Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08177-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-08177-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08177-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-08177-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
12 de febrero de 2026
Demandante: Dilcia Concepción Becerra Chaparro
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08177-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08177-00
Demandante: DILCIA CONCEPCIÓN BECERRA CHAPARRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, SALA DE
DECISIÓN 1
Tema: Tutela contra providencia judicial. Ampara derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La señora Dilcia Concepción Becerra Chaparro, actuando a través de apoderado
judicial1, inició acción de tutela2 contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala
de Decisión 13, en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la
seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, en concordancia con el principio de
favorabilidad.
Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión
1 Índice 2 de Samai. Poder especial conferido por mensaje de datos al abogado Yobany Alberto
López Quintero
2 Acción de tutela radicada el 17 de diciembre de 2025 por medio de la ventanilla virtual del Consejo
de Estado, a la cual se le asignó el número de solicitud 20882.
3 La Sala se encuentra conformada por los magistrados: Laura Patricia Alba Calixto; Luis Ernesto
Arciniegas Triana y Dayán Alberto Blanco Leguizamo.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Dilcia Concepción Becerra Chaparro
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08177-00
de la sentencia del 11 de junio de 2025, proferida por la autoridad judicial
accionada que revocó la providencia del 30 de septiembre de 2024, dictada por el
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama, para en su
lugar, negar las pretensiones formuladas en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 15238-33-33-003-2021-
00118-00/01.
1.2. Pretensión
Con base en lo anterior, el accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ dejar sin efectos la
providencia referida en el numeral anterior y, se profiera una nueva con
fundamento en la normatividad aplicable al caso de la señora Dilcia Concepción
Becerra Chaparro, esto es, Ley 33 de 1985 y, atendiendo al precedente
jurisprudencial del Máximo Órgano de lo Contencioso Administrativo4.
1.3. Hechos
La señora Dilcia Concepción Becerra Chaparro nació el 28 de septiembre de 1964
y laboró mediante contrato de prestación de servicios como docente al servicio del
Estado desde agosto de 1997 hasta septiembre de 2003, cuando fue vinculada en
periodo de pruebas hasta enero de 2006, momento en que recibió su
nombramiento en propiedad que, continúa hasta la fecha.
El 14 de agosto de 2020, radicó solicitud de reconocimiento pensional bajo el
régimen de la Ley 33 de 1985, ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (en adelante Fomag), sin embargo, dicha petición fue desestimada
a través de la Resolución 280 de 2020.
En consecuencia, la señora Becerra Chaparro presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación,
Ministerio de Educación Nacional y Fomag, con el fin de que se estudiara la
legalidad del acto administrativo mencionado y, se concediera y pagara su pensión
de jubilación en cuantía del 75% de los factores salariales devengados en el año
anterior a la adquisición del estatus de pensionada, efectiva a partir del 14 de
diciembre de 2019, sin que se exigiera su retiro definitivo del servicio5.
4 Transcripción literal que puede contener errores.
5 Asimismo, solicitó que: i) se reconociera y pagara los ajustes de valor con motivo de la disminución
del poder adquisitivo de cada una de las mesadas pensionales adeudadas; ii) se reconociera y
pagara los intereses moratorios a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia y hasta que
se efectuara el pago; iii) se ordenara la inclusión en nómina una vez le fuera reconocido el derecho
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Dilcia Concepción Becerra Chaparro
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08177-00
En primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Duitama en providencia del 30 de septiembre de 2024, accedió a las súplicas
de la demanda, en el sentido de: i) declarar la nulidad de la Resolución 280 del 9
de diciembre de 2020; ii) ordenar al extremo demandado a reconocer y pagar la
pensión de jubilación, de acuerdo con lo señalado en las leyes 33 y 62 de 1985 6
y, iii) condenar a los accionados a pagar la indexación de las sumas adeudadas,
conforme con lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 7.
Ante el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1 en sentencia del 11 de junio de 2025,
revocó la decisión del a quo, para en su lugar, negar las pretensiones.
