Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02635-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02635-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02635-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
17 de julio de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02635-01
Accionante: Wilson Rodríguez Maturana
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia de segunda instancia que confirmó
la decisión que negó las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento de
derecho de carácter laboral.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 7 de
mayo de 2026, por medio de la cual la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado negó el amparo solicitado2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 8 de abril de 2026, Wilson Rodríguez Maturana, a través de
apoderada, presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Valle del Cauca, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
tutela judicial efectiva e igualdad, y a los principios de confianza legítima,
seguridad jurídica y pro homine, con ocasión de la Sentencia de 26 de
septiembre de 2025, proferida en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 76147-33-33-003-2022-00586-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333
de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Wilson Rodríguez Maturana, por
conducto de apoderada judicial, en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación:11001-03-15-000-2026-02635-01
Accionante: Wilson Rodríguez Maturana
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedencia
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“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA en la
sentencia proferida el día 26 de septiembre de 2025 dentro del medio de
control con radicado No. 76147-33-33 003-2022-00586-01, transgredió los
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, CONFIANZA
LEGÍTIMA, IGUALDAD y SEGURIDAD JURÍDICA del señor WILSON RODRÍGUEZ
MATURANA, atendiendo que la decisión no se ajusta a los hechos
debidamente acreditados en el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA dejar sin efectos la providencia
referida en el numeral anterior y, se profiera una nueva con observancia de
la normatividad que define el régimen pensional del personal docente y, la
valoración de la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) Wilson Rodríguez Maturana estuvo vinculado de manera
discontinua a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible del Chocó, mediante órdenes de prestación de servicios, entre el
1 de octubre de 1991 y el 28 de febrero de 19953. Posteriormente, se
desempeñó como director de la Umata en el municipio de San José de
Palmar, Chocó desde el 26 de septiembre de 1995 hasta el 8 de febrero de
1998. En esa misma anualidad, trabajo como docente, bajo la misma
modalidad de vinculación, en la Normal Inmaculada de la Italia- San José
del Palmar, Chocó4.
5. 2) Entre el 25 de enero y el 30 de noviembre de 1999, el señor Rodríguez
Maturana prestó sus servicios como docente mediante diversas órdenes de
prestación de servicios5 en el municipio de Pereira. Asimismo, desempeñó
esa misma labor, bajo la misma modalidad de vinculación, en el
Departamento de Valle del Cauca6.
3 Según certificación expedida por el secretaria general de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible del Chocó, estuvo vinculado en modalidad de orden de prestación de servicios de la siguiente manera:
(1) OPS No. 200 de 1991 del 1 de octubre de 1991 al 31 de diciembre de 1991; (2) OPS No. 14 de 1992 del 1 de
mayo de 1992 al 30 de diciembre de 1992; (3) OPS No. 535 de 1992 del 4 de enero de 1993 al 31 de diciembre de
1993; (4) OPS No. 22 de 1994 del 17 de enero de 1995 al 28 de febrero de 1995. Todas las prestaciones para un
tiempo total de 2 años y 2 días.
4 Según certificación expedida por el Vicario de Economía de la Diócesis de Istmina Tado, estuvo vinculado en
modalidad de orden de prestación de servicios de la siguiente manera: (1) OPS No. 20 de 12 de febrero de 1998,
desde el 12 de febrero de 1998 hasta el 6 de mayo de 1998; (2) OPS No. 53 de 11 de mayo de 1998, desde el 11
de mayo de 1998 hasta el 12 de junio de 1998; (3) OPS No. 79 de 21 de julio de 1998, desde el 21 de julio de 1998
hasta el 12 de octubre de 1998; (4) OPS No. 127 de 19 de octubre de 1998, desde el 19 de octubre de 1998 hasta
el 4 de diciembre de 1998. Todas las prestaciones para un tiempo total de 7 meses y 26 días.
5 Según certificación expedida por la Secretaría municipal de Pereira, estuvo vinculado en la modalidad de Orden
de Prestación de Servicios de la siguiente manera: (1) desde el 25 de enero de 1999 hasta el 28 de febrero de 1999;
(2) desde el 1 de marzo de 1999 hasta el 29 de abril de 1999; (3) desde el 6 de septiembre de 1999 hasta el 30 de
septiembre de 1999; (4) desde el 1 de octubre de 1999 hasta el 30 de octubre de 1999; (5) desde el 1 de noviembre
de 1999 hasta el 30 de noviembre de 1999. Todas las prestaciones para un tiempo total de 5 meses y 23 días.
