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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2013-00205-01

Pensión gracia: marco normativo

Fecha
28 de marzo de 2019
Consejero ponente
Carmelo Darío Perdomo Cuéter
Citada por
33 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2013-00205-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1. Revócase la sentencia proferida el 22 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Sucre, que negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Alfredo Enrique Wilches Campo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), conforme a lo consignado en la parte motiva, y en su lugar: 1.1 Declárase la nulidad de las Resoluciones UGM 21091 del 19 de diciembre de 2011 y UGM 28422 del 23 de enero de 2012, mediante las cuales la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia del actor y confirmó esa decisión, en su orden, de acuerdo con lo dicho en la motivación. 1.2 Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la UGPP reconocer y pagar la pensión gracia al señor Alfredo Enrique Wilches Campo, identificado con cédula de ciudadanía 5.920.817, a partir del 28 de agosto de 2004, en cuantía del 75% como promedio de todos los factores salariales devengados durante el año inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional (28 de agosto de 2003 a 28 agosto de 2004), con efectos fiscales desde el 30 de julio de 2008, en virtud del fenómeno jurídico de la prescripción trienal, en atención a las consideraciones de esta providencia. 1.3 La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber: R = Rh. índice final índice inicial 1.4 La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA. 2. Sin condena en costas a la parte demandada en ambas instancias. 3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 70001-23-33-000-2013-00205-01

Consejero ponente: Carmelo Darío Perdomo Cuéter

28 de marzo de 2019

PENSION GRACIA - Marco normativo / PENSION GRACIA - Veinte años de servicio como docente departamental o nacionalizado / VINCULACION - Antes del 31 de diciembre de 1980 / VINCULACION POR MEDIO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - Tiempo válido para reconocimiento de pensión gracia / BUENA CONDUCTA - No desvirtuada / PENSION GRACIA - Reconocimiento

Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta. El demandante ha laborado como docente durante más de veinte (20) años en instituciones educativas de carácter departamental, sin embargo, se advierte que desde el 1º de enero de 1986 hasta el 31 de diciembre de 1991, lo hizo vinculado a través de contratos de prestación de servicios, motivo por el cual la entidad accionada no accedió al reconocimiento pensional y el juez de primera instancia negó las pretensiones de la demanda de la referencia, pues, según aducen, estos períodos no son válidos para tenerlos en cuenta con el propósito de obtener la pensión gracia. Contrario lo dispuesto por el a quo, valida el tiempo laborado por el accionante como docente mediante contratos de prestación de servicios, para que sea contabilizado con el ejercido en propiedad, circunstancia que le permite, previo estudio de su caso particular, acceder al reconocimiento de la pensión gracia. El demandante acreditó plenamente el tiempo de servicios exigido para el reconocimiento pensional aquí deprecado, esto es, haber laborado como docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años. El demandante acreditó plenamente los requisitos necesarios para acceder a la pensión gracia, como son el haber prestado los servicios como docente nacionalizado y territorial por veinte (20) años, alcanzados el 28 de agosto de 2004, fecha en la que adquirió su estatus pensional, vinculado antes del 31 de diciembre de 1980 (30 de septiembre de 1974), contar con 50 años de edad (pues los cumplió el 15 de noviembre de 2001) y observar una buena conducta en su desempeño como docente, razón por la que resulta procedente su reconocimiento y, por lo tanto, acceder a las pretensiones de la demanda.

FUENTE FORMAL: LEY 114 DE 1913

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION “B”

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUETER

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 70001-23-33-000-2013-00205-01(3183-14)

Actor: ALFREDO ENRIQUE WILCHES CAMPO

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. RECONOCIMIENTO PENSIÓN GRACIA; VINCULACIÓN A LA DOCENCIA OFICIAL ANTERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980 A TRAVÉS DE ÓRDENES DE SERVICIO; Y CAUSAL DE MALA CONDUCTA REQUISITOS PARA SU CONFIGURACIÓN.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante (ff. 182 a 191) contra la sentencia proferida el 22 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Sucre (ff. 149 a 163), mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 24 a 33). El señor Alfredo Enrique Wilches Campo, a través de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones UGM 21091 de 19 de diciembre de 2011 y UGM 28422 de 23 de enero de 2012, originarias de la extinguida Caja Nacional de Previsión Social, por medio de las cuales se le negó el reconocimiento de la pensión gracia y se confirmó esa decisión, en su orden.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la accionada reconocer la pensión gracia a la que tiene derecho.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que el 30 de julio de 2011 «[…] solicitó el reconocimiento y pago de la pensión Gracia, de conformidad con la[s] Ley[es] 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933», lo cual le fue negado con Resolución UGM 21091 de 19 de diciembre de 2011, confirmada por la UGM 28422 de 23 de enero de 2012, bajo el argumento de que «[…] no cuenta con los ve[i]nte (20) años de servicio y además que se le ejecutó una sanción disciplinaria, consistente en la suspensión en el ejercicio del cargo por dos (2) meses».

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por los actos administrativos demandados los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la Constitución Política, 1º, 3º y 4º de la Ley 114 de 1913, 6º de la Ley 116 de 1928, 3º del Decreto 81 de 1976, 3º del Decreto ley 2277 de 1979 y 15 de la Ley 91 de 1989.

Aduce que los tiempos en que laboró como docente entre el 9 de septiembre de 1974 y el 19 de mayo de 1976, desde el 19 de mayo de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1991 y del 17 de febrero de 1992 al 11 de agosto de 2004, se encuentran reconocidos por la demandada, sin embargo, esta desconoció el interregno trabajado entre el 11 de agosto de 2004 y el 19 de febrero de 2006, el cual «[…] se puede constatar en el Certificado de Servicio, en el cual se relaciona en la parte de las novedades que regresa a su base, es decir, a la Institución Educativa Mariscal Sucre - Sampués[,] con [R]esolución Nº del 05 de diciembre de 2001, con fecha de posesión 21 [de los mismos mes y año] y fecha final 19 de febrero de 2006».

Que «[u]na vez más se equivoca la parte pasiva, en negar[le] la pensión gracia […], aduciendo una sanción de dos meses que se presentó desde el 23 de [a]bril de 2010 y hasta el 23 de junio de 2010. La apreciación realizada por la entidad, carece de fundamento legal, toda vez que, si bien es cierto que […] fue sancionado en el año 2010[,] a la fecha ya había cumplido con creces el tiempo de servicio exigido sin ninguna sanción o inhabilidad».

