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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01357-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01357-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 27 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Luis Alberto Villegas Salazar contra la UGPP. SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 043131 del 17 de noviembre de 2017, RDP 004012 del 5 de febrero de 2018 y RDP 007900 del 27 de febrero de 2018, por medio de los cuales la UGPP le negó al señor Luis Alberto Villegas Salazar el reconocimiento y pago de una pensión gracia. TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social a reconocer y pagar una pensión gracia a favor del señor Luis Alberto Villegas Salazar, identificado con cédula de ciudadanía 15.318.480, en cuantía del 75 % del promedio de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición de su estatus pensional —tales como asignación básica y las primas de navidad y de vacaciones—, esto es, del 29 de enero de 2010 y el 28 de enero de 2011, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 14 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 05001 23 33 000 2018 01357 01 (2826-2023) Demandante: Luis Alberto Villegas Salazar CUARTO. Declarar PROBADA la excepción de prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 5 de julio de 2014. QUINTO. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática indicada en la parte motiva de esta sentencia. SEXTO: La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA. SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones. OCTAVO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2018-01357-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 05001 23 33 000 2018 01357 01 (2826-2023)
Demandante: Luis Alberto Villegas Salazar
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Reconocimiento de pensión gracia. Docente territorial y
nacionalizado. Prueba de la plaza docente. Prescripción.
Costas

Decisión: Se revoca la sentencia de primera instancia porque el
demandante acreditó los requisitos para acceder a la
pensión gracia, en especial, un mínimo de 20 años como
docente de carácter nacionalizado.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 27 de marzo de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

Demanda1

1. El actor, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), solicitó la
declaratoria de nulidad de las Resoluciones RDP 004012 del 5 de febrero de
20182 y RDP 007900 del 27 de febrero de 20183, mediante las cuales la entidad
demandada resolvió los recursos de reposición y apelación interpuestos contra
la Resolución RDP 043131 del 17 de noviembre de 20174, que le negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió el reconocimiento de la
referida prestación periódica a partir del 14 de septiembre de 2011, en un monto
equivalente al 75 % de su salario, con inclusión de todos los factores salariales
percibidos durante el año anterior al cumplimiento del estatus pensional,
aplicando los reajustes consagrados en la Ley 71 de 1988 y la correspondiente
indexación de las mesadas causadas y no pagadas.

1 Folios 1 al 10.
2 Folios 30 y 31.
3 Folios 32 al 34.
4 Folios 27 al 29.

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Radicación: 05001 23 33 000 2018 01357 01 (2826-2023)
Demandante: Luis Alberto Villegas Salazar

3. Asimismo, requirió que se ordene a la entidad demandada dar
cumplimiento al fallo dentro del término establecido en el numeral 2 del artículo
192 del CPACA, con el pago de los intereses moratorios a que haya lugar. De
manera adicional, solicitó la condena en costas a la parte demandada.

4. En sustento de sus pretensiones, indicó que nació el 14 de septiembre de
1956 y que prestó servicios como docente del orden territorial-municipal durante
más de 20 años, razón por la cual considera que cumple los requisitos legales
para acceder a la pensión gracia.

5. Expuso que el 5 de septiembre de 2017 solicitó por escrito ante la entidad
demandada el reconocimiento de dicha pensión, la cual fue negada mediante los
actos administrativos impugnados bajo el argumento de que los servicios
docentes prestados correspondieron al orden nacional.

Contestación de la demanda5

6. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones
señalando que el actor no cuenta con los 20 años en la docencia oficial de
carácter territorial o nacionalizada teniendo en cuenta que la vinculación que
ostenta es de naturaleza nacional, lo cual impide que sea beneficiario de la
pensión gracia.

7. Propuso las excepciones de mérito que denominó «ausencia de vicios en
los actos administrativos demandados», «inexistencia de la obligación» y
«prescripción».

Sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la
demanda mediante sentencia del 27 de marzo de 2023, al considerar que el actor
no satisfizo el requisito de haber prestado servicios como docente territorial o
nacionalizado durante 20 años.

9. Al respecto, estimó que las pruebas documentales evidenciaron que el
actor solo estuvo vinculado como docente de carácter municipal entre el 17 de
marzo de 1979 y el 15 de mayo de 1980; además, se acreditó que desde el 16
de julio de 1980 hasta el 1.º de agosto de 1984 ejerció como docente de primaria
de carácter nacional, fecha en la cual se aceptó su renuncia.

