Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2021-00214-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2021-00214-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 70001-23-33-000-2021-00214-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 70001 23 33 000 2021 00214 01 (5550-2024)
Demandante: Marly del Carmen Hernández González
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: Pensión gracia. Docente territorial vinculado antes del 31 de
diciembre de 1980. Exclusión de tiempos prestados en
cargos administrativos. Prescripción. Condena en costas.
Decisión: Se revoca la sentencia de primera instancia y se accede
parcialmente a las pretensiones de la demanda toda vez que
la actora acreditó el cumplimiento de todos los requisitos
legales para acceder a la pensión gracia, en especial,
haberse vinculado como docente territorial antes del 31 de
diciembre de 1980.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 5 de junio de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre.
I. ANTECEDENTES
Demanda1
1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, solicitó que se declare la nulidad de las
Resoluciones RDP 007793 del 26 de marzo de 2021, RDP 012235 del 13 de
mayo de 2021 y RDP 015417 del 21 de junio de 2021, a través de las cuales la
entidad demandada le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se declare que tiene
derecho a que la entidad demandada le reconozca y pague la mencionada
prestación periódica a partir del día en que cumplió el estatus pensional, esto es,
50 años de edad y 20 años de servicio, en cuantía del 75% del salario, con la
totalidad de los factores salariales devengados durante el año inmediatamente
anterior al cumplimiento de los requisitos.
1
Archivo «01DEMANDA» obrante en SAMAI del Tribunal Administrativo del Cauca.
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Demandante: Marly del Carmen Hernández González
3. Además, pidió la condena al pago de las mesadas pensionales causadas
con sus respectivos reajustes legales y conforme al índice de precios al
consumidor, así como los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la
Ley 100 de 1993 y los causados a partir de la ejecutoria de la sentencia
condenatoria, de conformidad con el artículo 192 del CPACA. Solicitó también la
condena en costas y agencias en derecho.
4. Como fundamento fáctico indicó que nació el 12 de septiembre de 1955,
de modo que cumplió los 50 años de edad el 12 de septiembre de 2005, y que
prestó servicios docentes para el departamento de Sucre, de la siguiente manera:
del 19 de febrero al 30 de mayo de 1980, como maestra seccional de la Escuela
Urbana Puesto del Socorro de Majagual, en virtud de la Resolución 228 del 30
de junio de 1980; del 19 de julio de 1980 al 14 de septiembre de 1982, como
maestra en propiedad, de acuerdo con el Decreto 705 del 18 de junio de 1980;
del 9 de febrero de 1983 al 10 de septiembre de 1996, como docente de básica
primaria en la Escuela Urbana de Varones de Toluviejo, conforme al Decreto 93
del 9 de febrero de 1983; y del 11 de septiembre de 1996 al 5 de noviembre de
2021, en la Escuela Urbana El Pinar de Sincelejo, por traslado efectuado
mediante el Decreto 619 del 5 de septiembre de 1996.
5. Indicó que el 30 de octubre de 2020 elevó solicitud de reconocimiento y
pago de la pensión gracia ante la entidad demandada, pero esta le fue negada a
través de los actos administrativos acusados bajo el argumento de que el periodo
comprendido entre el 19 de junio de 1980 y el 14 de septiembre de 1982
correspondió a un cargo de carácter administrativo.
6. En tal sentido, precisó que la entidad demandada erró al no efectuar una
lectura integral de los documentos del expediente, en particular de la Resolución
228 del 30 de junio de 1980, que acredita la vinculación docente desde el 19 de
febrero hasta el 30 de mayo de 1980, esto es, anterior al 31 de diciembre de
1980.
7. Finalmente, sostuvo que tiene el carácter de docente nacionalizada por
haber sido vinculada por nombramiento de entidad territorial antes del 31 de
diciembre de 1980, y que le asiste el derecho a la pensión gracia conforme al
artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, en concordancia con las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, las cuales permiten acreditar
tiempos de servicio discontinuos.
Contestación de la demanda
8. La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda
precisando que la parte demandante no acreditó de manera fehaciente tiempos
de servicios anteriores al 31 de diciembre de 1980, ni haber acumulado 20 años
o más de servicios como docente territorial o nacionalizada.
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9. Como fundamento de defensa señaló que el Certificado Electrónico de
Tiempos Laborados 202012892280021900020024 del 21 de diciembre de 2020,
expedido por la Secretaría de Educación Departamental de Sucre, certifica
tiempos de servicio docente únicamente desde el 17 de febrero de 1983, sin
registrar período alguno anterior al 31 de diciembre de 1980.
