 de enero de 1995, los aportes para pensión fueron sufragados
por el Municipio de Armenia al Instituto de Seguro Social hoy Colpensiones.
b. Como empleada pública desempeñando el cargo de Docente bajo la modalidad
de Docente Temporal, durante el periodo comprendido del 27 de abril al 30 de
noviembre de 1999, los aportes para pensión fueron sufragados por el Municipio de
Armenia al Instituto de Seguro Social hoy Colpensiones.
c. En el sector privado por los servicios prestados en diferentes instituciones como:
Botero Patiño Omar, Centromotor ltda, Mejía y González ltda, independiente,
Cooprocap, Cooperativa de profesores de C, Cooped, coopeq; en el sector público en
la Universidad del Quindío y el Municipio de Armenia desde el 20 de septiembre de
1980 hasta el 29 de febrero de 2004, realizando cotizaciones para cubrir el riesgo de
vejez, al Instituto de Seguros Sociales, hoy Administradora Colombiana de Pensiones
• Colpensiones- con un tiempo equivalente a un total de 661.86 semanas, de las
cuales para este proceso solo se van a tener en cuenta 636.13 semanas, en virtud a
que desde el 01 de septiembre de 2003 hasta la fecha se encuentra cotizando al
Fondo Nacional de prestaciones Sociales del Magisterio, lo anterior de conformidad
con los arts. 18 de la L.100/93, 20 del D. 692/94 y posteriormente con el art. 30 del D.
1406/99, en los cuales se establece que no es posible sumar semanas de cotización
que se hubiesen hecho de manera simultánea en la doble calidad de afiliado
dependiente e independiente, toda vez que dichas disposiciones consagran, la
sumatoria de salarios para efectos de incrementar el monto de la pensión, no para
acumular semanas.
d. Nuevamente como empleada del sector público, pero en calidad de Docente
nombrada en provisionalidad por medio de la Resolución No. 0550 de fecha 1 de
septiembre de 2003 desde el período comprendido 01 de septiembre de 2003 al 1
de mayo de 2005.
e. Una vez surtidos todos los trámites para el nombramiento en propiedad, fue
vinculada bajo esta modalidad a la docencia oficial desde el periodo comprendido 02
de Mayo 2005 y hasta la fecha, desempeñándose como docente oficial en esta
entidad. […]». (Negrilla y subrayado conforme a la transcripción).
Sobre el punto precisó que, a pesar de tener claro que con la expedición de la
Ley 91 de 1989 quedarían automáticamente afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio los docentes nacionales y nacionalizados
que se encontraban vinculados a la fecha de su promulgación, así como
aquellos que fueran nombrados en adelante, lo cierto es que debe advertirse
que el tiempo laborado por la señora García Buitrago como docente, en virtud
del cual efectuó aportes al entonces ISS, no supone que su calidad como
educadora hubiese ocurrido solo a partir del 1.° de septiembre de 2003, sino
mucho antes, por lo que debe aplicarse la Ley 71 de 1988 y en consecuencia
reconocer la pensión deprecada.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal
según la constancia secretarial visible a folio 232 del cuaderno 2.
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CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada, la cual en el presente caso fue presentada únicamente por
la parte demandante.
Cuestión previa
Antes de definir el fondo el presente asunto, la Sala destaca que al momento
de resolver las excepciones previas en desarrollo de la audiencia inicial
celebrada el 9 de mayo de 2019, la misma parte activa intervino y aseguró que
mediante Resolución 437 de 2019 el FNPSM le reconoció pensión de vejez
por cuotas partes, condicionada a la demostración del retiro definitivo del
servicio (ver folio 91, C1). Por esta razón, mediante auto interlocutorio del 28
de octubre de 2021 (visible en el índice 13 del registro en SAMAI), se
decretaron sendas pruebas de oficio, particularmente la relacionada con el
requerimiento a la libelista tendiente a que aportara al proceso el aludido acto
administrativo.
En efecto, la demandante allegó memorial a través del cual adjuntó copia de
la Resolución 437 del 19 de febrero de 2019 (índice 18 del registro en SAMAI),
en la que se observa que la Secretaría de Educación del Municipio de Armenia,
en nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez a favor de la
señora Alba Lucía García Buitrago.
Para el efecto, se encuentra que la libelista formuló una nueva petición de
reconocimiento pensional el 17 de septiembre de 2018, es decir, con
posterioridad a la que dio origen al acto administrativo reprochado en esta
oportunidad (Resolución 2214 del 21 de agosto de 2018). Con motivo de lo
anterior y en oposición a la negativa manifestada inicialmente, el Ministerio de
Educación, FNPSM concedió la prestación de jubilación a favor de la
demandante en cuantía de $1.191.106, efectiva a partir del momento en que
esta demostrara el retiro definitivo del servicio y financiada en cuotas partes
entre aquel fondo y Colpensiones, debido a la distribución de aportes
efectuados en ambas entidades.
No obstante, lo cierto es que el derecho otorgado en esta última decisión
administrativa, tuvo como fundamento los requisitos y condiciones de
liquidación de la Ley 100 de 1993, es decir, el promedio salarial de los últimos
10 años de servicio y una tasa de reemplazo equivalente al 64,5%. La
aplicación de tales postulados es diferente a los términos de las pretensiones
del presente medio de control, con base en el cual se busca concretar ese
derecho, pero de conformidad con las previsiones de la Ley 71 de 1988.
Ahora bien, a pesar de que la referida Resolución 437 del 19 de febrero de
2019, no fue objeto de litigio al no deprecarse su nulidad por haber sido
expedida con posterioridad a la presentación de la demanda (11 de octubre de
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2018 según folio 23, C1), tal planteamiento no significa que el juez deba
soslayar por completo una realidad demostrada y advertida por las mismas
partes, pues si bien la esencia de la justicia rogada que caracteriza la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, implica el respeto por el
principio de la congruencia entre lo deprecado y lo decidido con la sentencia,
existen circunstancias de hecho y de derecho que no pueden ser inobservadas
en desarrollo de la actuación, sin que ello se entienda como una habilitación
para adicionar la fijación de la controversia de oficio o a solicitud de parte, con
actos administrativos no demandados o con situaciones jurídicas que
requieren su propio estudio provocado por el directo interesado.
Al respecto, se resalta que al verificar el acápite de pretensiones de la
demanda interpuesta (folios 1 a 2, C1), la parte activa instó en esencia la
declaratoria de nulidad de la Resolución 2214 del 21 de agosto de 2018, que
había denegado el reconocimiento de una pensión de jubilación, a fin de que
la prerrogativa se consolidara en su caso con fundamento en la aplicación del
régimen excepcional del magisterio, conforme al cual le sería aplicable la Ley
71 de 1988, no la Ley 100 de 1993 que finalmente fue la que tuvo en cuenta
por el FNPSM como elemento motivacional de la Resolución 437 del 19 de
febrero de 2019.
Este nuevo pronunciamiento de la autoridad demandada difiere de las
condiciones y características pretendidas con el libelo de la referencia, el cual
se fundamenta en el cálculo de la mentada prestación, en un 75% del promedio
de todos los factores salariales devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional, y sin condicionar su goce efectivo a la
demostración del retiro definitivo del servicio, lo que, en su sentir, generaría un
valor mayor de aquel derecho.
Por esta razón, en desarrollo de la audiencia inicial al momento de fijar el litigio
(folios 91 a 92, C1), la parte activa no desistió de sus pretensiones y por el
contrario insistió en que la controversia debe versar sobre el reconocimiento
de una pensión de jubilación bajo los preceptos de la Ley 71 de 1988, tal como
se había deprecado en la demanda.
El aludido nuevo supuesto de hecho, implicaría en principio un
redireccionamiento respecto del acto administrativo objeto de estudio de
legalidad, sin que conlleve una distorsión frente a los pedimentos iniciales,
pues se ceñirían a un estudio jurídico pensional bajo el mismo marco
normativo invocado. De hecho, lo propio implicaría que, de alguna manera
cambiaría el marco de acción judicial, el cual, para este proceso específico,
está delimitado al examen de legalidad solo de la Resolución 2214 del 21 de
agosto de 2018. Bajo tal planteamiento, podría
pensarse preliminarmente que el objeto de análisis del asunto sub iudice, varió
hacia el cuestionamiento de una manifestación no demandada como sería la
mentada 437 del 19 de febrero de 2019.
Si en gracia de discusión se asumiera ello, se inferiría inicialmente que se
presenta un desconocimiento del principio procesal de la congruencia entre lo
deprecado con la demanda y lo resuelto con la sentencia, pues la decisión de
mérito en este asunto se tornaría hacia el estudio de legalidad de un acto
expreso que resolvió la petición inicial de consolidación de un derecho
prestacional a favor del libelista, pero bajo otros criterios diferentes a los
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esgrimidos por este, y no en la verificación de ilegalidad de un acto que por el
contrario había negado aquella solicitud como se planteó desde el libelo.
No obstante, lo cierto es que en el caso de marras no se configura aquella
transgresión, toda vez que el propio artículo 281 del CGP que versa sobre el
mentado precepto, contempla la posibilidad de tener en cuenta hechos
sobrevinientes probados que modifiquen la situación jurídica debatida, tal
como se aprecia de la norma referida, así:
«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o
extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido
después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca
probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en
su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de
oficio. […]». (Negrilla fuera del texto).
Pues bien, el hecho de que el FNPSM hubiese concedido una pensión de
jubilación a la demandante en oposición a la manifestación administrativa
primigenia que había negado aquella prerrogativa y que por lo tanto fue
cuestionada en esta oportunidad, constituye necesariamente una
circunstancia sobreviniente, posterior e inesperada frente al libelo como se
había radicado, lo que factualmente cambia o tiene efectos en la determinación
jurídica de la prerrogativa en tensión.
