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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2019-00272-01

Fecha
6 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2019-00272-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 26 de febrero de 2021 emitida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. CONDENAR en costas a la entidad demandada en segunda instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2019-00272-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

6 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 13001 23 33 000 2019 00272 01 (1357-2022)
Demandante: María Elena López Solano
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculación con anterioridad al
29 de diciembre de 1989. Aplicación de sentencia de unificación
SUJ-030-CE-S2-2021 del 11 de agosto de 2022. Contratos de
prestación de servicios docentes y sus efectos pensionales.
Valoración de vínculo docente territorial y nacionalizado. Aplicación
de la prescripción trienal.

Decisión: Se confirma la sentencia apelada porque la demandante acreditó
vinculación docente de carácter territorial antes del 31 de diciembre
de 1980 y en la misma calidad durante 20 años.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la
sentencia de primera instancia del 26 de febrero de 2021 emitida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar.

I. ANTECEDENTES

Demanda1

1. La demandante interpuso el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con el objetivo de que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 048759
del 23 de diciembre de 2016 y RDP 013583 del 30 de marzo de 2017, mediante las cuales
la entidad demandada le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió condenar a la entidad demandada a
reconocer y pagar dicha prestación a partir del 9 de enero de 2009, incluyendo todos los
factores salariales devengados durante el año anterior a la fecha en que adquirió el
estatus pensional (del 9 de enero de 2008 al 8 de enero de 2009). Requirió, además, el
reconocimiento de 14 mesadas anuales, el pago de las mesadas causadas desde la
fecha de efectividad hasta su inclusión en nómina, los reajustes legales y los intereses
moratorios correspondientes.

1 Ver expediente digitalizado, archivo 01ExpedienteDigitalizado, folios 51 a 67.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 13001 23 33 000 2019 00272 01 (1357-2022)
Demandante: María Elena López Solano

3. De igual manera, pidió que, al efectuarse el reconocimiento, la entidad se abstenga
de descontar o de ordenar descuentos con destino al Sistema de Seguridad Social en
Salud sobre las mesadas retroactivas, los cuales solo deberán aplicarse sobre las
mesadas que reciba a partir de su inclusión en nómina. Finalmente, reclamó la condena
en costas contra la demandada.

4. Como fundamento de sus pretensiones, señaló que nació el 13 de agosto de 1954
y laboró para el departamento de La Guajira en la vereda El Hatico del municipio de
Fonseca como maestra de primaria nacionalizada, entre el 20 de marzo de 1972 y el 12
de julio de 1978. Posteriormente, se vinculó como docente de tiempo completo a la
Secretaría de Educación del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, entre el
1.º de abril y el 30 de diciembre de 1995, y entre el 1.º de febrero y el 11 de agosto de
1996 mediante órdenes de prestación de servicios, acumulando un (1) año, tres (3)
meses y once (11) días.

5. Indicó que, mediante el Decreto 0815 del 1.º de agosto de 1996, el alcalde mayor
del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias la designó como docente
nacionalizada en propiedad, en jornada de tiempo completo, adscrita a la Institución
Educativa de Ternera, donde laboró desde el 12 de agosto de 1996 hasta el 9 de
septiembre de 2016 —fecha de expedición del certificado—, completando veinte (20)
años y veintiocho (28) días de servicio.

6. Señaló que el 24 de septiembre de 2010 presentó ante la Caja Nacional de
Previsión Social su primera solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia, la
cual fue negada mediante la Resolución PAP 047207 del 7 de abril de 2011, por
considerar que los tiempos laborados eran de carácter nacional. Esta decisión fue
confirmada mediante la Resolución PAP 055896 del 3 de junio de 2011. Posteriormente,
el 17 de agosto de 2016, elevó una nueva solicitud, resuelta desfavorablemente a través
de las Resoluciones RDP 048759 del 23 de diciembre de 2016 y RDP 013583 del 30 de
marzo de 2017.

