Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01543-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01543-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-01543-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
31 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 05001 23 33 000 2019 01543 01 (4843-2023)
Demandante: Esperanza de Jesús Arcila Cano
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: Pensión gracia. Acreditación de la naturaleza territorial y
nacionalizada de la vinculación docente antes del 31 de
diciembre de 1980 y cómputo de 20 años de servicios.
Tiempos docentes ejercidos en la modalidad de contrato de
prestación de servicios. Prescripción trienal. Condena en
costas a la parte vencida.
Decisión: Se revoca la sentencia apelada toda vez que la demandante
acreditó que su vinculación docente fue de naturaleza
territorial y nacionalizada durante más de 20 años, por lo que
se accede a las pretensiones de la demanda.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 29 de junio de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
Demanda1
1. La demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 009826 del 22 de marzo de
2019 y RDP 015446 del 21 de mayo de 2019, por medio de las cuales la entidad
demandada le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió condenar a la entidad
demandada a reconocerle la mencionada prestación periódica a partir del 15 de
mayo de 2009, en un monto equivalente al 75% del promedio de los salarios y
factores salariales devengados entre los años 2008 y 2009, junto con los
aumentos anuales que ordena la Ley 71 de 1988, incluyendo la actualización de
los valores objeto de condena, tal como lo autoriza el artículo 187 del CPACA.
Asimismo, solicitó que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos
señalados en los artículos 189, 192, 194 y 195 ibidem.
1 Folios 1 al 13.
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Demandante: Esperanza de Jesús Arcila Cano
3. Como sustento de sus pretensiones, la parte actora indicó que nació el 27
de junio de 1954 y que prestó sus servicios como docente para el departamento
de Antioquia por más de 20 años, así: desde el 16 de agosto al 30 de septiembre
de 1977 (nombramiento nacionalizado), desde el 15 de noviembre de 1977 hasta
el 31 de marzo de 1980 (nombramiento nacionalizado), desde el 4 de marzo de
1991 hasta el 30 de diciembre de 1994 (territorial – municipal, por órdenes de
prestación de servicios) y desde el 8 de febrero de 1995 al 31 de diciembre de
2002 (nombramiento territorial – departamental).
4. El 17 de diciembre de 2018 radicó solicitud de reconocimiento de la
pensión gracia ante la entidad, pero esta se le negó mediante los actos
administrativos acusados bajo el argumento de que sus vinculaciones fueron de
carácter nacional.
Contestación de la demanda2
5. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones
alegando que los actos administrativos demandados conservan su presunción de
legalidad pues no contienen ningún vicio que permita su anulación.
6. Sostuvo, además, que la parte actora no acredita el cumplimiento de los
requisitos de la prestación, en especial porque no demuestra en debida forma la
vinculación a la docencia con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y debido a
que todos sus nombramientos fueron del orden nacional.
7. Propuso las excepciones que denominó «ausencia de vicios en los actos
administrativos demandados», «inexistencia de la obligación» y «prescripción.
Sentencia apelada3
8. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia el 29 de junio de
2023, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda dado que la parte
actora no acreditó el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para el
reconocimiento de la pensión gracia.
9. Lo anterior se fundamentó en la información consignada en los formatos
de historia laboral allegados al plenario, a través de los cuales la entidad territorial
calificó los nombramientos de la demandante como docente de primaria del orden
nacional.
10. Señaló que, si bien la parte actora solicitó la aplicación de la sentencia de
unificación SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018, para efectos de la valoración
probatoria de los actos administrativos de nombramiento con el fin de establecer
la naturaleza de la plaza docente, lo cierto es que los Decretos 1237 de 1977 y
1626 de 1977 no permiten determinar con suficiente claridad que la plaza a
proveer correspondiera a aquellas que el legislador hubiere previsto como
2 Folios 83 al 87.
3 Índice 28 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.
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territoriales. A ello se suma que no se aportó copia del Decreto 141 de 1995,
mediante el cual fue nombrada en la Institución Educativa Bello Oriente de
Medellín.
