Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01353-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01353-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2017-01353-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., cinco (05) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 68001 23 33 000 2017 01353 01 (2192-2021)
Demandante: Luisa Cecilia Amaya Saavedra
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: Reconocimiento de pensión gracia. Contratos de prestación de
servicios docentes. Fecha de estatus pensional.
Decisión: Se confirma la sentencia apelada por cuanto, para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia, resulta procedente contabilizar
los períodos servidos como docente aun cuando la vinculación se
haya efectuado mediante contratos de prestación de servicios.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la
sentencia de primera instancia del 28 de noviembre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander.
I. ANTECEDENTES
Demanda1
1. La demandante interpuso el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con el fin de que se declare la nulidad parcial de las Resoluciones RDP 003023
del 30 de enero de 2017 y RDP 024040 del 7 de junio de 2017, mediante las cuales la
entidad demandada le reconoció la pensión gracia a partir del 11 de agosto de 2015, sin
incluir el tiempo laborado mediante contratos de prestación de servicios entre el 16 de
abril de 2001 y el mes de noviembre de 2002.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se declare que adquirió el
derecho a la pensión gracia el 26 de junio de 2014, fecha en la cual, a su juicio, se
consolidó el estatus pensional al contabilizar la totalidad de los tiempos de servicio
prestados. Asimismo, pidió que la prestación se liquide con inclusión de todos los factores
salariales legales devengados durante el año inmediatamente anterior a dicha fecha,
junto con el reconocimiento de los incrementos y reajustes anuales previstos en el artículo
14 de la Ley 100 de 1993, así como la indexación de las sumas causadas mes a mes
1 Ver expediente digitalizado, archivo (1) CDNO PPAL FOLIOS 1 A 210.pdf, folios 98 a 110.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 68001 23 33 000 2017 01353 01 (2192-2021)
Demandante: Luisa Cecilia Amaya Saavedra
desde la consolidación del derecho hasta la ejecutoria de la sentencia, conforme al IPC
certificado por el DANE.
3. De igual forma, solicitó la condena en costas, gastos procesales y agencias en
derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, y que se dé
cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 189, 192 y 195 de la misma
codificación.
4. Como sustento fáctico de sus pretensiones, manifestó que nació el 1.° de octubre
de 1956. Indicó que fue nombrada como maestra del grupo urbano anexo del Colegio
Santo Domingo Sabio (Concentración Escolar San Rafael) en el municipio de El Socorro
(Santander) mediante el Decreto Departamental 2832 del 19 de septiembre de 1975,
tomó posesión el 6 de octubre de 1975 y desempeñó funciones hasta el 30 de julio de
1985.
5. Señaló que, posteriormente, se vinculó con la Secretaría de Educación
Departamental de Santander mediante sucesivos contratos de prestación de servicios
entre el 16 de abril de 2001 y el 30 de noviembre de 2002. Agregó que, mediante
sentencia del 6 de diciembre de 2011 proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito de Bucaramanga, confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander, se
declaró la existencia de una relación laboral durante dichos períodos.
6. Indicó que el 13 de abril de 2015 reclamó a la entidad demandada el
reconocimiento de la pensión gracia, petición que fue negada mediante la Resolución
RDP 034283 del 21 de agosto de 2015 y confirmada a través de las Resoluciones RDP
001803 del 21 de enero de 2016 y RDP 002376 del 26 de enero de 2016 bajo el
argumento de que los tiempos laborados mediante órdenes de prestación de servicios
entre el 16 de abril de 2001 y el 2 de diciembre de 2002 no podían ser tenidos en cuenta
por no corresponder a una vinculación legal y reglamentaria.
7. Posteriormente, el 15 de julio de 2016 presentó una nueva solicitud de
reconocimiento pensional, la cual fue resuelta favorablemente mediante la Resolución
RDP 003023 del 30 de enero de 2017 en la que se le reconoció la pensión gracia a partir
del 10 de agosto de 2015, fecha en la que la entidad consideró consolidado el estatus
pensional. Contra dicho acto interpuso recurso de apelación, decidido negativamente
mediante la Resolución RDP 024040 del 7 de junio de 2017 que confirmó la decisión
impugnada.
8. Finalmente, sostuvo que la entidad demandada incurrió en error al excluir del
cómputo de los 20 años de servicio exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia
los períodos comprendidos entre el 16 de abril de 2001 y el 30 de noviembre de 2002,
pese a encontrarse judicialmente declarada la existencia de la relación laboral con el
Departamento de Santander, razón por la cual consideró vulnerados sus derechos y
solicitó la reliquidación de la prestación reconocida.
