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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07302-01

Fecha
16 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07302-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

16 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07302-01 (2010)
Accionante: José Leary Lozano Losada
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: reconocimiento pensión de jubilación
docente. Subtema 3: desconocimiento del precedente.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por José Leary Lozano Losada contra la sentencia del
22 de enero de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera.

1. Síntesis del caso

El señor José Leary Lozano Losada, por intermedio de apoderado, promovió acción
de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, así como
de los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y pro homine, que
consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 13 de mayo de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo del Huila, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado bajo el núm. 41001-33-33-007-2022-00616-
00/01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07302-01 (2010)
Accionante: José Leary Lozano Losada
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

2. El señor José Leary Lozano Losada tiene más de 55 años y cuenta con 20 años
de servicio en el sector educativo oficial. Su vinculación se desarrolló inicialmente a
través de contratos de prestación de servicios desde el 26 de enero de 1999 y hasta
el 30 de noviembre de 2003 y, posteriormente, por medio de una relación legal y
reglamentaria que se mantiene vigente desde el 13 de febrero de 2004.

3. El accionante presentó escrito ante la Secretaría de Educación de Neiva, con el
propósito de que se ordenara el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación,
conforme el régimen de la Ley 33 de 1985. No obstante, la referida entidad,
mediante Resolución núm. 2261 del 22 de noviembre de 2022, resolvió negar su
reconocimiento.

4. El señor Lozano Losada radicó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), con el fin de que declarara la
nulidad del referido acto administrativo y, en su lugar, se ordenara el reconocimiento
y pago de una pensión de jubilación a su favor.

5. El Juzgado Décimo Administrativo de Neiva, mediante sentencia del 4 de marzo
de 2025, negó a las pretensiones de la demanda. Contra dicha decisión, la parte
demandante presentó recurso de apelación.

6. El Tribunal Administrativo del Huila, a través de providencia emitida el 13 de
mayo de 2025, confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia, al
considerar que el demandante no contaba con los 20 años de servicios requeridos
por la Ley 33 de 1985, pues los tiempos laborados como docente mediante
vinculación legal y reglamentaria suman 17 años, 9 meses y 8 días, sin que sea
factible computar los lapsos en que se vinculó a través de contratos de prestación
de servicios, por no haberse acreditado las respectivas cotizaciones al sistema de
seguridad social en pensiones durante tal periodo.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

7. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA en sentencia proferida
el día 13 de mayo de 2025 dentro del medio de control con radicado No. 41001-33-33-
00-2023-00616-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA,
CONFIANZA LEGÍTIMA, IGUALDAD y SEGURIDAD JURÍDICA del señor JOSÉ
LEARY LOZANO LOSADA, por desconocimiento del precedente jurisprudencial
consolidado por el Honorable Consejo de Estado en materia de la aplicación del
régimen pensional del personal docente oficial.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y, se profiera una nueva con fundamento en la normatividad aplicable al caso
de la parte actora, esto es, Ley 33 de 1985, en los términos solicitados en la demanda
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07302-00, índice 2, certificado núm. 06BCF93BB1744F36 3704F37D962C5FCD
75ED51DBB95D8036 9E0B28CBF8DC1168.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07302-01 (2010)
Accionante: José Leary Lozano Losada
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

y, atendiendo al precedente jurisprudencial del Máximo Órgano de lo Contencioso
Administrativo2.

8. Como fundamento de sus pretensiones, la parte tutelante manifestó que la
providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente porque negó el reconocimiento de la pensión de jubilación reclamada
por el accionante con base en un criterio jurisprudencial anterior, que exigía la
demostración de aportes pensionales para acceder al reconocimiento de la
prestación.

9. En este sentido, explicó que el Consejo de Estado3 desde el año 2021
«reconsideró su interpretación y adoptó una nueva lectura sobre los criterios para
el reconocimiento pensional del personal docente en armonía con los principios de
primacía de la realidad sobre las formalidades, prevalencia del derecho sustancial
y, la observancia de la sentencia de unificación CESUJ-5 del 25 de agosto de 2016».

10. Expuso que la mencionada corporación judicial ha reconocido el cómputo de los
tiempos acumulados y laborados por el docente mediante contratos de prestación
de servicios, aun cuando no se hubiesen efectuado las cotizaciones al sistema
pensional, bajo el entendido de que la obligación de realizar dichos aportes recae
en la entidad territorial beneficiaria de la labor de enseñanza ejecutada por el
contratista.

11. Asimismo, indicó que la decisión del Tribunal Administrativo del Huila resultó
abiertamente arbitraria al no acoger el desarrollo jurisprudencial vigente sobre la
materia, el cual tiene un valor vinculante en la actividad judicial y, por ende, su
obligatoriedad para la resolución de controversias semejantes, conforme con los
principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima

2.3. Trámite procesal

12.
El despacho ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante
auto del 26 de noviembre de 20254, admitió la solicitud de amparo, ordenó la
notificación al Tribunal Administrativo del Huila, en su calidad de autoridad

