Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2021-00048-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2021-00048-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 27001-23-33-000-2021-00048-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
20 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 27001-23-33-000-2021-00048-01 (7094-2023)
Demandante: Jesús Andrades Hurtado
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación. Régimen docente.
Efectividad de la prestación
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 23 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Chocó, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Jesús Andrades Hurtado presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución 2226 del 22 de noviembre de 2020, por
medio de la cual la secretaria de educación del departamento del Chocó le negó el
reconocimiento de la pensión de jubilación.
1 En lo que sigue CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 27001-23-33-000-2021-00048-01 (7094-2023)
Demandante: Jesús Andrades Hurtado
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento de la pensión de jubilación con el 75% de los salarios y
primas que percibió en el año anterior a la adquisición del derecho, a partir del 26
de marzo de 2018; ii) el pago de las mesadas atrasadas; iii) el ajuste de valor de las
sumas reconocidas; iv) el cumplimiento del fallo en los términos de los artículos 192
y 195 del CPACA; v) los intereses moratorios a partir del día siguiente de la
ejecutoria de la sentencia; vi) la condena en costas a la demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Jesús Andrades Hurtado nació el 26 de marzo de 1959 y se vinculó como
docente el 3 de julio de 1983 en el municipio de Juradó (Chocó), allí laboró hasta el
24 de julio de 1985. Posteriormente se vinculó como tesorero de ese municipio
desde el 23 de junio de 1992 hasta el 30 de diciembre de 1994. Del 1 de marzo de
1998 al 31 de diciembre de 2000, trabajó como secretario de planeación y obras
públicas; del 14 de enero al 30 de diciembre de 2002 como director de acueducto y
alcantarillado; del 31 de marzo al 8 de septiembre de 2003 como tesorero pagador;
del 3 de enero al 30 de diciembre de 2005 como secretario de planeación municipal;
y finalmente, luego de surtidos todos los trámites para el nombramiento en
propiedad, se vinculó a la docencia oficial el 7 de febrero de 2007.
3.2. Al completar los 55 años de edad y los 20 de servicio oficial, solicitó al Fomag el
reconocimiento de una pensión de jubilación; empero, la entidad negó tal petición
con fundamento en que no podía beneficiarse de la Ley 812 de 2003.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 1, inciso 2 de la Ley 33 de 1985: 15,
numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115
de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto
3752 de 2003.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente2:
5.1. El acto administrativo demandado no se ajusta a las disposiciones en que
debería haberse fundado y carece de «coherencia legal» pues las pruebas allegadas
2 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en carpeta comprimida zip. Documento denominado
«030DEMANDA», páginas 2 a 20.
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Demandante: Jesús Andrades Hurtado
a la demanda demuestran que su condición individual y personal como educador lo
hizo beneficiario de la pensión de jubilación a los 55 años de edad, pues su actividad
como docente oficial, sumada a la labor en el sector público, le permite acreditar el
requisito de tiempo de servicio exigido en la norma.
5.2. A los docentes vinculados con anterioridad al año 2003, se les aplican las
normas anteriores a la expedición de la Ley 812, es decir la Ley 33 de 1985 como
servidores públicos regulares, o si se trataba de docentes que tenían aportes al
sector privado la Ley 71 de 1988, toda vez que los docentes oficiales vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1989, podían beneficiarse del régimen prestacional del
que habían venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las
normas vigentes y, a los que se vinculaban a partir del 1° de enero de 1990, de
conformidad con el régimen general del sector público, tal y como lo señala el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989.
5.3. Además, el régimen pensional de los docentes afiliados al Fomag se determina
con la fecha de vinculación al servicio educativo estatal y, lo cierto es que, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003,
reglamentario de la Ley 812 de 2003, los docentes del servicio público educativo
que estuvieran vinculados a las plantas de personal de los entes territoriales debían
ser afiliados a ese fondo.
5.4. Comoquiera que se vinculó con anterioridad al 23 de junio de 2003, a partir de
ese momento se entiende como afiliado, para los efectos del cumplimiento del
artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Esta norma quiso proteger las situaciones de
docentes que tuvieran tiempo de servicio anterior, tal y como él lo acreditó.
1.2. Contestación de la demanda
6. El Fomag no se pronunció3.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Chocó profirió sentencia el 23 de febrero de 2023
mediante la cual negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al
demandante. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos4:
7.1. Jesús Andrades Hurtado nació el 26 de marzo de 1959 y cumplió 55 años de
3 Así se indicó en el auto del 27 de octubre de 2021. Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo
en carpeta comprimida zip. Documento denominado «11 Auto Ordena».
4 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en carpeta comprimida zip. Documento denominado
«14_SENTENCIA_NIEGA».
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Demandante: Jesús Andrades Hurtado
edad el 26 de marzo de 2014. Además, laboró en el municipio de Juradó de forma
interrumpida por 9 años, 7 meses y 10 días, así: como docente del 3 de julio al 30
de diciembre de 1983; del 1 de febrero al 30 de diciembre de 1985, del 6 de febrero
al 24 de julio de 1985, y del 7 de febrero de 2007 al 8 de septiembre de 2020 [fecha
en que solicitó el reconocimiento pensional]; como tesorero municipal del 23 de junio
de 1992 al 30 de diciembre de 1994 y del 31 de marzo al 8 de septiembre de 2003;
como secretario de planeación y obras públicas del 1 de marzo de 1998 al 31 de
diciembre de 2000 y del 3 de enero al 30 de diciembre de 2005; y como director de
acueducto y alcantarillado del 14 de enero al 30 de diciembre de 2002.