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Demandante: Luisa Cecilia Amaya Saavedra
Contestación de la demanda2
9. La parte demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones al considerar
que los tiempos laborados mediante contratos de prestación de servicios no son
computables para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, en tanto no comportan
una vinculación legal y reglamentaria al servicio público educativo.
10. Señaló que, para el 26 de junio de 2014, la demandante no acreditaba el
cumplimiento del requisito mínimo de 20 años de servicios como docente oficial de
carácter territorial y/o nacionalizado, razón por la cual el estatus pensional únicamente se
consolidó el 10 de agosto de 2015 conforme se dispuso en el acto administrativo de
reconocimiento.
11. Afirmó que el reconocimiento efectuado mediante el acto administrativo enjuiciado
se ajustó plenamente al ordenamiento jurídico pues concedió la pensión gracia a partir
del 11 de agosto de 2015, fecha en la cual la actora acreditó la totalidad de los 20 años
de servicio exigidos por la Ley 114 de 1913.
12. De igual forma, se opuso al reconocimiento de la indexación o actualización de las
sumas pretendidas con base en el Índice de Precios al Consumidor al considerar que la
demandante no tiene derecho a que la pensión le sea reconocida desde una fecha
anterior a la determinada en el acto administrativo. Instó, además, que se abstuviera de
imponer condena en costas en su contra.
13. Finalmente, propuso las excepciones de mérito denominadas «inexistencia de la
obligación», «carencia del derecho reclamado», «presunción de legalidad de los actos
administrativos», «falta de título y causa», así como la genérica e innominada.
Sentencia apelada3
14. El Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia en el curso de la
audiencia celebrada el 28 de noviembre de 2019, mediante la cual declaró no probadas
las excepciones de inexistencia de la obligación, carencia del derecho reclamado,
presunción de legalidad de los actos administrativos, falta de título y causa y prescripción
propuestas por la entidad demandada.
15. En consecuencia, declaró la nulidad parcial de los actos administrativos acusados
y ordenó a la entidad demandada reconocer la pensión gracia a favor de la demandante
a partir del 7 de julio de 2014, con inclusión de los factores devengados en el año
inmediatamente anterior a la consolidación del estatus pensional, a saber: asignación
básica, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de servicios y la bonificación
prevista en el Decreto 1566 de 2014, en cuantía equivalente al 75 % del promedio
mensual de todos los conceptos legales.
2 Ibidem, folios 224 a 242.
3 Ver expediente digitalizado, archivo (3) AUDIENCIA INICIAL, minuto 20:17.
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16. Asimismo, dispuso que dicha suma fuera reajustada conforme a la ley y
actualizada mes a mes desde la causación del derecho hasta la fecha de expedición de
la sentencia. De igual manera, concluyó que no se configuró el fenómeno de la
prescripción en tanto la solicitud de reconocimiento pensional fue presentada el 15 de
julio de 2016 y el estatus pensional se consolidó el 6 de julio de 2014. Se abstuvo de
imponer condena en costas a la entidad demandada.
17. El a quo sustentó su decisión en la existencia de su sentencia del 18 de abril de
2013, mediante la cual se modificó la providencia proferida el 6 de diciembre de 2011 por
el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bucaramanga, en la que se declaró la
existencia de una relación laboral entre la demandante y el Departamento de Santander
por el período comprendido entre el 16 de abril de 2001 y el 2 de diciembre de 2002.
18. Hizo referencia a las certificaciones expedidas por el Departamento de Santander,
en las que se registró el mencionado período laborado por la demandante, equivalente a
1 año, 1 mes y 4 días, considerando que la declaratoria judicial de existencia de una
relación laboral encubierta produce efectos en materia pensional y de seguridad social.
19. Con fundamento en lo anterior, concluyó que el referido tiempo reconocido como
relación laboral encubierta debía ser computado para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia, con lo cual la demandante acreditó un total de 21 años, 5 meses y 24
días de servicios docentes. Por consiguiente, juzgó que para el 6 de julio de 2014 ya se
encontraban satisfechos los requisitos de tiempo de servicio y edad, de suerte que el
estatus pensional se consolidó en dicha fecha.
Recurso de apelación4
20. La entidad demandada interpuso recurso de apelación solicitando la revocatoria
de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, la negación de las pretensiones de la
demanda alegando que no había lugar a reconocer la pensión gracia a partir del 7 de julio
de 2014.
21. Insistió en que no resulta jurídicamente viable computar los tiempos de servicio
prestados por la demandante mediante contratos de prestación de servicios habida
cuenta que la sentencia judicial únicamente declaró la existencia de una relación laboral
encubierta por el período comprendido entre el 16 de abril de 2001 y el 2 de diciembre
de 2002, sin que se hubiese dispuesto expresamente que dicho lapso pudiera ser tenido
en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión gracia.
