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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00405-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00405-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 28 de julio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por la señora Mercedes del Carmen Cabezas contra la UGPP. SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la entidad demandada. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2019-00405-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., siete (07) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00405 01 (1871-2022)
Demandante: Mercedes del Carmen Cabezas
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Pensión gracia. Docente territorial. Cómputo de tiempos en
órdenes de prestación de servicios. Condena en costas

Decisión: Se confirma la sentencia de primera instancia al establecer
que la demandante acreditó los requisitos para el
reconocimiento de la pensión gracia.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 28 de julio de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño.

I. ANTECEDENTES

Demanda1

1. La demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, solicitó que se declare la nulidad de las
Resoluciones RDP 012328 del 11 de abril de 2019 y RDP 017897 del 13 de junio
de 2019 mediante las cuales la entidad demandada le negó el reconocimiento y
pago de una pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho pidió que se condene a la entidad
demandada a reconocerle la referida prestación periódica equivalente al 75% del
promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio incluyendo
todos los factores salariales, a partir del 29 de diciembre de 2013, fecha en que
adquirió el estatus pensional. Asimismo, solicitó el pago de los reajustes de ley,
la indexación de las sumas reconocidas y los intereses correspondientes, así
como la condena en costas.

3. Como sustento de sus pretensiones, indicó que nació el 28 de diciembre
de 1963, se vinculó como docente del municipio de Tumaco (Nariño) antes del

1 Folios 1 al 15.

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Demandante: Mercedes del Carmen Cabezas

31 de diciembre de 1980 y prestó sus servicios por más de 20 años en ese ente
territorial, adquiriendo el estatus para beneficiarse de la pensión gracia el 28 de
diciembre de 2013, día en que cumplió 50 años de edad.

4. Expuso que el 10 de diciembre de 2018 solicitó ante la entidad demandada
el reconocimiento de la pensión gracia, la cual fue negada mediante los actos
administrativos acusados bajo el argumento de que, para el 29 de diciembre de
1989, no cumplía con la totalidad de los requisitos exigidos por la ley para acceder
a dicha prestación.

Contestación de la demanda

5. La entidad se opuso a todas y cada una de las pretensiones al considerar
que carecen de fundamento fáctico y jurídico, y solicitó que se le exonere de
responsabilidad.

6. Señaló que no se encuentran debidamente acreditados los tiempos de
servicio de la demandante ni su vinculación legal y reglamentaria como docente
en tanto no se aportaron los actos administrativos de nombramiento ni las
pruebas idóneas que permitan verificar el tipo de vinculación, el origen de los
recursos y los periodos laborados.

7. Asimismo, indicó que los periodos ejercidos mediante contratos de
prestación de servicios no pueden ser tenidos en cuenta para el reconocimiento
de la pensión gracia, por no constituir una relación legal y reglamentaria.

8. Agregó que, aun en el evento de aceptarse algunos periodos laborados,
los tiempos posteriores al 1 de enero de 1990 corresponden a una vinculación de
carácter nacional, lo que impide su cómputo para efectos del reconocimiento de
la pensión gracia. En consecuencia, sostuvo que la demandante no acredita el
cumplimiento del requisito de 20 años de servicio como docente territorial o
nacionalizado.

9. Finalmente, propuso las excepciones de mérito que denominó
«prescripción del derecho frente a los contratos de prestación de servicios»,
«inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales», «cobro de
lo no debido», «prescripción» y el reconocimiento oficioso de excepciones.

Sentencia apelada

10. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 28 de julio de
2021, accedió a las pretensiones de la demanda en el sentido de declarar la
nulidad de los actos administrativos que negaron la pensión gracia y ordenar su
reconocimiento a partir del 28 de diciembre de 2013.

11. Para adoptar esta decisión, el a quo estableció que se encontraba
plenamente probado que la demandante cumplía con el requisito de edad, toda

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vez que alcanzó los 50 años el 28 de diciembre de 2013 y que acreditaba el
cumplimiento del requisito de buena conducta.