Dice que «[…] aun cuando […] fue sancionado, este hecho no debe tener repercusión alguna, ni afectar el reconocimiento y pago de la pensión gracia, ya que, de conformidad con la cosa juzgada del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, toda persona que sea sindicada tiene derecho a no ser juzgada dos veces por el mismo hecho […]».

1.5 Contestación de la demanda (ff. 84 a 88). La entidad demandada, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones; respecto de los hechos afirma que algunos son ciertos y otros no; y asevera que «[…] el accionante no se encuentra asistido del derecho a que [la UGPP] le reconozca la pensión gracia, toda vez que no cumple con el requisito de los 20 años al servicio de la docencia como docente del orden territorial, habida cuenta que en certificación de tiempos de servicio expedida por la oficina de recursos humanos de la secretaría de educación del departamento de Sucre, se puede constatar que la vinculación del actor como docente efectuada a partir de día 17 de febrero de 1992 hasta la fecha es de orden nacional; tiempo que no podrá ser tenido en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia […]».

1.6 Providencia apelada (ff. 149 a 163). El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia de 22 de mayo de 2014, negó las súplicas de la demanda y condenó en costas al demandante, al considerar que este «[…] laboró como docente, bajo la modalidad de cátedra externa, vinculado a través de ‘autorización de prestación de servicios’, desde el 27 de mayo de 1986 […] al 31 de diciembre de 1991, tiempos que no son computables, para efectos de pensión gracia, porque no constituyen una verdadera vinculación laboral, con la administración departamental (cuando más una relación laboral, no reconocida aun [sic]), por ende, no se acredita, para este expediente, la experiencia laboral territorial o nacionalizada […]».

Que «[…] de conformidad con el Decreto 029 de 1992, […] la vinculación efectuada por el [accionante] […], se dio a una institución educativa nacionalizada, esto es, el Colegio Nacionalizado “Mariscal Sucre”, por ende, debe entenderse que su vinculación […]» desde el 17 de febrero de 1992 hasta el 7 de febrero de 2000, «[…] no es nacional […] sino nacionalizad[a], amén, además, de que su nombramiento se produjo por una entidad territorial (Municipio de Sampués), lo que valga la pena anotar, igualmente ocurrió en el período comprendido entre el 30 de septiembre de 1974 y el 19 de mayo de 1976, cuando la vinculación, igualmente, fue de orden territorial […]».

Estima que frente al tiempo laborado a partir del 23 de febrero de 2007, «[…] el expediente no denota, que la prestación del servicio por el demandante, se haya cumplido en condición de docente nacionalizado, pues […] lo único demostrado es que, al momento de emitirse el certificado de tiempo de servicios, que aparece a folio 119, la vinculación del [actor] […], es de orden nacional […]».

Que el accionante no cumple los presupuestos para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, «[…] en tanto, no ha laborado por más de 20 años de servicios, a disposición de [un] ente territorial, lo que a su vez permite a la Sala, dejar de considerar los demás requisitos […], dada la inocuidad del análisis […]».

Por otra parte, que en virtud de los artículos 188 del CPACA y 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil (CPC), «[…] condena en costas a la parte demandante […]. Las agencias en derecho, se establecen en favor de la parte demandada, en porcentaje del dos (2%) por ciento, de las pretensiones reclamadas […]».

1.7 Recurso de apelación (ff. 182 a 191). Inconforme con la anterior sentencia, el actor, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación, al estimar que no corresponde a la realidad la afirmación consignada en esa providencia consistente en que trabajó bajo la modalidad de horas cátedra, cuando lo acertado es que fue mediante órdenes de prestación de servicios, por ende, «[…] sus fundamentos han sido equivocados, puesto que la decisión adoptada de negar[le] la pensión de Gracia […], aduciendo que los períodos comprendidos entre el 27/05/1986 hasta el 31/12/1991 […], viola de manera flagrante [sus] derechos […], en razón a que existe pre[decente] Jurisprudencial donde se expresa claramente la primacía de la realidad ante lo meramente formal».

Que «[…] la condena en co[stas] impuesta a[l] demandante, dentro del proceso es un atentado al reclamo judicial de errores administrativos pues sobre el presupuesto de la condena en costas y agencias en derecho, todos los desamparados y violentados trabajadores se abstendrán de demandar por el simple y elemental temor de, no obstante no tener certeza de fallos justos, verse abocado a pagar del menguado patrimonio, sanciones por simples interpretaciones subjetivas de los operadores judiciales deviniendo tan visceral condena en una manifiesta, clara y develada denegación de la administración de justicia, y, por ende obstáculo para ventilar en estrados judiciales las inconformidades frente a decisiones absurdas de los operadores Administrativos, en muchas ocasiones compartidas por algunos funcionarios del poder judicial».

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación interpuesto por el demandante fue concedido en auto de 20 de junio de 2014 (f. 193) y admitido por esta Corporación a través de proveído de 29 de agosto siguiente (f. 203), en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio Público, por medio de auto de 25 de febrero de 2015 (ff. 216 y 217), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, de conformidad con lo establecido en el artículo 247 del CPACA, oportunidad aprovechada por las primeras.

2.1.1 Parte demandante (ff. 229 a 231). El actor indica que los tiempos que laboró como docente «[…] fueron en su totalidad tiempos departamentales, tal y como se puede establecer con cada uno de los documentos aportados en el libelo inicial, en el que se encuentran actas de nombramientos y decretos que evidencian su vinculación como NACIONALIZADO, puesto que quien realiza los nombramientos es el Gobernador de Sucre y/o autoridades departamentales; evento que se adecua a los supuestos facticos [sic] previstos en el inciso tercero del artículo 1ro de la Ley 91 de 1989 […]».

Por otro lado, afirma que «[…] el error del a quo consistió en manifestar que [él] no cumple con el requisito de los 20 años de servicio nacionalizado, por cuanto se encuentra certificado que […] laboró con tipo de vinculación hora catedra [sic] externa, tiempo que para el Tribunal Administrativo de Sucre no es válido para el reconocimiento de la prestación deprecada», sin embargo, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 22 de enero de 2015, determinó que dicha relación laboral es legítima para que sea tenida en cuenta al momento de otorgar la pensión gracia.

2.1.2 Entidad demandada (f. 232). La UGPP, mediante apoderado, arguye que «[…] el accionante no cumple con el requisito de los 20 años al servicio como docente del orden territorial, habida cuenta que en certificación de tiempos de servicio expedida por la oficina de recursos humanos de la Secretaría de Educación del Departamento de Sucre, se puede constatar que la vinculación del actor a partir del 17 de febrero de 1992 hasta la fecha es del orden nacional, tiempo que no puede ser tenido en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia solicitada».