6 Según certificación expedida por la Secretaría de Educación del Departamento de Valle del Cauca, estuvo
vinculado como docente en la modalidad de orden de prestación de servicios, en el Colegio San José del
municipio de Obando, Chocó, de la siguiente manera: (1) OPS No. 825 de 2000 desde el 17 de enero de 2000
hasta el 30 de junio de 2000; (2) OPS No. 825 de 2000 desde el 1 de septiembre de 2000 hasta el 15 de diciembre
de 2000; (3) OPS No. 631 de 2001 desde el 15 de enero de 2001 hasta el 30 de junio de 2001. Todas las prestaciones
para un tiempo total de 1 año, 2 meses y 12 días.
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Accionante: Wilson Rodríguez Maturana
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Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedencia
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6. 3) El señor Rodríguez Maturana laboró como Profesional Universitario
de la Umata en el municipio Carmen del Darien, Chocó entre el 1 de febrero
de 2002 y el 31 de diciembre de 2003. Posteriormente, ejerció el cargo de
director de esa misma dependencia desde el 3 de mayo de 2004 hasta el
30 de noviembre de 2005.
7. 4) El 29 de septiembre de 2006, el señor Rodríguez Maturana se vinculó
como docente oficial en provisionalidad a la Secretaría de Educación del
municipio de Cartago7 . Posteriormente, el 2 de junio de 2015, fue nombrado
docente oficial en propiedad en esa entidad, cargo que continúa
desempeñando.
8. 5) El 14 de marzo de 2022, Wilson Rodríguez Maturana presentó
solicitud para el reconocimiento de una pensión de jubilación por aportes
ante la Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG); sin embargo, no hubo
pronunciamiento por parte de la entidad.
9. 6) El 3 de agosto de 2022, el señor Rodríguez Maturana presentó
demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, contra la Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo
Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio (FOMAG) y el municipio de
Cartago, y pretendió que se declarará la nulidad del acto presunto
negativo que se configuró por la falta de respuesta a su solicitud, y, a título
de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación por aportes.
10. 7) Mediante Sentencia de 8 de noviembre de 2023, el Juzgado 3
Administrativo de Cartago negó las pretensiones de la demanda. Como
argumento de su decisión, señaló que, aunque el actor acreditó haber
prestado servicios como docente mediante órdenes de prestación de
servicios con anterioridad al 26 de junio de 2003, no demostró haber
efectuado aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones durante
algunos de esos periodos, concretamente, los prestados en la Corporación
Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó y en el
municipio de Carmen del Darien. Asimismo, indicó que no era posible tener
en cuenta el tiempo laborado en la Normal Inmaculada de Italia, del
corregimiento de San José del Palmar, como vinculación docente oficial,
debido a que no existía certeza sobre el carácter público o privado de dicha
institución educativa.
7 Según certificación expedida por la Secretaría de Educación del municipio de Cartago, estuvo vinculado en la
modalidad de provisionalidad de la siguiente manera: (1) Docente oficial en provisionalidad desde el 29 de
septiembre de 2006 hasta el 4 de septiembre de 2008; (2) Docente oficial en provisionalidad desde el 5 de
septiembre de 2008 hasta el 25 de septiembre de 2008; (3) Docente oficial en provisionalidad desde el 26 de
septiembre de 2008 hasta el 15 de diciembre de 2008; Docente oficial en provisionalidad desde el 14 de enero de
2009 hasta el 1 de junio de 2015.
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11. En consecuencia, concluyó que el demandante no cumplía los
requisitos previstos en las Leyes 71 de 1988 y 33 de 1985 para acceder a la
pensión de jubilación por aportes. De igual forma, precisó que no era
procedente analizar la eventual procedencia de una pensión de jubilación
conforme con la Ley 100 de 1993, debido a que dicha pretensión no fue
formulada de manera subsidiaria en la demanda y, además, de acuerdo
con los hechos expuestos, el señor Wilson Rodríguez Maturana continuaba
en servicio activo.