12. En relación con el tiempo de servicio, concluyó que la actora laboró como
docente oficial durante más de 34 años que culminaron el 25 de junio de 2019,
superando ampliamente el mínimo de 20 años exigido, así como que su
vinculación inició el 5 de mayo de 1978, es decir, con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980.

13. Respecto del tipo de vinculación, indicó —con base en las certificaciones
de la Secretaría de Educación, el historial laboral y el acto de nombramiento—
que fue de carácter municipal y que sus salarios provenían de recursos propios
del ente territorial.

14. Además, frente a los periodos ejercidos mediante órdenes de prestación
de servicios (entre el 13 de enero de 1997 y el 25 de julio de 2003), acogió la
jurisprudencia del Consejo de Estado y determinó que dichos tiempos debían
computarse para efectos pensionales, al existir una relación material de carácter
laboral. Igualmente, precisó que el origen de los recursos (incluso si provinieran
del Sistema General de Participaciones) no desvirtúa la naturaleza territorial del
vínculo.

15. Declaró que, conforme a lo previsto en los artículos 41 del Decreto 3135
de 1968 y 151 del Código Procesal del Trabajo, operó la prescripción de las
mesadas causadas con anterioridad al 10 de diciembre de 2015, teniendo en
cuenta que la reclamación de reconocimiento de la pensión gracia se radicó el
10 de diciembre de 2018.

16. Finalmente, impuso condena en costas a la entidad demandada debido a
la prosperidad parcial de las pretensiones bajo un criterio objetivo derivado de su
condición de parte vencida en el proceso.

Recurso de apelación

17. La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia solicitando su revocatoria para, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda.

18. Como fundamento de lo anterior, sostuvo que no existe certeza sobre la
vinculación anterior ni posterior al 31 de diciembre de 1980, ni sobre el tipo de
vinculación, el origen de los recursos, ni los actos de nombramiento o posesión,
pues al proceso no se aportaron documentos idóneos como el decreto de
nombramiento en original o copia auténtica, sumado a que la certificación laboral
es incompleta y no permite determinar con claridad el tiempo de servicio.

19. Afirmó que los periodos laborados a partir del 16 de septiembre de 1996
en el municipio de Tumaco no pueden ser tenidos en cuenta para la pensión

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gracia puesto que corresponden a una vinculación de carácter nacional, pues el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 establece que los docentes vinculados con
posterioridad al 1 de enero de 1990 pertenecerán al régimen nacional.

20. Por otro lado, argumentó que los servicios prestados entre el 13 de enero
de 1997 y el 25 de julio de 2003 deben desestimarse ya que estos fueron
producto de vinculaciones realizadas a través de contratos de prestación de
servicios, respecto de los cuales no se aportaron los contratos en original o copia
auténtica. Además, por cuanto este tipo de vinculación no genera relación legal
y reglamentaria ni permite determinar el régimen prestacional, sumado a que no
existe declaración judicial que reconozca un «contrato realidad».

21. A su vez, alegó que los salarios y prestaciones percibidos por la
demandante fueron financiados con recursos de la Nación, a través del Situado
Fiscal o del Sistema General de Participaciones, lo cual impide el reconocimiento
de la pensión gracia conforme a las Leyes 114 de 1913, 37 de 1933 y 91 de 1989.

22. Por último, solicitó de manera subsidiaria que en caso de confirmarse la
sentencia se revoque la condena en costas bajo el fundamento de que no existió
conducta temeraria ni abusiva por parte de la entidad, a más que su actuación se
enmarcó en el ejercicio legítimo del derecho de defensa y que su imposición no
debe ser automática sino depender de la conducta procesal.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

23. Mediante auto del 3 de noviembre de 2022 2 se admitió el recurso de
apelación de la referencia y se le advirtió a la parte demandante que disponía
hasta la ejecutoria de esta providencia para pronunciarse en torno al recurso de
apelación y al Ministerio Público que podría emitir concepto hasta antes de que
ingresara el proceso al despacho para sentencia.

24. La parte demandante presentó escrito de alegatos de conclusión3
recalcando que cumple con los requisitos exigidos por la ley para beneficiarse de
la pensión gracia, tal como se demostró con los documentos allegados al
plenario. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.