Como fundamento de ello, la autoridad judicial expuso que, la señora Becerra
Chaparro no reunía la totalidad de los requisitos para acceder a la pensión
reclamada bajo el régimen de la Ley 33 de 1985, pues si bien cumplía con el
presupuesto de la edad, no se encontraba satisfecho el tiempo de servicios, puesto
que para el momento de la reclamación administrativa contaba con 16 años, 11
meses y 20 días laborados y cotizados como docente oficial, y no los 20 años
exigidos.
Dicho proveído fue notificado de manera personal electrónicamente el 16 de junio
de 2025.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora indicó que, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
1 incurrió en un desconocimiento del precedente en el fallo del 11 de junio de 2025.
En primer lugar, adujo que, la autoridad judicial accionada no identificó las
sentencias del Consejo de Estado que respaldaban la postura asumida y que, por
el contrario, la Sección Segunda de la Corporación en comento, reconocía los
periodos laborados mediante contratos de prestación de servicios con
independencia de la cotización al sistema de seguridad social.
y el respectivo pago de las mesadas atrasadas y, iv) se diera cumplimiento al fallo en los términos
de los artículos 192 y 195 del CPACA.
6 Además, se puso de presente que el reconocimiento y pago estaban sujetos a: una cuantía del
75% del ingreso base de liquidación, incluyendo para su cómputo la asignación básica, las horas
extras, la bonificación mensual docente y la bonificación pedagógica, devengados durante el año
anterior a la adquisición del estatus jurídico, esto es, del 29 de septiembre de 2018 al 28 de
septiembre de 2019, y con efectos fiscales a partir del 29 de septiembre de 2019, fecha de
adquisición del status jurídico de pensionada, y sin necesidad de que se acredite para ello el retiro
efectivo del servicio.
7 De acuerdo con la fórmula matemática acogida por el Consejo de Estado, señalada en la
providencia.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Dilcia Concepción Becerra Chaparro
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08177-00
Al respecto, mencionó el fallo identificado con el radicado 87001-23-33-000-2013-
00079-01 proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en
el que se reconoció la pensión de jubilación a una docente cuyo tiempo de servicios
incluía períodos laborados bajo contrato de prestación de servicios sin aportes,
con fundamento en los efectos vinculantes de la sentencia CE-SUJ2-05 del 25 de
agosto de 2016 del Consejo de Estado8, en la que se estableció de manera
expresa que la administración no podía sustraerse de la obligación de efectuar los
aportes al sistema de seguridad social en pensiones, por cuanto su omisión
repercutía directamente en el derecho de acceso a la pensión y en la garantía de
la seguridad social.
En igual sentido, citó las providencias del 3 de junio de 20219, 7 de abril de 202210
y 23 de mayo de 202311 de la misma Subsección, en las que se aceptó el
reconocimiento pensional de los tiempos laborados al servicio educativo oficial
bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios sin la acreditación de los
correspondientes aportes. Así como que, se configuraba una relación encubierta
en dichas situaciones, por lo que la responsabilidad de efectuar las cotizaciones
recaía en quien hubiera encubierto el vínculo laboral.
Sobre el mismo criterio referido, puso de presente fallos del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B dictadas el 4 de julio12, 1213 y 1914 de septiembre
y 20 de noviembre15 de 2024.
Así las cosas, relató que, la Sección Segunda del Consejo de Estado como órgano
de cierre en materia laboral administrativo, sentó una línea jurisprudencial frente
al debate suscitado en torno al reconocimiento de la pensión de jubilación con
inclusión de los períodos laborados bajo contratos de prestación de servicio en los
cuales no se efectuaban las cotizaciones al sistema de seguridad social. Incluso,
expuso como pronunciamiento reciente un proveído del 30 de enero de 2025 16
proferido por la referida autoridad en el mismo sentido.
Por lo tanto, la parte actora echó de menos que, el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión 1 no hubiera aplicado el precedente señalado, en el que,
a su juicio, se hacía evidente la reciente postura adoptada en torno a los criterios
de reconocimiento pensional del personal docente en armonía con los principios
8 Rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01.
9 Rad. 50001-23-33-000-2018-00357-01.
10 Rad. 63001-23-33-000-2018-00184-01.
11 Rad. 25000-23-42-000-2019-01673-01.
12 Rad. 15001-23-33-000-2021-00637-01.
13 Rad. 15001-23-33-000-2021-00407-01.
14 Rad. 15001-23-33-000-2021-00135-01.
15 Rad. 27001-23-33-000-2021-00048-01.
16 Rad. 66001-23-33-000-2022-00016-01.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Dilcia Concepción Becerra Chaparro
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08177-00
de primacía de la realidad sobre las formalidades, prevalencia del derecho
sustancial y, la observancia de la sentencia de unificación CESUJ-5 del 25 de
agosto de 2016.