Debe tenerse en cuenta que al ponerse en conocimiento de las partes dicho
acontecimiento al momento de fijar el litigio y en atención a que la misma
demandante fue la que aportó y advirtió la existencia y efectividad de aquel
acto administrativo expreso que resolvió su solicitud de reconocimiento
pensional con posterioridad al efectivamente cuestionado, la Sala estima que
se configuran los supuestos de la norma ejusdem para la procedencia de
estudiar situaciones modificatorias del objeto de controversia como la anterior,
puesto que esta se encuentra debidamente probada y ha sido materia de
aprehensión y pronunciamiento por las partes.
Lo anterior se afirma en la medida en que la realidad jurídica
actual, comprobada y concitada de una situación debatida en sede judicial, no
puede ser desconocida por el juez cuando se advierte que no habría
vulneración del principio de congruencia como acontece en el sub examine.
Ahora, se destaca que, en todo caso, el postulado precedente no implica que
se haya habilitado la verificación de legalidad de la Resolución 437 del 19 de
febrero de 2019 que ordenó el pago de una pensión de jubilación a favor de la
señora García Buitrago, habida cuenta de que dicho acto debe conservar la
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presunción de sujeción a derecho que lo cobija, al no ser objeto material de
demanda en esta oportunidad.
Según la conclusión anunciada, lo que se pretende es analizar la Resolución
2214 del 21 de agosto de 2018 que había denegado la prestación deprecada
por el libelista, la cual sí fue reprochada en la demanda, pero ahora bajo el
entendido de que la libelista en la actualidad tiene configurada la situación
jurídica pensional que había reclamado ante el Ministerio de Educación,
FNPSM, aunque con ciertas variaciones respecto de la normativa que asegura
le es aplicable para efectuar el cálculo tendiente a determinar el monto de su
pensión.
Esta divergencia entre las Resoluciones 437 del 19 de febrero de 2019 y 2214
del 21 de agosto de 2018, hace notoria la necesidad de que el examen de
legalidad recaiga sobre esta última, en orden de evidenciar si aquel tiene o no
derecho a la pensión reclamada y bajo cuáles preceptos normativos.
Lo expuesto conlleva que ante una eventual decisión anulatoria del acto
administrativo objeto de demanda, la parte pasiva del litigio deberá tener en
cuenta los efectos que en virtud de esta recaigan sobre la eficacia y
ejecutoria de la Resolución 437 del 19 de febrero de 2019, con el fin de
materializar la orden judicial, pero en todo caso, sin que por esta razón se
enerve o se ponga en discusión su validez y existencia.
Ello en la medida en que, como se adujo anteriormente, aquella manifestación
de la autoridad demandada no es objeto de litigio, sino un hecho sobreviniente
relacionado directamente con la controversia planteada en esta oportunidad,
el cual, por tratarse de un acto administrativo vigente en el tránsito jurídico,
solo podría tener consecuencias conexas como un eventual decaimiento de
sus efectos, pero no una nulidad, cuyo fin y causa son diferentes al del primero.
Problema jurídico
¿A la señora Alba Lucía García Buitrago en su calidad de docente oficial con
acumulación de aportes del sector público y privado, le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a cargo del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, ello conforme a la Ley 71 de 1988
en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados
en el año anterior a la adquisición del estatus jurídico respectivo y con
efectividad a partir de tal fecha sin condicionar su goce al retiro definitivo del
servicio?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: debido a la condición especial
de docente oficial que detenta la demandante, resulta aplicable a su caso de
reconocimiento pensional la sentencia de unificación dictada por la Sección
Segunda de esta Corporación el 25 de abril de 2019, por lo que le asiste el
derecho a que el FNPSM le otorgue y pague una pensión de jubilación de
conformidad con los preceptos de la Ley 71 de 1988, con inclusión solo de los
factores sobre los cuales se hubiesen efectuado aportes, y sin
condicionamiento a la demostración del retiro definitivo del servicio, ello como
se explica a continuación:
La calidad de docente oficial de la demandante
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En primer lugar, debe tenerse en cuenta que con base en el litigio como fue
fijado y el sustento argumentativo del recurso de apelación de la parte activa,
se infiere que esta instó el reconocimiento de la pensión de jubilación con
fundamento en la Ley 71 de 1988.
Dicha posición jurídica la asumió en el entendido de que a lo largo de su
historia laboral, aquella realizó cotizaciones al entonces ISS (hoy
Colpensiones), provenientes de relaciones laborales en el sector privado, al
igual que de algunas vinculaciones legales y reglamentarias con el Estado,
así como de órdenes de prestación de servicio celebrados con el municipio de
Armenia, a través de los cuales prestaba su servicio como maestra para la
respectiva Secretaría de Educación.
Igualmente indicó que efectuó aportes al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio en razón de su vinculación legal y reglamentaria como
docente oficial del referido ente territorial.
Pues bien, sobre el particular la parte demandada esgrime que el
nombramiento formal de la libelista como docente del magisterio oficial, solo
ocurrió hasta el 1.° de septiembre de 2003 conforme a la Resolución 1109 de
la misma fecha.
Empero, la señora Alba Lucía García Buitrago aduce que a pesar de este
hecho, lo cierto es que el desempeño de sus funciones como educadora en
las instituciones educativas públicas de la Secretaría de Educación del
Municipio de Armenia, tuvo lugar desde el 26 de abril de 1999 en razón de
una vinculación temporal con dicha entidad territorial, y posteriormente con
motivo de múltiples contratos de prestación de servicios.
Ahora, con base en estas dos posturas factuales del litigio, resulta evidente
que la entredicha condición de docente estatal, debe ser validada en esta
oportunidad, pues en atención a la data a partir de la cual se asuma dicha
calidad se podrá realizar el análisis pensional adecuado con motivo de la
excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos.
Al respecto, se resalta que a la presente actuación fue allegado el material
probatorio solicitado luego del decreto oficioso en esta instancia, consistente
en algunos documentos relacionadas en el auto del 28 de octubre de 2021
proferido por esta Sala de decisión (visible en el índice 13 del registro en
SAMAI). De tales medios de convicción se corrió traslado conforme a lo
ordenado en el proveído en cita, esto sin que las partes se hubiesen
pronunciado al respecto, tal como se advierte en la constancia secretarial
visible a folio 234 del cuaderno 2. Dichos elementos de prueba que permiten
definir el punto de análisis en comento son los siguientes:
i) Certificado de tiempo de servicio emitido el 25 de febrero de 2005 por
la Secretaría de Educación Municipal de Armenia, en el que se indica
que la demandante se desempeñó como docente de la entidad bajo las
siguientes vinculaciones (ver índice 18 del registro en SAMAI):
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ii) Resolución 0634 del 26 de abril de 1999, por medio de la cual se
advierte que el municipio de Armenia nombró como docente temporal
a la señora García Buitrago desde esa misma fecha para que ejerciera
como tal en el Centro Educativo Ciudadela del Sur. (Idem).
iii) Contratos individuales de trabajo a término fijo celebrados por la
libelista con la Cooperativa de Profesores de Capacitación (Cooprocap)
y con la Cooperativa de Profesores y Educadores del Quindío
(Coopeq), en virtud de los cuales se desempeñó como educadora en
centros educativos del municipio de Armenia para los siguientes
períodos: i) del 1.° de marzo al 30 de noviembre de 2000, ii) del 12 de
marzo al 29 de junio de 2001, iii) del 1.° de agosto al 30 de noviembre
de 2001, y iv) del 4 de febrero al 14 de junio de 2002. (Idem).
iv) Contratos de prestación de servicios n.° 0209 del 3 de febrero de 2003
con duración de 90 días y 1014 del 11 de julio de 2003 con una duración
de 45 días; todos suscritos entre la libelista y la Secretaría de
Educación del Municipio de Armenia, por medio de los cuales la
contratista debía desempeñarse como docente durante los períodos
referidos en la certificación del 25 de febrero de 2005. (Idem).
v) Formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral de
la demandante, proferidos por el FNPSM, en los que consta que la
señora García Buitrago fue nombrada como docente en provisionalidad
de la Secretaría de Educación del Municipio de Armenia de
conformidad con la Resolución 0550 del 1.° de septiembre de 2003,
posesionada para tal efecto desde esa misma fecha hasta el 1.° de
mayo de 2005, y posteriormente, en virtud de la Resolución 1109 del 2
de mayo de dicha anualidad hasta el 30 de abril de 2018 cuando se
expidió la segunda certificación. (Folios 36 a 37, C1).
A partir de lo expuesto, se observa en el sub examine que la libelista se
desempeñó como docente en instituciones educativas del municipio de
Armenia en los siguientes períodos: i) del 1.° de marzo al 30 de noviembre de
2000, ii) del 12 de marzo al 29 de junio de 2001, iii) del 1.° de agosto al 30 de
noviembre de 2001, iv) del 4 de febrero al 14 de junio de 2002, v) del 15 de
julio al 30 de noviembre de 2002, vi) del 4 de febrero al 27 de junio de 2003,
y vii) del 14 de julio al 27 de agosto de 2003. Estas vinculaciones concretadas
a través de sendos contratos laborales y de prestación de servicios con
objetos claramente de cumplimiento de funciones de enseñanza.
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Por otro lado, se destaca que la demandante igualmente ha ejercido labores
como servidora pública en calidad de docente oficial al servicio del municipio
de Armenia, luego de ser nombrada en propiedad y haber tomado posesión
del cargo en los siguientes lapsos: i) del 26 de abril de 1999 al 29 de febrero
de 2000, y ii) del 1.° de septiembre de 2003, al menos y conforme al hecho
tercero del escrito introductor, hasta la fecha de presentación de la demanda
(11 de octubre de 2018)4. Por lo anterior, durante estos últimos períodos no
existe duda de la existencia de una vinculación legal y reglamentaria con el
Estado como educadora de este.