7.2. Comoquiera que se vinculó al sector docente oficial desde el 7 de febrero de
2007, de acuerdo con la fecha de posesión que se señaló en el formato único para
la expedición de certificados de historia laboral, el régimen pensional aplicable como
docente es la Ley 100 de 1993, salvo la edad que corresponde a 57 años para
hombres y mujeres en los términos del inciso 2 del artículo 81 de la Ley 812 de
2003.
7.3. Si bien para el 6 de marzo de 2016, cumplió los 57 años de edad como lo dispone
el inciso 2 del artículo 81 de la Ley 812 del 26 de junio de 2003 para esa fecha no
había acreditado el número mínimo de semanas exigidas por el artículo 34 de la Ley
100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, esto es por lo menos 1300
semanas para el año 2015.
7.4. Si bien sigue desempeñándose como docente oficial, los tiempos posteriores a
la presentación de la reclamación administrativa, esto es al 8 de septiembre de
2020, no pueden ser tenidos en cuenta para el reconocimiento prestacional por falta
de decisión previa de la entidad accionada.
7.5. No es beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 «en
razón al tiempo de servicio y edad, para aplicarle el régimen pensional consagrado en la
Ley 33 y 62 de 1985». Toda vez que el aplicable al demandante no es el contenido
en la Ley 33 de 1985, no se puede considerar que es el más favorable, ya que no
hay duda en la aplicación e interpretación de las normas jurídicas al caso objeto de
estudio y que obligue a optar por la situación más favorable. Y si bien la tasa de
reemplazo en esa normativa es superior a la que tiene derecho en aplicación de la
Ley 100 de 1993, no se pasa por alto que el último inciso del artículo 34 de la Ley
100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, permite incrementar el IBL 1,5%
por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, sin pasar de una tasa
de reemplazo del 80%. Razón por la cual, toda vez que no se ha demostrado el
retiro definitivo del servicio como docente, su pensión aún se puede acrecentar con
las semanas adicionales efectivamente cotizadas.
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Demandante: Jesús Andrades Hurtado
7.6. El pago de la pensión en este caso está restringido hasta tanto se demuestre el
retiro definitivo del servicio del demandante. Lo anterior en virtud de que, si bien es
cierto al sector docente oficial se le ha permitido gozar concurrentemente de salario
y pensión en los términos del artículo 6 de la Ley 60 de 1993, dicha norma fue
derogada expresamente por la Ley 715 de 2001, de manera que aquellos docentes
vinculados a partir de la Ley 812 de 2003 no tienen derecho a este beneficio.
7.7. De conformidad con lo señalado por la Sección Segunda del Consejo de Estado
y lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 y 366 del CGP y por resultar
vencida, procede la condena en costas y agencias en derecho al demandante a
favor de la demandada.
1.4. El recurso de apelación
8. Jesús Andrades Hurtado presentó recurso de apelación con fundamento en lo
siguiente5:
8.1. Ha laborado por más de 20 años en entidades públicas y a la fecha de
presentación de la demanda se desempeñaba como docente oficial; además, su
vinculación al servicio docente «data desde el año 1993» (sic) fecha que es anterior a
la de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 [26 de junio de 2003]. Por lo tanto,
es dable concluir que por remisión directa del artículo 81 de la aludida Ley 812, las
normas aplicables son las leyes 33 de 1985 y 62 de ese año, las cuales establecen
una pensión equivalente al 75% como ingreso base liquidación, que debe estar
conformada por todos los factores salariales devengados en el último año de
servicio.
8.2. A los docentes vinculados con anterioridad al año 2003, se le aplican las normas
anteriores a la expedición de la Ley 812, es decir la Ley 33 de 1985 como servidores
públicos regulares, o si se trataba de docentes que tenían aportes al sector privado
la Ley 71 de 1988.
8.3. El ejercicio de la docencia oficial se encuentra excluido de la prohibición de
devengar salario y percibir la pensión de jubilación, pues así quedó establecido en
el artículo 5 de la Ley 224 de 1972.
8.4. Al «no emitir respuesta alguna frente a la petición presentada el día 28 DE AGOSTO
2020 se configuro un ato ficto, el día 28 DE NOVIEMBRE DE 2020» (sic) que negó el
reconocimiento a una pensión de jubilación de conformidad con lo establecido en la
5 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en carpeta comprimida zip. Documento denominado
«16_RECEPCIONRECURSOAPELACION_RECURSODEAPELACION».
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Demandante: Jesús Andrades Hurtado
Ley 33 de 1985, pese a que cumplió con los requisitos establecidos en ella para
obtener el reconocimiento de la prestación.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
9. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar6.
1.6. El Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto7.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
11. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia8, se circunscriben a
establecer lo siguiente: ¿Jesús Andrades Hurtado cumple con los requisitos legales
para ser beneficiario del régimen de transición dispuesto en el artículo 81 de la Ley
812 de 2003?
2.2. Marco normativo
2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag
6 Tal y como se indicó en el auto del 15 de febrero de 2023. Índice 4 de Samai.
7 Así se desprende del informe secretarial del 10 de abril de 2024. Índice 8 de Samai.
8 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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Demandante: Jesús Andrades Hurtado
12. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, la
invalidez, la enfermedad o la muerte9. La norma le otorgó en su inciso segundo la
calidad de «derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho
fundamental al repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas10.
13. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción11. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «unificar
la normatividad y la planeación de la seguridad social»12. El sistema quedó conformado
por 4 componentes o subsistemas: el Sistema General de Pensiones, el Sistema
General de Salud, el Sistema General de Riesgos Profesionales y los Servicios
Sociales Complementarios.
14. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos13. Está integrado por 2 regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
9 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
10 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
11 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
12 Preámbulo y artículo 6.
13 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.
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Demandante: Jesús Andrades Hurtado
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.
15. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes debían cotizar a sus
subsistemas.
16. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de
aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores
que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto
se expida». [Resalta la Sala].
17. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200314.
18. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.
19. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
14 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.
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Radicado: 27001-23-33-000-2021-00048-01 (7094-2023)
Demandante: Jesús Andrades Hurtado
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La Nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La Nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
20. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1 de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
21. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1 de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
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Demandante: Jesús Andrades Hurtado
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
22. La Ley 60 de 199315 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.
23. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de
200616, sobre el tema objeto de análisis, precisó:
«[…] De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las
condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la
pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es
de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a la
citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente
(salvo situaciones especiales que se deben demostrar) debido a que las autoridades
locales no tenían facultad constitucional para regular esa materia; por eso algunas
disposiciones dictadas en materia pensional para los empleados territoriales por
autoridades locales resultan contrarias al régimen constitucional; claro está que las
situaciones definidas y consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de
protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]
La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente dispone:
‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91
de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en
15 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de febrero de 2006,
radicado 19001-23-31-000-2002-00594-01(5198-04), M.P. Tarsicio Cáceres Toro.
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Radicado: 27001-23-33-000-2021-00048-01 (7094-2023)
Demandante: Jesús Andrades Hurtado
materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley
60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la actual ley, tampoco lo hace.
Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional
en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen Especial de los Educadores Estatales’,
dado el contenido de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen
especial en materia de pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley
no hizo otra cosa que ratificar el régimen de jubilación establecido en el
momento, lo que indica que la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable
para los docentes nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes
reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras
de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector
administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’». [Se resalta].
24. Ahora bien, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de
los servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados
por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados. Esta norma dispone que los empleados oficiales que
sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y lleguen a la edad de 55
años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al 75% del salario promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.
2.2.2. Entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales
25. El Acto Legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta.
Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1º).
26. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 200317, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:
«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
17 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
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Radicado: 27001-23-33-000-2021-00048-01 (7094-2023)
Demandante: Jesús Andrades Hurtado
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los
derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad
de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para
salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la
misma distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del
monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y
pensiones».
27. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201918, precisó:
«De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos
los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez
para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio
público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está
condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de
cada docente, así:
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres».
28. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:
«La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
18 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
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Radicado: 27001-23-33-000-2021-00048-01 (7094-2023)
Demandante: Jesús Andrades Hurtado
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que
gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para
los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores
sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 ‘Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones’. Los docentes no están exceptuados de esta disposición
para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de
liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los
que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
[…]
En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del
1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por
las siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de
base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario
o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.».
[Se resalta]
29. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en ese fallo
se sostuvo:
«68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
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Radicado: 27001-23-33-000-2021-00048-01 (7094-2023)
Demandante: Jesús Andrades Hurtado
de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que
ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó
para hombres y mujeres en 57 años19. Esto quiere decir, que para el ingreso base de
liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley
100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben
incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994
sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones».
30. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección20, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 del 2003, así:
30.1. Los docentes que ingresaron con anterioridad al 27 de junio de 2003 vinculados
como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán derecho a adquirir
la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al cumplir 55 años de edad21
y 20 de servicios, o según lo establecido en la Ley 71 de 1988 que la otorga con 60
años si es hombre o 55 si es mujer, cuando se acrediten 20 años o más de
cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de Seguros Sociales (hoy
Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o varias de las entidades de
previsión social del sector público. En ambos casos, con una tasa de reemplazo del
75% y sobre lo aportado durante el último año de servicios; y
30.2. Los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder
a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado
por el 9 de la Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de cotización
establecido en esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad (sin importar
el género, pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para hombres y
mujeres), por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de labores
(artículo 21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el Decreto
19 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio del 2023,
radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
21 A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de
1985, pues en tal caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años,
para los educadores territoriales y nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son mujeres
y 55 si son hombres, para los del orden nacional).
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Radicado: 27001-23-33-000-2021-00048-01 (7094-2023)
Demandante: Jesús Andrades Hurtado
1158 de 199422.
2.2.3. Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario para el caso de
los docentes
31. El artículo 64 de la Constitución Política de 1886 disponía que nadie podía recibir
dos sueldos del tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinaran las
leyes. De esta manera, el constituyente previó la posibilidad de que se establecieran
excepciones a la prohibición, las cuales inicialmente fueron « determinadas» por el
presidente de la República, quien en ejercicio de facultades extraordinarias expidió
el Decreto-ley 1317 de 196023, dentro de las cuales incluyó «[l]as asignaciones que
provengan de establecimientos docentes de carácter oficial, siempre que no se trata de
profesorado de tiempo completo24». Asimismo, el artículo 5 del Decreto 224 de 197225
señalaba que «el ejercicio de la docencia no ser[ía] incompatible con el goce de la pensión
de jubilación siempre y cuando el beneficiario est[uviera] mental y físicamente apto para la
tarea docente, pero se decretar[ía el] retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco
(65) años de edad».
32. Con la expedición de la Constitución Política de 1991, la disposición contenida
en el artículo 64 se mantuvo en los siguientes términos:
«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas» [Se resalta].
33. La anterior norma constitucional fue desarrollada por el legislador a través de la
Ley 4ª de 1992, que en su artículo 19, dispuso lo siguiente:
«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes
asignaciones:
22 Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica
mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo
dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.
23 Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el
artículo 64 de la Constitución.
24 Artículo 1 del Decreto-ley 1317 de 1960.
25 Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.
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Radicado: 27001-23-33-000-2021-00048-01 (7094-2023)
Demandante: Jesús Andrades Hurtado
[…]
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados. […]». [Se resalta].