11. En ese sentido, concluyó que, si bien la demandante prestó sus servicios
por más de 20 años, no logró demostrar que sus vinculaciones hubieran sido del
orden territorial o nacionalizado, conforme lo exige la normativa aplicable,
máxime cuando se allegaron tres certificados de historia laboral que establecen
que tales nombramientos fueron del orden nacional.
12. Finalmente, se abstuvo de imponer condena en costas a la parte vencida
habida cuenta de que no se encuentra acreditada su causación dentro del
expediente.
Recurso de apelación4
13. La parte demandante interpuso recurso de apelación solicitando que se
revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones reclamadas.
14. Al respecto, adujo que el Tribunal se apartó de las reglas establecidas en
las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado,
específicamente, la SU CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, dado que solo
otorgó validez probatoria a las certificaciones laborales y las constancias emitidas
por las Secretarías de Educación o FIDUPREVISORA S.A. y omitió analizar los
actos administrativos allegados también en esta instancia procesal, los cuales
dan claridad sobre el carácter o vinculación de la docente que es territorial y
posteriormente nacionalizada.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
15. Mediante auto del 9 de mayo de 20245, se admitió el recurso de apelación
y se advirtió a la parte demandada que disponía hasta la ejecutoria de dicha
providencia para pronunciarse sobre la alzada, así como al Ministerio Público que
podía rendir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al despacho para
sentencia.
16. Seguidamente, por medio de providencia del 15 de julio de 20256, se negó
la incorporación de las pruebas documentales allegadas por la parte demandante
con el recurso de apelación. No obstante, mediante auto del 22 de mayo de
20267, se decretaron como pruebas de oficio y se ordenó su incorporación al
expediente.
III. CONSIDERACIONES
4 Índice 32, ibidem.
5 Índice 13, ibidem.
6 Índice 23, ibidem.
7 Índice 28, ibidem.
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Competencia
17. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
Problema jurídico
18. En atención a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, le
corresponde a la Sala determinar si la demandante acreditó el cumplimiento de
los requisitos legales para acceder a la pensión gracia, en especial haberse
vinculado como docente territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de
1980 y haber prestado sus servicios en tal calidad durante 20 años.
Análisis del problema jurídico
19. La Sala anticipa su decisión de revocar la sentencia apelada conforme con
argumentos que se exponen a continuación.
20. Para beneficiarse de la pensión gracia, la interesada debe cumplir de
manera concurrente todos los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse vinculado como docente
territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980; ii) haber prestado
servicios como docente nacionalizado o territorial (municipal o departamental) por
un período no inferior a 20 años, ya sean continuos o discontinuos; iii) haber
cumplido 50 años de edad; iv) haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y buena conducta; y v) no haber recibido ni estar recibiendo otra
pensión o recompensa de carácter nacional.
21. En este orden, la Sala analizará cada uno de los requisitos señalados,
comenzando por los relacionados con la vinculación anterior al 31 de diciembre
de 1980 y con el tiempo de servicios prestados como docente de carácter
territorial o nacionalizado, por cuanto constituyen el objeto del recurso de
apelación.
1. Requisito de vinculación como docente territorial o nacionalizado antes
del 31 de diciembre de 1980
22. En el expediente obra copia del Decreto 01237 del 29 de agosto de 19778,
a través del cual el gobernador de Antioquia nombró a la demandante como
seccional de la Escuela Urbana de Varones Juan XXIII del municipio de Betania,
por el término la licencia concedida al titular del cargo, a partir del 3 de agosto de
esa anualidad.
8 Folios 52 y 53 del expediente físico.
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23. Asimismo, se aportó copia del Decreto 01626 del 3 de noviembre de 19779,
por medio del cual el referido gobernador de Antioquia nombró a la actora como
seccional de la Escuela Rural Mixta Barlovento del municipio de Betania, a partir
de la fecha de expedición del acto.