25. Por otra parte, el 9 de marzo de 20234, la Sala de Sección no avocó
conocimiento para emitir sentencia de unificación en el presente asunto, con el
fin de definir o concretar la manera en la que debe entenderse con respecto al
concepto de «plaza docente» que se fijó en la sentencia CE-SUJ2-011-18 del 21
de junio de 2018.

26. Finalmente, el 20 de noviembre de 20255 se emitió auto para mejor proveer
con el fin de esclarecer puntos oscuros con relación a la naturaleza de la

2 Índice 9 de SAMAI.
3 Índice 14, ibidem.
4 Índice 18, ibidem.
5 Índice 31, ibidem.

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vinculación docente de la demandante derivada del Decreto 078 del 5 de mayo
de 1978 expedido por el municipio de Tumaco (Nariño), para lo cual se requirió a
dicha ente territorial para que allegara la totalidad del expediente laboral de la
demandante.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

27. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

28. Conforme a los argumentos del recurso de apelación, le corresponde a la
Sala determinar si la demandante acredita los requisitos legales para acceder a
la pensión gracia, en especial haberse vinculado como docente territorial o
nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980 y haber prestado sus servicios
en tales calidades durante 20 años.

29. Para efectos de lo anterior, se deberá establecer si los documentos
obrantes en el expediente permiten dilucidar inequívocamente el cumplimiento
de las mencionadas exigencias, la naturaleza de las vinculaciones que la actora
tuvo con el municipio de Tumaco y si los tiempos laborados en virtud de contratos
de prestaciones de servicios son computables para efectos de la pensión gracia.

30. Adicionalmente, se analizará si hay lugar a revocar la condena en costas
que el tribunal de primera instancia le impuso a la entidad demandada por resultar
vencida.

Análisis del problema jurídico

31. La Sala anticipa su decisión de confirmar la sentencia de primera instancia
que accedió a las pretensiones de la demanda, con base en los argumentos que
se expondrán a continuación.

32. Para beneficiarse de la pensión gracia, el interesado debe cumplir de
manera concurrente todos los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse vinculado como docente
territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980; ii) haber prestado
servicios como docente nacionalizado o territorial (municipal o departamental) por
un período no inferior a 20 años, ya sean continuos o discontinuos; iii) haber
cumplido 50 años de edad; iv) haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y buena conducta; y v) no haber recibido ni estar recibiendo otra
pensión o recompensa de carácter nacional.

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33. En el asunto sub judice no está en discusión que la demandante satisfizo
el requisito de la edad pues nació el 28 de diciembre de 1963 y cumplió 50 años
el 28 de diciembre de 20136. Tampoco se controvierte lo relacionado con el
requisito de haber laborado con consagración, buena conducta y honradez
habida cuenta de que en el recurso de apelación no se planteó un reparo al
respecto ni obra en el expediente prueba alguna que demuestre que la actora
haya incurrido en algún hecho que lo configure7; ni se evidencia que perciba una
doble compensación o erogación nacional incompatible con la pensión gracia.

34. Aclarado lo anterior, el objeto del presente asunto recae en la verificación
de los requisitos de haber laborado como docente territorial o nacionalizado antes
del 31 de diciembre de 1980 y si se prestaron los servicios en tales calidades
durante 20 años.

Requisito de ingreso como docente territorial y/o nacionalizado antes del
31 de diciembre de 1980

35. En el expediente obra copia del Decreto 078 del 5 de mayo de 19788, a
través del cual se nombró a la demandante como maestra municipal en la
Escuela Número Uno de Varones del municipio de Tumaco (Nariño), cargo del
cual tomó posesión el mismo día9.

36. El mencionado acto de vinculación fue suscrito por el alcalde del municipio
de Tumaco, en ejercicio de sus facultades legales, sin que en su expedición
interviniera el Ministerio de Educación Nacional a través de sus delegados ni se
dejara constancia de que dicha plaza hubiera sido creada por esa cartera o de
que existiera certificación de disponibilidad presupuestal por parte del FER para
el pago de los emolumentos, conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 10 de
la Ley 43 de 1975.