10. Indicó, además, que la Resolución 228 del 30 de junio de 1980 no contiene
un nombramiento docente en favor de la parte demandante, sino el
reconocimiento de sueldos dejados de pagar, sin que dicho acto acredite la
vinculación como docente territorial.
11. Por su parte, señaló que el Decreto 705 del 18 de junio de 1980 efectuó
un nombramiento en el cargo de jefe de la Sección de Programas Especiales
adscrita a la Secretaría de Educación de Sucre, de naturaleza administrativa y no
docente, lo que fue verificado en su oportunidad por CAJANAL EICE mediante
Resolución 27727 del 9 de junio de 2006.
12. Indicó además que, de conformidad con las sentencias C-084 de 1999 y
C-489 de 2000 de la Corte Constitucional, para consolidar el derecho a la pensión
gracia la parte demandante debía cumplir la totalidad de los requisitos legales
antes del 29 de diciembre de 1989, fecha de entrada en vigor de la Ley 91 de
1989. Sin embargo, sostuvo que a dicha fecha la parte demandante no había
cumplido la edad requerida —la cual alcanzó el 12 de septiembre de 2005— ni
acreditaba el tiempo de servicio exigido, pues para ese momento contaba con
poco más de 6 años de servicios prestados al departamento de Sucre.
13. Finalmente, propuso las excepciones de mérito que denominó
«inexistencia de la obligación por no acreditar veinte años de servicio antes del
29 de diciembre de 1989», «inexistencia de la obligación por indebida
acreditación del tipo de vinculación al servicio docente», «inexistencia de la
obligación por incumplimiento de los requisitos de ley para hacerse acreedora a
una pensión gracia», «buena fe» y «prescripción trienal».
Sentencia apelada
14. El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia del 5 de junio de
2024, negó las súplicas de la demanda.
15. Al respecto, consideró que el Decreto 705 de 1980 expedido por la
Gobernación de Sucre, corresponde a un nombramiento en el cargo de Jefe de
Sección de Programas Especiales, de naturaleza administrativa y no docente;
mientras que la Resolución 228 de 1980 no constituía un acto de nombramiento,
sino la orden de cancelación de salarios dejados de percibir, sin que de ella sea
posible establecer el tipo de vinculación —territorial o nacionalizada—, el tiempo
de servicios ni el cargo desempeñado hasta esa fecha.
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16. Por lo demás, sostuvo que los certificados de tiempos de servicio obrantes
en el expediente, incluido el de 31 de enero de 2013, presentan contradicciones
internas y no permiten establecer de manera precisa el tipo de vinculación
anterior al año 1980, máxime cuando no se aportaron los actos de nombramiento
y posesión correspondientes a ese período.
17. Por lo tanto, estimó que, si bien la parte demandante acreditó los requisitos
de edad y los años de servicio que podrían sumar los 20 años exigidos, no
demostró de manera fehaciente haber estado vinculada por primera vez a la
administración en una institución de carácter departamental, distrital o municipal
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
18. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida.
Recurso de apelación
19. El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia con el fin de que se revoque y, en su
lugar, se concedan las pretensiones.
20. La apelante sustentó que la Resolución 228 del 30 de junio de 1980
acredita su vinculación como maestra seccional de la Escuela Urbana Puesto del
Socorro de Majagual, en el periodo comprendido entre el 19 de febrero y el 30 de
mayo de 1980, lo que demuestra su vinculación como docente territorial con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
21. Asimismo, alegó que tanto la entidad demandada como el a quo
incurrieron en error al desestimar los actos administrativos allegados al proceso
al estimar que el Decreto 705 de 1980 consigna un nombramiento en cargo
administrativo —jefe de Sección de Programas Especiales— y no en funciones
docentes.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
22. Mediante auto del 7 de noviembre de 2024 se admitió el recurso de
apelación. El Ministerio Público emitió concepto solicitando confirmar la sentencia
apelada bajo el argumento de que la actora no reunió el total de los requisitos
legales para efectos del reconocimiento de la pensión gracia. A su turno, la
entidad reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
23. Mediante auto del 15 de julio de 20252 se negó la incorporación de las
pruebas allegadas por la parte demandante en el recurso de apelación, al no
adecuarse a lo establecido en el artículo 212 del CPACA. Dicha decisión se
confirmó mediante providencia del 4 de diciembre de 20253.