Ahora, si bien no se niega la existencia de contratos de prestación de servicios
de la demandante con la mentada entidad territorial, lo cierto es que tal hecho
de ninguna manera implica asumir que la calidad de sus actividades fue otra
diferente a la de una docente oficial propiamente dicha, esto al margen de que
los efectos jurídicos en cuanto a la relación laboral no se hayan configurado
en su momento.
Lo expuesto implica que sin perjuicio del vínculo contractual existente en los
lapsos aludidos, y sin que en esta sentencia se emita pronunciamiento sobre
una eventual declaratoria de existencia de una relación laboral para aquella
época, sí debe entenderse que la señora García Buitrago ejerció funciones
propias e inherentes a la condición de docente estatal en cada uno de sus
interregnos de ejecución.
Adicionalmente, esta conclusión halla respaldo en la sentencia de unificación
CESUJ2 n.° 5 del 25 de agosto de 2016 proferida por el Consejo de Estado 5,
en la cual se precisó que «[…] la vinculación de docentes bajo la modalidad de
prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos
es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación,
en razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten
permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes
autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus
funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii)
desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario
académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo
por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades
e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del
Estado. […]».
A partir de este razonamiento, se deduce preliminarmente que ante casos en
los que se avizora el desempeño de actividades y funciones como docente,
fundada en vínculos contractuales con entidades de derecho público o a su
servicio, es posible tener por configurados los tres elementos constitutivos de
una relación laboral, con fundamento en que la misma naturaleza de la
actividad desarrollada por un educador, hace que esta sea necesariamente
personal, remunerada y sometida a reglamentaciones, instrucciones y
lineamientos de obligatorio cumplimiento.
Esto en la medida en que la educación es un servicio público esencial
regulado por directrices imperativas inherentes a la ejecución de una política
pública. Lo anterior se asegura sin perjuicio de la carga probatoria que le
4 Ver sello de presentación personal ante la Oficina Judicial obrante a folio 23, C1.
5 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia de Unificación CESUJ2 n.° 5 del 25
de agosto de 2016. Rad.: 23001233300020130026001 (00882015).
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corresponde al docente para «[…] demostrar la permanencia, es decir, que la labor
sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de
comparación con los demás empleados de planta […]»6.
A manera de colofón de estas precisiones, la Subsección encuentra ajustada
a la realidad jurídica y jurisprudencial del caso, el tener como demostrada a
favor de la libelista la prestación de servicios propios de una docente oficial
por el tiempo que se ejecutaron los contratos respectivos celebrados entre
aquella y el municipio de Armenia. Ello en atención a que los mentados
vínculos contractuales, en esencia lo que consolidaron fue una relación laboral
subrepticia que implica tener en cuenta su vigencia para efectos de acumular
ese lapso al período de labores de la demandante como educadora estatal y
por ende que se deriven las consecuencias, que en lo que respecta al marco
normativo aplicable le correspondían en virtud de dicha calidad, tal como fue
deprecado en la demanda.
No obstante, debe resaltarse que tanto las pretensiones formuladas, así como
el litigio fijado, limitaron los efectos de la referida situación, solo a los impactos
que en lo atinente al derecho a la pensión conlleva esta evidencia de una
relación laboral oculta, y no al reconocimiento de otro tipo de prestaciones o
derechos derivados de un vínculo laboral asimilable al legal y reglamentario
que detentan los docentes oficiales, pues ello no había sido materia de
discusión.
En suma, para el caso sub iudice, las referidas consideraciones únicamente
implican tener el período durante el cual subsistió la enervada relación
contractual, como tiempo de servicio efectivamente laborado y acumulable en
materia de acreditación de requisitos para acceder al reconocimiento de una
pensión de jubilación por parte de la señora García Buitrago, sobre el cual
efectivamente debieron efectuarse las respectivas cotizaciones.
Lo expuesto también ha sido materia de pronunciamiento por parte de esta
Subsección con base en las consideraciones esbozadas, específicamente
para casos de reconocimiento7 y de reliquidación pensional8, que fueron
analizados bajo los mismos supuestos del sub examine, relacionados con una
docente que se desempeñó como tal a través de contratos de prestación de
servicios.
Conforme a este entendido, se estima que, para la solución jurídica del
presente caso, deben aplicarse los postulados a título de reglas previstos en
la sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de 20199,
emanada de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual pese a
relacionarse concretamente con el ingreso base de liquidación en el régimen
pensional de los docentes oficiales vinculados al FNPSM, resulta útil en
cuanto a las previsiones normativas sobre requisitos y condiciones jurídicas
para acceder y consolidar el derecho prestacional propiamente dicho.
6 Ídem.
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencias del 11 de febrero de 2021 dictadas en los procesos con radicados: 81001-23-33-000-2013-
00079-01 (4021-2014) y 81001-23-33-000-2013-00005-01 (4114-2014); así como en providencia del 18
de febrero de 2021 proferida en el proceso con radicado: 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014).
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia
del 18 de noviembre de 2020. Radicado: 66001-23-33-000-2016-00082-01 (4676-2017).
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de unificación
SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de 2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-2017).
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Sobre la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de
abril de 2019
Al respecto se recuerda que la providencia en comento fue dictada por la
Sección Segunda de esta Corporación, con el fin de sentar jurisprudencia
respecto del ingreso base de liquidación para determinar la pensión ordinaria
de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al FNPSM,
específicamente en cuanto a la aplicación de la subregla fijada en la sentencia
igualmente de unificación del 28 de agosto de 2018 acerca de los factores
salariales a incluir y en lo atinente a los regímenes existentes para tales
educadores en virtud de las Leyes 91 de 1989 y 812 de 2003.
Empero, al verificar las reglas jurisprudenciales planteadas en aquella
providencia, es dable considerar que esta también desarrolló postulados
claros y de obligatoria observancia sobre los regímenes pensionales
aplicables a los docentes en atención a la fecha de vinculación al magisterio
oficial, debido a la expedición de la Ley 812 de 2003.
Pues bien, la determinación de tal punto es esencial en el sub iudice, habida
cuenta de que al hallar el marco normativo que rige la situación particular de
la demandante, es posible verificar el cumplimiento de requisitos y
condiciones para estimar la procedencia o no del derecho pensional
reclamado y sus elementos constitutivos.
Acerca de los efectos de esta decisión, es válido anotar que la misma
sentencia los contempló de manera retrospectiva según su ordinal segundo
de la parte resolutiva, ello a fin de que se extendieran a todas las situaciones
pendientes de definición jurídica que no hayan sido objeto de consolidación
del fenómeno de cosa juzgada, por lo que claramente es pertinente y
necesario su estudio y sometimiento para resolver el asunto sub lite.
Ahora, en concreto, se resalta que a lo largo del proveído aludido, el Consejo
de Estado precisó que de acuerdo con el parágrafo transitorio 1.° del Acto
Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes prestacionales que regulan el
derecho a la pensión de jubilación para los docentes oficiales tanto
nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya aplicación está condicionada a
la fecha de ingreso al servicio educativo estatal, así:
i) Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
quienes, en virtud de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto
en la Ley 33 de 1985 y los factores que se deben tener en cuenta en el ingreso
base de liquidación, son únicamente aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
1.° de la Ley 62 de 1985.
Al respecto, la mencionada providencia fijó la siguiente regla:
«[…] En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan
del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que
se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
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62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo. […]» (Negrilla del texto original).
Así, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1.º de enero de 1981 tanto nacionales como nacionalizados, y de los
nombrados a partir del 1.º de enero de 1990 pero en todo caso antes del 27
de junio de 2003 cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, de acuerdo con las
Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes reglas:
Edad: 55 años para hombres y mujeres
Tiempo de servicios: 20 años
Tasa de remplazo: 75%.
Ingreso Base de Liquidación: Que comprende i) el período del último año
anterior a la adquisición del estatus y ii) los factores que hayan servido de
base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, aplica el régimen pensional de prima media regulado en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, esto con los requisitos previstos en dicha
reglamentación, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres
y mujeres. Para este personal, el ingreso base de liquidación se rige por lo
previsto en la Ley 100 de 1993, con los factores señalados por el Decreto 1158
de 1994, sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.
Sobre este grupo de docentes la sentencia de unificación fijó la siguiente regla:
«[…] Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones. […]» (Negrilla conforme a la
transcripción).
En ese orden, los parámetros que se deben atender para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados
con posterioridad a la Ley 812 de 2003, son los siguientes:
Edad: 57 años para hombres y mujeres
Semanas de cotización: Artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por
artículo 9 de la Ley 797 de 2003
Tasa de remplazo: 65%-85%10
Ingreso Base de Liquidación: Comprende i) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores
al reconocimiento de la pensión y ii) los factores salariales contemplados en
10 Los porcentajes varían de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
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el Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual, gastos de
representación, prima técnica, cuando sea factor de salario, primas de
antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario,
remuneración por trabajo dominical o festivo, bonificación por servicios
prestados, remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o
realizado en jornada nocturna.
En suma, se colige que la aplicación de uno u otro régimen está condicionada
a la primera fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite cada
docente. Para el asunto de marras, tal como se expuso en el acápite referente
a la condición de educadora estatal de la demandante, esta debe ser
considerada como tal desde el 26 de abril de 1999 cuando ejerció funciones
inherentes a la mentada profesión de manera temporal en el Centro Educativo
Ciudadela del Sur perteneciente a la Secretaría de Educación del Municipio
de Armenia, ello a través de una relación legal y reglamentaria concretada por
el nombramiento y posesión respectivas desde dicha data conforme a la
Resolución 0634 de esa misma fecha, la cual en todo caso es anterior a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003).