2.2 Auto para mejor proveer. A través de proveído de 19 de septiembre de 2018, se hizo necesario hacer uso de la facultad oficiosa que para esclarecer zonas penumbrosas de la contienda prevé el artículo 213 del CPACA y, en consecuencia, se solicitó de la secretaría de educación d Sucre las decisiones disciplinarias, mediante las cuales se sancionó al actor por el término de dos meses, cuya ejecución tuvo lugar del 23 de abril al 23 de junio de 2010, así como los Decretos 261 de 19 de febrero de 2007 y 41 de 11 de enero de 2008, por medio de los cuales se efectuaron unos nombramientos al demandante como docente adscrito a esa dependencia, junto con las respectivas actas de posesión.

Al respecto, la mencionada secretaría allegó copia de (i) la Resolución 1046 de 9 de abril de 2010, mediante la cual se desata un recurso de apelación en el sentido de modificar la sanción impuesta al actor en decisión de 29 de marzo de 2010 emitida por la oficina de control interno disciplinario de la gobernación de Sucre; y (ii) los Decretos 261 de 2007, a través del cual se nombra al accionante, en período de prueba en el cargo de rector de la institución educativa Cristóbal Colón, y 873 de 23 de abril de 2010, con el cual se ejecutó la sanción impuesta (ff. 248 a 250 y 254 a 256).

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste razón jurídica para reclamar de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) el reconocimiento de la pensión gracia en cumplimiento de los requisitos exigidos por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y demás normas que la regulan, o por el contrario, carece de fundamento, pues no completó el tiempo de servicios como docente nacionalizado o territorial en planteles departamentales, distritales o municipales por un término de veinte (20) años, dado que tuvo vinculaciones a través de órdenes de prestación de servicios y su nombramiento a partir de 1992 fue de carácter nacional.

En caso de satisfacer la condición temporal para adquirir la prestación social deprecada, se deberá establecer si colmó el presupuesto de observar buena conducta en el ejercicio de sus funciones docente, toda vez que fue sancionado disciplinariamente.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico de fondo planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo y jurisprudencial a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta para el asunto sub examine.

En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación de carácter especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:

El artículo 1.º de la Ley 114 de 1913, consagró por primera vez la pensión gracia, así:

Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley.

El numeral 3 del artículo 4.º de la aludida Ley determina que para gozar de la gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional [...]».

De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación.

Posteriormente, la Ley 116 de 1928 amplió el beneficio de la pensión gracia a los maestros de secundaria, normales e inspectores, así:

Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.

Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en la Constitución Política de 1886 de recibir doble asignación del erario, limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual.

La Ley 37 de 1933 tampoco introdujo modificaciones a las condiciones establecidas en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la pensión de gracia a los maestros que prestaran sus servicios en el nivel secundario.

La Corte Constitucional en sentencia C-479 del 9 de septiembre de 1998, con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1.º (parcial) y 4 (numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:

En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema, concretamente el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades que la misma Carta le confiere, es competente para regular los aspectos relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a ella.

Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de jubilación. En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34), reproducido en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir doble asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia establezca la ley.

Posteriormente, a raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de 1975, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación». Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias salariales entre los distintos docentes del sector oficial.

Posteriormente, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2.º), respecto de las pensiones estableció lo siguiente:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional (se destaca).

Las normas transcritas nos permiten concluir que el legislador acabó con el reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón que antes enunciamos, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, seguimos el criterio expuesto por la Sala plena de esta Corporación en fallo del 26 de agosto de 1997, en el sentido de que el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.

En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:

[...] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “[...] otra pensión o recompensa de carácter nacional”.

[...]

5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.

6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “[...] pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia [...] siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.

En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b), de la Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional en sentencia C-84 del 17 de febrero de 1999, expuso:

Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.

3.2.1. De la propia evolución histórico- legislativa de la vinculación laboral de los "docentes oficiales", aparece claro que, en razón de la Ley 43 de 1975, tanto la educación primaria como la secundaria oficial constituyen "un servicio a cargo de la Nación", lo que significa que culminado el tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de diciembre de 1980, no subsistió la antigua distinción entre docentes nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con dineros de la Nación, por conducto de los Fondos Educativos Regionales (FER), girados por concepto del situado Fiscal.

Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su artículo 15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían vinculados como docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y, para entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia”, continuarían con ese derecho, para que la misma le fuere reconocida con el lleno de los requisitos legales correspondientes.

[…]

Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada “pensión gracia”, de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad de empleados (nación o departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohíbe dispensar trato diferente y discriminado “por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”, nada de lo cual ocurre en este caso.

La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Constitución Política por los apartes de la norma acusada, no existe. En efecto, el legislador, conforme a lo establecido por el artículo 150 de la Constitución Nacional, en ejercicio de la función de “hacer las leyes”, que asignaba también al Congreso Nacional el artículo 76 de la Constitución anterior, puede regular lo atinente al régimen prestacional del Magisterio, como efectivamente lo ha hecho.

La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional haya preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de 1913 para los maestros oficiales de primaria y extendida luego a otros docentes, sólo se conserve como derecho para quienes estaban vinculados al servicio antes del 1º de enero de 1981 y que no se conceda a los vinculados con posterioridad a esa fecha, no implica desconocimiento de ningún “derecho adquirido”, es decir, no afecta situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita, simplemente, a disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán posibilidad de adquirir ese derecho, que constituía una “mera expectativa” la que, precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser suprimida por el legislador, pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado en cabeza suya de manera particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las situaciones fácticas de quienes ingresaron al Magisterio oficial antes y quienes ingresaron después del 1º de enero de 1981 no son las mismas, es claro, entonces, que por ser disímiles no exigen igualdad de trato, y que, las consideraciones sobre la antigüedad de la vinculación laboral que se tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al expedir la normatividad cuya exequibilidad se cuestiona, son razones que legitiman lo dispuesto por los apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto de la acusación (se subraya y resalta).

De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.

Ahora bien, en lo que se refiere a la liquidación de la pensión gracia se debe observar lo reglado en el artículo 4 de la Ley 4.ª de 1966, que dispone:

A partir de la vigencia de esta Ley, las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho Público, se liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual obtenido en el último año de servicios.

Esta Ley no discriminó ninguna pensión de las percibidas por los servidores oficiales y su Decreto Reglamentario 1743 de 1966, preceptuó en su artículo 5.º:

A partir del veintitrés de abril (23) de 1966 inclusive, las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho Público, serán liquidadas y pagadas tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual de salarios devengados durante el último año de servicios, previa la demostración de su retiro definitivo del servicio público.

