Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07302-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07302-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07302-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
22 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-07302-00
Accionante: JOSÉ LEARY LOZANO LOSADA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE DECLARA
IMPROCEDENTE. No cumple con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra el Tribunal
Administrativo del Huila.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor José Leary Lozano Losada, a través de apoderado, solicitó la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y tutela judicial efectiva en conexidad con los principios de
confianza legítima, seguridad jurídica y pro homine, cuya vulneración le atribuyó a
la providencia de 13 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Huila dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
número de radicación 41001-33-33-007-2022-00616-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Señaló que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 2261 del
22 de noviembre de 2022, que negó el reconocimiento y pago de una pensión de
jubilación al demandante.
2.2. Afirmóque el conocimiento le correspondió en primera instancia, al Juzgado
Décimo Administrativo del Circuito de Neiva, el cual, mediante sentencia de primera
instancia de 4 de marzo de 2025, negó las pretensiones de la demanda.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07302-00
Accionante: José Leary Lozano Losada
2.3. Manifestó que presentó recurso de apelación contra la anterior decisión y mediante
sentencia de segunda instancia de 13 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo del
Huila, confirmó la decisión indicada supra.
2.4. Expuso que la providencia proferida por la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales indicados supra al incurrir en un “[…] defecto sustantivo o
material por desconocimiento del precedente judicial […]”.
2.5. Sostuvo que se configuró el defecto sustantivo, en la medida que “[…] la autoridad
judicial accionada desatendió el precedente judicial vigente al justificar la negativa del
reconocimiento pensional con base en una sentencia del Consejo de Estado que
sostenía la tesis anterior, la cual exigía la demostración de aportes a pensión. En otras
palabras, en el caso del señor José Leary Lozano Losada se aplicó un criterio
superado, toda vez que dicha corporación reconsideró su interpretación y adoptó una
nueva lectura sobre los criterios para el reconocimiento pensional del personal docente
en armonía con los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades,
prevalencia del derecho sustancial y, la observancia de la sentencia de unificación
CESUJ-5 del 25 de agosto de 2016 […]”.
2.6. Indicóque, “[…] la decisión del Tribunal Administrativo del Huila resultó
abiertamente arbitraria al no acompasarse con el desarrollo jurisprudencial actual,
desconociendo así su valor vinculante en la actividad judicial y, por ende, su
obligatoriedad para la resolución de controversias semejantes en virtud de los
principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima […]”.
2.7. Al respecto, citó, entre otras, las siguientes providencias: “[…] Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
11 de febrero de 2021, Rad. No. 81001-23-33-000-2013-00079-01, demandante
Carmen Gabriela Loyo De Arrieta contra Nación - MEN - Fomag y Otros […] Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
Consejero Ponente: William Hernández Gómez, Rad. No. 63001-23-33-000-2018-
00184-01(4983-2019) […] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez,
sentencia del 23 de mayo de 2023, dentro del proceso radicado No. 25000-23-42-000-
2019-01673-01 (1950-2023) […] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Jorge Edison
Portocarrero Banguera, sentencia del 4 de julio de 2024, dentro del medio de control
con número de identificación 15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023) […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA en
sentencia proferida el día 13 de mayo de 2025 dentro del medio de control con
radicado No. 41001-33-33-00-2023-00616-01, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07302-00
Accionante: José Leary Lozano Losada
JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, CONFIANZA LEGÍTIMA,
IGUALDAD y SEGURIDAD JURÍDICA del señor JOSÉ LEARY LOZANO
LOSADA, por desconocimiento del precedente jurisprudencial consolidado por
el Honorable Consejo de Estado en materia de la aplicación del régimen
pensional del personal docente oficial.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y, se profiera una nueva con fundamento en la normatividad
aplicable al caso de la parte actora, esto es, Ley 33 de 1985, en los términos
solicitados en la demanda y, atendiendo al precedente jurisprudencial del
Máximo Órgano de lo Contencioso Administrativo. […]”. [Negrilla del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 26 de noviembre de 2025, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculó
en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Neiva.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Tribunal Administrativo del Huila solicitó negar el amparo en la medida que
“[…] las sentencias invocadas como desconocidas por el accionante no constituye
un precedente judicial de obligatorio acatamiento en los términos del artículo 270
CPACA […]” y, además, “[…] dentro de la providencia atacada, no se observa la
vulneración de algún derecho fundamental de la parte actora […]”.