24. En el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
del 23 de octubre de 201810, la Secretaría de Educación Departamental de
Antioquia dio constancia de que la demandante prestó sus servicios como
docente con vinculación nacional para dicho ente territorial en los siguientes
períodos e instituciones:
• Del 16 de agosto al 30 de septiembre de 1977, en virtud del
nombramiento efectuado a través del Decreto 01237 del 29 de agosto de
1977, en la Escuela Urbana de Varones Juan XXIII del municipio de Betania.
• Del 15 de noviembre de 1977 al 31 de marzo de 1980 —fecha en que se
le aceptó la renuncia11—, en atención del nombramiento realizado mediante
el Decreto 1626 del 3 de noviembre de 1977, en la Escuela Rural Barlovento
del municipio de Betania (Antioquia)
25. Sentado lo anterior, es menester señalar que, mediante la sentencia de
unificación jurisprudencial del 21 de junio de 201812, la Sala Plena de la Sección
Segunda del Consejo de Estado fijó las reglas aplicables para acreditar la calidad
de docente territorial en materia de pensión gracia, consolidando, entre otras, la
siguiente subregla:
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial. (Negrillas de la Sala)
26. En consecuencia, corresponde al juez examinar, en primer lugar, los actos
administrativos de nombramiento que obren en el expediente, con el fin de
establecer la naturaleza jurídica de la vinculación o de la plaza docente
desempeñada. Ello resulta relevante porque dichos actos contienen los
elementos jurídicos esenciales de la relación legal y reglamentaria surgida con la
administración y permiten identificar la autoridad nominadora, la naturaleza del
cargo y las condiciones bajo las cuales se produjo la vinculación.
27. En ausencia de tales documentos procede acudir a otros medios de
convicción, particularmente a las certificaciones expedidas por las autoridades
nominadoras, las cuales deberán valorarse de forma conjunta y conforme a las
9 Folios 54 y 55, ibidem.
10
Folios 43 y 44, ibidem,
11 Cfr. Decreto 0704 del 5 de mayo de 1980, obrante la página 10 del archivo «087_MemorialWeb_PeticiOn-
SOLICITUDINCORPORAC», que reposa en el índice 18 de SAMAI del Consejo de Estado.
12
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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reglas de la sana crítica, verificando que la información allí consignada resulte
clara, consistente e inequívoca.
28. Así, a la luz de estas directrices jurisprudenciales y de las pruebas
obrantes en el expediente, la Sala concluye que, contrario a lo certificado por la
Secretaría de Educación de Antioquia el 23 de octubre de 2018, las vinculaciones
desempeñadas por la actora entre el 16 de agosto y el 30 de septiembre de 1977
(1 mes y 15 días) y entre el 15 de noviembre de 1977 y el 31 de marzo de 1980
(2 años, 4 meses y 17 días) tuvieron carácter territorial habida cuenta de que los
actos administrativos de nombramiento —Decretos 1237 y 1626 de 1977—
fueron expedidos directamente por la autoridad departamental, sin intervención
ni delegación del Ministerio de Educación Nacional.
29. Tampoco se advierte que dichas plazas docentes hubiesen sido creadas
por el Gobierno nacional, ni que los salarios y prestaciones sociales estuvieran a
cargo de la Nación. Por el contrario, los referidos decretos permiten establecer
de manera inequívoca que la vinculación tuvo naturaleza territorial-
departamental, conclusión que se acompasa con la definición de docente
territorial prevista en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, conforme al cual tienen
dicha condición los docentes vinculados mediante nombramiento efectuado por
una entidad territorial a partir del 1.º de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.
30. Ahora bien, aunque la certificación expedida el 23 de octubre de 2018
califica las vinculaciones analizadas como nacionales, la Sala considera que
dicho documento no puede prevalecer sobre el contenido de los actos
administrativos de nombramiento. En efecto, estos constituyen la fuente directa
e inmediata de la vinculación con la administración y permiten conocer con mayor
precisión las circunstancias jurídicas y fácticas que rodearon la designación de la
actora.
