Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00438-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00438-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2016-00438-01
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
17 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintiuno (2021).
Radicado : 76001-23-33-000-2016-00438-01
Número interno : 2939-2019
Actor : David Fernando Collazos Delgado
Demandado : Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional //y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social //– UGPP
Medio de control : Nulidad y Restablecimiento del Derecho –
Ley 1437 de 2011
Asunto :/Suspensión de la prescripción a favor de hijo
declarado interdicto.
ASUNTO
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la
sentencia del 26 de octubre de 2018, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
l. ANTECEDENTES
Demanda
Pretensiones
El señor David Fernando Collazos Delgado, mediante apoderado judicial, acudió a
la jurisdicción en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para
solicitar la nulidad parcial de los siguientes actos administrativos contenidos en las
Resoluciones No. RDP 012761 del 31 de marzo de 2015, No. RDP 023039 del
9 de junio del 2015 y No.RDP 001063 del 15 de enero de 2016.
A título restablecimiento del derecho pidió que se ordene a la UGPP reconocer
el valor de $149.953.437.32 por concepto de las diferencias pensionales no
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Número Interno: 2939-2019
Demandante: David Fernando Collazos Delgado
Demandado: UGPP
pagadas con ocasión del reconocimiento de la indexación post mortem de la
primera mesada pensional, desde el 29 de marzo de 2008, en razón a que la
petición inicial se hizo el 29 de marzo de 2011.
También pidió el pago de los intereses moratorios con la máxima tasa legal sobre
el valor que se omitió pagar, esto es, la suma de $149.953.437.32, desde el
momento de la constitución en la mora.
Los hechos en que se fundamentan las pretensiones son los siguientes1:
La fallecida señora Luz Viela Hurtado de Collazos laboró para la DIAN, desde el
16 de septiembre de 1960 hasta el 22 de febrero de 1984, el último cargo
desempeñado fue el de jefe de sección, en el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, en la ciudad de Cali.
La Caja Nacional de Previsión Social (hoy UGPP) mediante Resolución No.
000821 del 20 de febrero de 1991 reconoció a favor de la señora Luz Viela
Hurtado Collazos una pensión mensual vitalicia en cuantía de $53.649.42 a partir
del 16 de agosto de 1989 (fecha en la que cumplió el requisito de edad para
acceder a su derecho prestacional), tomando el 75% sobre el salario promedio de
lo devengado en el último año de servicios, en consonancia con el Decreto 1045
de 1978.
El 23 de marzo de 2011, la señora Luz Viela María Hurtado de Collazos solicitó a
Cajanal la indexación de la primera mesada pensional; no obstante, a través de
Auto No. UGM005059 del 3 de febrero de 2012, la entidad se abstuvo de decidir
debido a su fallecimiento el 16 de junio de 2011.
Por medio de la Resolución No. RPD 002858 del 29 de enero de 2014, se
reconoció la pensión de sobrevivientes al señor José Rubén Collazos Hurtado, en
un porcentaje del 100%, dada su condición de hijo inválido.
1
Folios 1 a 14.
3
Número Interno: 2939-2019
Demandante: David Fernando Collazos Delgado
Demandado: UGPP
El demandante indicó que el 23 de enero de 2015 solicitó nuevamente la
indexación de la primera mesada pensional post mortem, la cual ya había sido
radicada inicialmente el 29 de marzo de 2011 y que en su criterio había quedado
en suspenso; adujo que la actuación se reanudó cuando aportó la sentencia 345
del 30 de noviembre de 2011, proferida por el Juzgado Octavo de Familia que
nombró al señor David Fernando Collazos Delegado curador legítimo del interdicto
José Rubén Collazos Hurtado, hijo de la causante.
La Resolución RDP 012761 del 31 de marzo de 2015 accedió a indexar post
mortem la primera mesada pensional de la señora Luz Viela María Hurtado de
Collazos, a favor del señor José Rubén Collazos Hurtado, en calidad de hijo
inválido, en suma, de $149.762, efectiva a partir del 16 de agosto de 1989, pero
con efectos fiscales a partir del 23 de enero del 2012, por prescripción trienal
La Resolución RDP 023039 del 9 de junio del 2015 resolvió un recurso de
reposición y modificó la anterior resolución en el sentido de ordenar el pago con
efectos fiscales a partir del 10 de febrero de 2012, por prescripción trienal.
Decisión que fue confirmada en la Resolución RDP 001063 del 7 de enero de
2016, la cual resolvió el recurso de apelación.
La parte actora sostiene que desde la petición inicial del 29 de marzo de 2011
interpuesta por la causante se inició la vía gobernativa.
Normas violadas y concepto de violación
El artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo; el artículo 151 del Código de
Procedimiento Laboral y Seguridad Social; el artículo 41 del Decreto 3135 de
1968; el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, por el cual se reglamenta el
Decreto 3135 de 1968; los artículos 161, 162, 163, 164, 165, 166 y 167 de la Ley
1437 de 2011.
Sostuvo que la petición inicial relativa a la indexación de la primera mesada
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Número Interno: 2939-2019
Demandante: David Fernando Collazos Delgado
Demandado: UGPP
pensional fue presentada el 23 de marzo de 2011 por la causante, siendo en ese
momento en que se interrumpió la prescripción, de conformidad con el artículo 488
del Código sustantivo del trabajo, y el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo
y Seguridad Social.
Adujo desde dicha solicitud y la última no han transcurrido tres años, por ello, la
entidad demandada no debe tener en cuenta la última petición para efectos de la
prescripción, toda vez que se presentó con el propósito de reactivar la reclamación
que estaba en trámite.
Contestación de la demanda
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP contestó la demanda oponiéndose a la
prosperidad de las pretensiones2.
Explicó que, mediante Resolución No. 012761 del 31 de marzo de 2015, se
ordenó la indexación de la pensión post mortem de la primera mesada pensional,
con efectos desde el 23 de enero de 2012; sin embargo, mediante Resolución
RDP N0. 023039 del 9 de junio de 2015, se determinó que los efectos fiscales por
prescripción trienal serían partir del 10 de febrero de 2012, teniendo en cuenta que
la solicitud data del 10 de febrero de 2015.
Sostuvo que para interrumpir la prescripción no basta la presentación sucesiva de
reclamos escritos sobre el derecho pretendido, pues es menester aportar las
pruebas que sustentan el mencionado derecho.