Contestación de la demanda2

7. La entidad demandada se opuso a las pretensiones argumentando que los tiempos
laborados bajo contratos de prestación de servicios no pueden ser computados, por
cuanto no configuran una vinculación legal y reglamentaria al servicio público educativo.
Además, afirmó que no existe certeza sobre la vinculación como docente territorial entre
1972 y 1978 debido a que la actora no aportó el decreto de nombramiento ni el acta de
posesión.

8. Sostuvo que la mayor parte del tiempo docente fue prestado en condición de
personal nacionalizado o nacional, sin acreditarse servicios antes del 31 de diciembre de
1980. Añadió que la actora no cumplió los requisitos exigidos para acceder a la pensión
gracia tras de la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989, conforme a la interpretación de
la Sentencia C-489 de 2000 de la Corte Constitucional.

2 Ibidem, folios 98 a 106.

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Radicación: 13001 23 33 000 2019 00272 01 (1357-2022)
Demandante: María Elena López Solano

9. Propuso las excepciones de mérito que denominó: «prescripción», «inexistencia
de la causa petendi y cobro de lo no debido», «falta del derecho para pedir», «buena fe»,
«cobro de lo no debido» y la genérica.

Sentencia apelada3

10. El Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia el 26 de febrero de 2021
mediante la cual declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y condenó
a la entidad accionada a reconocer y pagar a la actora una pensión gracia a partir del 8
de febrero de 2009, en cuantía equivalente al setenta y cinco por ciento (75 %) del
promedio mensual de todos los conceptos salariales devengados durante el año anterior
a la causación del derecho. No obstante, el Tribunal declaró prescritas las mesadas
causadas con anterioridad al 17 de agosto de 2013. Condenó en costas a la entidad
demandada.

11. Tras efectuar un análisis normativo y jurisprudencial del régimen de la pensión
gracia, concluyó que la demandante cumplió con todos los requisitos legales para
acceder a dicha prestación pues alcanzó los cincuenta (50) años de edad el 13 de agosto
de 2004, laboró con honradez y buena conducta, se vinculó como docente territorial antes
del 31 de diciembre de 1980 y prestó servicios por más de veinte (20) años.

12. En relación con el tiempo de servicio, precisó que se acreditó una vinculación como
docente nacionalizada entre el 20 de marzo de 1972 y el 11 de julio de 1978 en el
departamento de La Guajira. Además, entre el 1.º de abril y el 30 de diciembre de 1995,
y del 1.º de febrero al 11 de agosto de 1996, la actora laboró mediante órdenes de
prestación de servicios en el distrito de Cartagena, tiempo que el Tribunal consideró
válido para su cómputo en el reconocimiento de la pensión gracia. Posteriormente, fue
designada en la Institución Educativa de Ternera, donde trabajó desde el 12 de agosto
de 1996 hasta el 1.º de agosto de 2011, completando así los veinte (20) años de servicio
exigidos; adquiriendo el estatus pensional a partir del 8 de febrero de 2009.

13. En consecuencia, al encontrarse demostrado el derecho pensional, el a quo
ordenó su reconocimiento desde el 8 de febrero de 2009. Sin embargo, declaró prescritas
las mesadas anteriores al 17 de agosto de 2013, al advertir que la solicitud de
reconocimiento pensional se presentó el 17 de agosto de 2016 y la demanda el 11 de
diciembre de 2018.

Recurso de apelación4

14. La entidad demandada solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda, arguyendo que la actora no reúne los
requisitos legales para el reconocimiento de la pensión gracia.

15. Sostuvo que no se acreditó una vinculación previa al 31 de diciembre de 1980 con
carácter municipal, distrital, departamental o nacionalizado, lo cual impide verificar los
demás presupuestos legales. De igual forma, afirmó que los tiempos laborados mediante

3 Ibidem, folios 159 a 175.
4 Ver expediente digital, archivo 03RecursoApelaciónSentencia.

3

Radicación: 13001 23 33 000 2019 00272 01 (1357-2022)
Demandante: María Elena López Solano

órdenes de trabajo deben desestimarse al corresponder a contratos de prestación de
servicios que no generan vínculo laboral ni docente de naturaleza territorial, municipal o
nacional.