Además, recalcó que en caso de que el tribunal hubiera querido apartarse del
precedente debía cumplir con la carga de transparencia mediante un ejercicio
argumentativo robusto, aspecto que no se encontró en la providencia cuestionada.
Finalmente, adujo que, le resultaba aplicable el régimen previsto en la Ley 33 de
1985 para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, dado que su
vinculación al servicio educativo oficial se produjo con anterioridad al 26 de junio
de 2003 y cumplió con las exigencias legales, motivo por el cual no podía alegarse
ningún otro condicionamiento para negar la prestación económica, más aún
después de advertir la línea jurisprudencial del Consejo de Estado.
1.5. Admisión de la tutela
Por medio de auto del 15 de enero de 2026, la Magistrada Ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la parte accionante17 y, como parte
demandada, a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Boyacá,
Sala de Decisión 118.
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, a la Nación, al Ministerio de Educación Nacional19, al
Fomag20 y al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Duitama21.
Por último, le reconoció personería para actuar al abogado Yobany Alberto López
Quintero en calidad de apoderado de la parte actora.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
17 Índice 8 de Samai. La notificación fue enviada al buzón web: yobanylopeznotijud@gmail.com.
18 Índice 8 de Samai. La notificación fue enviada a los correos:
sectradmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co y sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co.
19 Índice 8 de Samai. La notificación fue realizada: notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co.
20 Índice 8 de Samai. La notificación fue enviada al correo: notjudicial@fiduprevisora.com.co.
21 Índice 8 de Samai. La notificación fue enviada al buzón:
j03admtrandui@cendoj.ramajudicial.gov.co.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Dilcia Concepción Becerra Chaparro
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08177-00
1.6.1. Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1
Por medio de informe rendido el 20 de enero de 2026, la Magistrada Ponente de
la providencia cuestionada señaló que el escrito de tutela no cumplía con el
requisito de relevancia constitucional, en atención a que la parte actora no indicaba
la forma en la que se desconocían materialmente sus derechos fundamentales.
Manifestó que no se configuraba un defecto fáctico, dado que el tribunal había
fundamentado su decisión en el material probatorio que reposaba en el expediente
ordinario.
Igualmente, desestimó el desconocimiento del precedente alegado, tras explicar
que la providencia se había sustentado con el criterio asumido por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, según el cual «[…] los tiempos servidos
a la docencia oficial mediante contratos de prestación de servicios, si fueron
anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003),
deben contabilizarse siempre y cuando se verifique que esta jurisdicción ha
declarado la existencia de la relación laboral mediante sentencia o aprobación de
acuerdo conciliatorio y se han hecho aportes para pensión por dichos periodos en
virtud de la actividad docente oficial».
Al respecto, adujo que, el no tener en cuenta los aportes pensionales si no se había
declarado la relación laboral, no representaba una vulneración a la garantía de
acceso a la administración de justicia de la demandante, puesto que, en la misma
demanda en la que pidió el pago de la pensión de jubilación, pudo solicitar el
reconocimiento de la relación laboral a efectos de computar los aportes causados
durante la vinculación contractual, mediante la figura de la acumulación de
pretensiones.
Por lo tanto, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción tutelar en
ausencia de la violación de garantías.
1.6.2. La Nación, Ministerio de Educación Nacional
Mediante documento recibido el 21 de enero de 2026, la profesional especializada
de la oficina asesora jurídica de la entidad solicitó que se declarara la falta de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la controversia planteada en el
mecanismo constitucional recaía sobre la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1, por ende, la acción u omisión no
era atribuible a la cartera.