10. Asimismo, comprobó que el demandante reingresó al servicio docente en
julio de 1996; desde entonces y hasta la presentación de la demanda su
vinculación docente ha sido exclusivamente de carácter nacional.

11. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas al demandante.

5 Folios 99 al 107.

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Radicación: 05001 23 33 000 2018 01357 01 (2826-2023)
Demandante: Luis Alberto Villegas Salazar

Recurso de apelación

12. El demandante solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia
argumentando que el Tribunal incurrió en una indebida valoración del material
probatorio al concluir que su vinculación fue de carácter nacional con base en
«diferentes decretos» no identificados ni analizados concretamente, cuyo
contenido tampoco permite inferir dicha naturaleza.

13. Sostuvo que el Decreto 11 del 17 de marzo de 1979 acredita su
nombramiento como maestro municipal en Cáceres (Antioquia), con efectos
retroactivos desde el 22 de enero del mismo año, lo que demuestra que su
vinculación inicial al magisterio fue del orden territorial.

14. Añadió que otros actos administrativos relevantes, como el Decreto 0925
del 29 de mayo de 1980 (nombramiento en Caucasia) y el Decreto 1515 de 1 de
agosto de 1984 (aceptación de renuncia), no figuran en los certificados de historia
laboral obrantes en el expediente, lo que genera dudas sobre la confiabilidad de
estos documentos, cuestionando su validez probatoria.

15. Por otro lado, señaló que la aceptación de su renuncia en 1984 por parte
del gobernador de Antioquia, en su condición de presidente de la Junta del Fondo
Educativo Regional (FER), permite concluir que su remuneración provenía del
situado fiscal, recursos que constituyen rentas exógenas de los municipios
conforme lo ha establecido esta Corporación en la sentencia de unificación de 21
de junio de 2018.

16. Finalmente, adujo que el Decreto 068 de 12 de julio de 1996, mediante el
cual fue nombrado como docente nacionalizado, desvirtúa la información
contenida en algunos certificados que erróneamente califican su vinculación
como de carácter nacional. En consecuencia, refutó la afirmación del Tribunal
según la cual ostentaba dicha condición desde el 22 de julio de 1996 por cuanto
esta conclusión se basó exclusivamente en los certificados laborales, sin
considerar los actos administrativos de nombramiento tienen mayor fuerza
probatoria.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

17. Mediante auto del 21 de septiembre de 20236, se admitió el recurso de
apelación interpuesto por el demandante. Asimismo, se dispuso que la parte
demandada tenía hasta la ejecutoria de dicha providencia para pronunciarse
sobre el recurso y que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de
que el proceso ingresara al despacho para sentencia.

18. La entidad accionada7 solicitó confirmar la providencia impugnada
teniendo en cuenta que los actos administrativos acusados se originaron

6 Folio 222.
7 Índice 14 de Samai del Consejo de Estado.

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Demandante: Luis Alberto Villegas Salazar

conforme con las disposiciones legales y constitucionales vigentes en la materia
encontrándose plenamente demostrado en el expediente que al demandante no
le asiste el derecho al reconocimiento de una pensión gracia por no cumplir los
requisitos mínimos exigidos por la Ley.

19. Por su parte, el Ministerio Público conceptuó8 que se revoque el fallo
apelado y, en su lugar, se concedan las pretensiones de la demanda habida
cuenta de que en el plenario es posible establecer que la naturaleza de las
vinculaciones del docente fue de carácter territorial y/o nacionalizada.

20. Al respecto, indicó que el actor ingresó al servicio docente del Municipio
de Cáceres (Antioquia) el 17 de marzo de 1979, mediante designación realizada
por el Decreto 11 de esa misma fecha, vinculación ésta que le dio la oportunidad
de completar los tiempos de servicios necesarios para acceder a la pensión
gracia con posterioridad al 31 de diciembre de 1980.

21. Además, precisó que el caso bajo estudio debe ajustarse a las reglas de
interpretación previstas en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del
21 de julio de 2018, que sentó como criterio a tener en cuenta que el origen de
los recursos no determina la condición del docente, como si lo hace la plaza
ocupada y el nombramiento por autoridad territorial conforme a la Ley 91de 1989.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

22. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Así
las cosas, esta Corporación abordará el análisis de este litigio.