16. Así mismo, reiteró que la demandante no cumplió la totalidad de los requisitos a la
entrada en vigor de la Ley 91 de 1989, conforme a lo establecido por la Corte
Constitucional en la sentencia C-489 de 2000. Adicionó que, al haber percibido sus
salarios con cargo al Tesoro Nacional (Sistema General de Participaciones), no cumple
con la exigencia legal de no haber recibido ni recibir pensión o recompensa de carácter
nacional, presupuesto indispensable para acceder a la pensión.

17. Finalmente, manifestó inconformidad con el cómputo de la prescripción
sosteniendo que esta debía contarse desde la presentación de la demanda. Igualmente,
apeló la condena en costas impuesta, al considerar que prosperó parcialmente la
excepción de prescripción alegada en la contestación de la demanda.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

18. Mediante auto del 3 de noviembre de 20225, se admitió el recurso de apelación y
se le advirtió a la parte demandante que tenía hasta la ejecutoria de dicha providencia
para pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio Público que disponía hasta
antes de que el expediente ingresara al despacho para fallo para emitir concepto.

19. En cumplimiento de lo anterior, la parte demandante manifestó que los argumentos
expuestos por la entidad demandada debían ser desestimados toda vez que se acreditó
mediante prueba idónea su vinculación con el departamento de La Guajira como docente
nacionalizada desde el 20 de marzo de 1972 hasta el 11 de julio de 1978, con lo cual se
satisfizo el requisito de la vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980.

20. Además, sostuvo que la prescripción se interrumpió con la presentación de la
solicitud escrita el 16 de agosto de 2016 y reiteró su solicitud de condena en costas a la
entidad demandada por haber negado arbitrariamente el derecho al reconocimiento de la
pensión gracia.

21. La entidad demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa
procesal.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

22. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta Corporación
abordará el análisis de este litigio.

5 Índice 7 de Samai, archivo 7_130012333000201900272011AUTOQUEADMITE20221108222723.

4

Radicación: 13001 23 33 000 2019 00272 01 (1357-2022)
Demandante: María Elena López Solano

Cuestión previa

23. La entidad demandada6 solicitó se emita sentencia de unificación jurisprudencial
en la que se defina qué debe entenderse como «plaza docente», así como sus requisitos
y lineamientos. Esto con el fin de precisar cuáles son las condiciones que debe reunir la
«plaza» a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018,
para ser considerada nacional, nacionalizada o territorial.

24. Al respecto, la Sala precisa que de manera reiterada y previa han sido presentadas
las mismas solicitudes en otros procesos adelantados en esta instancia judicial con
similares argumentos, las que fueron decididas a través del auto del 20 de octubre de
20227, reiterado en providencias del 26 de octubre de 20228, en los que se indicó que en
virtud del artículo 2719 del CPACA, «el Consejo de Estado puede asumir conocimiento
de los asuntos pendientes de fallo o decisión interlocutoria, de oficio o a solicitud de parte,
por remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales o a petición de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público, que ameriten
la expedición de una sentencia de unificación jurisprudencial, por razones de importancia
jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia
o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación».

25. Seguidamente estableció que al realizar el estudio de las condiciones que debe
reunir la «plaza» a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio
de 2018, para ser considerada nacional, nacionalizada o territorial, consideró que no
están dados los presupuestos para avocar el asunto con el fin de emitir una sentencia de
unificación, dado que la posición asumida por la Sección Segunda del Consejo de Estado
ha sido unánime, consistente y pacífica en torno a los parámetros que se deben observar,
con el propósito de definir cuándo un docente tiene derecho a la pensión gracia.

26. En ese orden de ideas y por las mismas consideraciones expuestas en las
providencias suscritas por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
no se le dará trámite a la solicitud de unificación y se insta a estarse a lo dispuesto en el
auto del 20 de octubre de 202210, reiterado en providencias del 26 de octubre de 2022.

Problemas jurídicos

27. Con fundamento en los reparos expuestos en el recurso de apelación, corresponde
a la Sala determinar si la demandante cumple con el requisito de haberse vinculado como
docente territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980.

