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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00201-01

Fecha
23 de mayo de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00201-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. ADICIONAR la sentencia de 12 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Marco Enrique Cotera Fuentes en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, así: w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 21 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 08001 23 33 000 2019 00201 01 Demandante: Marco Enrique Cotera Fuentes “OCTAVO: Negar las demás pretensiones de la demanda.” SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia de 12 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico, y mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia. TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2019-00201-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

23 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001 23 33 000 2019 00201 01 (2902–2021)
Demandante: Marco Enrique Cotera Fuentes
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP

Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de la
vinculación docente. Ley 1437 de 2011.

Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver los recursos de apelación interpuestos
por la parte actora y por el demandado, contra la sentencia de 12 de febrero de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió a las
súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda.

El señor Marco Enrique Cotera Fuentes, por intermedio de apoderado judicial,
solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 025268 de 15 de junio de
2017 y RDP 034715 de 6 de septiembre del mismo año, por medio de las cuales
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, negó el reconocimiento y pago de
una pensión gracia y resolvió negativamente un recurso de apelación,
respectivamente.

Como restablecimiento del derecho, solicitó lo siguiente:

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede

Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001 23 33 000 2019 00201 01
Demandante: Marco Enrique Cotera Fuentes

«TERCERA: Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a que
reconozca a favor de mi mandante una Pensión Gracia de Jubilación, a partir
del 10 de noviembre de 2012, en cuantía de $2´017.220,72.
CUARTA: Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, para que sobre
la pensión de mi mandante reconozca y pague los reajustes por concepto de la
Ley 100 de 1993, artículo 14.
QUINTA: Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, para que, sobre
las sumas adeudadas a mi mandante, ajuste el valor, conforme al índice de
precios al consumidor y tal como lo autoriza el artículo 187 del CPACA.
SEXTA: Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP para que dé
cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el término del artículo 192
del CPACA.
SÉPTIMA: Condenar a la entidad demandada a que pague intereses
moratorios, conforme lo autoriza el artículo 192 del CPACA.
OCTAVA: Condenar en costas a la entidad demandada, en los términos del
artículo 188 del CPACA.» (sic)

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

Se explica que el señor Marco Enrique Cotera Fuentes nació el 14 de mayo de 1950,
razón por la cual el 13 de mayo de 2000 cumplió 50 años de edad. Así mismo,
señaló que prestó servicio como docente nacionalizado en el departamento de
Bolívar de la siguiente manera:

• Desde el 5 de mayo de 1971 y hasta el 17 de julio de 1973, laboró como
docente en el colegio San Martín de Loba, nombrado mediante Decreto 592
de 1971.
• Posterior a ello, por Decreto 721 de 17 de julio de 1973, fue trasladado al
colegio Cooperativo Alfred Nobel, en donde permaneció hasta el 31 de julio
de 1974.
• Nuevamente, por Decreto 609 de 31 de julio de 1974, se dispuso su traslado
al colegio Manuel Edmundo Mendoza, laborando allí hasta el 1 de septiembre
de 1975.
• Por Decreto 0274 de 1997, el alcalde de Barranquilla nombró como docente
al señor Cotera Fuentes, en donde permaneció hasta el 1 de junio de 2015.

En vista de lo anterior, aduce que el status pensional lo adquirió el 10 de noviembre
de 2012, al cumplir con 50 años de edad y 20 de servicio como docente territorial o
nacionalizado.

Relató que el 14 de diciembre de 2016 radicó solicitud de reconocimiento y pago de
la pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, la cual fue resuelta
de manera negativa con las resoluciones hoy demandadas.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001 23 33 000 2019 00201 01
Demandante: Marco Enrique Cotera Fuentes

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

Como argumento de lo pretendido, indicó que la entidad demandada infringió la Ley
11 de 1913, así como el artículo 3 de la Ley 37 de 1933, el artículo 15, numeral 2,
literal A de la Ley 91 de 1989 y la Constitución Política, toda vez que desestimó las
certificaciones expedidas por los entes territoriales con las que se demuestra que la
prestación del servicio docente fue de carácter territorial y distrital, por tanto, no era
procedente negar la prestación social como finalmente ocurrió.