Cuestión previa

23. Antes de resolver el presente asunto, la Sala advierte que la parte
demandante solicitó la nulidad de las Resoluciones RDP 004012 del 5 de febrero
de 2018 y RDP 007900 del 27 de febrero del mismo año, mediante las cuales la
accionada resolvió los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la
Resolución RDP 043131 del 17 de noviembre de 2017, acto administrativo que
negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia reclamada.

24. Se observa que en la demanda no se solicitó de manera expresa la
declaratoria de nulidad del acto administrativo primigenio —Resolución RDP
043131 del 17 de noviembre de 2017—, omisión que, en principio, impediría un
pronunciamiento de fondo con plenos efectos respecto del derecho debatido en
tanto dicho acto conservaría su presunción de legalidad.

8 Índice 15 ibidem.

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Radicación: 05001 23 33 000 2018 01357 01 (2826-2023)
Demandante: Luis Alberto Villegas Salazar

25. No obstante, conforme a lo dispuesto en el artículo 163 del CPACA,
relativo a la individualización de las pretensiones, cuando un acto administrativo
ha sido objeto de recursos en sede administrativa se entenderán igualmente
demandados los actos que los resolvieron.

26. Por tanto, con base en una interpretación sistemática y finalista de dicha
norma, puede afirmarse que si la demanda se dirige exclusivamente contra los
actos que resolvieron los recursos y omite pronunciarse sobre el acto recurrido,
este también debe entenderse comprendido en la litis, toda vez que lo
controvertido es precisamente la decisión administrativa, la cual está integrada
por todos los actos administrativos emitidos en sede administrativa9.

27. En otras palabras, el acto administrativo inicial y los que resolvieron los
recursos forman una unidad jurídica que debe ser valorada integralmente por el
juez, incluso de oficio, con el fin de evitar decisiones inhibitorias que menoscaben
el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.

28. En consecuencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 163 y 207 del
CPACA, la Sala ejercerá control de legalidad en el presente proceso, integrando
como acto demandado la Resolución RDP 043131 del 17 de noviembre de 2017.

Problema jurídico

29. Conforme a los reparos concretos desarrollados en el recurso de
apelación, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de
Antioquia incurrió en una indebida valoración probatoria al establecer que el
demandante no cumple con los requisitos legales para beneficiarse de la pensión
gracia.

30. En caso afirmativo, se establecerá si en el expediente se encuentran
acreditados los requisitos para acceder a la mencionada prestación periódica10,
a saber: i) haberse vinculado como docente territorial o nacionalizado antes del
31 de diciembre de 1980; ii) haber prestado servicios como docente
nacionalizado o territorial (municipal o departamental) por un periodo no inferior
a 20 años, ya sean continuos o discontinuos; iii) haber cumplido 50 años de edad;
iv) haber ejercido la docencia con honradez, consagración y buena conducta; y
v) no haber recibido ni estar recibiendo otra pensión o recompensa de carácter
nacional.

Análisis del problema jurídico

31. La Sala anticipa su decisión de revocar la sentencia de primera instancia
y acceder a las pretensiones de la demanda, con base en los argumentos que se
expondrán a continuación.

9 En similar sentido se pronunció esta Subsección en la sentencia del 7 de noviembre de 2024, radicado

05001-23-33-000-2021-00565-01 (1417-2024), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
10 Los requisitos son lo previstos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989.

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Radicación: 05001 23 33 000 2018 01357 01 (2826-2023)
Demandante: Luis Alberto Villegas Salazar

32. En el asunto sub judice se demuestra que el demandante cumplió 50 años
de edad el 14 de septiembre de 200611 y que prestó sus servicios docentes con
honradez y buena conducta12 habida cuenta de que la entidad accionada no
formuló reparo alguno al respecto ni probó alguna sanción disciplinaria que se le
hubiese impuesto. Tampoco se avizora que perciba otra recompensa de carácter
nacional.