6 Índice 5 de Samai, archivo 6_130012333000201900272011RECIBEMEMORIAL20220421221121.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, con ponencia del doctor William Hernández Gómez mediante auto del 20 de

octubre de 2022, radicación: 54001-23-33-000-2013-00344-01 (4053-2015), demandante: Baudilio Ramírez Alvernia.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 26 de octubre de 2022; radicación: 76001-23-31-000-2010- 01800-

01 (4070-2013), demandante: Luz del Carmen Perea de Martínez; Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 26
de octubre de 20220, radicación: 13001-23-33-000-2013-00116-01 (2743-2015), demandante: Nelcy del Carmen Peña
Mercado. Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 26 de octubre de 2022; radicación: 68001-23-33-000-2012-
00350-01 (2113-2014); demandante: Polidoro Grosso Buitrago.
9 Artículo modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021, la cual se encontraba vigente para el momento de la

solicitud de unificación.
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 20 de octubre de 2022, radicación: 54001-23-33-000-
2013- 00344-01 (4053-2015), demandante: Baudilio Ramírez Alvernia.
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Radicación: 13001 23 33 000 2019 00272 01 (1357-2022)
Demandante: María Elena López Solano

28. En caso afirmativo, será necesario analizar si debía reunir la totalidad de los
requisitos legales para acceder a la pensión gracia antes del 29 de diciembre de 1989,
fecha en que entró en vigor la Ley 91 de 1989, así como establecer si los servicios
prestados mediante órdenes de trabajo o contratos de prestación de servicios pueden
considerarse tiempo válido de vinculación como docente para efectos del reconocimiento
de dicha pensión.

29. Finalmente, deberá la Sala determinar a partir de qué momento opera el fenómeno
jurídico de la prescripción y si la condena en costas impuesta a la entidad demandada en
la sentencia de primera instancia se ajustó a derecho.

Análisis de los problemas jurídicos

30. La Sala confirmará la sentencia recurrida, con fundamento en las consideraciones
que se expondrán a continuación.

1. Sobre el requisito de vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980

31. En relación con la vinculación territorial o nacionalizada anterior a 1980, obra en el
expediente una certificación de tiempo de servicios expedida por la Secretaría de
Educación Departamental de La Guajira con fecha del 11 de diciembre del 2009, en la
que se detalla que la demandante prestó sus servicios como docente nacionalizada en
propiedad, en el nivel de básica primaria, mediante designación efectuada por el Decreto
112A del 13 de marzo de 1972, para laborar en la Escuela Rural Mixta El Hatico del
municipio de Fonseca. Dicho cargo lo desempeñó entre el 20 de marzo de 1972 y el 11
de julio de 1978, fecha en la cual se retiró del servicio por medio del Decreto 413 del 12
de julio de 197811.

32. La misma información del nombramiento y su extensión temporal se encuentra
registrada en el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral12.
De igual forma, allí se consignó que la demandante ostentó un tipo de vinculación del
orden nacionalizado.

33. Sobre el valor probatorio de las certificaciones laborales, resulta oportuno reiterar
lo establecido en la sentencia de unificación jurisprudencial del 21 de junio de 2018,
mediante la cual la Sección Segunda del Consejo de Estado fijó criterios relevantes
respecto a la acreditación de la calidad docente, consolidando la siguiente regla
jurisprudencial:

«[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como
territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de
la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al
cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.» (Negrillas de la
Sala).

11
Ibidem, folio 11
12
Ibidem, folios 13 a 14.
6

Radicación: 13001 23 33 000 2019 00272 01 (1357-2022)
Demandante: María Elena López Solano

34. Por ende, en estos casos, corresponde al juez analizar el expediente con el
propósito de constatar la existencia de actos administrativos que permitan determinar la
naturaleza jurídica del vínculo o de la plaza docente en cuestión. Tal examen resulta
esencial dado que el contenido del acto de nombramiento brinda al fallador información
determinante sobre las condiciones jurídicas del cargo y las implicaciones legales a las
que queda sujeto el servidor público. No obstante, en ausencia de dichos documentos, el
juzgador puede acudir a otros medios probatorios, los cuales deberán ser valorados
integralmente bajo las reglas de la sana crítica, como las certificaciones expedidas por
las autoridades nominadoras, siempre que su contenido resulte indiscutible en cuanto a
veracidad.