De este modo, conforme a las reglas jurisprudenciales precisadas hasta este
punto, el marco normativo aplicable a la situación jurídica de la señora Alba
Lucía García Buitrago para determinar el derecho prestacional debatido, sería
en un primer acercamiento, el consagrado en la Ley 33 de 1985. Empero,
debe tenerse en cuenta el hecho de que la libelista alega la realización de
aportes derivados del servicio prestado tanto en el sector privado como en el
público a fin de acreditar el tiempo de servicio requerido, lo cual distorsiona el
ajuste de la mentada norma al caso sub lite.
Acerca de este postulado y como se vislumbra de lo expuesto con antelación,
la sentencia unificadora aludida solo desarrolló la determinación de los
regímenes para los casos de docentes oficiales cuyo tiempo de servicio
hubiese sido prestado únicamente en el sector público. No obstante, dicha
providencia se abstuvo de plantear el supuesto cuando, por ejemplo como
sucede en el sub iudice, la docente también tiene acumulados tiempos
cotizados en el sector privado y aportados a otra administradora como lo era
el entonces ISS (hoy Colpensiones).
Para esta clase de eventos, la normativa aplicable necesariamente
correspondía a la Ley 71 de 1988 que regulaba lo propio en lo que respecta a
la denominada «pensión por aportes» y no la Ley 33 de 1985.
Empero, sin perjuicio de lo anterior, la Subsección advierte que la falta de
pronunciamiento expreso en la sentencia de unificación bajo estudio, no
implica que aquella no pueda aplicarse o que deba resolverse el caso sin su
observancia. Esta situación lo que conlleva es el planteamiento de un ejercicio
hermenéutico sistemático y teleológico que concite tanto el marco normativo
que rige lo propio como los lineamientos jurisprudenciales existentes sobre la
materia, a fin de articular de manera coherente, posturas jurídicas que
permitan resolver el problema jurídico planteado.
Este presupuesto interpretativo ya ha sido aplicado para resolver procesos de
reconocimiento y reliquidación pensional con base en la Ley 71 de 1988, pero
con sujeción de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 que
desarrollaba fundamentos sobre la base de la Ley 33 de 1985.
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Al respecto se destacan las sentencias de esta Subsección11 que en los
asuntos en comento han precisado lo siguiente:
«[…] Por otro lado, es pertinente aclarar que si bien en la precitada sentencia
de unificación la Sala Plena hizo alusión a los parámetros de aplicación del
régimen pensional previsto por la Ley 33 de 1985, no es menos cierto que dicho
régimen no era el único reglamentado para los servidores públicos o
trabajadores oficiales que fueran beneficiarios de la transición, pues antes de
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, también se encontraban
contempladas, verbi gracia, los postulados consagrados en la Ley 71 de 1988,
los cuales fueron previstos por el legislador para quienes acumularon tiempo
de servicio al sector oficial y al sector privado, y en ese sentido, precisó que
tenían derecho a la pensión quienes acreditaran 20 años de aportes en
cualquier tiempo y acumulados en una o varias entidades de previsión social,
siempre que cumplieran 60 años en el caso de los hombres y 55 años si son
mujeres.
Aunado a ello, se tiene que el Decreto 2709 de 1994, reglamentario del artículo
7 de la Ley 71 de 1988, indicó en su artículo 6.º que: «[…] El salario base para
la liquidación de las pensiones por aportes, será el salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicios. […]».
En consecuencia, la Subsección considera que las reglas de unificación
también deben aplicarse a los beneficiarios de la pensión por aportes que a su
vez están inmersos en el régimen transición […]»
Bajo este contexto, encuentra la Sala que para los casos de docentes con
acumulación de aportes del sector público y del privado como es el de la
demandante, la regla jurisprudencial de la sentencia de unificación relativa al
régimen pensional aplicable a tales servidores, vinculados antes de la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003, sería la Ley 71 de 1988. Esta última para
permitir el cómputo de los tiempos cotizados en el sector privado y público a
fin de acceder al reconocimiento de la pensión de jubilación. La aludida Ley 71
de 1988 previó para el referido efecto en su artículo 11 una integración
normativa en materia pensional para los empleados del sector público y
privado que se hicieran titulares de dicha prestación, a saber:
«Artículo 11 .- Esta ley y las Leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a. de 1976, 44
de 1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y sus decretos reglamentarios, contienen
los derechos mínimos en materia de pensiones y sustituciones pensionales y
se aplicarán en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades
de previsión social, del sector público en todos sus niveles y de las normas
aplicables a las entidades de Previsión Social del Sector privado, lo mismo que
a las personas naturales y jurídicas, que reconozcan y paguen pensiones de
jubilación, vejez e invalidez.»
Por lo expuesto, la aplicación de la Ley 71 de 1988 en los asuntos de docentes
oficiales con acumulación de aportes en el sector privado, que solicitan el
reconocimiento o reliquidación de su pensión de jubilación, no modifica la
posición adoptada por esta Corporación mediante la sentencia de unificación
del 25 de abril de 2019. Para el caso de marras resulta necesario entonces
remitirse a la mentada norma que complementa el régimen de pensiones, en
el sentido de que esta permite el cómputo de las cotizaciones efectuadas por
11Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencias del 27 de agosto de 2020 (Rad.: 25000-23-42-000-2015-01757-01 (2315-2018)) y del 30 de
enero de 2020 (Rad.: 08001233300020140119901 (2751-2017)).
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Demandante: Alba Lucía García Buitrago
el trabajador cuando aquel hubiese laborado en entidades de orden público y
privado con el propósito de acceder a dicho beneficio pensional. Lo anterior,
en observancia de los requisitos de edad, tiempo y monto pensional previstos
en la Ley 33 de 1985, como en efecto se consideró en la mentada providencia.
De ello, que el Sistema Integral de Seguridad Social no puede concebirse
como un conjunto de postulados normativos aislados entre sí, pues aquel
corresponde a una articulación de preceptos que atienden la constante
transformación de las realidades sociales en las cuales interactúan sus
afiliados. Como en efecto lo consideró la doctrina nacional especializada en la
materia, el doctor Gerardo Arenas Monsalve en cuanto a la aplicación de la
Ley 71 de 1988 para aquellos casos en que los trabajadores que se hicieron
beneficiarios del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, pues si bien esta norma «[…] no constituye propiamente un régimen
anterior; pero su aplicación por transición es válida e interesa, como se ha señalado
con acierto, “a aquellas personas que a la entrada en vigencia de la Ley 100, después
de ésta, no reunían los requisitos para pensionarse con base en la Ley 33/85 o con
el Decreto 758/90, esto es, que no tenían 20 años de servicio público, en el primer
caso, ni quinientas semanas cotizadas al ISS en los últimos veinte años al
cumplimiento de la edad o 1000 semanas en cualquier tiempo, en el segundo caso,
pero que sumando los tiempos cotizados en ambos sectores, éstos arrojan no menos
de veinte años de aportes […]»12.
Aun con esta línea de intelección esbozada, es imperioso aclarar que tal como
se contempló en la providencia objeto de referencia, los docentes a quienes
les aplica este régimen anterior al 27 de junio de 200313, se encuentran
exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social por mandato del artículo
279 de la Ley 100 de 1993. Por esa misma razón, aquellos no son beneficiarios
del régimen de transición estipulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y
tampoco están sometidos a las condiciones que en materia de ingreso base
de liquidación pensional desarrolló el artículo 21 ibídem.
En este sentido, al no resultar regentes para el caso de los aludidos
educadores oficiales las previsiones que sobre el ingreso base de liquidación
formuló la Ley 100 de 1993, evidentemente el período para la determinación
de tal concepto no podría ser el correspondiente al del artículo 21 de la norma
ejusdem, sino el previsto en la Ley 33 de 1985, tal como lo señaló la mentada
sentencia de unificación, lo cual, además es concordante con las
estipulaciones que sobre la materia previó la Ley 71 de 1988 (en este caso
particular de pensión por acumulación de aportes privados y públicos)14, esto
es, el señalado en el artículo 6.° del Decreto 2709 de 199415 que indicó lo
siguiente:
«Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por
aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios,
salvo las excepciones contenidas en la ley.
12 Gerardo Arenas Monsalve. El régimen de transición pensional. En: derecho colombiano de la
seguridad social, p. 293.
13 Fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
14 Esta conclusión ya fue advertida en sentencia de esta Subsección proferida el 18 de febrero de 2021
en un proceso de reliquidación pensional bajo el radicado: 25000-23-42-000-2013-06853-01 (4391-
2014).
15 Reglamentario del artículo 7.° de la Ley 71 de 1988.
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Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario
base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho
instituto deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período
correspondiente.» (Líneas fuera de texto).
Ahora bien, tal como se resaltó en la norma trasuntada, el período que debe
tenerse en cuenta para calcular el IBL de la pensión por aportes es el del
último año de servicios. Sin embargo, dicho presupuesto contempla la
excepcionalidad legal que le sea propia, y por tal motivo, al verificar que el
presente caso se trata de una pensión por aportes de una docente oficial,
claramente se presenta una divergencia que atañe a que el período aludido
es el del año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus jurídico
pensional y no el de la última anualidad de labores.
A este punto se arriba en la medida en que precisamente, la condición
especial de los educadores estatales, implica que estos pueden percibir dos
asignaciones del tesoro público como serían específicamente el salario y la
pensión ordinaria de jubilación, tal como lo contempla el artículo 19, literal g)
de la Ley 4.ª de 1992, así como el artículo 5.° del Decreto 224 de 1992 y el
artículo 70 del Decreto 2277 de 1979.
Aquel planteamiento supone que no era necesaria la demostración ante el
FNPSM del retiro definitivo del servicio para hacer efectiva su prestación, pues
a pesar de tratarse de una pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988,
la calidad de docente oficial es preponderante y genera la aplicación de
previsiones excepcionales como esta.