33. Aclarado lo anterior, la Subsección verificará las demás exigencias legales
para la procedencia de la pensión gracia objeto de litigio, así:

1. Requisito de vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980

34. Al proceso se aportó copia de la Resolución 011 del 17 de marzo de
197913, a través de la cual el alcalde del municipio de Cáceres (Antioquia) nombró
al demandante como maestro municipal en el Liceo Puerto Bélgica, con
retroactividad al 22 de enero de 1979. De dicho cargo tomó posesión el 17 de
marzo de 197914, pero con efectos a partir de la fecha mencionada en el acto de
vinculación.

35. Sobre el particular, conviene precisar que el aludido acto administrativo fue
suscrito por el alcalde municipal —en uso de las atribuciones legales que le
confiere la ley—, sin que se advierta intervención alguna por parte del Ministerio
de Educación Nacional en su expedición. Además, se evidencia que el
nombramiento obedeció a la creación de nuevas plazas rurales en el municipio
de Cáceres.

36. De acuerdo con lo anterior, es posible concluir que la mencionada
vinculación fue del orden territorial-municipal toda vez que se dan los
presupuestos de la definición que trae el artículo 1.° de la Ley 91 de 1989, según
la cual son territoriales «[…] los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975» (resalta la Sala).

37. Asimismo, dicha información coincide con el Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral del 6 de junio de 2017, emitido por
la Secretaría de Educación del municipio de Cáceres (Antioquia)15, en el que se
certificó que el actor prestó sus servicios como docente municipal —en
propiedad— para el Liceo Puerto Bélgica de ese ente territorial entre el 22 de
enero de 1979 y el 15 de mayo de 1980.

38. Así las cosas, para la Sala está demostrado que el demandante estuvo
vinculado como docente territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980,

11 Cfr. Registro civil de nacimiento visible en el folio 11.
12 Cfr. Certificado de Antecedentes 1909123 del 19 de agosto de 2010.
13 Folio 12.
14 Folio 13. Cfr. Acta de posesión del 17 de marzo de 1979.
15 Folio 15.

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por un total de 1 año, 3 meses y 24 días16, los cuales son acumulables para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia.

2. Requisito de vinculación como docente territorial y/o nacionalizado
durante 20 años

Periodo laborado entre el 19 de mayo de 1980 y el 16 de julio de 1984

39. En el expediente obra copia del Decreto 0925 del 29 de mayo de 198017,
a través del cual el gobernador de Antioquia nombró al actor como director de la
Escuela Rural Integrada Cucurucho del municipio de Caucasia, perteneciente al
Distrito Educativo núm. 7, Núcleo 6-C.

40. Con relación a dicho acto administrativo, se extrae que este fue suscrito
por el gobernador y los secretarios de Educación y Cultura, de Hacienda y
General del departamento de Antioquia. Además, que la mencionada vinculación
obedeció, de un lado, a la imposibilidad para nombrar normalistas superiores o
bachilleres pedagógicos en zonas de difícil acceso de ese ente territorial y, de
otro lado, a la autorización que el Gobierno Nacional —mediante el Decreto 085
del 23 de enero de 1980— dio para vincular a bachilleres académicos en dichas
plazas.

41. También se allegó copia del Decreto 1515 del 1.° de agosto de 198418,
mediante el cual el gobernador de Antioquia, actuando como presidente de la
Junta del Fondo Educativo Regional (FER), le aceptó la renuncia al demandante
con efectos a partir del 6 de julio de 1984.

42. Pues bien, con el fin de establecer la naturaleza de la aludida relación legal
y reglamentaria, el Tribunal concluyó que esta fue del orden nacional con base
en el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 10
de mayo de 201019 emitido por la Secretaría de Educación de Antioquia, en el
que se certificó que el demandante prestó sus servicios en calidad de docente
nacional como director de la Escuela Rural Cucurucho del municipio de Caucasia,
entre el 16 de julio de 1980 y el 15 de julio de 1984.

43. A pesar de lo anterior, la Sala considera que la vinculación analizada no
puede calificarse como de carácter nacional. En efecto, el acto administrativo
correspondiente no fue expedido por el Ministerio de Educación Nacional.