31. En esas condiciones, en consonancia con la anteriormente referida
sentencia de unificación jurisprudencial, los decretos expedidos por el
gobernador de Antioquia restan fuerza demostrativa a la certificación expedida
posteriormente por la Secretaría de Educación Departamental respecto de la
naturaleza del vínculo. Ello es así porque los actos de nombramiento ofrecen
mayores elementos de juicio para determinar la verdadera naturaleza jurídica de
la vinculación y permiten establecer, de manera directa, la autoridad nominadora
y la plaza desempeñada. Además, en el expediente no obra explicación alguna
sobre los criterios utilizados por la entidad certificadora para concluir que dichas
vinculaciones tenían carácter nacional.
32. Por consiguiente, la Sala concluye que los períodos comprendidos entre
el 16 de agosto y el 30 de septiembre de 1977 y entre el 15 de noviembre de
1977 y el 31 de marzo de 1980, equivalentes en total a 2 años, 6 meses y 2 días,
fueron prestados en plazas del orden territorial-departamental, por lo que se
encuentra acreditado el requisito de haberse vinculado en esa calidad antes del
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31 de diciembre de 1980 y este tiempo es acumulable para el conteo de los 20
años de servicios exigidos por la ley.
2. Requisito de haber laborado como docente territorial o nacionalizado
durante 20 años
• Tiempos ejercidos con vinculación mediante contratos de prestación
de servicios
33. Al proceso se aportó copia del oficio del 16 de noviembre de 201813, en el
que la Alcaldía de Medellín le respondió a la demandante que en sus archivos
reposaban copias de los siguientes contratos de prestación de servicios:
• Del 4 de marzo al 30 de noviembre de 1991, en la Escuela Urbana el
Bosque (8 meses y 27 días).
• Del 3 de febrero al 30 de noviembre de 1992, en la Escuela Urbana el
Bosque (9 meses y 28 días).
• Del 1 de febrero al 30 de noviembre de 1993, en la Escuela Urbana el
Bosque (10 meses).
• Del 1 de marzo al 30 de diciembre de 1994, en la Escuela La
Candelaria (10 meses).
34. Como soporte de lo anterior, obran copias de los Contratos de Prestación
de Servicios 360 de 199114, 095 de 199215, 120 de 199316 y 262 de 199417, por
medio de los cuales el alcalde de Medellín y la actora suscribieron contratos para
que esta última prestara sus servicios como docente al servicio de dicho ente
territorial.
35. Sobre el particular, vale la pena precisar que esta Subsección18 ha sido
del criterio de que dichos períodos son válidos para ser considerados en el
reconocimiento de la pensión gracia por cuanto para tal propósito solo es
necesario acreditar la prestación del servicio docente. En efecto, la Ley 114 de
1913 establece que esta prestación está destinada a quienes hayan ejercido la
labor docente, sin que importe la modalidad de vinculación.
36. Así lo ha reconocido reiteradamente esta Sala19, comoquiera que lo
fundamental es que se demuestre la realización de actividades como docente
oficial siempre que se cumpla con la vinculación de carácter territorial y/o
nacionalizada.
13 Folio 45 del expediente físico. Asimismo, dicha información coincide con la Constancia del 7 de enero de
1995, emitida también por la Secretaría de Educación y Cultura de Medellín, obrante en la página 11 del del
archivo «087_MemorialWeb_PeticiOn-SOLICITUDINCORPORAC», que reposa en el índice 18 de SAMAI
del Consejo de Estado.
14 Páginas 12 al 28, ibidem.
15 Páginas 29 al 36, ibidem.
16 Páginas 37 al 43, ibidem.
17 Páginas 44 al 47, ibidem.
18 Véase: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 7 de mayo de 2026, bajo el
radicado 52001 23 33 000 2019 00405 01 (1871-2022), con ponencia del magistrado Juan Camilo Morales
Trujillo.
19 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2025, rad. 52001-23-33-000-2019-00336-
01 (3033-2024), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
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37. Adicionalmente, se advierte que la naturaleza de la vinculación ostentada
por la actora en los períodos mencionados tiene carácter territorial-municipal,
pues fue la alcaldía de Medellín la entidad que contrató sus servicios y se
benefició de ellos, sin que se evidencie contratación directa, delegación o
aprobación previa del Ministerio de Educación Nacional, ni que la plaza
contratada corresponda al orden nacional.