2
Índice 16, ibidem.
3
Índice 23, ibidem.
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III. CONSIDERACIONES
Competencia
24. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
Problema jurídico
25. Conforme a los reparos del recurso de apelación, le corresponde a la Sala
determinar si la demandante acreditó el cumplimiento del requisito de haberse
vinculado como docente territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de
1980. En caso afirmativo, se establecerá si la actora reunió el resto de las
exigencias legales para beneficiarse de la pensión gracia que reclama.
Análisis del problema jurídico
26. La Sala anticipa su decisión de revocar la sentencia apelada con
fundamento en las motivaciones que se expondrán a continuación.
27. Para beneficiarse de la pensión gracia, el interesado debe cumplir de
manera concurrente todos los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse vinculado como docente
territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980; ii) haber prestado
servicios como docente nacionalizado o territorial (municipal o departamental) por
un período no inferior a 20 años, ya sean continuos o discontinuos; iii) haber
cumplido 50 años de edad; iv) haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y buena conducta; y v) no haber recibido ni estar recibiendo otra
pensión o recompensa de carácter nacional.
28. Pues bien, en el asunto sub judice no está en discusión que la demandante
satisfizo el requisito de la edad, pues nació el 12 de septiembre de 1955 y cumplió
50 años el 12 de septiembre de 20054. Tampoco se controvierte lo relacionado
con el requisito de haber laborado con buena conducta y honradez, pues en el
recurso de apelación no se planteó un reparo al respecto ni obra en el expediente
prueba alguna que demuestre que a la actora se le haya impuesto alguna sanción
disciplinaria o haya incurrido en algún hecho que lo desvirtúe.
Requisito de vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 como docente
territorial o nacionalizada
29. Revisado el expediente, la Sala considera que le asiste razón al tribunal al
estimar que la vinculación que la demandante tuvo como jefe de la Sección de
Programas Especiales, adscrita a la Secretaría de Educación de Sucre, entre el
4
Página 20 del archivo «01DEMANDA» obrante en SAMAI del Tribunal Administrativo del Cauca.
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19 de junio de 19805 y el 14 de septiembre de 19826 en virtud del nombramiento
efectuado a través del Decreto 705 del 18 de junio de 19807, no podía computarse
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia toda vez que, en efecto,
dicho cargo no era de carácter docente, sino administrativo.
30. Sobre este punto, conviene precisar que el artículo 32 del Decreto 2277
de 1979 establece que tienen carácter docente los siguientes cargos directivos o
los que tengan funciones equivalentes: i) director de escuela o concentración
escolar; ii) coordinador o prefecto de establecimiento; iii) rector de plantel de
enseñanza básica secundaria o media; iv) jefe o director de núcleo educativo o
de agrupación de establecimientos; y v) supervisor o inspector de educación. A
su vez, el artículo 34 ibidem señala que serán de carácter administrativo los
cargos directivos de la educación oficial no previstos en el precitado artículo 32.
31. Entre tanto, no puede perderse de vista que la pensión gracia que hoy es
objeto de litigio fue creada mediante la Ley 114 de 1913 exclusivamente para los
maestros de escuelas primarias oficiales, la cual fue posteriormente ampliada a
los empleados y profesores de las escuelas normales, a los inspectores de
Instrucción Pública y a los docentes de secundaria, a través de las Leyes 116 de
1928 y 37 de 1933.
32. De acuerdo con lo anterior, el cargo que la actora desempeñó como jefe
de la Sección de Programas Especiales, adscrita a la Secretaría de Educación
de Sucre, no corresponde a los enlistados en el precitado artículo 32 del Decreto
2277 de 1979, ni en el plenario obra prueba que permita establecer que sus
funciones eran equivalentes a las de dichos empleos. Por ende, el periodo
comprendido entre el 19 de junio de 1980 y el 14 de septiembre de 1982 no
es computable para acceder a la pensión gracia reclamada.
33. Por su parte, en el expediente obran copias de los Certificados de Tiempo
de Servicios emitidos por la Secretaría de Educación de Sucre el 31 de enero de
20138 y el 14 de abril de 20159, a través de los cuales se registró, entre otros,
que la actora prestó sus servicios como docente de básica primaria, de carácter
departamental, en el «Centro Educativo Sitio Nuevo del municipio de Majagual
(Sucre)», desde el 19 de febrero hasta el 30 de mayo de 1980, en virtud del
nombramiento efectuado a través de la Resolución 228 del 30 de junio de 1980.