44. El artículo 1.° de la Ley 91 de 1989 establece expresamente que el
personal nacional está conformado por «[l]os docentes vinculados por
nombramiento del Gobierno Nacional», circunstancia que no se presenta en el

16 Para concluir este tiempo, se tuvo en cuenta que en el calendario laboral los años tienen 360 días y los

meses 30 días. Además, al total de la diferencia se le sumó un día adicional, con el fin de incluir el primer
día.
17 Folios 17 y 18.
18 Folios 20 y 21.
19 Archivo «10-Certificado de información laboral-Causante.PDF» que reposa en el CD de antecedentes

administrativos.

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Demandante: Luis Alberto Villegas Salazar

sub lite pues el acto en cuestión fue suscrito directamente por el gobernador de
Antioquia en ejercicio de sus atribuciones legales y con la autorización previa del
Ministerio de Educación.

45. Asimismo, conviene precisar que el hecho de que el nombramiento bajo
estudio se haya dado, entre otras situaciones, por la autorización previa que el
Gobierno Nacional otorgó a través del Decreto 85 del 23 de enero de 198020 para
contratar bachilleres con el fin de que ejerzan la docencia en los niveles de
preescolar, básica primaria y básica secundaria en las zonas rurales de difícil
acceso, no tiene como consecuencia asumir que tales maestros tuvieran la
connotación de servidores nacionales.

46. Ahora bien, dicha designación no podría ostentar el carácter de una
vinculación territorial puesto que la plaza docente para la cual el demandante fue
nombrado como director pertenece a un Distrito Educativo y requirió autorización
previa del Ministerio de Educación.

47. Así, la Sala confirma que la plaza docente analizada era de carácter
nacionalizado pues el nombramiento fue efectuado por la autoridad territorial con
la aprobación previa Ministerio de Educación Nacional en desarrollo del proceso
de nacionalización de la educación regulado por la Ley 43 de 1975.

48. En efecto, el artículo 10 ibidem estableció que la creación de nuevas
plazas o la provisión de cargos docentes enmarcados en el proceso de la
nacionalización de la educación requería autorización previa del Ministerio de
Educación Nacional, como ocurrió en el presente caso.

49. En suma, la designación en la plaza docente encuadra en la definición que
la Ley 91 de 1989 prevé para el personal nacionalizado, esto es, aquellos
docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial después del 1.° de
enero de 1976, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

50. Esto se refuerza con la alusión a que la plaza docente hizo parte de un
Distrito Educativo. Al respecto, esta Subsección21 ha reconocido que las
designaciones realizadas en un Distrito Educativo se pueden situar dentro de la
ejecución del proceso de nacionalización de la educación, tal como lo establece
la Ley 43 de 1975, así como en el marco de la descentralización de los servicios
educativos prevista en el Decreto Extraordinario 102 de 197622.

20 «Por el cual se introducen unas modificaciones al Decreto Extraordinario 2277 de 1979». « ARTÍCULO 1°

Incorpórase el siguiente parágrafo al artículo 5° del Decreto 2277 de 1979. PARÁGRAFO. Establécense las
siguientes excepciones a lo dispuesto en el presente artículo: 1° En las zonas rurales de difícil acceso y
poblaciones apartadas a que se refiere el artículo 37, o para educación especial, podrá nombrarse para
ejercer la docencia en los niveles preescolar, básico primario y básico secundario, personas que acrediten
título de bachiller en cualquier modalidad, siempre y cuando no exista personal titulado o en formación que
esté en capacidad de prestar el servicio requerido. […]».
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia

del 26 de junio de 2025, rad. 76001 23 33 000 2016 01099 01 (2493-2018), C.P. Juan Camilo Morales
Trujillo.
22 Por el cual se descentraliza la administración de los planteles nacionales de educación y se dictan otras

disposiciones.

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51. En definitiva, el acto administrativo de nombramiento (Decreto 0925 del 29
de mayo de 1980) evidencia que la plaza era de carácter nacionalizado,
circunstancia que contradice la información consignada en el Formato Único para
la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 10 de mayo de 2010 que le
otorgó a la vinculación un carácter nacional.