En ese sentido, manifestó que “tal como se constata en el expediente, la última
solicitud de reliquidación presentada ante la entidad, no se interrumpe en su término por
la otra petición radicada con anterioridad, aunque esta se encuentre dentro del término de
los tres años establecidos por la ley, si entre las peticiones no existe identidad de partes,
2
Folios 177 a 188.
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Número Interno: 2939-2019
Demandante: David Fernando Collazos Delgado
Demandado: UGPP
pretensiones y pruebas, situación esta que no ocurre pues fueron realizadas sin la
documentación idónea, a diferencia de lo sucedido con la petitoria presentada solo hasta
el día 10 de febrero de 2015”.
Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo no
debido, ineptitud sustantiva de la demanda por no haber demandado todos los actos
administrativos, ausencia de vicios y prescripción.
Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Declaró la nulidad de los actos acusados. A título de
restablecimiento del derecho, ordenó a la UGPP reconocer y pagar la indexación
post mortem de la primera mesada pensional reconocida a la señora Luz Viela
María Hurtado de Collazos (causante) a favor del señor José Rubén Collazos
Hurtado como hijo beneficiario, a partir del 16 de agosto de 1989, pero con efectos
fiscales del 16 de diciembre de 2009, por ser esta la fecha de declaratoria de
interdicción del señor José Rubén Collazos. Dispuso el pago de las diferencias
pensionales causadas y no pagadas con ocasión al reconocimiento de la
indexación post mortem de la primera mesada pensional entre el 16 de diciembre
de 2009 y el 23 de enero de 20123.
Como fundamento de la decisión expuso que, la madre fallecida del señor José
Rubén Collazos Hurtado solicitó el 29 de marzo de 2011 el reajuste de la pensión
con la actualización de la primera mesada; no obstante, la entidad accionada
archivó la petición debido al fallecimiento de la causante mediante Auto de 3 de
febrero de 2012.
Aunado a lo anterior, indicó que el 5 de febrero de 2013, el actor pidió el
reconocimiento de la sustitución pensional, lo cual le fue negado a través de las
Resoluciones RDP 028610 del 24 de junio de 2013, RDP 034681 del 20 de julio de
3
Folios 223 a 234.
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Número Interno: 2939-2019
Demandante: David Fernando Collazos Delgado
Demandado: UGPP
2013 y RDP 036344 del 12 de agosto de 2013.
Posteriormente el 9 de septiembre y 16 de diciembre de 2013, el demandante
requirió nuevamente a la entidad la reactivación de la petición presentada por la
señora Luz Viela María Hurtado de Collazos, sin que obre contestación.
Señaló que, en todo caso, por medio de la Resolución RDP 002858 del 29 de
enero de 2014, la entidad reconoció al actor la pensión de sobrevivientes,
refiriendo que con ello se da respuesta a la petición del 16 de diciembre de 2013.
Destacó que el señor José Rubén Collazos Hurtado para la fecha en que realizó la
solicitud de reconocimiento de la sustitución pensional a la entidad demandada y
de la interposición de la demanda, ya había sido declarado interdicto
judicialmente, situación que llevó a que posteriormente los señores David
Fernando Collazos Delgado y Luz Stella Franco Hernández fueran nombrados sus
curadores.
Advirtió que, si bien, en principio podría entenderse que la petición de la madre
fallecida interrumpió la prescripción, lo cierto es que su hijo declarado interdicto
tenía un interés en la mesada pensional. Por tanto, la prescripción se suspendió a
a partir del momento en que se declaró la interdicción del hijo de la causante, esto
es, el 16 de diciembre de 2009; en consonancia con el artículo 2530 del Código
Civil y las sentencias del 20 de abril de 2017 y 11 de febrero de 2015 del Consejo
de Estado.
Por ello, para el Tribunal la UGPP “en estas condiciones no es posible aplicar la
prescripción trienal sobre las mesadas de la pensión reconocida (…) por
consiguiente, considera la Sala que la UGPP no debió reconocer la indexación
post mortem a favor del demandante con efectos fiscales a partir del 10 de febrero
de 2012, por prescripción trienal, toda vez que el presente asunto, como se indicó
con anterioridad, se suspende la prescripción de las mesadas pensionales”.
Entonces, el fallador de instancia dispone que el pago de la indexación de la
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Número Interno: 2939-2019
Demandante: David Fernando Collazos Delgado
Demandado: UGPP
primera mesada pensional procede desde el 16 de diciembre de 2019, por ser la
fecha de la sentencia que declaró la interdicción.
Respecto a la solicitud de intereses moratorios, subrayó que procede por la
ausencia de pago de la mesada y no de las diferencias causadas. Condenó en
costas y en agencias en derecho a la entidad demandada.
El recurso de apelación
La parte demandante solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia con
fundamento en lo siguiente4.
Alegó que existen pronunciamientos jurisprudenciales que avalan la no aplicación de
la prescripción cuando el beneficiario de la prestación es una persona en condición
de invalidez, y, por tanto, sujeto de especial protección por parte del Estado.
Además, “nada se dice sobre tomar ese tiempo a partir de la declaratoria de interdicción
judicial, pues el hecho de no contar con esa formalidad no puede arbitrariamente desconocer
el estado de invalidez del solicitante, más aún cuando la propia entidad era conocedora de
tal situación, ya que el señor José Rubén Collazos se encuentra en estado de discapacidad
desde su nacimiento, figurando como beneficiario en todos los actos de su progenitora”.
Reprochó que la entidad, aún conociendo la solicitud de indexación de la primera
mesada elevada por la titular en el año 2011, reconoció la sustitución pensional a su
hijo en el año 2014, sin el reajuste correspondiente, y solo hasta el año 2015 accedió
a la indexación de la primera mesada, pero con aplicación de la prescripción trienal
como si la actuación administrativa hubiese iniciado con la solicitud del 23 de enero
de 2015, esto, en contraposición de los derechos del señor José Rubén Collazos, ya
que “al fallecer su señora madre, es este quien está llamado por ley a suceder los
derechos y acreencias en su favor, pues ostenta la vocación hereditaria que se
causa con el deceso de la titular”.
4
Folios 248 a 252.
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Demandante: David Fernando Collazos Delgado
Demandado: UGPP
Sostuvo que, la indexación de la primera mesada pensional de la señora Luz Viela
Hurtado nada tiene que ver con la fecha de declaratoria de interdicción, pues la
reclamación efectuada creó la expectativa legítima a la titular sobre un derecho
adquirido, que no desaparece ni se extingue, sino que se transmite a sus herederos.