12. 8) La anterior decisión fue apelada por la parte demandante. Sostuvo
que sí se encontraban acreditados los requisitos previstos en la Ley 33 de
1985 para acceder a la pensión de jubilación por aportes. Al respecto,
afirmó que las certificaciones de órdenes de prestación de servicios
obrantes en el expediente demostraban que el actor estuvo vinculado al
sector público, en calidad de docente, con anterioridad al 26 de junio de
2003. Asimismo, manifestó que efectuó los aportes correspondientes a
Colpensiones y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG). Con fundamento en ello, sostuvo que resultaban aplicables los
principios de favorabilidad y de primacía de la realidad sobre las formas. En
consecuencia, solicitó que se tuvieran en cuenta los tiempos de servicio
prestados en la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible del Chocó y en la Administración municipal de Carmen del Darien
y se considerara acreditado dicho requisito para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes.
13. 9) En Sentencia de 26 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo
de Valle del Cauca confirmó la decisión que negó las pretensiones de la
demanda. Señaló que el señor Rodríguez Maturana acreditó una
vinculación como docente oficial con anterioridad al 26 de junio de 2003,
incluso mediante órdenes de prestación de servicios, circunstancia que
permitía la aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 81 de
la Ley 812 de 2003 y, en consecuencia, del régimen pensional establecido
en la Ley 33 de 1985. No obstante, concluyó que el demandante no cumplió
la totalidad de los requisitos exigidos por esta última disposición, pues,
aunque alcanzó la edad de 55 años, no acreditó los 20 años de servicios
requeridos para el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes.
14. El tribunal precisó que las pruebas obrantes en el expediente solo
permitían computar, para efectos pensionales, un total de 16 años, 11 meses
y 2 días de servicios. Al respecto, explicó que no era posible contabilizar los
períodos laborados en la Corporación Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocó ni en la Administración Municipal de
Carmen del Darién, debido a que correspondieron a contratos de
prestación de servicios ajenos a la labor docente y no se acreditaron las
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cotizaciones efectuadas durante esos lapsos. De igual forma, indicó que
tampoco podía tenerse en cuenta el tiempo certificado por la Diócesis de
Istmina-Tadó, toda vez que, tal como lo señaló el juzgado de primera
instancia, no existía certeza sobre el carácter oficial de la institución
educativa en la que el actor prestó sus servicios y esa circunstancia no fue
desvirtuada en el recurso de apelación. En consecuencia, concluyó que el
demandante no acreditó el tiempo mínimo de servicios exigido para
acceder a la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985.
15. Como fundamento de la vulneración, la parte accionante indicó que
el tribunal incurrió en los defectos fáctico y sustantivo por desconocimiento
del precedente.
16. Afirmó que el tribunal omitió valorar integralmente las pruebas que,
en su criterio, acreditaban los tiempos de servicio prestados en la
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó,
en la Administración Municipal de Carmen del Darién y, como docente, en
una institución vinculada a la Diócesis de Istmina-Tadó. En particular, afirmó
que la autoridad judicial descartó tales períodos con fundamento en una
apreciación probatoria y jurídica equivocada y alejada del amplio
precedente judicial que ha dispuesto el Consejo de Estado para la materia.
17. Asimismo, sostuvo que la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente vigente del Consejo de Estado al exigir la acreditación de
aportes al sistema de seguridad social en pensiones para computar, con
fines del reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de
1985, los períodos laborados como docente mediante órdenes de
prestación de servicios con anterioridad al 26 de junio de 2003. A su juicio,
esa exigencia resultó contraria a la Sentencia de Unificación de 25 de abril
de 2019, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado8, así como a la jurisprudencia posterior de la misma Corporación
sobre la materia9.