35. Con fundamento en lo anterior, aunque en el expediente no obran los actos
administrativos de nombramiento y posesión, sí se encuentra la constancia expedida el
11 de diciembre de 2009 por la Secretaría de Educación Departamental de La Guajira,
junto con el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral,
documentos en los cuales se certifica que los tiempos de servicio fueron prestados en el
nivel de básica primaria, bajo vinculación en propiedad como docente nacionalizada de
forma continua.

36. No obstante, es preciso señalar que el vínculo docente establecido mediante el
Decreto 112A del 13 de marzo de 1972 posee naturaleza territorial (departamental). Ello
se desprende de lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-084 de 1999,
al analizar la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989,
en la cual precisó que, antes de la nacionalización de la educación dispuesta por la Ley
43 de 1975, los docentes se clasificaban únicamente en dos categorías: (i) nacionales y
(ii) territoriales.

37. En consecuencia, resulta evidente que en este caso el nombramiento tuvo carácter
territorial y no nacionalizado, pese a lo consignado erróneamente en la certificación
expedida por la autoridad nominadora y en el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral. Además, no existen medios de prueba que permitan inferir
que se trató de un nombramiento efectuado por el Gobierno Nacional, según lo previsto
en el artículo 1.º de la Ley 91 de 1989.

38. Así las cosas, del material probatorio allegado al proceso se desprende que este
primer período de servicio resulta computable para efectos de determinar el derecho a la
pensión gracia reclamada, en razón a que corresponde a seis (6) años, tres (3) meses
y veintitrés (23) días de desempeño docente territorial, con los cuales se acredita el
requisito de la vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980.

2. Sobre la exigencia de cumplir con la totalidad de requisitos para acceder a
la pensión gracia antes del 29 de diciembre de 1989.

39. Esta Corporación, en la sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2021 del 11 de
agosto de 202213, aclaró que el artículo 15, numeral 2, literal a) de la Ley 91 de 1989
debe interpretarse de la siguiente manera: «[l]os docentes pueden acceder a la pensión

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2021, del
11 de agosto de 2022, radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Radicación: 13001 23 33 000 2019 00272 01 (1357-2022)
Demandante: María Elena López Solano

gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre que demuestren una
vinculación territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980 y cumplan con
los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

40. Así pues, en dicha providencia de unificación la Sección Segunda destacó que la
Corte Constitucional no ha afirmado de manera expresa que los docentes vinculados
antes del 31 de diciembre de 1980 deban cumplir los requisitos de edad y tiempo de
servicio antes del 29 de diciembre de 1989. Por el contrario, se ha limitado a proteger los
derechos adquiridos consolidados hasta esa fecha de acuerdo con el artículo 58 de la
Constitución y ha promovido una interpretación que respeta los principios de favorabilidad
y pro homine, que exigen optar por la alternativa más garantista.

41. Por consiguiente, dado que esta regla jurisprudencial debe aplicarse a todos los
casos pendientes de resolución, tanto administrativa como judicialmente14, la Sala
desestimará la consideración esbozada en el recurso de apelación por la entidad
demandada respecto a no poder analizar los periodos servidos con posterioridad a 1989.

3. Sobre el reparo formulado respecto a los tiempos de servicios prestados
bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios

42. Al respecto, se observa en el plenario la certificación emitida por el director
administrativo y financiero de la Secretaría de Educación Distrital de la alcaldía mayor de
Cartagena15, en la cual se hizo constar que la demandante prestó sus servicios como
docente mediante órdenes de prestación de servicios «según certificado del rector», entre
el 1.° de abril de 1995 y el 30 de diciembre de 1995 (9 meses) y desde el 1.° de febrero
de 1996 hasta el 11 de agosto de 1996 (6 meses, 11 días).