Asimismo, precisó que el estado de invalidez del solicitante no se configura con la
sentencia de interdicción sino con la experticia médica que acredita tal situación y
que ya obraba en los archivos de la entidad por ser beneficiario de su señora madre,
desde su nacimiento.
Refirió que, la reclamación inicial impetrada por la titular del derecho es de fecha de
29 de marzo de 2011, momento para el cual se interrumpió la prescripción; y que,
consecutivamente los días 9 de septiembre del 2013 y 23 de enero de 2015, su hijo
solicitó e insistió en la reactivación del trámite de la indexación de la mesada
pensional en calidad de beneficiario de la causante.
No obstante, la UGPP reconoció el derecho a indexar la mesada pensional mediante
la Resolución N° RDP 012761 del 31 de marzo de 2015, tomando como fecha inicial
la solicitud del 23 de enero de 2015.
La entidad demandada pidió que se revoque la sentencia para negar las súplicas
de la demanda, por considerar que los actos demandados no contienen vicios que
conlleven a su anulación5.
Refutó que la prescripción de incapaces absolutos, plasmada en el artículo 2530 del
código civil, se refiere a la prescripción ordinaria en general, a favor de quienes se
encuentran bajo tutela o curaduría, y dicha disposición es aplicable en materia civil,
por lo tanto, no se extiende a los asuntos relacionados con la seguridad social.
Aseveró que, según el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, las prestaciones
sociales prescriben en el término de 3 años contados a partir de la última petición.
5
Folios 241 a 247.
9
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Demandante: David Fernando Collazos Delgado
Demandado: UGPP
Igualmente, adujo que la jurisprudencia ha indicado que la pensión de jubilación y el
derecho a los reajustes no prescriben, pero las mesadas sí, razón por la cual, están
prescritas todas las obligaciones pensionales, intereses corrientes o moratorios,
indexación, que se hubieren causado con anterioridad a los tres años contados
desde la fecha en que se presente la reclamación del derecho.
Alegatos de conclusión
El demandante, quien actúa como curador legítimo del interdicto José Rubén
Collazos Hurtado, reiteró lo expuesto en el recurso de apelación6.
La UGPP señaló que no procede la prescripción de las diferencias pensionales
desde el 29 de marzo de 2008, pues si bien la causante solicitó en vida la
indexación el 29 de marzo de 2011, esta no fue resuelta dado su fallecimiento.
Relató que, el señor José Rubén Collazos Hurtado solicitó el 9 de septiembre de
2013 la indexación de la primera mesada pensional post mortem sin allegar la
acreditación idónea de ser beneficiario en su momento.
Agregó que el 16 de diciembre de 2013, el actor solicitó exclusivamente el
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, y solamente con la petición
de 10 de febrero de 2015 acreditó su condición de beneficiario y solicitó la
indexación de la primera mesada pensional, por lo que, se reitera la legalidad
sobre la cual se han desarrollado los actos administrativos demandados7.
El Ministerio Público guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
6
Folios 287 a 289, 284 a 286 y 307 a 311.
7
Folios 303 a 306.
10
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Demandante: David Fernando Collazos Delgado
Demandado: UGPP
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto.
Problema jurídico
En los términos de los recursos de apelación presentados por las partes
demandante y demandada, corresponde a la Sala determinar si modifica o revoca
el fallo de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones del actor.
Para el efecto se analizará la figura de la prescripción del derecho al pago de las
diferencias pensionales causadas con ocasión de la indexación post mortem de la
primera mesada pensional. Por tanto, se determinará si la prescripción se
interrumpió con la solicitud que interpuso la causante el 29 de marzo de 2011,
entendiéndose que en ese momento se inició la actuación administrativa; o si
como lo afirma la entidad, al fallecer la pensionada era procedente que se
abstuviera de pronunciarse por falta de interés jurídico, y la prescripción realmente
se interrumpió con la reclamación presentada por su hijo interdicto, que fue
radicada el 10 de febrero de 2015.
Para resolver el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: i) De la
prescripción de los derechos laborales y la suspensión a favor de las personas
bajo curaduría, prevista en el artículo 2530 del Código Civil; ii) hechos probados y
iii) caso concreto.
i) De la prescripción de los derechos laborales y la suspensión a favor de las
personas bajo curaduría, prevista en el artículo 2530 del Código Civil
(modificado por el artículo 3 de la Ley 791 de 2002).
Del desarrollo normativo de la seguridad social se desprende la regla jurídica,
según la cual, toda pensión constituye un derecho imprescriptible. Empero,
respecto de las mesadas pensionales dejadas de cobrar, el Código Procesal del
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Número Interno: 2939-2019
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Demandado: UGPP
Trabajo y la Seguridad Social (D.L. 2158 de 1948, modificado por la Ley 712 de
2001), en su artículo 151, dispuso la forma de interrumpir el término de la
prescripción, bajo el entendido que “las acciones que emanen de las leyes sociales
prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya
hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre
un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo
por un lapso igual”.
Ahora bien, la normativa aplicable para los empleados oficiales, reglamentada en
el Decreto 3135 de 1968 “por el cual se prevé a integración de la seguridad social entre
el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados
públicos y trabajadores oficiales”, estipuló la interrupción de la prescripción en los
siguientes términos:
ARTÍCULO 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este
Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se
haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente,
sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la
prescripción, pero sólo por un lapso igual.
En igual sentido, el Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de
1968 precisó:
ARTÍCULO 102.- Prescripción de acciones.
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de
1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha
en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o
empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
Así las cosas, el término de prescripción empieza a correr a partir de la fecha en
que el derecho se haya hecho exigible, el cual se interrumpe desde la
interposición de la reclamación administrativa, y luego de presentada la petición
del derecho, el interesado cuenta con 3 años para demandar su reconocimiento,
en caso de que la entidad requerida sea renuente a dar respuesta.
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Demandante: David Fernando Collazos Delgado
Demandado: UGPP
Lo anterior so pena de activarse el fenómeno prescriptivo, y de esta manera evitar
la pérdida del derecho a las prestaciones periódicas que se llegaren a ver
afectadas por el transcurso del tiempo8.