8 Radicado No. 68001-23-33-000-2015-00569-01.
9 Citó las siguientes providencias: Sentencia de 20 de marzo de 2025, Sección Cuarta del Consejo de Estado. Rad,
No. 11001-03-15-000-2024-06972-00. Sentencia de 19 de junio de 2025, Sección Cuarta del Consejo de Estado. Rad,
No. 11001-03-15-000-2025-00799-01. Sentencia de 19 de junio de 2025, Sección Cuarta del Consejo de Estado. Rad,
No. 11001-03-15-000-2025-01679-01. Sentencia de 10 de julio de 2025, Subsección A, Sección Segunda del Consejo
de Estado. Rad, No. 11001-03-15-000-2025-01495-01. Sentencia de 11 de febrero de 2021, Subsección A, Sección
Segunda del Consejo de Estado. Rad, No. 81001-23-33-00079-01. Sentencia de 3 de junio de 2021, Subsección A,
Sección Segunda del Consejo de Estado. Rad, No. 50001-23-33-000-2018-00357-01. Sentencia de 7 de abril de 2022,
Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado. Rad, No. 63001-23-33-000-2018-00184-01. Sentencia de 23
de mayo de 2023, Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado. Rad, No. 25000-23-42-000-2019-01673-
01. Sentencia de 4 de julio de 2024, Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado. Rad, No. 15001-23-33-
000-2021-00637-01. Sentencia de 12 de septiembre de 2024, Subsección B, Sección Segunda del Consejo de
Estado. Rad, No. 15001-23-33-000-2021-004047-01. Sentencia de 19 de septiembre de 2024, Subsección A, Sección
Segunda del Consejo de Estado. Rad, No. 15001-23-33-000-2021-00135-01. Sentencia de 20 de noviembre de 2024,
Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado. Rad, No. 27001-23-33-000-2021-00048-01. Sentencia de 30
de enero de 2025, Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado. Rad, No. 66001-23-33-000-2022-00016-
01.
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Accionante: Wilson Rodríguez Maturana
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedencia
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1.2. Sentencia de primera instancia10 e impugnación
18. Mediante Sentencia de 7 de mayo de 2026, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo solicitado. En
primer lugar, aunque en la parte considerativa estimó que el cargo por
desconocimiento del precedente contenido en la Sentencia de Unificación
de 25 de abril de 201911 no satisfacía el requisito de subsidiariedad, toda vez
que el actor contaba con el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia previsto en los artículos 256 y 257 del CPACA para controvertir
ese aspecto de la decisión judicial, omitió pronunciarse respecto de ello en
la parte resolutiva de la sentencia. Sobre el defecto fáctico, concluyó que
no se configuró, pues el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
identificó, relacionó y valoró de manera expresa las pruebas obrantes en el
proceso, realizó una apreciación individualizada y razonada de su alcance
jurídico y explicó las razones por las cuales algunos períodos de servicio no
podían ser computados para efectos pensionales. En ese contexto, estimó
que la decisión cuestionada obedeció a una valoración probatoria y una
calificación jurídica razonadas, propias de la autonomía del juez natural, sin
que correspondiera al juez constitucional sustituir dicho juicio.
19. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante presentó
escrito de impugnación mediante el cual reiteró los argumentos expuestos
en el escrito de tutela. Sostuvo que la autoridad judicial accionada pasó por
alto la evolución del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado en
materia del reconocimiento de la pensión de jubilación de docentes
vinculados mediante órdenes de prestación de servicios, según el cual la
falta de acreditación de aportes al sistema pensional no impedía computar
dichos períodos para efectos pensionales, sin perjuicio de las actuaciones
de recobro o descuento a cargo de las entidades competentes. En ese
contexto, insistió en que el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
desconoció el precedente vigente12 al negar el reconocimiento de la
prestación con fundamento en la ausencia de tales cotizaciones y afirmó
10 Mediante Auto de 9 de abril de 2026, el ponente de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado admitió la tutela de la referencia, tuvo como demandado al Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y
vinculó, en calidad de terceros con interés, al Juzgado 3 Administrativo de Cartago, la Nación- Ministerio de
Educación Nacional- Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y el municipio de Cartago.
11 Subsección A, Sección Segunda, Consejo de Estado. Rad, No. 68001-23-33-000-2015-00569-01.
12 Reiteró las siguientes providencias: Sentencia de 20 de marzo de 2025, Subsección A, Sección Segunda del
Consejo de Estado. Rad, No. 11001-03-15-000-2025-01495-01. Sentencia de 11 de febrero de 2021, Subsección A,
Sección Segunda del Consejo de Estado. Rad, No. 81001-23-33-000-2013-00079-01. Sentencia de 3 de junio de 2021,
Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado. Rad, No.50001-23-33-2018-00357-01. Sentencia de 7 de
abril de 2022, Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado. Rad, No. 63001-23-33-000-2018-00184-01.
