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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2022-00016-01

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2022-00016-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda que accedió parcialmente a las pretensiones 835 38 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Rad icado : 66001-23-33-000- 2022-00016-01 (3402-2024) De mandan te : Luis Gonzaga Jim énez Garcí a de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Luis Gonzaga Jiménez García contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: En caso de que el accionante haya formulado demanda para obtener la declaratoria de existencia de relación laboral subyacente contra los entes territoriales donde desarrolló la labor docente, la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio verificará si se generaron diferencias frente al pago de los aportes que se ordenan en virtud de esta sentencia y lo dispuesto por las respectivas autoridades judiciales. En caso de que ello sea así, deberá realizar todas las actuaciones interadministrativas pertinentes y necesarias para que se adelante el cobro a los entes empleadores, esto únicamente en los montos faltantes o en las diferencias en los aportes a pensión dejados de efectuar en beneficio del docente (si existieren luego de que el reclamante manifieste si efectuó o no cotizaciones como contratista), y en todo caso, solo en el porcentaje que le habría correspondido a la referida autoridad como empleadora de aquél, esto por los períodos de ejecución de los contratos. TERCERO: Sin condena en costas, según las consideraciones expresadas en este fallo. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI». y en esta providencia se decide el fondo del asunto.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2022-00016-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

30 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025).

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2022-00016-01 (3402-2024)
Demandante: Luis Gonzaga Jiménez García
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
Temas: Pensión de jubilación docente- cómputo de tiempo laborado
a través de contrato de prestación de servicios- Aportes
pensionales
Decisión: Confirma la decisión que accede parcialmente a las pretensiones
de la demanda.

Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandada en contra de la sentencia del 18 de abril de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió parcialmente a las súplicas
de la demanda instaurada por el señor Luis Gonzaga Jiménez García en contra
de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda y su reforma1.

2.1.1. Pretensiones.

2. El señor Luis Gonzaga Jiménez García, por intermedio de apoderada judicial
y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 solicitó la nulidad de la
Resolución 1321 de 21 de febrero de 2022 que le negó su solicitud de
reconocimiento de la pensión de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985, con el

1 Índices 3 y 5 correspondientes a la primera instancia.

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75% de lo percibido al cumplimiento del estatus jurídico, a los 55 años de edad,
es decir a partir de 16 de julio de 2018.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la entidad
demandada a reconocerle y pagarle una pensión de jubilación, equivalente al
75% de los salarios y las primas recibidas en el año anterior al cumplimiento del
estatus pensional el 16 de julio de 2018 sin que sea retirado del servicio; que se
declare que hay compatibilidad entre el salario y la pensión cuyo reconocimiento
se ordene; que se dé cumplimiento a la sentencia de acuerdo con los artículos
192 y 195 del CPACA; que se le paguen las diferencias en las mesadas dejadas
de percibir, los ajustes de valor a que haya lugar, los intereses moratorios a partir
del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y finalmente que se
condene en costas a la entidad demandada de acuerdo con el artículo 188 del
CPACA.

2.1.2. Hechos.

4. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

5. El señor Jiménez García nació el 16 de julio de 1963, por lo que a la fecha de
la presentación de la demanda contaba con más de 55 años de edad.
6. Se desempeñó ante las siguientes entidades:

• Conforme a la certificación de información laboral del 13 de julio del 2018
con número consecutivo GDCH002-02-18-012, emitida por la
Gobernación del Chocó, laboró en la Secretaría de Educación del
Departamento desde el 12 de junio del 1987 hasta el 01 de abril de 1992.
• Posteriormente se vinculó como funcionario del municipio de San José del
Palmar, Chocó, desde el 1.° de junio de 1992 hasta el 8 de julio de 1993
en calidad de secretario de Tesorería y desde el 7 de enero hasta el 17 de
agosto de 1995 en calidad de inspector municipal de policía y tránsito.

• Se desempeñó como docente a través de órdenes de prestación de
servicios en el departamento de Risaralda, en los siguientes periodos:
• Desde el 18 de mayo de 2000 hasta el 16 de junio de 2000.
• Desde el 17 de junio de 2000 hasta el 31 de agosto de 2000.
• Desde el 1.º de septiembre de 2000 hasta el 31 de octubre de 2000.
• Desde el 30 de abril de 2001 hasta el 31 de mayo de 2001.
• Desde el 4 de junio de 2001 al 15 de junio de 2001.

• Para la Secretaría de Educación del municipio de Pereira a través de
órdenes de prestación de servicios:

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• Desde el 18 de julio hasta el 21 de agosto de 2001 en el colegio
San Fernando del municipio de Pereira.
• Desde del 27 de agosto de 2001 al 23 de noviembre de 2001 para
el Instituto docente Gabriel Trujillo.
• Desde el 27 de febrero al 22 de marzo de 2002, del 1.° de abril
hasta el 30 de abril del 2002.
• Desde el 2 de mayo hasta el 28 de junio de 2002.
• Desde el 15 de julio hasta el 30 de septiembre 2002.
• Desde el 1.° de octubre hasta el 9 de diciembre del 2002 con una
prórroga de 4 días.
• Desde el 27 de enero hasta el 11 de abril del 2003, en la Institución
Docente Buenos Aires- Primaria.
• Desde el 21 de abril hasta el 20 de mayo del 2003.
• Desde el 21 de mayo hasta el 4 de julio del 2003.
• Desde el 21 de julio hasta el 20 de agosto de 2003.
• Desde el 21 de agosto del 2003 hasta el 30 de septiembre del 2003.
• Desde el 1.° de octubre hasta el 31 de octubre del 2003, para la
institución educativa Jiménez García.
• Desde el 1.° de noviembre hasta el 12 de diciembre del 2003.

• Mediante el Decreto 64 del 23 de enero de 2024, fue nombrado como
docente en provisionalidad en la institución educativa Buenos Aires del
municipio de Pereira, donde laboró desde el 26 de enero de 2004 al 30 de
junio de 2005.
• Fue vinculado a la docencia oficial en propiedad, mediante el Decreto 336
del 6 de julio de 2005, a partir del 13 de julio de 2005 hasta la fecha.
7. Al cumplir 55 años de edad y 20 años de servicio oficial, el 6 de julio de 2021
solicitó ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento
de la pensión de jubilación como lo determina la Ley 33 de 1985, con efectos
desde el 16 de julio de 2018, fecha en la que completó el estatus jurídico de
pensionado.
8. Ésta le fue denegada mediante la Resolución 1321 del 21 de febrero de 2022.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

9. Como normas vulneradas citó los artículos 1.° de la Ley 33 de 1985, 15
numerales 1.° y 2.° de la Ley 91 de 1989, 6.° de la Ley 60 de 1993, 115 de la Ley
115 de 1993, 279 de la Ley 100 de 1993, 81 de la Ley 812 de 2003; 1 .° y 2.° del
Decreto 3752 de 2003 y demás normas concordantes.

10. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que el acto acusado
incurrió en violación directa de la ley toda vez que desconoció que la labor como
docente oficial, sumada a la actividad en el sector público, acreditan los requisitos
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exigidos en la ley 812 de 2003, para que el demandante sea merecedor de la
pensión de jubilación a los 55 años de edad.

11. Además, para los servidores públicos docentes vinculados después de 1990,
se unificó el régimen de prestaciones económicas y sociales, con el resto de
empleados públicos del orden nacional. Por ende, a los docentes vinculados con
anterioridad al año 2003, se les aplican las normas anteriores a la expedición de
la Ley 812, es decir la Ley 33 de 1985 como servidores públicos regulares, o si
se trataba de docentes que tenían aportes al sector privado, la Ley 71 de 1988,
para la pensión por aportes.

12. En este caso el accionante se encuentra vinculado a la docencia con
anterioridad al 23 de junio de 2003, y a partir de ese momento se entiende como
vinculado para los efectos del cumplimiento del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

2.2. Contestación de la demanda2.

13. La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda con base
en que se le deben aplicar al demandante las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003
en atención a su fecha de vinculación del demandante al Fondo, tal como lo
dispone la Ley 812 de 2003.

14. En ese sentido, explicó que los docentes nacionalizados que se vincularon
hasta el 31 de diciembre de 1989, mantendrían el régimen que han venido
gozando en cada entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes; y
los nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, se regularían
por las disposiciones vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se
expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en dicha ley.
15. Según lo anterior, no era posible reconocer la condición de empleado público
al demandante, mientras se desempeñó bajo la modalidad de OPS, toda vez que
no existe sentencia que reconozca la relación laboral, ni la vinculación o
nombramiento del docente oficial en calidad de empleado público adscrito a la
Secretaría de Educación del departamento de Pereira.

16. En este caso, como el accionante ingresó al servicio oficial docente el 12 de
julio de 2005, no cumple con el requisito de la vinculación antes de la vigencia de
la Ley 812 de 2003 para ser beneficiario de la aplicación de la Ley 33 de 1985,
sino que su situación se rige por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

17. Formuló las excepciones de prescripción, falta de legitimación en la causa
por pasiva, «falta de integración de litisconsorcio necesario – Secretaría de
Educación de Municipio», «ineptitud sustantiva de la demanda por no

2 Índice 10 del expediente digitalizado correspondiente a la primera instancia.
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agotamiento de la reclamación administrativa», «legalidad de los actos
administrativos atacados de nulidad», «inaplicabilidad de los intereses de mora»
y «sostenibilidad financiera».