43. De la misma forma, la rectora de la Institución Educativa de Ternera en el Distrito
de Cartagena de Indias, mediante certificación del 26 de abril de 201216, hizo constar que
la demandante laboró como profesora de tiempo completo en las áreas de lengua
castellana e inglés desde el 1.° de abril de 1995 hasta el 15 de agosto de 1996, señalando
las funciones docentes que ejerció.

44. Obra orden de servicio No. 145 de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias
Distrito Turístico y Cultural17 para la prestación de los servicios docentes de la
demandante en la Escuela Mixta de Ternera para el año 1996 y la carta de
agradecimiento suscrita por la Secretaría de Educación y Cultura Distrital18, en la cual se
le indica el vencimiento de la orden de servicios a partir del 15 de agosto de 1996,
teniendo en cuenta que se expidió la lista de elegibles del concurso de méritos.

14
Así lo dispuso expresamente la Sala Plena de la Sección Segunda en el numeral segundo de la parte resolutiva de la aludida
sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-030-CE-S2-2021 del 11 de agosto de 2022 (se reproduce): «Segundo. Advertir a la
comunidad en general que la regla jurisprudencial fijada en la presente sentencia de unificación es vinculante en los siguien tes casos:
(i) respecto de los asuntos similares que actualmente se están tramitando en sede administrativa; (ii) respecto de los procesos
similares que se están adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado. En consecuencia, no tiene efe ctos
respecto de aquellos asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos están
amparados por la cosa juzgada y, por ende, resultan inmodificables.»
15
Ver expediente digitalizado, archivo 01ExpedienteDigitalizado, folio 8.
16
Ibidem, folio 15.
17
Ibidem, folio 38.
18
Ibidem, folio 37.
8

Radicación: 13001 23 33 000 2019 00272 01 (1357-2022)
Demandante: María Elena López Solano

45. La entidad apelante insiste en que los anteriores interregnos no se pueden tener
en cuenta para la pensión gracia toda vez que se tratan de labores ejercidas en virtud de
contratos de prestación de servicios, los cuales no se asimilan a vinculaciones territoriales
o nacionalizadas.

46. Sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido diáfana en señalar que
los tiempos ejercidos en dicha modalidad pueden tenerse en cuenta para acceder a la
aludida prestación. Al respecto, se ha indicado lo siguiente 19:

«Para la Sala, esa modalidad de vinculación no es ajena a quienes se incorporen a la planta
docente de las entidades territoriales en propiedad, habida cuenta que las funciones que
cumplen unos y otros son «[…] similares en el campo educativo y, en consecuencia, [el
vinculado mediante contrato de prestación de servicios también] está obligado a acreditar
iguales condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y
las propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus propios
estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de los
docentes ocasionales […], a percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden
jurídico para todos los trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en
proporción al tiempo laborado» 20.

[…]

En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor
desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios desentraña una verdadera
relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla, comoquiera que los
maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste, cumplen similares
funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y reglamentario
y, además, deben acreditar iguales condiciones de formación y experiencia.

Por tanto, la Sala, contrario lo dispuesto por el a quo, valida el tiempo laborado por el
accionante como docente mediante contratos de prestación de servicios, para que sea
contabilizado con el ejercido en propiedad, circunstancia que le permite, previo estudio de
su caso particular, acceder al reconocimiento de la pensión gracia.»21

47. En concordancia con lo expuesto, esta Subsección considera que la normativa
especial aplicable a la pensión gracia no excluyó la modalidad contractual de prestación
de servicios para efectos de su reconocimiento. Por el contrario, lo determinante es que
el interesado acredite haber prestado sus servicios al magisterio oficial en calidad de
docente territorial o nacionalizado.