2
Se transcribe incluso con errores
3
Al respecto citó: i) Sección Cuarta, CP: Myriam Stella Gutiérrez Arguello, sentencia del 20 de marzo de 2025, Rad. No.
11001-03-15-000-2024-06972-00; ii) Sección Cuarta, CP: Wilson Ramón Girón (E), sentencia del 19 de junio de 2025, Rad.
No. 11001-03-15-000-2025-00799-01, demandante Clara Inés Ortiz Londoño contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca; iii) Sección Cuarta, CP: Myriam Stella Gutiérrez Arguello, sentencia del 19 de junio de 2025, Rad. No. 11001-03-15-
000-2025-0167901, demandante: Lauda Chacón Chacón contra el Tribunal Administrativo del Huila; iv) Sección Segunda,
Subsección A, CP: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia del 10 de julio de 2025, Rad. No. 11001-03-15-000-2025-01495-
01, demandante Gloria Inés Landino Sáenz contra el Tribunal Administrativo de Boyacá: v) Sección Segunda, Subsección,
CP: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia del 2 de octubre de 2025, Rad. No. 11001-03-15-000-2025-05726-00,
demandante: Luís Fernando Quintero Gómez contra el Tribunal Administrativo del Valle de Cauca; vi) Sección Segunda,
Subsección A, CP: William Hernández Gómez, Rad. No. 63001-23-33-000-2018-00184-01(49832019); vii) Sección Segunda,
Subsección A, CP: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia del 23 de mayo de 2023, dentro del proceso radicado No. 25000-
23-42-000-2019-01673-01 (1950- 2023); viii) Sección Segunda, Subsección B, CP: Jorge Edison Portocarrero Banguera,
sentencia del 4 de julio de 2024, dentro del medio de control con número de identificación 15001-23-33-000-2021-00637-01
(3167-2023); ix) Sección Segunda, Subsección B, CP: Juan Enrique Bedoya, sentencia del 12 de septiembre de 2024, Rad.
No. 15001-23-33-000-2021-00407-01; x) Sección Segunda, Subsección B, CP: Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia del
20 de noviembre de 2024, dentro de la controversia laboral radicada bajo No. 27001- 23-33-000-2021-00048-01 (7094-2023);
xi) Sección Segunda, Subsección B, C: Elizabeth Becerra Cornejo, sentencia del 6 de marzo de 2025, Rad. No. 68001-2333-
000-2021-2021-00781-01 (6350-2022),
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07302-00, índice 5, certificado núm. 0817DA71979C4EA3 27AEC5EFACA838E5
B18CD9C86BAB1814 C74173FE192DC729.
3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07302-01 (2010)
Accionante: José Leary Lozano Losada
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

accionada y puso el escrito de tutela en conocimiento de la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y del Juzgado Décimo Administrativo de Neiva, en su condición terceros
interesados.

2.4. Intervenciones

13.
El Tribunal Administrativo del Huila5 solicitó que se niegue el amparo de tutela,
por cuanto la providencia cuestionada no vulneró los derechos fundamentales del
accionante, dado que no incurrió en el defecto alegado en el escrito inicial, pues las
sentencias que se enunciaron como desconocidas no constituyen un precedente
judicial de obligatorio acatamiento en los términos del artículo 270 CPACA.

14. La Nación, Ministerio de Educación Nacional6 solicitó que se declare
improcedente la tutela, toda vez que carece de relevancia constitucional pues los
argumentos del accionante se dirigen a plantear un debate de naturaleza
estrictamente económica, por lo que se trata de una situación que excede la
competencia del juez de tutela.

15. Adicionalmente, manifestó que no tiene legitimación en la causa por pasiva, por
cuanto la tutela tiene por objeto cuestionar una providencia judicial adoptada por el
Tribunal Administrativo del Huila, en cuyo trámite y expedición no intervino. Razón
por la cual solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional.

16. El Juzgado Décimo Administrativo de Neiva7 remitió, a esta corporación, el
expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin
pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.

2.5. Sentencia de primera instancia

17.El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 22 de enero de
20268 declaró improcedente la tutela, al considerar que la solicitud de amparo no
cumple con el requisito de relevancia constitucional.

18. Al respecto, indicó que del contenido de la sentencia acusada no se puede
inferir que es arbitraria y, en consecuencia, vulneró los derechos fundamentales de
la parte accionante.

19. Resaltó que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no uno de corrección del fallo cuestionado.

5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07302-00, índice 10, certificado núm. 6176710CE2389439 D74D007DD0D6A684
E5F77180A3F52C32 769B1D67817F47CA.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07302-00, índice 11, certificado núm. A269A181392ABA8F 7E74EC23AD10E26F
8975A4163C0114D5 A6B80CBEA6EC5E53.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07302-00, índice 9, certificado núm. 609746E277F41280 0DA8E80BFFEFA53E
6B7707EA6263A672 6CF5E9CE3EF4F7D6.
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07302-00 índice 13, certificado núm. 619D99F9D456DCB4 5C0C7930381BAE68
F26A2E06886DB78F 1D146A87A23167CD.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07302-01 (2010)
Accionante: José Leary Lozano Losada
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

20. Afirmó que el mecanismo de amparo constitucional no puede ser utilizado como
una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de
interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial, ya que, en el
marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos ordinarios y
extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las decisiones de los
jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos.