Así las cosas, la Sala encuentra necesario determinar ahora, qué factores son los que vienen a integrar el concepto de salario, pues sobre él es que se entra a precisar la base líquida para el 75%, que corresponde al monto final de la pensión.

La remuneración o salario equivale a todo lo devengado por el empleado o trabajador como consecuencia directa o indirecta de su relación laboral; comprende entonces, los sueldos, primas, bonificaciones y demás reconocimientos que se hagan directa o indirectamente por causa o por razón del trabajo o empleo sin ninguna excepción.

En torno al tema, el Decreto 1160 de 1947, en su artículo 6 (parágrafo 1.º) prevé que salario es «[...] todo lo que reciba el trabajador a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios, tales como las primas, sobresueldos y bonificaciones [...]».

Y es que lo dispuesto en este Decreto también lo tiene previsto el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, que aunque aplicable al régimen laboral individual de carácter privado, bien merece traerlo a colación por tratarse de una consagración de derechos mínimos, pues prescribe que constituye salario «[...] todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones».

En conclusión, el salario está constituido por todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el trabajador como contraprestación por su labor

3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se destaca:

a) Cédula de ciudadanía del actor (f. 15), según la cual nació el 15 de noviembre de 1951.

b) Decreto 527 de 30 de septiembre de 1974 (CD en folio 89A), por medio del cual el gobernador y el secretario de educación de Sucre nombraron al accionante como maestro de tiempo completo en el Colegio Departamental de Bachillerato de Galeras.

c) Órdenes de autorización laboral 30, 36, 44, 123 y 73 de 6 de abril de 1987, 8 de marzo de 1988, 6 de abril de 1989, 17 de enero de 1990 y 27 de marzo de 1991 (CD en folio 89A), respectivamente, a través de las cuales los señores gobernador y secretario de educación de Sucre y delegado del Ministerio de Educación Nacional ante el FER de Sucre incorporaron al demandante para que prestara sus servicios como profesor en el Colegio Oficial de Bto. Mariscal Sucre de Sampués.

d) «Certificado de tiempo de servicio» (f. 19), emitido el 25 de junio de 2013 por la secretaría de educación de Sucre, que da cuenta de que el accionante prestó «[…] sus servicios en el nivel Básica secundaria, vinculación: En Propiedad, como Departamental en forma Continua», durante 7 años, 5 meses y 19 días, así:

Novedad
Acto
Desde
Hasta
HISTORIA LABORAL:
Colegio de Bto de Galeras - Galeras
Posesión por nombramiento
Decreto 527 de 30 de septiembre de 1974
30-09-1974
19-05-1976
Retiros
Insubsistencia
Decreto 228 de 20 de mayo de 1976
20-05-1976

Institución Educativa Mariscal Sucre - Sampués
Autorización de prestación de servicios
Orden 82 de 27 de mayo de 1986
19-05-1986
31-12-1986
Colegio de Bto Mariscal Sucre - Sampués
Autorización de prestación de servicios
Orden 30 de 6 de abril de 1987
06-04-1987
31-12-1987
Colegio de Bto Mariscal Sucre - Sampués
Autorización de prestación de servicios
Resolución 36 de 8 de marzo de 1988
08-03-1988
31-12-1988
Colegio de Bto Mariscal Sucre - Sampués
Autorización de prestación de servicios
Orden 44 de 6 de abril de 1989
06-04-1989
31-12-1989
Colegio de Bto Mariscal Sucre - Sampués
Autorización de prestación de servicios
Orden 123 de 17 de enero de 1990
17-01-1990
31-12-1990
Colegio de Bto Mariscal Sucre - Sampués
Autorización de prestación de servicios
Orden 73 de 27 de marzo de 1991
01-02-1991
31-12-1991
SANCIONES:
Suspensión hasta 60 días sin remuneración
Decreto 873 de 23 de abril de 2010
23-04-2010
23-06-2010

e) Decreto 29 de 17 de febrero de 1992, mediante el cual el alcalde y el secretario de gobierno de Sampués designaron en propiedad al actor como docente en el Colegio Nacionalizado Mariscal Sucre (CD en folio 89A).

f) «Certificado de tiempo de servicio» (f. 20), emanado de la secretaría de educación de Sucre el 25 de junio de 2013, en el que se consigna que el actor ha laborado como docente «[…] en el nivel Básica secundaria, vinculación: En Propiedad, como Departamental Nacional en forma Continua», durante 21 años, 2 meses y 8 días, así:

Novedad
Acto
Desde
Hasta
HISTORIA LABORAL:
Colegio de Bto Mariscal Sucre - Sampués
Posesión por nombramiento
Decreto 29 de 17 de febrero de 1992
17-02-1992
07-02-2000
Colegio de Bto Mariscal Sucre - Sampués
Asignación
Resolución 172 de 8 de febrero de 2000
08-02-2000
02-07-2001
Colegio de Bto Mariscal Sucre - Sampués
Encargo
Resolución 1147 de 3 de julio de 2001
03-07-2001
04-12-2001
Colegio de Bto Mariscal Sucre - Sampués
Comisión de servicios
Resolución 2754 de 5 de diciembre de 2001
05-12-2001
20-12-2001
Institución Educativa Mariscal Sucre - Sampués
Regresa a su base
Resolución 2754 de 5 de diciembre de 2001
21-12-2001
19-02-2006
Institución Educativa Mariscal Sucre - Sampués
Comisión sindical
Decreto 812 de 20 de febrero de 2006
20-02-2006
22-02-2007
Institución Educativa Cristobal Colón - Morroa
Posesión por nombramiento
Decreto 261 de 19 de febrero de 2007
23-02-2007
11-02-2008
Institución Educativa Cristobal Colón - Morroa
Posesión por nombramiento
Decreto 41 de 11 de enero de 2008
12-02-2008
06-05-2010
Institucion Educativa Técnico Agropecuario El Piñal - Los Palmitos
Permuta
Resolución 1197 de 23 de abril de 2010
07-05-2010

SANCIONES:
Suspensión hasta 60 días sin remuneración
Decreto 873 de 23 de abril de 2010
23-04-2010
23-06-2010

g) Certificado de antecedentes disciplinarios de 25 de julio de 2011, emitido por la Procuraduría General de la Nación, en el que se informa que una vez consultado el sistema de información de registro de sanciones e inhabilidades, el demandante registra como sanción una suspensión e inhabilidad por 2 meses del departamento de Sucre (CD en folio 89A).