52. A propósito, frente a la divergencia entre la información contenida en las
certificaciones laborales y la que emana del acto administrativo de
nombramiento, la Sala Plena de esta Sección en sentencia de unificación CE-
SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201823 fijó criterios relevantes sobre la prueba
de la calidad docente, en los siguientes términos:
«vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.» (Negrillas de la Sala)

53. De acuerdo con esa regla jurisprudencial, el acto administrativo de
nombramiento es el medio probatorio principal para establecer la naturaleza
jurídica del vínculo pues contiene información directa sobre las condiciones del
cargo y la plaza provista. Solo ante su ausencia procede acudir a certificaciones
u otros medios probatorios en los que conste de manera inequívoca la naturaleza
del vínculo, cuya valoración debe efectuarse conforme a las reglas de la sana
crítica.

54. En ese sentido, el Decreto 0925 del 29 de mayo de 1980 contiene
información clara sobre la naturaleza nacionalizada del vínculo. Por ello, aunque
el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 10 de
mayo de 2010 indique que la vinculación era de carácter nacional, tal documento
no prevalece frente al acto administrativo de nombramiento, que permitió
determinar con precisión la naturaleza de la plaza.

55. Sin perjuicio de que este tipo de certificados se fundamentan precisamente
en los actos administrativos emitidos por la autoridad nominadora, es posible
concluir que al consultarlos directamente se obtenga una mayor certeza sobre la
veracidad del tipo de nombramiento realizado. Aparte de que no se especifica el
criterio empleado por la Secretaría de Educación de Antioquia para catalogar ese
interregno como nacional.

56. Así las cosas, el lapso comprendido entre el 19 de mayo de 1980 y el 16
de julio de 1984, que abarca un total de 4 años, 1 mes y 28 días24, se
contabilizará como tiempo de servicio en calidad de docente nacionalizado, el
cual resulta válido para efectos del reconocimiento de la pensión gracia
solicitada.

23 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
24 Para concluir este tiempo, se tuvo en cuenta que en el calendario laboral los años tienen 360 días y los

meses 30 días. Además, al total de la diferencia se le sumó un día adicional, con el fin de incluir el primer
día.

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Demandante: Luis Alberto Villegas Salazar

Período laborado entre el 22 de julio de 1996 y el 1.° de marzo de 2017

57. Al expediente se allegó oportunamente copia del Decreto 068 del 12 de
julio de 199625, a través del cual el alcalde del municipio de Briceño (Antioquia)
nombró en propiedad al demandante, como docente de primaria de la Escuela
Integrada La Cristalina.

58. En el referido acto administrativo se advierte en el encabezado que el
nombramiento se hace con recursos del situado fiscal y cataloga expresamente
su naturaleza como de carácter nacionalizado. Además, el alcalde lo expidió en
ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 106 y 153 de la Ley 115
de 1994 y en el Decreto 2277 de 1977.

59. No obstante, el Tribunal de primera instancia calificó dicha vinculación
como de carácter nacional con fundamento en la certificación expedida por la
Secretaría de Educación de Antioquia mediante el Formato Único para la
Expedición del Certificado de Historia Laboral n.º 95746 de 1.º de marzo de
201726.

60. En dicho documento se indicó que el demandante prestó sus servicios,
entre el 22 de julio de 1996 y el 17 de marzo de 2017 (fecha de expedición del
certificado), en varias instituciones educativas de los municipios de Briceño y
Santa Rosa de Osos (Antioquia), con una vinculación clasificada como nacional.

61. Pues bien, con relación a la clasificación del referido vínculo docente, la
Subsección advierte que el Tribunal omitió el análisis del acto administrativo de
nombramiento contenido en el Decreto 068 de 12 de julio de 1996. En efecto, del
contenido del referido acto no se advierte el ejercicio de la facultad nominadora
por parte del Gobierno Nacional —Ministerio de Educación Nacional—.

62. Por el contrario, sus características corresponden a un nombramiento
docente de carácter nacionalizado. Ello se explica pues el alcalde expresamente
consignó que la plaza docente era de carácter nacionalizado. Dicho acto permite
establecer, de manera inequívoca, que los servicios prestados por el docente a
partir del 22 de julio de 1996 corresponden a una vinculación de carácter
nacionalizada.

63. Ahora, aunque en el certificado laboral del 1.° de marzo de 2017 se
relacionaron varias situaciones administrativas de traslado y reubicaciones que
se extendieron hasta la fecha de expedición del referido certificado, no se observa
que haya ocurrido solución de continuidad entre ellas, por lo que la naturaleza de
la vinculación será la derivada del nombramiento nacionalizado primigenio.