34. Como soporte de lo anterior, se allegó copia de la comunicación suscrita
el 25 de febrero de 198010, a través de la cual se le informó a la directora de la
Escuela Puesto del Socorro de Majagual del municipio de Sincelejo del
nombramiento de la actora como maestra de dicho plantel.
5
Cfr. Acta de posesión 394 del 19 de junio de 1980, visible en la página 188 del archivo
«28_700012333000202100214012MemorialWeb2026611151449».
6
Cfr. Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 2 de octubre de 2020, visible en la página
23 del archivo «01DEMANDA».
7
Página 1 del archivo «28_700012333000202100214012MemorialWeb2026611151449».
8
Página 26 del archivo «01DEMANDA».
9
Página 60 del archivo «28_700012333000202100214012MemorialWeb2026611151449».
10
Página 24 del archivo «01DEMANDA».
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35. Asimismo, se allegó copia de la Resolución 228 del 30 de junio de 198011,
mediante la cual el secretario de educación de Sucre ordenó cancelarle a la
demandante los sueldos derivados de los servicios que prestó como maestra
seccional de la Escuela Urbana Co-Instrucción Puesto del Socorro de Majagual
del municipio de Sincelejo, desde el 19 de febrero hasta el 30 de mayo de 1980.
36. Al revisar los anteriores documentos, vale la pena aclarar que existe una
contradicción respecto del nombre del plantel educativo en el que la actora prestó
sus servicios entre el 19 de febrero y el 30 de mayo de 1980, pues en los
certificados de tiempo de servicios (ver párrafo 33 ut supra) se indica que fue en
el «Centro Educativo Sitio Nuevo del municipio de Majagual (Sucre)», mientras
que en el acto de comunicación de nombramiento y en la Resolución 228, que le
reconoció los salarios por los servicios prestados en el referido interregno, se
señaló que era en la «Escuela Puesto del Socorro de Majagual del municipio de
Sincelejo».
37. Sin embargo, la Sala tendrá como cierto que la demandante laboró para
la «Escuela Puesto del Socorro de Majagual del municipio de Sincelejo», dado
que ese fue el nombre registrado por la misma entidad territorial en los actos
expedidos en 1980. Por consiguiente, se entenderá que el nombre consignado
en los certificados obedeció a un error mecanográfico, máxime cuando en estos
se tuvo como soporte la citada Resolución 228 de 1980.
38. Aclarado lo anterior, y contrario a lo establecido por el Tribunal
Administrativo de Sucre en la sentencia apelada, está demostrado que la actora
sí prestó sus servicios como maestra de primaria desde el 19 de febrero hasta el
30 de mayo de 1980, de carácter departamental.
39. Al respecto, aunque no obra en el plenario copia del acto administrativo de
nombramiento, no puede pasarse por alto que, con las certificaciones de tiempos
de servicio analizadas, la comunicación del nombramiento dirigido a la directora
de la Escuela Puesto del Socorro de Majagual y la Resolución 228 se puede
establecer, sin equívocos, que la actora prestó sus servicios como maestra
seccional en el periodo referido en el párrafo anterior.
40. Además, en cuanto a la naturaleza del nombramiento, en los aludidos
certificados se estableció que se trató de un vínculo de carácter departamental
(territorial), lo cual toma fuerza al revisar el acto administrativo por medio del cual
la Secretaría de Educación de Sucre ordenó pagarle los sueldos dejados de
cancelar durante el tiempo que laboró en dicha institución, sin que se pueda
entrever la participación de la Nación en su expedición, o que los dineros
provinieran de una fuente externa a la del ente territorial.
41. En este sentido, le asiste razón a la recurrente al afirmar que, con el
mencionado periodo, comprendido entre el 19 de febrero y el 30 de mayo de 1980
(equivalente a 3 meses y 12 días), se acredita el cumplimiento del requisito de
11
Página 25, ibidem.
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haber laborado como docente territorial o nacionalizado antes del 31 de
diciembre de 1980, aunado a que ese lapso es computable para completar los
veinte años requeridos para acceder a la pensión gracia.