h) Resolución 15207 de 26 de mayo de 2005 de la extinguida Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), a través de la cual se le negó al actor el reconocimiento de una pensión gracia, con el argumento de que «[…] los tiempos laborados en el Colegio Mariscal Sucre […] entre el 01 de [e]nero de 1986 y [el] 31 de [d]iciembre de 1991, se desestiman toda vez que fue tiempo servido bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios […]» (ff. 16 y 17).

i) Resolución 1048 de 9 de abril de 2010, «Por la cual se resuelve un Recurso de Apelación», proferida por la gobernación de Sucre, con la que se modificó el «[…] Auto de fallo de 29 de marzo de 2010 emitido por la Oficina de Control Interno Disciplinario de […] [dicha] Gobernación, mediante la cual se sancionó al servidor público ALFREDO ENRIQUE WILCHES CAMPO […] en su condición de Rector de la Institución Educativa Cristóbal Colón, Municipio de Morroa, con suspensión del cargo e inhabilidad especial por el término de dos (2) meses aumentada hasta en otro tanto, lo que equivale a CUATRO (4) meses, en el sentido de imponerle como sanción: Suspensión del cargo e inhabilidad especial por el término de un mes, aumentada hasta en otro tanto, lo que equivale a dos (2) meses […]» (ff. 248 a 250).

j) Decreto 873 de 23 de abril de 2010 de la gobernación de Sucre, mediante el cual se ejecutó la sanción impuesta al accionante (ff. 255 y 256).

k) Decreto 261 de 2007, expedido por la gobernación de Sucre, con el que el demandante fue nombrado «[…] en período de prueba […] en el cargo de Rector en la Institución Educativa Cristóbal Colón, Municipio de Morroa», suscrito por la secretaria de educación departamental (f. 254).

l) Resolución UGM 21091 de 19 de diciembre de 2011, «Por la cual se niega el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de Jubilación Gracia» deprecada por el actor, por no contar con «[…] los veinte años en la docencia oficial de carácter Departamental, Municipal o Nacionalizado […]», y, además, por haber incurrido en mala conducta, toda vez que «[…] fue sancionado por el periodo comprendido entre el 23 de abril de 2010 y [e]l 23 de junio [siguiente]». Asimismo, da cuenta de que la solicitud de reconocimiento pensional fue presentada el 30 de julio de 2011 (ff. 2 a 7).

m) Resolución UGM 28422 de 23 de enero de 2012, con la que se confirmó la mencionada Resolución UGM 21091 de 19 de diciembre de 2011 (ff. 8 a 12).

De las pruebas anteriormente relacionadas, se desprende que el demandante ha laborado como docente durante más de veinte (20) años en instituciones educativas de carácter departamental, sin embargo, se advierte que desde el 1º de enero de 1986 hasta el 31 de diciembre de 1991, lo hizo vinculado a través de contratos de prestación de servicios, motivo por el cual la entidad accionada no accedió al reconocimiento pensional y el juez de primera instancia negó las pretensiones de la demanda de la referencia, pues, según aducen, estos períodos no son válidos para tenerlos en cuenta con el propósito de obtener la pensión gracia.

Sobre este aspecto, no les asiste razón al a quo y a la accionada, en la medida en que resulta irrelevante que los períodos relacionados en la certificación de 25 de junio de 2013 (f. 19), el actor los haya laborado a través de órdenes de prestación de servicios y no en propiedad, ya que el ordenamiento que regula la prestación reclamada no establece esa condición negativa para el cómputo de los años de servicios, toda vez que resulta suficiente que el interesado demuestre haber servido al Magisterio como docente departamental, municipal o distrital en diversas épocas, para que los tiempos laborados puedan ser tenidos en cuenta para completar el lapso mínimo requerido (20 años).

Para la Sala, esa modalidad de vinculación no es ajena a quienes se incorporen a la planta docente de las entidades territoriales en propiedad, habida cuenta que las funciones que cumplen unos y otros son «[…] similares en el campo educativo y, en consecuencia, [el vinculado mediante contrato de prestación de servicios también] está obligado a acreditar iguales condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus propios estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de los docentes ocasionales […], a percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado».

De igual forma, en lo que respecta a este tipo de vinculación, en particular cuando se trata de maestros, la Corte Constitucional es del criterio que la «[…] primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, es un principio constitucional […]», y si el intérprete judicial, «[…] en un caso concreto, decide, porque lo encuentra probado, otorgarle a un docente-contratista el carácter de trabajador al servicio del Estado, puede hacerlo con base en el artículo 53 de la CP […]».

En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla, comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales condiciones de formación y experiencia.

Por tanto, la Sala, contrario lo dispuesto por el a quo, valida el tiempo laborado por el accionante como docente mediante contratos de prestación de servicios, para que sea contabilizado con el ejercido en propiedad, circunstancia que le permite, previo estudio de su caso particular, acceder al reconocimiento de la pensión gracia.

Por otra parte, se advierte que la vinculación laboral del actor entre el 17 de febrero de 1992 y el 6 de mayo de 2010, también debe ser tenida en cuenta para el cómputo del reconocimiento pensional aquí deprecado, toda vez que, por un lado, trabajó en el «Colegio Nacionalizado ‘Mariscal Sucre’», bajo nombramiento efectuado a través de Decreto 29 de 1992, suscrito por los señores alcalde y secretario de gobierno municipal de Sampués, y, por otro, desde el 23 de febrero de 2007 hasta el 6 de mayo de 2010, su vinculación fue del orden departamental, situación de la que da cuenta el Decreto 261 de 2007, por medio del cual se realizó el nombramiento del accionante «[…] en la Institución Educativa Cristóbal Colón […]», como «[…] docente en la planta de personal del Departamento de Sucre […]».

Así las cosas, se tiene que la demandante prestó sus servicios como docente durante los siguientes lapsos:

Entidad territorialActos de vinculaciónVinculaciónDesdeHastaTiempo laboradoamdSucreDecreto 527 de 30 de septiembre de 1974Departamental 30 -09-197419-05-19761720SucreÓrdenes de autorización laboral Departamental1-01-198631-12-1991600SucreDecreto 29 de 17 de febrero de 1992Nacionalizado 17-02-19927-02-200071121SucreResolución 172 de 8 de febrero de 2000 (asignación)Nacionalizado8-02-20002-07-20011425SucreResolución 1147 de 3 de julio de 2001 (encargo)Nacionalizado3-07-20014-12-2001052SucreResolución 2754 de 5 de diciembre de 2001 (comisión de servicios)Nacionalizado5-12-200120-12-20010016SucreResolución 2754 de 5 de diciembre de 2001 (regresa a su base)Nacionalizado 21-12-200119-02-20064129SucreDecreto 812 de 20 de febrero de 2006Nacionalizado20-02-200622-02-2007103SucreDecreto 261 de 19 de febrero de 2007Departamental23-02-200711-02-200801119SucreDecreto 41 de 11 de enero de 2008Departamental12-02-20086-05-20102225Tiempo descontado por sanción021Tiempo total de servicios2589
De la anterior tabla se colige que el demandante acreditó plenamente el tiempo de servicios exigido para el reconocimiento pensional aquí deprecado, esto es, haber laborado como docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años.

