Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00565-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00565-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-00565-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
7 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-00565-01 (1417-2024)
Demandante: María Teresa Vanegas Hurtado
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Docente territorial.
Aplicación de sentencias de unificación del 21 de junio de 2018
y del 11 de agosto de 2022. REVOCA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el seis (6) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual negó las pretensiones de
la demanda.
ANTECEDENTES
La señora María Teresa Vanegas Hurtado instauró demanda1 en contra de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de la Resolución RDP 031944 del 25 de octubre de 2019,
por medio de la cual la entidad demandada negó la pensión gracia.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la parte pasiva a
reconocer y pagar a la accionante la pensión gracia desde el momento en el que
1
Ver índice 2, SAMAI, Expediente digital, archivo 002DemandayAnexos.pdf
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adquirió el estatus (7 de junio de 2018), equivalente al 75% del promedio de todos
los factores salariales devengados durante el último año de servicios, con efectos
fiscales desde el 13 de septiembre de 2016 por prescripción trienal, incluyendo los
ajustes correspondientes y los intereses moratorios.
Que la autoridad demandada sea condenada en costas.
HECHOS
Los hechos en que se fundamentó la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que la demandante nació el 22 de diciembre de 1957 e inició la prestación de sus
servicios como docente territorial desde el 15 de mayo de 1980 hasta el 15 de enero
de 1986 a favor del departamento del Valle del Cauca, vinculada por Decreto 832
del 12 de mayo de 1982.
Que posteriormente fue nombrada como educadora del municipio de Envigado por
Decreto 159 del 5 de febrero de 2004, prestando su servicio desde la referida fecha
del acto hasta al menos a la fecha de presentación de la demanda, bajo una
categoría territorial.
Que cumplió los 50 años de edad el 17 de junio de 20182 y para esa fecha ya había
superado los 20 años de servicio como maestra territorial, por lo cual, el 13 de
septiembre de 2019 solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión, pero
esta fue negada.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
La parte activa aseguró que con el acto administrativo demandado se transgredió:
el artículo 13 de la Constitución Política, las Leyes 39 de 1903, 114 de 1913, 37 de
1933, 115 de 1994, 91 de 1989, 60 de 1993, 100 de 1993, el Decreto 2277 de 1989
y las sentencias de radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 y 76001-23-31-000-
2009-00657-01 del Consejo de Estado.
Que la docente cumplió con los requisitos exigidos en la Ley 114 de 1913 para
adquirir el derecho a la pensión gracia en tanto acreditó el tiempo de servicio como
educadora territorial y a la fecha de solicitud de la prestación ya contaba con 50
años de edad.
2
Esta fecha no concuerda con la de nacimiento señalada en la demanda y también es contraria a la referida en
las pretensiones.
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Que conforme lo ha determinado el Consejo de Estado, la vinculación de un docente
no depende del certificado expedido por las entidades sino de los actos
administrativos de nombramiento.
Que la calidad territorial de sus nombramientos tiene sustento en que las
nominaciones fueron realizadas por la autoridad territorial.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 8 de octubre de 20213 y notificada a la UGPP, quien
manifestó4 que en los certificados laborales aportados, pese a referir los periodos
en los que la docente laboró, no indicaron el tipo de vínculo sostenido, y en ese
orden de ideas no logró acreditar la actora los requisitos exigidos por la Ley 114 de
1913 en tanto no demostró una categoría nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y 20 años de servicio bajo las referidas calidades.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) ausencia de vicios en los actos
administrativos demandados, (ii) inexistencia de la obligación, (iii) prescripción, (iv)
imposibilidad de condena en costas.
El 1 de julio de 20225 el tribunal de origen en consideración al literal b del artículo
42 de la Ley 2080 de 2021 estimó posible dictar sentencia anticipada, por lo que fijó
el litigio y prescindió de la audiencia inicial.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda al
señalar que la docente no acreditó el tipo de vínculo en los periodos laborados, en
especial aquel anterior al 31 de diciembre de 1980, tal y como lo señaló la entidad
en las resoluciones demandadas, pues la negativa del derecho obedeció a la falta
de prueba en la categoría ocupada.
Que conforme a lo anterior, la actora no cumplió con la carga de la prueba ni en
sede administrativa ni judicial, lo que implica que las pretensiones de la demanda
sean negadas.
RECURSOS DE APELACIÓN7
La parte demandante mostró su inconformidad y solicitó que se revoque la
3
Ver índice 2, SAMAI, Expediente digital, archivo 04.AutoAdmisorioDemanda.pdf.