2.3. La sentencia apelada3.

18. El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 18 de abril
de 2024 declaró no probadas las excepciones de « FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA POR PASIVA Y PRESCRIPCIÓN», propuestas por la Nación- Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar
en costas.

19. En primer lugar estableció que para determinar si al docente debe aplicársele
el régimen anterior a la vigencia de la Ley 812 de 2003 –Ley 33 de 1985 o Ley
71 de 1988-, debe atenderse a la fecha de vinculación con la Nación – Ministerio
de Educación Nacional y su afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio. Pero si la vinculación se dio con posterioridad a esa fecha se debe
acudir al segundo inciso del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, en virtud del cual
el régimen pensional corresponde al de prima media establecido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003. Esto, de conformidad con la sentencia de unificación
SUJ-014 -CE-S2 -2019.

20. Luego resaltó que existe una línea jurisprudencial4 en la que se ha
considerado que la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de
servicios no desvirtúa el carácter personal de su labor, ni mucho menos es ajena
al elemento de subordinación existente con el servicio público de educación, en
razón a que al igual que los docentes empleados públicos se someten
permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes
autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus
funciones, cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y
desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el
calendario académico de los establecimientos educativos estatales en los que
trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad
sobre las formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una
protección especial por parte del Estado.

21. Concluyó entonces que los tiempos laborados por un docente con una
vinculación contractual a través de sucesivos contratos u órdenes de prestación

3 Índice 18 ibidem.
4
Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero magistrado Carmelo Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016,
dentro del proceso radicado: 23001233300020130026001 (00882015). Igualmente citó la sentencia de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero magistrado Gabriel Valbuena Hernández, dentro del proceso radicado
con el número 54001-23-33-000-2014-00363-01 (2960-2015). Sección Segunda, Subsección A, CP Gabriel Valbuena Hernández,
sentencia del 13 de febrero de 2020, radicación 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15), demandante Carmen Cecilia Matamoros
Rincón, demandado Fomag .
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de servicios con entidades públicas o a su servicio, es decir, por medio de la
figura del docente contratista, deben ser tenidos en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión.

22. Después de examinar el acervo probatorio estableció que el actor nació el 16
de julio de 1963, por lo que cumplió los 55 años el 16 de julio de 2018.

23. En cuanto al tiempo de servicios ante el departamento de Risaralda inició el
18 de mayo de 2000, a través de órdenes de prestación de servicios, por los
períodos comprendidos entre: el 18 de mayo de 2000 al 16 de junio de 2000, del
17 de julio de 2000 al 31 de agosto de 2000, del 1.º de septiembre de 2000 al 31
de octubre de 2000, del 30 de abril de 2001 al 31 de mayo de 2001 y del 4 de
junio de 2001 al 15 de junio de 2001.

24. Posteriormente, con el municipio de Pereira mediante de órdenes de
prestación de servicios se desempeñó por los siguientes períodos: del 18 de julio
hasta el 21 de agosto de 2001, del 27 de agosto de 2001 al 23 de noviembre de
2001, del 27 de febrero al 22 de marzo de 2002, del 1.° de abril hasta el 30 de
abril del 2002, del 2 de mayo hasta el 28 de junio de 2002, del 15 de julio hasta
el 9 de diciembre del 2002, del 27 de enero hasta el 11 de abril del 2003, del 21
de abril del 2003 hasta el 20 de mayo del 2003, del 21 de mayo hasta el 4 de julio
del 2003, del 21 de julio hasta el 20 de agosto de 2003, del 21 de agosto del 2003
hasta el 30 de septiembre del 2003, del 1 de octubre hasta el 31 de octubre del
2003 y del 1.° de noviembre hasta el 12 de diciembre del 2003.

25. Luego, con el mismo ente territorial con nombramiento en provisionalidad
desde el 26 de enero de 2004 hasta el 29 de junio de 2005, y en propiedad desde
el 13 de julio de 2005 hasta el 6 de julio de 2021, que fue la fecha de expedición
de la certificación allegada.

26. Estableció que adicional a la labor docente laboró para la Gobernación del
Chocó como empleado público en la Secretaría de Educación, desde el 12 de
junio del 1987 hasta el 1.° de abril de 1992 y para el municipio de San José del
Palmar, como empleado público en calidad de secretario de Tesorería, desde el
1.° de junio de 1992 hasta el 8 de julio de 1993, y como inspector municipal de
Policía y Tránsito desde el 7 de enero hasta el 17 de agosto de 1995.

27. De acuerdo con ello concluyó que el actor prestó sus servicios como docente
para el departamento de Risaralda y el municipio de Pereira por contratos de
prestación de servicios, y como empleado público en virtud de nombramiento en
provisionalidad y propiedad, lo que arrojaba 22 años y 9 meses de servicios.
28. Además, de acuerdo con la fecha de vinculación a la docencia oficial (18 de
mayo de 2000), cumplía con las condiciones establecidas en la Ley 812 de 2003,
para efectos de la aplicación del régimen anterior previsto en la Ley 99 de 1989
y en la Ley 33 de 1985, que consagra el derecho a la pensión de jubilación a los
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55 años de edad y 20 años de servicio oficial, reservado, en el caso de los
docentes oficiales, para aquellos vinculados al servicio estatal antes del 27 de
junio de 2003, presupuestos legales con los que acreditó el actor, el 16 de julio
de 2018, cuando cumplió 55 años de edad.

29. En lo atinente a los factores salariales, durante los años 2017 y 2018 percibió
asignación básica, prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones,
bonificación pedagógica, bonificación mensual docente y horas extras; por lo que
solo podían incluirse en la base de la liquidación de la pensión de jubilación, la
asignación básica y las horas extras.

30. En cuanto a la compatibilidad pensional estableció que conforme al artículo
5.° del Decreto 224 de 1972, el disfrute de la pensión de jubilación no es
incompatible con el ejercicio de empleos docentes, lo que se traduce en que los
educadores pueden percibir la pensión de jubilación y el salario. En
consecuencia, los docentes están exceptuados de la prohibición de recibir doble
asignación del tesoro público, por cuanto, el referido decreto permite la
compatibilidad entre las prestaciones pensionales y las asignaciones derivadas
del ejercicio de la actividad docente, salvedad que se justifica en favor de los
docentes del sector público en razón del régimen especial que los rige en materia
prestacional, en concordancia con la Ley 60 de 1993, artículo 6.º.

31. Finalmente ordenó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio reclamar las cuotas partes que en efecto correspondan a cada una de
las entidades de previsión frente a las cuales el libelista realizó las cotizaciones,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2.° de la Ley 33 de 1985, ello porque no
obraba prueba de las respectivas cotizaciones en pensiones realizadas por el
actor y su empleador durante dicho interregno a los fondos de pensiones
respectivos.

32. De acuerdo con lo anterior declaró la nulidad del acto demandado y ordenó
lo siguiente a título de restablecimiento del derecho:

«3. Como consecuencia de la declaración que antecede y, a título de restablecimiento
del derecho, SE CONDENA a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, a reconocer y pagar, en favor del señor Luis
Gonzaga Jiménez García , a partir del 17 de julio de 2018, día siguiente a la
adquisición del estatus pensional, la pensión de jubilación a que tiene derecho de
conformidad con los preceptos de las Leyes 33 de 1985, en concordancia con la Ley
62 de 1985, en un monto equivalente al 75% del promedio de los salarios percibidos
y que sirvieron de base para los aportes y/o cotizaciones previstos en la Ley 62 de
1985, durante el último año de servicios anterior al status pensional, esto es, entre el
16 de julio de 2017 al 15 de julio de 2018.Todo de conformidad con los parámetros
indicados en la parte considerativa de esta providencia.

4. Se condena a la demandada Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG a efectuar los ajustes de valor
sobre las sumas que resulten a favor del demandante según el Índice de Precios al
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Consumidor de conformidad con el artículo 187 del CPACA. y atendiendo lo señalado
en la parte considerativa de este proveído.

5. La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, deberá adelantar las actuaciones interadministrativas pertinentes y
necesarias para que se adelante el cobro respectivo, únicamente de las sumas
faltantes por concepto de cotizaciones a pensión pendientes del demandante (si
existieren) y, en todo caso, solo en el porcentaje que le habría correspondido a la
referida autoridad como empleadora de aquél, esto por los períodos durante los
cuales se evidenció una relación laboral subrepticia basada en sendas relaciones
contractuales a través de contratos de prestación de servicios celebrados con el
departamento de Risaralda por los períodos comprendidos entre el 18 de mayo de
2000 al 16 de junio de 2000, del 17 de julio de 2000 al 31 de agosto de 2000, del 1º
de septiembre de 2000 al 31 de octubre de 2000, del 30 de abril de 2001 al 31 de
mayo de 2001, y del 4 de junio de 2001 al 15 de junio de 2001; y con el municipio
de Pereira, del 18 de julio hasta el 21 de agosto de 2001, del 27 de agosto de 2001
al 23 de noviembre de 2001, del 27 de febrero al 22 de marzo de 2002, del 01 de
abril hasta el 30 de abril del 2002, del 02 de mayo hasta el 28 de junio de 2002, del
15 de julio hasta el 9 de diciembre del 2002, del 27 de enero hasta el 11 de abril del
2003, del 21 de abril del 2003 hasta el 20 de mayo del 2003, del 21 de mayo hasta
el 4 de julio del 2003, del 21 de julio hasta el 20 de agosto de 2003, del 21 de agosto
del 2003 hasta el 30 de septiembre del 2003, del 1 de octubre hasta el 31 de octubre
del 2003 y del 01 de noviembre hasta el 12 de diciembre del 2003.