Asimismo, se observa que la entidad demandada no accedió al reconocimiento pensional deprecado, al estimar que el actor no acreditaba el cumplimiento del requisito de buena conducta, previsto en el artículo 4.º de la Ley 114 de 1913, dado que fue sancionado con 2 meses de suspensión e inhabilidad especial por ese mismo término.

Respecto del cumplimiento del aludido requisito, la sección segunda (subsecciones A y B) de esta Corporación ha sido reiterativa en advertir:

[…] si bien el num. (sic) 4º del art. 4º de la ley 114 de 1913 exige que el servidor docente observe buena conducta durante su ejercicio profesional, ello no significa que una sola conducta considerada aisladamente como reprochable pueda tenerse en cuenta como impedimento para el reconocimiento de la pensión gracia pues, como se ha dicho en otras oportunidades, el comportamiento censurable debe ser continuo durante el ejercicio profesional del docente o de tal gravedad que, así sea aislado, amerite la sanción de pérdida de la pensión.

[…]

No resultaría equitativo que a un docente que ha demostrado que durante un lapso mayor al exigido para adquirir su derecho pensional ha observado buena conducta se le tome en cuenta sólo un hecho desfavorable para negarle la prestación.

También se ha dicho que para negar la referida prestación, por incumplimiento del requisito que obliga al interesado a observar buena conducta, «[…] es necesario que la conducta considerada como reprochable se haya reiterado en el tiempo o que, habiéndose consumado en una sola ocasión, afecte gravemente otros derechos y libertades de la comunidad educativa, impidiendo el cumplimiento de los deberes y fines estatales, especialmente, el concerniente a la eficiente prestación del servicio público de educación».

Por lo tanto, corresponde a la Sala esclarecer la situación fáctica que encierra el problema jurídico, para dar paso al análisis de la conducta desplegada por el demandante, y con ello determinar si de conformidad con los precedentes jurisprudenciales a que se hizo referencia, la sanción de suspensión que le fue impuesta reviste tal gravedad que lleve a negar la prestación reclamada.

En oportunidad reciente, esta subsección precisó una serie de condiciones para la configuración del incumplimiento del requisito de haber observado buena conducta para hacer nugatorio el derecho a la pensión gracia. Se discurrió, así:

Incumplimiento del requisito consistente en haber observado buena conducta.

En primer lugar, para hacer nugatorio el derecho a la pensión gracia por el incumplimiento del requisito de observar buena conducta (artículo 4, numeral 4, de la Ley 114 de 1913), se requiere:

i) Que el proceder reprochable tenga ocurrencia durante el lapso en que el infractor se encuentre al servicio oficial docente.

ii) Que el comportamiento inadecuado que se imputa esté descrito en el ordenamiento como causal de mala conducta.
iii) Que en tal virtud, la autoridad competente adelante un procedimiento de carácter administrativo que culmine necesariamente con una sanción disciplinaria.

iv) Que no obstante la sanción impuesta, se debe hacer un análisis objetivo acerca de la gravedad o levedad de la falta.

v) Que la infracción censurable no sea de aquellas que la jurisprudencia estima como un «hecho aislado», esto es, que una sola conducta considerada aisladamente como reprochable no puede tenerse en cuenta como impedimento para el reconocimiento de la pensión gracia. Y

vi) Que la actuación objeto de reproche se haya reiterado en el tiempo o que, habiéndose consumado en una sola ocasión, afecte gravemente otros derechos y libertades de la comunidad educativa.

En el asunto sub examine, de los documentos que reposan dentro del plenario, se tiene que mediante Resolución 1048 de 9 de abril de 2010 de la gobernación de Sucre, se sancionó al actor con «[…] Suspensión del cargo e inhabilidad especial por el término de un (1) mes, aumentada hasta en otro tanto, lo que equivale a dos (2) meses […]», en atención a que este, en su calidad de rector: (i) «[…] sólo consignó parcialmente a los fondos de servicios educativos los recursos provenientes del canon de arrendamiento de sede San Blas de su Institución […]»; (ii) no tenía «[…] autorización del Consejo Directivo para celebrar el contrato de arrendamiento de la sede San Blass […]»; (iii) «[…] no presentaba informe mensual de ejecución de presupuesto ni flujo de caja al Consejo Directivo pero […] [aduce] los presentaba a la Contraloría porque pensó estar amparado en una norma que así lo permitía y porque el Consejo Directivo no se reunía a pesar de las convocatorias […]»; (iv) «[…] el Consejo Directivo se instaló extemporáneamente […]»; (v) cobraba «[…] derechos académicos a alumnos beneficiados con recursos de gratuidad […]»; (vi) no efectuó «[…] los registros de calificaciones de los alumnos de la sede primaria […]»; y (vii) realizó, en semana distinta a la de desarrollo institucional, la capacitación a los docentes, lo que causó «[…] jornada compensatoria en día laboral».

Tal como se anotó, esta Corporación ha precisado una serie de condiciones para determinar el incumplimiento del requisito de observar buena conducta, dentro de las que se encuentra «Que el comportamiento inadecuado que se imputa esté descrito en el ordenamiento como causal de mala conducta».

Al respecto, el Decreto 1135 de 7 de mayo de 1952, «Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre Escalafón Nacional de Enseñanza Primaria», previó:

Artículo 37. Se entiende por mala conducta:

a) La comisión de un delito, salvo los casos de justificación y de excusa contemplados en el Código Penal;
b) Haber sido sancionado por contravenciones por dos o más veces;
c) La embriaguez frecuente;
d) El vicio del juego;
e) El amancebamiento;
f) El adulterio;
g) El irrespeto a la dignidad sacerdotal o clerical;
h) El abandono del hogar;
i) La intervención en política de partido, como conferencias, campañas en pro o en contra de candidaturas para cargos de elección popular, propagandas periodísticas o participación en juntas políticas;
j) Hacer uso indebido de los fondos de los restaurantes escolares, cooperativas escolares o de los bienes de la escuela;
k) Desobediencia a las normas del Gobierno o de los superiores en materia de educación pública, o la sistemática renuencia o indiferencia para cumplirlas;
l) La prostitución de la mujer.

