Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2017-00151-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 70001-23-33-000-2017-00151-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2017-00151-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 70001-23-33-000-2017-00151-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 70001 23 33 000 2017 00151 01 (2309-2022)
Demandante: Ángela Amira González Parra
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Tema: Reconocimiento de pensión gracia. Naturaleza de la vinculación
docente territorial. Prueba de la calidad docente. Aplicación de la
sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 2018.
Decisión: Se confirma la sentencia de primera instancia, en tanto la demandante
acreditó la totalidad de los requisitos para acceder a la pensión gracia,
en especial haberse desempeñado como docente de carácter
territorial por un mínimo de 20 años. Se adiciona su numeral tercero
para precisar la liquidación proporcional de los factores salariales que
no se perciben mensualmente y se condena en costas de segunda
instancia a la entidad apelante.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de primera instancia del 27 de junio de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 49780 del 29 de diciembre de 2016,
RDP 7966 del 1 de marzo de 2017 y RDP 13158 del 29 de marzo de 2017, mediante las
cuales la entidad demandada le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se declare que tiene derecho a
que la entidad demandada reconozca y pague la mencionada prestación periódica en
cuantía equivalente al 75 % de todos los emolumentos que constituyen salario
devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, esto es, el 3
Radicación: 70001 23 33 000 2017 00151 01 (2309-2022)
Demandante: Ángela Amira González Parra
de abril de 2009, con las correspondientes actualizaciones conforme al Índice de Precios
al Consumidor (IPC) y el reconocimiento de intereses comerciales y moratorios.
Asimismo, solicitó que se condene a la entidad demandada al pago de las diferencias
entre las mesadas derivadas de la pensión de jubilación y la pensión gracia, y al pago de
las costas procesales.
3. Como sustento fáctico de sus pretensiones, relató que cumplió 50 años de edad el
3 de abril de 2009 y que prestó servicios docentes al municipio de Santiago de Tolú
(Sucre) en la Escuela Rural Punta de Piedra del corregimiento de Coveñas, inicialmente
mediante contrato de prestación de servicios entre el 2 de febrero de 1979 y el 29 de
mayo de 1990 y posteriormente en virtud del Decreto 115 del 30 de mayo de 1990 desde
esa fecha hasta el 30 de abril de 2014.
4. Indicó, además, que el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de
Sincelejo, mediante sentencia del 28 de febrero de 2013 proferida dentro de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 2011‑00547, declaró que entre la
actora y el municipio de Santiago de Tolú existió una relación laboral con ocasión de los
servicios prestados entre el 2 de febrero de 1979 y el 29 de mayo de 1990.
5. Sostuvo que, sumados los diferentes períodos de vinculación, acumula un total de
30 años, 2 meses y 1 día de servicios como docente oficial, razón por la cual considera
que cumple la totalidad de los requisitos legales para acceder a la pensión gracia.
6. Finalmente, señaló que el 22 de agosto de 2016 solicitó ante la entidad demandada
el reconocimiento de la referida prestación, la cual le fue negada mediante los actos
administrativos acusados bajo el argumento de que no se acreditó la prestación de
servicios docentes con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, de que no se allegó el
acto administrativo de cumplimiento de la sentencia del Juzgado Quinto Administrativo de
Descongestión de Sincelejo y de que su vinculación habría tenido carácter nacional en
atención a que los salarios fueron financiados con recursos del Situado Fiscal, hoy
Sistema General de Participaciones.
Contestación de la demanda
7. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones al considerar
que la demandante no cumplió los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913 y demás
normas concordantes para acceder a la pensión gracia, en especial, el relativo al origen
de los recursos con los cuales se remuneró el vínculo docente por cuanto sus salarios
fueron financiados con recursos del Situado Fiscal, circunstancia que —a su juicio— le
otorgó carácter nacional a dicha vinculación.
8. Asimismo, se opuso a la pretensión orientada a obtener el pago de la diferencia
frente a la mesada reconocida por concepto de pensión de jubilación afirmando que no
fue la entidad demandada la que reconoció dicha prestación, sino el FOMAG1 mediante
la Resolución 617 de junio de 2014.
2
Radicación: 70001 23 33 000 2017 00151 01 (2309-2022)
Demandante: Ángela Amira González Parra
9. En virtud de lo anterior, la entidad propuso como excepción previa la de «inepta
demanda» y, como excepciones de fondo, las de legalidad de los actos administrativos
demandados, buena fe y prescripción.