En todo caso, si ello no se acredita, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio -Fomag- estará autorizado a descontar de las sumas adeudadas al
docente, los valores equivalentes al porcentaje de cotización en el monto legal que
como trabajador tuvo que haber realizado por ese mismo período para completar el
monto de la contribución a su cargo.

6. Se declara la compatibilidad de la pensión de jubilación aquí reconocida y el
salario que devenga en la actividad docente, de acuerdo con la motiva de esta
sentencia.

7. La entidad demandada Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, dará cumplimiento a la presente sentencia en
los términos referidos en el artículo 192 del CPACA.

8. NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda, por lo razonado.

9. Sin costas en esta instancia, por las razones vertidas en esta providencia .

33. El magistrado Andrés Medina Pineda aclaró voto 5 para señalar que no
compartía el contenido del numeral 5.2 de la sentencia, titulado “Contratos u
órdenes de prestación de servicios como tiempos computables para el
reconocimiento de la pensión de jubilación docente” pues consideró que el
énfasis debió realizarse en los efectos del artículo 38 de la Ley 715 de 2001 para
el caso concreto, lo que habilitaba, al cumplir los requisitos de dicha norma, tener
como vinculado en provisionalidad al demandante y de allí derivar las
consecuencias pensionales, con las que sí estaba de acuerdo.

5
Índice 20 correspondiente a la primera instancia.
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2.4. Recurso de apelación

34. La apoderada del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio6 presentó recurso de apelación, en el que, de manera confusa,
esgrimió varios argumentos, algunos de los cuales no guardan relación con la
causa que acá se discute. Los que sí atañen al caso, se sintetizan de la siguiente
manera:

35. En su escrito sostuvo en primer lugar que disentía de la declaración de
compatibilidad de la pensión cuyo reconocimiento se ordenó y el salario percibido
por el docente. Esto porque en materia de pensión ordinaria de jubilación los
docentes no disfrutan de ninguna particularidad en su tratamiento, de acuerdo
con las normas que regulan su actividad7; además, a pesar de lo preceptuado
por el Estatuto Docente (Decreto ley 2277 de 1979), los educadores oficiales
tienen el carácter de empleados oficiales de régimen especial, esto únicamente
frente a las materias que regula el mencionado Estatuto, es decir, que en lo que
remite a la pensión ordinaria de jubilación no ostentan ningún tratamiento
particular.

36. Según la apoderada no es compatible que un docente vinculado a la docencia
oficial con posterioridad a la entrada en vigor la Ley 812 de 2003, devengue
simultáneamente pensión de vejez y salario en el desarrollo de la actividad
docente; esto porque el artículo 81 de la mencionada ley señala que el régimen
salarial para los que se vinculen a partir de la vigencia de dicha norma será el
decretado por el Gobierno Nacional. Además, la Constitución Política en su
artículo 128 establece la prohibición de recibir más de una asignación que
provenga del tesoro público, por tanto, siendo un principio constitucional el
docente no tiene derecho al reconocimiento de pensión de jubilación y devengar
salario.

37. Luego reiteró el argumento de la contestación según el cual el artículo 81 de
la Ley 812 de 2003 estableció que aquellos docentes vinculados o afiliados a
partir de la entrada en vigencia de la norma en mención, el 27 de junio de 2003,
gozarían de lo establecido en el Sistema General de Pensiones, mientras que los
vinculados con antelación a dicha normatividad, el régimen aplicable es el
consagrado en la Ley 91 de 1989, normatividad que a su vez permitió la
aplicación de las Leyes 33 de 1985, 62 de 1985 y Decretos 3135 de 1968, 1848
de 1969 y 1045 de 1978, puesto que fueron excluidos de la aplicación del sistema
general de pensiones, criterio expuesto en la Ley 812 de 2003, fue ratificado por
en el Acto Legislativo 001 de 2005.

6
Índice 21 ibidem.
7
Al efecto citó una sentencia del Consejo de Estado, « de 1 de julio de 2022» pero no indicó
radicado ni ponente.
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38. En línea con lo anterior, sostuvo que la parte demandante no tiene derecho
al reconocimiento de la pensión de jubilación por la Ley 33 de 1985, toda vez que
su vinculación o afiliación al FOMAG surge con posterioridad al 27 de junio del
año 2003, es decir, durante la vigencia de la Ley 812 del año 2003, según su
artículo 81. En consecuencia, al existir una vinculación a partir del 2003, al
demandante se le deben aplicar los preceptos establecidos en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, frente a los cuales no cumple con las 1300 semanas
exigidas.

39. Además, no es posible reconocer estatus de empleado público al
demandante, en tiempos trabajados bajo la modalidad de OPS, toda vez que no
existe sentencia que reconozca la relación laboral, ni la vinculación o
nombramiento del docente oficial en calidad de empleado público adscrito a la
Secretaría de Educación del Departamento de Pereira.

40. Se refirió a la aplicación de la Ley 71 de 1988 para señalar que «ante el
traslado de un régimen pensional por otro, en un eventual regreso, se deben
aplicar las normas vigentes de dicho régimen pensional al momento de su
reintegro. Es decir, que si el docente se retiró del FOMAG, ante su eventual
regreso, con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 812 de 2003, al
docente le deben aplicar las normas vigentes a la fecha de su ingreso, no las
normas que le eran aplicables cuando realizó las primeras cotizaciones al
FOMAG» y con base en la sentencia C- 789 de 2002, no se puede dar aplicación
a la Ley 71 de 1988 en el caso concreto por cuanto atenta contra el principio de
sostenibilidad financiera.

41. Luego citó el artículo 10.° del Decreto 1045 de 1978 para señalar que hubo
solución de continuidad cuando medien más de quince días hábiles de
interrupción en el servicio a una y otra entidad. Sin embargo, no aludió a ningún
contrato de prestación de servicios o vinculación del demandante.

42. Indicó que, en gracia de discusión, de confirmarse la sentencia respecto de
los factores salariales a tener en cuenta para conceder la prestación, en virtud de
los principios de solidaridad y sostenibilidad financiera, debe mantenerse el
descuento al demandante respecto de los aportes y/o cotizaciones que deberán
corresponder con los factores salariales que se consideren para liquidar la
prestación.

43. Finalmente manifestó que no era procedente que se le impusiera condena en
costas de manera objetiva, toda vez que la actuación de la parte estuvo de
acuerdo con lo señalado por la Ley 91 de 1989 reconociendo los factores
salariales taxativamente consagrados.

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2.5. Alegatos de segunda instancia

44. Tanto las partes como el agente del Ministerio Público guardaron silencio en
esta oportunidad.

45. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

46. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 8 de la Ley 1437 de 2011.

47. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

3.2. Problemas jurídicos

48. En esta oportunidad, le corresponde a la Sala determinar ¿si el señor Luis
Gonzaga Jiménez García tiene derecho a que su labor como docente a través de
órdenes de prestación de servicios le sean computada para que la pensión de
jubilación le sea reconocida a la luz de la Ley 33 de 1985? En caso de que la
respuesta al anterior interrogante sea afirmativa deberá determinar si ¿es
compatible el salario con la pensión de jubilación cuyo reconocimiento se
ordena?.

49. Para desatar la cuestión litigiosa la Sala se referirá al (i) Régimen pensional
aplicable a los docentes oficiales. Sentencia de Unificación del 25 de abril de
2019, (ii) La vinculación docente a través de contratos de prestación de servicios.
Tiempo computable para el reconocimiento pensional; (iii) la compatibilidad entre
la pensión de jubilación docente y el salario y se verificará el acervo probatorio
en el caso concreto.

3.3. Primer problema jurídico. ¿El señor Luis Gonzaga Jiménez García tiene
derecho a que su labor como docente a través de órdenes de prestación de

8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».

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servicios le sean computada para que la pensión de jubilación le sea
reconocida a la luz de la Ley 33 de 1985?

50. Antes de abordar el fondo del asunto es menester precisar que en el presente
proyecto no se analizará el tema del contrato realidad, sino la posibilidad de tener
en cuenta para el reconocimiento pensional los periodos por contratos de
prestación de servicios como docente.

3.3.1. Régimen pensional aplicable a los docentes oficiales. Sentencia de
Unificación del 25 de abril de 2019.

51. Mediante sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 la Sección Segunda
del Consejo de Estado9 unificó su criterio en torno a la forma de liquidar la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes, prevista en la Ley 91 de 1989, oportunidad
en la cual determinó las siguientes reglas jurisprudenciales:

«a. Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan
del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos
del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, y por tanto los factores en sus
liquidaciones pensionales son aquellos sobre los que efectuaron los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y, por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los señalados en el citado artículo.

b. En el caso de los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, se les debe aplicar el régimen pensional de prima media establecido
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.
Para la liquidación pensional los factores que se deben incluir en el ingreso base
de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones.»

52. A las anteriores conclusiones arribó la Sección Segunda de esta Corporación
previos los siguientes razonamientos:

«[…]

51. En criterio de la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y
sobre los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de
la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en el
mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de
la pensión de jubilación de los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985
son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

9Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019.

Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17).
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53. La Ley 91 de 1989 estableció en el artículo 8º un esquema de cotizaciones o
aportes de la Nación como empleadora, y de los docentes como trabajadores, distinto
al de los empleados públicos del orden nacional. En el mencionado artículo 8º, que
contiene los recursos con los que se financia el Fomag, se incluyeron en los
numerales 1 y 3, el 5% del sueldo básico mensual del personal afiliado al Fondo, y el
8% equivalente al aporte de la Nación sobre “los factores salariales que forman parte
del rubro de pago por servicios personales de los docentes”, respectivamente.

[…]

62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación
para los servidores públicos del orden nacional previsto en la
Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son
solo los factores sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a
los enlistados en el mencionado artículo.

63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

64. De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta
disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso
base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores
sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

65. La regla que rige para el ingreso base de liquidación en la pensión de jubilación
de los docentes es la prevista en la Ley 33 de 1985 en cuanto a periodo y factores.
Lo que quiere decir que el periodo es el de un (1) año y los factores son únicamente
los que se señalan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3º
de la Ley 33 de 1985.

66. Los docentes, como ya lo precisó la Sala, están exceptuados del Sistema General
de Pensiones, por lo que no les aplica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que
establece un régimen de transición y fija reglas propias para el Ingreso Base de
Liquidación al disponer que: “El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las
personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para
adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor según
certificación que expida el DANE”. Por la misma razón, tampoco les aplica la regla
sobre Ingreso Base de Liquidación prevista en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993

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que fija en 10 años el periodo que se debe tomar para la liquidación de la mesada
pensional.

67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a
partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir
del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige
por las siguientes reglas:

✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base
para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o
realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.»
Destacado fuera del texto original.

53. A través de la sentencia citada, se precisó que, según el parágrafo transitorio
del Acto Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes prestacionales que
regulan el derecho a la pensión de jubilación para los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial, que
dependerá de la fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite
cada docente, para tal efecto distinguió lo siguiente:

a) El derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a
partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33
de 1985, se rige por las siguientes reglas: 55 años de edad, 20 de servicios
y 75% de los factores previstos en la Ley 62 de 1985.

b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. Para este personal, el ingreso base de liquidación se rige por lo
previsto en la Ley 100 de 1993, con los factores señalados por el Decreto
1158 de 1994, sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.

54. Como se advierte, por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas
fijadas en ésta tienen valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos
los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial
a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
55. De tal manera, bajo dicha posición jurisprudencial se analizará el asunto de
la referencia.
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3.3.2. Vinculación docente a través de contratos de prestación de servicios.
Tiempo computable para el reconocimiento pensional.

56. Esta Subsección en múltiples pronunciamientos ha tenido en cuenta el tiempo
laborado por el docente mediante contratos de prestación de servicios para el
reconocimiento de prestaciones de carácter periódico, como es el caso de la
pensión gracia, bajo las siguientes consideraciones:

«En el presente caso, el actor arguye en su recurso de apelación que cumple con
los requisitos para acceder al beneficio de la pensión gracia, pues tal «[…] como
consta en la certificación laboral expedida por la autoridad competente que d[a] fe
[de] los servicios prestados por los docentes bajo la modalidad de contratos u OPS
se prueba la relación laboral y la continuidad en la misma, que se prolonga hasta
la actualidad, ahora nombrad[o] legalmente; sin que deban exigirse o tramitarse
otros tipo[s] de pruebas para el efecto, por lo cual tampoco es esencial que para
acudir a la vía judicial, que el [… interesado] haya pedido en vía gubernativa a la
entidad demandada la declaratoria de la relación laboral en este tipo de contrato».

En cuanto a la referida inconformidad, hay que decir que le asiste razón en la
medida en que resulta irrelevante que algunos de los períodos relacionados en la
certificación del 23 de julio de 2010 (f. 26), el accionante los haya laborado a través
de órdenes de prestación de servicios y no en propiedad, ya que el ordenamiento
que regula la prestación reclamada no establece esa condición negativa para el
cómputo de los años de servicios, pues resulta suficiente que el interesado
demuestre haber servido al Magisterio como docente departamental, municipal o
distrital en diversas épocas, para que los tiempos laborados puedan ser tenidos en
cuenta en el monto del mínimo requerido (20 años).

Para la Sala, esa modalidad de vinculación no es ajena a quienes se incorporen a
la planta docente de las entidades territoriales en propiedad, ya que las funciones
que cumplen unos y otros son «[…] similares en el campo educativo y, en
consecuencia, [el vinculado mediante contrato de prestación de servicios también]
está obligado a acreditar iguales condiciones de formación y experiencia. Ello, por
supuesto, descarta que la ley y las propias instituciones, dentro de la autonomía
de que gozan para darse sus propios estatutos, puedan establecer regímenes
restrictivos que desconozcan el derecho de los docentes ocasionales […], a
percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico para todos los
trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en proporción al
tiempo laborado»10.

De igual forma, en lo que respecta a este tipo de vinculación, en particular cuando
se trata de maestros, la Corte Constitucional es del criterio que la «[…] primacía
de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales, es un principio constitucional […]» 11, y si el intérprete judicial, «[…] en
un caso concreto, decide, porque lo encuentra probado, otorgarle a un docente-
contratista el carácter de trabajador al servicio del Estado, puede hacerlo con base
en el artículo 53 de la CP […]»12.

En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor

10 Sentencia C-517 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
11 Sentencia C-555 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
12 Ibidem.
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desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios desentraña una
verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se
insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un
específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia.

Por tanto, la Sala valida el tiempo laborado por el accionante como docente
mediante contratos de prestación de servicios, para que sea contabilizado con el
ejercido en propiedad, circunstancia que le permite, previo estudio de su caso
particular, acceder al reconocimiento de la pensión gracia.”13

57. Esta misma decisión se adoptó por parte de la Subsección B14, Sección
Segunda, donde atendió a los tiempos laborados a través de contratos de
prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión gracia dentro de un
mismo proceso judicial, al señalar:

«[…] conforme a los precedentes que sobre la materia ha debatido recientemente
esta corporación, se han validado esos períodos para que sean computados con
el ejercido en propiedad, en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre
las formalidades, dado que esa situación particular desentraña una verdadera
relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla, y porque los
maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación cumplen similares
funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y
reglamentario y, además, porque deben acreditar iguales condiciones de
formación y experiencia15.»

58. Igualmente la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia de
unificación jurisprudencial de 25 de agosto de 201616 estableció que la
vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no
desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al
elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en
razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten
permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes
autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus
funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii)
desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el
calendario académico de los establecimientos educativos estatales en los que
trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejero

ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. Bogotá, d. C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 54001-23-33-000-2012-00180-01(1706-15).
14 Subsección B, consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, Bogotá, D. C., Bogotá, D. C., veintitrés (23)

de febrero de dos mil diecisiete (2017), Radicación número: 15001-23-31-000-2012-00276-01(2922-15).

15 En el mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo,
sección segunda, subsección B, sentencias (i) del 1º de diciembre de 2016, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014); (ii) del 1º de diciembre de 2016, radicación 15001-23-31-000-2010-01554-01
(3333-2015); y (iii) del 23 de febrero de 2017, radicación 7000123-33-000-2013-00205-01 (3183-2014). M.P.
Carmelo Perdomo Cuéter.
16 Ver sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Dr. Carmelo

Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 23001233300020130026001
(00882015).
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sobre las formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una
protección especial por parte del Estado.

59. Adicionalmente, en materia de aportes pensionales, la aludida sentencia de
unificación de la Sección Segunda de esta Corporación 17, precisó que frente a
los aportes para pensión no opera el fenómeno de prescripción, en atención
a la condición periódica del derecho pensional que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales,
al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno,
por tener el carácter de emolumentos económicos temporales. Así las cosas,
precisó lo siguiente:

«[…] En este orden de ideas, las reclamaciones de los aportes pensionales
adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad,
por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, están
exceptuadas no solo de la prescripción extintiva sino de la caducidad del
medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del
CPACA)30, y por ende, pueden ser solicitados y demandados en cualquier
momento, puesto que la Administración no puede sustraerse al pago de los
respectivos aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello
puede repercutir en el derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas y
acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee quien ha servido al Estado
mediante una relación de trabajo.
Consecuentemente, tampoco es exigible el agotamiento de la conciliación
extrajudicial como requisito previo para demandar a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, dado· que al estar involucrados en este
tipo de controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables
(cotizaciones que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su vez
comportan el carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables (condición que
prevé el numeral 1 del artículo 161 del CPACA para requerir tal tramite 31), en
armonía con el principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial».

60. Específicamente frente a la pensión de jubilación, esta Subsección en
sentencia de 6 de febrero de 202018, explicó que el pronunciamiento que se
efectúe en el proceso ordinario de reconocimiento pensional con inclusión de
tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios puede darse
en dos escenarios con connotaciones diferentes:

(i) El primero, referido al caso en que se persiga la declaración de
existencia del contrato realidad con todas sus connotaciones laborales
y prestacionales, evento en el que debe darse previamente el
agotamiento de la vía administrativa y convocar como demandada a la
entidad con la cual se suscribieron los contratos, a efectos de

17 Proceso radicado 23001233300020130026001 (00882015).
18 Proferida dentro del proceso radicado 54001-23-33-000-2014-00363-01 (2960-2015), Accionante: Carlos
Isidro Díaz Lizarazo, con ponencia del consejero Gabriel Valbuena Hernández.