A su turno, el Decreto 2277 de 14 de septiembre de 1979, «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente», establece como hechos que constituyen mala conducta, los siguientes:

Artículo 46º.- Causales de mala conducta. Los siguientes hechos debidamente comprobados constituyen causales de mala conducta.

a. La asistencia habitual al sitio de trabajo en estado de embriaguez o la toxicomanía;

b. El homosexualismo o la práctica de aberraciones sexuales;

c. La malversación de fondos y bienes escolares o cooperativos;

d. El tráfico con calificaciones, certificados de estudio, de trabajo o documentos públicos;

e. Aplicación de castigos denigrantes o físicos a los educandos;

f. El incumplimiento sistemático de los deberes o la violación reiterada de las prohibiciones;

g. El ser condenado por delito o delitos dolosos;

h. El uso de documentos o informaciones falsas para inscripción o ascenso en el escalafón, o para obtener nombramientos, traslados, licencias o comisiones;

i. La utilización de la cátedra para hacer proselitismo político;

j. El abandono de cargo.

La Ley 115 de 8 de febrero de 1994, «Por la cual se expide la ley general de educación», adicionó la anterior disposición, en el sentido de incluir como causal de mala conducta el acoso sexual «[…] y, en consecuencia, a quien incurra en ella se le aplicará lo previsto en el artículo 53 del […] [Decreto 2277 de 1979] y la sanción definitiva de exclusión del escalafón, de conformidad con el Estatuto Docente».

En consecuencia, y en concordancia con el análisis jurisprudencial y normativo realizado, esta Colegiatura ha concluido que «[…] la mala conducta puede configurarse desde dos puntos de vista: i) bien sea a través de conductas negativas repetitivas en el tiempo, o ii) alguna aislada considerada grave, que puede significar una mala conducta que impida el reconocimiento pensional».

De los cargos endilgados al actor y por los cuales se le sancionó al determinarse que incurrió en varias conductas graves a título de dolo, la Sala observa que si bien es cierto que ninguno se encuentra enunciado en el ordenamiento jurídico como una mala conducta, también lo es que el relacionado con el hecho de que cobraba «[…] derechos académicos a alumnos beneficiados con recursos de gratuidad […]», amerita una especial atención, comoquiera que podría llegar a ser violatorio de los derechos fundamentales de los estudiantes de la institución en la cual aquel se desempeñó como rector.

En la Resolución 1048 de 9 de abril de 2010, con la que se modifica la sanción impuesta al demandante, se indicó que aunque este aceptó «[…] que se cobraban derechos académicos a alumnos beneficiados con recursos de gratuidad […]», se demostró que «[…] una vez recibidos los recursos estatales se corrigió tal irregularidad [...]», lo que si bien no lo exonera de la comisión de la conducta, si denota un actuar honesto, pues advertido el error, buscó enmendarlo.

Asimismo, se precisa que el procedimiento aplicado para imponer la mencionada sanción es el contenido en la Ley 734 de 2002, que dispone, en su artículo 23, que «[c]onstituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002.html" \l "28" 28 del presente ordenamiento».

Por consiguiente, las conductas del actor consistentes en (i) consignar «[…] parcialmente a los fondos de servicios educativos los recursos provenientes del canon de arrendamiento de sede San Blas de su Institución […]»; (ii) celebrar «[…] el contrato de arrendamiento de la sede San Blass […]» sin «[…] autorización del Consejo Directivo […]»; (iii) no presentar el «[…] informe mensual de ejecución de presupuesto ni flujo de caja al Consejo Directivo […]»; (iv) instalar extemporáneamente el consejo directivo; (v) cobrar «[…] derechos académicos a alumnos beneficiados con recursos de gratuidad […]»; (vi) no efectuar «[…] los registros de calificaciones de los alumnos de la sede primaria […]»; y (vii) realizar, en semana distinta a la de desarrollo institucional, la capacitación de los docentes, originaron la sanción impuesta, ya que ello configura un incumplimiento a los deberes consagrado en la Ley 734 de 2002.

Por su parte, entre las sanciones previstas en el artículo 44 de la referida Ley 734, la impuesta al demandante, esto es, «[…] suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial […]», no es la más grave, si se tiene en cuenta que allí también está consagrada la «[d]estitución e inhabilidad general […]», como el máximo castigo.

Igualmente, en armonía con lo dispuesto por el artículo 46 de la aludida regulación, relativo al «límite de las sanciones», se tiene que la referida sanción fue impuesta por el mínimo período allí previsto, en razón a que consagra que «[l]a suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce meses».

Desde esa perspectiva, en concordancia con los derroteros jurisprudenciales a que se hizo referencia, considera la Sala que las conductas desplegadas por el demandante, objeto de reproche, constituyen un hecho aislado que no alcanza a enervar el derecho que le asiste para gozar de la prestación reclamada, no obstante la verificación de los demás requisitos.

Además, para efectos de hacer nugatorio el derecho a la referida pensión, no resultaría equitativo tener en cuenta un solo hecho desfavorable, en atención a que el demandante, en calidad de educador oficial, ha observado buena conducta durante un lapso mayor al exigido por el ordenamiento, y a que las conductas que fueron objeto de reproche no fueron recurrentes o reiteradas en el tiempo.

Y en todo caso, para la época de los hechos que originaron la investigación disciplinaria, así como al momento de la imposición y posterior ejecución de la sanción del accionante, este había satisfecho con anterioridad los requisitos legalmente establecidos para el reconocimiento de la prestación aquí deprecada.

Por último, pese a que las conductas desplegadas por el demandante se consumaron en una sola ocasión, no se demostró que aquellas hayan afectado «gravemente» otros derechos y libertades de la comunidad educativa, «impidiendo el cumplimiento de los deberes y fines estatales, especialmente, el concerniente a la eficiente prestación del servicio público de educación».

Así las cosas, el demandante acreditó plenamente los requisitos necesarios para acceder a la pensión gracia, como son el haber prestado los servicios como docente nacionalizado y territorial por veinte (20) años, alcanzados el 28 de agosto de 2004, fecha en la que adquirió su estatus pensional, vinculado antes del 31 de diciembre de 1980 (30 de septiembre de 1974), contar con 50 años de edad (pues los cumplió el 15 de noviembre de 2001) y observar una buena conducta en su desempeño como docente, razón por la que resulta procedente su reconocimiento y, por lo tanto, acceder a las pretensiones de la demanda.

Por otro lado, resulta oportuno precisar que por ser el derecho pensional de carácter imprescriptible, este se causa día a día y se puede solicitar en cualquier época por el interesado. Contrario sensu, para el caso de las mesadas pensionales adeudadas, el legislador ha establecido el fenómeno de la prescripción, de manera que se pagan solamente las causadas hasta tres (3) años antes de la fecha en que se haya formulado la correspondiente reclamación ante la demandada, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968.