Audiencia inicial: saneamiento del proceso y decisión de excepciones previas
10. En la audiencia inicial celebrada el 26 de julio de 2018, el magistrado sustanciador
de la primera instancia saneó el proceso precisando que las pretensiones estaban
dirigidas a la nulidad de los actos administrativos que negaron la pensión gracia y, a título
de restablecimiento del derecho, al reconocimiento y pago de dicha prestación; asimismo,
declaró no probada la excepción previa de ineptitud de la demanda. Estas decisiones no
fueron objeto de recurso alguno.
Sentencia apelada
11. El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia del 27 de junio de 2019,
declaró la nulidad de los actos administrativos demandados por incurrir en falsa
motivación y ordenó a la entidad demandada reconocer y pagar a la actora la pensión
gracia en cuantía equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales
devengados durante el año anterior a la consolidación del estatus pensional, esto es, en
torno al 3 de abril de 2009. No obstante, declaró probada la excepción de prescripción
trienal reconociendo efectos fiscales únicamente desde el 22 de agosto de 2013 porque
dicho fenómeno se interrumpió con la solicitud presentada el 22 de agosto de 2016.
12. En la parte considerativa del fallo, el a quo explicó que la demandante cumplió el
requisito de edad, pues nació el 3 de abril de 1959 y alcanzó los 50 años el 3 de abril de
2009, fecha para la cual también acreditaba más de 20 años de servicios docentes.
Asimismo, constató la ausencia de sanciones disciplinarias, razón por la cual tuvo por
cumplido el requisito de buena conducta.
13. En cuanto al tiempo de servicios y a la vinculación con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980, se encontró probado que la actora prestó servicios docentes al
municipio de Santiago de Tolú entre el 2 de febrero de 1979 y el 29 de mayo de 1990,
inicialmente mediante contratos de prestación de servicios, vínculo que fue reconocido
judicialmente como relación laboral por sentencia ejecutoriada del 28 de febrero de 2013,
la cual hizo tránsito a cosa juzgada. Posteriormente, fue nombrada en propiedad
mediante el Decreto 115 del 30 de mayo de 1990, con vinculación municipal, circunstancia
acreditada con certificaciones oficiales y actos administrativos reconstruidos válidamente.
14. Se descartó el argumento de la entidad demandada según el cual la procedencia
de los recursos salariales del Sistema General de Participaciones convertía el vínculo
docente en nacional precisando que, conforme a la sentencia de unificación CE-SUJ2-
011-18 del 21 de junio de 2018, lo determinante para el reconocimiento de la pensión
gracia es el carácter territorial o nacionalizado de la plaza y no el origen de los recursos,
los cuales, una vez incorporados al presupuesto de la entidad territorial, adquieren dicha
naturaleza.
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).
3
Radicación: 70001 23 33 000 2017 00151 01 (2309-2022)
Demandante: Ángela Amira González Parra
15. En conclusión, el tribunal consideró que la demandante acreditó más de 28 años
de servicios docentes en plazas de carácter municipal, incluidos períodos anteriores al
31 de diciembre de 1980, por lo que cumplía los requisitos exigidos por las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 para acceder a la pensión gracia. Por último, condenó
en costas a la entidad demandada.
Recurso de apelación
16. La entidad interpuso recurso de apelación mediante el cual solicitó la revocatoria
total de la sentencia de primera instancia argumentando que esta se profirió con
desconocimiento de los requisitos legales exigidos para el reconocimiento de la pensión
gracia.
17. Sostuvo que la demandante no acreditó de manera suficiente el cumplimiento de
los presupuestos establecidos en la Ley 114 de 1913, especialmente aquellos
relacionados con la vinculación docente anterior al 31 de diciembre de 1980 y con el
carácter territorial o nacionalizado de la plaza ocupada. En tal sentido, afirmó que el fallo
incurrió en una indebida valoración del acervo probatorio.
18. En particular, cuestionó que el tribunal hubiera tenido en cuenta, para acreditar los
tiempos de servicio correspondientes al período comprendido entre 1979 y 1990, una
sentencia judicial proferida en un proceso distinto, en el cual la UGPP no fue parte. A su
juicio, dicho pronunciamiento produce efectos exclusivamente inter partes y, por tanto, no
es oponible a la entidad demandada que no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de
defensa dentro de ese proceso.
19. Adicionalmente, alegó que los servicios prestados por la actora durante dicho
periodo se realizaron mediante contratos de prestación de servicios, los cuales —
conforme a la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y la Ley 115 de 1994— no generan
vínculo legal y reglamentario, no suplen los requisitos de nombramiento y posesión y en
consecuencia no pueden ser computados como tiempo válido para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia.