37. En este orden de ideas, las circunstancias descritas permiten concluir que
la anterior correspondió a una vinculación de naturaleza territorial (municipal), en
la medida en que estas se ajustan a la definición prevista en el artículo 1 de la
Ley 91 de 1989 según la cual son territoriales «los docentes vinculados mediante
nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el
cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».

38. Lo anterior coincide con la información registrada en los Formatos Únicos
para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 25 de junio de 201910 y
del 9 de febrero de 202611, mediante los cuales la Secretaría de Educación de

6 Cfr. Cédula de ciudadanía que reposa en el folio 17 del expediente digitalizado.
7 Cfr. Certificado de antecedentes disciplinarios 129832366 del 3 de julio de 2019 (folio 41).
8 Allegado en virtud del auto de mejor proveer.
9 Cfr. Acta de Posesión del 5 de mayo de 1978, visible en la página 45 del archivo

«56RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL18712022RESP(.pdf) », visible en el índice 37 de SAMAI.
10 Folio 18.
11 Página 47 del Archivo «56RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL18712022RESP(.pdf)», visible en el índice

37 de SAMAI.

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Tumaco (Nariño) dejó constancia de que la demandante se desempeñó como
maestra municipal en la Escuela Número Uno de Varones de dicho ente territorial,
entre el 5 de mayo de 1978 y el 31 de diciembre de 1992, en virtud del
nombramiento efectuado a través del ya referido Decreto 078 del 5 de mayo de
1978.

39. Por consiguiente, queda demostrado que la parte actora satisface el
requisito de haberse vinculado como docente territorial antes del 31 de
diciembre de 1980. Asimismo, el lapso analizado, equivalente a 14 años, 7
meses y 26 días, resulta computable para efectos del conteo de los 20 años de
servicios necesarios para gozar de la pensión gracia.

40. Ahora bien, para la Sala no prospera el argumento de la apelante según
el cual no existía prueba idónea que otorgara certeza sobre la vinculación, tanto
anterior como posterior al 31 de diciembre de 1980, ni respecto del tipo de
vinculación, el origen de los recursos o los actos de nombramiento y posesión.

41. En efecto, en el expediente se vislumbra el Decreto 078 del 5 de mayo de
1978 y su acta de posesión, sumado a que se allegó el Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral del 25 de junio de 2019, con los
cuales el Tribunal fundó su decisión de acceder a las pretensiones reclamadas.

42. Además, no se puede perder de vista que, en materia de pensión gracia,
esta Sección, mediante la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 201812, fijó la siguiente regla jurisprudencial para efectos de acreditar la
naturaleza de la plaza docente, a saber:

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el
legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede
acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial. (Se resalta)

43. En estos casos, el juez debe examinar el expediente con el fin de verificar
la existencia de actos administrativos que le permitan determinar la naturaleza
jurídica del vínculo o de la plaza docente en cuestión. Este análisis resulta
fundamental, toda vez que el contenido del acto administrativo de nombramiento
proporciona al fallador información relevante sobre las condiciones jurídicas del
cargo a desempeñar, así como las implicaciones a las que quedó sujeto el
servidor.

44. No obstante, en ausencia de tales documentos, el juez puede recurrir a
otros elementos probatorios que deben ser valorados de manera conjunta
conforme a las reglas de la sana crítica, tales como las certificaciones emitidas

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación

proferida el 21 de junio de 2018, dentro del expediente 25000 23 42 000 2013 04683 01 (3805-14), con
ponencia del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter.

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por las autoridades nominadoras, verificando que la información en ellas
contenida resulte veraz e incuestionable.

45. Por consiguiente, se encuentra debidamente acreditado el cumplimiento
del requisito objeto de estudio con fundamento en el acto de nombramiento, el
acta de posesión y el certificado laboral allegado, los cuales permitieron
establecer, de manera inequívoca, la naturaleza de la plaza docente.