2.6. Impugnación

21. La parte actora presentó impugnación9 contra la sentencia del Consejo de
Estado, Sección Primera. En su escrito indicó que, contrario a lo estimado por el
juez de primera instancia, el asunto aquí planteado sí reviste relevancia
constitucional, toda vez que el Tribunal Administrativo del Huila desconoció el
precedente vertical sin registrar en la sentencia las razones por las cuales consideró
válido exigir mayores requisitos al señor José Leary Lozano Losada para estudiar
su pretensión de reconocimiento pensional, aun cuando el propio Consejo de
Estado determinó que la exigencia de los aportes no se encuentra justificada.

22. Refirió que los argumentos de la tutela no pretenden reabrir el debate zanjado
por el juez natural, sino advertir una indebida aplicación del marco jurídico vigente
al asunto en cuestión, que implicaría la configuración del defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente.

23. Asimismo, mencionó que el Tribunal accionado fundamentó su decisión en
sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado que exigían la
acreditación de aportes para que el docente pudiera acceder a la prestación
pensional. Sin embargo, la propia corporación, en sede de tutela, aclaró su posición
al indicar que los tiempos laborados mediante órdenes de prestación de servicios
deben ser reconocidos independientemente de que no se hayan realizado las
cotizaciones al sistema de pensiones, por cuanto en estos casos procede el recobro
o el descuento de dichas sumas.

24.
Adicionalmente, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela, en lo
que respecta a las sentencias citadas que, en su criterio, fueron desconocidas por
la autoridad judicial accionada.

25. Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se revoque el fallo de primera
instancia y, en su lugar, se acceda al amparo de tutela.

9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07302-00, índice 17, certificado núm. 933AB525C3E1CE43 14258BC4CFCF3D2E
BC6024EB249DE51D 25B40B83EB73C5E0.
5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07302-01 (2010)
Accionante: José Leary Lozano Losada
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

3. Consideraciones

3.1. Competencia

26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 22 de enero
de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

27. La legitimación en la causa por activa del señor José Leary Lozano Losada está
acreditada porque fue el demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que fue expedida la sentencia que, a su juicio, desconoció sus
derechos fundamentales.

28. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Huila, debido a que fue la autoridad que profirió la providencia,
objeto de estudio.

29. Por otro lado, se advierte que el Ministerio de Educación Nacional solicitó su
desvinculación, al considerar que no estaba llamada a responder por la vulneración
de los derechos fundamentales de la parte accionante.

30. Sobre el punto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en
calidad de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción,
toda vez que dicha entidad actuó como parte demandada dentro del proceso
ordinario en el que fue expedida la providencia objeto de reparos y, en
consecuencia, la decisión que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por tal
razón, se negará su solicitud.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

31.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 10, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en
procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de
este mecanismo constitucional11.

32.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07302-01 (2010)
Accionante: José Leary Lozano Losada
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

33. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales12 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

34. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución13.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

35. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional14 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad sobre las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

36. Así pues, la Corte Constitucional15 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»16 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»17;

12
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
13
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07302-01 (2010)
Accionante: José Leary Lozano Losada
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y

iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

37.
En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada fue proferida con desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.

38. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

39. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
la sentencia proferida el 13 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Huila,
fue notificada el 23 de mayo siguiente18, y la demanda de tutela se presentó el 19
de noviembre de 202519, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la
jurisprudencia constitucional20 y del Consejo de Estado21 como razonable.

40. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra
de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

41. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

42.De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con la causal de desconocimiento del

18
Samai, exp. 41001-33-33-007-2022-00616-01, índice 13.
19
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07302-00, índice 1.
20
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07302-01 (2010)
Accionante: José Leary Lozano Losada
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que
planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

43. Le corresponde a la Sala determinar si ¿el Tribunal Administrativo del Huila
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad de José Leary Lozano Losada e incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, al proferir la sentencia del 13 de mayo de
2025, mediante la cual confirmó la decisión22, que negó las pretensiones de la
demanda, relacionadas con el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
incluyendo los tiempos laborados mediante contratos de prestación de servicios?

44.Para el efecto, se estudiarán: (i) la generalidad del defecto invocado; y (ii) el
caso concreto.

3.4.1. El desconocimiento del precedente judicial

45. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas23.

46. La Corte Constitucional24 ha considerado que el precedente se define como
aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con anterioridad a un
caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados y en los
problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por las
autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la
obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar,
pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente,
el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un
sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además
comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la
Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia
de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

22
Sentencia proferida el 4 de marzo de 2025, por el Juzgado Décimo Administrativo de Neiva.
23 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
24 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
9

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Accionante: José Leary Lozano Losada
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales25.

47. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia26.

48. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»27.

49. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela28.

50. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación29.

51. Finalmente, resulta oportuno destacar que la competencia del juez de tutela
ante la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de

25 Se transcribe incluso con errores.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
27 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
28 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
29 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07302-01 (2010)
Accionante: José Leary Lozano Losada
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.

3.6. Caso concreto

52. En el asunto bajo estudio, el señor José Leary Lozano Losada presentó escrito
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, con la pretensión principal de obtener el reconocimiento y
pago de una pensión de jubilación.

53. En primera instancia, el Juzgado Décimo Administrativo de Neiva, mediante
providencia del 4 de marzo de 2025, negó las pretensiones de la demanda.

54. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo del Huila emitió
providencia el 13 de mayo de 2025 en la que confirmó en todas sus partes la
decisión de primera instancia.

55. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela que el Tribunal
accionado, al proferir la sentencia del 13 de mayo de 2025, incurrió en
desconocimiento del precedente porque omitió aplicar el criterio jurisprudencial
vigente del Consejo de Estado, según el cual los tiempos acumulados y laborados
por el docente mediante contratos de prestación de servicios deben incluirse para
determinar el reconocimiento de la pensión de jubilación, aun cuando no se
hubiesen efectuado las cotizaciones al sistema pensional, pues la obligación de
realizar tales aportes recae en la entidad territorial beneficiaria de la labor de
enseñanza ejecutada por el contratista

3.5.1. Fundamentos de la sentencia objeto de tutela

56. Así pues, revisadas las pruebas aportadas al trámite de tutela, la Sala observa
que el Tribunal Administrativo del Huila desestimó la inclusión de los periodos
laborados por el señor José Leary Lozano Losada mediante contratos de prestación
de servicios para determinar el tiempo de servicio que le permitiera acceder al
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, con fundamento en el siguiente
análisis:

[…]

Conforme a lo expuesto, sea lo primero indicar que el señor José Leary Lozano Losada
acreditó ejercer la actividad docente desde el 26 de enero de 1999, por haberse
vinculado como educador mediante contratos de prestación de servicios como antes
se evidenciara; relación contractual que es válida para determinar la fecha de ingreso
al servicio educativo oficial y, en consecuencia, el régimen pensional aplicable al actor.

En ese sentido, como la vinculación data del 26 de enero de 1999 –esto es, previo al
26 de junio de 2003, cuando entró en vigencia la Ley 812 de 2003– el demandante
goza del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos
del orden nacional previsto en la Ley 91 de 1989 en concordancia con la Ley 33 de
11

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07302-01 (2010)
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Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

1985; de manera que, para acceder a la prestación deprecada, debe cumplir con los
requisitos de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos y cincuenta y cinco
(55) años de edad, contemplados por el artículo 1° de la Ley 33 de 1985.

Así pues, a partir de su fecha de nacimiento, se colige que el señor José Leary Lozano
losada cumplió 55 años de edad el 30 de junio de 2021. Por tanto, al 26 de abril de
2022, fecha en que se radicó la solicitud de reconocimiento pensional ante el FOMAG,
se encontraba acreditado el requisito de edad.

Respecto del tiempo de servicios, se tiene que el demandante se desempeñó como
docente, en una primera etapa, vinculado mediante contratos de prestación de
servicios, luego en provisionalidad y finalmente en propiedad; tiempos aquellos frente
a los cuales, huelga recordar, son igualmente válidos para efectos pensionales. De
modo que, se cuenta con los siguientes periodos de servicios:

Vinculación Entidad Tiempo de servicio
Años Meses Días
OPS y CPS Dpto. del Huila 2 11 8
Legal y reglamentaria Fomag (Depto. del Huila) 17 9 8
(hasta el 22 de noviembre
de 2021, fecha de
expedición del certificado
laboral aportado)

Subtotal 19 20 16
TOTAL 20 8 16

Sin embargo, en concordancia con los criterios jurisprudenciales analizados en
acápites precedentes, para que los tiempos laborados en virtud de contratos de
prestación de servicios sean tenidos en cuenta para efectos pensionales, es necesario
que se hubiesen realizado los respectivos aportes a pensión; y en este caso, no obra
en el expediente prueba alguna ni manifestación al respecto.

En ese sentido, no es dable colegir que el demandante cuente con los veinte (20) años
de servicios requeridos por la Ley 33 de 1985, pues los tiempos de servicio laborados
como docente mediante vinculación legal y reglamentaria suman diecisiete (17) años,
nueve (9) meses y ocho (8) días; sin que sea factible computar los lapsos en que se
vinculó a través de contratos de prestación de servicios durante dos (2) años, once (11)
meses y ocho (8) días, por no encontrarse acreditadas las cotizaciones al sistema de
pensiones durante estos periodos.

Así las cosas, al no encontrarse probado el cumplimiento de los requisitos exigidos por
la Ley 33 de 1985 para el reconocimiento pensional deprecado, y no prosperar los
argumentos de la apelación, la Sala confirmará la sentencia del 4 de marzo de 2025,
proferida por el Juzgado Décimo Administrativo de Neiva, a través de la cual negó las
pretensiones de la demanda, pero por las razones aquí esgrimidas.

57.
En efecto, el Tribunal accionado, al examinar los documentos aportados al
proceso, constató que el señor José Leary Lozano Losada acreditó que ejerció la
actividad docente desde el 26 de enero de 1999, vinculado mediante órdenes de
prestación de servicios.

58.
De este modo, para la autoridad judicial era evidente que el demandante se
vinculó al servicio público docente con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de
2003 (26 de junio de 2003), por lo que gozaba del régimen de pensión ordinaria de
jubilación de los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 91 de
12

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07302-01 (2010)
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Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

1989, en concordancia con la Ley 33 de 1985. En consecuencia, para acceder a la
pensión de jubilación pretendida, debía cumplir con los requisitos de veinte (20)
años de servicios continuos o discontinuos y cincuenta y cinco (55) años, conforme
al artículo 1 de la Ley 33 de 1985.