De otro lado, se tiene que, el ordenamiento jurídico consagra de cara al fenómeno
de la prescripción, la suspensión a favor de los incapaces y, en general de
quienes se encuentran bajo tutela o curaduría. En ese sentido, el artículo 2530 del
Código Civil es claro en señalar que, no se contará el tiempo de prescripción en
contra de quien se encuentre en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho,
mientras dicha imposibilidad subsista, considerando lo siguiente:
ARTICULO 2530. <SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN
ORDINARIA>. <Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 791 de 2002. El
nuevo texto es el siguiente:> La prescripción ordinaria puede suspenderse sin
extinguirse; en ese caso, cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al
poseedor el tiempo anterior a ella, si alguno hubo.
La prescripción se suspende a favor de los incapaces y, en general, de quienes se
encuentran bajo tutela o curaduría.
Se suspende la prescripción entre el heredero beneficiario y la herencia.
Igualmente se suspende entre quienes administran patrimonios ajenos como
tutores, curadores, albaceas o representantes de personas jurídicas, y los titulares
de aquellos.
No se contará el tiempo de prescripción en contra de quien se encuentre en
imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho, mientras dicha imposibilidad
subsista.
Al respecto, la Corporación en reiteradas oportunidades ha concluido que es
procedente la aplicación del artículo 2530 del Código Civil, tratándose de
incapaces. Así, en sentencia del 11 de febrero de 2015, en un caso similar,
explicó:
“En el presente asunto, advierte la Sala que si bien el señor Oscar Córdoba Ruiz
para la fecha en que realizó la solicitud de reconocimiento de la pensión gracia a la
entidad demandada y de la interposición de la demanda, no había sido declarado
interdicto judicialmente, sí está probado que padecía de una enfermedad mental
8
Consejo de Estado. Sentencia del 2 de febrero de 2012. Radicado: 150012333000201300718 01 (1218-2015). Actor:
María Consuelo del Pilar Barrera Rossi. Demandado: Cajanal (hoy UGPP). M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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(trastorno bipolar afectivo), la cual, a pesar de haber sido diagnosticada el 11 de
febrero de 2000, venía sufriéndola desde hacía 18 años, es decir, que con el pasar
del tiempo tal enfermedad ha venido progresando y empeorando hasta tal punto
de que para la fecha antes señalada, ya le había ocasionado un 84% de pérdida
de capacidad laboral, situación que llevó a que posteriormente su hermana fuera
nombrada como su curadora a través de sentencia proferida por el Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia Distrito Judicial de Quibdó.
En consecuencia, considera la Sala que el demandante se encuentra dentro de las
previsiones consagradas en el artículo 2530 del Código civil y en esas condiciones
no es posible aplicar la prescripción trienal sobre las mesadas de la pensión
reconocida.
En ese sentido, la Sala confirmará la sentencia apelada en cuanto ordenó el
reconocimiento de la pensión gracia al señor OSCAR CÓRDOBA RUÍZ y la
modificará para ordenar a la Caja Nacional de Previsión Social que reconozca y
pague la referida pensión desde el 11 de febrero de 2000, fecha en que se
estructuró la incapacidad sin lugar a prescripción”9.
Aunado lo anterior, la Corporación precisó que el artículo 2530 del Código Civil
hace parte del régimen de protección aplicable a las personas que, en los términos
de dicho estatuto y de la Ley 1306 de 2009, sufren de alguna discapacidad10.
En la actualidad, la Ley 1996 de 2019, “por medio del cual se establece el régimen
para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de
edad”, elimina la figura de la interdicción. Ello implica que, a partir de su
promulgación11, no se podrán iniciar para decretarla, sino que se implementan
procesos de apoyo judicial.
Sobre los derechos a las prestaciones sociales de este grupo poblacional, se
pronunció la Corte Constitucional en sentencia T-392 de 2020 así:
“La Constitución Política de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional
enfatizaron que el mandato de abstención que se deriva del primer inciso del
artículo 13 constitucional, y, por ello, evita que se adopten por parte de las
entidades del Estado medidas, programas o políticas, abiertamente
discriminatorios. Asimismo, también busca “evitar la promulgación de medidas,
9
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A. Sentencia del 11 de febrero de 2015. Radicado:
180012331000200900275 01 (1397-2012). Actor: Oscar Córdoba Ruiz. Demandado: Cajanal (hoy UGPP). M.P.: Alfonso
Vargas Rincón.
10
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A. Radicado: 25000234200020130158001 (0945-19). Actor: Jairo
Moncada Castañeda. Demandado: Municipio de Zipacón. M.P.: William Hernández Gómez.
11
La promulgación de la Ley fue el 26 de agosto de 2019.
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Número Interno: 2939-2019
Demandante: David Fernando Collazos Delgado
Demandado: UGPP
programas o políticas, bajo el marco de presupuestos generales y abstractos, que
impacten desproporcionadamente a grupos marginados o discriminados.
En desarrollo de este mandato, la Ley 1346 de 2009 se promulgó como un primer
avance en materia de los derechos de las personas en situación de discapacidad
acorde con los lineamientos internacionales. Después, la Ley 1996 de 2019
concretó el sistema de apoyos para personas en situación de discapacidad, como
herramienta que busca ajustes razonables que eviten las cargas
desproporcionadas o indebidas, en lo que respecta al goce o ejercicio de las
personas en situación de discapacidad, para de esta manera, en igualdad de
condiciones, se promueva sus derechos humanos y libertades fundamentales, en
donde su voluntad no se releve a un tercero de manera definitiva y forzada.
Al respecto el artículo 9° de esta normativa establece que todas las personas con
discapacidad, mayores de edad, tienen derecho a realizar actos jurídicos de
manera independiente y a contar con apoyos para la realización de los mismos
Por lo que, el mecanismo de apoyos es un sistema de ayuda que garantiza su
participación efectiva para la toma de decisiones, como sujetos de derechos y
obligaciones dentro de la relación jurídica.”12.
ii) Hechos probados
i) La Caja Nacional de Previsión Social, mediante la Resolución No. 000821 del
20 de febrero de 199113, reconoció una pensión mensual vitalicia de jubilación a
favor de la señora Luz Viela María Hurtado de Collazos, en cuantía de $53.649,
efectiva a partir del 16 de agosto de 1989. Para lo cual se tuvo en cuenta lo
siguiente:
1. Que la peticionaria laboró un total de 8.437 días.
2. Nació el 16 de agosto de 1939 y cuenta con 50 años de edad.
3. El último cargo desempeñado fue el de jefe de sección en Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
4. Acreditó retiro definitivo del servicio el 22 de febrero de 1984.
5. De acuerdo con el Decreto 1045 de 1978, la liquidación se efectúa aplicando el
75% sobre el salario promedio de 12 meses; cumpliendo con los requisitos
establecidos en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985.
ii) Conforme se indica en la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2011 por el
Juzgado Octavo de Familia, mediante fallo No. 532 del 16 de diciembre de 2009,
se declaró la interdicción judicial del señor José Rubén Collazos Hurtado dentro
del radicado 2009-502, proferida por el mismo despacho judicial y se nombró a la
12
Sentencia T- 392 del 7 de septiembre de 2020. Corte Constitucional. Referencia: expediente T-7.609.701. Acción de
tutela promovida por Esilda Francisca Araujo como agente oficiosa de la señora Gladis Guerra Cotes contra la UGPP. M.P.:
Alberto Rojas Ríos.