Por último, en cuanto a los factores salariales a incluir en el cálculo del ingreso
base de liquidación de la pensión por aportes a que tienen derecho los
maestros oficiales con acumulación de cotizaciones del sector público y
privado, debe señalarse que estos efectivamente corresponden únicamente a
aquellos sobre los cuales se hayan efectuado los descuentos respectivos,
especialmente los que se encuentren enlistados en el artículo 1.º de la Ley 62
de 1985.
Por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a estos, puesto que tal
presupuesto fue objeto de definición de regla jurisprudencial de manera
general en la sentencia de unificación objeto de estudio para esta clase de
servidores, sin que por el hecho de consolidarse este caso en una pensión por
aportes o por la condición de educadores ello pueda variar para contabilizar
todos los emolumentos de tipo remunerativo que se hubiesen percibido.
De la situación particular de la libelista
Con base en lo expuesto hasta este punto, se procede a aplicar las reglas de
unificación al presente caso bajo las aclaraciones advertidas previamente, así:
REQUISITOS PENSIÓN DE JUBILACIÓN LEY 71 DE 1988
«ARTÍCULO 7.º A partir de la vigencia de la presente Ley, Tiempo de servicios: Cotizó La demandante acreditó
los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte al ISS (hoy Colpensiones) con los requisitos para
(20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y aportes del sector privado y obtener la pensión de
acumulados en una o varias de las entidades de previsión público un total de 636 jubilación prevista en la
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social que hagan sus veces, del orden nacional, semanas16, lo cual equivale Ley 71 de 1988, esto es,
departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital aproximadamente a 12 años y más de 20 años de
y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a 3 meses, comprendidos de aportes a pensión tanto
una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta manera discontinua entre el 20 del sector privado como
(60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) de septiembre de 1980 hasta público y 55 años de
años o más si es mujer.» el 31 de agosto de 2003. edad.
Del mismo modo, desde el 1.°
de septiembre de 200317, la
libelista ha efectuado aportes
como afiliada al FNPSM, al
menos hasta el 11 de octubre
de 2018 (fecha de
presentación de la
demanda)18, para un
acumulado de 15 años, 1 mes
y 10 días por su servicio en el
sector público como docente
oficial nombrada y
posesionada en el municipio
de Armenia.
El total del período acumulado
por labores y cotizaciones en
ambos sectores es de 27
años, 4 meses y 10 días, es
decir, más de 20 años de
aportes.
Edad: Cumplió 55 años el 1.°
de enero de 2015, pues nació
el 1.° de enero de 196019.
PERÍODO PARA LIQUIDAR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
«Decreto 2709 de 1994 (regulatorio del artículo 7.° de la Ley Consolidación del estatus La pensión de jubilación se
71 de 1988). Artículo 6º. Salario base para la liquidación de pensional: corresponde al 1.° debe liquidar con el salario
la pensión de jubilación por aportes. El salario base para la de enero de 2015 cuando la promedio que sirvió de
liquidación de esta pensión, será el salario promedio que libelista cumplió 55 años de base para los aportes
sirvió de base para los aportes durante el último año de edad, toda vez que los 20 años durante el año anterior a la
servicios, salvo las excepciones contenidas en la ley20. de servicio ya los había fecha de adquisición del
acreditado desde el 1.° de estatus jurídico pensional,
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el junio de 2011. esto es, del 1.° de enero
promedio del salario base sobre el cual se efectuaron los de 2014 al 1.° de enero de
aportes durante el último año y dicho instituto deberá 2015.
certificar lo pagado por los citados conceptos durante el
período correspondiente.» (Subrayado fuera de texto).
16 Si bien se reportan 661,86 semanas, debe tenerse en cuenta que ello se debe a que la fecha final de
cotización indicada ante el ISS fue el 29 de febrero de 2004, a pesar de que desde el 1.° de septiembre
de 2003 se realizaron aportes directos al FNPSM, por lo que del acumulado referido deben descontarse
25,73 semanas del tiempo excedente que arrojan un resultado final de 636 semanas, repartidas en una
empresa particular denominada Centro Motor Ltda., además como independiente, como empleada
pública de la Universidad del Quindío, e igualmente como docente contratista de la Secretaría de
Educación del municipio de Armenia. Estas últimas vinculaciones con la referida autoridad corresponden
a los lapsos durante los cuales se determinó que en efecto existió la prestación de servicios por parte de
la demandante como docente oficial, computables para efectos del reconocimiento de la pensión bajo
dicha calidad. Lo anterior conforme al reporte de semanas cotizadas a Colpensiones visible de folios 40
a 41, C1.
17 Fecha a partir de la cual la demandante fue nombrada en provisionalidad en el cargo de docente del
municipio de Armenia y vinculada al FNPSM según el formato único para la expedición del certificado de
historia laboral de aquella visible a folios 36 y 37 del plenario.
18 Ver sello de presentación personal ante la Oficina Judicial a folio 23, C1. Esta fecha se indica en la
medida en que según lo asegurado en el libelo en el hecho tercero y a la vez corroborado al momento
de fijar el litigio en desarrollo de la audiencia inicial.
19 De acuerdo con la información del registro civil de nacimiento que reposa a folio 35, C1.
20 Tal como se expuso anteriormente, para el caso de los docentes oficiales el período de liquidación de
la pensión por aportes corresponde al año anterior a la fecha de adquisición del estatus jurídico
respectivo.
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FACTORES SALARIALES A INCLUIR EN LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y MONTO
«[…] En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación Factores devengados y Los factores a incluir en el
de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley cotizados22 asignación IBL son el salario o
812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión básica, bonificación mensual asignación básica
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden docente, prima de navidad, mensual, más la
nacional previsto en la Ley 33 de 1985 21, los factores que prima de servicios, y prima de bonificación mensual
se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que vacaciones docente. El monto de la
se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con Tasa de reemplazo pensión será el 75% de
el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se aplicable: 75% del salario tales conceptos
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el base de liquidación. devengados en el año
mencionado artículo.» anterior a la fecha de
adquisición del estatus
Factores del artículo 1.° de la Ley 62 de 1985: a) pensional.
asignación básica, b) gastos de representación; c) primas
de antigüedad, d) técnica, ascensional y de capacitación; e)
dominicales y feriados; f) horas extras; g) bonificación por
servicios prestados; y h) trabajo suplementario o realizado
en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
«Decreto 2709 de 1994 (regulatorio del artículo 7.° de la Ley
71 de 1988). Artículo 8º. Monto de la pensión de
jubilación por aportes. El monto de la pensión de
jubilación por aportes será equivalente al 75% del salario
base de liquidación. El valor de la pensión de jubilación por
aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho
salario, salvo lo previsto en la ley.».
En resumen, la señora Alba Lucía García Buitrago en su calidad de docente
oficial afiliada al FNPSM, con acumulación de aportes privados y públicos y
con el ejercicio de dicha actividad como educadora antes de la vigencia de la
Ley 812 de 2003, acreditó los requisitos y condiciones para que le sea
reconocida una pensión de jubilación ordinaria con base en los preceptos de
la Ley 71 de 1988 y su Decreto Reglamentario 2709 de 1994, efectiva desde
la fecha de adquisición del estatus jurídico respectivo y liquidada en un monto
equivalente al 75% del IBL calculado con el promedio de la asignación básica
y la bonificación mensual docente, devengadas durante el año anterior a la
adquisición del estatus jurídico pensional, es decir, del 1.° de enero de 2014
al 1.° de enero de 2015.
Pues bien, en el presente asunto se verifica que la libelista formuló petición
de reconocimiento prestacional el 11 de julio de 2018 (folio 32, C1), frente a
la cual la entidad demandada resolvió denegar tal solicitud mediante la
Resolución 2214 del 21 de agosto de 2018 (folios 32 a 33, C1), para lo cual
planteó la siguiente motivación:
«[…] Que conforme a lo establecido por el Decreto 2831 de 2005, el expediente con
el proyecto de acto administrativo fue enviado para estudio a la Fiduciaria La
21 Entiéndase Ley 71 de 1988 para efectos del caso sub examine.
22 Conforme a la certificación de conceptos devengados obrante a folio 38, C1. Respecto de los factores
objeto de cotización, estos se entienden como aquellos constitutivos de salario, que en el caso de la
demandante efectivamente es la asignación mensual conformada no solo por la remuneración ordinaria,
sino también por la bonificación mensual docente, pues fue creada precisamente como factor salarial
objeto de cotización de acuerdo con el artículo 1.°, inciso 2.° del Decreto 1566 de 2014 que reza: «[…]
La bonificación que se crea mediante el presente Decreto constituirá factor salarial para todos los efectos
legales y los aportes obligatorios sobre los pagos que se efectúen por ese concepto se realizarán de
conformidad con las disposiciones legales vigentes. […]». Esta bonificación fue regulada posteriormente
en cuanto a su monto por los Decretos 1272 de 2015 y 120 de 2016.
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Demandante: Alba Lucía García Buitrago
Previsora S.A, mediante oficio SE-PSE-DA-1704 del 11 de julio de 2018, y devuelto
con la prestación NEGADO a la Secretaría de Educación Municipal mediante oficio
2018017119721 del 02 de agosto de 2018, y recibido en este despacho el 08 de
agosto de 2018, con fecha de estudio 27 de julio de 2018.
Que el proyecto de acto administrativo fue NEGADO por la entidad fiduciaria que
administra los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
mediante hoja de revisión con identificador número 1644734, revisado y firmado por
JUAN MANUEL PORTILLO, quien pone como observación "(.) TÉNGASE EN
CUENTA QUE DE ACUERDO A LA SOLICITUD LA DOCENTE NO SE PENSIONA
CON 55 AÑOS SI NO A LOS 57 AÑOS. RADICAR LA SOLICITUD COMO PENSIÓN
DE VEJEZ LEY 812." […]». (Mayúscula del texto original).