Requisito de haber prestado servicios como docente territorial o
nacionalizada durante 20 años
42. Para demostrar esta exigencia, obra el Formato Único para la Expedición
de Certificado de Historia Laboral emitido el 2 de octubre de 202012, en que la
Secretaría de Educación de Sucre da constancia de que la demandante fue
nombrada maestra de primaria en propiedad en la Escuela de Varones del
municipio de Toluviejo (Sucre), en virtud del Decreto 93 del 9 de febrero de 1983,
con efectos a partir del 17 de febrero de 1983.
43. En dicho documento se registra, además, que la actora estaba activa para
el momento de su expedición, que el tipo de su nombramiento era de naturaleza
departamental y que mediante el Decreto 619 del 5 de septiembre de 1996 fue
trasladada a la Escuela El Pinar de Sincelejo, con efectos a partir del 11 de
septiembre de esa anualidad.
44. Como soporte de lo anterior, obra copia del referido Decreto 093 del 9 de
febrero de 198313, a través del cual el gobernador de Sucre, en uso de sus
facultades legales, nombró a la actora como maestra seccional de la Escuela
Urbana de Varones del municipio de Toluviejo, dejando claro que dicha
vinculación estaba a cargo del Tesoro Departamental.
45. En ese sentido, también queda demostrado, inequívocamente, que la
demandante prestó sus servicios como docente departamental entre el 17 de
febrero de 1983 y el 2 de octubre de 2020 —fecha en que se expidió el certificado
de historia laboral— para el departamento de Sucre, esto es, por un lapso
equivalente a 37 años, 7 meses y 16 días, los cuales son computables para
efectos de acceder a la pensión gracia.
46. Así las cosas, la demandante acreditó un total de 37 años, 10 meses y 28
días como docente territorial (departamental), superando el mínimo de 20
años exigido por la normativa vigente para acceder a la pensión gracia. Los
tiempos de servicio se discriminan en el siguiente cuadro:
Carácter de la Desde Hasta Tiempo laborado
plaza ocupada Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Territorial 19/02/1980 30/05/1980 12 3 0
Territorial 17/02/1983 02/10/2020 16 7 37
TOTAL 28 10 37
12
Página 23 del archivo «01DEMANDA».
13
Página 59 de los antecedentes administrativos.
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47. En consecuencia, superó los 20 años exigidos por el artículo 1 de la Ley
114 de 1913, con lo cual se concluye que cumplió con todos los requisitos
exigidos para acceder a la pensión gracia. Por lo tanto, esta Subsección revocará
la sentencia apelada y, en su lugar, se reconocerá la prestación periódica
reclamada, conforme a los criterios que se explican en el capítulo siguiente.
Análisis del estatus pensional y la prescripción
48. Esta Corporación14 ha señalado que la configuración de la prescripción de
mesadas pensionales requiere que transcurra un determinado lapso durante el
cual no se hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los
derechos que considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que
la obligación se haya hecho exigible, con una posibilidad de interrupción del
término por un lapso igual, tal como lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de
1969 aplicable al presente caso.
49. Para establecer la exigibilidad del derecho, la Sala toma como fecha de
consolidación del estatus pensional el 12 de septiembre de 2005, fecha en la
cual cumplió 50 años de edad, que es posterior al momento en el que completó
20 años de servicio como docente territorial, es decir, el 5 de noviembre de
200215.
50. Bajo tales consideraciones, de las pruebas presentadas en el expediente
se desprende que la actora solicitó el reconocimiento pensional el 30 de octubre
de 202016, lo que dio origen a la expedición de los actos administrativos
acusados, es decir, cuando ya habían pasado 3 años desde que surgió el
derecho. Por su parte, la demanda la interpuso el 25 de noviembre de 2021,
esto es, dentro de los 3 años siguientes a la interrupción de la prescripción. Por
lo tanto, se declararán prescritas las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 30 de octubre de 2017.
51. Sobre la forma de interrupción y análisis de la referida figura, esta
Colegiatura17 ha entendido que una vez se haga exigible el derecho y ante la
presentación de la solicitud de reconocimiento pensional, la parte interesada
debe presentar en el término de los 3 años la demanda judicial, de lo contrario,
se somete a la activación del término prescriptivo y la pérdida del derecho de las
prestaciones periódicas causadas.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15 de
noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
15
Esta fecha surge del siguiente cálculo: la actora, al 17 de febrero de 1983 llevaba 3 meses y 12 días de tiempo de
servicios, por lo que le restaban 19 años, 8 meses y 18 días para completar los 20 años requeridos, los cuales los completó
el 5 de noviembre de 2002.