Asimismo, pidió que se declarara la improcedencia de la acción.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Dilcia Concepción Becerra Chaparro
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08177-00
1.6.3. Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama
En memorial del 22 de enero del año en curso, la titular del Despacho explicó el
razonamiento adelantado en el fallo de primera instancia dictado en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, remitiéndose a una decisión del
Consejo de Estado, Sección Segunda del 2 de junio de 202222, en la que se realizó
el cómputo del término laborado para efectos pensionales incluso desde los
contratos u órdenes de prestación de servicios. En el mismo sentido, mencionó las
sentencias del 22 de febrero de 202323 y 27 de agosto de 202524, proferidas por el
Tribunal Administrativo de Boyacá.
Aunado a lo anterior, expuso que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de
Estado, en los casos en los que se acreditaban los tiempos laborados por un
docente con una vinculación a través de contratos de prestación de servicios, se
debían tener en cuenta para efectos del reconocimiento de las pensiones, con
independencia de que se hubieran efectuado o no los aportes respectivos al
sistema de seguridad social, debido a que el responsable de efectuarlos era la
entidad estatal que se benefició del servicio y ocultó la verdadera naturaleza del
vínculo laboral.
Seguido de ello, adujo que los aportes parafiscales con destinación específica
tenían naturaleza imprescriptible y, por consiguiente, el Fomag podía efectuar el
recobro a la entidad contratante por el periodo laborado por el accionante.
En consecuencia, indicó que, ninguna de las actuaciones procesales adelantadas
por el juzgado generó amenaza o vulneración de las garantías fundamentales de
la tutelante. Igualmente, solicitó su desvinculación ante la falta de legitimación en
la causa por pasiva.
1.6.4. Pese a que el Fomag fue debidamente notificado, guardó silencio.
II.CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por la señora Dilcia Concepción Becerra Chaparro contra el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1, de conformidad con lo establecido
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
22 Rad. 54001-23-33-000-2012-00182-02.
23 Rad. 15238-33-33-001-2021-00071-00.
24 Rad. 15001-33-33-010-2023-00042-01.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Dilcia Concepción Becerra Chaparro
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08177-00
2.2. Cuestión previa
La Nación, Ministerio de Educación Nacional y el Juzgado Tercero Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Duitama solicitaron su desvinculación del presente
trámite, pues a su juicio, se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva.
No obstante, dichas peticiones serán denegadas, en atención a que a ambas les
asiste un interés en las resultas de este trámite por haber sido tanto, entidad
demandada al interior del medio de control enjuiciado y, la autoridad judicial de
primera instancia que resolvió el asunto.
2.3. Problema jurídico
Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y la intervención presentada, corresponde
a la Sala resolver:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:
• ¿El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1 vulneró las
garantías invocadas por la señora Dilcia Concepción Becerra Chaparro con
ocasión de la sentencia del 11 de junio de 2025, al incurrir en
desconocimiento del precedente?
Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) las
generalidades del defecto por desconocimiento del precedente y, (iv) el caso
concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201225
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Dilcia Concepción Becerra Chaparro
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08177-00
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema26 y declaró su
procedencia.27
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional
La accionante expuso que el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
1 incurrió en desconocimiento del precedente en el fallo del 11 de junio de 2025.
Se puede avizorar que lo alegado transciende de la esfera legal a la constitucional,
pues la parte actora afirma que la autoridad judicial accionada pasó por alto la
postura pacífica de la Sección Segunda del Consejo de Estado, exponiendo casos
con cuestiones fácticas y jurídicas similares, en los cuales se aplicaron los efectos
vinculantes de la sentencia CE-SUJ2-05 del 25 de agosto de 2016 de esta
Corporación, para reconocer la pensión de jubilación con fundamento en el
régimen de la Ley 33 de 1985, con referencia a períodos laborados bajo la
26 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
27 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Dilcia Concepción Becerra Chaparro
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08177-00
modalidad de prestación de servicios, aun cuando no se hubieren efectuado los
aportes correspondientes.
Así mismo, refirió que la autoridad judicial accionada no cumplió con la carga
argumentativa exigida para apartarse del precedente judicial, ya que no aludió a la
posición actual del Consejo de Estado respecto de la no exigibilidad de la
cotización de aportes, ni explicó las razones por las cuales aplicó un precedente
abandonado al momento de analizar la pretensión de reconocimiento pensional.