4
Ver índice 2, SAMAI, Expediente digital, archivo 07.Memorial 10.12.2021 ContestaciónDemanda 2020 565.
5
Ver índice 2, SAMAI, Expediente digital, archivo 09 sentencia anticipada .pdf.
6
Ver índice 2, SAMAI, Expediente digital, archivo 16.SentenciaPensiónUGPP.pdf.
7
Ver índice 2, SAMAI, Expediente digital, archivo 18.RecursoApelacion.pdf.
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sentencia para que en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda.
Argumentó que en los anexos de la demanda se allegó el Decreto 0832 del 12 de
mayo de 1980 mediante el cual el departamento del Valle del Cauca la nombró y
que, pese a que en el certificado de tiempo de servicio no se indicó el tipo de
vinculación, es suficiente con verificar el acto referido y evidenciar que el mismo fue
firmado por la autoridad territorial del departamento.
Que, respecto al tiempo laborado al servicio del municipio de Envigado, el tribunal
bien pudo solicitar de oficio copia de los actos, pero que, en todo caso, con el ánimo
de que se estudie la veracidad del derecho que le asiste, aportó el Decreto 159 del
5 de febrero de 2004.
Que el carácter de los nombramientos de los docentes lo determina el ente
gubernativo que profirió el acto y no el establecimiento educativo en el que
desempeñe su labor.
Que, en todo caso, según lo ha manifestado el Consejo de Estado, lo importante de
la vinculación es que no provenga de la Nación, sino que la realice alguna entidad
territorial, como ocurre en el caso de la demandante.
Solicitó también que se revoque la condena en costas.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación fue admitido el 10 de octubre de 20238 y se dispuso que
una vez notificada esta decisión pasara el proceso a despacho para dictar
sentencia, sin necesidad de traslados.
En la oportunidad para pronunciarse, las partes guardaron silencio.
El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora cumplió
con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,
especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter
territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún
período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.
8
Ver índice 6 en SAMAI.
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Cuestión previa
Según el texto de la demanda, la Sala observa que la accionante no formuló de
manera completa la proposición jurídica, debido a que, en sus pretensiones
únicamente se refirió a la declaratoria de nulidad de la Resolución RDP 031944 de
del 25 de octubre de 2019 que resolvió el recurso de apelación presentado contra
el acto que negó la prerrogativa solicitada en una primera oportunidad, sin requerir
de manera expresa la nulidad de la Resolución RDP 26414 del 4 de septiembre de
2019 que fue el acto primigenio que decidió sobre el derecho en cuestión.
La anterior situación no fue advertida por el Tribunal ni por las partes, no obstante,
la accionada ejerció su derecho de defensa y el litigio se fijó de manera adecuada,
además, la omisión de la demandante no es óbice para estudiar de igual manera el
acto que en primera medida negó el derecho, y pese a que el artículo 163 del
CPACA únicamente dispone la inclusión de los actos que resuelven los recursos
cuando se demanda aquel que dio respuesta a la solicitud inicial, también resulta
adecuado el estudio de la primera decisión de la UGPP aun si no fue relacionada la
petición de su nulidad en el escrito de la demanda.
En aras de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia puede
juzgarse la nulidad de todos los actos mediante los cuales la entidad negó la
prerrogativa pretendida por considerarse que lo que persigue la actora con la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho incoada es el reconocimiento y pago de
la pensión que le fue negada en sede administrativa.
Marco normativo y jurisprudencial
Desarrollo conceptual de la pensión gracia y de los requisitos para su acceso
Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
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«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
4. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»22. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos antes consagrados para el efecto.
De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:
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«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
[…] 2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199723 señaló que:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201824
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
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ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
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Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,25 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
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iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Resolución del caso concreto
Con el fin de definir litigios como el presente resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.
Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la
edad, se observa que la demandante nació el 22 de diciembre de 19579, de modo
que cumplió los 50 años el 22 de diciembre de 2007.
Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio de
la reclamante como docente territorial o nacionalizado, se realiza el siguiente
estudio sobre los tiempos de labor acreditados en la presente causa judicial.
• Periodo I: del 26 de mayo de 1980 al 15 de enero de 1986
Obra en el plenario el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral emitido el 6 de febrero de 201910 en el cual se observa que la actora fue
nombrada docente, posesionada en el cargo designado el 26 de mayo de 198011,
labor que finalizó el 15 de enero de 1986.
Pese a que en el certificado referido no consta el tipo de vinculación, en el
expediente se encuentra el acto administrativo de nombramiento a partir del cual
puede definirse sin dificultad el tipo de plaza ocupada, pues bien, se observa el
Decreto 0832 del 12 de mayo de 198012 por medio del cual el gobernador del Valle
del Cauca nominó a la reclamante como maestra en el Distrito Educativo No. I-A de
Cali.