20. Asimismo, señaló que el a quo incurrió en un error de interpretación normativa al
concluir que la sola expedición de actos de nombramiento por parte de autoridades
territoriales implicaba necesariamente una vinculación de carácter municipal. Indicó que,
conforme a la Ley 43 de 1975, durante el proceso de nacionalización de la educación los
entes territoriales actuaban como delegados del Gobierno nacional, mientras que la
financiación de las plazas correspondía a la Nación, circunstancia que —en su criterio—
impediría satisfacer el requisito previsto en el numeral 3 del artículo 4 de la Ley 114 de
1913.
21. De igual manera, cuestionó la aplicación automática de la sentencia de unificación
CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 estimando que el tribunal no verificó de manera
estricta aspectos esenciales tales como la categoría de la plaza (territorial, nacional o
nacionalizada), la fuente concreta de financiación, el régimen salarial, el tipo de
4
Radicación: 70001 23 33 000 2017 00151 01 (2309-2022)
Demandante: Ángela Amira González Parra
vinculación docente y la naturaleza de la institución educativa, elementos que —según la
apelante— no fueron plenamente acreditados en el expediente.
22. Finalmente, de manera subsidiaria y para el evento en que se confirme el
reconocimiento pensional, la accionada solicitó modificar las condenas accesorias, en
particular: i) limitar los factores salariales computables al ingreso base de liquidación
conforme a las Leyes 33 y 62 de 1985; ii) ordenar que los factores devengados de forma
anual sean liquidados proporcionalmente; iii) revocar la orden de indexación de las
mesadas; y iv) revocar la condena en costas por no encontrarse acreditada su causación
en los términos del artículo 365 del CGP.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
23. Mediante auto del 3 de noviembre de 2022 se admitió el recurso de apelación.
Posteriormente, a través de auto del 28 de enero de 2025, se corrió traslado a las partes
por el término de 10 días para que presentaran por escrito sus alegatos de conclusión y
al Ministerio Público para que rindiera concepto una vez vencido ese plazo.
24. La parte demandante se pronunció oportunamente señalando que la sentencia
de primera instancia se ajusta a derecho, por lo cual solicitó su confirmación; además,
pidió que se condene en costas a la parte apelante ya que considera que el recurso
carece de sustento.
25. Por su parte, la entidad demandada sostuvo que el a quo incurrió en una
deficiente valoración probatoria por cuanto omitió la certificación expedida por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, mediante la cual —a su juicio— se
acreditaba que el salario de la demandante fue financiado con recursos del Sistema
General de Participaciones, circunstancia que excluiría el derecho reclamado.
Adicionalmente, alegó el desconocimiento de la jurisprudencia reiterada del Consejo de
Estado, la insuficiente motivación de la nulidad declarada y la vulneración de los principios
de legalidad y seguridad jurídica, razones por las cuales solicitó la revocatoria de la
sentencia apelada.
26. El Ministerio Público, al rendir concepto, indicó que la demandante acreditó los
requisitos legales para el reconocimiento de la pensión gracia al haber cumplido la edad
mínima, demostrar más de 28 años de servicios docentes con vinculación municipal y
mantener buena conducta.
27. Señaló que el tiempo laborado desde 1979, incluso bajo contratos de prestación
de servicios, resulta computable conforme al principio de primacía de la realidad y a la
jurisprudencia del Consejo de Estado. Igualmente, sostuvo que la certificación expedida
por la Secretaría de Educación del Departamento de Sucre constituye prueba suficiente
del carácter territorial de la vinculación, por lo que estimó infundados los reparos de la
apelante y apoyó la decisión adoptada en primera instancia.
5
Radicación: 70001 23 33 000 2017 00151 01 (2309-2022)
Demandante: Ángela Amira González Parra
III. CONSIDERACIONES
Competencia
28. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
Problemas jurídicos
29. Corresponde a la Sala determinar si fue jurídicamente válido tener por acreditado
el requisito de vinculación docente territorial o nacionalizada anterior al 31 de diciembre
de 1980 y por un término mínimo de 20 años, con apoyo en una sentencia judicial
proferida en un proceso distinto en el cual la UGPP no fue parte y si, para ese mismo
efecto, pueden computarse como tiempo de servicio docente válido los períodos
ejecutados mediante contratos de prestación de servicios a la luz de las exigencias
propias del vínculo legal y reglamentario que caracteriza el régimen de la pensión gracia.
30. De manera complementaria, la Sala deberá establecer si el tribunal de primera
instancia interpretó correctamente el alcance normativo de la Ley 43 de 1975 y del
proceso de nacionalización de la educación al concluir que la sola expedición de actos
administrativos por autoridades territoriales resulta suficiente para predicar la naturaleza
municipal de la vinculación docente, aun cuando la financiación de la plaza provenga de
recursos de origen nacional como el Situado Fiscal o el Sistema General de
Participaciones, así como si fue procedente aplicar sin mayor depuración probatoria la
sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 al caso concreto.