59.
En este sentido, la corporación judicial accionada precisó que el señor Lozano
Losada, según su cédula de ciudadanía, nació el 30 de junio de 1966, por lo que
cumplió 55 años el 30 de junio de 2021. Por ende, al 26 de abril de 2022, fecha en
que se radicó la solicitud de reconocimiento pensional ante el FOMAG, se
encontraba acreditado el requisito de edad.

60.
A partir de lo anterior, el Tribunal advirtió que el demandante se desempeñó
como docente vinculado mediante contratos de prestación de servicios por 2 años,
11 meses y 8 días, y a través de una relación legal y reglamentaria por un período
de 17 años, 9 meses y 8 días.

61. La autoridad judicial refirió que, según pronunciamientos del Consejo de
Estado30, para que los periodos laborados a través de órdenes de prestación de
servicios pudieran sumarse al tiempo de servicio requerido para acceder a la
pensión de jubilación, era imprescindible acreditar la realización de los respectivos
aportes al sistema pensional por cuenta propia. Sin embargo, en el caso del señor
Lozano Losada no obraba en el expediente prueba ni manifestación alguna al
respecto.

62. Por lo anterior, concluyó que no era procedente acceder al reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación pretendida por el demandante, toda vez que no
contaba con los 20 años de servicios requeridos por la Ley 33 de 1985, pues el
periodo laborado como docente mediante vinculación legal y reglamentaria solo
correspondía a 17 años, 9 meses y 8 días, dado que no era factible computar los
lapsos en los que estuvo vinculado a través de contratos de prestación de servicios,
por no encontrarse acreditadas las cotizaciones al sistema de pensiones durante
estos periodos.

3.5.2. Las consideraciones de la Sala respecto al defecto alegado por el actor

63.
Pues bien, para determinar si el Tribunal Administrativo del Huila incurrió en el
defecto expuesto por el accionante en el escrito de tutela, la Sala debe precisar que
la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado se ha pronunciado
sobre el cómputo de los tiempos laborados mediante contratos de prestación de
servicios para efectos pensionales, a través de las siguientes decisiones:

64. En sentencia del 7 de abril de 202231, se expuso que:

30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 26 de agosto
de 2021. Consejero Ponente: César Palomino Cortés. Radicación: 52001-23-33-000-2013-00202-01 (3639-15); Sentencia del
9 de septiembre de 2021. Radicación: 54001-23-33-000-2013-00091-02 (1038-17).
31
Sección Segunda, Subsección A, expediente radicado núm. 63001-23-33-000-2018-00184-01 (4983-2019).
13

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Accionante: José Leary Lozano Losada
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[…] Ahora, en cuanto a la autoridad obligada a realizar el pago de los mentados
conceptos en casos donde se evidencian relaciones laborales encubiertas por contratos
de prestación de servicios docentes, la misma intelección de la sentencia de unificación
jurisprudencial CESUJ2 n.° 5 del 25 de agosto de 2016 proferida por el Consejo de
Estado, dicta que el sujeto responsable de tal carga inexorablemente debe ser quien
ocultó dicho vínculo de trabajo, el cual para el asunto de marras sería efectivamente el
municipio de Armenia.
[…]

De este modo, si bien el municipio de Armenia se encontraba obligado al pago de los
aportes derivados de la relación laboral encubierta, debe tenerse en cuenta que estos
implican una carga compartida entre el empleador y el trabajador, por lo que
efectivamente tendrá que seguirse la regla prevista en la jurisprudencia aludida, en el
sentido de que el FNPSM deberá verificar mensualmente si se presenta alguna
diferencia entre los aportes efectuados por la entonces contratista durante el tiempo en
el cual se presentó la relación laboral encubierta dentro de sus respectivos intervalos o
duración de los contratos, ello con base en el reporte de semanas cotizadas emitido por
Colpensiones.

De esta manera, en atención a que el ente territorial aludido no se encuentra vinculado
a la actuación, pero debe primar el principio de sostenibilidad financiera del sistema en
razón de los aportes a los que aquel estaba obligado, se ordenará al FNPSM, ejecutar
las actuaciones interadministrativas pertinentes y necesarias para que se adelante
el cobro al municipio de Armenia, únicamente de las sumas faltantes por concepto de
cotizaciones a pensión pendientes de la señora Alba Lucía García Buitrago (si
existieren), y en todo caso solo en el porcentaje que le habría correspondido a la referida
autoridad como empleador de aquella, esto por los períodos durante los cuales se
evidenció una relación laboral subrepticia basada en sendas relaciones contractuales.
[…]» [sic]. [subrayado por la Sala]

65. En sentencia del 23 de mayo de 202432, se consideró:

[…] Sobre los aportes derivados de la relación laboral encubierta para financiar la
pensión a cargo del FOMAG.

Acerca de este punto, la Sala considera pertinente indicar que, si bien se tuvo en cuenta
la existencia de una relación laboral encubierta, únicamente para efectos pensionales de
la actora durante los períodos en los cuales aquella se desempeñó como docente en
interinidad contratada mediante OPS, lo cierto es que, a partir de la certificación laboral
emitida por la Secretaría de Educación de Bogotá, se observa que en dichos lapsos, la
reclamante no estuvo afiliada a alguna entidad de previsión, ni realizó las respectivas
cotizaciones a pensión.