En el caso sub examine, se tiene que el derecho del actor a reclamar el reconocimiento de la pensión gracia surge a partir de la adquisición del estatus pensional (28 de agosto de 2004), y comoquiera que la última reclamación en sede administrativa la presentó el 30 de julio de 2011, conforme a las previsiones del citado artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, se declararán prescritas las mesadas causadas con antelación al 30 de julio de 2008.

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, la Sala revocará la sentencia de primera instancia, que negó las súplicas de la demanda, y en su lugar, se declarará la nulidad de las Resoluciones UGM 21091 de 19 de diciembre de 2011 y UGM 28422 de 23 de enero de 2012, y se ordenará a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social reconocer la pensión gracia deprecada, con el 75% como promedio de todos los factores salariales devengados por el actor durante el año inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional (28 de agosto de 2003 a 28 de agosto de 2004).

La suma que deberá cancelar la entidad accionada por concepto de las mesadas adeudadas, se actualizará de acuerdo con la fórmula según la cual el valor presente (R) se determinará multiplicando el valor histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha de la causación de la prestación). La fórmula que debe aplicar la entidad demandada es la siguiente:

R = Rh. índice final
índice inicial

Se aclara que por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, dicha fórmula debe aplicarse mes por mes, para cada mesada prestacional y para los demás emolumentos teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.

Lo anterior, sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 192 del CPACA, cuya observancia por parte de la Administración debe darse sin necesidad de mandato judicial.

Por último, en relación con la condena en costas y las agencias en derecho que corresponde a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, esta Corporación, en sentencia de 1.º de diciembre de 2016, se pronunció así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.

Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte demandada, no se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia proferida el 22 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Sucre, que negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Alfredo Enrique Wilches Campo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), conforme a lo consignado en la parte motiva, y en su lugar:

1.1 Declárase la nulidad de las Resoluciones UGM 21091 del 19 de diciembre de 2011 y UGM 28422 del 23 de enero de 2012, mediante las cuales la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia del actor y confirmó esa decisión, en su orden, de acuerdo con lo dicho en la motivación.

1.2 Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la UGPP reconocer y pagar la pensión gracia al señor Alfredo Enrique Wilches Campo, identificado con cédula de ciudadanía 5.920.817, a partir del 28 de agosto de 2004, en cuantía del 75% como promedio de todos los factores salariales devengados durante el año inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional (28 de agosto de 2003 a 28 agosto de 2004), con efectos fiscales desde el 30 de julio de 2008, en virtud del fenómeno jurídico de la prescripción trienal, en atención a las consideraciones de esta providencia.

1.3 La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final
índice inicial

1.4 La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA.

2. Sin condena en costas a la parte demandada en ambas instancias.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase.

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

CARMELO PERDOMO CUÉTER

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr.

«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
«[S]obre Instrucción Pública».
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones». Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda. En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913, continúa teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues, como acaba de verse, el legislador expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre de 1980” que “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos”. Ello significa, a contrario sensu, que ella no rige para los vinculados a partir del 1º de enero de 1981, pues éstos docentes, “nacionales y nacionalizados”, tendrán derecho “sólo a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año» (se destaca). La parte en negrillas de la Ley 91 de 1989 no ha sido retirada del orden jurídico. Sentencia C-517 de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. Sentencia C-555 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Ibidem. En ese sentido se ha pronunciado esta subsección en sentencias de 19 de enero de 2017, expediente: 54001-23-33-000-2012-00180-01 (1706-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, y 14 de junio de 2018, expediente: 17001-23-33-000-2013-00374-01 (4791-2014), C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Órdenes 82 de 27 de mayo de 1986, 30 de 6 de abril de 1987, 36 de 8 de marzo de 1988, 44 de 6 de abril de 1989, 123 de 17 de enero de 1990 y 73 de 27 de marzo de 1991. Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 24 de abril de 2003, radicación 15001-23-31-000-1999-1454-01 (4251-02), M. P. Jesús María Lemos Bustamante. En el mismo sentido, también se puede consultar: Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, sentencia de 10 de julio de 2014, radicación 41001-23-31-000-2011-00083-01 (3330-13), M. P. Luis Rafael Vergara Quintero. Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, sentencia de 21 de abril de 2016, radicación 05001-23-33-000-2012-00893-01 (4119-13), M. P. Luis Rafael Vergara Quintero. Al respecto, se puede consultar la sentencia C-371 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, en la que se hace un relato acerca del concepto «buena conducta» y la forma en que esta debe ser valorada cuando existe infracción a los deberes jurídicos, «que puedan considerarse como infracciones de mala conducta»
Sobre este particular, se puede consultar: Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 1º de diciembre de 2016, radicación 70001-23-33-000-2014-00105-01 (383-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter. Frente a los numerales iv), v) y vi) se puede consultar:

Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 2 de marzo de 2017, radicación 68001-23-31-000-2011-00406-01 (4555-2014); y Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 9 de marzo de 2017, radicación 52001-23-33-000-2012-00044-01 (3982-2013); ambas con ponencias del consejero Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 24 de marzo de 2017, radicación 08001-23-33-000-2013-00676-01 (1324-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter. Artículo 53. suspensión provisional. En caso de falta grave, de mala conducta, que a juicio de la junta seccional de escalafón determine una situación de alta inconveniencia para la continuación del educador en el ejercicio del cargo mientras se cumple el proceso disciplinario, el docente podrá ser suspendido provisionalmente por dicha junta, sin derecho a remuneración hasta por sesenta (60) días, término dentro del cual, ésta determinará la sanción correspondiente. Si la determinación final de la junta de escalafón fuere absolutoria, el docente será reintegrado al ejercicio de su cargo y se le pagarán los salarios y prestaciones dejados de devengar por causa de dicha suspensión. PARÁGRAFO. Las juntas de escalafón, de oficio o a solicitud del suspendido, podrán ampliar el término para decidir hasta por treinta (30) días más, cuando ellas lo consideren conveniente para el perfeccionamiento de la investigación. Artículo 125. Sentencia de 19 de julio de 2017, Consejo de Estado, Sala de lo contencioso-administrativo (sección segunda, subsección B), expediente: 05001-23-31-000-2010-00134-01(0713-12), consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
«Por la cual se expide el Código Disciplinario Único». Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, sentencia de 21 de abril de 2016, radicación 05001-23-33-000-2012-00893-01 (4119-13), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
«Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual». Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

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