5.2. La Nación – Ministerio de Educación Nacional solicitó declarar improcedente
la acción de tutela y su desvinculación, comoquiera que “[…] le asiste falta de
legitimación en la causa por pasiva para emitir un pronunciamiento de fondo, toda
vez que la controversia planteada en la acción de tutela recae sobre una decisión
adoptada por la TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA. A todas luces, la
presente acción se dirige contra una providencia judicial, situación que amerita un
análisis riguroso de la procedencia del amparo constitucional […]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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Accionante: José Leary Lozano Losada
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por la Nación – Ministerio de Educación
Nacional.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T-1001 de 20067, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
‘2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]’ […]” (Negrilla fuera del
texto).
9. Teniendo en cuenta que la Nación – Ministerio de Educación Nacional, fungió
como parte demandada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho objeto de tutela, la Sala considera que a esa autoridad sí le asiste el
interés jurídico para ser vinculada a esta acción constitucional.
10. Por lo anterior, se denegará la solicitud de desvinculación elevada, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
5
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Accionante: José Leary Lozano Losada
VI.3. Problemas jurídicos
11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante al incurrir presuntamente en un “[…] defecto
sustantivo o material por desconocimiento del precedente judicial […]”.
12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
14. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07302-00
Accionante: José Leary Lozano Losada
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.
18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
19. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
20. El señor José Leary Lozano Losada, a través de apoderado, solicitó la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y tutela judicial efectiva en conexidad con los principios de
confianza legítima, seguridad jurídica y pro homine, cuya vulneración le atribuyó a
la providencia de 13 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Huila, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
número de radicación 41001-33-33-007-2022-00616-00/01.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.
VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
22. El requisito de relevancia constitucional se cumple cuando se acredita que el asunto
gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental12 y no cuando
guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico
que deberán ser definidos por otras jurisdicciones13.
23. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales14, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.
24. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
25. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202217 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
12
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
14
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
15
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
16
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].
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26. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.
27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales19.
28. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
29. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales indicados supra al incurrir en un “[…] defecto sustantivo o
material por desconocimiento del precedente judicial […]”.
30. Sostuvo que se configuró el defecto sustantivo, en la medida que “[…] la autoridad
judicial accionada desatendió el precedente judicial vigente al justificar la negativa del
reconocimiento pensional con base en una sentencia del Consejo de Estado que
sostenía la tesis anterior, la cual exigía la demostración de aportes a pensión. En otras
palabras, en el caso del señor José Leary Lozano Losada se aplicó un criterio
superado, toda vez que dicha corporación reconsideró su interpretación y adoptó una
nueva lectura sobre los criterios para el reconocimiento pensional del personal docente
en armonía con los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades,
prevalencia del derecho sustancial y, la observancia de la sentencia de unificación
CESUJ-5 del 25 de agosto de 2016 […]”.
31. Indicó que, “[…] la decisión del Tribunal Administrativo del Huila resultó
abiertamente arbitraria al no acompasarse con el desarrollo jurisprudencial actual,
desconociendo así su valor vinculante en la actividad judicial y, por ende, su
obligatoriedad para la resolución de controversias semejantes en virtud de los
principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima […]”.
18
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07302-00
Accionante: José Leary Lozano Losada
32. Al respecto, citó, entre otras, las siguientes providencias: “[…] Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
11 de febrero de 2021, Rad. No. 81001-23-33-000-2013-00079-01, demandante
Carmen Gabriela Loyo De Arrieta contra Nación - MEN - Fomag y Otros […] Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
Consejero Ponente: William Hernández Gómez, Rad. No. 63001-23-33-000-2018-
00184-01(4983-2019) […] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez,
sentencia del 23 de mayo de 2023, dentro del proceso radicado No. 25000-23-42-000-
2019-01673-01 (1950-2023) […] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Jorge Edison
Portocarrero Banguera, sentencia del 4 de julio de 2024, dentro del medio de control
con número de identificación 15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023) […]”.
33. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y, ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia, con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural.
34. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones por las
que considera que la decisión judicial le ocasiona una “afectación desproporcionada
a sus derechos fundamentales”.
35. Se considera que la parte accionante no está exponiendo que la providencia
cuestionada haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo de su
inconformidad gira en torno a que el Tribunal confirmó la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda.