1.4. Contestación de la demanda

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, presentó escrito con el que se
opuso a las pretensiones de la demanda; señaló que el demandante no acreditó los
requisitos exigidos por la ley para ser beneficiario de la pensión gracia,
principalmente el haber estado vinculado como docente departamental, distrital,
municipal o nacionalizado por veinte años, por lo que considera que los actos
administrativos demandados se dictaron acorde a derecho.

1.5. Sentencia de primera instancia

En sentencia de 12 de febrero de 2021 el Tribunal Administrativo del Atlántico
accedió a las pretensiones de la demanda y resolvió lo siguiente:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 025268 del 15 de
junio de 2017 y RDP 034715 del 6 de septiembre de 2017, por medio de las
cuales la Ugpp le negó al demandante el reconocimiento y pago de la pensión
gracia de jubilación.
SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de prescripción de las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 14 de diciembre de 2013, propuesta
por la entidad demandada, por las razones expuestas en la parte considerativa.
TERCERO CONDENAR a la Ugpp a reconocer y pagar la pensión gracia al
señor Marco Enrique Cotera Fuentes, identificado con cédula de ciudadanía
9.072.729, equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el año
inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus de pensionado (2011-
2012) con la inclusión de los factores salariales de: asignación básica, prima de
vacaciones, prima de navidad a partir del 10 de noviembre de 2012, pero con
efectos fiscales desde el 14 de diciembre de 2013, por prescripción trienal.
CUARTO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, al reajuste de la pensión
gracia del señor Marco Enrique Cotera Fuentes, cada año y con base en el IPC
del año inmediatamente anterior, conforme a los valores descritos en la parte
considerativa de esta providencia.
QUINTO: Sin costas.
SEXTO: La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los
términos de los artículos 192 a 195 del CPACA.

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001 23 33 000 2019 00201 01
Demandante: Marco Enrique Cotera Fuentes

SÉPTIMO: Una vez ejecutoriada la presente providencia, ARCHIVAR el
expediente, previa devolución del remanente, si existiere.» (sic)

Como sustento de lo anterior, el a quo analizó el material probatorio anexado al
expediente, llegando a la conclusión que el tiempo laborado entre el 23 de julio de
1971 y el 22 de septiembre de 1975, es decir, 4 años y 28 días, es válido para el
cómputo de la pensión gracia, pues el tipo de vinculación era de carácter
nacionalizado. Posterior a ello, prestó servicio en la Secretaría de Educación de
Barranquilla por 18 años, 2 meses y 26 días desde el 6 de marzo de 1997 y hasta
el 1 de junio de 2015, vinculación de carácter distrital.

De manera que el status pensional se configuró el 10 de noviembre de 2012, fecha
en la cual cumplió 20 años de servicio, y que presentó la reclamación ante la
administración el 14 de diciembre de 2016, razón por la cual declaró la prescripción
de las mesadas causadas con anterioridad al 14 de diciembre de 2013.

1.6. Recursos de apelación

1.6.1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a través de
apoderado, allegó escrito en el que manifestó su inconformidad con la sentencia de
primera instancia. Argumentó que los documentos allegados por el demandante
para sustentar el reconocimiento pensional no son los idóneos para determinar el
cumplimiento de requisitos legales y por tanto no se demostró la existencia del
derecho.

1.6.2. Marco Enrique Cotera Fuentes, por intermedio de apoderado, presentó
recurso de apelación con el que solicitó aclarar el numeral cuarto de la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia, pues no son claros los valores
reconocidos, así mismo que se ordene la indexación en atención al artículo 187 del
CPACA y se revoque el numeral quinto y en su lugar se condene en costas a la
entidad demandada.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

El apoderado del demandante2 presentó escrito con el que se pronunció frente al
recurso de apelación presentado por la UGPP, en el cual realizó un análisis de los
requisitos para otorgar la pensión gracia y las pruebas allegadas al expediente,
concluyendo que resulta procedente el reconocimiento y pago ordenado por el
tribunal en primera instancia, por lo tanto, solicitó que se desestime el recurso
presentado por la entidad demandada.

El apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

2 Índice 9 del expediente digital disponible en SAMAI.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001 23 33 000 2019 00201 01
Demandante: Marco Enrique Cotera Fuentes

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP3, el 26 de abril de
2022, presentó solicitud de unificación de la jurisprudencia, la cual fue resuelta en
providencia del 9 de marzo de 20234 por la Sala de Sección Segunda del Consejo
de Estado, en la que se decidió no avocar conocimiento, toda vez «que la solicitud
de unificación jurisprudencial presentada por la UGPP versa sobre el mismo asunto que en
su momento discurrió sobre las plazas docentes, de suerte que resulta obligatorio, por
tratarse de un caso con argumentos semejantes, reiterar que la Corporación ya definió
criterios sobre ese punto en específico, y en tal sentido no existe mérito para emitir una
sentencia de unificación jurisprudencial sobre el asunto propuesto.»

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo5, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso6, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que,
en el caso de la referencia, ambas partes presentaron recurso de alzada, el análisis
no se encuentra limitado.

2.2. Del problema jurídico

Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Marco Enrique
Cotera Fuentes, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por
haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la vinculación con
anterioridad al 1° de enero de 1980, y los 20 años de servicio como docente
territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias para dicho
reconocimiento.

3 Índice 12 del expediente digital disponible en SAMAI.
4 Índice 16 del expediente digital disponible en SAMAI.

5 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
6 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.»
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2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de
los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su
parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de
esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de
texto].

El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001 23 33 000 2019 00201 01
Demandante: Marco Enrique Cotera Fuentes

[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»7

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20188
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a
ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender
al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto
3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de

agosto de 1997.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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Demandante: Marco Enrique Cotera Fuentes

que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para
tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades
territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le
pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus
presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii)
por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador
ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con
la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»

Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial
sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989,
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».9

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para
aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o

9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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Radicado: 08001 23 33 000 2019 00201 01
Demandante: Marco Enrique Cotera Fuentes

en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4. Actuación administrativa

Está acreditado que el señor Marco Enrique Cotera Fuentes radicó el 14 de
diciembre de 2016 solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia ante
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, resolviendo dicha entidad de manera
negativa a través de la Resolución RDP 025268 de 15 de junio de 2017, así:

«Que al no tener certeza respecto de la vinculación anterior al 30 de diciembre
de 1980 se deberá negar la solicitud de pensión gracia, máxime cuando de
acuerdo con el art. 17 de la Ley 1437 de 2011, no fue allegada la documental
requerida para aclarar la inconsistencia ya explicada en párrafos anteriores,
previa solicitud por parte de esta entidad al peticionario, lo que no obsta para
que se efectué una nueva solicitud con el lleno de los requisitos legales, es decir
cuando se allegue en original el acta de posesión de los tiempos de servicio con
anterioridad al 30 de diciembre de 1980.»10

Inconforme con la precitada decisión, el peticionario interpuso recurso de apelación,
el cual fue resuelto negativamente con la Resolución RDP 034715 de 6 de
septiembre de 201711 expedida por el director de pensiones de la UGPP.

2.5. Caso concreto

A efectos de desatar la alzada estima la Sala que se deberá verificar si el actor
cumple con las exigencias contenidas en la Ley 114 de 1913, demás normas
complementarias y la jurisprudencia del Consejo de Estado para el reconocimiento
de la acreencia pensional en discusión, especialmente lo relacionado con el
requisito del tiempo de servicio como docente nacionalizado o territorial, como a
continuación se procede.

2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos

A. Edad

Revisado el expediente, y con el objeto de resolver el problema jurídico planteado,
la Sala encuentra probado que Marco Enrique Cotera Fuentes nació el 14 de mayo

10 Folios 211 a 214 de los anexos de la demanda disponibles en el índice 2 del expediente digital que

se encuentra en SAMAI.
11 Folios 227 a 230 de los anexos de la demanda disponibles en el índice 2 del expediente digital que

se encuentra en SAMAI.
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Demandante: Marco Enrique Cotera Fuentes

de 195012, razón por la cual, el 14 de mayo de 2000 cumplió 50 años de edad.

B. Buena conducta

En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito.