De dicho acto puede apreciarse que la decisión de designación fue adoptada sin la
intervención directa del Ministerio de Educación Nacional, ni aval de este para que,
en virtud de la desconcentración, la mencionada autoridad departamental en
9
Según copia de la cédula de ciudadanía y el registro civil de nacimiento obrante en el índice 2, SAMAI,
Expediente digital, archivo 29771430 UNIFICADO.pdf de la carpeta 07.Memorial 10.12.2021
ContestaciónDemanda 2020 565.
10
Ver índice 2, SAMAI, Expediente digital, archivo 002DemandayAnexos.pdf.
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Fecha que también se ratifica con el acta de posesión visible en el mismo archivo anterior.
12
Visible en el mismo archivo.
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representación de la Nación efectuara la nominación en comento, por lo que se
descarta que la relación legal y reglamentaria haya sido del orden nacional.
Tampoco se señala en el acto en mención que la plaza se hubiese creado y ocupado
en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43 de 1975, ni bajo los postulados del
artículo 6° de dicha norma, en virtud del cual los recursos para atender el proceso
de nacionalización serían administrados los Fondos Educativos Regionales (FER)
con sujeción a los planes que en su momento debía establecer el Ministerio de
Educación Nacional.
Contrario a lo anterior, a partir del medio probatorio analizado, se extrae con claridad
que el nombramiento de la accionante tuvo lugar por decisión autónoma y directa
del gobernador del Valle del Cauca, lo que indica que su vínculo fue en calidad de
docente territorial.
En ese orden de ideas, la situación de la docente se ajusta a lo señalado en el
artículo 1.º de la Ley 91 de 1989:
«[…] ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
[…] Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975. […]»
De tal manera, los extremos temporales en los que la demandante fungió como
docente territorial, esto es, del 26 de mayo de 1980 al 15 de enero de 1986 (5
años, 7 meses y 20 días), deben tenerse en cuenta para computar los 20 años de
servicio requeridos para acceder a la pensión gracia.
• Periodo II: del 6 de febrero de 2004 al 3 de diciembre de 2018
En atención al Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
No. 3122018 expedido el 3 de diciembre de 201813, se observa que la docente
ejerció labores desde el 6 de febrero de 2004 (fecha corroborada con el acta de
posesión14), y que al menos hasta la fecha del certificado seguía activa en el
servicio.
Dicho esto, se procede a examinar el tipo de plaza ocupada, sobre la cual en primera
medida resulta oportuno hacer alusión a la presunta falta de prueba que refirió el
tribunal de origen, pues en oposición a lo determinado en el fallo apelado, del
13
Visible en el mismo archivo.
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Indice 2, SAMAI, Expediente digital, archivo 29771430 UNIFICADO.pdf de la carpeta 07.Memorial 10.12.2021
ContestaciónDemanda 2020 565.
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análisis del sumario se encuentra que en los antecedentes administrativos
aportados por la demandada está el Decreto 159 del 5 de febrero de 200415
proferido por el alcalde del municipio de Envigado, por el cual la accionante fue
nominada como licenciada en educación infantil para el nivel de primaria en la
Institución Educativa Manuel Uribe Ángel, Sección Concha Agudelo, de manera
provisional y pagada por el Sistema General de Participaciones, advirtiendo el
mismo acto que dicha designación sería hasta cuando se provea el cargo en periodo
de prueba o en propiedad de la vacante definitiva.
Ahora, el formato de historia laboral señala que la educadora prestó sus servicios
de manera ininterrumpida y que durante el interregno certificado fue trasladada de
plantel educativo, pasando de la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel a la Sede
las Palmas, y que posteriormente tuvo otros nombramientos, los cuales
corresponden a una designación en periodo de prueba y a una nominación en
carrera luego de superada la etapa anterior, efectuada a través del Decreto 747 del
13 de diciembre de 200516, acto que aportó la entidad accionada y del que puede
acreditarse que la maestra fue elegida como docente, licenciada en educación
infantil en la Institución Educativa Las Palmas, luego de un concurso público de
méritos del municipio para proveer cargos de docentes en el área de básica primaria
con cargo al Sistema General de Participaciones.