Pues bien, como tales aportes son fundamentales para materializar y financiar el pago
de la prestación en litigio, de acuerdo con las previsiones del artículo 8.° de la Ley 91 de
1989 artículo 81, inciso 4.° de la Ley 812 de 2003, así como los artículos 9 y 10 del
Decreto 3752 de 2003, resulta pertinente recordar que la entidad encargada del
reconocimiento pensional, en este caso, la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG,
tiene la potestad y obligación de efectuar el cobro de tales recursos en cualquier tiempo,
pues su naturaleza parafiscal conlleva la obligatoriedad del recaudo y la
imprescriptibilidad.
[…]

Conforme a este planteamiento jurisprudencial de obligatorio cumplimiento, la Sala
encuentra que, la determinación sobre los aportes en comento, derivados de la
existencia de una relación laboral encubierta de un docente como la accionante, es

32
Sección Segunda, Subsección A, expediente radicado núm. 25000-23-42-000-2019-01673-01 (1950-2023).
14

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07302-01 (2010)
Accionante: José Leary Lozano Losada
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

indispensable por cuanto estos repercuten directamente en la liquidación, sostenibilidad
y eficacia de la prestación reclamada, buscando además el equilibrio financiero del
sistema.

Ahora, en cuanto a la autoridad obligada a pagar de los mentados conceptos, la misma
sentencia de unificación y la interpretación de los efectos de la configuración de una
relación laboral, permiten establecer que el sujeto responsable de tal carga debe ser
quien encubrió dicho vínculo de trabajo a través de contratos de prestación de servicios,
el cual para el asunto bajo estudio es el distrito capital de Bogotá.

Por tanto, ante la potestad de las entidades de previsión de recaudar los aportes
pensionales pendientes de pago, incluso en casos en los que luego se advierte la
configuración de relaciones laborales encubiertas como sucedió en este asunto, es claro
que el FOMAG tendrá que realizar actuaciones interadministrativas necesarias para ello.
[…] [sic].

66. Siguiendo con esta la línea pacifica de la Sala, también pone de presente la
sentencia del 23 de abril de 202533, en la cual se precisó que:

[…] Con base en tales pruebas es posible asegurar que, la accionante sí se desempeñó
como maestra oficial contratista durante los siguientes períodos: del 18 de marzo al 30
de diciembre de 2002, del 1.º al 13 de abril de 2003, del 21 al 30 de abril de 2003 , del
1.º al 31 de mayo de 2003, del 1.º al 31 de octubre de 2003, del 1.º al 30 de noviembre
de 2003, y del 1.º al 14 de diciembre de 2003.

Ahora, en atención al marco normativo y jurisprudencial aplicable, lo primero que debe
recordarse es que, contrario a las afirmaciones de la autoridad recurrente, las
vinculaciones de un docente bajo la modalidad contractual de OPS no impide considerar
tales interregnos para establecer el régimen pensional aplicable, y mucho menos para
contabilizarlos a fin de cumplir el requisito del tiempo de servicio.

En esta clase de contrataciones es evidente que el ejercicio material de la labor educativa
necesariamente se da bajo una relación laboral encubierta, que, aunque no se declarará
como tal en este proceso debido a que lo propio no es materia del litigio como fue
establecido, sí permite advertirla, considerarla y afirmarla judicialmente para efectos
prestacionales como los de la pensión ordinaria de jubilación.

De hecho, resulta claro que la sola naturaleza de las funciones ejercidas por la
accionante durante el tiempo que celebró contratos de prestación de servicios con el
departamento de Caldas, da cuenta de que en atención al principio de la realidad sobre
las formalidades previsto en el artículo 53 Constitucional, y sin necesidad de concederle
judicialmente la calidad de empleado público, aquel sí puede ser asimilado (sin los
efectos jurídicos), a un docente con un vínculo oficial formal a lo largo de los interregnos
enlistados.

Bajo este entendido y en atención a que es la Ley 33 de 1985 la que regula la situación
jurídica de la actora por haber trabajado como maestra estatal con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, en adición a que sí son computables los
períodos laborados en la modalidad de prestación de servicios, se corrobora la ilegalidad
del acto administrativo demandado como lo determinó el juez de origen.
[…]

Finalmente, tal como lo manifestó la corporación de origen, como en el presente caso se
tuvo en cuenta la existencia de una relación laboral encubierta, únicamente para efectos
pensionales de la actora durante los períodos en los cuales esta se desempeñó como

33
Sección Segunda, Subsección A, expediente radicado núm. 17001-23-33-000-2021-00178-01 (6485-2023).
15

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07302-01 (2010)
Accionante: José Leary Lozano Losada
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

docente contratada, necesariamente la entidad demandada tiene la potestad y obligación
de efectuar el cobro completo, actualizado y real de los aportes por tales tiempos en la
proporción que le correspondía respectivamente a la demandante y al departamento de
Caldas como empleador, pues su naturaleza parafiscal conlleva la obligatoriedad del
recaudo y la imprescriptibilidad.