Requisito de haber laborado como docente territorial o nacionalizado
durante 20 años

46. La Sala examinará el argumento de la entidad demandada según el cual
los tiempos laborados por la actora con posterioridad a 1996 no son computables,
por corresponder —en su criterio— a servicios de naturaleza nacional, de
conformidad con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

47. Al respecto, se advierte que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 regula el
régimen salarial y prestacional aplicable a los docentes oficiales, pero no define,
de manera autónoma y suficiente, la naturaleza jurídica del vínculo (nacional,
nacionalizado o territorial) para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
prestación de carácter excepcional sujeta a reglas propias.

48. En efecto, la determinación de la naturaleza del vínculo docente ha sido
fijada por el artículo 1 de la Ley 91 de 1989 y la jurisprudencia de esta
Corporación a partir de criterios como la autoridad que expide el acto de
nombramiento, la fuente de financiación y el régimen administrativo aplicable, sin
que la fecha de vinculación constituya, por sí sola, un criterio determinante.

49. De otra parte, si bien las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 desarrollaron el
proceso de descentralización del servicio educativo asignando a las entidades
territoriales la administración del mismo, ello no implica que todos los docentes
vinculados con posterioridad a su expedición deban considerarse
automáticamente como nacionales o territoriales pues dicha calificación depende
del análisis concreto de las condiciones jurídicas de cada vinculación.

50. En ese contexto, no resulta acertado afirmar, de manera general, que los
tiempos laborados con posterioridad a 1996 tienen naturaleza nacional, sin
verificar previamente las condiciones específicas de vinculación de la
demandante.

51. Por consiguiente, el cargo de apelación no tiene vocación de prosperidad,
y la Sala procederá a analizar, en el caso concreto, la naturaleza de los vínculos
docentes de la demandante con posterioridad al 1 de enero de 1990, a fin de
establecer si son computables para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia.

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52. Con fundamento en la información que reposa en los Formatos Únicos
para la Expedición de Certificado de Historia Laboral, de fechas 25 de junio de
201913 y 9 de febrero de 202614, expedidos por la Secretaría de Educación de
Tumaco (Nariño), así como en las copias de las órdenes de prestación de
servicios allegadas por dicha entidad15, esta Subsección advierte que la
demandante prestó servicios bajo esta modalidad contractual en los siguientes
periodos:

Orden de trabajo Desde Hasta Institución Tiempo laborado
OPS 04616 13/01/1997 13/04/1997 Escuela Isla Grande Rio 3 meses, 1 día
Rosario
OPS 04217 14/04/1997 14/07/1997 Escuela Isla Grande Rio 3 meses, 1 día
Rosario
OPS 21318 01/09/1997 12/12/1997 Escuela Rural San Pablo 3 meses, 12 días
OPS19 02/02/1998 30/04/1998 Escuela Rural San Pablo 2 meses, 29 días
OPS20 04/05/1998 26/06/1998 Escuela Rural San Pablo 1 mes, 23 días
OPS 9621 18/01/1999 31/03/1999 Colegio Imbili 2 meses, 13 días
OPS22 05/04/1999 30/06/1999 Colegio Imbili 2 meses, 26 días
OPS23 13/03/2000 12/04/2000 Colegio Imbili 1 mes
OPS24 13/04/2000 12/05/2000 Colegio Imbili 1 mes
OPS25 13/05/2000 12/06/2000 Colegio Imbili 1 mes
OPS26 13/06/2000 12/07/2000 Colegio Imbili 1 mes
OPS27 13/07/2000 12/09/2000 Colegio Imbili 2 meses
OPS28 13/09/2000 12/12/2000 Escuela Unión Victoria 3 meses
Contrato sin 18/04/2001 29/07/2001 Escuela Buenos Aires 3 meses, 12 días
formalidades plenas de
prestación de servicios29
OPS30 15/11/2001 15/12/2001 Escuela Buenos Aires 1 mes, 1 día
OPS31 14/01/2002 14/5/2002 Escuela Buenos Aires 4 meses, 1 día
OPS32 01/06/2002 01/08/2002 Escuela Buenos Aires 2 meses, 1 día
OPS 08/01/2003 07/04/2003 Escuela El Obrero 3 meses
OPS33 08/04/2003 25/07/2003 Escuela El Obrero 3 meses, 18 días
TOTAL: 3 AÑOS, 3 MESES Y 18 DÍAS

53. Con referencia a las anteriores vinculaciones, la entidad apelante sostiene
que estas no pueden computarse para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia en tanto que se trata de servicios prestados bajo la modalidad de contratos
de prestación de servicios, sin que hubiese mediado una vinculación legal y
reglamentaria.