C. Tiempo de servicio

Respecto de este requisito, se observan las siguientes novedades laborales como
docente oficial:

• Del 5 de mayo de 1971 al 1 de septiembre de 1975

En primer lugar, se observa que a través del Decreto 592 de 31 de mayo de 197113
el gobernador de Bolívar nombró al señor Marco Enrique Cotera Fuentes como
profesor en el colegio Cooperativo de San Martín de Loba; el acto administrativo
anexado al expediente da cuenta de lo siguiente:

«DECRETO NÚMERO 592 de 1971
Ramo de EDUCACION
Por el cual se adoptan unas renuncias y se dictan otras disposiciones.
El Gobernador del Departamento
En uso de sus Facultades Legales,
DECRETA:
[…]
ARTICULO SEGUNDO. – Nómbrense a los siguientes profesores así:
Para el Colegio Cooperativo de San Martín de Lobo, a MARCOS COTERA
FUENTES, en reemplazo de RICARDO PAJARO ACEVEDO, quien no aceptó,
con efectos fiscales a partir del 5 de Mayo / 71.- […]»

A folio 87 del expediente, se observa al respaldo del acto administrativo antes
transcrito una constancia emitida el 11 de octubre de 2016 por el Grupo de Gestión
Documental de la Gobernación de Bolívar, en la que indica que «el presente Decreto
No. 592/31-05-71 es fiel copia digitalizada de una copia al carbón que reposa en los
archivos de la Gobernación de Bolívar a nombre de Marcos Cotera Fuentes.»

En cumplimiento del mencionado decreto, el 23 de julio de 1971, el señor Cotera
Fuentes tomó posesión ante el alcalde municipal de San Martín de Loba con

12 Fotocopias de la cédula de ciudadanía y del certificado de registro civil de nacimiento, visibles a

folios 141 y 142 de los anexos de la demanda disponibles en el índice 2 del expediente digital que
se encuentra en SAMAI.
13 Documento visible a folio 53 de los anexos de la demanda disponibles en el índice 2 del expediente

digital que se encuentra en SAMAI.
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retroactividad al 5 de mayo de 1971.14

Posterior a ello, con el Decreto 721 de 17 de julio de 1973, el gobernador de Bolívar
dispuso el traslado del docente Marco Enrique Cotera Fuentes al colegio
Cooperativo “Alfredo Nobel” de Santa Rosa de Simití. Al igual que la constancia del
Decreto 592 de 1971, al respaldo del mencionado acto de traslado, la gobernación
de Bolívar indicó que la copia del Decreto 721 de 1973 reposa en el archivo
general.15

De igual manera, se allegó copia del Decreto 609 de 31 de junio de 1974 por medio
del cual se trasladó nuevamente al docente; si bien la copia visible a folio 150 no es
legible, la constancia que acompaña dicho documento sí es clara con los datos del
acto administrativo, los cuales coinciden con el certificado que más adelante se
analiza.

Con el Decreto 1117 de 22 de septiembre de 1975, el gobernador de Bolívar
aceptó la renuncia del profesor Marco Cotera Fuentes a partir del 1 de septiembre
de 1975, documento que cuenta con constancia similar a las antes descritas.16

En relación con lo anterior, la Fiduciaria la Previsora S.A. – FIDUPREVISORA –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG – Secretaría de
Educación de Bolívar en certificaciones expedidas el 10 de febrero de 2015 y el 11
de octubre de 201617, indicó que el profesor Cotera Fuentes prestó servicio como
docente con vinculación de tipo nacionalizado, además, que durante el tiempo que
perduró la relación laboral se presentaron las siguientes novedades a partir del 31
de mayo de 1971:

14 Documento visible a folio 93 de los anexos de la demanda disponibles en el índice 2 del expediente

digital que se encuentra en SAMAI.
15 Documento visible a folio 147 de los anexos de la demanda disponibles en el índice 2 del
expediente digital que se encuentra en SAMAI.
16 Documento visible a folio 152 de los anexos de la demanda disponibles en el índice 2 del
expediente digital que se encuentra en SAMAI.
17 Folios 156 y 59, respectivamente, de los anexos de la demanda disponibles en el índice 2 del

expediente digital que se encuentra en SAMAI.
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De lo

anterior, se observa que el señor Marco Enrique Cotera Fuentes en efecto fue
nombrado en propiedad para prestar servicio docente en el colegio Cooperativo del
municipio de San Martín de Loba, además, que dicha vinculación inició con el
Decreto 592 de 31 de mayo de 1971 y se mantuvo vigente hasta su retiro por
aceptación de la renuncia a través del Decreto 1117 de 22 de septiembre de 1975,
efectiva a partir del 1 de septiembre del mismo año.