En línea con lo expuesto, advierte la Sala que el cargo satisface el requisito de la
relevancia constitucional, debido a que se observa la posible vulneración de los
derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, e imponen
el deber al juez constitucional de revisar si se configuró el quebrantamiento de las
garantías superiores de la parte actora.
De acuerdo con lo dicho, se evidencia una tensión o contradicción entre la
racionalidad de la decisión y el núcleo esencial de los mencionados derechos
fundamentales de la señora Becerra Chaparro, por lo que la cuestión trasciende
un estudio de lo meramente legal.
En razón de lo anterior, resulta importante analizar si el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión 1 se apartó de la aplicación del precedente sin
fundamento alguno, frustrando injustificadamente la prestación social reclamada
por la tutelante.
2.5.2. Tutela contra tutela
La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues la providencia judicial demandada fue proferida en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con
radicado 15238-33-33-003-2021-00118-00/01, que promovió la parte accionante
contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag.
2.5.3. Subsidiariedad
En consideración al requisito de subsidiariedad, este se encuentra satisfecho por
tratarse de la sentencia del 11 de junio de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión1, en segunda instancia.
Así mismo, se observa que lo pretendido vía amparo constitucional, no es
susceptible de ser ventilado a través de otros mecanismos judiciales, por cuanto
el fallo que se cuestiona no es susceptible de otro recurso ordinario, además que
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Dilcia Concepción Becerra Chaparro
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08177-00
contra la misma no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de
unificación de jurisprudencia, comoquiera que las inconformidades señaladas por
la parte actora, no se adecúan a las causales establecidas en los artículos 250 y
257 de la Ley 1437 de 2011.
2.5.4. Inmediatez
Es preciso señalar que esta colegiatura28 ha considerado como plazo prudencial
el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador – el cual es la
ejecutoria de la providencia judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud de
protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su
improcedencia. No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al
fondo del debate jurídico planteado.
En el caso objeto de estudio, se observa que la sentencia del 11 de junio de 2025
proferida por la autoridad judicial accionada se notificó a las partes a través de
correo electrónico el 16 siguiente y la presente acción fue promovida el 17 de
diciembre de 2025, por lo que, sin ahondar en su ejecutoria, se tiene que el amparo
fue promovido en un término razonable, ya que no se alcanzan a completar los 6
meses contemplados como plazo prudencial.
2.6. Generalidades del defecto por desconocimiento del precedente
La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una alta corte para
solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número
plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea considerada como
precedente. Igualmente, constituyen precedente las sentencias de
constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional,
como por el Consejo de Estado.
Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha definido al precedente judicial
como: «[…] la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado
que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe
necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir
un fallo29».
28 Ver sentencias: de 18.04.13, Rad.11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P: Susana Buitrago
Valencia; 03.07.13, Rad.11001-03-15-000-2012-01891-01, 12.08.13, Rad.11001-03-15-000-2013-
1435-00, M.P: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-
00142-01, 12.09.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-02203-01, M.P: Alberto Yepes Barreiro;
21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P: Rocío Araújo Oñate; entre otras.
29 Corte Constitucional, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo, Sentencia SU-354 de 25.05.17,
Exp. T-5.882.857.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Dilcia Concepción Becerra Chaparro
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08177-00
El principio de coherencia también comporta el deber de respeto por los
precedentes horizontales, es decir, las decisiones adoptadas por el mismo juez30.
Así, la Corte Constitucional ha indicado que:
[…] el respeto al precedente es una obligación de todas las autoridades judiciales,
• sea éste vertical u horizontal-, dada su fuerza vinculante y su inescindible relación
con la protección de los derechos al debido proceso e igualdad31.
Lo anterior, dado que el precedente constituye una herramienta de protección de
la confianza legítima y la buena fe, en la medida en que el respeto por las
decisiones anteriores obedece a la guarda del principio de igualdad, el cual
resultaría transgredido sí frente a casos idénticos se brinda una respuesta disímil.
2.7. Caso concreto
La señora Dilcia Concepción Becerra Chaparro presentó acción de tutela contra la
sentencia del 11 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión 1, al considerar que incurrió en un desconocimiento del
precedente.