13 Folio 18.
14 Página 47 del Archivo «56RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL18712022RESP(.pdf)», visible en el índice

37 de SAMAI.
15 Archivo «56RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL18712022RESP(.pdf) », visible en el índice 37 de SAMAI.
16 Página 7, ibidem.
17 Página 8, ibidem.
18 Página 9, ibidem.
19 Página 11, ibidem.
20 Página 12, ibidem.
21 Página 13, Ibidem.
22 Página 14, ibidem.
23 Página 15, ibidem.
24 Página 16, ibidem.
25 Página 17, ibidem.
26 Página 18, ibidem.
27 Página 19, ibidem.
28 Página 20, ibidem.
29 Página 21, ibidem.
30 Página 23, ibidem.
31 Página 24, ibidem.
32 Página 25, ibidem.
33 Página 26, ibidem.

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Demandante: Mercedes del Carmen Cabezas

54. Con todo, esta Subsección ha sido del criterio de que dichos períodos son
válidos para ser considerados en el reconocimiento de la pensión gracia por
cuanto para tal propósito solo es necesario acreditar la prestación del servicio
docente. En efecto, la Ley 114 de 1913 establece que esta prestación está
destinada a quienes hayan ejercido la labor docente, sin que importe la modalidad
de vinculación.

55. Así se ha reconocido reiteradamente al establecer que los periodos
servidos por medio de contrato de prestación de servicios son válidos para
acceder a la pensión gracia34. Lo fundamental es que se demuestre la realización
de actividades como docente oficial siempre que se cumpla con la vinculación de
carácter territorial y/o nacionalizada.

56. Adicionalmente, la Sala advierte que la naturaleza de la vinculación
ostentada por la actora en los períodos mencionados en la tabla que antecede
tienen carácter territorial-municipal, pues fue la alcaldía Municipal de Tumaco la
entidad que contrató sus servicios y se benefició de ellos, sin que se evidencie
contratación directa, participación o aprobación previa del Ministerio de
Educación Nacional, ni que la plaza ocupada corresponda al orden nacional, lo
cual descarta su carácter nacional.

57. En consecuencia, los tiempos laborados por la parte actora, en la
modalidad de contratista por prestación de servicios, equivalentes a 3 años, 3
meses y 18 días, son computables para efectos de la pensión gracia objeto de
litigio.

58. Por otra parte, según la información que reposa en el Formato Único para
la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 9 de febrero de 202635, se
observa que la demandante prestó sus servicios de manera continua e
ininterrumpida en la Institución Educativa Ciudadela Mixta de Tumaco (Nariño)
entre el 1 de enero de 2004 y el 9 de febrero de 2026, producto de los
nombramientos efectuados mediante los Decretos 1235 del 31 de diciembre 2003
(provisionalidad), Decreto 0295 del 23 de mayo de 2016 (período de prueba) y
0042 del 16 de enero de 2017 (en propiedad), los cuales también reposan en el
expediente.

59. Al revisar detenidamente cada uno de los mencionados actos de
nombramiento, la Sala advierte que todos fueron expedidos por el alcalde del
municipio de Tumaco, con fundamento en las competencias otorgadas por la
Constitución y la ley, particularmente en lo dispuesto por las Leyes 115 de 1994
y 715 de 2001, así como en el Decreto 1278 de 2002 y el Decreto 804 de 1995.

60. Además, se indicó que, conforme al artículo 20 de la Ley 715 de 2001, los
municipios certificados administran el servicio educativo y gestionan el personal

34 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2025, rad. 52001-23-33-000-2019-00336-

01 (3033-2024), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
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docente, competencia que, en este caso, se concretó con la entrega del servicio
educativo por el Departamento de Nariño, mediante la cual el municipio asumió
el manejo del personal y de las vacantes definitivas, habilitando así la provisión
de cargos.