Lo descrito previamente, permite concluir que las novedades laborales que rodearon
la prestación del servicio del señor Marco Enrique Cotera Fuentes fueron
ocasionadas por autoridad del orden territorial, en este caso, la gobernación de
Bolívar, sin que se observe la intervención u orden de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional; además, ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley

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43 de 1975 por medio de la cual se nacionalizó la educación en Colombia, sin que
se observe en los mencionados actos administrativos que la plaza a ocupar
corresponda a una que se haya sido objeto de ese proceso de nacionalización
posteriormente.

Resulta relevante destacar que la Corte Constitucional, en sentencia C – 084 de
1999, al analizar la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley
91 de 1989, precisó que antes de la nacionalización de la educación que se surtió
conforme a la Ley 43 de 1975, los docentes se dividían sólo en dos categorías, así:
(i) nacionales; y (ii) territoriales. Específicamente, expuso:

«3.2.2. Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la "nacionalización"
de la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975
para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de
diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber:
los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio
de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los
departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que
existiera para éstos últimos la denominada "pensión gracia", de que trata la Ley
114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de
1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en
el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos
sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues
la diversidad del empleador (nación o departamento), permitía, conforme a la
Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo
de devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta
igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma
acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio
de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohibe
(sic) dispensar trato diferente y discriminado "por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica", nada de lo cual
ocurre en este caso. […]» (Negrilla de la Sala)

Por su parte, esta Sala ha precisado que «El carácter nacionalizado de la designación
[…] encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son
nacionalizados aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes
del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 43 de 1975». En similar sentido, la Corte Constitucional,
mediante sentencia C – 085 de 2002, indicó que los «docentes nacionalizados» son
«los vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, por las entidades territoriales».

Sumado a lo anterior, en lo que corresponde a dicha diferencia esta Corporación en
la citada sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018,
concluyó:

«Por su parte, se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo
territorial antes del 1. de enero de 1976 fue objeto del proceso de

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nacionalización iniciado con la expedición de la Ley 43 de 1975; y (ii) los que a
partir de esa fecha se hayan vinculado a una plaza de aquellas que fueron
nacionalizadas en virtud, también, del aludido proceso adelantado por la norma
en cuestión (Ley 43 de 1975).
Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado por entidades
de ese orden a partir del 1. de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que la plaza a ocupar
haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y los gastos que esta
genere se cubran con cargo a su propio presupuesto.»

Adviértase que esas reglas jurisprudenciales deben analizarse en cada caso
particular en conjunto con todos los elementos de juicio para concluir sin lugar a
equívoco la naturaleza de la vinculación del respectivo docente.

Lo anterior, resulta necesario para destacar que en el asunto bajo análisis el docente
mantuvo una vinculación de naturaleza territorial (departamental), pues fue
nombrado por entidades territoriales, con anterioridad a la expedición de la Ley
43 de 1975 por medio de la cual se adelantó la nacionalización, sin que se
evidencie que la plaza ocupada haya sido sometida a ese proceso de
nacionalización.

Ahora bien, vale la pena precisar que, si bien el objeto de apelación por parte de la
entidad demandada recae en la legitimidad de los actos de nombramiento del
docente pues la información suministrada a la UGPP por parte de la alcaldía
municipal de San Martín del Lobo indicaba que en sus archivos no aparece
información de la prestación del servicio docente por parte del señor Cotera
Fuentes, lo cierto es que si se pudo corroborar que la prestación del servicio si
existió y que la entidad nominadora en su momento fue la gobernación del Bolívar
que, además, certificó la existencia de cada uno de los actos de nombramiento,
traslado, posesión y renuncia, tal y como se describió con anterioridad.