34. De acuerdo con lo anterior, se observa que la voluntad del legislador fue
mantener vigentes las excepciones que, con anterioridad a la expedición de la
Constitución de 1991, frente a la referida prohibición constitucional beneficiaban a
los docentes. En ese sentido, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, al referirse al alcance del literal g) transcrito concluyó26:
«Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer
las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia dicha
ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del Decreto
224 de 1972 […]
Las razones antes expuestas permiten a la Sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada». [Se resalta].
35. De otra parte, se advierte que las normas que con posterioridad regularon el
régimen pensional de los docentes fueron consistentes en ese sentido, al respecto
se destacan las siguientes disposiciones:
35.1. El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que exceptuó a los maestros del Sistema
Integral de Seguridad Social contenido en esa norma [hasta la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003] reiteró la excepción al señalar: « a los afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración» [se resalta].
35.2. El artículo 6 de la Ley 60 de 1993 precisó que « [e]l régimen prestacional aplicable
a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2003, radicado
05001-23-31-000-1995-01799-01 (1577-2001), M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
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Radicado: 27001-23-33-000-2021-00048-01 (7094-2023)
Demandante: Jesús Andrades Hurtado
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones»; y
27
35.3. El artículo 19 de Ley 344 de 1996 dispuso:
«Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de
vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta
que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta
por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después
de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.»
36. Así pues, la disposición contenida en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se
advierte que el legislador preservó la compatibilidad de la pensión de jubilación con
el salario devengado por el docente, compatibilidad de la cual pueden ser
beneficiarios aquellas personas que acrediten los requisitos para que les sea
reconocida una pensión y presten o llegasen a prestar sus servicios como docentes
oficiales, teniendo en cuenta que son estos últimos quienes deben ser afiliados al
Fomag.
37. Valga precisar que esa disposición expresa que las prestaciones a cargo del
Fomag serían compatibles «con pensiones o cualquier clase de remuneración», es
decir, no establece como requisito que la pensión haya sido reconocida bajo los
requisitos de un régimen determinado.
38. Ahora bien, de la lectura de las disposiciones contenidas en la Ley 344 de 1996
se puede evidenciar que la voluntad del legislador fue mantener vigente la
compatibilidad referida y de la cual son beneficiarios los docentes. Es decir,
mediante dicha disposición señaló que una vez los servidores públicos adquieran el
derecho a disfrutar su pensión de vejez o jubilación, tendrían la posibilidad de optar
por una de 2 opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar de la
pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta que cumpla
la edad de retiro forzoso. Esto es que podrían disfrutar de la pensión, pero solo
hasta cuando acrediten el retiro del servicio. Sin embargo, nuevamente, de manera
expresa excluyó a los docentes oficiales. En ese sentido, se refirió la Corte
Constitucional en sentencia C-584 de 1997:
«No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo nacional de
27 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
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Radicado: 27001-23-33-000-2021-00048-01 (7094-2023)
Demandante: Jesús Andrades Hurtado
prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994.
[…]
La Corte ya ha puesto de manifiesto la protección especial que la Constitución confiere
a la educación superior. Al respecto, el artículo 68 de la C.P., señala que la enseñanza
estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. Adicionalmente,
la Carta impone al legislador la obligación de garantizar la profesionalización y
dignificación de la actividad docente. En estas condiciones, es claro el interés
constitucional por mantener, en sus puestos de trabajo, a quienes han cumplido
con las condiciones de idoneidad suficientes para poder servir a la mejor
formación de los educandos. Así, advierte la Corporación que existe una razón
constitucional, tan fuerte como la que ampara la definición de la edad de retiro forzoso,
para establecer, a favor de los profesores universitarios, la excepción que se estudia, y
que la misma es útil y necesaria para alcanzar el objetivo perseguido» [Se resalta].
39. Finalmente, de acuerdo con esta tercera cita normativa, una vez los servidores
públicos adquieran el estatus pensional, cuentan con la posibilidad de optar por una
de las dos opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar de la
pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta cumplir la
edad de retiro forzoso. De esto, es claro que los servidores públicos podrán disfrutar
de la pensión solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio; sin embargo,
nuevamente, de manera expresa el legislador excluyó a los docentes oficiales, por
cuanto dejó a salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994,
disposiciones de las que se desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario
percibido con ocasión del ejercicio docente. En ese sentido, se refirió la Corte
Constitucional en sentencia C-584 de 1997:
«No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de
1989, 60 de 1993 y 115 de 1994.» [Se resalta]
40. Esta Sala no desconoce que el gobierno nacional expidió el Decreto 1278 de
200228 en cuyos artículos 45 y 63, literal b) dispuso i) que el ejercicio de cargos en
el sector educativo estatal sería incompatible con «el goce de la pensión de
jubilación, vejez, gracia o similares» y ii) que la cesación definitiva de las funciones
docentes o directivos docentes de los educadores estatales se produciría, entre
otros, por obtención de la jubilación o pensión de vejez, gracia o invalidez.
28 «Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente»
18
Radicado: 27001-23-33-000-2021-00048-01 (7094-2023)
Demandante: Jesús Andrades Hurtado
41. Sin embargo, el artículo 45 del decreto aludido fue declarado inexequible por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-1157 de 2003, y si bien el artículo 63
literal b) fue declarado exequible mediante la sentencia C-734 de 2003, allí se
precisó que «la norma acusada no estaba modificando el régimen propio de las pensiones
de vejez, gracia o invalidez, ni mucho menos establece objetivos y criterios a los cuales
deba sujetarse el gobierno para fijar el régimen prestacional de los docentes - los cuales
como ya se explicó se encuentran establecidos en la Ley 4 de 1992 y a ellos debe
remitirse el Gobierno» [Se resalta].