31. Finalmente, en caso de mantenerse el reconocimiento de la pensión gracia, deberá
resolver la Sala si las condenas accesorias impuestas en la sentencia de primera
instancia —en particular, la inclusión de todos los factores salariales, la indexación de las
mesadas y la condena en costas— se ajustan al marco legal y jurisprudencial vigente, o
si procede su modificación o revocatoria, especialmente frente a la imposición de costas,
conforme a los criterios del artículo 365 del CGP.
Análisis de los problemas jurídicos
32. La Sala anticipa su decisión de confirmar la sentencia de primera instancia que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y de adicionar su numeral tercero,
en lo relativo a la liquidación proporcional de los factores salariales que no se perciben
mensualmente, con base en los argumentos que se expondrán a continuación.
33. Para beneficiarse de la pensión gracia, la interesada debe cumplir de manera
concurrente todos los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse vinculado como docente territorial o nacionalizado
antes del 31 de diciembre de 1980; ii) haber prestado servicios como docente
6
Radicación: 70001 23 33 000 2017 00151 01 (2309-2022)
Demandante: Ángela Amira González Parra
nacionalizado o territorial (municipal o departamental) por un período no inferior a 20
años, ya sean continuos o discontinuos; iii) haber cumplido 50 años de edad; iv) haber
ejercido la docencia con honradez, consagración y buena conducta; y v) no haber recibido
ni estar recibiendo otra pensión o recompensa de carácter nacional.
34. Precisado lo anterior, en el asunto sub judice no está en discusión que la
demandante satisfizo el requisito de la edad, pues nació el 3 de abril de 1959 y cumplió
50 años el 3 de abril de 20092. Tampoco se controvierte lo relacionado con el requisito
de haber laborado con buena conducta y honradez dado que en el recurso de apelación
no se planteó un reparo al respecto ni obra en el expediente prueba alguna que
demuestre que a la actora se le haya impuesto alguna sanción disciplinaria3.
35. En este orden, el objeto del presente asunto recae en los requisitos de haber
laborado como docente territorial y/o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980, y
si prestó sus servicios en tal calidad durante 20 años.
Requisito de ingreso como docente territorial o nacionalizado antes del 31 de
diciembre de 1980
36. Para demostrar este requisito, en el expediente obra copia de la sentencia del 28
de febrero de 20134, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del
Circuito de Sincelejo dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 70001
33 31 005 2011 00547 00, a través de la cual se declaró que entre la demandante y el
municipio de Santiago de Tolú existió una verdadera relación laboral por los servicios que
prestó como docente entre el 2 de febrero de 1979 y el 29 de mayo de 1990.
37. Como sustento de esa decisión, el mencionado despacho judicial estimó que se
encontraba probado que la actora, a través de órdenes de prestación de servicios, ejerció
como docente en el aludido ente territorial, dentro de las cuales se materializaron los
elementos propios de una relación laboral, como lo son la prestación directa del servicio,
la subordinación y una contraprestación.
38. De igual manera, al revisar la mencionada providencia, conviene precisar que la
copia aportada tiene el sello del juzgado que la profirió en el que se indica que es fiel
copia de la original y que presta mérito ejecutivo. Además, se señaló expresamente que
quedó ejecutoriada el 22 de marzo de 20135.
39. En este sentido, la Sala no comparte el argumento de apelación de la entidad
demandada al manifestar que el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria
por haber tenido en cuenta la mencionada providencia ya que esta constituye una
decisión judicial ejecutoriada por medio de la que se le reconoció a la demandante la
existencia de una relación laboral encubierta como docente con el municipio de Santiago
2 Cfr. Registro Civil de Nacimiento 0370583 que reposa en el folio 20 del expediente digitalizado.
3 Cfr. Constancia emitida el 5 de octubre de 2015 por la jefa de la Oficina de Control Interno Disciplinario del municipio
de Santiago de Tolú.
4 Folios 28 al 44 del expediente digitalizado.
5 Folio 44, ibidem.
7
Radicación: 70001 23 33 000 2017 00151 01 (2309-2022)
Demandante: Ángela Amira González Parra
de Tolú, la cual no puede desconocerse por el hecho de que la UGPP no hubiese sido
parte en ese litigio habida cuenta de que las sentencias judiciales proferidas en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo serán de obligatorio cumplimiento para los
particulares y la administración en atención a lo previsto en el entonces vigente6 artículo
174 del Código Contencioso Administrativo7.