Lo mismo tendrá que hacer para solicitar la transferencia de las cotizaciones realizadas
en su momento a Colpensiones por la labor desarrollada en el municipio de Marmato
como bibliotecaria, pues es la autoridad accionada la que asumirá el pago total de la
pensión, y, por tanto, la misma debe estar completamente financiada por los tiempos
que fueron tenidos en cuenta para su reconocimiento, lo cual evita el detrimento
patrimonial que se aduce como fundamento adicional de apelación. […]» [sic].

67. En sentencia del 8 de mayo de 202534 esta corporación expuso lo siguiente:

[…] 50. Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el
artículo 2 del Decreto 3752 de 200343 las prestaciones sociales de los docentes
causadas con anterioridad a la afiliación al Fomag, así como sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones están a cargo de la respectiva entidad territorial o de la
entidad de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; de manera que
la omisión en el pago de los aportes por los lapsos en los que los docentes
estuvieron vinculados mediante relaciones contractuales, es responsabilidad de
la entidad que se benefició de los servicios del docente o de la administradora a
la cual se efectuaron las cotización. No obstante, tal situación impone al fondo la
obligación de hacer uso de los mecanismos establecidos en la norma para
adelantar los procesos de cobro coactivo o requerir el bono pensional.

[…]

60. Al respecto, es necesario precisar que contrario a lo señalado en la apelación, es
irrelevante que el periodo anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 hubiera
sido en virtud de contratos y órdenes de prestación de servicios y no a través de una
vinculación legal y reglamentaria, por cuanto el beneficio del régimen de transición de la
norma antes mencionada no establece condición alguna adicional al de haber tenido un
vínculo al servicio público educativo oficial, bien sea como docente nacional,
nacionalizado o territorial.

61. En ese sentido esta Subsección puntualizó que «dada la naturaleza de la función
docente, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial
relevancia, puesto que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de
servicios desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya
querido ocultarla, comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de
contratación, se insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a
un específico régimen legal y reglamentario».

62. Por lo que esta Subsección ha considerado que los tiempos de servicio acreditados
bajo la modalidad contractual son útiles para el reconocimiento de la pensión reclamada,
aun cuando no se haya adelantado el debate en torno al reconocimiento de la relación
laboral encubierta, pues los derechos en materia laboral en favor del docente contratista
surgen con independencia del tipo de vínculo en virtud del cual se prestó el servicio. […]»
[sic].

68. La Sala considera importante advertir que dicho pronunciamiento fue reiterado
en la sentencia del 27 de junio de 202535, la cual, aunque no podría ser calificada

34
Sección Segunda, Subsección B, expediente radicado núm. 73001-23-33-000-2021-00356-01 (1915-2023).
35
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, expediente radicado núm. 15001-23-33-000-2021-00406-01 (3370-
2022).
16

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07302-01 (2010)
Accionante: José Leary Lozano Losada
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

como desconocida en atención a que fue proferida con posterioridad a la sentencia
cuestionada, lo cierto es que sirve de fundamento para corroborar que esa sigue
siendo la línea pacífica. Al respecto, la mencionada providencia indicó que:

[…] 2.2.3. Los docentes vinculados a través de órdenes o contratos de prestación
de servicios. Tiempo de servicio útil para efectos del reconocimiento pensional

[…]

37. En efecto, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-005-1626 concluyó,
luego de examinar la labor de la docencia a partir de su definición contenida en los
artículos 2 del Decreto Ley 2277 de 1979 y 104 de la Ley 115 de 1994, que la prestación
del servicio por parte del docente contratista no es independiente y, por el contrario, que
es personal y subordinada a las instrucciones de las autoridades educativas y a los
reglamentos del servicio público de educación. En tal virtud, se indicó que al existir una
relación laboral le asistía el derecho al reconocimiento de sus derechos como trabajador,
incluido el pago de las prestaciones sociales.
[…]

42. Así las cosas, la forma de vinculación de los docentes no puede ser un obstáculo
para que accedan a los derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén. Una
interpretación contraria conllevaría a mantener las condiciones de desigualdad e
inequidad y detrimento de la dignidad humana, como principio fundante del Estado social
de derecho, de un grupo importante de la población, que desarrolla una labor
trascendental para la sociedad.
[…]

49. Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el artículo 2
del Decreto 3752 de 2003 las prestaciones sociales de los docentes causadas con
anterioridad a la afiliación al Fomag, así como sus reajustes, reliquidaciones y
sustituciones están a cargo de la respectiva entidad territorial o de la entidad de previsión
social a la cual se hubieren realizado los aportes; de manera que la omisión en el pago
de los aportes por los lapsos en los que los docentes estuvieron vinculados mediante
relaciones contractuales, es responsabilidad de la entidad que se benefició de los
servicios del docente o de la administradora a la cual se efectuaron las cotizaciones. No
obstante, tal situación impone al fondo la obligación de hacer uso de los mecanismos
establecidos en la norma para adelantar los procesos de cobro coactivo o requerir el
bono pensional.
[…]

56. Además, cumplió con los requisitos enunciados en el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, por cuanto estuvo vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a
la entrada en vigencia de esa ley, de manera que tal y como lo dispuso el a quo resulta
beneficiario del régimen de transición fijado en ese aparte normativo.