42. En igual sentido, los decretos anuales por los cuales se modifica la remuneración
de los servidores públicos y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles
de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial
para el sector educativo estatal, prevén que «[n]adie podrá desempeñar
simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga
del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo decimonoveno de la ley
4ª de 1992»29.
43. En consecuencia, la prerrogativa contenida en el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4ª de 1992 relativa a la compatibilidad entre el salario y la pensión para el caso
de los docentes, se mantiene vigente, interpretación que guarda armonía con la
regulación expedida con posterioridad a ella y las interpretaciones jurisprudenciales
expuestas.
2.3. Caso en concreto
2.3.1. Hechos probados
44. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
44.1. Jesús Andrades Hurtado nació el 26 de marzo de 1959, tal y como se advierte
en la copia del registro civil de nacimiento30.
44.2. De acuerdo con el certificado de información laboral del 7 de febrero de 2019,
prestó sus servicios a la Alcaldía Municipal de Juradó así31:
29 Al efecto ver, entre otros, los decretos 319 de 2020, 965 de 2021, 449 de 2022, 0887 de 2023.
30 Índice 42 de Samai, aplicativo de juzgados y tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf
«4_ED_EXPEDIENTE_03ESCRITODEMANDA», página 90.
31 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en carpeta comprimida zip. Documento denominado
«030DEMANDA», páginas 35 y 57.
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Demandante: Jesús Andrades Hurtado
Periodos de vinculación laboral Periodo a cargo
Entidad
Cargo de la entidad
Desde Hasta empleadora
que certifica
3 de julio de 1983 30 de diciembre de 1983 docente municipal Si
1 de febrero de 1984 30 de diciembre de 1984 docente municipal Si
6 de febrero de 1985 24 de julio de 1985 docente municipal Si
23 de junio de 1992 30 de diciembre de 1994 tesorero municipal Si
Municipio secr/ planeación/ obras
1 de marzo de 1998 31 de diciembre de 2000 Si
de Juradó públicas
dire/acueducto/
14 de enero de 2002 30 de diciembre de 2002 Si
alcantarillad
31 de marzo de 2003 8 de septiembre de 2003 tesorero pagador Si
secre/planeación
3 de enero de 2005 30 de diciembre de 2005 Si
municipal
44.3. Lo anterior se soportó con el certificado de salarios mes a mes32 y, además, con
i) la copia del acta del 13 de julio de 1983, suscrita por el demandante, el alcalde y
el secretario del municipio de Juradó, en la que se indicó que tomó posesión del
cargo de maestro, nombrado a través del Decreto 072 del 7 de julio de 198333; ii) el
Decreto 040 de 1992 por el cual el alcalde municipal del aludido ente territorial lo
nombró como tesorero, así como el acta de posesión del 23 de junio de 199234; iii) el
acta según la cual tomó posesión del cargo de director del Acueducto y
Alcantarillado en virtud del nombramiento efectuado a través de un decreto [con
número ilegible] del 14 de enero de 200235; iv) la comunicación del secretario
general y recurso humano de ese municipio, en la que le informó que había sido
nombrado tesorero municipal a través del Decreto 026 de 2003 y el acta de posesión
del 31 de marzo de ese año, los que también obran en el expediente36; v) el Decreto
12 de 2005 por el cual el alcalde lo nombró en provisionalidad en el cargo de revisor
de obras37.
44.4. Además, se allegaron los siguientes documentos: i) certificado suscrito por el
alcalde municipal de Juradó el 27 de junio de 2000, en el que se hizo constar que
Jesús Andrades Hurtado «se desempeñó como MAESTRO MUNICIPAL, durante el
32 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en carpeta comprimida zip. Documento denominado
«030DEMANDA», páginas 37 a 42.
33 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en carpeta comprimida zip. Documento denominado
«030DEMANDA», página 51.
34 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en carpeta comprimida zip. Documento denominado
«030DEMANDA», páginas 52 a 54.
35 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en carpeta comprimida zip. Documento denominado
«030DEMANDA», página 72.
36 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en carpeta comprimida zip. Documento denominado
«030DEMANDA», páginas 75 a 78.
37 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en carpeta comprimida zip. Documento denominado
«030DEMANDA», página 84.
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periodo comprendido entre el 1 de febrero de 1982 hasta noviembre 30 de 1985»38;
ii) Orden de Trabajo 0002 del 1 de marzo de 1998 cuyo objeto era la prestación de
servicios como revisor de obras públicas de ese municipio, cuyo plazo fue de 10
meses, entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 199839; iii) Contrato Individual
de Trabajo 0002 del 21 de febrero de 2000, cuyo fin también fue la revisión de obras,
para ser ejecutado en 4 meses40; y iv) contrato individual de trabajo para «prestar
sus servicios personales en forma exclusiva para la administración municipal en labores
inherentes a la planeación, interventoría y construcción de obras públicas, así como velar
por la prestación oportuna de los servicios públicos en el municipio», y se desarrolló entre
el 26 de enero y el 31 de diciembre de 200141.
44.5. El líder de talento humano de la Secretaría de Educación Departamental del
Chocó certificó que se vinculó como docente de primaria en propiedad en la
institución educativa San Roque de La Frontera, por virtud del nombramiento
dispuesto en el Decreto 0058 del 5 de febrero de 2007, y tomó posesión del cargo
el 7 de febrero de 2007; que a la fecha de expedición del certificado [18 de junio de
2019] se encontraba activo en el servicio; y que estaba afiliado al Fomag42. Al efecto
se allegó el oficio por el cual le comunicaron su nombramiento en el cargo, a través
del Decreto 0058 del 2 de febrero de 2007 y el acta de posesión del 7 de ese mes
y año43.