40. Tampoco es acertado el fundamento de que dicho lapso no puede contabilizarse
para acceder a la prestación periódica discutida, pues esta corporación8 ha sido diáfana
en computar los periodos ejercidos bajo la figura de órdenes de servicios con el fin de
obtener la pensión gracia, siempre y cuando estos se hayan llevado a cabo en entidades
territoriales (municipales, departamentales o distritales).
41. Esto, por cuanto la premisa del cumplimiento del requisito de haber ejercido como
docente territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980 no recae
obligatoriamente en que se haya perfeccionado el vínculo legal y reglamentario a través
del nombramiento y posesión, sino que solo basta con acreditar de manera inequívoca la
prestación de los servicios docentes en tales calidades, admitiendo esta Sala que la
modalidad de vinculación sea por medio de contratos u ordenes de prestación de
servicios9.
42. Aunado a ello, no se puede pasar por alto que, desde antes de la expedición de la
referida sentencia, la entidad territorial ya reconocía que la actora se encontraba
vinculada como docente oficial «pagada por el municipio» a partir del 2 de febrero de
1979, por medio de contratos de prestación de servicios, como consta en los certificados
del 12 de agosto10, 30 de noviembre11 y 15 de diciembre de 199412, y del 28 de mayo de
199613 suscritos por el secretario de educación del municipio de Santiago de Tolú (Sucre).
43. Bajo los anteriores argumentos, la Sala comparte la decisión del Tribunal de
primera instancia al encontrar debidamente acreditado que la demandante prestó sus
servicios como docente territorial antes del 31 de diciembre de 1980, esto es, en el lapso
comprendido entre el 2 de febrero de 1979 y 29 de mayo de 1990. Dicho interregno,
equivalente a 11 años, 3 meses y 28 días, se computará para completar los 20 años
exigidos para acceder a la pensión gracia reclamada.
6 De acuerdo con el radicado (2011-00547) de la sentencia allegada como prueba, la Sala evidencia que la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho fue iniciada antes del 2 de julio de 2012.
7 «ARTICULO 174. OBLIGATORIEDAD DE LA SENTENCIA. Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias para los
particulares y la administración, no estarán sujetas a recursos distintos de los establecidos en este Código, y quedan
sometidas a la formalidad del registro en los mismos casos en que la ley lo exige para las dictadas por los jueces
comunes». Norma derogada por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011, con vigencia hasta el 2 de julio de 2012.
8 Véanse, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por esta Subsección: i) del 7 de mayo de 2026, bajo el
radicado 52001 23 33 000 2019 00405 01 (1871-2022); ii) del 16 de abril de 2026, con radicado 25000 23 42 000 2016
04378 01 (5316-2019); iii) del 5 de febrero de 2026, con radicado 68001 23 33 000 2017 01353 01 (2192-2021).
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de mayo
de 2026, rad. 52001 23 33 000 2019 00405 01 (1871-2022), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
10 Folio 37 del expediente digitalizado.
11 Folio 38, ibidem.
12 Folio 39, ibidem.
13 Folio 50, ibidem.
8
Radicación: 70001 23 33 000 2017 00151 01 (2309-2022)
Demandante: Ángela Amira González Parra
Requisito de haber laborado durante 20 años como docente territorial o
nacionalizado
44. Con relación a esta exigencia, en el expediente obra copia del Certificado de
Tiempo de Servicio del 30 de septiembre de 201514, a través del cual la Secretaría de
Educación de Sucre dio constancia de que la demandante prestaba a la fecha sus
servicios para esa entidad territorial como docente de básica primaria, en propiedad,
«como municipal», en el Centro Educativo Punta Piedra (Coveñas) en virtud del
nombramiento efectuado a través del Decreto 115 del 30 de mayo de 1990.
45. Como sustento de lo anterior, obra copia del Decreto 0071 del 12 de marzo de
200315, a través del cual el alcalde del municipio de Santiago de Tolú reconstruyó el
Decreto de nombramiento 115 del 30 de mayo de 1990 con el que se nombró a la
demandante como maestra en la Escuela Las Parcelas del corregimiento de Coveñas.
46. Al revisar dicho acto administrativo, se advierte que en su parte considerativa se
mencionó que en los archivos de la Oficina de Recursos Humanos de la Alcaldía del
municipio de Santiago de Tolú aparece registrada el acta de posesión en deterioro, en la
que solo se puede visualizar que se efectuó un nombramiento a la demandante como
maestra de la Escuela Las Parcelas, en virtud del Decreto 115 del 30 de mayo de 1990.
47. Asimismo, se explicó que la razón por la cual no obran los documentos
reconstruidos obedeció a que el 23 de diciembre de 1998 hubo una alteración del orden
público en la que fueron quemados equipos y documentación en general de la alcaldía.
