Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04378-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04378-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-04378-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000 23 42 000 2016 04378 01 (5316-2019)
Demandante: Patricia Sánchez Zamora
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio
docente en plazas del orden territorial y nacionalizado.
Condena en costas.
Decisión: Se confirma la sentencia apelada porque al momento de
solicitar el reconocimiento pensional la demandante no
acreditaba 20 años de servicios como docente territorial o
nacionalizada.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 12 de julio de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
Demanda1
1. La parte actora, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
que se declare la nulidad de la Resolución UGM 023063 del 28 de diciembre de
2011, mediante la cual la extinta Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL
EICE) le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la
demandada a reconocerle la pensión gracia con inclusión de todos los factores
devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus de pensionada,
así como a pagarle las mesadas adeudadas, los intereses moratorios sobre los
valores debidos conforme a las previsiones de los artículos 189 a 192 del CPACA
y que se imponga condena en costas a la demandada.
3. Como sustento de sus pretensiones, expuso que supera los 50 años de
edad y que prestó sus servicios docentes durante 20 años en la educación oficial,
por lo que cumple con las exigencias legales para acceder a la pensión gracia.
1 Folios 2 a 21.
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Demandante: Patricia Sánchez Zamora
4. Por lo anterior, el 5 de agosto de 2011 presentó solicitud de reconocimiento
y pago de la pensión gracia ante la entidad, la cual fue negada mediante el acto
administrativo acusado con fundamento en inconsistencias en los certificados de
tiempos de servicio aportados que impedían establecer el tipo de vinculación
docente.
Contestación de la demanda2
5. La entidad se opuso a las pretensiones al considerar que no existe causal
alguna para declarar la nulidad del acto demandado ni se acreditaron los
presupuestos para acceder al reconocimiento de la pensión gracia ya que los
servicios prestados por la demandante fueron de índole nacional, circunstancia
que le impide acceder a la prestación reclamada.
6. Se indicó que no se consideró el tiempo de servicio prestado en la
Secretaría de Educación de Cundinamarca, conforme al Decreto 1577 del 10 de
abril de 1979, cuyo inicio se registra el 1 de junio de 1979 y carece de fecha de
finalización, debido a la falta de presentación del decreto de nombramiento y del
acta de posesión, documentos necesarios para determinar el tipo de vinculación
bajo el cual fue designada la persona.
7. Propuso como excepciones de mérito las denominadas como «falta de
causa e inexistencia de la obligación», «cobro de lo no debido», «buena fe»,
«prescripción», «legalidad de los actos administrativos demandados» y la
genérica.
Sentencia apelada3
8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia del 12 de
julio de 2019 mediante la cual negó las pretensiones de la demanda y condenó
en costas a la parte demandante.
9. La decisión se sustentó en que, aunque la parte actora demostró haber
prestado servicios como docente territorial entre el 1 de julio de 1979 y el 1 de
agosto de 1989 (antes del 31 de diciembre de 1980) y posteriormente mantuvo
una vinculación mediante relación legal y reglamentaria, así como por contratos
de prestación de servicios en calidad de docente nacionalizada o territorial
durante un total de 11 años, 4 meses y 9 días, estos antecedentes no resultaban
suficientes para acceder al derecho pensional. Esto se debe a que la suma de
los años de servicio se completó con tiempo laborado como docente nacional,
conforme a los certificados aportados al proceso.
10. Concluyó que el acto administrativo a través del cual se le negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia a la demandante se encuentra
ajustado a derecho, al no acreditarse el cumplimiento de los presupuestos de ley
2 Folios 95 a 100.
3 Folios 145 a 155.
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Demandante: Patricia Sánchez Zamora
para acceder a la prestación pretendida. Finalmente, condenó en costas a la
demandante por resultar vencida.
Recurso de apelación4
11. La parte actora presentó recurso de apelación en el que solicitó que se
revoque la sentencia de primera instancia por considerar que fue proferida en
contravía del ordenamiento jurídico, al no tener en cuenta los tiempos de servicio
laborados para la Secretaría de Educación de Cundinamarca desde el 26 de
enero de 2004 hasta el 15 de enero de 2006, lapso que ejerció para una entidad
pública departamental, es decir, computable para acceder a la pensión gracia
reclamada.