Al respecto, comentó que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en su
condición de órgano de cierre en materia administrativa laboral, ha consolidado un
precedente pacífico y reiterado en torno al reconocimiento de la pensión de
jubilación de los docentes, con inclusión de los períodos laborados bajo contratos
de prestación de servicio, aun cuando durante dichos lapsos no se hubiesen
efectuado cotizaciones al sistema de seguridad social.
Lo anterior, lo sustentó mediante diversas providencias dictadas por las
Subsecciones A y B de la Sección Segunda de la Corporación 32, acompasadas
con la sentencia de unificación CESUJ-5 del 25 de agosto de 2016, en la que se
desarrollaron aspectos relevantes que coadyuvaban a reforzar el criterio de la
aplicación de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades, la
prevalencia del derecho sustancial y la garantía del derecho de acceso a la pensión
y a la seguridad social.
En ese contexto, la accionante manifestó no encontrar razonable la decisión
adoptada por la autoridad judicial accionada, en tanto no soportó sus argumentos
30 Corte Constitucional, M.P. Diana Fajardo Rivera, Sentencia SU-380 de 03.11.21, Exp. T-
8.147.130.
31 Corte Constitucional, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Sentencia SU-113 de 08.11.18, Exp.
T-6.550.645.
32 Radicados: 50001-23-33-000-2018-00357-01; 63001-23-33-000-2018-00184-01; 25000-23-42-
000-2019-01673-01; 15001-23-33-000-2021-00637-01; 15001-23-33-000-2021-00407-01; 15001-
23-33-000-2021-00135-01; 27001-23-33-000-2021-00048-01 y, 66001-23-33-000-2022-00016-01.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Dilcia Concepción Becerra Chaparro
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08177-00
en la jurisprudencia del órgano de cierre ni cumplió con la carga de transparencia
exigida, para explicar las razones de su apartamiento del criterio reiterado.
Así las cosas, con el propósito de ilustrar el asunto objeto de análisis, esta Sala de
Decisión procederá a referirse a la línea jurisprudencial decantada por la Sección
Segunda del Consejo de Estado en relación con los docentes vinculados a través
de contratos de prestación de servicios y el cómputo del tiempo para efectos del
reconocimiento pensional.
Anteriormente, esta Corporación33 sostenía que los interregnos durante los cuales
un docente había sido vinculado al Estado mediante contratos de prestación de
servicios, no podían ser computados para efectos de acumular el tiempo requerido
para acceder a la pensión de jubilación, en ausencia de una declaratoria previa
sobre la existencia de una relación de carácter laboral.
No obstante, dicha postura fue modificada por medio de diversos
pronunciamientos de la Sección Segunda, en los cuales se determinó la
procedencia de computar el tiempo laborado por los docentes bajo la modalidad
de contratos de prestación de servicios para efectos del reconocimiento de
prestaciones de carácter periódico.
Este cambio de criterio tuvo como uno de sus fundamentos la sentencia C-555 de
1994, en la cual la Corte Constitucional precisó que la diferenciación entre los
docentes vinculados formalmente a las plantas de personal y aquellos contratados
bajo la modalidad de prestación de servicios, carecía de justificación
constitucional, en la medida en que ambos grupos desempeñaban la misma
actividad, siendo la ley y no el contrato la que determinaba el régimen aplicable y,
que el menor costo de los contratos por servicios no podía servir de sustento para
el desconocimiento de los derechos laborales irrenunciables34.
Asimismo, dicha postura se apoyó en los parámetros fijados en la sentencia de
unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 201635, conforme a la cual la
vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios no
desvirtuaba el carácter personal de su labor, ni resultaba ajena al elemento de
subordinación inherente al servicio público de educación, pues en estas, se
encontraban igualmente configurados los elementos del contrato laboral36.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Gabriel Valbuena Hernández,
Sentencia 03.06.21, Rad. 50001-23-33-000-2018-00357-01.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar,
Sentencia 12.09.24, Rad. 15001-23-33-000-2021-00407-01 y 27001-23-33-000-2021-00048-01.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Sentencia 25.08.16, Rad.