48. Sobre este documento, vale la pena indicar que, en cumplimiento del auto del 14
de mayo de 202616, la Alcaldía de Santiago de Tolú (Sucre) le informó a la Sala que
«revisados los archivos físicos y digitales que reposan en la entidad, no fue posible ubicar
el expediente administrativo [del procedimiento de reconstrucción del acto de
nombramiento] ni el Decreto N° (sic) 115 del 30 de mayo de 1990 requerido».
49. Por otra parte, con relación al fundamento legal por medio del cual se llevó a cabo
el trámite de reconstrucción, la entidad señaló que el Decreto 0071 del 12 de marzo de
2003 corresponde a la reconstrucción del Decreto 23 del 31 de enero de 1991, con el que
se nombró a la señora Enalides Gastelbondo Barragán como maestra de la Escuela
Urbana San Isidro del municipio de Santiago de Tolú y no respecto de la hoy demandante.
50. Lo anterior, llama la atención de esta Sala, por cuanto la misma entidad en la
audiencia de pruebas llevada a cabo el 5 de septiembre de 2018 por parte del Tribunal
Administrativo de Sucre aportó al proceso copia del Decreto 0071 del 12 de marzo de
2003, expedido por el alcalde municipal (E) del Santiago de Tolú, en el que se constata
que a través de este se reconstruyó el Decreto 115 del 30 de mayo de 1990 y el acta de
posesión de la misma fecha, correspondiente al nombramiento que se le hizo a la hoy
14 Folio 27, ibidem.
15 Folios 41 y 42, ibidem.
16 Auto del 14 de mayo de 2026 e informe de la Alcaldía de Santiago de Tolú (Sucre), obrantes en los índices 47 y 52
de SAMAI.
9
Radicación: 70001 23 33 000 2017 00151 01 (2309-2022)
Demandante: Ángela Amira González Parra
demandante como maestra de la escuela Las Parcelas del corregimiento de Coveñas,
jurisdicción del municipio de Santiago de Tolú.
51. En este sentido, se advierte que existen dos actos con la misma nomenclatura y
fecha, pero corresponden a dos docentes diferentes, lo cual impide a la Sala establecer
inequívocamente a cuál de las dos maestras corresponde el nombramiento, o si se trató
de un error por parte de la entidad en el momento de su expedición.
52. En este sentido, para esta Subsección no es dable tener como prueba idónea el
mencionado acto administrativo de reconstrucción por la razón previamente señalada,
sumado a que, al no contar con el expediente administrativo contentivo del mencionado
trámite, no es factible extraer el fundamento normativo por el cual se llevó a cabo ni con
base en qué pruebas se adelantó.
53. Sin perjuicio de lo expuesto, ello no impide a la Sala examinar los demás elementos
de prueba allegados al plenario, en aras de establecer si, en efecto, la demandante
acredita el requisito de tiempo de servicios, como se procede a continuación.
54. En el expediente obra copia del acta de posesión del 31 de mayo de 1990, en la
que se indica que la demandante se posesionó ante el secretario municipal de Santiago
de Tolú como maestra de la Escuela de Las Parcelas, para la cual fue nombrada en
propiedad por el Decreto 115 del 30 de mayo de 1990, expedido por la «alcaldía».
55. Asimismo, en los ya analizados certificados del 12 de agosto17, 30 de noviembre18
y 15 de diciembre de 199419, y del 28 de mayo de 199620 suscritos por el secretario de
educación del municipio de Santiago de Tolú (Sucre), se indicó que expresamente la
actora fue «nombrada en propiedad mediante Decreto Nro. 115 de Mayo 30 de 1990,
emanado de esta Alcaldía»
56. Con base en lo anterior, a pesar de que en el presente caso no obra copia del acto
administrativo de nombramiento —Decreto 115 del 30 de mayo de 1990—, a partir del
acta de posesión del 31 de mayo de 1990, de los certificados suscritos por la alcaldía
municipal de Santiago de Tolú y del Certificado de Tiempo de Servicios emitido el 30 de
septiembre de 2015 es posible extraer que la demandante ejerció como maestra en dicho
ente territorial desde el 31 de mayo de 1990, fecha de su posesión, hasta, al menos, el
30 de septiembre de 2015.
57. Además, de la información extraída de los citados documentos, se infiere sin
equívoco que se trató de una vinculación de carácter territorial, en la medida en que los
actos fueron emitidos por la alcaldía municipal del Santiago de Tolú, que se acompasa
con la definición de que trata el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, según la cual son
territoriales los docentes «vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del
1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la
Ley 43 de 1975».