13
Folios 35 a 37.
15
Número Interno: 2939-2019
Demandante: David Fernando Collazos Delgado
Demandado: UGPP
señora Luz Viela María Hurtado de Collazos como curadora legítima del declarado
discapacitado mental.
iii) Reclamación administrativa del 29 de marzo de 201114, mediante la cual la
señora Luz Viela Hurtado de Collazos solicitó la reliquidación de la pensión de
jubilación y la indexación de su primera mesada pensional.
iv) Obra sentencia de nombramiento de guardador testamentario del 30 de
noviembre de 201115, por la cual, el juzgado octavo de familia designó a los
señores David Fernando Collazos Delgado y Luz Estella Franco Hernández como
curadores legítimos del interdicto José Rubén Collazos Hurtado. Así como acta de
posesión de 23 de agosto de 2012 de la curaduría.
v) Auto No. UGM005059 del 3 de febrero de 201216, que se abstiene de resolver
la petición de indexación de la primera mesada pensional, aduciendo que debido
al fallecimiento de la señora Luz Viela María Hurtado de Collazos, se perdió el
interés jurídico.
vi) A través de la Resolución No. RDP 028610 de 24 de junio de 201317, la
UGPP negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor del señor
José Rubén Collazos Hurtado en calidad de hijo inválido, por considerar que, en la
calificación de invalidez de fecha de 6 de junio de 1997 aportada, no indicaba la
fecha de estructuración. Del acto consta que:
1. La señora Luz Viela María Hurtado Collazos falleció el 16 de junio de 2011,
según registro civil de defunción.
2. Se aportó sentencia No. 532 del 16 de diciembre de 2009 que declaró la
interdicción judicial del interesado dentro del radicado 2009-502, proferida por
el Juzgado Octavo de Familia de Cali y nombró a la señora Luz Viela María
Hurtado de Collazos como curadora legítima del declarado discapacitado
mental.
3. Obra sentencia de nombramiento de guardador testamentario del 30 de
noviembre de 2011, por la cual, el juzgado octavo de familia designó a los
14
Folios 55 a 70.
15
Folios 19 a 27.
16
Folio 71.
17
Folios 72 a 76.
16
Número Interno: 2939-2019
Demandante: David Fernando Collazos Delgado
Demandado: UGPP
señores David Fernando Collazos Delgado y Luz Estella Franco Hernández
como curadores legítimos del interdicto José Rubén Collazos Hurtado. Así
como acta de posesión de 23 de agosto de 2012 de la curaduría.
4. Dictamen de invalidez de 6 de junio de 1997 expedido por Cajanal en el que se
determina como invalidez total 68.5%.
vii) La anterior decisión fue confirmada en las Resoluciones RDP 034681 del 30
de julio de 201318 y RDP 036344 de 12 de agosto de 201319, al resolver los
recursos de reposición y apelación.
viii) Derecho de petición radicado el 9 de septiembre de 201320, por el cual, el
beneficiario de la pensionada solicitó “continuar con el estudio de la indexación de
la primera mesada pensional reconocida mediante Resolución No. 000821 del 20
de febrero de 1991 por medio de la cual se resuelve reconocer y ordenar el pago a
favor de la señora Luz Viela María Hurtado Collazos”.
ix) Resolución RDP 042918 del 17 de septiembre de 201321, por la cual se negó
la reliquidación de la pensión de vejez, al considerar que el señor José Rubén
Collazos Hurtado, quien invoca la calidad de hijo de la causante tiene vocación
hereditaria, pero ello no quiere decir que una vez fallecida la causante
automáticamente sea su heredero.
x) Resolución RDP 002858 del 29 de enero de 201422, por la cual se reconoce y
ordena el pago de una pensión sobrevivientes a favor del señor José Rubén
Collazos Hurtado, en calidad de hijo inválido, a partir del 17 de junio de 2011, día
siguiente al fallecimiento de la señora Luz Viela Hurtado de Collazos, en la misma
cuantía devengada por el causante, en consonancia con el artículo 47 de la Ley
100 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en un porcentaje del 100%;
para lo cual se indicó:
18
Folios 77 a 78.
19
Folios 79 a 83.
20
Folios 85 a 87.
21
Folios 89 a 93.
22
Folios 94 a 100.
17
Número Interno: 2939-2019
Demandante: David Fernando Collazos Delgado
Demandado: UGPP
1. Que el registro civil de nacimiento del señor José Rubén Collazos Hurtado,
tiene nota marginal en la cual señala que fue declarado interdicto por sentencia
judicial y se acredita el parentesco de hijo de la causante.
2. Que obra declaración juramentada rendida por el señor David Fernando
Collazos Delgado, en la cual se indica que el señor José Rubén Collazos
Hurtado, dependía económicamente de la señora Luz Viela María Hurtado de
Collazos.