22. Por tanto, sostuvo que los períodos de servicio mencionados no pueden ser
computados para acreditar el requisito de los 20 años de servicios docentes, motivo por
el cual dicho requisito solo se cumplió el 10 de agosto de 2015 conforme se estableció
en el acto administrativo acusado.
4 Ver expediente digitalizado, archivo (1) CDNO PPAL FOLIOS 1 A 210.pdf, folios 272 a 281.
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Demandante: Luisa Cecilia Amaya Saavedra
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
23. Mediante auto del 25 de noviembre de 2021 se admitió el recurso de apelación.
Posteriormente, a través de auto del 28 de julio de 2022, se corrió traslado a las partes
para presentar alegatos de conclusión y se puso el expediente a disposición del Ministerio
Público conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.
24. En sus alegatos de conclusión, la parte demandante sostuvo que no asiste razón
a la entidad apelante para modificar la sentencia de primera instancia en la medida en
que sí debió computarse el período laborado como docente entre el 16 de abril de 2001
y el 2 de diciembre de 2002 aun cuando se desarrolló bajo contratos de prestación de
servicios, por considerar que dicho lapso resulta apto para integrar el cómputo de los 20
años de servicio exigidos para acceder a la pensión gracia.
25. La entidad demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa
procesal.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
26. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta Corporación
abordará el análisis de este litigio.
Problema jurídico
27. Con fundamento en los reparos expuestos en el recurso de apelación, corresponde
a la Sala determinar si hay lugar a modificar la sentencia de primera instancia en lo
relativo al momento a partir del cual la demandante cumplió el requisito de los 20 años
de servicio exigidos para acceder al reconocimiento de la pensión gracia; en particular, si
resulta procedente computar, para dicho efecto, los períodos de servicios docentes
prestados mediante contratos de prestación de servicios que fueron objeto de declaración
judicial de existencia de relación laboral encubierta por parte de la jurisdicción
contenciosa-administrativa.
Análisis del problema jurídico
28. La Sala anticipa que confirmará la sentencia recurrida en tanto que, en materia de
pensión gracia, son computables los tiempos de servicio prestados como docente de
carácter territorial aun cuando la vinculación se haya efectuado mediante contratos de
prestación de servicios conforme se explicará a continuación.
29. Del material probatorio obrante en el expediente, se advierte que el Tribunal
Administrativo de Santander en Descongestión, mediante providencia del 16 de abril de
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Demandante: Luisa Cecilia Amaya Saavedra
20135, modificó el numeral tercero de la sentencia del 6 de diciembre de 2011 proferida
por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bucaramanga, en el sentido de
ordenar el pago de las prestaciones sociales ordinarias propias de los docentes del
departamento de Santander, tomando como base para su liquidación los valores
pactados por concepto de honorarios en las órdenes de prestación de servicios suscritas
durante los períodos efectivamente laborados entre el 16 de abril de 2001 y el 2 de
diciembre de 2002. En dicha providencia se confirmó, además, la existencia de una
relación laboral encubierta entre la demandante y el Departamento de Santander durante
dicho lapso, en desarrollo de funciones docentes.
30. A su turno, obra constancia expedida por la Secretaría de Educación
Departamental de Santander el 6 de abril de 2015, en la que se deja constancia del
cumplimiento de las providencias judiciales antes referidas mediante la Resolución 09190
del 26 de mayo de 2014, acto administrativo a través del cual se ordenó el pago de las
prestaciones sociales causadas durante el interregno comprendido entre el 16 de abril de
2001 y el 2 de diciembre de 20026.
31. Asimismo, se encuentra el Certificado de Información Laboral del 14 de marzo de
2016 expedido por la Secretaría de Educación Departamental de Santander, en el cual
se registra que la actora prestó servicios docentes bajo la modalidad de contratos de
prestación de servicios en los siguientes períodos: del 16 de abril de 2001 al 30 de junio
de 2001; del 16 de julio de 2001 al 15 de octubre de 2001; del 16 de octubre de 2001 al
30 de noviembre de 2001; del 13 de febrero de 2002 al 3 de mayo de 2002; del 6 de mayo
de 2002 al 28 de junio de 2002; y del 1 de octubre de 2002 al 30 de noviembre de 2002 7.
32. La entidad apelante sostiene que dichos períodos no pueden ser computados para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, en tanto se trata de servicios prestados
bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, sin que hubiese mediado una
vinculación legal y reglamentaria.