17 Folio 37, ibidem.
18 Folio 38, ibidem.
19 Folio 39, ibidem.
20 Folio 50, ibidem.
10
Radicación: 70001 23 33 000 2017 00151 01 (2309-2022)
Demandante: Ángela Amira González Parra
58. Es más, en el plenario no obran documentos que prueben que el mencionado
vínculo hubiese sido realizado por el Gobierno nacional o en delegación de este, por lo
que no podría caracterizarse como un nombramiento ejercido en un plantel del orden
nacional. Por el contrario, en el precitado certificado de tiempo de servicios del 30 de
septiembre de 2015, así como en los Formatos Únicos para la Expedición de Certificado
de Salarios21 también de esa fecha, emitidos por la Secretaría de Educación de Sucre,
se registró expresamente que su vinculación es como «municipal».
59. A su turno, conviene indicar que tampoco le asiste razón a la entidad apelante al
insistir que la citada vinculación fue nacional porque los salarios y prestaciones fueron
cancelados con dineros del Situado Fiscal. Ello, por cuanto esta Sección, en la sentencia
de unificación CE-SUJ2-011-18 proferida el 21 de junio de 201822, estableció que los
dineros que la Nación le transfería a los entes territoriales, provenientes del Situado Fiscal
—hoy Sistema General de Participaciones— constituían rentas exógenas, por lo que una
vez recibidos, se convertían en recursos propios. Al respecto, se fijaron las siguientes
reglas jurisprudenciales:
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde, o
cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva
del cargo; (iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter
territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el
pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la
respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los
gastos a través de los fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con
los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan
en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.
60. Por último, vale la pena precisar que el análisis probatorio que antecede se realizó
conforme a la regla fijada en la precitada sentencia de unificación sobre la manera de
probar la naturaleza de la plaza docente. Dicha regla señala lo siguiente:
[…] (iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como
territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
61. Esto, por cuanto en el presente caso, tras la ausencia del acto administrativo de
nombramiento, fueron las certificaciones emitidas por la entidad nominadora, junto con la
información que reporta la copia del acta de posesión del 31 de mayo de 1990, los que
permitieron establecer la naturaleza territorial de la vinculación docente de la actora.
21 Folios 25 y 26, ibidem.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación CE-SUJ2-
011-18 del 21 de junio de 2018, proferida dentro del expediente 25000-23-42-000-2013-04683-01(3805-14), con
ponencia del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter.
11
Radicación: 70001 23 33 000 2017 00151 01 (2309-2022)
Demandante: Ángela Amira González Parra
62. Además, las certificaciones expedidas en 1994 y 1996 fueron emitidas por el
municipio de Santiago de Tolú con anterioridad al 23 de diciembre de 1998, fecha en la
que la entidad adujo que por hechos de orden público muchos de los documentos del
archivo municipal fueron destruidos, lo cual permite inferir razonablemente que lo allí
consignado se basó en el cotejo con el acto administrativo de nombramiento original y no
con el de reconstrucción previamente estudiado.
63. Así las cosas, en el presente caso está demostrado que a partir del 31 de mayo de
1990 la actora prestó sus servicios como docente territorial en el municipio de Santiago
de Tolú (Sucre), por un lapso de 25 años y 4 meses hasta el 30 de septiembre de 2015,
los cuales son computables para efectos de acceder a la pensión gracia.
64. Por consiguiente, la libelista acreditó un total de 36 años, 7 meses y 28 días de
servicios como docente del orden territorial, según se evidencia en la siguiente tabla:
Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Años Meses días
Territorial 02/02/1979 29/05/1990. 11 3 28
Territorial 31/05/1990 30/09/2015 25 4 0
TOTAL 36 7 28
65. En consecuencia, la actora cumplió con todos los requisitos exigidos para acceder
a la pensión gracia, a saber: el de la edad, el de buena conducta, el de vinculación
docente territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y el de los 20 años de servicio
docente oficial. Asimismo, si bien el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio le reconoció pensión de jubilación mediante la Resolución 617 de junio de
201423, dicha prestación no constituye la pensión o recompensa de carácter nacional
incompatible a la que se refiere el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, pues conforme al
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 la pensión gracia es compatible con la pensión ordinaria
de jubilación del régimen docente; en consecuencia, también se satisface este requisito,
que además no fue controvertido por la entidad demandada en su recurso. Por lo anterior,
habrá lugar a confirmar la sentencia apelada.
66. De igual modo, se comparte la decisión del tribunal en cuanto estableció que el
estatus pensional surgió el 3 de abril de 2009, fecha en la que la actora cumplió 50 años
de edad, la cual es posterior a la que completó los 20 años de servicios como docente
territorial (2 de febrero de 199924).