3. Que teniendo en cuenta que el dictamen de invalidez No. ML-0068-2013
expedido por la Magisalud unión temporal 2, señala que el señor José Rubén
Collazos Hurtado, estructuró su invalidez desde el mes de mayo de 1986 antes
de la fecha del fallecimiento de la causante.
xi) Derecho de petición del 23 de enero de 201523, en el que el actor solicitó a la
UGPP reactivar la indexación de la primera mesada pensional post mortem en
cabeza del interdicto José Rubén Collazos Hurtado, hijo de la señora Luz Viela
María Hurtado de Collazos, en virtud de que la Resolución No. RDP 002858 del 29
de enero de 2014, se resolvió reconocer y ordenar el pago de una pensión de
sobrevivientes.
xii) Resolución RDP 012761 del 31 de marzo del 2015 (acto demandado)24, por
medio de la cual se indexó post mortem la primera mesada pensional que se
reconoció a la señora Luz Viela Hurtado de Collazos, a favor del señor José
Rubén Collazos Hurtado; en suma, de $149.762, efectiva a partir del 16 de agosto
de 1989, pero con efectos fiscales a partir del 23 de enero del 2012.
xiii) Resolución RDP 023039 del 9 de junio del 2015 (acto demandado)25, que
resolvió un recurso de reposición y modificó la anterior decisión, en el sentido de
indexar post mortem la primera mesada pensional, con efectos fiscales a partir del
10 de febrero de 2012, por prescripción trienal; por considerar que la fecha de
radicación de la petición de la apoderada fue el 10 de febrero de 2015 y no el 23
de enero de 2015, ya que esta fecha corresponde a la fecha de elaboración del
documento. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1848 del
4 de noviembre de 1969, reglamentario del Decreto 3135 del 26 de diciembre de
1968.
23
Folios 101 a 107.
24
Folios 111 a 121.
25
Folios 129 a 133.
18
Número Interno: 2939-2019
Demandante: David Fernando Collazos Delgado
Demandado: UGPP
xiv) La anterior decisión fue confirmada en la Resolución No. RDP 001063 del 15
de enero de 2016 (acto demandado)26, al resolver el recurso de apelación y se
determinó que:
1. La causante en vida solicitó el 29 de marzo de 2011 la indexación de la primera
mesada pensional, solicitud que no fue resuelta de fondo por el fallecimiento de
esta.
2. Que el señor José Rubén Collazos Hurtado, solicitó el 9 de septiembre la
indexación de la primera mesada pensional; no obstante, esta solicitud se
realizó sin demostrar o acreditar la condición de beneficiario, toda vez que se
negó por carga de la prueba.
3. Que la solicitud posterior del 16 de diciembre de 2013 fue encaminada
exclusivamente al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, en su
escrito petitorio no solicitó la indexación de la primera mesada pensional post
mortem.
4. Que fue finalmente el 10 de febrero de 2015 la fecha en la cual se radicó la
petición del señor José Rubén Hurtado Collazos, quien ya había acreditado la
condición de beneficiario, cuando se solicitó la indexación de la primera
mesada pensional post mortem con las condiciones jurídicas para realizar, toda
vez que, en las solicitudes anteriores, se reitera, no se había acreditado con la
documentación pertinente, la calidad de beneficiario y por ende la competencia
para efectuar tal solicitud.
Además, la entidad adujo que, para interrumpir la prescripción, no basta la
presentación sucesiva de reclamos escritos sobre el derecho pretendido, sino que
debe estar debidamente determinado, lo que implica que se aporten los hechos y
las pruebas sobre los que se sustenta el mencionado derecho.
iii) Caso concreto
En el asunto bajo análisis, la entidad accionada reconoció y liquidó la indexación
post mortem de la primera mesada pensional de la señora Luz Viela María
Hurtado, a favor del señor José Rubén Hurtado Collazos como hijo inválido,
beneficiario de la sustitución pensional.
El accionante solicita la nulidad de los actos administrativos que le reconocieron la
indexación post mortem de la primera mesada pensional, con efectos fiscales a
26
Folios 136 a 142.
19
Número Interno: 2939-2019
Demandante: David Fernando Collazos Delgado
Demandado: UGPP
partir del 10 de febrero de 2012, por prescripción trienal; para que se declare que
la interrupción de la prescripción se dio con la petición inicial que hizo en vida la
causante el 29 de marzo de 2011, y se ordene el pago de las diferencias a partir
del 29 de marzo de 2008.
El Tribunal de instancia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Declaró la nulidad de los actos acusado y ordenó a la UGPP pagar la indexación
post mortem de la primera mesada pensional reconocida a la señora Luz Viela
María Hurtado de Collazos a favor del señor José Rubén Collazos Hurtado, a
partir del 16 de agosto de 1989, pero con efectos fiscales del 16 de diciembre de
2009, por ser esta la fecha de declaratoria de interdicción del señor José Rubén
Collazos; y reconocer las diferencias pensionales causadas y no pagadas con
ocasión al reconocimiento de la indexación post mortem de la primera mesada
pensional entre el 16 de diciembre de 2009 y el 23 de enero de 2012.
Inconforme con esta decisión, la parte demandante solicita que se revoque la
decisión de primera instancia, porque la indexación de la primera mesada pensional
de la señora Luz Viela Hurtado nada tiene que ver con la fecha de declaratoria de
interdicción, pues la reclamación efectuada en el año 2011 por la titular creó la
expectativa legítima sobre un derecho adquirido, que no desaparece ni se extingue,
sino que se transmite a sus herederos.
Por su parte, la entidad demandada recurrió la decisión, por considerar que la
suspensión de la prescripción a favor de los incapaces absolutos, plasmada en el
artículo 2530 del Código Civil, es aplicable en materia civil, y, por lo tanto, no se
extiende a los asuntos relacionados con la seguridad social.
De la aplicación del artículo 2530 del Código Civil, en materia de seguridad
social
El artículo 2530 del Código Civil prevé la suspensión de la prescripción a favor de
los incapaces y, en general, de quienes se encuentran bajo tutela o curaduría;
20
Número Interno: 2939-2019
Demandante: David Fernando Collazos Delgado
Demandado: UGPP
subyace de esta norma que se trata de personas que se encuentran en
imposibilidad de valer sus derechos.
Ahora bien, de cara a lo aducido por la entidad demandada frente a la aplicación de
normas civiles, sea lo primero señalar que esta Corporación en reiteradas
ocasiones ha determinado la aplicación de las disposiciones del Código Civil sobre
la suspensión de la prescripción a favor de las personas declaradas interdictas,
con base en los principios constitucionales previstos en los artículos 1, 2, 13, 47,
54 y 68, en los que se fundamenta la protección especial a favor de quienes sufren
una pérdida de capacidad laboral.