38. En consecuencia, los tiempos laborados por la parte actora en la
modalidad de contratista por prestación de servicios, equivalentes a 3 años, 2
meses y 25 días, son computables para efectos de la pensión gracia objeto de
litigio.
• Tiempos laborados a partir de 1995
39. Obra en el expediente el Formato Único para la Expedición de Certificado
de Historia Laboral del 17 de agosto de 201820, emitido por la Secretaría de
Educación de Medellín, en el cual se registró que la demandante ingresó como
docente en propiedad en la Institución Educativa Gabriel García Márquez de
dicha ciudad, a partir del 8 de febrero de 1995, en virtud del nombramiento
efectuado a través de la Resolución 0141 del 1 de febrero de esa anualidad.
40. Asimismo, en el mencionado certificado se indicó que para la fecha de su
emisión la actora aún se encontraba en el servicio activo. Además, se registraron
diversas situaciones administrativas posteriores, como ascensos, cambios de
sueldo y una incorporación derivada del Decreto 013 del 6 de enero de 2001, sin
que se advierta la existencia de solución de continuidad desde 1995 hasta 2018.
41. De igual modo, se dio constancia que a la actora se le concedieron dos
licencias no remuneradas: la primera, el 3 y 4 de julio de 2012; y, la segunda, del
9 al 11 de enero de 2018, equivalentes 5 días.
42. Como soporte de lo anterior, en el proceso aparece copia del mencionado
Decreto 0141 del 1 de febrero de 1995, a través del cual el gobernador de
Antioquia, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por
la Ley 29 de 1989, el Decreto 1706 de 1989 y el artículo 6, parágrafo 1 de la Ley
60 de 1993, nombró a la actora como docente nacionalizada al servicio de dicho
ente territorial, de tiempo completo en la E. U. I. Gabriel García Marquez del
municipio de Medellín, Núcleo 0108.
43. Al revisar dicho acto administrativo, la Sala constata que el nombramiento
en mención se derivó de la creación de algunos cargos docentes por parte de la
Junta Administradora del Fondo Educativo Regional (FER) mediante el Acuerdo
051 del 11 de noviembre de 1994, con el fin de reconvertir los contratos existentes
al 30 de junio de 1993.
44. Además, se evidencia que el referido acto de nombramiento lo
suscribieron el gobernador de Antioquia, los secretarios de Educación y General,
20 Folios 47 al 50 del expediente físico.
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y la representante del Ministerio de Educación Nacional ante el referido
departamento.
45. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la mencionada vinculación
docente, vale precisar que si bien en el Certificado de Historia Laboral del 17 de
agosto de 2018 la Secretaría de Educación de Medellín marcó como «nacional»
la casilla de «régimen de pensiones», debe decirse que este no es un elemento
concluyente para determinar la naturaleza jurídica del vínculo docente, de
acuerdo con las definiciones que consagra el artículo 1 de la Ley 91 de 1989 y la
jurisprudencia de esta Corporación para el personal nacional, nacionalizado y
territorial.
46. Dicha casilla está realmente orientada a informar sobre el régimen de
seguridad social en materia de pensión de vejez aplicable a la profesora, cuestión
que dista de los requisitos especiales para acceder a la pensión gracia que son
de interés para la Sala.
47. En consecuencia, y de conformidad con la regla de unificación fijada por
la Sala Plena de la Sección Segunda en la sentencia del 21 de junio de 2018, la
Sala concluye que el nombramiento efectuado mediante el Decreto 0141 del 1.º
de febrero de 1995 tuvo carácter nacionalizado.
48. Lo anterior, por cuanto fue expedido por una autoridad territorial, contó con
la autorización del delegado del Ministerio de Educación Nacional y recayó sobre
plazas docentes creadas por la Junta Administradora del Fondo Educativo
Regional de Antioquia, circunstancias que se acompasan con la definición
contenida en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, según la cual son docentes
nacionalizados aquellos vinculados por entidades territoriales en desarrollo del
proceso de nacionalización de la educación previsto en la Ley 43 de 1975.