48. En cuanto a la naturaleza de la vinculación, se reitera que los contratos fueron
suscritos por el alcalde, quien actuó en su condición de autoridad nominadora, sin que
mediara orden, autorización o aprobación previa del Ministerio de Educación Nacional
para efectuar dicha contratación. Por tanto, esta Colegiatura concluye que se trató de una
vinculación de carácter territorial (distrital), máxime cuando no obra en el expediente

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de

marzo de 2019, radicado: 70001-23-33-000-2013-00205-01(3183-14). En igual sentido pueden consultarse las
siguientes sentencias de la Sección Segunda de esta corporación: a. del 19 de julio de 2018, radicado: 17001-23-33-
000-2013-00457-01 (3598-14); b. del 22 de octubre de 2018, radicado: 20001-23-39-000-2015-00529-01 (3878-17); c.
del 12 de junio de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2015-05142-01 (4512-17)
20 Sentencia C-517 de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
21 En ese sentido se ha pronunciado esta subsección en sentencias de 19 de enero de 2017, expediente: 54001-23-

33-000-2012-00180-01 (1706-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, y 14 de junio de 2018, expediente: 17001-23-33-
000-2013-00374-01 (4791-2014), C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Radicación: 13001 23 33 000 2019 00272 01 (1357-2022)
Demandante: María Elena López Solano

prueba alguna que permita inferir que la contratación fue realizada por el Gobierno
Nacional.

49. En ese orden de ideas, la Sala computará los tiempos laborados por la
demandante en ejecución de los contratos de prestación de servicios suscritos con el
alcalde mayor de Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural, tal como lo consideró
el Tribunal de primera instancia. Dichos períodos ascienden a un total de un (1) año, tres
(3) meses y once (11) días, comprendidos entre el 1.° de abril de 1995 y el 30 de
diciembre de 1995 (9 meses) y desde el 1.° de febrero de 1996 hasta el 11 de agosto de
1996 (6 meses, 11 días).

50. Adicionalmente, quedó demostrado que la actora fue nombrada en propiedad
mediante el Decreto 815 de 1996, expedido por el alcalde mayor de Cartagena de Indias
luego de haber superado el concurso de méritos convocado para proveer plazas
docentes en los planteles oficiales del Distrito. De acuerdo con el Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral fechado el 9 de septiembre de 2016, la
demandante se desempeñó en dicho cargo desde el 12 de agosto de 1996 hasta el 1.º
de agosto de 201122.

51. Del análisis del acto administrativo de nombramiento se advierte que este fue
suscrito directamente por el alcalde mayor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias sin intervención ni aprobación previa del Ministerio de Educación Nacional y
con cargo al presupuesto distrital. Además, dicho nombramiento se efectuó una vez
aprobado el correspondiente concurso de méritos, conforme a lo dispuesto en las Leyes
60 de 1993 y 115 de 1994.

52. Lo anterior permite a esta Sala concluir que se trató de una vinculación docente
de naturaleza territorial (distrital), ejercida sin solución de continuidad durante catorce
(14) años, once (11) meses y diecinueve (19) días, comprendidos desde el 12 de
agosto de 1996 hasta el 1.º de agosto de 2011, tiempo en el cual se presentaron
situaciones administrativas —como incorporaciones y ascensos— que no constituyeron
un nuevo vínculo ni alteraron la naturaleza jurídica establecida desde el inicio.

53. Por consiguiente, la demandante acreditó un total de veintidós (22) años, seis (6)
meses y veintitrés (23) días de servicios como docente de carácter territorial, que se
resumen en el siguiente recuadro:

Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Años Meses días
Territorial 20/03/1972 11/07/1978 6 3 23
Territorial 01/04/1995 30/12/1995 0 9 0
Territorial 01/02/1996 11/08/1996 0 6 11
Territorial 12/08/1996 01/08/2011 14 11 19
TOTAL 22 6 23

22
Ver expediente digitalizado, archivo 01ExpedienteDigitalizado, folios 23 a 25.
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Radicación: 13001 23 33 000 2019 00272 01 (1357-2022)
Demandante: María Elena López Solano

54. De esta manera, la demandante acreditó el ejercicio de la profesión docente de
carácter territorial por un período superior a veinte (20) años, cumpliendo asimismo con
el requisito de haberse vinculado antes del 31 de diciembre de 1980. Igualmente, se
encuentra probado que alcanzó la edad de cincuenta (50) años el 13 de agosto de 200423,
que ejerció la docencia con idoneidad y buena conducta24 y que no ha recibido ni recibe
otra pensión o recompensa de carácter nacional. En tal virtud, satisfizo todos los
requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989
para acceder a la pensión gracia.