12. Asimismo, sostuvo que el tribunal desconoció el tiempo de servicio
acreditado mediante la Resolución 009246 del 1 de noviembre de 2007 expedida
por la Gobernación de Cundinamarca, cuyos pagos se sufragaron con recursos
propios lo cual demuestra que era computable para optar por la prestación
deprecada.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
13. Mediante auto del 28 de mayo de 20205 se admitió el recurso de apelación.
Posteriormente, el 25 de febrero de 20216 se corrió traslado a las partes para que
alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, de
conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 247 del CPACA.
14. La entidad demandada7 descorrió el traslado solicitando que debía
confirmarse la sentencia de primera instancia. Sobre el particular, reiteró que la
actora no demostró el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión
gracia al no acreditar con documentos originales los tiempos de servicios
prestados ni la clase de vinculación.
15. Por su parte, el Ministerio Público conceptuó que la sentencia apelada
debe confirmarse habida cuenta que la demandante no acreditó los requisitos
para acceder a la pensión gracia pues, aunque para el 31 de diciembre de 1989
estaba vinculada como docente territorial, el tiempo de servicio como docente
nacionalizada o territorial era inferior a 20 años para el momento en que elevó la
petición en sede administrativa.
16. El 3 de julio de 20258, la Sala profirió auto para mejor proveer, con el fin
de recaudar pruebas que permitieran esclarecer algunos puntos oscuros del
proceso.
4 Folios 159 a 162.
5 Folio 169.
6 Folio 175.
7 Índice 13 de Samai.
8 Folios 177 y 178.
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III. CONSIDERACIONES
Competencia
17. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
Problema jurídico
18. Conforme a los reparos formulados en el recurso de apelación, le
corresponde a la Sala determinar si los tiempos de servicio que la demandante
prestó para la Secretaría de Educación de Cundinamarca desde el 26 de enero
de 2004 hasta el 15 de enero de 2006 y los ejercidos en virtud de la Resolución
009246 del 1 de noviembre de 2007 deben computarse para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia.
19. En caso afirmativo, habrá lugar a establecer si para el 5 de agosto de 2011
—fecha en que se presentó la petición de reconocimiento ante la entidad— la
demandante cumplía con todos y cada uno de los requisitos exigidos para
acceder a la prestación, en especial haber acreditado 20 años de servicios como
docente territorial o nacionalizada.
Análisis del problema jurídico
20. La Sala anticipa que confirmará la sentencia apelada dado que, al
momento de presentar su solicitud ante la Administración, la demandante no
cumplía con el requisito de haber acreditado 20 años de servicios como docente
territorial o nacionalizada.
21. En efecto, para gozar de la pensión gracia, los docentes oficiales deben
acreditar las exigencias establecidas por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928,
37 de 1933, 91 de 1989, como son: i) tener más de 50 años de vida; ii) ostentar
una vinculación como docente nacionalizado o territorial (municipal o
departamental) antes del 31 de diciembre de 1980; iii) haberse desempeñado en
tal calidad durante 20 años, continuos o discontinuos; iv) ejercer la docencia con
honradez, consagración y buena conducta; y, v) no haber recibido ni recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional.
22. En el presente asunto no está en discusión que la parte actora acreditó el
requisito de la edad ya que nació el 26 de enero de 19609 y cumplió 50 años el
26 de enero de 2010. A su vez, en cuanto al desempeño del ejercicio docente,
no se observan reproches que pongan en duda conducta en el desarrollo de la
actividad educativa, por lo que también se entiende cumplida la exigencia de la
honradez, consagración y buena conducta10.
9 Folio 28
10 Ver CD antecedentes administrativos, folio 93, archivos 11 y 16.
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23. De igual modo, no está en controversia que la demandante estuvo
vinculada como docente de primaria en el departamento de Cundinamarca antes
del 31 de diciembre de 1980. Al respecto, obra copia del Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral 2015081722 del 5 de agosto de
201511, en el que se registra que prestó sus servicios entre el 1 de junio de 1979
y el 26 de enero de 1990 en las escuelas rurales Mesa de los Reyes de Medina,
San Antonio de Tibiritá y Naranjal de Cachipay en virtud del nombramiento
efectuado a través del Decreto 1577 del 18 de abril de 1979.