En cuanto a la naturaleza de la vinculación que se indica en los certificados del
FOMAG, si bien señala que es de carácter nacionalizado, lo cierto es que el periodo
transcurrido entre el 5 de mayo de 1971 y el 1 de septiembre de 1975, esto es de
4 años, 3 meses y 26 días, resulta ser de naturaleza territorial, tal y como se
explicó previamente, sin embargo, se precisa que, en cualquiera de esas tipologías,
el tiempo de labor resulta válido para la pensión gracia.

• Del 6 de marzo de 1997 al 1 de junio de 2015

Con el Decreto 0274 de 25 de febrero de 1997, el alcalde del Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla nombró a Marco Enrique Cotera Fuentes como
docente en propiedad de básica primaria, quien fue seleccionado a través de un
concurso de méritos. Sobre el particular se observa lo siguiente:

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18 Documento visible a folios 33 y 34 de los anexos de la demanda disponibles en el índice 2 del
expediente digital que se encuentra en SAMAI.
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Del nombramiento descrito, el hoy demandante tomó posesión el 6 de marzo de
1997 ante el alcalde Distrital de Barranquilla.19

Al respecto, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Secretaría
de Educación de Barranquilla, en certificado expedido el 20 de septiembre de 201620
indicó que el señor Cotera Fuentes mantuvo una vinculación de tipo distrital de la
siguiente manera:

19 Documento visible a folio 63 de los anexos de la demanda disponibles en el índice 2 del expediente

digital que se encuentra en SAMAI.
20 Documento visible a folios 85 y 86 de los anexos de la demanda disponibles en el índice 2 del
expediente digital que se encuentra en SAMAI.
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De la referida certificación, se sustrae que el señor Marco Enrique Cotera Fuentes
se posesionó como docente con vinculación de naturaleza distrital desde el 6 de
marzo de 1997 al 1 de junio de 2015, fecha del retiro forzoso del servicio, esto es,
por 18 años, 2 meses y 18 días.

Revisado el Decreto 0274 de 1997, se observa que quien funge como nominador
es el alcalde del Distrito de Barranquilla, quien en ejercicio de las atribuciones
conferidas por el artículo 9 de la Ley 29 de 1989 y de conformidad con los Decretos
2277 de 1979 y 1706 de 1989, las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994, y en
consideración del concurso para proveer plazas docentes de carácter distrital,
nombró al señor Marco Enrique Cotera Fuentes como docente de básica primaria.

Sobre el particular, se precisa que el nombramiento en uso de las facultades
otorgadas en el artículo 9 de la Ley 29 de 1989, no significa per se que la vinculación
sea nacional o nacionalizada, puesto que en virtud de esa disposición normativa se
asignaron a los alcaldes municipales las funciones de nombrar, trasladar, remover,
controlar y, en general, administrar el personal docente y administrativo de los
establecimientos educativos nacionales o nacionalizados.

Por su parte, el Decreto 2277 de 1979 establece el régimen especial para regular
las condiciones de ingreso y demás situaciones administrativas sobre el ejercicio de
la profesión docente; y el Decreto 1706 de 1989 reglamentó los artículos 7, 10 y 18
de la Ley 29 de 1989.

Ahora bien, la Ley 60 de 1993 determinó la descentralización de ciertas
competencias de la Nación respecto de los entes territoriales, en su artículo 6.º
señaló que «el régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución
de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las
prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra
clase de remuneraciones».

Al respecto, la Ley 91 de 1989 en su artículo 1.º indicó que el personal nacional son
los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno nacional, a diferencia de
los nacionalizados y territoriales, que son los vinculados por nombramiento de
entidad territorial.

Finalmente, los artículos 105 y 106 de la Ley 115 de 1994, dispusieron:

«Artículo 105. Vinculación al servicio educativo estatal. Vinculación al
servicio educativo estatal. La vinculación del personal docente, directivo y
administrativo al servicio público educativo estatal, sólo podrá efectuarse
mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de personal
aprobada por la respectiva entidad territorial.
Únicamente podrán ser nombrados como educadores o funcionarios
administrativos de la educación estatal, dentro de la planta de personal, quienes
previo concurso hayan sido seleccionados y acrediten los requisitos legales.