4. Análisis de la aplicación de la prescripción

55. El Consejo de Estado25 ha señalado que la estructuración de la mentada figura
requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no se hayan ejercido las
acciones correspondientes para reclamar los derechos que considera vulnerados. Ese
tiempo se cuenta por tres años desde que la obligación se haya hecho exigible, con una
posibilidad de interrupción del término por un lapso igual, tal como lo indica el artículo 102
del Decreto 1848 de 1969, aplicable al presente caso.

56. Al respecto, esta Corporación26 ha explicado que una vez se haga exigible el
derecho y ante la presentación de la petición de reconocimiento pensional, la parte
interesada debe acudir en el término de los tres años siguientes la demanda judicial, de
lo contrario, se somete a la activación del término prescriptivo y a la pérdida del derecho
a las prestaciones periódicas causadas.

57. En el presente caso, la entidad demandada encontró reparo en cuanto al cálculo
de la prescripción de las mesadas pensionales; en su sentir, debe realizarse a partir del
momento en que se presentó la demanda.

58. Para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer, a partir del
cual debe iniciarse el cómputo del término mencionado, es necesario considerar que esta
fecha se concretó el 8 de febrero de 2009, cuando la demandante acreditó su estatus
pensional tras cumplir 20 años de servicio; esta fecha, además de no ser objeto de
controversia, es posterior a la que corresponde al momento en que cumplió los 50 años
de nacida, es decir, el 13 de agosto de 2004.

59. De las pruebas presentadas en el expediente se desprende que la actora solicitó
el reconocimiento pensional el 17 de agosto de 201627, lo que dio origen a la expedición
de los actos administrativos acusados.

60. La actora presentó la demanda el 11 de diciembre de 201828, es decir, fuera del
plazo de los 3 primeros años contados desde la fecha de su estatus, pero dentro del

23 Ver expediente digitalizado, archivo 01ExpedienteDigitalizado, folios 39 a 40.
24
Ibidem, folios 9 y 12.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15 de

noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 2 de febrero de 2012, radicado:
150012333000201300718 01 (1218-2015); Subsección A, del 17 de marzo de 2021, radicado: 76001-23-33-000-2016-
00438-01 (2939-2019); 2 de marzo de 2023, radicado: 05001233300020140102501 (1239-2016).
27 Ver expediente digitalizado, archivo 01ExpedienteDigitalizado, folios 16 a 18.
28 Ibidem, folio 69.

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Radicación: 13001 23 33 000 2019 00272 01 (1357-2022)
Demandante: María Elena López Solano

periodo de interrupción causado por la presentación de la solicitud (del 17 de agosto de
2016 al 17 de agosto de 2019); razón por la cual se debe declarar probada la prescripción
de las mesadas causadas a su favor antes del 17 de agosto de 2013, conforme lo realizó
el a quo.

5. Condena en costas en primera instancia

61. La entidad demandada solicitó la revocatoria de la condena en costas impuesta
por el Tribunal en la primera instancia, sustentada en que su actuación no fue temeraria.

62. Al respecto, la modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de
una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

63. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así
una excepción a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

64. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

65. En atención a los argumentos expuestos y teniendo en cuenta que en la sentencia
apelada se impusieron costas a la entidad demandada por haber resultado parte vencida
en el proceso, la Sala considera que no hay lugar a revocar dicha decisión, por cuanto
se encuentra debidamente fundamentada conforme a las razones desarrolladas en los
párrafos anteriores.

6. Condena en costas en segunda instancia

66. Con base al análisis normativo abordado en precedencia, en esta instancia
también se impondrán costas a la entidad demandada por cuanto se niegan totalmente
las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo
366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Bolívar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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Demandante: María Elena López Solano

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 26 de febrero de 2021 emitida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la entidad demandada en segunda instancia. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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