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garantizar el derecho al debido proceso de la entidad responsable y así
mismo el total cumplimiento de la sentencia.

(ii) El segundo escenario se presenta en los casos en que únicamente se
persigue el cómputo de los periodos laborados a través de contratos
de prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión de
jubilación, evento en el que es posible que el proceso ordinario se
adelante únicamente con la comparecencia de la entidad de previsión.
Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se reglamenta el
Decreto 3135»19 permite la acumulación de tiempos de servicio con la
posibilidad de exigir la cuota parte de las otras entidades oficiales, al
indicar que la pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y
pagará al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual
estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por
la ley y que en los casos de acumulación de tiempo de servicios la
entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y
empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional
que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de
aquellas.

61. Al resolver el caso concreto en la citada decisión de 6 de febrero de 202020
se reconocieron los tiempos laborados a través de contratos de prestación de
servicios para efectos del reconocimiento de pensional, donde se estimó lo
siguiente:

«[…]

19 «ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión.

1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad
de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por
la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida para tal fin, o
por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de tiempo
de servicios y edad señalados para el goce de la pensión.
2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del
servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará directamente por la última entidad o empresa oficial
empleadora.
3. En los casos de acumulación de tiempo de servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto,
la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene
derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad
proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas.
En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921 de 1948 y,
si transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se refiere el artículo 3o. del citado decreto
la entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamente legal,
se entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de
la pensión.
El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad correspondiente reciba el
proyecto de reconocimiento de la pensión.» (Negrilla de la Sala).

20 Proferida dentro del proceso radicado 54001-23-33-000-2014-00363-01 (2960-2015), Accionante: Carlos
Isidro Díaz Lizarazo, con ponencia de quien se ocupa de esta providencia.
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Para este caso, se encuentra probado que el demandante cuenta con más de 64
años21, por lo que no se compadece con los postulados constitucionales que
imponen la protección de las personas de la tercera edad por parte del Estado,
exigirle la presentación de un nuevo proceso ordinario para demandar el
reconocimiento pensional. Como se dijo, tales usuarios de la justicia deben ser
objeto de mayores garantías para permitirles el goce y disfrute de sus derechos
fundamentales, atendiendo el tiempo extenso que podría transcurrir la resolución
de un nuevo conflicto ante la jurisdicción a través del trámite de un proceso
ordinario promovido únicamente para acreditar un mes y medio de labor, cuando,
como se dijo, en los certificados laborales se indicó que seguía laborando en el
departamento de Norte de Santander como docente y por cuanto la entidad no
refirió su desvinculación en la contestación.

Por esta razón, advierte la Sala que en este caso debe dar aplicación las reglas
establecidas en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, en tanto
constituye precedente vinculante de obligatoria aplicación «para los casos que
guardan identidad fáctica y que se encuentran pendientes de solución tanto en
vía administrativa como judicial, siempre que no se haya configurado el fenómeno
de la cosa juzgada22, como sucede en el sub judice, dado que la providencia
apelada no ha quedado ejecutoriada»23.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que el demandante tiene derecho a su
reconocimiento pensional a luz de lo señalado por la Ley 33 de 1985, y las reglas
de unificación dictadas por la Sección Segunda de esta Corporación en la
sentencia citada ut supra, […]».

62. Finalmente es de resaltar que esta Subsección en sentencia de 23 de mayo
de 2024, dentro del proceso radicado 25000-23-42-000-2019-01673-0124 (1950-
2023) estimó que los tiempos de servicios desarrollados a través de contratos de
prestación de servicios previos al año 2003, eran aptos para lograr el
reconocimiento pensional docente según las previsiones de transición del artículo
81 de la Ley 812 de 2003, que permiten aplicar la regulación anterior contenida
en los artículos 2.º, parágrafo y 15 numeral 2.º de la Ley 91 de 1989 y que remite
para efectos pensionales al régimen de los empleados públicos del orden
nacional, consagrado esencialmente en la Ley 33 de 1985. Vale la pena traer a
colación algunos de los fundamentos de dicha decisión:

«[…]
Según el marco normativo y jurisprudencial aplicable, lo primero que debe
recordarse es que las vinculaciones de un docente en interinidad, incluso bajo la
modalidad contractual de OPS, no impide considerar tales tiempos para
establecer el régimen pensional aplicable.
En realidad, en estas contrataciones el ejercicio material de la labor educativa
bajo una relación laboral encubierta, que, aunque no se declarará como tal en
este proceso por no ser parte del litigio, permite advertirla, considerarla y afirmarla

21 Como se aprecia de copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 31, que indica que el accionante

nació el 17 de mayo de 1955.
22 Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 25 de abril de 2019, Expediente:

680012333000201500569-01 (0935-2017), Demandante: Abadía Reynel Toloza, acápite «Efectos de la
decisión».
23 Sentencia de esta misma Subsección, de 6 de junio de 2019, con ponencia del Dr. Rafael Suárez Vargas,

radicación número: 05001-23-33-000-2014-02096-01(5149-16. Actor: MARÍA OFELIA ÚSUGA PÉREZ.
24 Con ponencia del consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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judicialmente para efectos prestacionales como los de la pensión ordinaria de
jubilación.
Lo expuesto se asegura en la medida en que la sola naturaleza de las funciones
ejercidas por la accionante durante el tiempo que celebró contratos de prestación
de servicios con el distrito capital de Bogotá, dan cuenta de que en atención al
principio de la realidad sobre las formalidades previsto en el artículo 53
Constitucional, y sin necesidad de concederle judicialmente la calidad de
empleada pública, aquella sí puede ser asimilada a una docente con un vínculo
oficial formal a lo largo de los lapsos enlistados.
Esto como consecuencia de la esencia propia de dicha ocupación,18 más aún
tratándose de una educadora en interinidad quien, como se planteó en el marco
normativo, finalmente cumple las mismas funciones de un profesor titular con
derechos de carrera, pues su vínculo, a pesar de ser temporal, lo que busca es
suplir la necesidad o urgencia de ocupar la vacante de un servidor público del
magisterio.»

63. De acuerdo con todo lo anterior, esta Subsección considera procedente
contabilizar el tiempo durante el cual los docentes oficiales prestaron sus
servicios al Estado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios,
para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades y en atención a la
clara línea jurisprudencial sobre la materia de esta Subsección y de la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 201625 según la cual la vinculación de docentes
bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de
su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el
servicio público de educación.

3.3.3. Caso concreto.

64. Como ya se vio, el Tribunal Administrativo de Risaralda, accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda y con ello consideró que los periodos en los
que el actor laboró bajo órdenes de prestación de servicios son computables para
el reconocimiento de la pensión solicitada; además al vincularse a la docencia en
el año 2000, con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, le son
aplicables las previsiones de la Ley 33 de 1985. De otro lado determinó que dicha
pensión es compatible con el salario percibido por su labor docente, con lo cual
su efectividad opera desde la fecha de adquisición del estatus.

65. Por su parte, la apelante indica que en este caso no puede atenderse a los
periodos laborados por contratos de prestación de servicios para determinar la
fecha de vinculación del demandante al servicio docente oficial, con lo que, si la
vinculación fue posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se le
deben aplicar las disposiciones de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
Además, que tampoco es compatible la pensión de jubilación docente con el
salario percibido.

25 Ver sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Dr. Carmelo

Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 23001233300020130026001
(00882015).
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66. Para dar respuesta a la controversia jurídica se examinará el acervo
probatorio allegado a continuación.

3.6.1. Hechos demostrados

➢ Edad del demandante: De acuerdo con copia del registro civil de
nacimiento allegado en el índice 9, folios 24 – 25 pdf26, el señor Luis
Gonzaga Jiménez García nació el 16 de julio de 1963 y por tanto cumplió
los 55 años de edad el 16 de julio de 2018.

➢ Tiempos de servicios.
Al efecto se acreditaron tres etapas:

Primera etapa: departamento del Chocó y municipio de San José del
Palmar

-Se allegó certificado expedido el 6 de julio de 2021 con número
consecutivo GDCH002-02-18-012, emitida por la Gobernación del Chocó,
que da cuenta que el señor Jiménez García laboró en la Secretaría de
Educación del departamento desde el 12 de junio del 1987 hasta el 1.°
de abril de 1992, tiempo que cotizó a la Caja de Previsión Departamental
(pág.48 archivo PDF demanda). Lo cual coincide con certificación visible
en el índice 9, folio 35 del pdf correspondiente a los antecedentes
administrativos relacionados en el expediente administrativo.

• Luego se desempeñó en el municipio de San José del Palmar, Chocó,
como secretario de Tesorería, desde el 1.° de junio de 1992 hasta el 8
de julio de 1993, y como inspector municipal de policía y tránsito desde el
7 de enero hasta el 17 de agosto de 1995, tal como lo señala la
certificación laboral de 2 de junio de 2021 expedida por el municipio de
San José del Palmar que obra en el folio 52 del PDF del archivo
correspondiente a la demanda y en el folio 39 de los antecedentes
administrativos, índice 9, de la primera instancia.

➢ A través de contratos de prestación de servicios docentes con el
departamento de Risaralda.