36. En este punto, se observa que la discusión expuesta en esta instancia
constitucional fue analizada por el Tribunal Administrativo del Huila así:
“[…] En el sub lite, el señor José Leary Lozano Losada pretende el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación bajo el régimen de la Ley
33 de 1985, equivalente al 75% de todos los factores salariales devengados en
el año de servicio anterior a la adquisición del estatus pensional, esto es, el 30
de junio de 2021, por ser la fecha en que reunió veinte (20) años de servicio y
cincuenta y cinco (55) años de edad.
Por su parte, la entidad demandada sostiene que no le es aplicable el régimen
pensional invocado, por haberse vinculado como docente luego de la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003; frente a ello, el a quo estableció que el
régimen aplicable al demandante lo es la Ley 100 de 1993, sin que hubiera
alcanzado el estatus pensional bajo dicho régimen, dado que para la fecha de
expedición del acto demandado no había cumplido 57 años de edad y no se
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Accionante: José Leary Lozano Losada
acreditó la realización de los aportes pensionales durante el tiempo en que se
declaró la existencia del contrato realidad […]”.
[…]
“[…] Conforme a lo expuesto, sea lo primero indicar que el señor José Leary
Lozano Losada acreditó ejercer la actividad docente desde el 26 de enero de
1999, por haberse vinculado como educador mediante contratos de prestación
de servicios como antes se evidenciara; relación contractual que es válida para
determinar la fecha de ingreso al servicio educativo oficial y, en consecuencia,
el régimen pensional aplicable al actor.
En ese sentido, como la vinculación data del 26 de enero de 1999 –esto es,
previo al 26 de junio de 2003, cuando entró en vigencia la Ley 812 de 2003– el
demandante goza del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los
servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 91 de 1989 en
concordancia con la Ley 33 de 1985; de manera que, para acceder a la
prestación deprecada, debe cumplir con los requisitos de veinte (20) años de
servicios continuos o discontinuos y cincuenta y cinco (55) años de edad,
contemplados por el artículo 1° de la Ley 33 de 1985.
Así pues, a partir de su fecha de nacimiento, se colige que el señor José Leary
Lozano losada cumplió 55 años de edad el 30 de junio de 2021. Por tanto, al 26
de abril de 2022, fecha en que se radicó la solicitud de reconocimiento pensional
ante el FOMAG, se encontraba acreditado el requisito de edad.
Respecto del tiempo de servicios, se tiene que el demandante se desempeñó
como docente, en una primera etapa, vinculado mediante contratos de
prestación de servicios, luego en provisionalidad y finalmente en propiedad;
tiempos aquellos frente a los cuales, huelga recordar, son igualmente válidos
para efectos pensionales.
Sin embargo, en concordancia con los criterios jurisprudenciales analizados en
acápites precedentes, para que los tiempos laborados en virtud de contratos de
prestación de servicios sean tenidos en cuenta para efectos pensionales, es
necesario que se hubiesen realizado los respectivos aportes a pensión; y en
este caso, no obra en el expediente prueba alguna ni manifestación al respecto.
En ese sentido, no es dable colegir que el demandante cuente con los veinte
(20) años de servicios requeridos por la Ley 33 de 1985, pues los tiempos de
servicio laborados como docente mediante vinculación legal y reglamentaria
suman diecisiete (17) años, nueve (9) meses y ocho (8) días; sin que sea factible
computar los lapsos en que se vinculó a través de contratos de prestación de
servicios durante dos (2) años, once (11) meses y ocho (8) días, por no
encontrarse acreditadas las cotizaciones al sistema de pensiones durante estos
periodos.
Así las cosas, al no encontrarse probado el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la Ley 33 de 1985 para el reconocimiento pensional deprecado, y
no prosperar los argumentos de la apelación, la Sala confirmará la sentencia
del 4 de marzo de 2025, proferida por el Juzgado Décimo Administrativo de
Neiva, a través de la cual negó las pretensiones de la demanda, pero por las
razones aquí esgrimidas. […]”.
37. La transcripción anterior permite evidenciar que, contrario a lo expuesto en el
escrito de tutela no se observa que la decisión proferida en sede ordinaria hubiese
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sido arbitraria o, se hubiesen desconocido los derechos fundamentales de la parte
accionante en el trámite del medio de control.
38. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”20.
39. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”;
ya que en “el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las decisiones
de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos […]”21. En
esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”22.
40. Así las cosas, la Sala declarará improcedente la presente acción de tutela por
carecer de relevancia constitucional, como se dispondrá en la parte resolutiva de
esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Nación –
Ministerio de Educación Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
21
Ibidem.
22
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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Accionante: José Leary Lozano Losada
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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