49. A propósito, la intervención de dicho delegado no implica que se trate de
un docente del orden nacional; por el contrario, obedece a lo previsto en el
artículo 10 de la Ley 43 de 1975, el cual dispuso que «[e]n adelante ningún
departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios
podrán, con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de
enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco decretar la construcción de nuevos
planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del
Ministerio de Educación Nacional».
50. Adicionalmente, el fundamento normativo en virtud del cual el gobernador
de Antioquia nombró a la parte demandante fue la Ley 29 de 1989. Dicha ley
asignó a los representantes legales de las entidades territoriales la función de
nombrar, trasladar, remover, supervisar y, en general, administrar el personal
docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales y
nacionalizados.
51. En otras palabras, el ejercicio de esa atribución permite concluir que el
nombramiento efectuado mediante el Decreto 0141 de 1995 solo podía revestir
carácter nacional o nacionalizado.
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52. De este modo, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 91 de
1989, el personal nacional corresponde a los docentes vinculados mediante
nombramiento del Gobierno nacional, supuesto que no se configura en el
presente caso. Por tanto, descartado el carácter nacional del vínculo, se confirma
que la designación ostentó naturaleza nacionalizada.
53. Con base en lo expuesto, para esta Subsección está claro que la
vinculación docente que tuvo la demandante con el departamento de Antioquia
entre el 8 de febrero de 1995 y el 17 de agosto de 2018—fecha de expedición del
certificado— (equivalente, en principio a 23 años, 6 meses y 10 días) debe
computarse para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto fue
de naturaleza nacionalizada. No obstante, a ese interregno se le deberán de
descontar los 5 días de licencia no remunerada aludidos en precedencia (véase
párrafo 41 ut supra)
54. Así las cosas, la parte demandante acreditó un total de 29 años, 3 meses
y 2 días de servicio como docente del orden territorial y nacionalizada, según se
evidencia en la siguiente tabla:
Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Años Meses días
Territorial 16/08/1977 30/09/1977 0 1 15
Territorial 15/11/1977 31/03/1980 2 4 17
OPS - Territorial 04/03/1991 30/11/1991 0 8 27
OPS - Territorial 03/02/1992 30/11/1992 0 9 28
OPS - Territorial 01/02/1993 30/11/1993 0 10 0
OPS - Territorial 01/03/1994 30/12/1994 0 10 0
Nacionalizado 08/02/1995 17/08/2018 23 6 10
SUBTOTAL 29 3 7
A dicho tiempo debe descontarse 5 días correspondientes a las 0 0 -5
licencias no remuneradas concedidas a la actora
TOTAL 29 3 2
55. En conclusión, la actora cumplió con todos los requisitos exigidos para
acceder a la pensión gracia. No solo demostró los requisitos previamente
analizados, sino que acreditó haber cumplido 50 años de edad el 27 de junio de
2004, no obra en el expediente prueba que desvirtúe la presunción de honradez
y buena conducta. Finalmente, no se evidencia que perciba una doble
compensación o erogación nacional incompatible con la pensión gracia.
Análisis del estatus pensional y la prescripción
56. Esta Corporación21 ha señalado que la configuración de la prescripción de
mesadas pensionales requiere que transcurra un determinado lapso durante el
cual no se hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los
derechos que considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que
la obligación se haya hecho exigible, con una posibilidad de interrupción del
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
de 15 de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
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término por un lapso igual, tal como lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de
1969 aplicable al presente caso.
57. Para establecer la exigibilidad del derecho, la Sala toma como fecha de
consolidación del estatus pensional el 11 de mayo de 200922. Según el cómputo
acogido en esta providencia, en esa fecha la demandante completó 20 años de
servicio como docente territorial. Además, para entonces ya había cumplido 50
años de edad.