57. Al respecto, es necesario precisar que es irrelevante que algunos tiempos de servicio
hubieran sido en virtud de órdenes de prestación de servicios y no a través de una
vinculación legal y reglamentaria o que no se hubiesen acreditado los aportes a pensión,
por cuanto el beneficio del régimen de transición de la norma antes mencionada no
establece condición alguna adicional al de haber tenido un vínculo al servicio público.

58. En ese sentido esta Subsección puntualizó que «dada la naturaleza de la función
docente, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial
relevancia, puesto que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de
servicios desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya
querido ocultarla, comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de

17

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07302-01 (2010)
Accionante: José Leary Lozano Losada
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

contratación, se insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a
un específico régimen legal y reglamentario».
[…]

61. Así las cosas, los jueces de la República no pueden cohonestar con las
desigualdades creadas por virtud de una facultad contractual que desconocía la realidad
laboral de los docentes; lo que, a su vez, impide hallar la razón a la entidad recurrente al
considerar que la única experiencia docente útil para obtener la prestación es aquella
que ocurrió luego de la vinculación legal y reglamentaria. Así pues, los servicios
prestados por el demandante en la modalidad contractual o de OPS al departamento de
Boyacá, resultan válidos para determinar que estuvo vinculada al servicio público
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Por lo
tanto, podía pensionarse con las normas vigentes aplicables, la cual, para su caso era
la Ley 33 de 1985. […]» [sic].

69. De acuerdo con lo anterior, es claro que la jurisprudencia del Consejo de
Estado, Sección Segunda ha sido consecuente en reconocer que los docentes
vinculados mediante órdenes o contratos de prestación de servicios desarrollan una
labor personal y subordinada, lo que configura una verdadera relación laboral y le
otorga derecho al reconocimiento de sus prestaciones, incluido el cómputo de ese
tiempo para efectos pensionales.

70. Bajo este postulado, la corporación ha concluido que los períodos laborados
conforme a dicha modalidad contractual resultan válidos para acreditar la
vinculación al servicio público educativo oficial antes de la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003 y para determinar el régimen aplicable, en observancia del principio
de primacía de la realidad sobre las formalidades.

71. Además, ha indicado que, ya que las cotizaciones constituyen una carga
compartida entre empleador y trabajador, el fondo competente debe verificar la
existencia de diferencias pendientes y adelantar las actuaciones
interadministrativas necesarias para obtener del ente territorial únicamente el
porcentaje que le correspondía, en garantía del principio de sostenibilidad financiera
del sistema.

72. En este sentido, el Consejo de Estado ha dicho que la modalidad de vinculación
y la falta de aportes no pueden constituirse en barreras para acceder al derecho a
la seguridad social en pensiones, pues la responsabilidad por las cotizaciones recae
en la entidad territorial beneficiaria del servicio.

73. Así pues, la Sala considera que la autoridad judicial demandada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial en la medida en que no realizó una
adecuada interpretación integral de la línea jurisprudencial pacífica del Consejo de
Estado existente sobre el valor del tiempo laborado por docentes vinculados
mediante órdenes o contratos de prestación de servicios para efectos del
reconocimiento pensional, pues, pese a que se acreditó que el actor prestó sus
servicios al sector educativo oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, desestimó tales períodos con fundamento en la modalidad contractual y en la

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07302-01 (2010)
Accionante: José Leary Lozano Losada
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

ausencia de aportes36.

74. Lo anterior significa que la providencia cuestionada no tuvo en cuenta que,
conforme al principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, la labor
ejecutada por el accionante comportó una relación de trabajo que genera derechos
prestacionales, por lo que la forma de vinculación no podía constituirse en un
obstáculo para acceder al régimen de transición y que la responsabilidad por las
cotizaciones recae en la entidad territorial beneficiaria del servicio

4. Conclusión

75.En virtud de lo anterior, la Subsección amparará los derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad del señor
José Lardy Lozano Losada, y dejará sin efectos la sentencia del 13 de mayo de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila.

76. En consecuencia, se ordenará a la autoridad judicial accionada que en un
término de 20 días contados a partir de la notificación de esta providencia emita una
providencia de reemplazo dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado núm. 41001-33-33-007-2022-00616-00, de acuerdo con las
consideraciones expuestas en esta decisión.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Revocar la sentencia del 22 de enero de 2026, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia. En
su lugar, se dispone:

Segundo: Conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia e igualdad del señor José Leary Lozano
Losada, por los motivos expuestos en esta decisión.

Tercero: Dejar sin efectos la sentencia del 13 de mayo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, dentro del expediente con radicado núm. 41001-
33-33-007-2022-00616-00/01, en atención a las razones expresadas en esta
providencia.

36
En similar sentido la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha emitido los siguientes
pronunciamientos: sentencia del 21 de julio de 2025, radicado núm. 11001-03-15-000-2025-02279-01, sentencia del 30 de
enero de 2026, radicado núm. 1001-03-15-000-2025-05728-01 y sentencia del 9 de febrero de 2026, radicado núm. 11001-
03-15-000-2026-00026-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07302-01 (2010)
Accionante: José Leary Lozano Losada
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

Cuarto: Ordenar al Tribunal Administrativo del Huila que, en el término de veinte
(20) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera una
nueva decisión en la que atienda lo indicado en la parte considerativa de este fallo.

Quinto: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por el Ministerio de
Educación Nacional, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Sexto: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Séptimo: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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