24. Asimismo, en el mencionado certificado se consignó que a la actora se le
concedieron licencias no remuneradas entre el 8 de enero y el 30 de octubre de
1988 (9 meses y 23 días) y entre el 1 de marzo y el 30 de mayo de 1989 (3
meses). De igual modo, se marcó como nacionalizada la casilla correspondiente
al «régimen de pensiones».
25. Como soporte de esa información, obra en el expediente copia del Decreto
1577 del 18 de abril de 197912, por medio del cual la parte actora fue designada
como maestra en el Distrito Educativo 1 —Cáqueza—, Institución Educativa
Rural Departamental Mesa de Los Reyes en el municipio de Medina
(Cundinamarca); cargo del que tomó posesión el 1 de junio de 197913.
26. Al analizar el acto administrativo en cuestión, la Sala advierte que este fue
suscrito por el gobernador y el secretario de educación de Cundinamarca,
quienes actuaron en ejercicio de sus facultades legales, sin que mediara
intervención ni aprobación presupuestal por parte del Ministerio de Educación
Nacional o del Fondo Educativo Regional.
27. Esta circunstancia permite concluir que se trata de un vínculo de carácter
territorial, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, que
establece que son considerados territoriales «los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el
cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».
28. En otras palabras, la plaza docente que ocupó la demandante no fue de
aquellas creadas por autorización del Ministerio de Educación Nacional, ni se
evidencia que los salarios y prestaciones sociales causados con esa vinculación
se hubiesen sufragado con recursos de la Nación.
29. Empero, conviene precisar que, si bien en el certificado analizado se
marcó la casilla de «régimen de pensiones» como nacionalizada, ese dato no
resulta concluyente para determinar la naturaleza jurídica del vínculo docente, de
acuerdo con las definiciones que consagra el mencionado artículo 1 de la Ley 91
de 1989 y la jurisprudencia de esta Corporación para el personal nacional,
nacionalizado y territorial.
11 Folio 39.
12 Folios 37 a 38.
13 Cfr. Acta de posesión 6323 del 1 de junio de 1979 (folio 36).
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30. La aludida casilla está orientada a informar sobre el régimen de seguridad
social en materia de pensión de vejez o de jubilación aplicable al docente,
cuestión que dista de los requisitos especiales para acceder a la pensión gracia.
31. Así, la Sala tiene por acreditado el requisito de la vinculación como
docente territorial (departamental) anterior al 31 de diciembre de 1980 y
considera computables para efectos del reconocimiento de la pensión gracia los
servicios que la demandante prestó entre el 1 de junio de 1979 y el 26 de enero
de 1990 —equivalentes, en principio, a 10 años, 7 meses y 26 días—. No
obstante, a dicho lapso se le debe descontar 1 año y 23 días por concepto de las
interrupciones mencionadas en el párrafo 26 de esta providencia, lo cual arroja
un total de tiempo válido de 9 años, 7 meses y 3 días.
Requisito de haber laborado como docente territorial o nacionalizada
durante 20 años
32. Para demostrar esta exigencia, con la demanda se allegó copia del
certificado expedido el 11 de febrero de 2011 por la Secretaría General y de
Gobierno del municipio de Subachoque (Cundinamarca)14, a través de la cual se
dejó constancia de que la parte actora prestó sus servicios docentes en la
Concentración Escolar de la Inspección de La Pradera, en el municipio de
Subachoque, mediante contratos de prestación de servicios, así: i) entre el 2 de
marzo y el 3 de mayo de 2001 (esto es, 2 meses, 2 días); ii) entre el 3 de mayo y
el 15 de junio de 2001 (es decir, 1 mes y 12 días); iii) entre el 16 de julio y el 16
de noviembre de 2001 (equivalente a 4 meses y 1 día); iv) entre el 1 de febrero y
el 30 de noviembre de 2002 (por 10 meses). En total, se acreditó un tiempo de
servicio de 1 año, 5 meses y 15 días.
33. De igual modo, se aportó copia de la Orden de Prestación de Servicios
1121 suscrita entre la Secretaría de Educación de Cundinamarca y la
demandante, cuyo objeto fue la prestación del servicio docente en básica
primaria en la Escuela Rural La Pradera de Subachoque, por el término de 143
días15, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad 1101 del 7 de febrero de
200316.