23001-23-33-000-2013-00260-01.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, Sentencia
07.04.22, Rad. 63001-23-33-000-2018-00184-01.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Dilcia Concepción Becerra Chaparro
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08177-00
A partir de dichas referencias, se entendió que el ejercicio de la función docente
mediante la vinculación de contratos por prestación de servicios, en aplicación de
los principios de la primacía de la realidad sobre las formalidades, favorabilidad y
pro homine, permitía el cómputo del tiempo laborado para efectos pensionales, por
cuanto la falta de vinculación como empleados públicos obedeció al
incumplimiento de un deber legal por parte del Estado, circunstancia que no podía
traducirse en la afectación de sus derechos laborales37.
De igual forma, se ha decantado que la lógica aplicada en los asuntos
anteriormente referidos resulta extensiva a los aportes al Sistema de Seguridad
Social, pues aun cuando el docente no hubiese efectuado las cotizaciones
correspondientes, ya fuere por omisión de la entidad contratante o del propio
contratista, tal circunstancia no constituía impedimento para el reconocimiento del
tiempo computable para la pensión de jubilación38.
Incluso, sobre este punto, la Sección Segunda del Consejo de Estado39 ha
precisado que corresponde a los fondos de pensiones adelantar las gestiones
pertinentes ante las entidades territoriales contratantes, con el fin de establecer las
responsabilidades a que haya lugar, garantizar la financiación del derecho
pensional y subsanar las omisiones en el pago de las cotizaciones, habida cuenta
que los períodos en los cuales el docente hubiese laborado en el sector público a
través de contratos de prestación de servicios, con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003, resultan válidos para acreditar el tiempo de servicio
exigido para la adquisición del derecho a la pensión de jubilación.
Así las cosas, una vez advertida la línea jurisprudencial pacífica sostenida por la
Sección Segunda de esta Corporación, construida por demás, con la inclusión de
las sentencias traídas por la parte actora como desconocidas por la autoridad
judicial accionada, referentes a que el tiempo de vinculación del docente mediante
contratos de prestación de servicios debe ser tenido en cuenta para efectos del
régimen pensional, incluso cuando durante dichos periodos no se hayan efectuado
las cotizaciones al sistema; procede esta Sala a analizar el contenido del fallo del
11 de junio de 2025 del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1.
Tras examinar las pruebas obrantes en el expediente, la autoridad judicial
accionada sostuvo que no era posible tener en cuenta los periodos de vinculación
mediante órdenes de prestación de servicios, por cuanto «[…] (i) para los periodos
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves, Sentencia
30.01.25, Rad. 66001-23-33-000-2022-00016-01.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera,
Sentencia 04.07.24, Rad. 15001-23-33-000-2021-00637-01.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar,
Sentencia 19.09.24, Rad. 15001-23-33-000-2021-00135-01.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Dilcia Concepción Becerra Chaparro
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08177-00
de esa vinculación no se acreditaron aportes para pensión; (ii) ni se allegó
sentencia o aprobación de acuerdo conciliatorio por dichos periodos, en donde se
declarara la existencia de un contrato laboral y se ordenara el pago de aportes
para pensión».
Asimismo, expresó que tal conclusión se sustentaba en la posición mayoritaria del
tribunal, con apoyo en el criterio del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B relativo a «[…] que los tiempos servidos a la docencia oficial
mediante contratos de prestación de servicios, si fueron anteriores a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), deben contabilizarse siempre
y cuando se verifique que esta jurisdicción ha declarado la existencia de la relación
laboral mediante sentencia o aprobación de acuerdo conciliatorio y se han hecho
aportes para pensión por dichos periodos en virtud de la actividad docente oficial».
Con fundamento en lo anterior, concluyó que la señora Becerra Chaparro no
reunía la totalidad de los requisitos exigidos para acceder a la pensión reclamada
bajo la Ley 33 de 1985, toda vez que, si bien cumplía con la edad, no satisfacía la
condición de tiempo de servicios, en la medida en que, a la fecha de la reclamación
administrativa contaba con 16 años, 11 meses y 20 días laborados y cotizados
como docente oficial, excluyéndose el tiempo durante el cual estuvo vinculada
mediante contrato de prestación de servicios.