De acuerdo con lo expuesto, es evidente que la parte pasiva consideró que la
situación jurídica de la libelista se regía por las condiciones del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 (modificada por la Ley
797 de 2003), tanto en los requisitos para consolidar el derecho como en lo
relativo al cálculo del IBL, período y tasa de reemplazo para la fijación de la
cuantía de la prestación. A esta conclusión arribó en la medida en que solo
tuvo en cuenta el vínculo oficial de la demandante en el sector educativo
ocurrido con posterioridad al 27 de junio de 2003, concretamente el 1.° de
septiembre de la misma anualidad.
Pues bien, tal postura jurídica resulta ser inadecuada debido a que, como se
mencionó líneas atrás, era necesario tener en cuenta la calidad especial de
docente oficial que detenta la señora García Buitrago para determinar el
régimen que regula su caso. En virtud de esta circunstancia, la entidad
demandada debió advertir que por la excepcionalidad que representa el hecho
de que la libelista era educadora estatal, aquella no podía ser sometida al
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y mucho menos a las previsiones
generales de tal normativa, sino que por tener una vinculación anterior como
maestra, a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, como lo fue desde
el 26 de abril de 1999, su derecho pensional debía consolidarse plenamente
sobre la base de la Ley 71 de 1988.
Aunado a esto, tenía que asumirse que, con motivo del tratamiento diferencial
en comento, el período de liquidación no era el último año de servicio sino la
anualidad anterior a la adquisición del estatus respectivo, toda vez que la
apelante podía percibir simultáneamente tanto la pensión ordinaria de
jubilación como el salario de docente oficial en virtud de la excepcionalidad
legal que así lo permite y que se encuentra consagrada en el artículo 19, literal
g) de la Ley 4.ª de 1992 y el artículo 19 de la Ley 334 de 1996.23
En todo caso, lo cierto es que la falta de reconocimiento pensional a favor de
la demandante se encuentra injustificada, pues se demostró con base en la
argumentación precedente que, aquella reunió y acreditó con suficiencia los
requisitos consagrados en la Ley 71 de 1988 a fin de obtener el derecho a
percibir una pensión de jubilación, pues acumuló más de 20 años de
cotizaciones derivadas de servicios prestados tanto en el sector público como
23 Dicha posición frente a casos como el particular, fue objeto de pronunciamiento en sentencia del 12
de noviembre de 2020, dictada por la Sección Segunda, Subsección A de esta corporación en el proceso
con radicado 15001-23-33-000-2015-00620-01 (0496-2017), el cual si bien versa sobre un litigio de
reliquidación de pensión de un docente, conlleva el mismo análisis en lo relativo a la normativa aplicable
a esta clase de servidores públicos.
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en el privado, y además cumplió 55 años de edad, así como se evidenció en
el cuadro precedente.
Al respecto, es válido aclarar que dicha pensión debe sujetarse a las reglas
de unificación jurisprudencial fijadas en la sentencia SUJ-014-CE-S2-2019 del
25 de abril de 2019 proferida por la Sección Segunda de esta Corporación.
De este modo, la prerrogativa en mención tendrá que ser calculada en un 75%
del ingreso base de liquidación que corresponde al promedio de la asignación
básica y la bonificación mensual docente devengadas por la libelista durante
el año anterior a la adquisición del estatus pensional, esto es, desde el 1.° de
septiembre de 2014 hasta el 1.° de septiembre de 2015, ello con efectividad a
partir de esta última fecha.
Es decir, no es procedente la inclusión de todos los emolumentos percibidos
por aquella en ese mismo período como lo depreca en la demanda, pues
conforme a la línea interpretativa de cierre referida, solo pueden computarse
los factores sobre los cuales el docente hubiese realizado aportes y que
estuviesen enlistados en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985. En este caso
como se analizó, solo corresponde incluir la asignación básica y la
bonificación mensual docente, no así las primas de navidad, de servicios y de
vacaciones.
Con base en lo anterior la Subsección encuentra que se configura un
desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto administrativo
cuestionado, esto es, la Resolución 2214 del 21 de agosto de 2018 y el marco
regulatorio y jurisprudencial realmente aplicable al caso de la parte activa.
Lo propio implicaría entonces la necesaria declaratoria de nulidad de aquella
decisión con el fin de mantener indemne el ordenamiento jurídico, ello sin
perjuicio de los efectos que esta anulación pueda acarrear respecto de la
fuerza ejecutoria de la Resolución 437 del 19 de febrero de 2019, pero sin que
por tal razón pueda efectuarse un doble pago respecto de lo que ya le había
sido abonado a la demandante en virtud de esa decisión. De manera que, si
ya se le había reconocido algún monto por concepto de retroactivo, este debe
descontarse del valor total de la presente condena a fin de pagar solamente
la diferencia pendiente.
Entidad encargada del reconocimiento de la pensión de jubilación
De otro lado, en cuanto a la procedencia de la condena aludida a cargo de la
Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, debe destacarse que, en efecto, esta es la entidad responsable
del reconocimiento y pago de la pensión por aportes en comento a favor de la
libelista, habida cuenta de que aquella se encuentra actualmente afiliada a
dicho fondo de previsión, por lo que además es la última a la cual ha realizado
las cotizaciones respectivas.
Aunado a lo anterior se destaca que el Consejo de Estado24 ha señalado en
reiteradas oportunidades que la entidad encargada del reconocimiento y pago
de las prestaciones de los docentes, únicamente es la Nación, Ministerio de
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 18 de febrero de 2021, radicado: 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014). Subsección B,
sentencia del 14 de febrero de 2013, número interno 1048-2012.
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Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En
efecto, los artículos 4 y 5 de la Ley 91 del 29 de diciembre de 1989 indican:
«[…] Artículo 4. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, atenderá las prestaciones sociales de los docentes
nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de
la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del artículo
2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella. Serán
automáticamente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, los docentes nacionales y nacionalizados que se
encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley,
quienes quedan eximidos de requisito económico de afiliación. Los
requisitos formales que se exijan a éstos, para mejor administración del
Fondo, no podrán imponer renuncias a riesgos ya asumidos por las
entidades antecesoras, las cuales reconocerán su respectivo valor en los
convenios interadministrativos. El personal que se vincule en adelante,
deberá cumplir todos los requisitos de afiliación de naturaleza formal o
normativa y económica.
«[…] Artículo 5. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, tendrá los siguientes objetivos:
1. Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado […]»
La citada norma señaló que quedarían automáticamente afiliados al fondo los
docentes nacionales o nacionalizados vinculados a la fecha de su
promulgación, esto es, el 29 de diciembre de 1989, así como el personal
vinculado con posterioridad, siempre que cumplieran los requisitos de afiliación
de naturaleza formal y económica. Esto debido al proceso de nacionalización
de la educación oficial llevado a cabo mediante la Ley 43 de 1975.
Por su parte, respecto del manejo de los recursos que integran el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el artículo 3 de la Ley 91 de
1989, reguló que para tal efecto el Gobierno Nacional suscribiría un contrato
de fiducia mercantil con una entidad fiduciaria de naturaleza estatal o de
economía mixta la cual se encargaría de ello. Textualmente, señaló:
«[…] Artículo 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia
patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos
serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en
la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno
Nacional suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que
contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la
presente Ley y fijará la Comisión que, en desarrollo del mismo, deberá
cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable
determinada con en los costos administrativos que se generen. La celebración
del contrato podrá ser delegada en el Ministro de Educación Nacional […]»
Con posterioridad, el presidente de la República mediante Decreto 1775 del 3
de agosto de 1990, en sus artículos 5 a 8, reglamentó el funcionamiento del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de la siguiente
manera:
«[…] Artículo 5º Recepción de solicitudes. Las solicitudes relacionadas con
el reconocimiento y pago de prestaciones económicas del Magisterio, serán
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Demandante: Alba Lucía García Buitrago
radicadas en la oficina de prestaciones sociales de cada Fondo Educativo
Regional.
La documentación sólo será radicada si llena los requisitos establecidos en
las normas reglamentarias.
Artículo 6º Estudio de solicitudes. Una vez radicada la solicitud, la oficina de
prestaciones sociales de cada Fondo Educativo Regional, procederá a
realizar el estudio de la documentación.
Artículo 7º Liquidación. Realizado el estudio de la documentación, se
procederá a efectuar la liquidación respectiva con el visto bueno de la entidad
fiduciaria.
Artículo 8º Reconocimiento. Efectuada la liquidación, el delegado permanente
del Ministerio ante el Fondo Educativo Regional, expedirá la resolución de
reconocimiento. […]». (Subrayas fuera del texto original).
Por lo tanto, puede afirmarse que en los actos administrativos en los que se
reconocen prestaciones económicas a favor de los afiliados del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, es a la fiduciaria que lo
administra la que le corresponde aprobar o improbar el proyecto de resolución.
Lo expuesto en virtud de los artículos 5 a 8 del Decreto 1775 de 1990 y 5 del
Decreto 2831 de 2005.
En suma, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es quien
debe cancelar las sumas y emolumentos que se pagan a los docentes
afiliados a este y no Colpensiones para el presente caso, debido a la
naturaleza especial de la primera entidad de previsión referida, en punto a sus
obligaciones prestacionales con el magisterio y puntualmente con los
educadores oficiales vinculados a aquella que han hecho los correspondientes
aportes.
Aunado a ello, los mentados aportes los ha efectuado la demandante al
FNPSM desde el 1.° de septiembre de 200325 y al menos hasta la fecha de
presentación de la demanda (11 de octubre de 2018). Lo expuesto se ajusta
y se fundamenta al tenor del artículo 10 del Decreto 2709 de 1994 (regulatorio
de la Ley 71 de 1988), que sobre el particular reza lo siguiente:
«ARTICULO 10. ENTIDAD DE PREVISION PAGADORA. La pensión de
jubilación por aportes será reconocida y pagada por la última entidad de
previsión a la que efectuaron aportes, siempre y cuando el tiempo de aportación
continuo o discontinuo en ellas haya sido mínimo de seis (6) años. En caso
contrario, la pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por la
entidad de previsión a la cual se haya efectuado el mayor tiempo de aportes.