• Se allegó al proceso27 constancia de cumplimiento de contratos
suscrita por el profesional universitario de la Secretaría de Educación
Departamental de 3 de junio de 2003, en la que se certifica que el
demandante suscribió órdenes de prestación de servicios, para cumplir

26 Archivo correspondiente a la demanda visible en el expediente digitalizado de la primera instancia.
27
Folio 54 del archivo PDF correspondiente al archivo de la demanda ibidem.
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sus funciones como docente en diferentes centros educativos del
departamento de Risaralda, en los siguientes periodos:
o Desde el 18 de mayo de 2000 hasta el 16 de junio de 2000.
o Desde el 17 de julio de 2000 hasta el 31 de agosto de 2000.
o Desde el 1º de septiembre de 2000 hasta el 31 de octubre de 2000.
o Desde el 30 de abril de 2001 hasta el 31 de mayo de 2001.
o Desde el 4 de junio de 2001 hasta el 15 de junio de 2001.

➢ A través de contrato de prestación de servicios con el municipio de
Pereira.

• A folio 56 del pdf correspondiente a los documentos que acompañan la
demanda28 y a folios 31 y 3 de los antecedentes administrativos 29, se allegó copia
de la constancia de cumplimiento de contratos suscrita por la directora
administrativa de prestación del servicio educativo y administración de plazas
docentes de la Secretaría de Educación del municipio de Pereira, donde se indica
que el actor laboró con esa entidad territorial en los siguientes lapsos:

• Desde el 18 de julio hasta el 21 de agosto de 2001.
• Desde el 27 de agosto de 2001 al 23 de noviembre de 2001.
• Del 27 de febrero al 22 de marzo de 2002.
• Desde el 1.° de abril hasta el 30 de abril del 2002.
• Del 2.° de mayo hasta el 28 de junio de 2002.
• Del 15 de julio hasta el 9 de diciembre del 2002.
• Del 27 de enero hasta el 11 de abril del 2003.
• Del 21 de abril del 2003 hasta el 20 de mayo del 2003.
• Del 21 de mayo hasta el 4 de julio del 2003.
• Del 21 de julio hasta el 20 de septiembre del 2003.
• Del 1.° de noviembre hasta el 12 de diciembre del 2003.

28
Digitalizada en el sistema Samai, primera instancia.
29
Índice 9 de la primera instancia.
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• Esta información se complementa con certificación de órdenes de prestación de
servicios visible a folio 59 del pdf del escrito de demanda30, suscrita por el director
operativo administrativo de recursos de la Secretaría de Educación Municipal de
2 de agosto de 2015, en la que señala que el señor Jiménez García suscribió
OPS docentes por los siguientes períodos:

30
Ibidem.
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• Del 27 de enero de 2003 al 11 de abril de 2003.
• Del 23 de abril de 2003 al 4 de julio de 2003.
• Del 21 de julio de 2003 al 20 de agosto de 2003.
-Del 21 de agosto de 2003 al 30 de septiembre de 2003.
• Del 1.° de octubre de 2003 al 12 de diciembre de 2003.

-También se allegaron copias de las órdenes de prestación de servicios suscritas
por el actor con el municipio de Pereira para prestar sus servicios como docente
en el ente territorial, así:

ORDEN DESDE HASTA OBJETO FOLIO DEL
ARCHIVO PDF
Documentos
Anexos de la
demanda –
Primera
instancia
27 de agosto de 23 de noviembre Prestación de 80
2001 de 2001 servicios
docentes
22 de febrero de 22 de marzo de Ibidem 79
2002 2002
1 de abril de 2002 30 de abril de Ibidem 78
2002
2 de mayo de 28 de junio de Ibidem 77
2002 2002
15 de julio de 30 de septiembre Ibidem 76
2002 de 2002

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1 de octubre de 9 de diciembre de Ibidem 74 y 75
2002 2002 y prórroga
de 4 días
27 de enero de 11 de abril de 203 Ibidem 73
2003
21 de abril de 20 de mayo de Ibidem 72
2003 2003
21 de mayo de 4 de julio de 2003 Ibidem 71
2003
21 de julio de 20 de agosto de Ibidem 70
2003 2003
21 de agosto de 30 de septiembre Ibidem 69
2003 de 2003
1 de octubre de 31 de octubre de Ibidem 68
2003 2003
1.° de noviembre 12 de diciembre Ibidem 67
de 2003 de 2003

➢ Desempeño docente a través de relación legal y reglamentaria.

• A folios 60 y 61 de los documentos anexos de la demanda obra certificado
laboral expedido por el municipio de Pereira del 17 de julio de 2018 donde
se indica que el demandante fue vinculado a ese ente territorial en el que
consta que se vinculó como docente en provisionalidad para el municipio
de Pereira así:
o Por Decreto 64 del 23 de enero de 2004, con efectos fiscales desde
26 de enero de 2004 hasta el 29 de junio de 2005, para un total de
tiempo laborado de 1 año, 5 meses y 4 días:

• Igualmente se allegó certificado laboral suscrito por la directora de talento
humano del mismo municipio expedido el 6 de julio de 2021, en el que
consta que se vinculó como docente en propiedad para el municipio de
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Pereira mediante el Decreto 336 del 6 de julio de 2005, con efectos fiscales
desde el 13 de julio de 2005 hasta la fecha de expedición del certificado:

-
-
• para un total de 16 años y un mes (Págs. 62-63 AD 2).
-
➢ Solicitud de reconocimiento pensional:

• La demandante solicitó el reconocimiento y pago de una pensión de
jubilación mediante solicitud 2020 – PENS- 002894 de 25 de febrero de
2020, como se indica en la Resolución 0185 de 23 de septiembre de
202031.
• Por Resolución 0185 de 23 de septiembre de 2020 32, se le denegó la
solicitud con base en que el señor Jiménez García se vinculó al servicio
docente el 1.° de abril de 2005, es decir, con posterioridad a la vigencia de
la Ley 812 de 2003.

31 Visible en el folio 73 del archivo correspondiente a la demanda, que obra en el expediente digitalizado

de la primera instancia.
32 Ibidem.
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• Adicional a lo anterior se allegó copia del Decreto 336 del 6 de julio de 200533
suscrito por el alcalde del municipio de Pereira por el cual se nombra a varios
docentes en periodo de prueba, entre ellos al actor34, en la institución educativa
Matecaña del municipio de Pereira.

• Acta de posesión del 13 de julio de 200535.

➢ Reclamación Administrativa

-El 6 de julio de julio de 2021, el señor Luis Gonzaga Jiménez García solicitó ante
e Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento de
una pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985. (Folio 27 del
archivo pdf de la demanda.)

• Resolución No. 01321 del 21 de febrero de 2022, expedido por el secretario de
Educación del municipio de Pereira, por el cual se le negó al actor el
reconocimiento de la pensión de jubilación (Folios 28 y s.s. del PDF Archivo
Reforma de la demanda).

3.6.2. Análisis sustancial

67. Como ya se vio la apoderada de la entidad demandada insiste en que deben
negarse las pretensiones de la demanda por cuanto en su parecer los periodos
laborados a través de contratos de prestación de servicios no pueden ser
computados para efectos de la pensión y además la vinculación al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ocurrió en el año 2005, con lo
cual no se acreditan los aportes requeridos para la pensión.

68. No obstante, partiendo de los argumentos expuestos en el marco normativo
de esta providencia, la Sala de Subsección precisa en primer lugar que, a
diferencia de lo señalado por el apoderado, los tiempos laborados por la
demandante mediante órdenes de prestación de servicios son computables a
efectos de cumplir con el tiempo de servicios para acceder a la pensión de
jubilación como se dejó expuesto en el marco normativo y jurisprudencial.

69. Teniendo en cuenta lo anterior y de conformidad con el acervo probatorio
allegado al expediente, la Sala advierte que se encuentra demostrado que el
señor Jiménez García, nació el 16 de julio de 1963 y por tanto cumplió los 55
años de edad el 16 de julio de 2018.

33
Folios 81 y s.s. ibidem.
34
Enlistado en el número 135.
35
Folio 87 Ibidem
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70. De igual forma, está acreditado que se encuentra vinculado al servicio
docente desde el 18 de mayo de 2000 cuando ingresó por contrato de prestación
de servicios en el departamento de Risaralda esto es, con anterioridad a la
vigencia de la Ley 812 de 2003 y además, también en vigencia de la norma
continuó vinculado como se aprecia del acervo probatorio, en consecuencia,
goza del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 91 de 1989 en concordancia con
la Ley 33 de 1985.

71. Adicionalmente, como ya se analizó, la circunstancia de laborar bajo órdenes
de prestación del servicio, de ninguna manera altera el hecho de que su
vinculación al servicio docente ocurrió desde el año 2000, como quedó
debidamente probado.