64. En este punto, es pertinente señalar que la Sala ha sostenido de manera
reiterada que las características de la vinculación con la Administración se

25Archivo «20-Certificado de información laboral-Causante.PDF» que reposa en el CD de antecedentes

administrativos.
26 Folio 16.

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determinan en el momento de la expedición del acto de nombramiento
primigenio, pues es en este dónde se definen las condiciones jurídicas del vínculo
y las implicaciones a las que queda sujeto el docente27.

65. En consecuencia, las situaciones administrativas posteriores —como los
traslados a otras instituciones educativas a las que estuvo sujeta la
demandante— no modificaron, al menos para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia, la naturaleza nacionalizada de la vinculación.

66. Por consiguiente, el interregno comprendido entre el 22 de julio de 1996 y
el 1.° de marzo de 2017, equivalente a 20 años, 7 meses y 26 días28, es
computable para efectos de la pensión gracia reclamada, por tratarse de tiempos
nacionalizados.

67. De acuerdo con lo anterior, en el presente caso está plenamente probado
que el demandante prestó sus servicios como docente territorial y nacionalizado
durante 22 años, 5 meses y 6 días, tal como se muestra en la siguiente gráfica:

Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Años Meses Días
Territorial 22/01/1979 15/05/1980 1 3 24
Nacionalizado 19/05/1980 16/07/1984 4 1 28
Nacionalizado 22/07/1996 17/03/2017 20 7 26
TOTAL: 26 años, 1 mes y 18 días

68. En conclusión, el actor cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos
para acceder a la pensión gracia.

Análisis del estatus pensional y la prescripción

69. Esta Corporación29 ha señalado que la configuración de la prescripción de
mesadas pensionales requiere que transcurra un determinado lapso durante el
cual no se hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los
derechos que considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que
la obligación se haya hecho exigible, con una posibilidad de interrupción del
término por un lapso igual, tal como lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de
1969 aplicable al presente caso.

70. Para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer, a
partir del cual debe iniciarse el cómputo del término mencionado, es necesario

27 Al respecto, ver las sentencias proferidas por la Sección Segunda del 5 de agosto de 2010, radicación

2079-2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de marzo de 2012, radicación 1146-2010 C.P.
Gerardo Arenas Monsalve; del 16 de junio de 2015, radicación 68001 23 31 000 2004 02762 01; del 24 de
julio de 2025, radicación 76001 23 33 000 2020 00953 01 (6509-2024).
28 Para concluir este tiempo, se tuvo en cuenta que en el calendario laboral los años tienen 360 días y los

meses 30 días. Además, al total de la diferencia se le sumó un día adicional, con el fin de incluir el primer
día.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia

de 15 de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.

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Demandante: Luis Alberto Villegas Salazar

considerar que esta fecha se concretó el 29 de enero de 201130, cuando el
demandante acreditó su estatus pensional tras cumplir 20 años de servicio como
docente territorial y nacionalizado, de acuerdo con el cómputo total de tiempos
acreditados hasta el 17 de marzo de 2017. Esta fecha es posterior a la que
corresponde a su cumpleaños número 50, es decir, el 14 de septiembre de 2006.

71. Bajo tales consideraciones, de las pruebas presentadas en el expediente
se desprende que el actor solicitó el reconocimiento pensional el 5 de julio de
201731, lo que dio origen a la expedición de los actos administrativos acusados,
cuando ya habían pasado 3 años desde que surgió el derecho. Por su parte, la
demanda la interpuso el 26 de junio de 201832, esto es, dentro de los 3 años de
interrupción de la prescripción. Por lo tanto, se declararán prescritas las mesadas
causadas con anterioridad al 5 de julio de 2014.

72. Sobre la forma de interrupción y análisis de la referida figura, esta
Colegiatura33 ha entendido que una vez se haga exigible el derecho y ante la
presentación de la solicitud de reconocimiento pensional, la parte interesada
debe presentar en el término de los 3 años la demanda judicial, de lo contrario,
se somete a la activación del término prescriptivo y la pérdida del derecho de las
prestaciones periódicas causadas.