44.6. El 28 de agosto de 2020 solicitó al Ministerio de Educación Nacional, Fomag el
reconocimiento de una pensión de jubilación por sus servicios «con tiempos docentes
y/o públicos anteriores al 2003»44.
44.7. Mediante la Resolución 2226 del 12 de noviembre de 2020 emitida por la
secretaria de educación del departamento del Chocó, se negó el reconocimiento y
pago de la pensión de vejez a favor del actor, con fundamento en que los tiempos
de servicio para la Alcaldía Municipal de Juradó fueron bajo la modalidad de órdenes
de prestación de servicio y que hasta el 7 de febrero de 2007 tomó posesión del
cargo de docente en propiedad por lo que «no existió sin solución de continuidad entre
38 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en carpeta comprimida zip. Documento denominado
«030DEMANDA», página 59.
39 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en carpeta comprimida zip. Documento denominado
«030DEMANDA», página 65.
40 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en carpeta comprimida zip. Documento denominado
«030DEMANDA», páginas 68 a 69.
41 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en carpeta comprimida zip. Documento denominado
«030DEMANDA», páginas 66 a 67.
42 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en carpeta comprimida zip. Documento denominado
«030DEMANDA», páginas 43 a 46.
43 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en carpeta comprimida zip. Documento denominado
«030DEMANDA», páginas 85 a 87.
44 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en carpeta comprimida zip. Documento denominado
«030DEMANDA», páginas 27 a 32.
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Demandante: Jesús Andrades Hurtado
las vinculaciones laborales, las cuales fueron bajo los preceptos normativos de la Ley 812
de 2003, en consecuencia, no se puede aplicar el régimen de pensión de la Ley 91» (sic)
y el aplicable sería el de las leyes 100 de 1993 y 797 de 200345.
2.3.2. Análisis sustancial
2.3.2.1. Sobre la aptitud legal para acceder al beneficio pensional
45. De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, Jesús Andrades Hurtado
prestó sus servicios así:
Total tiempo
Entidad Cargo Desde Hasta Años Meses Días
de servicios
docente 3 de julio de 30 de diciembre 5 meses, 27
0 5 27
municipal 1983 de 1983 días
docente 1 de febrero de 30 de diciembre 10 meses, 29
0 10 29
municipal 1984 de 1984 días
docente 6 de febrero de 24 de julio de 5 meses, 18
0 5 18
municipal 1985 1985 días
tesorero 23 de junio de 30 de diciembre 2 años, 6
2 6 7
municipal 1992 de 1994 meses, 7 días
Municipio de
secr/ 2 años, 9
Juradó 1 de marzo de 31 de diciembre
planeación/ meses, 30 2 9 30
1998 de 2000 días
obras públicas
dire/ acueducto/ 14 de enero de 30 de diciembre 11 meses, 16
0 11 16
alcantarillad 2002 de 2002 días
31 de marzo de 8 de septiembre 5 meses, 8
tesorero pagador 0 5 8
2003 de 2003 días
secre/planeación 3 de enero de 30 de diciembre 11 meses, 27
0 11 27
municipal 2005 de 2005 días
12 años, 4
Departamento docente en 7 de febrero de 18 de junio de
meses, 11 12 4 11
del Chocó propiedad 2007 2019 días
16 66 173
5 5 /30
21 71 5,77
/12 23
5,9
11
46. De acuerdo con lo anterior, acreditó 21 años, 11 meses y 23 días al servicio del
Estado, alcanzó la edad de 55 años el 26 de marzo de 2014; de manera que
45 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en carpeta comprimida zip. Documento denominado
«030DEMANDA», páginas 23 a 25.
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completó los requisitos de que trata el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 el 25 de junio
de 2017, fecha para la cual acumuló los 20 años de servicio señalados en la norma.
47. Además, cumplió con los requisitos enunciados en el artículo 81 de la Ley 812
de 2003, por cuanto estuvo vinculado al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley, de manera que resulta beneficiario
del régimen de transición fijado en ese aparte normativo.
48. En efecto, contrario a lo señalado por el tribunal y por la entidad a través del acto
acusado, su vinculación al servicio educativo oficial fue por virtud del nombramiento
efectuado a través del Decreto 072 del 7 de julio de 1983 como maestro del
municipio de Juradó, pues así da cuenta el acta de posesión del 13 de julio de 1983
y los certificados de información laboral y de salarios mes a mes que se aportaron
al expediente.
49. Al respecto, es necesario precisar que es irrelevante que haya prestado sus
servicios en una actividad diferente a la docencia, pues lo cierto es que era
beneficiario de las prerrogativas establecidas en la Ley 812 de 2003 que sobre el
particular señaló que «[e]l régimen prestacional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público
educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley»; de manera que lo realmente
trascendental era que el servidor acreditara su vinculación al servicio público
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, como en
efecto ocurrió pues, como se dijo, se vinculó como docente el 3 de julio de 1983 a
la Secretaría de Educación del municipio de Juradó.
50. Por lo tanto, podía pensionarse con las normas vigentes aplicables, la cual, para
su caso era la Ley 33 de 1985. Nótese que esta norma no establece condición
alguna para sus beneficiarios en torno a la calidad de la labor que prestaron al
servicio del Estado, sino que se limita a requerir el cumplimiento de los siguientes
requisitos: i) haber prestado sus servicios como «empleado oficial» durante 20 años
continuos o discontinuos; y ii) llegar a la edad de 55 años. Colmadas las exigencias,
tendría derecho a que «se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para
los aportes durante el último año de servicio».