34. De conformidad con lo anterior, la Sala tiene por acreditado que la actora
desempeñó funciones docentes en el municipio de Subachoque (Cundinamarca)
por medio de las órdenes de prestación de servicios aducidas en el certificado
analizado y en la 1121 del año 2003. Esos períodos son válidos para el
reconocimiento de la pensión gracia dado que para ese efecto basta con
demostrar la prestación del servicio docente en el respectivo ente territorial.
35. En efecto, la Ley 114 de 1913 establece que esta prestación está
destinada a quienes hayan ejercido la labor docente, sin que resulte determinante
14 Folios 46 a 47.
15 Folios 48 a 50 (los 143 días equivalen a 4 meses y 23 días).
16 Folio 50.
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el mecanismo de vinculación. Además, esta Subsección17 ha sostenido que los
periodos servidos mediante contratos de prestación de servicios son válidos para
acceder a la pensión gracia, dado que lo fundamental es que se demuestre la
realización de actividades como docente oficial, siempre que se demuestre que
la vinculación fue de carácter territorial y/o nacionalizada, como en efecto ocurrió
en este caso.
36. Por consiguiente, los servicios que la demandante prestó por medio de
contratos de prestación de servicios para el municipio de Subachoque deben
tomarse como de naturaleza territorial (departamental) y equivalen a 1 año, 10
meses y 8 días que son computables para efectos de la pensión gracia
reclamada.
37. Por otra parte, se aportó copia del Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral 2011002623 del 11 de abril de 201118 en el que la
Secretaría de Educación de Cundinamarca registró que, mediante la Resolución
159 del 23 de enero de 2004, se vinculó a la demandante como docente de
primaria en provisionalidad en la Escuela Rural La Pradera del municipio de
Subachoque, cargo que ejerció entre el 26 de enero de 2004 y el 15 de enero de
2006.
38. La anterior información coincide con la Resolución 159 del 23 de enero de
2004 allegada al proceso en cumplimiento del auto para mejor proveer del 3 de
julio de 2025, a través de la cual la Secretaría de Educación del departamento de
Cundinamarca, en uso de las atribuciones legales conferidas por las Leyes 115
de 1994 (artículo 151) y 715 de 2001 y en los Decretos 1174 de 2000 y 3020 de
2002, nombró provisionalmente a la demandante como docente de primaria en
el Colegio Departamental La Pradera del municipio de Subachoque.
39. En este sentido, para la Sala está probado que el vínculo analizado —
comprendido entre el 26 de enero de 2004 y el 15 de enero de 2006— debe
considerarse de naturaleza territorial (departamental) debido a que el acto
administrativo de nombramiento fue expedido por la Secretaría de Educación de
Cundinamarca en ejercicio de las funciones legales conferidas a esa entidad.
40. Además, dicha vinculación no podría considerarse de otra manera pues
fue efectuada por la referida entidad territorial en virtud de las competencias de
administración de la planta docente asignadas en el marco de las Leyes 60 de
1993 y 715 de 2001, esto es, con posterioridad al proceso de descentralización
educativa.
41. De igual forma, esta Sala discrepa del a quo en cuanto consideró que el
vínculo tenía carácter nacional, basándose en que, en el Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral número 2011002623 del 11 de abril
17 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2025, rad. 52001-23-33-000-019-00336-
01 (3033-2024), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
18 Ver CD antecedentes administrativos, folio 93, archivo 8.
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de 2011, se marcó la casilla correspondiente al «régimen de pensiones». No
obstante, como se ha expuesto previamente, dicha selección no define la
naturaleza de la plaza docente para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia.
42. En este contexto, el período previamente analizado, equivalente a 1 año,
11 meses y 20 días, es computable para acumular los 20 años de servicios que
exige la Ley 114 de 1913 por ostentar un vínculo docente de carácter territorial.
43. Finalmente, se aportó al proceso el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral 2015081722 del 5 de agosto de 201519 emitido
por la Secretaría de Educación de Cundinamarca, en el que se registró que la
demandante ingresó a partir del 16 de enero de 2006 como docente de primaria,
en período de prueba, en el Jardín Infantil Departamental de Subachoque
(Cundinamarca), en virtud de la designación realizada a través de la Resolución
RESD 10521 del 16 de diciembre de 2005.
44. De igual modo, en el mencionado certificado se muestra que la actora fue
trasladada a la Institución Educativa Departamental La Pradera del municipio de
Subachoque (Cundinamarca) a partir del 27 de enero de 2010.