58. Bajo tales consideraciones, de las pruebas presentadas en el expediente
se desprende que la actora solicitó el reconocimiento pensional el 17 de
diciembre de 201823, lo que dio origen a la expedición de los actos administrativos
acusados, es decir, cuando ya habían pasado 3 años desde que surgió el
derecho. Por su parte, la demanda la interpuso el 18 de junio de 2019 24, esto es,
dentro de los 3 años siguientes a la interrupción de la prescripción. Por lo tanto,
se declararán prescritas las mesadas pensionales causadas con anterioridad al
17 de diciembre de 2015.
59. Sobre la forma de interrupción y análisis de la referida figura, esta
Colegiatura25 ha entendido que una vez se haga exigible el derecho y ante la
presentación de la solicitud de reconocimiento pensional, la parte interesada
debe presentar en el término de los 3 años la demanda judicial, de lo contrario,
se somete a la activación del término prescriptivo y la pérdida del derecho de las
prestaciones periódicas causadas.
Conclusión
60. Con base en lo expuesto, se revocará la sentencia apelada y se declarará
la nulidad de los actos administrativos acusados. Subsiguientemente, se
ordenará el reconocimiento y pago de la pensión gracia en favor de la
demandante, en cuantía equivalente al 75% del promedio de los factores
salariales (asignación básica, y las primas de Navidad y de vacaciones26)
devengados en el año anterior a la consolidación del estatus pensional, esto es,
entre el 11 de mayo de 2008 y el 10 de mayo de 2009.
61. La liquidación se realizará con fundamento en los artículos 4 de la Ley 4
de 1966, 5 del Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales
trazados por esta Corporación relacionadas con el monto de la prestación, esto
22 Este resultado se obtiene de sumarle al 8 de febrero de 1995 —fecha de inicio del período nacionalizado
continuo— el tiempo de servicio faltante para completar los 20 años exigidos (14 años, 3 meses y 3 días).
23 Folio 31 del expediente.
24 Folio 10.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 2 de febrero de 2012, radicado:
150012333000201300718 01 (1218-2015); Subsección A, del 17 de marzo de 2021, radicado: 76001-23-
33-000-2016-00438-01 (2939-2019); 2 de marzo de 2023, radicado: 05001233300020140102501 (1239-
2016).
26 Cfr. Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios del 17 de agosto de 2018, obrante en
los folios 64 al 67 del expediente físico.
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es, que «la pensión gracia debe liquidarse con base en los emolumentos
devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional»27.
62. La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor
presente de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el
Consejo de Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
63. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(RH), que es lo dejado de percibir por la parte actora por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por
el índice vigente a la fecha en que la parte demandante obtuvo el estatus
pensional. Por tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá
hacerse mes por mes.
Condena en costas
64. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
65. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
66. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
67. Por los anteriores motivos, se impondrán costas a la entidad demandada
en ambas instancias, por cuanto se revoca totalmente la sentencia apelada y se
accede a las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
27 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado:
i) del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de
2018, radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-
23-33- 000-2014-00462-01 (1644-19).
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despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 29 de junio de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora Esperanza de
Jesús Arcila Cano contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 009826 del 22 de
marzo de 2019 y RDP 015446 del 21 de mayo de 2019, a través de las cuales la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social le negó el reconocimiento y pago de una
pensión gracia a la señora Esperanza de Jesús Arcila Cano.
TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) a reconocer y pagar una pensión gracia a favor de la señora Esperanza
de Jesús Arcila Cano, identificada con cédula de ciudadanía 21.736.284, en
cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el
año anterior a la adquisición de su estatus pensional, esto es, entre el 11 de mayo
de 2008 y el 10 de mayo de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
CUARTO. Declarar PROBADA la excepción de prescripción extintiva de las
mesadas pensionales causadas con anterioridad al 17 de diciembre de 2015.
QUINTO. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA,
teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante
la aplicación de la fórmula matemática indicada en la parte motiva de esta
sentencia.
SEXTO. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro
del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.
SÉPTIMO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP). Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
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Demandante: Esperanza de Jesús Arcila Cano
Administrativo de Antioquia.
OCTAVO. TENER como apoderado de la parte actora al abogado Jorge Luis
Luna Leyton, de conformidad y para los efectos del poder que obra en el índice
33 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado.
NOVENO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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