67. Adicionalmente, la Sala comparte lo resuelto respecto de la prescripción de las
mesadas pensionales causadas con anterioridad al 22 de agosto de 2013, comoquiera
que el término prescriptivo se interrumpió con la solicitud de reconocimiento presentada
23 Folios 22 y 23, del expediente digitalizado.
24 Esta fecha surge debido a que entre el 2 de febrero de 1979 y el 29 de mayo de 1990 la actora había laborado 11
años, 3 meses y 28 días, por lo que para completar los 20 años exigidos le faltaban 8 años, 8 meses, 2 días, los cuales
completó entre el 31 de mayo de 1990 y el 2 de febrero de 1999.
12
Radicación: 70001 23 33 000 2017 00151 01 (2309-2022)
Demandante: Ángela Amira González Parra
el 22 de agosto de 201625, de manera que únicamente se conservan las mesadas
causadas dentro de los tres años anteriores a esa reclamación.
68. Por otro lado, no prospera la solicitud de revocar la sentencia de primera instancia
en cuanto a limitar los factores salariales computables al ingreso base de liquidación
conforme a las Leyes 33 y 62 de 1985 por cuanto dichas normas no son aplicables a la
pensión gracia por tratarse de normas generales que expresamente excluyeron de su
aplicación a los servidores públicos que gozaran de un régimen especial, como es el caso
de los docentes26.
69. Además, esta colegiatura ha sido pacífica a lo largo de los años en establecer que
para la liquidación de la prestación periódica objeto de reconocimiento deben acogerse
los criterios previstos en los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del Decreto 1743 de 1966
y los lineamientos jurisprudenciales trazados, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional»27.
70. Por su parte, en cuanto a la solicitud de que los factores salariales que no se
devengan mensualmente se computen de manera proporcional, esta Sala adicionará el
numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido de establecer
lo solicitado por la recurrente.
71. Finalmente, no se accederá a la revocatoria de la orden de indexación de las
mesadas reconocidas, puesto que no le asiste razón a la entidad al manifestar que esta
solo procede cuando se acredita el retiro del servicio. Lo anterior, toda vez que, de una
parte, para acceder a la pensión gracia no se requiere que el docente ya no esté
ejerciendo, pues el derecho nace en el momento en que se acreditan todos los requisitos
legales, en especial, 50 años de edad y 20 años de servicios docentes; y, por otra parte,
la indexación corresponde a un mandato legal previsto en el último inciso del artículo 187
del CPACA, con el fin de salvaguardar el valor adquisitivo de las sumas adeudadas.
¿Resulta procedente la condena en costas impuesta en la primera instancia a la
parte demandada?
72. La parte demandada se opuso a la condena en costas en primera instancia
fundamentando su apelación en que no existió conducta temeraria ni abuso del derecho
de su parte; además, no se comprobó su causación.
73. Al respecto, la modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
25 Fecha tomada de la Resolución RDP 49780 del 29 de diciembre de 2016 (acto administrativo demandado), visible
en los folios 69 al 71, ibidem.
26 Cfr. Artículo 1 —inciso 2— de la Ley 33 de 1985. «[…] No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales
que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente,
ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones».
27 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i) del 25 de
enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018, radicado: 25000-
23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33- 000-2014-00462-01 (1644-
19).
13
Radicación: 70001 23 33 000 2017 00151 01 (2309-2022)
Demandante: Ángela Amira González Parra
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de
una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
74. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así
una excepción a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la sentencia se pronunciará sobre la
condena en costas a cargo de la parte vencida en el proceso.
75. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
76. Así las cosas, comoquiera que en la sentencia apelada se impuso condena en
costas a la parte demandada al prosperar las pretensiones de la demanda, no
corresponde revocar dicha decisión ya que la misma se encuentra debidamente
sustentada en los razonamientos desarrollados en los párrafos anteriores.
Condena en costas en segunda instancia
77. Con base en el análisis normativo abordado en precedencia, en esta instancia
también se impondrán costas a la entidad demandada por cuanto se niegan totalmente
las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo
366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado sustanciador de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Sucre.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 27 de junio de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda presentada por la señora Ángela Amira González Parra contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social.
SEGUNDO. ADICIONAR el numeral TERCERO de la parte resolutiva de la sentencia del
27 de junio de 2019, en el sentido de que al momento de liquidar el valor de la pensión
gracia reconocida con base en el 75 % de lo percibido en el año anterior al que se adquirió
14
Radicación: 70001 23 33 000 2017 00151 01 (2309-2022)
Demandante: Ángela Amira González Parra
el estatus pensional, se tome proporcionalmente la doceava parte de los factores
salariales que no se perciben mensualmente, como lo son las primas.
TERCERO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado sustanciador de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Sucre.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
15
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.