[…]». (Líneas intencionales).
Esto se precisa sin perjuicio de que el FNPSM reclame las cuotas partes que
en efecto correspondan a la entidad de previsión frente a la cual la libelista
realizó las cotizaciones del sector privado (Colpensiones), habida cuenta de
que se trata de un caso de una pensión por aportes, tal como lo prevé el
artículo 11 ibídem.26
25 Ver certificado de historia laboral que obra de folios 36 a 37, C1.
26 «Artículo 11. Cuotas partes. Todas las entidades de previsión social a las que un empleado haya efectuado aportes
para obtener esta pensión, tienen la obligación de contribuirle a la entidad de previsión pagadora de la pensión con
la cuota parte correspondiente.
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En cuanto a los aportes efectuados por la demandante y
adeudados por la entidad territorial empleadora
En el caso particular se observa que la señora García Buitrago se desempeñó
formalmente como docente para el municipio de Armenia vinculada por medio
de contratos laborales y de prestación de servicios celebrados de manera
intermitente durante los siguientes períodos: i) del 1.° de marzo al 30 de
noviembre de 2000, ii) del 12 de marzo al 29 de junio de 2001, iii) del 1.° de
agosto al 30 de noviembre de 2001, iv) del 4 de febrero al 14 de junio de 2002,
v) del 15 de julio al 30 de noviembre de 2002, vi) del 4 de febrero al 27 de
junio de 2003, y vii) del 14 de julio al 27 de agosto de 2003.
Al evidenciar este hecho, resulta adecuado inferir que por la calidad de
contratista que ostentó en su momento la libelista, esta no podía encontrarse
afiliada al FNPSM, pues para ello debía haber sido nombrada y posesionada
como docente oficial mediante acto administrativo. Bajo este contexto, es
pertinente sostener que aquella no pudo haber realizado las respectivas
cotizaciones a la mentada entidad de previsión, lo cual en principio trastocaría
el reconocimiento de la prestación en litigio.
No obstante, precisamente en virtud de lo anterior y según el reporte de
semanas cotizadas a Colpensiones por parte de la demandante (folios 40 a
41, C1), se encuentra que aquella efectivamente realizó los aportes que le
correspondían en su calidad para ese momento de contratista, puntualmente
durante los lapsos referidos anteriormente.
Incluso, además de lo anterior, a partir de este mismo medio de convicción se
avizora un doble pago de la mentada cotización, girado tanto a la precitada
entidad como al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, esto
únicamente para el período comprendido entre el 1.° de septiembre de 2003
y el 29 de febrero de 2004. Lo anterior en la medida en que según el formato
único para la expedición de certificado de historia laboral de la demandante,
proferido por el FNPSM (visible de folios 36 a 37, C1), se desprende que esta
fue nombrada como docente en provisionalidad de la Secretaría de Educación
del Municipio de Armenia de conformidad con la Resolución 0550 de esa
misma data, posesionada para tal efecto desde tal fecha, y por lo tanto
vinculada al fondo en comento durante ese mismo tiempo en el que
evidentemente se efectuaron cotizaciones.
Ahora, en cuanto a la autoridad obligada a realizar el pago de los mentados
conceptos en casos donde se evidencian relaciones laborales encubiertas por
contratos de prestación de servicios docentes, la misma intelección de la
sentencia de unificación jurisprudencial CESUJ2 n.° 5 del 25 de agosto de
2016 proferida por el Consejo de Estado27, dicta que el sujeto responsable de
tal carga inexorablemente debe ser quien ocultó dicho vínculo de trabajo, el
cual para el asunto de marras sería efectivamente el municipio de Armenia.
Para el efecto de las cuotas partes a cargo de las demás entidades de previsión, la entidad pagadora notificará el
proyecto de liquidación de la pensión a los organismos concurrentes en el pago de la pensión, quienes dispondrán
del término de quince (15) días hábiles para aceptarla u objetarla, vencido el cual, si no se ha recibido respuesta, se
entenderá aceptada y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.
La cuota parte a cargo de cada entidad de previsión será el valor de la pensión por el tiempo aportado a esta entidad,
dividido por el tiempo total de aportación.»
27 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia de Unificación CESUJ2 n.° 5 del
25 de agosto de 2016. Rad.: 23001233300020130026001 (00882015).
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Empero, ante su ausencia como demandado o vinculado en la presente
actuación en calidad de posible litisconsorte facultativo, no podría impartirse
una orden directa a aquella entidad territorial tendiente a que realice los giros
respectivos por el mentado concepto.
Al margen de esta consideración, debe tenerse en cuenta que los aportes a
pensión por su propia naturaleza, equivalen a tributos en clave de
contribuciones parafiscales con una destinación específica que los hace
imprescriptibles como se anunció en la sentencia reseñada anteriormente.
Con base en ello, su recaudo puede decretarse en cualquier momento de
manera actualizada en las proporciones que tanto al trabajador como al
empleador le habrían correspondido durante el período en el que se ocultó la
relación laboral, a fin de que la entidad de previsión obligada pueda pagar sin
detrimento patrimonial la prestación reconocida28. Esto se sustenta con base
en la misma providencia de unificación precitada que previó lo siguiente:
«[…] la Administración deberá determinar mes a mes si existe diferencia entre
los aportes que se debieron efectuar y los realizados por el contratista, y cotizar
al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a
pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.
Para efectos de lo anterior, el demandante deberá acreditar las cotizaciones
que realizó al mencionado sistema durante su vínculo contractual y en la
eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra,
tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le
incumbía como trabajador. […]»
De este modo, si bien el municipio de Armenia se encontraba obligado al pago
de los aportes derivados de la relación laboral encubierta, debe tenerse en
cuenta que estos implican una carga compartida entre el empleador y el
trabajador, por lo que efectivamente tendrá que seguirse la regla prevista en
la jurisprudencia aludida, en el sentido de que el FNPSM deberá verificar
mensualmente si se presenta alguna diferencia entre los aportes efectuados
por la entonces contratista durante el tiempo en el cual se presentó la relación
laboral encubierta dentro de sus respectivos intervalos o duración de los
contratos, ello con base en el reporte de semanas cotizadas emitido por
Colpensiones.
De esta manera, en atención a que el ente territorial aludido no se encuentra
vinculado a la actuación, pero debe primar el principio de sostenibilidad
financiera del sistema en razón de los aportes a los que aquel estaba obligado,
se ordenará al FNPSM, ejecutar las actuaciones interadministrativas
pertinentes y necesarias para que se adelante el cobro al municipio de
Armenia, únicamente de las sumas faltantes por concepto de cotizaciones a
pensión pendientes de la señora Alba Lucía García Buitrago (si existieren), y
en todo caso solo en el porcentaje que le habría correspondido a la referida
autoridad como empleador de aquella, esto por los períodos durante los
cuales se evidenció una relación laboral subrepticia basada en sendas
relaciones contractuales.
Por último, en cuanto a la doble cotización comprobada a la que se hizo
mención anteriormente, la Subsección estima que no es procedente emitir
28 Posición reiterada por esta Subsección en sentencia del 18 de febrero de 2021 dictada en el proceso
con radicado: 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014).
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pronunciamiento relativo a la posible devolución del mayor valor descontado
a la demandante en razón de aquel concepto, habida cuenta de que lo propio
no fue objeto de solicitud o discusión en sede administrativa, ni fue planteado
específicamente como pretensión en el libelo para haber constituido materia
de controversia, así como tampoco se formuló en clave de reparo impugnativo
en la apelación bajo examen.
Por estas consideraciones que se acompasan con el fin ulterior del principio
procesal de la congruencia previsto en el artículo 281 del CGP, el cual es
irradiado por el principio constitucional del debido proceso consagrado en el
artículo 29 Superior, se advierte la improcedencia de manifestarse de fondo
sobre el particular ante la ausencia de litigio en este aspecto.
Lo expuesto cobra mayor sentido si se tiene en cuenta además que una
eventual orden de devolución de aportes recaería sobre Colpensiones y no
frente al FNPSM, toda vez que este último sí debe ostentar dichos pagos a fin
de financiar la prestación reconocida. En todo caso, se advierte que la primera
autoridad en comento no fue demandada ni vinculada a la presente actuación,
precisamente por la inexistencia de pretensiones relativas a este aspecto de
la doble cotización, de manera que igualmente se evidencia la inviabilidad de
resolver lo propio oficiosamente.
Ahora bien, ante la advertencia probatoria de este hecho relacionado con
pagos dobles de aportes a pensión a diferentes entidades de previsión, lo
cierto es que la Sala sí deberá ordenar que en el cobro por parte de la entidad
demanda a Colpensiones respecto de las cuotas partes que esta debe asumir
por las cotizaciones que le fueron efectuadas en virtud de las relaciones
laborales sostenidas en el sector privado y como contratista del Estado, no se
incluya el tiempo durante el cual el FNPSM sí percibió el pago respectivo, esto
es, desde el 1.° de septiembre de 2003 hasta el 29 de febrero de 2004,
conforme al reporte de semanas cotizadas expedido por la primera.
En conclusión: la señora Alba Lucía García Buitrago en su calidad de
docente oficial antes de la Ley 812 de 2003 con acumulación de aportes del
sector público y privado, en efecto tiene derecho a que el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio le reconozca y pague la pensión de
jubilación conforme a la Ley 71 de 1988 por aplicación integradora y analógica
de la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado
proferida el 25 de abril de 2019, y en atención a su calidad de educadora
estatal al margen de las formas de vinculación mediante las cuales
desempeñó dichas funciones en instituciones públicas educativas del Estado.