Así pues, a falta de disposición especial en las normas laborales, las altas cortes
han acudido analógicamente lo dispuesto en el Código Civil27, según la
jurisprudencia indicada en el acápite normativo y jurisprudencial. A modo de guisa,
se trae a colación el siguiente fallo de la Corte Suprema de Justicia28:
“En el derecho común, aplicable por remisión a los créditos laborales, el
artículo 2541 del Código Civil contempla la suspensión de la prescripción
extintiva de las obligaciones y remite al artículo 2530 ibídem para identificar
las personas en cuyo favor opera tal figura, dentro de las cuales el artículo
68 del decreto 2820 de 1974, que modificó parcialmente aquella
disposición, incluye a "Los menores, los dementes, los sordomudos y
quienes estén bajo patria potestad, tutela o curaduría".
Si la norma transcrita extiende el beneficio de la suspensión de la
prescripción a los menores, los dementes y los sordomudos, y
expresamente se refiere a quienes cuentan con representación legal (patria
potestad y guarda), es claro que la suspensión opera sin consideración a
que exista o no tal representación, por lo que debe entenderse que el
modificado artículo 2530 del CC contiene un beneficio para determinadas
personas a quienes la ley protege sin importar que el sujeto cuente o no con
un representante legal eficiente o ineficiente, por lo que el error en que
aquel incurra, no puede afectar la situación jurídica del representado".
De lo expuesto, resulta claro, entonces, que frente a las personas
declaradas incapaces opera la suspensión de la prescripción. No obstante,
27
Al respecto el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo consagra la aplicación analógica de la regulación civil.
28
Sentencia del 15 de septiembre de 2020 SL3422-2020. Corte Suprema de Justicia, sala de descongestión laboral n°1.
Radicación n°77541, acta 34. Magistrada ponente: Dolly Amparo Caguasango Villota.
21
Número Interno: 2939-2019
Demandante: David Fernando Collazos Delgado
Demandado: UGPP
los actos por ellas realizados hasta que se produzca tal declaratoria, se
presumen válidos”.
Aclarado lo anterior, se establece que la prescripción se suspende en los casos en
que se discutan derechos de personas declaradas incapaces, porque no es viable
imponer una sanción a quien se entiende, está en imposibilidad de hacer valer sus
derechos, a la luz de lo dispuesto en el artículo 2530 del Código Civil.
De la interrupción de la prescripción realizada por la causante y la
suspensión de la prescripción a favor de su hijo interdicto
De acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, el conjunto de actuaciones
desplegadas por la causante y la parte actora para lograr el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes y la indexación post mortem, en orden cronológico, se
ilustran así:
ACTUACIÓN FECHA RESULTADOS DECISIÓN
Solicitud de indexación 29 de marzo de Auto UGM 005059 La entidad se
de la primera mesada 2011 del 3 de febrero de abstuvo de resolver
pensional, presentada 2012. la petición por el
por la señora Luz Viela fallecimiento de la
Hurtado de Collazos. interesada acaecido
el 16 de junio de
2011.
Petición de 9 de Resolución RDP Negar la
reconocimiento de la septiembre de 042918 del 17 de reliquidación de la
pensión de 2013 septiembre de 2013. pensión de
sobrevivientes impetrada sobreviviente.
por el demandante.
Petición de 16 de Resolución RDP Reconoce la pensión
reconocimiento de la diciembre de 002858 del 29 de de sobrevivientes.
pensión de 2013 enero de 2014.
sobrevivientes impetrada
por el demandante.
Solicitud de indexación 10 de febrero Resolución RDP Se reconoce
de la primera mesada de 2015 012761 del 31 de indexación post
pensional post mortem marzo de 2015. mortem de la
presentada por el primera mesada
demandante. pensional.
Recursos de reposición y 15 de mayo de Resolución RDP Modifica el artículo 1
apelación. 2015 023039 del 9 de de la parte resolutiva
junio de 2015. de la Resolución
RDP 012761 del 31
Resolución RDP de marzo de 2015,
22
Número Interno: 2939-2019
Demandante: David Fernando Collazos Delgado
Demandado: UGPP
001063 del 15 de para; en el sentido
enero de 2016. de reconocer la
indexación a partir
del 10 de febrero de
2015.
DEMANDA 8 de abril de
2016
Ahora bien, pretende el actor se tenga en cuenta la interrupción de la prescripción
desde la primera reclamación realizada en vida por la causante el 29 de marzo de
2011. Sobre el particular, la Sala observa, en primera medida, que se debe
diferenciar entre la interrupción de la prescripción efectuada por la causante el 29
de marzo de 2011 y la suspensión de la prescripción a favor de su hijo interdicto.
Así pues, en lo que respecta a la interrupción se debe decir que la simple
reclamación que se presente por escrito por parte del trabajador o empleado ante
la administración interrumpe la prescripción por un lapso igual, esto es, por 3 años;
tiempo que se cuenta a partir de la fecha en que el derecho es exigible.
De acuerdo con lo anterior, los derechos laborales prescriben en tres años que se
cuentan a partir del momento en que se hacen exigibles, y respecto de la forma de
interrumpir la prescripción, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado:
“De modo que quien exija una prestación social deberá alegarla en el término
establecido, en cuyo caso, basta «el simple reclamo escrito del trabajador
recibido por el empleador», para que por una sola vez se entienda interrumpida
y comience a correr de nuevo el término por un lapso igual al inicialmente
señalado.
Al respecto, esta Sala ha adoctrinado que con ese «reclamo escrito» lo que el
legislador pretendió fue que el empleador, ante el eventual inicio de un proceso
judicial, hubiese conocido previamente sobre las acreencias que el trabajador
pretendía que le fueran canceladas. De modo que ese «simple reclamo por
escrito» puede entenderse como cualquier requerimiento o solicitud por escrito
que el trabajador hubiese realizado del derecho debidamente determinado y
del que el empleador tuviese conocimiento, incluso, en peticiones realizadas
ante autoridades judiciales o administrativas que hubiesen quedado plasmadas
de forma escritural (CSJ SL, 2 sep. 2020, rad. 55445).”29.
29
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 11 de noviembre de 2020. SL5159-2020. Radicación n° 60656. Acta 42. M.P.:
Iván Mauricio Lenis Gómez.
23
Número Interno: 2939-2019
Demandante: David Fernando Collazos Delgado
Demandado: UGPP
Ahora bien, la Sala llama la atención sobre que en el caso sub lite están en
discusión derechos de una persona declarada interdicta a favor de quien se
suspende la prescripción, tal como se explicó en precedencia.