Sentencia de 23 de mayo de 2023, Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado. Rad, No. 25000-23-42-
000-2019-01673-01. Sentencia de 4 de julio de 2024, Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado. Rad,
No. 15001-23-33-000-2021-00637-01. Sentencia de 12 de septiembre de 2024, Subsección B, Sección Segunda del
Consejo de Estado. Rad, No.15001-23-33-000-2021-00407-01. Sentencia de 19 de septiembre de 2024, Subsección
B, Sección Segunda del Consejo de Estado. Rad, No.15001-23-33-000-2021-00135-01. Sentencia de 20 de noviembre
de 2024, Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado. Rad, No. 27001-23-33-000-2021-00048-01.
Sentencia de 30 de enero de 2025, Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado. Rad, No. 66001-23-33-
000-2022-00016-01.
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Radicación:11001-03-15-000-2026-02635-01
Accionante: Wilson Rodríguez Maturana
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedencia
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que el señor Rodríguez Maturana acreditó el cumplimiento de los requisitos
previstos en la Ley 33 de 1985 para acceder a la pensión de jubilación.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial 2.3. Conclusión.
2.1. Fijación de la controversia
20. Procederá la Sala a determinar, luego de verificados los requisitos
generales de procedibilidad, si el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
como juez de segunda instancia, incurrió en un defecto fáctico por una
indebida valoración probatoria, así como un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente, al proferir la Sentencia de 26 de
septiembre de 2025, que confirmó la decisión de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda por no acreditarse todos los requisitos para
acceder a la pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985, en
el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2022-
00586-01. En ese orden, se revocará, modificará o confirmará la decisión de
tutela de primer grado, según sea el caso.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
21. La Sala revocará la decisión de primera instancia que negó el amparo
solicitado por la parte actora, para, en su lugar, declararla improcedente
por no superar el requisito de relevancia constitucional, por lo siguiente:
22. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional13.
23. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
13 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
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Radicación:11001-03-15-000-2026-02635-01
Accionante: Wilson Rodríguez Maturana
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedencia
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que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto14; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario15 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad16.
24. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202317,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.
25. Bajo este entendido, la Sala, contrario a lo observado por el juez de
tutela de primera instancia, considera que, pese a que la parte
demandante hizo referencia a que existía una vulneración de sus garantías
constitucionales, lo cierto es que tal argumento no resulta suficiente para
explicar por qué esta controversia tiene una marcada trascendencia
constitucional que amerite la intervención del juez de tutela. En todo caso,
la Sala observó que lo pretendido fue revivir un debate propio del juez
natural sobre una situación definida y consolidada. Así, buscó que, a través
de la acción de tutela, como una instancia adicional, se estudiaran
nuevamente los argumentos y pruebas de cara al tiempo de servicio
prestado para acceder a la pensión de jubilación por aportes de que trata
la Ley 33 de 1985.
26. Aunado a lo anterior, la Sala evidenció que reiteró argumentos
similares a los que expuso en el proceso ordinario. En esa medida, buscó
que, a través de la acción de tutela, se estudiara nuevamente lo
argumentado en el recurso de apelación18, es decir, utilizarla como una
14 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
15 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
16 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
17 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
18 Índice 3 del aplicativo SAMAI del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2022-00586-00.