Conclusión

73. Con base en lo expuesto, se revocará la sentencia apelada y se declarará
la nulidad de los actos administrativos acusados. Subsiguientemente, se
ordenará el reconocimiento y pago de la pensión gracia en favor del demandante,
en cuantía equivalente al 75 % del promedio de los factores salariales (asignación
básica, y las primas de navidad y de vacaciones)34, devengados en el año anterior
a la consolidación del estatus pensional, esto es, entre el 29 de enero de 2010 y
el 28 de enero de 2011.

74. La liquidación se realizará con fundamento en los artículos 4.° de la Ley 4
de 1966, 5.° del Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales
trazados por esta Corporación relacionadas con el monto de la prestación, esto
es, que «la pensión gracia debe liquidarse con base en los emolumentos
devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional»35.

30 Este resultado es producto de restarle al 17 de marzo de 2020 lo correspondiente a 6 años, 1 meses y 18

días, que es el tiempo que excede los 20 años.
31 Información tomada de la Resolución 043131 del 17 de noviembre de 2017, visible en el folio 27.
32 Folio 10.

33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 2 de febrero de 2012, radicado:
150012333000201300718 01 (1218-2015); Subsección A, del 17 de marzo de 2021, radicado: 76001-23-
33-000-2016-00438-01 (2939-2019); 2 de marzo de 2023, radicado: 05001233300020140102501 (1239-
2016).
34 Cfr. Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios 95746 del , expedido por la Secretaría

de Educación de Antioquia del 1.° de marzo de 2017, visible en folio 19.
35 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado:

i) del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de
2018, radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-
23-33- 000-2014-00462-01 (1644-19).

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75. La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor
presente de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el
Consejo de Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

76. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(RH), que es lo dejado de percibir por la parte actora por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por
el índice vigente a la fecha en que la parte demandante obtuvo el estatus
pensional. Por tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá
hacerse mes por mes.

77. Por último, se denegará el reconocimiento de los reajustes previstos en la
Ley 71 de 1988, en concordancia con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, con
fundamento en que esta Corporación, mediante la sentencia de unificación del
21 de junio de 2018 —citada en esta providencia—, estableció que «la pensión
gracia se considera una prestación de carácter especial otorgada a los docentes
estatales territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación
y conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso
no inferior a veinte años, entre otras exigencias».

78. Esto significa que su regulación es especial, se encuentra contenida en
normas específicas y, por el principio de inescindibilidad de la ley, no es posible
aplicarle disposiciones del régimen general de pensiones, como lo pretende la
demandante36.

79. De esta manera, no resulta procedente acceder al ajuste solicitado
respecto de la pensión que hoy se reconoce, en estricto acatamiento del artículo
14 de la Ley 100 de 1993, toda vez que dicha norma dispone que su aplicación
corresponde a las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes o
sustitutivas, entre las cuales no se encuentra la pensión gracia, que es de
carácter especial y cuenta con requisitos y presupuestos legales propios.

Condena en costas

80. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

36 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de mayo de 2024, proferida

dentro del expediente 08001 23 33 000 2019 00201 01 (2902–2021), con ponencia del consejero Luis
Eduardo Mesa Nieves.

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81. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

82. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

83. Por los anteriores motivos, se impondrán costas a la entidad demandada
en ambas instancias, por cuanto se revoca totalmente la sentencia apelada y se
accede a las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 27 de marzo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Luis Alberto
Villegas Salazar contra la UGPP.

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 043131 del 17 de
noviembre de 2017, RDP 004012 del 5 de febrero de 2018 y RDP 007900 del 27
de febrero de 2018, por medio de los cuales la UGPP le negó al señor Luis Alberto
Villegas Salazar el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social a
reconocer y pagar una pensión gracia a favor del señor Luis Alberto Villegas
Salazar, identificado con cédula de ciudadanía 15.318.480, en cuantía del 75 %
del promedio de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la
adquisición de su estatus pensional —tales como asignación básica y las primas
de navidad y de vacaciones—, esto es, del 29 de enero de 2010 y el 28 de enero
de 2011, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

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Demandante: Luis Alberto Villegas Salazar

CUARTO. Declarar PROBADA la excepción de prescripción de las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 5 de julio de 2014.

QUINTO. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA,
teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante
la aplicación de la fórmula matemática indicada en la parte motiva de esta
sentencia.

SEXTO: La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro
del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.

SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones.

OCTAVO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP). Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Antioquia.

NOVENO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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