45. Esa información coincide con la copia de la Resolución 010521 del 16 de
diciembre de 2005, en la que se vislumbra que la Secretaría de Educación de
Cundinamarca nombró a la demandante, en periodo de prueba, como docente
de básica primaria en el Jardín Infantil Departamental de Subachoque al haber
quedado incluida en lista de elegibles dentro del concurso de méritos convocado
por el gobernador de Cundinamarca mediante el Decreto 00271 de 2004 para
proveer definitivamente los cargos vacantes de la planta de personal de dicha
entidad.
46. A su vez, se evidencia que por medio de la Resolución 009246 del 1 de
noviembre de 200720 la Secretaría de Educación de Cundinamarca nombró a la
demandante como docente en propiedad dentro de la planta global de cargos de
la entidad al haber superado el período de prueba.
47. En consonancia con lo expuesto, la Sala estima que el vínculo docente
bajo estudio, contabilizado a partir del 16 de enero de 2006, debe considerarse
de naturaleza territorial (departamental), comoquiera que se produjo con
posterioridad a la expedición de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 y fue emitido
por la entidad territorial sin intervención o delegación del Gobierno Nacional.
48. Así las cosas, el período comprendido entre el 16 de enero de 2006 y el 5
de agosto de 2011, equivalente a 5 años, 6 meses y 20 días, es computable en
el conteo de los 20 años de servicios.
19 Folio 41.
20 Folios 55 a 57,
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49. De lo anteriormente analizado se concluye que la demandante, a la fecha
en que elevó la petición de reconocimiento de la pensión gracia ante la entidad
de previsión, esto es, el 5 de agosto de 201121, acreditó un total de 18 años, 11
meses y 21 días de servicios como docente territorial, discriminados en la
siguiente tabla:
Carácter de la Desde Hasta Tiempo laborado
plaza ocupada Día Mes Año Día Mes Año Años Meses Días
Territorial 1/06/1979 26/01/1990 9 7 322
OPS - Territorial 2/03/01 3/5/2001 0 2 2
OPS - Territorial 3/5/01 15/6/01 0 1 12
OPS - Territorial 16/7/01 16/11/01 0 4 1
OPS - Territorial 1/02/02 30/11/02 0 10 0
OPS – Territorial (143 días) 0 4 23
Territorial 26/01/2004 15/01/2006 1 11 20
Territorial 16/01/2006 5/08/2011 5 6 20
TOTAL: 18 años, 11 meses y 21 días
50. Por consiguiente, para la Sala queda demostrado que, para el 5 de agosto
de 2011, la demandante no acreditaba el requisito de haber laborado por más de
20 años como docente territorial o nacionalizada. En consecuencia, para esa
fecha no reunía la totalidad de las exigencias legales previstas para acceder a la
pensión gracia, en los términos de la Ley 114 de 1913.
51. Además, no es posible computar los tiempos servidos con posterioridad a
ese momento, pues a pesar de que la UGPP negó el reconocimiento y pago de
la pensión gracia al considerar que los servicios prestados correspondían al
orden nacional —postura desvirtuada en precedencia—, los tiempos que fueron
certificados para el momento en que se inició la actuación de la administración
no eran suficientes para acceder al reconocimiento pensional. De ello se sigue
que el acto administrativo acusado no está viciado de nulidad, pues no había
lugar a reconocer la pensión reclamada.
52. Por lo anterior, se confirmará la sentencia apelada, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda de la referencia aunque por las razones
previamente expuestas.
Condena en costas
53. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
21 Conforme se advierte del contenido de la Resolución UGM 023063 del 28 de diciembre de 2011.
22 Si bien este interregno equivale realmente a 10 años, 7 meses y 26 días, lo cierto es que hay lugar a
descontar 1 año y 23 días correspondientes a las licencias no remuneradas descritas en el párrafo 26 de
esta providencia.
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Radicación: 25000 23 42 000 2016 04378 01 (5316-2019)
Demandante: Patricia Sánchez Zamora
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
54. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
55. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
56. En consecuencia, se impondrán costas de segunda instancia a la parte
demandante por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 12 de julio de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
presentada por la señora Patricia Sánchez Zamora contra la UGPP.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 10
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 25000 23 42 000 2016 04378 01 (5316-2019)
Demandante: Patricia Sánchez Zamora
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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Bogotá D.C. – Colombia
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