En consecuencia, no se avizora que el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión 1 hubiese adoptado la resolutiva del caso en armonía con la
jurisprudencia vigente de la Sección Segunda de esta Corporación, puesto que la
exigencia de acreditar la realización de aportes al sistema durante la vinculación
por OPS, o de contar con una declaración judicial previa de la existencia de la
relación laboral, eran criterios utilizados antes por las autoridades judiciales, sin
embargo, actualmente desconoce los derechos fundamentales de la parte actora
y desnaturaliza la postura pacífica previamente expuesta.
Adicionalmente, esta Sala de Decisión considera que el cuerpo colegiado
accionado se apartó injustificadamente del precedente jurisprudencial, sin ofrecer
una carga argumentativa suficiente, clara y razonable que explicara las razones
de dicho distanciamiento, circunstancia que comporta un desconocimiento del
principio de seguridad jurídica.
Incluso, de la revisión de la jurisprudencia acerca del tema en cuestión, se observa
la acción de tutela resuelta el 30 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A40 en la que condensó la postura reiterada y fue
40Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Juan Camilo Morales Trujillo,
Sentencia 30.10.25, Rad. 11001-03-15-000-2025-05937-00.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Dilcia Concepción Becerra Chaparro
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08177-00
enfático en señalar la existencia de una línea consolidada, como se evidencia a
continuación:
33. Sin embargo, para la Sala esta decisión desconoce abiertamente la
jurisprudencia pacífica de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual ha
señalado de forma reiterada que el tiempo de vinculación del docente mediante
contratos de prestación de servicios debe ser tenido en cuenta para efectos del
régimen pensional, incluso cuando durante dichos periodos no se hayan efectuado
cotizaciones al sistema por parte de la entidad contratante o del propio contratista.
34. Ciertamente, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo ha sostenido
que la falta de aportes no constituye un impedimento para el cómputo de esos
tiempos, y que es deber de los fondos de pensiones adelantar las gestiones
correspondientes ante las entidades territoriales contratantes con el fin de
establecer responsabilidades, garantizar la financiación del derecho pensional y
corregir las omisiones en el pago de las cotizaciones.
35. Lo anterior por cuanto los períodos en que hubiese laborado la docente en el
sector público a través de contratos de prestación de servicios, con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son válidos para acreditar el tiempo de
servicio que se exige para adquirir el derecho a una pensión de jubilación.
36. Así, las Subsecciones de la Sección Segunda, en múltiples sentencias, han
señalado que la posibilidad de contabilizar los períodos en que el demandante
fungió como docente contratista no puede estar supeditada a demostrar la
realización de aportes con destino al sistema de pensiones durante dicho tiempo,
ya que para ese momento no existía norma jurídica que estableciera la obligación
de efectuar tales cotizaciones en el caso de los contratistas por prestación de
servicios, pues esta se introdujo en el ordenamiento jurídico colombiano en el año
2003, con la Ley 797.
37. En este sentido, si bien no existe una sentencia de unificación que trate de
forma específica este punto, lo cierto es que sí hay una línea jurisprudencial
consolidada y pacífica al interior del Consejo de Estado, que le reconoce fuerza
vinculante en virtud de los principios constitucionales de seguridad jurídica e
igualdad.
En ese contexto, la providencia cuestionada incurre en un claro desconocimiento
del precedente, en la medida en que impuso exigencias expresamente
descartadas por el órgano de cierre en la materia.
Por consiguiente, se ampararán los derechos fundamentales de la señora Dilcia
Concepción Becerra Chaparro al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia y, se dejará sin efectos la sentencia del 11 de junio de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1, para que adopte una
nueva decisión en la que observe y aplique el precedente consolidado por la
Sección Segunda del Consejo de Estado en relación con el objeto de controversia.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Dilcia Concepción Becerra Chaparro
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08177-00
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación realizadas por la Nación,
Ministerio de Educación Nacional y el Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Duitama.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de la señora Dilcia Concepción Becerra
Chaparro.
TERCERO: DEJAR sin efectos la sentencia del 11 de junio de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1, en consecuencia,
ORDENAR que dicte una nueva decisión en aplicación del precedente explicado
previamente referente a los tiempos servidos a la docencia mediante contratos de
prestación de servicios para efectos del reconocimiento pensional, en un término
de (20) veinte días contados a partir de la notificación de la presente providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Dilcia Concepción Becerra Chaparro
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08177-00
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.