51. Una interpretación distinta escapa del propósito de la norma pensional a la que
el servidor podía acudir luego de acreditar los requisitos para beneficiarse de la
transición prevista en la Ley 812 de 2003 y lo cierto es que la norma aplicable [la
Ley 33 de 1985, se insiste] le permite acceder a la prestación con un porcentaje del
promedio salarial de acuerdo con los aportes realizados durante el último año de
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servicio, sin condicionarlo a que estos hubieran sido efectuados como consecuencia
de alguna labor o actividad en particular.
52. Valga precisar que la entidad de manera alguna cuestionó esta situación, pues
se limitó a señalar que Jesús Andrades Hurtado no era beneficiario de la prestación
reclamada, toda vez que su vinculación a la docencia oficial se había producido el
7 de febrero de 2007, lo que desconoce que de acuerdo con su historia laboral, sus
servicios en sector educativo, y en particular como docente, datan del 3 de julio de
1983.
53. Al respecto resulta necesario resaltar que no solo una vinculación legal y
reglamentaria es útil para acceder al derecho reclamado, pues esta Subsección ha
señalado que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que define su
relación con el Estado46, sino lo que se evidencia de esa relación, de forma que el
ejercicio de la función docente a través de otras modalidad, como la vinculación por
contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de la primacía de la
realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y por las
características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para
efectos pensionales.
54. Para la Sala es importante precisar lo anterior, toda vez que de acuerdo con los
argumentos del acto acusado los tiempos de servicio para la Alcaldía Municipal de
Juradó fueron bajo la modalidad de órdenes de prestación de servicio; lo cual i) no
encuentra respaldo probatorio, pues como se expuso, se vinculó legal y
reglamentariamente a la entidad territorial en el cargo de maestro; y ii) de haber sido
así, también correspondería considerar que ese tiempo es útil para ser tenido en
cuenta y computado a efectos del reconocimiento prestacional.
55. Con todo, debe aclararse también que los tiempos de servicio contabilizados en
esta decisión tienen en consideración lo reclamado por el demandante y lo
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:
16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Alvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a través
del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador oficial...
"
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)
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Radicado: 27001-23-33-000-2021-00048-01 (7094-2023)
Demandante: Jesús Andrades Hurtado
acreditado en el proceso; de forma que, aun cuando se aportaron unas órdenes y
contratos de trabajo en actividades distintas a la docencia, estos no se computaron
por cuanto i) se superponen con aquellas fechas que el municipio de Juradó certificó
y reconoció que tenía a cargo el pago de sus prestaciones; ii) se desconoce si en
algunas de ellas se efectuaron aportes, los cuales resultan necesarios para el
financiamiento de la prestación y, como se dijo, no tuvieron como objeto prestar el
servicio educativo; y iii) no fueron señaladas por el demandante a efectos de
computarlas para acceder al beneficio pensional.
56. De manera que, contrario a lo señalado por el Fomag, Jesús Andrades Hurtado
sí es beneficiario de la Ley 33 de 1985 y no está sometido al régimen general de la
Ley 100 de 1993, en tanto logró beneficiarse de las prerrogativas de la Ley 812 de
2003.
57. De acuerdo con lo anterior, el régimen aplicable a su caso es el contenido en la
Ley 33 de 1985 que señala que el empleado oficial debe completar 55 años de edad
y 20 de servicio continuos o discontinuos; los que, como se expuso alcanzó el 25
de junio de 2017.
58. Como consecuencia de lo anterior, se hace necesario ordenar al Fomag
adelantar los procedimientos o acciones pertinentes para lograr el traslado de los
aportes para pensión respecto de los factores que deben incluirse, lo anterior en
virtud de lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del artículo 5 de la Ley 91 de 1989,
pues tal y como se evidenció en el acápite respectivo, cuando laboró al servicio del
municipio de Juradó fue esta la entidad encargada de asumir las cotizaciones, y lo
cierto es que le corresponde al fondo asegurar el financiamiento de la prestación.
Sin embargo, ese trámite no puede afectar el reconocimiento prestacional, de
conformidad con el inciso final del parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
59. En consecuencia, el reconocimiento pensional a favor del demandante resulta
desde el 25 de junio de 2017, con el 75% del promedio de los factores salariales
respecto de los cuales se realizaron aportes, durante el último año de servicios, y
deben integrar IBL de la pensión, aquellos previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de
1985 señaló que «la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración
del empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de
empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados
oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan
servido de base para calcular los aportes»; de forma que la entidad deberá establecer
respecto de cuáles de estos efectuó cotizaciones el demandante.
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Radicado: 27001-23-33-000-2021-00048-01 (7094-2023)
Demandante: Jesús Andrades Hurtado
60. Lo anterior obedece al criterio expuesto por la Sección Segunda de esta
corporación, en sentencia SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 2019, que en su
función unificadora y con el propósito de salvaguardar los principios constitucionales
de igualdad y seguridad jurídica, acogió el criterio de interpretación sobre los
factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la mesada
pensional de jubilación en el régimen de la Ley 33 de 1985, para los docentes del
servicio público oficial afiliados al Fomag vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003. Al respecto, indicó que «los factores que se deben tener en cuenta son
solo los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con
el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor
diferente a los enlistados en el mencionado artículo» [Se resalta].
2.3.2.2. En torno a la compatibilidad entre el salario y la pensión
61. Al respecto, la Sala se permite reiterar que el propósito del legislador ha sido
permitir que aquellas personas con derecho a una pensión de vejez y que se
desempeñen como docentes oficiales, puedan seguir ejerciendo el empleo, sin que
por ello deba restringirse la efectividad de la pensión. Por tal razón no es dable
condicionar el reconocimiento de la prestación a la desvinculación del servicio.