61. Dicho esto, queda demostrado que la vinculación en provisionalidad
efectuada a partir de la expedición del Decreto 1235 del 31 de diciembre de 2003
se realizó cuando la administración del servicio educativo ya había sido
descentralizada y había quedado en manos de las entidades territoriales, en este
caso, del municipio de Tumaco, por lo que no existe duda de que se trató de un
nombramiento territorial.

62. Además, los posteriores nombramientos llevados a cabo mediante los
Decretos 0295 del 23 de mayo de 2016 y 042 del 16 de enero de 2017 se dieron
porque la demandante superó el concurso público de méritos convocado
mediante el Acuerdo 0291 de 2012, modificado por el Acuerdo 416 de 2013,
dentro del proceso de selección para proveer cargos de docentes y directivos
docentes etnoeducadores en el municipio de Tumaco, al haber aprobado las
distintas etapas del proceso, sin que la actora perdiera la continuidad desde su
primera vinculación ocurrida en 2004.

63. En este sentido, el tiempo que la demandante prestó en la Institución
Educativa Ciudadela Mixta de Tumaco (Nariño) entre el 1 de enero de 2004 y el
9 de febrero de 2026, equivalente a 22 años, 1 mes y 9 días, es computable para
efectos de acceder a la pensión gracia.

64. Así las cosas, la parte demandante acreditó un total de 40 años y 23 días
de servicios como docente del orden territorial y nacionalizado, según se
evidencia en la siguiente gráfica:

Carácter de la plaza ocupada Desde Hasta Tiempo laborado
Día Mes Año Día Mes Año Años Meses días
Territorial 05/05/1978 31/12/1992 14 7 26
OPS - Territorial 13/01/1997 25/07/2003 3 3 18
Territorial 01/01/2004 09/02/2026 22 1 9
TOTAL 40 0 23

65. En consecuencia, la parte demandante cumplió con todos los requisitos
exigidos para acceder a la pensión gracia, lo que impone confirmar la sentencia
de primera instancia.

66. De igual modo, se comparte la decisión del tribunal en lo correspondiente
a la fecha del estatus pensional, pues, en efecto, esta se materializó el 28 de
diciembre de 2013, día en el que la demandante cumplió 50 años de edad,

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momento que es posterior a la fecha en la que completó los 20 años de servicios
(15 de enero de 200636).

67. Por último, la Sala confirma la decisión de declarar la prescripción de las
mesadas pensionales causadas con anterioridad al 10 de diciembre de 2015. Lo
anterior, por cuanto la petición de la prestación periódica que hoy es objeto de
reconocimiento se presentó el 10 de diciembre de 201837, esto es, por fuera de
los plazos trienales establecidos en los artículos 41 y 102 de los Decretos 3135
de 1968 y 1848 de 1969, respectivamente.

Sobre la condena en costas en primera instancia

68. La parte demandada solicitó la revocatoria de la condena en costas que el
Tribunal le impuso en primera instancia, precisando que en el asunto de la
referencia no ha actuado temerariamente.

69. Al respecto, la modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte
de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de
lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

70. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

71. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

72. Con base en los argumentos expuestos y comoquiera que en la sentencia
apelada se condenó en costas a la demandada en virtud de la causal prevista en
el numeral 1 del artículo 365 del CGP, al resultar vencida en el proceso, no hay
lugar a revocar dicha decisión, en tanto que estuvo ajustada a los razonamientos
explicados en los párrafos anteriores.

36 Esta fecha surge de restar al 9 de febrero de 2026 (fecha del certificado laboral) lo correspondiente a 20

años y 23 días, que exceden los 20 años.
37 Información tomada de la Resolución PAP 001180 del 17 de enero de 2019, visible en el folio 17 del

expediente digitalizado.

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Condena en costas en segunda instancia

73. Con base en el análisis normativo abordado en precedencia, en esta
instancia también se impondrán costas a la entidad demandada por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 28 de julio de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió a las pretensiones de la demanda
incoada por la señora Mercedes del Carmen Cabezas contra la UGPP.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la entidad
demandada. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado sustanciador de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Nariño.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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