25.RecursoApelaciónDte.2022-586.pdf: “
“Para arribar a la verdad material dentro del sub judice, se allegaron sendos documentos denominados contratos
de prestación de servicios u ordenes de prestación de servicios, donde se demuestra que el accionante prestó de
manera personal, subordinada y remunerada sus servicios como empleado público en la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL PARA ELDESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO – CODECHOCO, posteriormente como
empleado público de la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR, como docente a favor de los entes
territoriales del Departamento de Choco, del Municipio de Pereira - Risaralda y del (Departamento del Valle del
Cauca), así: (…)
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Radicación:11001-03-15-000-2026-02635-01
Accionante: Wilson Rodríguez Maturana
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedencia
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instancia adicional. Debe precisarse que, tales argumentos fueron
abordados y resueltos por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca al
resolver la segunda instancia, en los siguientes términos:
“(…)Es de anotar que los anteriores tiempos de servicio no pueden ser tenidos
en cuenta para el logro de las pretensiones, toda vez que, si bien en la
demanda fue señalado que el demandante laboró como empleado público
en Codechocó, lo cierto es que, conforme a la certificación anexa se evidencia
que fungió realmente como contratista de la entidad, debiendo precisarse que
la sentencia de unificación a aplicar en el sublite del 25 de abril de 2019 que
habilita a tener en cuenta los tiempos de OPS y el recobro de aportes por parte
del FOMAG, lo es en relación con la labor docente por la naturaleza de la
prestación del servicio y no resulta de carácter extensiva para desvirtuar las
demás relaciones contractuales con otras entidades, máxime destacando que
el OPS es una figura contractual válida, sin que este proceso sea el escenario
propicio para determinar si el demandante al interior de Codechocó cumplía o
no con los elementos de una relación laboral encubierta.
De modo que, a fin de que al actor se le tuviera en cuenta el tiempo de servicio
como contratista -no como empleado público- y determinar la aplicación de
la Ley 33 o 71 de 1988, debía haber allegado al plenario los tiempos de servicio
cotizados para dichos lapsos, sin que pueda pretender que se ordene al
FOMAG el recobro de tales aportes a Codechocó, toda vez que, el Fondo de
Prestaciones del Magisterio es una entidad de previsión exclusivamente por la
labor docente, por lo que, es posible que esa entidad efectué el cobro de
aportes a las instituciones que habiendo tenido a su servicio docentes por OPS
no realizaron las cotizaciones o las realizaron a fondos pensionales incorrectos,
empero, no respecto de otras entidades que nada se relacionan con el
ejercicio docente.
En igual sentido se resuelve respecto del tiempo laborado por el actor en la
UMATA, en el cual, al menos por el tiempo de director se puede inferir que era
empleado público, sin embargo, se reitera que, debió allegar constancia de los
tiempos cotizados ante la imposibilidad de ordenar al FOMAG, como entidad
de previsión docente, el recobro de aportes por empleos de naturaleza distinta
y a entidades ajenas al marco docente.
Respecto del tiempo de servicio certificado por la Diócesis de Istmina, Tadó –
Chocó en el que el demandante sí fungió como docente, es de advertir que no
es claro si la institución educativa era oficial o de naturaleza privada, toda vez
que, no se hace precisión al respecto, circunstancia que fue puesta de presente
por el a quo como uno de los argumentos para la negativa de las pretensiones,
sin que en el recurso de apelación se hiciera referencia alguna para aclarar la
situación y controvertir los dichos del operador judicial, por lo que no es posible
contabilizar dichos periodos para el logro de las pretensiones.
(…)
En consideración a todo lo expuesto, el demandante logró acreditar por su
labor docente, inicialmente mediante órdenes de prestación de servicios con
el municipio de Pereira (1 año, 2 meses y 29 días); con órdenes de prestación
de servicios con el Departamento del Valle del Cauca (1 año, 2 meses y 29 días)
y posteriormente como docente oficial en provisionalidad y propiedad con el
Así las cosas, atendiendo que sustancialmente el derecho a la pensión es de aquellos que está reconocido por
nuestro ordenamiento y que además, se encuentra íntimamente ligado con el derecho a la dignidad humana, le
asiste razón a mi representada a que le sea reconocida y pagada una pensión de jubilación conforme a lo
expuesto en la Ley 33 de 1985 en cuantía equivalente al 75% del salario con todos los factores salariales que
devengó durante el año inmediatamente anterior al cumplimiento del status, es decir, a partir del 15 DE ENERO DE
2020, pues se pudo demostrar en el sub lite que el accionante estuvo vinculado al sector público y como docente
con anterioridad al año 2003, en la Secretaria de Educación del Departamento del Valle del Cauca, y que además
realizó los respectivos aportes a Colpensiones y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.”
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Radicación:11001-03-15-000-2026-02635-01
Accionante: Wilson Rodríguez Maturana
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedencia
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municipio de Cartago (15 años, 2 meses y 10 días), para un total de tiempo
docente de 16 años, 11 meses y 2 días.