Dicha prestación debe concederse con efectividad a partir del 1.° de enero de
2015 cuando la libelista adquirió el estatus jurídico respectivo, y en un monto
correspondiente a una tasa de reemplazo del 75% sobre el ingreso base de
liquidación, calculado sobre el promedio de los factores salariales respecto de
los cuales la demandante realizó aportes durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional, que equivalen en el presente caso a la
asignación básica y la bonificación mensual docente.
De la prescripción de mesadas pensionales y el restablecimiento
del derecho
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Habida cuenta de que se accederá al reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación deprecada por la parte activa con efectividad desde el 1.° de enero
de 2015, resulta indispensable verificar la ocurrencia o no del fenómeno
prescriptivo sobre las mesadas adeudadas.
Al respecto, el Consejo de Estado29 ha señalado que la configuración de la
mentada figura requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual
no se hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los
derechos que considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde
que la obligación se haya hecho exigible, con una posibilidad de interrupción
del término por un lapso igual, tal como lo indica el artículo 102 del Decreto
1848 de 1969 aplicable al sub examine, que reza lo siguiente:
«ARTÍCULO 102.- Prescripción de acciones.
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135
de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la
fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o
empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.»
En consecuencia, para determinar la fecha de exigibilidad del derecho a
restablecer a partir de la cual debe comenzar a contabilizarse el lapso referido
en el presente caso, tendrá que considerarse el hecho de que esta data se
concreta desde el 1.° de enero de 2015 cuando la demandante adquirió el
estatus jurídico pensional y por consiguiente consolidó la prerrogativa a
percibir la prestación en litigio.
Ahora bien, tal como se verifica de la parte considerativa de la Resolución 2214
del 21 de agosto de 2018 (folios 32 a 33, C1), la señora García Buitrago
reclamó el derecho prestacional en mención el 11 de julio de 2018, esto es,
después del vencimiento de los 3 años siguientes a la fecha de efectividad de
la pensión, por lo que se consolidó la figura bajo estudio respecto de las
mesadas causadas con anterioridad al 11 de julio de 2015.
Bajo este entendido, a título de restablecimiento del derecho se ordenará a la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, reconocer y pagar a favor de la demandante la
pensión de jubilación a que tiene derecho de conformidad con los preceptos
de la Ley 71 de 1988 y el Decreto Reglamentario 2709 de 1994, esto es, en
un monto equivalente al 75% del promedio de la asignación básica y la
bonificación mensual docente, estas en los montos percibidos por la libelista
durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico, correspondiente al
período comprendido entre el 1.° de enero de 2014 y el 1.° de enero de 2015,
con efectividad desde esta última data, pero con efectos fiscales desde el 11
de julio de 2015 por la configuración del fenómeno prescriptivo.
Por lo expuesto, se condenará a la parte demandada a pagar las mesadas
adeudadas desde el 11 de julio de 2015 hasta la inclusión de la demandante
en la respectiva nómina de pensionados, ello de manera actualizada de
conformidad con el inciso 4.° del artículo 187 del CPACA. Dicha entidad dará
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
de 15 de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
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cumplimiento a la sentencia con base en los términos y previsiones de los
artículos 189 y 192 ibídem.
Igualmente se conminará al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio a que repita contra Colpensiones por las cuotas partes que a esta
le corresponden en cuanto a la financiación de la pensión reconocida a la
libelista de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994
(regulatorio de la Ley 71 de 1988), por tratarse de una pensión por aportes.
Ello bajo la aclaración de que no podrá reclamarse lo propio por el período
comprendido entre el 1.° de septiembre de 2003 y el 29 de febrero de 2004
ante la evidencia de una doble cotización durante ese lapso.
Por último, la entidad demandada deberá realizar todas las actuaciones
interadministrativas pertinentes y necesarias para que se adelante el cobro al
municipio de Armenia, únicamente de las diferencias en los aportes a pensión
dejados de efectuar en beneficio de la señora García Buitrago (si existieren
luego de comparar los valores efectivamente aportados por esta a
Colpensiones como contratista), y en todo caso solo en el porcentaje que le
habría correspondido a la referida autoridad como empleadora de aquella, esto
por los períodos comprendidos entre el 1.° de marzo y el 30 de noviembre de
2000, del 12 de marzo al 29 de junio de 2001, del 1.° de agosto al 30 de
noviembre de 2001, del 4 de febrero al 14 de junio de 2002, del 15 de julio al
30 de noviembre de 2002, del 4 de febrero al 27 de junio de 2003, y del 14 de
julio al 27 de agosto de 2003, lapsos durante los cuales se advirtió una relación
laboral subrepticia basada en sendos vínculos contractuales.
Decisión de segunda instancia
Según lo expuesto, se impone revocar la sentencia apelada proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío el 5 de julio de 2019, la cual denegó las
pretensiones de la demanda, esto a fin de acceder a tales pedimentos
conforme a la declaración de nulidad y la orden de restablecimiento del
derecho referida anteriormente, lo anterior habida cuenta de que prosperan los
argumentos del recurso de apelación formulado por la parte demandante.
De la condena en costas
Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201630, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para
la imposición de dicha carga bajo los siguientes fundamentos:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
30 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
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realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP31, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público32.
No obstante, aun bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se
condenará en costas a la parte demandada a pesar de haber resultado vencida
en el sub lite, ello al no observarse la causación de dicha carga de acuerdo
con el numeral 8.° del artículo 365 del CGP, en razón a la ausencia de
intervención de las partes en segunda instancia, tal como se corrobora en la
constancia secretarial obrante a folio 232 del cuaderno 2.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar la sentencia proferida el 5 de julio de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Quindío que denegó las pretensiones de la demanda, en el
proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovió la señora Alba Lucía García Buitrago contra la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio.
En su lugar,
Segundo: Declarar probada de oficio parcialmente la excepción de
prescripción, ello respecto de las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 11 de julio de 2015.
31 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
32 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»
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Tercero: Declarar la nulidad de la Resolución 2214 del 21 de agosto de 2018,
por medio de la cual la Secretaría de Educación del Municipio de Armenia, en
nombre y representación del Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, denegó la petición formulada por el
libelista el 11 de julio de 2018, con la que este buscaba el reconocimiento y
pago de una pensión de jubilación.
Lo anterior sin perjuicio de los efectos que esta anulación pueda acarrear
respecto de la fuerza ejecutoria de la Resolución 437 del 19 de febrero de
2019, pero sin que por tal razón pueda efectuarse un doble pago respecto de
lo que ya le había sido abonado a la demandante en virtud de esa decisión.
De manera que, si ya se le había reconocido algún monto por concepto de
retroactivo, este debe descontarse del valor total de la presente condena a fin
de pagar solamente la diferencia pendiente.
Cuarto: A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, reconocer y pagar a favor de la señora Alba Lucía García
Buitrago la pensión de jubilación a que tiene derecho de conformidad con los
preceptos de la Ley 71 de 1988 y el Decreto Reglamentario 2709 de 1994, es
decir, en un monto equivalente al 75% del promedio de la asignación básica y
la bonificación mensual docente, estas en los montos percibidos por la libelista
durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico, correspondiente al
período comprendido entre el 1.° de septiembre de 2014 y el 1.° de septiembre
de 2015, con efectividad desde esta última data, pero con efectos fiscales a
partir del 11 de julio de 2015 por haberse configurado la prescripción trienal
sobre las mesadas causadas con anterioridad a esta fecha.
En razón de lo expuesto, se condena a la parte demandada a pagar las
mesadas adeudadas en favor de la señora García Buitrago desde el 11 de julio
de 2015 hasta la inclusión de aquella en la respectiva nómina de pensionados,
esto de manera actualizada de conformidad con el inciso 4.° del artículo 187
del CPACA, es decir, con base en la siguiente fórmula:
R= Rh x índice final
Índice inicial
Quinto: Se conmina a la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a que repita contra Colpensiones por las
cuotas partes que a esta le corresponden en cuanto a la financiación de la
pensión reconocida a la libelista de conformidad con el artículo 11 del Decreto
2709 de 1994 (regulatorio de la Ley 71 de 1988), por tratarse de una pensión
por aportes. Se aclara que no podrá reclamarse lo propio por el período
comprendido entre el 1.° de septiembre de 2003 y el 29 de febrero de 2004
ante la evidencia de una doble cotización durante ese lapso.
Asimismo, se ordena a la entidad demandada, realizar todas las actuaciones
interadministrativas pertinentes y necesarias para que se adelante el cobro al
municipio de Armenia, únicamente de las diferencias en los aportes a pensión
dejados de efectuar en beneficio de la demandante (si existieren luego de
comparar los valores efectivamente aportados por esta a Colpensiones como
contratista), y en todo caso solo en el porcentaje que le habría correspondido
a la referida autoridad como empleador de aquella, esto por los períodos
comprendidos entre el 1.° de marzo y el 30 de noviembre de 2000, del 12 de
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Radicado: 63001-23-33-000-2018-00184-01 (4983-2019)
Demandante: Alba Lucía García Buitrago
marzo al 29 de junio de 2001, del 1.° de agosto al 30 de noviembre de 2001,
del 4 de febrero al 14 de junio de 2002, del 15 de julio al 30 de noviembre de
2002, del 4 de febrero al 27 de junio de 2003, y del 14 de julio al 27 de agosto
de 2003, lapsos durante los cuales se advirtió una relación laboral subrepticia
basada en sendos vínculos contractuales.
Sexto: Sin condena en costas de segunda instancia.
Séptimo: La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia con base
en los términos y previsiones de los artículos 189 y 192 del CPACA.
Octavo: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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