33. Con todo, esta Subsección ha sido del criterio de que dichos períodos son válidos
para ser considerados en el reconocimiento de la pensión gracia por cuanto para tal
propósito solo es necesario acreditar la prestación del servicio docente. En efecto, la Ley
114 de 1913 establece que esta prestación está destinada a quienes hayan ejercido la
labor docente, sin que importe la modalidad de vinculación.
34. En efecto, se ha sostenido reiterativamente que los periodos servidos por medio
de contrato de prestación de servicios son válidos para acceder a la pensión gracia 8. Lo
fundamental es que se demuestre la realización de actividades como docente oficial
siempre que se cumpla con la vinculación de carácter territorial y/o nacionalizada.
35. Así, en el presente asunto no cabe duda de que las vinculaciones mediante
contratos de prestación de servicios son computables para acceder a la pensión gracia,
máxime cuando está acreditado que mediante sentencias ejecutoriadas proferidas por el
5 Ver expediente digitalizado, archivo (1) CDNO PPAL FOLIOS 1 A 210.pdf, folios 18 a 41.
6 Ver expediente digitalizado, archivo (1) CDNO PPAL FOLIOS 1 A 210.pdf, folio 46.
7 Folios 21 y 22.
8 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2025, rad. 52001-23-33-000-2019-00336-01 (3033-
2024), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
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Demandante: Luisa Cecilia Amaya Saavedra
Juzgado Décimo del Circuito Judicial Administrativo de Bucaramanga y por el Tribunal
Administrativo de Santander en Descongestión se declaró la existencia de una relación
laboral encubierta con el departamento de Santander, derivada de la prestación del
servicio educativo al ente territorial durante el período comprendido entre el 16 de abril
de 2001 y el 2 de diciembre de 2002.
36. Adicionalmente, la Sala advierte que la naturaleza de la vinculación ostentada por
la actora en el período mencionado tiene carácter territorial-departamental pues al
declararse la existencia de la relación laboral encubierta se indicó que fue la Gobernación
de Santander la entidad que contrató sus servicios y se benefició de ellos, sin que se
evidencie contratación directa, participación o aprobación previa del Ministerio de
Educación Nacional, ni que la plaza ocupada corresponda al orden nacional, lo cual
descarta su carácter nacional.
37. En ese orden, al revisar el contenido de la Resolución RDP 003023 del 30 de enero
de 2017, se observa que la entidad demandada reconoció y ordenó el pago de la pensión
gracia a la demandante con efectos a partir del 11 de agosto de 2015, sin tener en cuenta
en el conteo de los 20 años el interregno de 1 año, 1 mes y 4 días servidos como docente
territorial vinculada mediante contratos de prestación de servicios.
38. En consonancia con lo anterior, la Sala advierte que no hay lugar a revocar la
sentencia de primera instancia que fijó como fecha de adquisición del estatus pensional
el 7 de julio de 2014, en la medida en que resulta acertado incluir para el cómputo de los
20 años de servicios los períodos laborados por la actora mediante contratos de
prestación de servicios, sin que sea necesaria una orden judicial expresa que disponga
que dichos tiempos producen efectos pensionales.
39. Así, en el presente asunto no cabe duda de que dichas vinculaciones mediante
contratos de prestación de servicios son computables para acceder a la pensión gracia,
máxime cuando está acreditado que en sentencias ejecutoriadas emanadas del Juzgado
Décimo del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander en
Descongestión se declaró la existencia de una relación laboral encubierta con el
departamento de Santander por la prestación del servicio educativo al ente territorial en
el período comprendido entre el 16 de abril de 2001 y el 2 de diciembre de 2002.
40. Adicionalmente, la Sala resalta que la naturaleza de la designación que ostentó la
actora en el período mencionado posee el carácter territorial, pues al declararse la
existencia de la relación laboral allí se indicó que fue la gobernación de Santander quien
contrató sus servicios y se benefició de ellos; sin que se avizore la contratación directa,
participación o aprobación previa del Ministerio de Educación Nacional o que la plaza
ocupada corresponda al orden central; con lo cual se descarta el carácter nacional.
41. Por consiguiente, se confirmará la sentencia de primera instancia que accedió a
las pretensiones de la demanda de la referencia, pues, como se indicó a lo largo de esta
providencia, la entidad accionada debió haber incluido el período laborado entre el 16 de
abril de 2001 y el 2 de diciembre de 2002 que la docente laboró en la modalidad de
contrato de prestación de servicios, máxime cuando estos habían sido reconocidos
judicialmente como una relación laboral encubierta de carácter territorial.
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Condena en costas
42. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
43. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
44. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
45. En consecuencia, se impondrán costas a la demandada por cuanto se niegan
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Santander.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 28 de noviembre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual accedió a las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la entidad demandada en segunda instancia. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Santander.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Demandante: Luisa Cecilia Amaya Saavedra
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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