Conforme a las pruebas recaudadas, no cabe duda de que el demandante
cumple los presupuestos señalados en la sentencia de unificación del 25 de abril
de 2019 que exige la vinculación como docente oficial antes del 26 de junio de
2003 para la aplicación del régimen de transición de la Ley 812 de 2003 y a su
vez, acudir a normas anteriores como lo es la Ley 33 de 1985. No obstante, la
Ley 33 de 1985 exige 55 años de edad y 20 años de servicio, por lo que, si bien
el docente el 07 de febrero de 2013 alcanzó la edad requerida al haber nacido
el 07 de febrero de 1958, lo cierto es que no logró acreditar – al menos para la
fecha de la demanda- el tiempo de mínimo de 20 años de servicio para ser
beneficiario de la prestación.”
27. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
el cual puso de presente las razones por las cuales consideró que debía
confirmar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda, por considerar que no se cumplieron los 20 años de servicio para
acceder a la pensión de jubilación por aportes, de acuerdo con lo que
encontró probado en el proceso a partir de las pruebas obrantes en el
expediente y el marco jurídico aplicable.
28. Aunado a lo expuesto, la Sala advierte que, si bien el accionante
invocó un amplio precedente judicial para sostener que los períodos
laborados mediante órdenes de prestación de servicios debían computarse
para efectos pensionales, aun sin acreditarse las cotizaciones al sistema de
seguridad social, lo cierto es que tales planteamientos fueron examinados
por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca. En efecto, esa corporación
explicó las razones jurídicas y probatorias por las cuales concluyó que dicho
precedente no resultaba aplicable, en el caso concreto, a los períodos
laborados en la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible del Chocó, en la Administración Municipal de Carmen del Darién
y como docente en la institución vinculada a la Diócesis de Istmina-Tadó.
29. Al respecto, precisó que la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre
el cómputo de tiempos laborados mediante órdenes de prestación de
servicios y el recobro por parte del FOMAG cuando no sean pagados los
aportes a la seguridad social, solo resulta aplicable a quienes ejercieron
funciones docentes, por lo que no podía extenderse a los períodos
laborados en la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible del Chocó y en la Administración Municipal de Carmen del
Darién. Asimismo, indicó que el tiempo laborado en la institución vinculada
a la Diócesis de Istmina-Tadó tampoco podía computarse, porque no
estaba demostrado que se tratara de una institución educativa oficial.
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Radicación:11001-03-15-000-2026-02635-01
Accionante: Wilson Rodríguez Maturana
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedencia
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30. Además, aunque en el escrito de tutela se alegó un posible defecto
fáctico, lo cierto es que el actor no desarrolló una carga argumentativa
suficiente, pues no identificó las pruebas supuestamente omitidas o
indebidamente apreciadas, sino que se limitó a sostener que se le exigieron
elementos probatorios que, en su criterio, no eran necesarios conforme con
el precedente que invocó.
31. Lo anterior, a juicio de la Sala, fue traído a colación por la parte actora
con el fin de que se adoptara una apreciación más ajustada a sus intereses.
Se recuerda que las diferencias interpretativas que existieren entre la parte
demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí mismas, la
justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del juez ordinario
ni da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, al ser un mecanismo constitucional de amparo de
derechos fundamentales de carácter excepcional19.
32. Finalmente, vale la pena precisar que, aunque el juez de tutela de
primera instancia estimó que, frente al presunto desconocimiento de la
Sentencia de Unificación de 25 de abril de 2019, proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado20, procedía el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, la Sala no comparte tal
argumento, al considerar que no se puede exigir el agotamiento de dicho
medio de defensa judicial extraordinario respecto de un proceso ordinario
que culminó con la sentencia de segunda instancia.
2.3. Conclusión
33. Por las consideraciones expuestas, la Sala revocará la decisión de
primer grado que negó el amparo solicitado por Wilson Rodríguez Maturana,
para, en su lugar, declararla improcedente por no superar el requisito de
relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 7 de mayo de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó el
19 Corte Constitucional. Sentencia SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
20 Radicado No. 68001-23-33-000-2015-00569-01.
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Radicación:11001-03-15-000-2026-02635-01
Accionante: Wilson Rodríguez Maturana
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedencia
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amparo, para, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de
tutela presentada por Wilson Rodríguez Maturana, de conformidad con las
razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin21.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
21 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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