A partir de los actos de nombramiento evidenciados, el Decreto 159 de 2004 y el
Decreto 747 de 2005, puede determinarse sin mayor dificultad el tipo de vinculación
que ostentó la docente durante el periodo objeto de estudio, pues bien, por un lado,
no puede concluirse que el cargo ejercido por la reclamante haya sido de aquellos
propios de la planta de personal de la Nación, o que hubiese sido vinculada por la
autoridad municipal en calidad de administrador del personal de la Nación en virtud
de la desconcentración, por lo que se descarta que la relación legal y reglamentaria
haya sido del orden nacional; por otro lado, tampoco se señala en los actos en
mención que la plaza se hubiese creado y ocupado en cumplimiento del artículo 10
de la Ley 43 de 1975, ni bajo los postulados del artículo 6° de dicha norma, en virtud
del cual los recursos para atender el proceso de nacionalización serían
administrados por los Fondos Educativos Regionales (FER) con sujeción a los
planes que en su momento debía establecer el Ministerio de Educación Nacional.
Lo que sí se extrae con claridad es que el nombramiento de la actora en este caso
tuvo lugar por decisión autónoma y directa de la autoridad nominadora, lo que logra
acreditar una calidad territorial de la actividad docente, y, aunque en los decretos
referidos se indicó que la plaza se pagaría con recursos del Sistema General de
Participaciones, no por esta sola razón debe atribuirse una calidad docente
nacionalizada, pues los salarios de los docentes territoriales también podían ser
cancelados con los mencionados recursos, pues hacían parte de las rentas
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Visible en el mismo archivo.
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Visible en el mismo archivo.
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exógenas de las entidades territoriales, esto conforme a la regla de unificación
establecida en la sentencia del 21 de junio de 2018 respecto al origen de los
recursos:
«iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados49,
resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de
las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y
endógenas.
(…)
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; (...) (líneas intencionales)».
Así las cosas, la anterior situación se ajusta a lo previsto en el artículo 1° de la Ley
91 de 1989 en el que dispuso «Personal territorial. Son los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975», condición que fue
desarrollada en el mismo sentido por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, al definir la plaza territorial
como: «el vinculado por entidades de ese orden a partir del 1.º de enero de 1976, sin el
cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que
la plaza a ocupar haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y los gastos que
esta genere se cubran con cargo a su propio presupuesto», entendiendo que el
presupuesto de la entidad puede estar compuesto por rentas endógenas y
exógenas.
Sumado a lo anterior, entre los anexos de la demanda se arrimó el Formato Único
para la Expedición de Salarios17, documento que además de acreditar los
emolumentos devengados, avaló un tipo de vinculación municipal para los años
entre 2004 y 2018, confirmando esta pieza probatoria la categoría antes concluida.
Por consiguiente, al no encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo
laborado por la demandante como docente territorial durante el lapso transcurrido
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Ver índice 2, SAMAI, Expediente digital, archivo 002DemandayAnexos.pdf.
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entre el 6 de febrero de 2004 y el 3 de diciembre de 2018 (14 años, 9 meses y
28 días), resulta válido computar este lapso junto a los analizados previamente, al
punto de que se tiene demostrado que la actora sí satisfizo el requisito de cumplir
más de 20 años al servicio educativo como maestra con vinculaciones compatibles
con la esencia de la pensión gracia, pues sumados todos da un resultado total de
servicio de 20 años, 5 meses y 18 días.
Sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar alguna vinculación
en una plaza docente de iguales calidades a las mencionadas con anterioridad, ello
previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva sin dificultad del hecho de
que la demandante efectivamente se desempeñó como tal al servicio del
departamento del Valle del Cauca bajo una relación legal y reglamentaria del orden
territorial desde el 26 de mayo de 1980 al 15 de enero de 1986, es decir, en periodo
anterior a la primera fecha en comento, por lo que se encuentra colmada la
exigencia objeto de análisis.
En punto a cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la
buena conducta de la accionante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa, ni en primera instancia ni mucho menos mediante el recurso de
apelación analizado en esta oportunidad, por lo que se presume la buena fe de la
interesada en cuanto a la acreditación de este requerimiento normativo.
Con base en lo expuesto, se estima que el tribunal de primera instancia no fue
acertado en el fallo apelado para denegar el reconocimiento de la prestación
solicitada por la demandante, por lo tanto, habrá de revocarse dicha providencia
para acceder a las pretensiones de la demanda. Por lo mismo, también se hace
necesario efectuar un examen sobre el fenómeno prescriptivo de las mesadas
reclamadas.
Análisis de la prescripción
Sobre el particular, el Consejo de Estado18 ha señalado que la estructuración de la
mentada figura requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no se
hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los derechos que
considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación se
haya hecho exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso
igual, tal como lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al
presente caso.