72. En tal sentido, no le asiste razón a la entidad apelante frente a que no
resultaba aplicable la Ley 33 de 1985, pues como se dejó expuesto, los docentes
vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, como ocurre en
este caso, se encuentran exceptuados de la aplicación del régimen general de
pensiones allí previsto. Por tanto, la normatividad que regula la situación
pensional de la accionante es la Ley 33 de 1985, de acuerdo con el literal b) del
numeral 2° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, y los factores pensionales son
aquellos sobre los que se efectuaron los respectivos aportes, de acuerdo con el
artículo 1.º de la Ley 62 de 1985.
73. En ese orden de ideas, de acuerdo con la línea jurisprudencial fijada en la
sentencia de unificación citada en párrafos que anteceden, al demandante le son
aplicables las siguientes reglas, en virtud del régimen pensional previsto en las
Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:

✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años

✓ Tasa de remplazo: 75%
74. Así las cosas, el señor Jiménez García acreditó más de 20 años de servicios
y cumplió los 55 años de edad, como lo encontró acreditado el A quo, aspecto
que no es objeto de apelación pues la entidad discute es que los periodos
anteriores a 2003 no pueden ser tenidos en cuenta para encontrar acreditada la
vinculación simplemente porque la vinculación al magisterio oficial se hizo
mediante órdenes o contratos de prestación de servicios, pero este argumento
fue desvirtuado con las antes razones expuestas. Sin embargo, la Sala precisa
los tiempos laborados de la siguiente manera:
ENTIDAD BENEFICIARIA VINCULACIÓN TIEMPO EN DÍAS

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Gobernación del Chocó Empleado público 1730 días

Municipio de Empleado público 398 días
San José del Palmar

Municipio de San José del Empleado público 221
Palmar

Departamento de Risaralda Contrato prestación de 178
servicios docentes

Municipio de Pereira 600 días
Contrato prestación de
servicios docentes

Municipio de Pereira 514
Provisionalidad

Municipio de Pereira 4683 días hasta el 16 de julio de
Propiedad
2018 (cuando cumplió 55 años)

TOTAL 22 años y 8 meses

75. De acuerdo con lo anterior, se advierte que el señor Jiménez García acreditó
el tiempo de servicios, por tanto adquirió el estatus el 16 de julio de 2018 cuando
completó la edad exigida toda vez que ya acreditaba los 20 años de servicios
conforme lo indicó el Tribunal; esto es, teniendo en cuenta el lapso laborado bajo
la modalidad de (i) contratos de prestación de servicios, (ii) mediante vinculación
legal y reglamentaria, (iii) así como aquellos tiempos desarrollados inicialmente
como empleado público diferentes a los docentes, motivo por el cual le asiste
derecho al reconocimiento pensional de conformidad con la Ley 33 de 1985.
76. Ahora bien, en cuanto al ingreso base de liquidación, comprende i) el año
anterior a la adquisición del estatus pensional y ii) los factores que hayan servido
de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna
o en día de descanso obligatorio.

77. De acuerdo con esto, del certificado de factores salariales allegado a folio 42
y s.s. del PDF Anexos de la demanda, se desprende que en los años 2017 -2018
devengó los siguientes factores:

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78. En este caso el Tribunal concedió la pensión únicamente con la inclusión de
la asignación básica y las horas extras, argumento frente al cual la parte
demandante no interpuso recurso, por lo que la Sala no realizará ningún
pronunciamiento sobre otros factores salariales dada la competencia que le
asiste en la segunda instancia.

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79. Si bien en la apelación la entidad solicitó ordenar que se hagan los
descuentos por los factores cuya inclusión se dispuso, advierte la Sala que tal
solicitud se torna improcedente en tanto, la sentencia de primera instancia solo
incluyó los factores que fueron objeto de aportes y están enlistados en la ley.

80. En cuanto a los aportes pensionales es de anotar que dada la calidad de
contratista del demandante ante el departamento de Risaralda y el municipio de
Pereira el accionante no podía encontrarse afiliado al Fondo porque para tales
efectos debía ser nombrado y posesionado como docente oficial a través de acto
administrativo, por lo que no pudo realizar las respectivas cotizaciones a dicha
entidad de previsión en el lapso atrás indicado.

81. En todo caso, al docente le correspondía realizar los aportes a pensión en
algún fondo de previsión -diferente al FNPSM-, por los honorarios percibidos en
razón de los contratos que celebró con el ente territorial, sin embargo, no obra
prueba en el expediente que respalde tal hecho.

82. Sobre este aspecto, como ya se indicó, en la sentencia de unificación
CESUJ2 n.° 5 del 25 de agosto de 2016, esta Corporación precisó:

«[…] la Administración deberá determinar mes a mes si existe diferencia entre los
aportes que se debieron efectuar y los realizados por el contratista, y cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión
solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.

Para efectos de lo anterior, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al mencionado sistema durante su vínculo contractual y en la eventualidad
de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga
de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como
trabajador. […]»

83. De acuerdo con esta posición jurisprudencial considera acertada la decisión
del A quo en cuanto consideró que:

«[…] De este modo, si bien la entidad territorial se encontraba obligada al pago de
los aportes derivados de la relación laboral encubierta, estos implican una carga
compartida entre el empleador y el trabajador, por lo que habrá de darse aplicación
a la regla prevista en la jurisprudencia de unificación descrita, en el sentido de que
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -Fomag deberá verificar
mensualmente si se presenta alguna diferencia entre los aportes efectuados por el
entonces contratista durante el tiempo en el cual se presentó la relación laboral
encubierta dentro de sus respectivos intervalos o duración de los contratos.
Por tal razón, la presente sentencia se profiere sin perjuicio de que la Nación –
Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
realice las actuaciones interadministrativas pertinentes y necesarias para que se
adelante el cobro respectivo ante el departamento de Risaralda y el municipio de
Pereira, únicamente de las sumas faltantes por concepto de cotizaciones a pensión
pendientes del demandante (si existieren) y, en todo caso, solo en el porcentaje que
le habría correspondido a la referida autoridad como empleadora de aquella, esto
por los períodos durante los cuales se evidenció una relación laboral subrepticia
basada en sendas relaciones contractuales a través de contratos de prestación de
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servicios celebrados con el departamento de Risaralda y con el municipio de
Pereira.
En todo caso, si ello no se acredita, el Fondo demandado estará autorizado a
descontar de las sumas adeudadas al docente, los valores equivalentes al
porcentaje de cotización en el monto legal que como trabajador tuvo que haber
realizado por ese mismo período para completar el monto de la contribución a su
cargo.

84. Esto, pues es deber del demandante demostrar las cotizaciones a pensión
realizadas en su momento a cualquier entidad, por el tiempo que perduró su
relación contractual, a riesgo de que deba pagar o completar el monto que como
trabajador le correspondía abonar por ese concepto y, lo mismo sucede con la
entidad empleadora.

85. Finalmente se advierte que en este caso no operó el fenómeno de la
prescripción tal como lo determinó el Tribunal Administrativo de Risaralda
comoquiera que el demandante adquirió el estatus pensional el 16 de julio de
2018 y que radicó la reclamación administrativa el 6 de julio de 2021.

86. En efecto, si bien el acto administrativo demandado señala que la petición se
elevó en el mes de agosto de 2021, no obstante, la Sala aprecia que la solicitud
se radicó el 6 de julio de 202136:

87. De acuerdo con esto, no operó el fenómeno de la prescripción extintiva del
derecho al pago de las mesadas pensionales establecido en los artículos 41 del
Decreto 3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 1848 de 1969.

88. Como resultado de los argumentos expuestos y pruebas analizadas concluye
la Sala de Subsección que la respuesta al primer problema jurídico es afirmativa.

3.6. Segundo problema jurídico.

4.1. Compatibilidad de la pensión de jubilación y el sueldo en el caso de los
docentes.

89. En la apelación la apoderada del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio indicó que disentía de la declaración de compatibilidad de la
pensión cuyo reconocimiento se ordenó y el salario percibido por el docente. Esto
porque en materia de pensión ordinaria de jubilación los docentes no disfrutan de

36
Folio 26 del pdf de los documentos allegados con la demanda.
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ninguna particularidad en su tratamiento, de acuerdo con las normas que regulan
su actividad37; además, a pesar de lo preceptuado por el Estatuto Docente
(Decreto ley 2277 de 1979), los educadores oficiales tienen el carácter de
empleados oficiales de régimen especial, esto únicamente frente a las materias
que regula el mencionado Estatuto, es decir, que en lo que remite a la pensión
ordinaria de jubilación no ostentan ningún tratamiento particular.

90. Al respecto, es de precisar lo siguiente:

91. El artículo 64 de la Constitución Política de 1986 estableció la prohibición de
percibir más de una asignación proveniente del tesoro público o de empresas o
instituciones en que tuviera parte el Estado con excepción de los casos
dispuestos por el legislador.

92. Luego, el Decreto 1317 del 18 de julio de 1960 ratificó esa prohibición, pero
consagró algunas excepciones, entre ellas, las asignaciones provenientes de
establecimientos educativos oficiales siempre que no se tratara de docentes que
cumpliera su labor de tiempo completo.

93. Asimismo, el artículo 32 del Decreto 1042 del 7 de junio de 1978 reiteró esta
prohibición así:

«ARTÍCULO 32. De la prohibición de recibir más de una asignación. De
conformidad con el artículo 64 de la Constitución Nacional, ningún empleado
público podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro, o de
empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, ya sea en
razón de contrato, de comisión o de honorarios.

Se exceptúan de la prohibición contenida en el presente artículo las
asignaciones que a continuación se determinan:

a. Las que provengan del desempeño de empleos de carácter docente en los
establecimientos educativos oficiales, siempre que no se trate de profesorado
de tiempo completo.

[…]».

94. Posteriormente con la expedición de la Ley 91 de 1989, el legislador permitió
la compatibilidad de la pensión ordinaria de jubilación y la pensión gracia teniendo
en cuenta el carácter especial de esta última comprendida como una recompensa
por la labor docente.