En virtud de lo anterior, se está en el ámbito de la suspensión de la prescripción
cuando se trata de incapaces y en general de quienes se encuentran bajo tutela o
curaduría, encontrándose en imposibilidad de hacer valer sus derechos. Esto ha
sido desarrollado por la Corte Suprema de Justicia al señalar que como la ley
laboral no regula la figura de la suspensión, cabe aplicar, por remisión, las normas
del Código Civil, en particular los artículos 2541 y 253030.
Por lo anterior, la Sala precisa que, el término de prescripción se suspendió a
favor del señor José Rubén Collazos Hurtado dado que fue declarado interdicto
judicialmente, en fallo del 16 de diciembre de 2009.
En consecuencia, debe resaltarse que en el caso bajo estudio, la madre del actor,
como pensionada, en un primer momento, interrumpió la prescripción cuando
inició la actuación administrativa al incoar la solicitud de indexación de la primera
mesada pensional el 29 de marzo de 2011. Y, en un segundo momento, al fallecer
la pensionada nació el derecho para su hijo declarado interdicto, en contra de
quien se suspendió la prescripción.
Sin embargo, la entidad se abstuvo de resolver la solicitud del 29 de marzo de
2011 aduciendo la inexistencia de interés como resultado del fallecimiento de la
pensionada, actuación que en criterio de la Sala no tiene soporte jurídico, toda vez
que la entidad tenía conocimiento de la existencia del hijo interdicto de la señora
Luz Viela Hurtado de Collazos.
30
El primero, contempla la suspensión de la prescripción extintiva de las obligaciones y remite al artículo 2530 ibidem para
identificar las personas en cuyo favor opera tal figura, dentro de las cuales el artículo 68 del Decreto 2820 de 1974, que modificó
parcialmente aquella disposición, incluye a "Los menores, los dementes, los sordomudos y quienes estén bajo patria potestad,
tutela o curaduría". Ver sentencia del 15 de septiembre de 2020 SL3422-2020. Corte Suprema de Justicia, sala de
descongestión laboral n°1. Radicación n°77541, acta 34. Magistrada ponente: Dolly Amparo Caguasango Villota.
24
Número Interno: 2939-2019
Demandante: David Fernando Collazos Delgado
Demandado: UGPP
No obstante, aún en el evento que la administración no contara en sus archivos con
la información sobre quienes podían pretender la sustitución pensional, lo cierto es
que dentro de la regulación del derecho de petición contenida en la Ley 1437 de
2011, no se encuentra causal alguna que habilite la terminación de la actuación o su
archivo en razón de la muerte del peticionario.
Por consiguiente, en el sub lite, la UGPP al decretar la prescripción de las diferencias
pensionales anteriores al 10 de febrero de 2012, desconoció la regulación del
derecho de petición, y el derecho fundamental a la Seguridad Social del hijo
interdicto como sujeto de especial protección constitucional.
Al respecto, debe resaltarse sobre la protección constitucional ante la disminución de
la capacidad sicofísica que la jurisprudencia ha entendido que el goce de los
derechos de quienes sufren una discapacidad tiene una nueva aproximación “que
ha promovido un giro en las políticas públicas relativas a la discapacidad,
enfatizando en la importancia de replantear las estructuras económicas, políticas,
sociales y culturales”31.
En este punto, nótese que la naturaleza fundamental del derecho la seguridad
social, obliga a que la interpretación de las normas procesales se realice
garantizando la efectividad de los derechos sustanciales.
Por tanto, esta Corporación llama la atención sobre la finalidad del legislador al
disponer como una medida de protección a favor de quien está interdicto que, la
prescripción se suspende a su favor, norma que en el marco de la Constitución
Política se debe leer e interpretar en consonancia con la protección constitucional
de quien sufre una discapacidad física; el derecho fundamental a la Seguridad
Social; y el principio pro homine, el cual obliga a que el fallador en el ejercicio de
interpretación normativa debe escoger el sentido de la norma que garantice la
efectividad de los derechos.
31
La Corte Constitucional en la sentencia C-458 del 22 de julio de 2015 al pronunciarse sobre la constitucionalidad de
algunos artículos de Ley 361 de 1997, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
25
Número Interno: 2939-2019
Demandante: David Fernando Collazos Delgado
Demandado: UGPP
Ciertamente, la Sala insiste en que la pensionada interrumpió la prescripción cuando
presentó la solicitud de indexación de la primera mesada pensional el 29 de marzo
de 2011, y al fallecer el 16 de junio siguiente, se suspendió la prescripción a favor de
su hijo interdicto, de modo que, en principio, habría de entenderse que la demanda
tenía que instaurarse dentro de los 3 años siguientes, empero, lo cierto es que los
términos de prescripción estaban suspendidos, por disposición del artículo 2530,
modificado por el artículo 3 de la ley 791 de 2002. De modo que procede el pago de
las diferencias pensionales desde el 29 de marzo de 2008, teniendo en cuenta que la
pensionada solicitó la indexación de la primera mesada el 29 de marzo de 2011.
Por consiguiente, se modificará el fallo apelado con el fin de ordenar el pago de
las diferencias pensionales causadas con efectos fiscales desde el 29 de marzo
de 2008.
Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de manera
automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código
General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”. Por ello, al
observar que en el trámite del proceso no se causaron, esta Sala revocará la
condena en costas.
DECISIÓN
Bajo estas consideraciones se debe modificar la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de demanda, en el sentido de ordenar a la UGPP el pago de la
indexación de la primera mesada pensional reconocida a la señora Luz Viela
Hurtado de Collazos a favor del señor José Rubén Collazos Hurtado, a partir del
29 de marzo de 2008. La condena en costas se revocará
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
26
Número Interno: 2939-2019
Demandante: David Fernando Collazos Delgado
Demandado: UGPP
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia proferida el 26 de
octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Nariño, en el sentido de ordenar
a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales -UGPP, el pago de la indexación post mortem de la primera mesada
pensional reconocida a la señora Luz Viela Hurtado de Collazos a favor del señor
José Rubén Collazos Hurtado, a partir del 16 de agosto de 1989, pero con efectos
fiscales desde el 29 de marzo de 2008. La entidad deberá reconocer las
diferencias pensionales causadas y no pagadas entre el 29 de marzo de 2008 y el
9 de febrero de 2012.
SEGUNDO: Revocar el numeral cuarto que condenó en costas a la parte
demandada.
TERCERO Confirmar en todo lo demás el fallo apelado.
CUARTO: Sin condena en costas en las dos instancias.
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CARMELO PERDOMO CUÉTER SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
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