16
Información tomada de la Resolución RDP 007793 del 26 de marzo de 2021, obrante en la página 28 del archivo
«01DEMANDA».
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 2 de febrero de 2012, radicado:
150012333000201300718 01 (1218-2015); Subsección A, del 17 de marzo de 2021, radicado: 76001-23-33-000-2016-
00438-01 (2939-2019); 2 de marzo de 2023, radicado: 05001233300020140102501 (1239-2016).
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Demandante: Marly del Carmen Hernández González
Conclusión
52. Con base en lo expuesto, se revocará la sentencia apelada y se declarará
la nulidad de los actos administrativos acusados. Subsiguientemente, se
ordenará el reconocimiento y pago de la pensión gracia en favor de la
demandante, en cuantía equivalente al 75 % del promedio de los factores
salariales devengados en el año anterior a la consolidación del estatus pensional,
esto es, entre el 13 de septiembre de 2004 y el 12 de septiembre de 2005,
tales como: asignación básica y las primas de alimentación, vacacional y de
Navidad18.
53. La liquidación se realizará con fundamento en los artículos 4 de la Ley 4
de 1966, 5 del Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales
trazados por esta Corporación relacionados con el monto de la prestación, esto
es, que «la pensión gracia debe liquidarse con base en los emolumentos
devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional»19.
54. La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor
presente de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el
Consejo de Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
55. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(RH), que es lo dejado de percibir por la parte actora por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por
el índice vigente a la fecha en que la parte demandante obtuvo el estatus
pensional. Por tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá
hacerse mes por mes.
56. Por último, se denegará el reconocimiento de los intereses moratorios
previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, con fundamento en que esta
Corporación, mediante la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 —
citada en esta providencia—, estableció que «la pensión gracia se considera una
prestación de carácter especial otorgada a los docentes estatales territoriales,
como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al
servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a veinte
años, entre otras exigencias». Esto significa que su regulación es especial, se
encuentra contenida en normas específicas y, por el principio de inescindibilidad
18
Según se advierte en el Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios del 5 de octubre de 2020, visible
en la página 22 del archivo «01DEMANDA».
19
Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i) del 25 de
enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33- 000-2014-00462-01 (1644-19).
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de la ley, no es posible aplicarle disposiciones del régimen general de pensiones,
como lo pretende la demandante20.
57. En consecuencia, no resulta procedente acceder al ajuste solicitado
respecto de la pensión que hoy se reconoce, en estricto acatamiento del artículo
141 de la Ley 100 de 1993, toda vez que dicha norma dispone que su aplicación
corresponde a las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes o
sustitutivas, entre las cuales no se encuentra la pensión gracia, que es de
carácter especial y cuenta con requisitos y presupuestos legales propios.
Condena en costas
58. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
59. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas a la parte vencida
en el proceso.
60. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirán conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
61. Por los anteriores motivos, se impondrán costas a la entidad demandada
en ambas instancias, por cuanto se revoca totalmente la sentencia apelada y se
accede a las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Sucre.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
20
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de mayo de 2024, proferida dentro del
expediente 08001 23 33 000 2019 00201 01 (2902–2021), con ponencia del consejero Luis Eduardo Mesa Nieves.
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Demandante: Marly del Carmen Hernández González
IV. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 5 de junio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre, que negó las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora Marly del Carmen
Hernández González contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 007793 del 26 de
marzo de 2021, RDP 012235 del 13 de mayo de 2021 y RDP 015417 del 21 de
junio de 2021, a través de las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social le negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia a la señora Marly del Carmen
Hernández González.
TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) a reconocer y pagar una pensión gracia a favor de la señora Marly del
Carmen Hernández González, identificada con cédula de ciudadanía 64.543.221,
en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en
el año anterior a la adquisición de su estatus pensional, esto es, entre el 13 de
septiembre de 2004 y el 12 de septiembre de 2005, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO. Declarar PROBADA la excepción de prescripción extintiva de las
mesadas pensionales causadas con anterioridad al 30 de octubre de 2017.
QUINTO. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA,
teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante
la aplicación de la fórmula matemática indicada en la parte motiva de esta
sentencia.
SEXTO. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro
del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.
SÉPTIMO. NEGAR las demás pretensiones.
OCTAVO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP). Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Sucre.
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NOVENO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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