95. La Constitución de 1991 en su artículo 128 mantuvo la prohibición de percibir
más de una asignación proveniente del tesoro público y prescribió la

37
Al efecto citó una sentencia del Consejo de Estado, « de 1 de julio de 2022» pero no indicó
radicado ni ponente.
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imposibilidad de desempeñar dos empleos públicos simultáneamente, en los
siguientes términos:

«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público
ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades
territoriales y el de las descentralizadas».

96. Se entiende que esta prohibición incluye no solo más de una asignación
proveniente de varios empleos públicos sino la de otras remuneraciones como
ocurre con las pensiones.

97. Esta norma fue desarrollada por el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, que
consagró:

«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.
Exceptúanse las siguientes asignaciones:

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como
asesores de la Rama Legislativa;

b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o
policial de la Fuerza Pública;

c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;

d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;

e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;

f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en
razón de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos
juntas;

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a
los servidores oficiales docentes pensionados.

PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a
más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.» Destacado
fuera del texto.

98. La excepción resaltada es aplicable tanto a los docentes pensionados
como a los que posteriormente adquieran la calidad de pensionados en los

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términos señalados por esta Corporación en sentencia del 14 de agosto de
2009 donde estudió un caso similar al que aquí se discute 38:

«Lo expuesto permite concluir que la excepción consagrada en el artículo
19 de la Ley 4 de 199239 no sólo cobija a los docentes pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a
la pensión ordinaria y/o gracia con posterioridad, dado que es
precisamente su condición de pensionados la que les permite acceder a los
beneficios consagrados en normas anteriores como el contemplado por el
artículo 5 del Decreto 224 según el cual “el ejercicio de la docencia no sería
incompatible con el goce de la pensión de jubilación”.

La excepción no está condicionada en el tiempo, como lo afirma la entidad
demandada al manifestar que ésta sólo es aplicable a los pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia, sino que debe entenderse con respecto
a los beneficios que, para la fecha de su entrada en vigencia, 18 de mayo de
1992, cobijan a los docentes que adquieran la calidad de pensionados.»
Destacado fuera del texto.

99. A propósito, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación indicó40:

«Teniendo en cuenta este antecedente, así como la legislación expedida con
posterioridad a la ley 4ª de 1992, la Sala considera que si bien es cierto ella
estableció como criterio para fijar el régimen salarial y prestacional de los
servidores aludidos, el respeto a los derechos adquiridos por los servidores del
Estado tanto de régimen general "como de los regímenes especiales" 8, como era
natural -, también lo es que el literal g) no estableció una excepción a la
prohibición, atendiendo un criterio subjetivo, derivado de la locución "beneficien a
los servidores oficiales docentes pensionados", sino uno de carácter objetivo
supeditado a la expresión "exceptuanse las siguientes asignaciones", que remite
a las disposiciones de la legislación anterior que consagraban las excepciones ya
mencionadas, esto es, la compatibilidad de devengar pensión y sueldo, o dos
pensiones -ordinaria y gracia.

Así, las locuciones citadas entre comillas se remiten a las normas que
beneficiaban a los docentes pensionados, es decir, aquéllas que permiten al
docente que disfruta de una pensión recibir otra asignación del tesoro público, y
no a los docentes que se hallaban pensionados al momento de la vigencia de la
ley 4ª de 1992, pues la excepción apunta es a las "asignaciones" y no a los sujetos
"docentes pensionados"

De esta manera, un docente se beneficia de la excepción dicha, cuando al cumplir
las exigencias legales accede a la pensión y simultáneamente tiene la posibilidad
jurídica de devengar sueldo u otra pensión, en los términos ya señalados, […]»

100. En ese sentido el artículo 5.° del Decreto 224 de 1972 señaló:

38 C o n s e j o d e E s t a d o . S e c c i ó n S e g u n d a . S u b s e c c i ó n “ B ” . R a d i c a d o N ú m.
050012331000200403824 01.
39 D e c l a r a d o e x e q u i b l e p o r l a C o r t e C o n s t i t u c i o n a l e n s e n t e n c i a C - 1 3 3 d e 1 9 9 3 .
40 C o n c e p t o N o . 1 . 3 0 5 d e 2 3 d e n o v i e m b r e d e 2 0 0 0 , M . P . D r . F l a v i o A u g u s t o R o d r í g u e z

Arc e, reit erado en concepto N o. 1459 de 29 de agosto de 2002.
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«El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión
de jubilación siempre y cuando el beneficiario de esté mental y físicamente apto
para la tarea docente, pero no se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir
sesenta y cinco (65) años de edad.» Destacado fuera del texto.

101. Es decir, para los docentes la pensión de jubilación es compatible con el
ejercicio de la docencia de tal manera que pueden recibir la prestación social y
el salario, en consecuencia, la pensión no debe estar sujeta al retiro del servicio.

102. Lo anterior no obsta para señalar que en su momento, con la entrada en
vigencia del Decreto 1278 de 200218, el Gobierno Nacional consideró necesario
contemplar un régimen de incompatibilidades para los educadores oficiales, el
cual se desarrolló a través del artículo 45 de la siguiente forma:

« Artículo 45.Incompatibilidades. Además de las establecidas en la Constitución
y en las leyes para todos los servidores públicos, el ejercicio de cargos en el
sector educativo estatal es incompatible con:

a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;

b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».

103. No obstante, la Corte Constitucional a través de sentencia C-1157 de 2003
declaró inexequible dicha norma al indicar que el legislador en el marco de sus
potestades había contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo
128 Superior en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser
modificada por el Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de
la Ley 4ª de 1992, se pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores
de percibir el salario y la pensión de jubilación de manera concomitante, ello para
nivelar sus condiciones remunerativas y la especialidad diferenciadora de su
labor dentro de la Función Pública41.

104. Como se aprecia de todo lo anterior, se encuentra ajustada a derecho la
decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, en la cual estimó que, para el
demandante vinculado al servicio docente en el año 2000, era compatible el
percibir el salario y la pensión de jubilación en los términos de la ley,
compatibilidad que opera para los docentes vinculados antes de la Ley 812 de
2003, como es el caso en estudio.

105. La Sala que no se pronunciará sobre los temas de solución de continuidad
y de aplicación al caso de la Ley 71 de 1988, el primero por cuanto en el recurso
de apelación sólo se citó el artículo 10.° del Decreto 1045 de 1978 sin indicar en
qué forma se desconoció la norma por parte del a quo en la decisión apelada. En
cuanto al presunto desconocimiento de la Ley 71 de 1988 debe señalarse que no

41
Sentencia de 22 de junio de 023 dictada por esta Subsección con ponencia del consejero Jorge Iván
Duque Gutiérrez dentro del proceso 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021).
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aplica al caso concreto comoquiera que las vinculaciones del demandante se
originaron en el sector público, como quedó ampliamente expuesto en el análisis
probatorio.

106. Ahora bien, para garantizar el efectivo cumplimiento de la condena impuesta
en este proceso, debe precisarse que en caso de que el accionante haya
formulado demanda para obtener la declaratoria de existencia de relación laboral
subyacente contra los entes territoriales donde desarrolló la labor docente, la
Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio verificará si se generaron diferencias frente a los aportes,
cuyo pago se ordena en virtud de esta sentencia y lo dispuesto por las respectivas
autoridades judiciales. En caso de que ello sea así, deberá realizar todas las
actuaciones interadministrativas pertinentes y necesarias para que se adelante
el cobro a los entes empleadores únicamente en los montos faltantes o en las
diferencias en los aportes a pensión dejados de efectuar en beneficio del docente
(si existieren luego de que el reclamante manifieste si efectuó o no cotizaciones
como contratista), y en todo caso, solo en el porcentaje que le habría
correspondido a la referida autoridad como empleadora de aquel, esto por los
períodos de ejecución de los contratos.

107. Finalmente es de señalar que el FOMAG apeló costas de primera instancia,
pero como se advirtió el Tribunal no las impuso por lo que tampoco hay lugar a
pronunciarse al respecto.

3.6. De la condena en costas en segunda instancia

108. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos
términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión
de los argumentos presentados por la entidad, no puede observarse dicha
situación, contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones jurídicas
que sustentan sus intereses y, por ende, no se condenará en costas.

109. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de abril de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda que accedió parcialmente a las pretensiones
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de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor
Luis Gonzaga Jiménez García contra la Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con
fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: En caso de que el accionante haya formulado demanda para obtener
la declaratoria de existencia de relación laboral subyacente contra los entes
territoriales donde desarrolló la labor docente, la Nación – Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
verificará si se generaron diferencias frente al pago de los aportes que se ordenan
en virtud de esta sentencia y lo dispuesto por las respectivas autoridades
judiciales. En caso de que ello sea así, deberá realizar todas las actuaciones
interadministrativas pertinentes y necesarias para que se adelante el cobro a los
entes empleadores, esto únicamente en los montos faltantes o en las diferencias
en los aportes a pensión dejados de efectuar en beneficio del docente (si
existieren luego de que el reclamante manifieste si efectuó o no cotizaciones
como contratista), y en todo caso, solo en el porcentaje que le habría
correspondido a la referida autoridad como empleadora de aquél, esto por los
períodos de ejecución de los contratos.

TERCERO: Sin condena en costas, según las consideraciones expresadas en
este fallo.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI». y en
esta providencia se decide el fondo del asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

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