Pues bien, para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer a
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15
de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
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partir de la cual debe comenzar a contabilizarse el término referido en el presente
caso, tendrá que considerarse el hecho de que esta fecha se concretó desde el 15
de junio de 201819 cuando la reclamante acreditó los 20 años de servicio, esto es,
posterior al cumplimiento de los 50 años de edad (22 de diciembre de 2007), pues
ese primer momento fue en el que acreditó la totalidad de requisitos para consolidar
la prerrogativa bajo estudio.
Ahora bien, tal como se verifica de la parte considerativa de la resolución
demandada (RDP 031944 del 25 de octubre de 201920), dicho acto resolvió un
recurso de apelación presentado contra la Resolución RDP 26414 del 4 de
septiembre de 201921 que negó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión
gracia, y a partir de la cual se advierte que la fecha de solicitud de la señora María
Teresa Vanegas Hurtado ante la administración fue el día 24 de mayo de 2019, es
decir, dentro del término consagrado por la norma y de la misma manera radicó la
demanda (25 de marzo de 2021), por lo que no se configura el fenómeno, conforme
a lo previsto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
Con fundamento en lo expuesto anteriormente, se revocará la sentencia apelada y,
en su lugar, se declarará la nulidad del acto acusado (RDP 031944 del 25 de octubre
de 2019) así como del acto primigenio que dio lugar al anterior (RDP 26414 del 4
de septiembre de 2019), para ordenar el reconocimiento y pago de la pensión gracia
reclamada por la parte activa, ello en cuantía del 75% del promedio de los factores
salariales devengados por la demandante en el año anterior a la consolidación de
su estatus pensional, comprendido entre el 15 de junio de 2017 y el 14 de junio de
2018, con efectividad desde el 15 de junio de 2018.
La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la adquisición
del estatus pensional».22
19
Según el siguiente cálculo:
DESDE HASTA AÑOS MESES DIAS
26/05/1980 15/01/1986 5 7 20
6/02/2004 15/06/2018 14 4 10
19 AÑOS + 1 AÑO 11 MESES +1 (1 30 DÍAS (1
TOTAL TIEMPO (20 AÑOS) AÑO) MES)
20
Ver índice 2, SAMAI, Expediente digital, archivo 002DemandayAnexos.pdf.
21
Indice 2, SAMAI, Expediente digital, archivo 29771430 UNIFICADO.pdf de la carpeta 07.Memorial 10.12.2021
ContestaciónDemanda 2020 565.
22
Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i)
del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33-
000-2014-00462-01 (1644-19).
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La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.
Es importante también precisar que, respecto a los motivos de inconformidad de la
apelante sobre la condena en costas, se tiene que, la referida imposición no fue
determinada en el fallo de primera instancia, y contrario a lo expuesto por la actora,
la decisión fue no instituir tal condena, por lo que no es congruente la discrepancia
que expone con la decisión del a quo, y carece de fundamento realizar un estudio
de fondo de lo propuesto por la apelante, sin perjuicio de lo anterior y considerando
que la sentencia apelada será objeto de revocatoria, se realizará el siguiente estudio
sobre las costas.
De la condena en costas en ambas instancias
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda
sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en
el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar
si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No
obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable, siempre y
cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
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la Ley 1437 de 2011, pues para estos efectos existe la referida norma especial que
debe ser aplicada en su integridad.
En el presente caso, pese a que se está revocando la decisión apelada, la Sala en
consideración al numeral 4. ° del artículo 365 del CGP23 , y observando los
fundamentos planteados en la contestación de la demanda y en las demás
actuaciones, considera que no hay lugar a la condena en costas en ninguna de las
instancias, pues no se advierte carencia de fundamentación jurídica, por el contrario,
la parte demandada expuso argumentos razonables en defensa jurídica de sus
intereses.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 6 de diciembre de 2023 que negó las
pretensiones de la demanda. En su lugar,
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de las resoluciones RDP 26414 del 4 de
septiembre de 2019 y RDP 031944 del 25 de octubre de 2019, por medio de las
cuales se negó el reconocimiento y pago la pensión gracia a favor de la demandante
y se confirmó tal decisión al resolver el recurso apelación.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), a reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la
señora María Teresa Vanegas Hurtado, ello en cuantía del 75% del promedio de
los factores salariales devengados por este en el año anterior a la consolidación de
su estatus pensional, comprendido entre 15 de junio de 2017 y el 14 de junio de
2018, con efectividad desde el 15 de junio de 2018.
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará conforme a las
previsiones planteadas en la parte considerativa del fallo.
23
Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada
a pagar las costas de ambas instancias.
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CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas a la entidad demandada según lo
manifestado en la parte motiva de la sentencia.
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
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