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Artículo 106. Novedades de personal. Los actos administrativos de
nombramientos, traslados, permutas y demás novedades del personal docente
y administrativo de la educación estatal se harán por los gobernadores y por los
alcaldes de los distritos o municipios que estén administrando la educación
conforme a lo establecido en la Ley 60 de 1993.
Todo nombramiento deberá ajustarse a los plazos y procedimientos legales y a
la disponibilidad presupuestal.
Parágrafo. Los alcaldes municipales pueden nombrar educadores con cargo a
los recursos propios del municipio, cumpliendo los requisitos exigidos por la
ley.» (Negrilla de la Sala)

En ese orden, teniendo en cuenta que el alcalde del Distrito de Barranquilla, al
expedir el Decreto 0274 de 1997 se fundamentó en las normas en comento, no cabe
duda de que el nombramiento lo efectuó en su calidad de administrador de la
educación conforme a lo dispuesto en la Ley 60 de 1993, dentro de la planta de
personal distrital, con recursos del situado fiscal hoy sistema general de
participaciones y con aprobación presupuestal del FER, pues fue en el marco de un
concurso de méritos para cubrir plazas territoriales.

Aunado a ello, el acto de nombramiento tampoco indica que el actor hubiera sido
designado para ocupar una plaza nacional, o en un establecimiento educativo de
ese orden o en un programa administrado por el Ministerio de Educación Nacional,
así como la designación tampoco fue efectuada directamente por dicha cartera, por
lo que no existen razones para afirmar que el docente era nacional.

Por lo anterior, se debe entender que la vinculación docente es del orden
nacionalizado, toda vez que, en atención al artículo 3 del acto de nombramiento,
el delegado del Fondo Educativo Distrital (Regional) expidió certificación
presupuestal para realizar el nombramiento del accionante, sin que ello implique
que se trate de una vinculación del orden nacional, pues como se indicó en la
sentencia de unificación de 21 de junio de 2018, «no es dable inferir que los
docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i)
cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de
la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional
como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional,
así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad
presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su
sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.»21

Así, el tiempo de servicio docente prestado desde el 6 de marzo de 1997 al 1 de
junio de 2015, es decir, 18 años, 2 meses y 26 días, resulta valido para ser tenido
en cuenta para el computo de la pensión gracia, pues es del orden nacionalizado,
circunstancia que resulta coherente con el artículo 1.º de la Ley 91 de 1989 que
señala como personal nacionalizado a «los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1. de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de

21 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.»

Teniendo en cuenta lo expuesto, para la Sala se encuentra ajustada la decisión del
a quo, pues como se analizó, el actor cumple con los requisitos para obtener el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.

2.6. De la solicitud de reajuste solicitado en la demanda

El apoderado del demandante, en el recurso de apelación presentado, señaló que
no le fue resuelta de manera clara la pretensión del numeral 4 de la demanda,
encaminada al reajuste de acuerdo con la Ley 71 de 1988, concordante con el
artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

Pues bien, lo primero que se advierte es que el a quo no emitió un pronunciamiento
frente al reajuste en cita, sino que solo ordenó ajuste de la condena en los términos
del artículo 187 del CPACA, en aplicación de la siguiente fórmula:
“
R = Rh Índice Final
Índice Inicial

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesada
pensional, hasta la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el número que
resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE,
vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el índice inicial, vigente para
la fecha en que debió hacerse el pago, según se dispuso en la parte motiva de este
proveído.”

En ese orden, y con miras a proveer sobre el reajuste también solicitado por la parte
actora de acuerdo con la Ley 71 de 1988, concordante con el artículo 14 de la Ley
100 de 1993, es necesario rememorar que en sentencia de unificación de 21 de
2018 citada en esta providencia «la pensión gracia se considera una prestación de
carácter especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su
esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa
cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias», lo que quiere
decir, que su regulación es especial, que se encuentra en normas específicas y que,
por el principio de la inescindibilidad de la ley, no es posible aplicarle normas del
régimen general de pensiones como lo pretende el demandante.