62. A tal conclusión ha llegado esta Subsección en asuntos similares en los que ha
señalado47 que «si bien la letra g del artículo 19 de la mencionada Ley 4ª se refiere a las
asignaciones que a la fecha de su entrada en vigor beneficiarían a los docentes oficiales
pensionados, no quiere decir que se excluya de esa prerrogativa a quienes se jubilen con
posterioridad, habida cuenta de que la norma hace alusión a las disposiciones que para esa
época favorecían a los profesores jubilados, interpretación que guarda armonía con la
regulación vigente a la promulgación de la Ley 4ª de 1992, razón por la cual no es dable
condicionar la pensión de jubilación del demandante a la desvinculación del servicio,
máxime cuando le es reconocida su prestación en virtud de la Ley 91 de 1989 y demás
normas concordantes»48.
63. En efecto, esta interpretación se ha estructurado en antecedentes de esta
corporación en los que se ha concluido que la excepción prevista en el literal g) del
artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 «no sólo cobija a los docentes pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a la pensión ordinaria
47
En igual sentido, ver las siguientes sentencias de esta Subsección: i) del 8 de agosto de 2019,
expediente 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter; y ii) del
25 de septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César
Palomino Cortés.
48
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2023, radicado
05001-23-33-000-2021-01482-01 (3388-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Radicado: 27001-23-33-000-2021-00048-01 (7094-2023)
Demandante: Jesús Andrades Hurtado
y/o gracia con posterioridad»49.
64. Lo anterior guarda correspondencia con lo expuesto en esta decisión, según la
cual, Jesús Andrades Hurtado es beneficiario de la Ley 812 de 2003, por
encontrarse vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a su
entrada en vigencia, por lo que puede acceder a la pensión en las condiciones
señaladas en los regímenes anteriores. De manera que el disfrute de la prestación
no debe condicionarse al retiro del servicio «dado que es precisamente su condición de
pensionados la que les permite acceder a los beneficios consagrados en normas anteriores
como el contemplado por el artículo 5 del Decreto 224 según el cual ‘el ejercicio de la
docencia no sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación’»50.
65. En tal medida, el demandante tiene derecho a que se reconozca el derecho
pensional con efectividad desde el momento en que adquirió el estatus jurídico, sin
condicionarlo a su retiro del servicio por no ser incompatible con el ejercicio de la
docencia.
2.4.2.3. Sobre la prescripción de los derechos en litigio
66. Como se expuso, Jesús Andrades Hurtado alcanzó el estatus jurídico de
pensionado en virtud de las prerrogativas que el legislador ha previsto para los
docentes, el 25 de junio de 2017 y, comoquiera que presentó la reclamación ante la
autoridad administrativa el 28 de agosto de 2020, se advierte que se configuró el
fenómeno prescriptivo del derecho, en relación con las mesadas a que tendría
derecho desde el 28 de agosto de 2017 hacía atrás.
2.4. Costas
67. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
68. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
49
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de agosto de 2009, radicado
05001-23-31-000-2004-03824-01 (2170-08), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
50
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado
05001-23-33-000-2014-00331-01(0509-16), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
27
Radicado: 27001-23-33-000-2021-00048-01 (7094-2023)
Demandante: Jesús Andrades Hurtado
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
69. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma51.
70. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
71. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.
3. Conclusión
72. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Jesús Andrades Hurtado
es beneficiario del régimen pensional contenido en la Ley 33 de 1985, toda vez que
acreditó los requisitos señalados en las leyes 91 de 1989 y 812 de 2003, razón por
la cual se revocará la decisión apelada y, en su lugar, se reconocerá la prestación
reclamada, la cual será efectiva desde el momento en que se causó, sin
condicionarla al retiro del servicio; sin embargo, se declararán prescritas las
mesadas causadas entre el 25 de junio y el 28 de agosto de 2017; y se ordenará al
Fomag que adelante las acciones necesarias ante el municipio de Juradó, por el
periodo en el que prestó sus servicios allí para que trasladen los aportes que
debieron realizarse en virtud de esas vinculaciones y así garantizar la financiación
de la prestación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
51En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
28
Radicado: 27001-23-33-000-2021-00048-01 (7094-2023)
Demandante: Jesús Andrades Hurtado
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 23 de febrero de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Chocó, mediante la cual negaron las pretensiones de la demanda
presentada por Jesús Andrades Hurtado contra la nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por las razones
expuestas en esta decisión. En su lugar se dispone:
Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución 2226 del 22 de noviembre de 2020,
por la cual negó la solicitud de reconocimiento pensional de Jesús Andrades
Hurtado.
Tercero. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, condenar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a
reconocer y pagar a Jesús Andrades Hurtado una pensión de jubilación desde el
25 de junio de 2017, con el 75% del promedio de los factores salariales respecto
de los cuales se realizaron aportes durante el último año de servicios, sin
condicionarlo al retiro del servicio, pero con efectividad a partir del 28 de agosto de
2017, por haber operado el fenómeno de la prescripción de las mesadas anteriores
a esa fecha.
Cuarto. Condenar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a
reconocer y pagar a Jesús Andrades Hurtado el retroactivo pensional conformado
por las mesadas dejadas de reconocer desde 28 de agosto de 2017.
Quinto. Ordenar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
realizar la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en consideración a los
índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la aplicación de la
fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
Sexto. Ordenar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
adelantar los procedimientos o acciones pertinentes para lograr el traslado de los
aportes para pensión por el periodo laborado al servicio del municipio de Juradó.
Séptimo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado
en el artículo 192 del CPACA.
29
Radicado: 27001-23-33-000-2021-00048-01 (7094-2023)
Demandante: Jesús Andrades Hurtado
Octavo. No condenar en costas en esta instancia.
Noveno. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Décimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
SLVA
30
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