En ese hilo de consideraciones, no resulta procedente en este caso, el
plurinombrado ajuste de la pensión en estricto acatamiento de la Ley 71 de 1988 y
del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, pues estas últimas disponen que su aplicación
corresponde a las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes o
sustitutivas, en donde no se encuentra inmersa la pensión gracia, que es de carácter
especial con requisitos y presupuestos legales especiales.

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Así entonces, se procederá a adicionar la sentencia de primera instancia, en orden
a negar el reajuste en cita.

2.7. De la condena en costas de primera instancia

Finalmente, la parte demandante eleva su inconformidad también frente a la
negativa del a quo de no condenar en costas, para lo cual este último sostuvo que
no estaba acreditada la causación de las mismas, en la medida que no se
demostraron los gastos en que incurrieron las partes para su defensa.

Al respecto, es importante señalar que esta Sección había sostenido la tesis de que
el concepto de las costas del proceso comprendía todos los gastos necesarios o
útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y los denominados gastos o
expensas del proceso, llamados en el CPACA gastos ordinarios del proceso y otros,
como son los indispensables para traslado de testigos y la práctica de la prueba
pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres,
transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.

Tras la expedición del CPACA, la Subsección A, inicialmente sostuvo que el artículo
188 de la Ley 1437 de 2011 no implicaba la condena de manera « automática» u
«objetiva», para quien resultara vencido en el litigio. Ello, en consideración a que
debían observarse una serie de factores tales como la temeridad, la mala fe y la
existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos y costas en el curso de la
actuación, en donde el juez debía ponderar dichas circunstancias y sustentar la
decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en el que el director del proceso
evaluara las circunstancias para imponerla o no.

Sin embargo, esta Subsección en providencia del 7 de abril de 2016, varió aquella
posición y acogió el criterio objetivo-valorativo al concluir que no era necesario
evaluar la conducta de las partes –temeridad o mala fe–, sino los aspectos previstos
en el Código General del Proceso, con el fin de darle plena aplicación a su artículo
365.

No obstante, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, recientemente fue modificado
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el sentido de precisar que « En todo
caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

Lo anterior, permite hacer extensiva dicha interpretación para efectos de analizar si
la oposición presentada por la UGPP puede considerarse que se presentó con
carencia manifiesta de fundamento legal.

Con base en lo expuesto, se observa que en el presente caso el a quo sí efectuó
dicho estudio y, además, verificada la contestación de la demandada presentada
por la UGPP, no puede considerarse que la misma se presentó sin sustento legal.

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En ese orden, esta Sala considera que deberá confirmar la decisión de no condenar
en costas a la UGPP, pues ésta se sustentó debidamente y se ajusta a la
modificación que introdujo la Ley 2080 de 2021 al artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, tal como se expuso.

2.8. Conclusión

Teniendo en cuenta lo descrito previamente, la Sala considera que la sentencia de
primera instancia deberá ser confirmada íntegramente, toda vez que el docente
Marco Enrique Cotera Fuentes cumplió con todos los requisitos exigidos por las
normas que regulan la pensión gracia, y por tanto es beneficiario de dicha prestación
legal. Así mismo, se observa que las órdenes impartidas por el Tribunal
Administrativo del Atlántico en la sentencia de 12 de febrero de 2021 se ajustan a
los preceptos legales y jurisprudenciales que aplican para el caso concreto tal y
como se analizó en esta providencia. No obstante, como se mencionó, se adicionará
la sentencia, en punto a negar el reajuste de la pensión.

2.9. Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos
al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los
argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa jurídica de
los intereses y, por ende, no se condenará en costas, máxime cuando lo aquí
resuelto tiene que ver directamente con lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales
trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto
de 2022.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. ADICIONAR la sentencia de 12 de febrero de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Atlántico, mediante la cual accedió a las pretensiones de
la demanda presentada por Marco Enrique Cotera Fuentes en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, así:

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 21
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001 23 33 000 2019 00201 01
Demandante: Marco Enrique Cotera Fuentes

“OCTAVO: Negar las demás pretensiones de la demanda.”

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia de 12 de febrero de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico, y mediante la cual accedió a
las pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia de acuerdo con lo expuesto en
esta providencia.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 22
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

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